1.1. Contenido como derecho fundamental

Por consiguiente, como derecho, se convierte en la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición de vida, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y reclamación de los derechos de los cuales es titular. Es decir, podemos entender qué es la acción, -ante la necesidad de esclarecimiento de un hecho -, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución⁹.

Judicialmente a su vez, como lo manifestaba el jurista García Ramírez, el acceso a la justicia se manifiesta desde dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. El primero se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, completa, imparcial y gratuita a las solicitudes de los particulares respetando las formalidades del procedimiento; y por su parte, el segundo, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones¹⁰.

Por tanto, para respetar el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional¹¹, se tiene que atender a su garantía de “ejecución de resoluciones” o de “justicia cumplida¹²”, que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se cumplan cabalmente, ya que, de otra manera, el acceso a la justicia tendría sólo carácter formal.

Asimismo, la tesis de rubro; “Derechos Humanos. La garantía judicial prevista en el artículo 8o, numeral 1, de la Convención Americana relativa, es concordante con las de audiencia y acceso a la justicia contenidas en los artículos 14 y 17 constitucionales¹³”, concluye que el acceso a la justicia es un derecho reconocido en la Convención Americana dentro del artículo 8, que está en consonancia con el numeral 17 de nuestra Carta Magna.

En ese sentido, es un derecho humano que garantiza, con determinados requisitos, que toda persona pueda acceder a tribunales independientes para que los propios órganos encargados de impartir justicia resuelvan sin obstáculos las controversias sometidas a su consideración. Por este principio, se entiende entonces, la acción ante la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos para su respectiva resolución. ¹⁴

Finalmente, podemos concluir que el acceso a la justicia consta de tres etapas. (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas, lo anterior según la jurisprudencia de rubro: “Derecho de acceso efectivo a la justicia. Etapas y derechos que le corresponden¹⁵”.

1.2. Cuestionamiento principal

Ahora bien, entrando en el contexto principal de nuestro análisis, el cuestionamiento que nos permitimos hacer en relación a este derecho es el siguiente: ¿El reconocimiento del acceso a la justicia como derecho fundamental en la Constitución, en verdad garantiza a todxs acceder a él?

En primer lugar, es menester recordar que, como ya se adelantó, el artículo 17 de la Constitución Federal es el principal fundamento del acceso a la justicia en nuestro país, pues en aquél, se recogen todos los elementos a los que se ha hecho alusión en líneas precedentes, como lo son la prohibición de autotutela, la existencia de tribunales previamente establecidos y la gratuidad de sus servicios, el debido proceso, la garantía de una defensa adecuada, entre otros.

De igual manera, sabemos que los derechos fundamentales son derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, por ejemplo, Luigi Ferrajoli los reconoce como: “Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar”¹⁶, así como Magdiel Gonzáles a su vez, señala: “Los derechos fundamentales no son sólo aquellos que expresamente están reconocidos, sino también los que están más allá del derecho positivo, los derechos implícitos”.¹⁷

De las definiciones de los anteriores autores podemos destacar que, no sólo encontramos los derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución, sino precisamente en todo lo que rodea al hombre que pudiera afectar a su dignidad, de manera que podemos entender que tienen dos dimensiones: una referida a los derechos del hombre y la otra a su aceptación en el derecho positivo, cuyo reconocimiento se encuentra precisamente en la norma fundamental.

De acuerdo a lo establecido, sabiendo que los derechos fundamentales sí se reconocen en la Constitución, tenemos que uno de los aspectos más importantes en los que se jugaría su eficacia lo es en lo referente a su adecuada protección y garantía, puesto que, de muy poco sirve que estos derechos se encuentren en la misma si no van acompañados de medidas para responder ante su transgresión, asimismo, no es suficiente su reconocimiento cuando las limitaciones a su disfrute sean respaldadas por los órganos encargados de su garantía, como consecuencia de una interpretación errónea de la norma.

Es así que, resulta necesario que el reconocimiento de los derechos fundamentales venga acompañado de las medidas adecuadas para su ejercicio, y del establecimiento de obligaciones de las autoridades en relación a ellos, que, como lo menciona el artículo 1 constitucional, serían las de “promover, respetar, proteger y garantizar”, por último, también es necesaria la incorporación de reglas destinadas a dirigir la actividad que realizan los órganos jurisdiccionales en cuanto a la interpretación de estos derechos.

Atendiendo a ello, es claro que los derechos fundamentales son principios de contenido expansivo, puesto que su incorporación no solo se concreta a regular las relaciones humanas, sino que tienen una estructura indeterminada en la medida en que para poder garantizar su disfrute resultan un sinnúmero de obligaciones para el poder público, particularmente para los órganos jurisdiccionales en cuanto a su interpretación y protección, por lo que respondiendo a la pregunta que nos hacíamos en un inicio respecto del acceso a la justicia, tenemos que no resulta suficiente el mero reconocimiento de éste derecho como legislado, sino que para llegar a su verdadero disfrute, las autoridades deben ejercer dentro de sus funciones, numerosas actividades que permitan concretar el acceso al derecho, algunas de ellas, serían las de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, otras, las de realizar una interpretación conforme en normas con apariencia inconstitucional, y otras, valorar las situaciones concretas de los justiciables, siendo esta última, la que interesa para este análisis, pues a pesar de lo anterior, estimamos que el acceso a la justicia sigue siendo un derecho que no se encuentra plenamente garantizado.

2.1. Obligaciones bajo escrutinios de razonabilidad

En el entendido de que los derechos responden a intereses particulares de las personas en su individualidad, el conflicto de unos derechos con otros es inevitable, por lo que en este punto resulta indispensable la intervención por parte del juzgador para que éste haga una ponderación de los derechos que estén en conflicto.

El poder legislativo es quien tiene la mayor intervención en los derechos de las personas, pues es de aquél, de donde emanan las leyes que regirán la conducta humana; por ello, es importante que desde un principio se establezca el contenido del derecho, cuáles serán los límites de éste y hasta dónde es que la autoridad puede intervenir.

Ejercicios argumentativos de ese tipo, son lo que la Primera Sala llama “escrutinio de razonabilidad” en la tesis de rubro: “Acceso a la justicia. Los órganos jurisdiccionales están facultados para realizar un escrutinio de razonabilidad a la actividad legislativa cuando en ella se impongan requisitos distintos para el ejercicio de acciones que protejan bienes jurídicos similares²⁰ ” . Asimismo, la Superioridad señala que los derechos deben interpretarse de forma que se favorezca la protección más amplia de la persona; de ahí que las normas constitucionales busquen que las autoridades, por regla general, permitan el goce y disfrute de los derechos y, de forma excepcional, impongan alguna restricción.

Lo mencionado tiene aplicación a la cuestión de los formalismos procesales, ya que, en relación a aquéllos, también se ha pronunciado el Máximo Tribunal²¹, en el sentido de afirmar que es deber de las autoridades analizar su justificación, para procurar resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, es decir, no se pretende eliminar los requisitos establecidos en la ley al momento de admitir a trámite o incluso de resolver cualquier litis planteada por las partes, sino tan sólo de evaluar su razonabilidad y valorar en cada caso qué requisito tiene una justificación y cuál, por el contrario, representa un obstáculo para el acceso a la justicia.

2.2. Justicia para grupos vulnerables y desafíos actuales

Ahora bien, la confrontación entre las expectativas que surgen de la ley (teóricamente aplicable por igual a toda la ciudadanía) y las dificultades que se desprenden de las condiciones reales de acceso a los tribunales y de la supuesta defensa de sus derechos, genera una preocupación por el acceso a la justicia respecto de grandes colectivos de personas en nuestra sociedad²².

Ya que, existen diversas situaciones que se pueden presentar en las vías de buscar la justicia para los distintos grupos vulnerables de la sociedad, tales como, costos económicos vinculados con la contratación de un abogado, el acceso físico a los tribunales, falta de información, inferioridad de condiciones en términos de legitimación o poder, acceso a una defensa adecuada, ignorancia en temas legales y el alcance de la ley, entre otras. Por ello, el acceso a la justicia debe ser asegurado en condiciones de igualdad a todas las personas, para lo cual, entonces, deben tomarse en consideración todas las situaciones que puedan provocar un estado de vulnerabilidad de los afectados.

Así, existen diversos grupos de la sociedad considerados vulnerables y la jurisprudencia, es uno de los sistemas que nos muestra las medidas que se tienen que tomar respecto a ellos, por ejemplo, en la tesis de rubro: “Acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Forma de garantizar el derecho humano relativo tratándose de personas indígenas²³ ”, se sostuvo que el estándar para analizar si existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado, tratándose de personas indígenas vinculadas a un proceso, no es igual al que es aplicable en cualquier proceso judicial, en virtud de que sus especificidades culturales obligan a todas las autoridades a implementar y conducir procesos susceptibles de tutelar sus derechos, eliminar las barreras lingüísticas existentes y dar certeza al contenido de la interpretación.

En otro ejemplo, haciendo referencia a las personas discapacitadas, la tesis de texto: “Derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La realización de ajustes razonables como un modo de salvaguardarlo²⁴ ” dice que, en muchas ocasiones, la norma puede tener una dicción que, aunque no restrinja abiertamente los derechos de las personas con discapacidad, produce indirectamente un menoscabo en sus derechos al no contemplar la diversidad funcional. Por tanto, en estos supuestos es importante la realización de ajustes razonables necesarios y la práctica de las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas.

Asimismo, como ha sucedido con las mujeres, la jurisprudencia de rubro: “Acceso a la justicia en condiciones de igualdad elementos para juzgar con perspectiva de género ²⁵ ”, señala que debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.

Otra situación muy común, es lo que pasa con las personas privadas de la libertad, pues es una obligación para los jueces, asegurarse de que cuenten con asesoría jurídica y que, en su caso, el abogado acredite estar capacitado para el legal desempeño del cargo, para ello, entre otras cosas, puede permitírseles impugnar determinaciones, aun y cuando solo se haga de manera oral, como lo menciona la siguiente tesis: “Recurso de reclamación. El requisito relativo a que debe interponerse por escrito, se colma cuando el recurrente está privado de su libertad y en el acta de notificación del auto impugnado realizada por la autoridad que auxilia al tribunal al que pertenece el presidente que emitió el auto impugnado, manifiesta su voluntad de hacerlo valer ²⁶ ” , que alude a que el requisito de que sea por escrito se colma cuando el recurrente está privado de su libertad y en el acta de notificación de dicho auto, manifiesta su voluntad de hacerlo valer; ello, en respeto al derecho humano de acceso a un recurso rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En general, poco a poco las formas de impartición de justicia han ido variando hacia el reconocimiento de casos específicos de excepción, donde la regla no puede alcanzar el mismo rigor de aplicación, y más, tratándose de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Es así que, las garantías de acceso a la justicia imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos cuando se trata de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, haciendo un análisis en el sentido más favorable y valorando un trato desigual de quienes no se encuentran en las mismas circunstancias de los demás, siempre y cuando sea para otorgarles un beneficio y no, una desventaja, tal y como lo mencionaba Ferrajoli: “El principio de igualdad reconoce que los seres humanos son diferentes, consecuentemente, intenta impedir que sus diferencias constituyan factores de desigualdad²⁷”.

Lo anterior, son solo algunos ejemplos tomando en consideración que, a través de la historia siempre han existido características o atributos de la personalidad que han sido tomados en cuenta para categorizar, para emitir prejuicios, o para excluir a las personas que se asocian a ellos, por ello, el objetivo más reciente con la reforma en materia de derechos humanos de establecer categorías sospechosas fue intentar remediar la discriminación que justamente esos grupos han vivido al pasar de los años, es decir, pagar la deuda histórica que se tiene respecto a ellos, lo cual se logra a través de acciones positivas que buscan dar preferencia a sectores vulnerados, dado que, esas categorías son atributos de las personas de los que no se pueden desprender pues forman parte de su identidad.

Así, cuando la asignación o la limitación de algún derecho se basa en una categoría sospechosa, automáticamente se debe despertar una “desconfianza” de que la distinción sea discriminatoria, -aunque todavía no se compruebe que lo es-, de manera que, si se está determinando un trato diferenciado entre dos grupos de personas, de forma directa o indirecta, esa norma deberá analizarse en un contexto más amplio, y además en el caso concreto, para que así, la aplicación de la misma norma por parte del juzgador no sea discriminatoria para la persona que se encuentra dentro de una categoría sospechosa, sino que por el contrario, sea en beneficio de la misma.

Por todo lo anterior, cuando se espera que el acceso a la justicia sea eficiente y oportuno hacia los gobernados, existe la misma perspectiva respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad, o que caen en el supuesto de alguna de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1º constitucional, lo que implica generar las condiciones necesarias para la obtención de una justicia material y efectiva, eliminando las barreras de acceso; sea por falta de conocimiento de los derechos y mecanismos para tutelarlos, o bien por cualquier tipo de problema al que se puedan enfrentar.

Por ejemplo, en casos de migrantes, se debe brindar asistencia gratuita, así como la información necesaria para la asistencia consular; en el caso de comunidades indígenas, ya se analizaba, se debe tomar en cuenta las particularidades propias de dichas comunidades y respetar sus valores, usos y costumbres; respecto de las víctimas de violencia sexual, evitar la revictimización y buscar la reparación del daño, más allá de lo relativo al debido proceso. Verbigracia, sucede lo mismo con las estructuras de poder de la sociedad que generan impedimentos fácticos y normativos que deben ser removidos para garantizar el acceso a la justicia.

Hablando en particular de menores de edad -que también son considerados un grupo vulnerable-, en el sistema de justicia mexicano, ya sea en la calidad de víctimas o testigos, recientemente se les ha dado a los niños mayor protagonismo en los procesos en los que tienen participación; y en cuanto al interés superior del menor, es importante destacar que la obtención de habilidades para esa intervención se va logrando de manera progresiva; es decir, según la etapa en la que se encuentre el niño, le será posible llevar a cabo ciertas operaciones mentales que le permitirán o no participar en el juicio; es decir, los juicios son basados en el mayor bienestar del menor y no enfocados en los beneficios de los adultos.

Es necesario entonces conocer cuáles son las características de la infancia de acuerdo al grado de desarrollo cognitivo en el que se encuentre el menor, para entonces poder crear las condiciones necesarias para su adecuada participación y con base en ello ajustar su declaración de tal forma que no se le solicite que ejecute acciones que no tiene posibilidades de hacer conforme a su nivel de desarrollo. Lo anterior es una labor importante, y complicada que deben realizar las personas que participan en el proceso, principalmente los juzgadores, pero que, en su conjunto, se convierten en garantías adicionales brindadas por las autoridades jurisdiccionales, para coadyuvar a que se acceda de manera adecuada a la justicia.

Particularmente, uno de los ámbitos donde se genera mayor revictimización de menores, es después de una denuncia de abuso sexual, hay muchas carencias de atención y falta de coordinación por parte de las instituciones, y como ya se mencionaba, también hay un desconocimiento de la estructura mental del niño y de su manera de interpretar las situaciones que vive, pues todavía se ve en los procesos situaciones como las siguientes: Reposiciones del procedimiento o repetición de declaraciones, que parecieran ser simples aspectos procesales pero en realidad desencadenan una fuerte reactivación de emociones y reiteración de la experiencia de violencia; que en conjunto demeritan sobremanera la percepción de justicia.

En cuanto a esa falta de coordinación, las declaraciones son tomadas una y otra vez por distintas autoridades, por ello es que se insiste, con esas actuaciones no se garantiza el acceso al derecho. Es fundamental entonces aprender a darles un trato diferenciado y además especializado, pues como grupo considerado vulnerable, es importante tomar en cuenta si su participación es verdaderamente necesaria para el proceso, con el fin de evitar una afectación emocional adicional.

Por todo lo anterior, es deber de las autoridades en el ámbito de sus funciones, encontrar elementos y formas de brindar el acceso a la justicia, tratando de causar menos afectaciones en los justiciables, en especial cuando son víctimas, y menores de edad, a manera de ejemplo.

Para resolver todo este tipo de situaciones, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, también se ha dedicado a crear diversos protocolos de actuación para quienes imparten justicia, los cuales tienen como finalidad orientar a los juzgadores sobre las particularidades, principios y estándares que deben observar cuando resuelven casos en los que se ven involucradas personas de determinados colectivos sociales²⁸, como:

Finalmente, también se exige en la labor de los jueces, hacer controles de convencionalidad, y conocer el contenido de los estándares del acceso a la justicia en la jurisprudencia de la Corte IDH, dado que el reconocimiento de derechos implica la obligación de todas las instancias del Estado de diseñar e implementar políticas públicas que promuevan su respeto en condiciones de igualdad y como contrapartida, la conciencia ciudadana con respecto a la titularidad de derechos brinda la posibilidad de desplegar estrategias variadas para monitorear y exigir su cumplimiento²⁹.

Así, sobre este tema particular, consideramos que uno de los desafíos actuales para procurar un mejor acceso a la justicia para todas las personas, radica en, el empoderamiento de los grupos vulnerables, para ello, las autoridades deben en el ámbito de sus funciones, facilitar a dichos colectivos el acceso a los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce y ejercicio del derecho de acceso a la justicia, con el fin de hacerles saber que son respaldados por los órganos judiciales, y que tienen las mismas oportunidades que cualquier persona de obtener justicia.

Para ello, los juzgadores tienen la tarea de incorporar en sus resoluciones una mirada de razonamiento crítico, cambiando el paradigma a la hora de resolver los conflictos sociales en los que se encuentre inmersa alguna persona vulnerable, por ello, deberán poner especial atención en el sujeto destinatario de la justicia; y en sus condiciones de vida; así por ejemplo, una de las formas en la que los jueces se legitiman, es a través de sus sentencias, y recientemente, han tenido la obligación de redactar resoluciones en formato de lectura fácil, a fin de que el menor o persona vulnerable que sea destinataria de la misma, pueda entender lo que se está resolviendo, y se sienta en verdad parte del proceso, y no solo ello, sino que sienta además, que ha alcanzado la justicia. En este tema en particular, recientemente se viralizó en redes sociales una sentencia en formato de lectura fácil en la que el juzgador seguía utilizando tecnicismos jurídicos, que, ante las críticas, originó que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera una guía sobre la elaboración de este tipo de sentencias, mencionando entre sus apartados que el objetivo es: “Garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todas las personas”, en ese tenor, podemos concluir que, esta es la manera en la que se puede avanzar, son estos los desafíos que se deben superar, a fin de que los titulares de órganos jurisdiccionales solucionen todo tipo de cuestiones que se vuelven un muro en el acceso a la justicia de grupos vulnerables, a través de la capacitación y de la sensibilización al momento de resolver este tipo de asuntos.

Finalmente, en diverso tenor, es menester recalcar también que, en nuestro actual sistema de justicia presenciamos una diversidad de contenidos en las normas procesales del país, por ejemplo, en materia civil y familiar, en los que encontramos la existencia de reglas, plazos, términos y criterios distintos y a veces contradictorios entre sí, en relación a un mismo procedimiento.

Lo anterior, de igual manera, provoca en el ciudadano un estado de incertidumbre respecto a la aplicación y sentido de la justicia, por ello, el tema se ha hablado recientemente para la creación de un código de procedimientos único en estas materias, como sucedió con el procedimiento penal. Este tipo de cuestiones, que las personas perciben en el día a día, afectan la apreciación que se tiene sobre el adecuado acceso a la justicia, por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y darles a las personas una mayor seguridad jurídica.

2.3. Ideal de Justicia

Comúnmente, el principio de legalidad se ha considerado un distintivo del estado de derecho, es decir, mientras haya legalidad en los elementos que conforman el Estado -población, territorio y gobierno- tendremos entonces un estado de derecho.

Pero, un aspecto que toma relevancia y que incide directamente en la realidad y credibilidad del estado de derecho, lo es la existencia de una cultura jurídica, puesto que: “La justicia es una entidad que depende de sentimientos públicos³⁰”. Bajo ese contexto, el creer o no en un estado de derecho, depende en gran medida de cómo lo percibe la propia sociedad.

De manera que, no podemos hablar de la existencia de un estado de derecho al decir que éste existe porque tenemos normas que rigen el comportamiento de la sociedad, y que además lo sancionan, sino que, la eficacia de esas normas, la buena administración y el acceso a la justicia deben ser una realidad tangible para que se pueda hablar de un pleno derecho, de manera que, no podemos tomar como elementos separados el estado de derecho y el contexto social actual, pues estos preponderantemente tienen que ir entendidos en conjunto.

Aunado a lo anterior, el concepto de “estado de justicia”, se relaciona íntimamente con el de “estado de derecho”, puesto que podemos decir que “el derecho es el medio” y “la justicia es el objetivo”. El estado de derecho se dirige entonces hacia la existencia de las leyes, mientras que el estado de justicia se dirige a la forma en la que la sociedad percibe el desarrollo y la eficacia de las normas.

A su vez, la carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo incorpora un concepto de estado de derecho, que es el siguiente: “Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.”³¹

De lo mencionado podemos concluir que el derecho podría considerarse la vía hacia la plena justicia, la cual es el máximo ideal al que se puede y se quiere aspirar teniendo un estado de derecho, es decir, la justicia se dirige al objetivo de lograr que todos los gobernados puedan desarrollar su proyecto de vida con éxito; en ese sentido, tal cual lo menciona Rosseau, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en un estado de naturaleza, ello, en aras de garantizar un bien común que se resume en seguridad; esto es, como individuos nos sometemos al sistema normativo que el Estado genera, siendo así, los derechos y los deberes de las personas constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto

que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir el acuerdo.

Bajo ese contexto, todos formamos parte del contrato, por lo cual sería utópico, el creer que solo es obligación de las autoridades la construcción de ese ideal de estado, dado que es labor de todos como partes integrantes del mismo y esa participación conjunta es uno de los factores determinantes en la construcción del Estado de derecho y de su vigencia, y perduración a través del tiempo, así, el auténtico ideal de justicia, implicaría que, el Estado en un rol social protectorio de los sectores más desfavorecidos, se comprometa a garantizar mediante políticas públicas el efectivo acceso a la justicia, reduciendo la desigualdad social y sus consecuentes resultados, y que nosotros como sociedad, en la medida de lo posible, podamos contribuir para conseguir esa protección.