La Democracia como Régimen Político

Iniciando con una indagación de la connotación del régimen político, Duverger y Bobbio proporcionan una perspectiva perspicaz de este concepto (citado en López, 2014, p. 212). Ambos afirman que el régimen político aglutina un conjunto de entidades políticas dentro de un sistema social y un colectivo de instituciones que regulan ejercicios de poder e infunden a las instituciones ciertos valores. Es evidente en ambas interpretaciones que las instituciones ostentan un papel cardinal en la configuración del régimen político con un énfasis distintivo en el poder.

Definiendo el régimen político de una manera más amplia, ^{Gómez (2018, p. 33)} lo denota como los parámetros en los cuales se desarrollan las interacciones políticas, que comprenden: 1) Valores: los principios fundamentales y objetivos; 2) Normas: elementos que dictan procedimientos aceptables para la transformación y difusión de demandas y distribución de recursos públicos; y 3) Estructuras de Autoridad: los marcos formales e informales en los que el poder es organizado, ejercido y distribuido. Para delinear aún más, el régimen político, en un sentido estricto, hace referencia a la distribución, la organización jerárquica y los procesos de renovación de los poderes públicos estatales según pautas normativas y constitucionales. Por lo tanto, mientras que la clasificación del régimen político puede adherirse a un modelo parlamentario o presidencial, su naturaleza democrática es dictada por el sistema político y su interacción con diversas facetas económicas, culturales y normativas, clasificándolas como autoritarias, totalitarias o democráticas. Es notable que tales conceptualizaciones se expanden más allá de las meras dimensiones políticas. Por lo tanto, la democracia se visualiza no solamente como un método de dirección gubernamental sino también como un ideal de vida comunitaria, una perspectiva respaldada por el filósofo estadounidense John Dewey. En palabras de Aguilera, "la democracia, para Dewey, no es simplemente un método de gobernabilidad, sino un ideal de vida comunitaria, un estilo de vida donde las personas, de manera activa, libre, reflexiva, crítica y tolerante, comunican y participan en la gestión de asuntos colectivos" (^{Gómez Díaz de León, 2018, p. 45}) (^{Aguilera Portales, Distintos modelos de democracia, 2014, p. 86}).

A pesar del origen de la democracia hace más de 2500 años en la Grecia Clásica, proporcionando, argüiblemente, la mayor legitimidad a los gobernantes prevalecientes, su fragilidad intrínseca y vulnerabilidad emanan de su dependencia en la participación ciudadana, flexible y efímera. La contemplación de su importancia y amplitud ha ocupado perennemente a científicos políticos, filósofos y actores a lo largo de las épocas. En el siguiente apartado, se proporcionará una exploración sucinta de su progresión.

La transición institucional de la democracia durante dos milenios

Una reflexión sobre la democracia, originaria del pensamiento griego y estructurada por los términos "demos" (pueblo) y "cratos" (poder), denota una administración donde la autoridad proviene de sus ciudadanos. Esto involucra un deber cívico, donde a través de sus voces, los ciudadanos moldean la política de la comunidad. Esta forma de gobernanza contrasta con otras, algunas de las cuales pueden exhibir características malévolas o corruptas, según los objetivos de sus líderes. "Politique" de Aristóteles (1960) presenta una teoría general de la constitución, clasificando seis formas de gobierno, virtuosas o corruptas, determinadas por dos factores: la cantidad y virtud de los miembros del gobierno. Aquí, los sistemas virtuosos son identificados como monarquía, aristocracia y democracia, mientras que sus contrapartes corruptas son tiranía, oligarquía y demagogia, que se inclinan hacia objetivos no relacionados con el bienestar colectivo, en lugar del objetivo final de gobierno del bienestar comunal. (^{Politique, 1960, p. CIII})

La crucial participación ciudadana en el modelo democrático eventualmente evolucionó hacia el paradigma democrático contemporáneo, cimentado en el sufragio universal. Sin embargo, la democracia moderna se extiende más allá de los procesos electorales democráticos y el sufragio universal, exigiendo procedimientos de toma de decisiones estructuradas acerca de los roles sociales, reglas de vida comunitaria, objetivos prioritarios colectivos, estrategias necesarias para alcanzar estos objetivos, e instituciones y mecanismos definitivos para ejecutar estas actividades, entre otras facetas. Estos elementos construyen colectivamente el andamiaje institucional de la democracia moderna. Por lo tanto, bajo la gobernanza democrática, la mayoría, ya sea directa o indirectamente, formula y afirma leyes, y valida a los oficiales y políticas del gobierno. Por otro lado, la minoría disidente de hoy podría transformarse en la mayoría del mañana, subrayando la importancia de la alternancia política. Así, en un sistema político democrático, las minorías deben retener la libertad para expresar, propagar y organizar sus opiniones, y para intentar ganar adherentes. Además, las minorías deben adherirse y someterse a leyes y al gobierno, preservando la funcionalidad del sistema político y manteniendo la posibilidad de un día transicionar a los ciudadanos en líderes. Por ende, las reglas democráticas incluyen: la libertad para criticar y oponerse al gobierno; la protección de la minoría; la lealtad de la minoría hacia la comunidad política y sus patrones gobernantes. Esto significa respetar el marco constitucional e institucional del sistema político para mantener la gobernabilidad. Varios científicos políticos del siglo XX y XXI han reflexionado extensamente sobre estas reglas, ofreciendo amplios criterios para contextualizar el modelo democrático contemporáneo, estableciendo los principios de la gobernanza democrática actual.

En los marcos políticos contemporáneos, los partidos políticos se erigen como actores primarios del proceso democrático, con las elecciones sirviendo como el principal medio político para la mayoría de los miembros de la comunidad. La legitimidad de estas entidades depende del consenso afirmado en cada elección. En este contexto, la descripción de Bovero de la democracia como "la institucionalización de la confrontación pública, mediante la cual las opiniones y preferencias transitan de particularidades privadas, se refinan y moldean a través de la interacción recíproca, convergen y se reagrupan, formando así la base de decisiones ponderadas", sigue siendo relevante. Por lo tanto, el sistema político que cumple la función de generar decisiones colectivas con tres propiedades: consenso máximo; coerción mínima; y actuar como un mecanismo de supervisión sobre las acciones y decisiones de gobernantes e instituciones. (^{Bovero, Democracia y derechos fundamentales, 2002, p. 27}) (^{Bovero, Una gramática de la democracia, 2002, p. 56})

Por otro lado, Robert (^{Dahl, 1999, p. 47} ), después de destacar ciertos criterios necesarios para la constitución de un gobierno democrático, subraya el papel pivotal de la participación ciudadana, particularmente el control esencial que los ciudadanos deben retener sobre la agenda pública. Dahl enfatiza 1) la estabilización de las desigualdades sociales; 2) el cultivo de la conciencia cívica; 3) la distorsión de la agenda pública por los gobernantes; y 4) la usurpación del control político último como aspectos que demandan escrutinio y gestión para evitar que el sistema democrático degenere en un sistema oligárquico. Este punto de vista trasciende el dominio electoral y se aventura en un reino más participativo. Así, el desarrollo democrático debería evaluarse a través de la expansión de espacios participativos. Acoplando esto con el énfasis de Bovero en el debate, viendo la democracia a través de la lente del razonamiento público con oportunidades adecuadas para el debate, así como participación interactiva y compromiso razonado, encontramos que la inclusión ciudadana y el control de la agenda pública propuesto por Dahl se erigen como el eje central de la democracia participativa. Dentro de esto, discernimos la influencia de las demandas sociales contribuyendo a un juicio objetivo y justo, como la integración de información relevante, la diversidad de perspectivas, diálogos y debate público transparente. Estos elementos nos presentan un razonamiento constructivo y efectivo emblemático del capital social, que creemos forma el núcleo del modelo democrático de John Dewey. (^{Dahl, 1999, p. 47}) (^{Aguilera Portales, La democracia del Estado Constitucional, 2009, p. 64})

Navegando el Sendero Democrático en México

La Carta Magna mexicana, inicialmente avalada por la Asamblea Constituyente de 1916, mediante el artículo 40 manifiesta la determinación de la nación de erigirse como una República representativa, democrática, laica y federal. No obstante, este ethos democrático surgió, en gran parte, de la búsqueda de un sufragio palpable y de la oposición a la reelección, catalizando la Revolución Mexicana.

El pueblo mexicano, armado con la divisa de Francisco Madero "sufragio efectivo, no reelección", ha luchado de manera constante para infundir un modelo democrático, integrando atributos esenciales del sistema de gobierno en nuestras instituciones políticas desde la Revolución. Aunque la democracia puede encarnar discrepancias sustanciales entre sus formas percibidas e idealizadas, como señaló Robert Dahl, identificar el exacto inicio del cambio democrático de México persiste como una tarea compleja. El consenso entre académicos políticos e historiadores tiende a describir el marco político posrevolucionario como inclinado hacia acciones autoritarias y populistas, con ciertos aspectos democráticos insuficientes para denominar al régimen totalmente democrático. Casos palpables de esto incluyen el movimiento estudiantil de 1968 y las posteriores represalias gubernamentales brutales, así como el ataque de entidades paramilitares a grupos civiles, apodado "El Halconazo" en 1971. Ambos episodios subrayaron la necesidad imperante de integrar fuerzas y apoyos civiles para otorgar credibilidad a las administraciones, lo cual fue abordado por el presidente Echeverría mediante estrategias populistas, intensificando las demandas de entidades políticas.

Avances significativos hacia la democracia en México, especialmente desde 1977, coincidieron con cambios estructurales en la nación durante los últimos veinticinco años y más. La transición democrática en México fue notablemente impulsada por Jesús Reyes Heroles, un destacado jurista e ideólogo del partido gobernante PRI, mediante una reforma electoral en 1977. Nombrado Secretario de Gobernación en la administración del presidente José López Portillo en 1976, Reyes Heroles abogó por la instauración de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LFOPPE), con el objetivo de democratizar los procesos electorales facilitando la participación de minorías partidistas en el Congreso (^{Bizberg, 2010, p. 33} ).

La LFOPPE fue un paso crucial hacia la democratización de un sistema hasta entonces rígido y hegemónico, culminando décadas después en una verdadera multiplicidad de pensamiento político y una transición democrática anhelada. Sus principales innovaciones fueron: 1) Designar a los partidos políticos como entidades de interés público con derechos iguales de acceso a los medios, 2) Vincular la validez de su registro a los resultados electorales, y 3) Aumentar la membresía de la Cámara de Diputados de trescientos a cuatrocientos, con trescientos elegidos por mayoría relativa y cien mediante representación proporcional. Las modificaciones legales por sí solas no provocarían una transición política sin los movimientos sociales liderados por ciudadanos, los cuales jugaron un papel vital. Esto es evidente en las respuestas organizadas por ciudadanos al terremoto de la Ciudad de México en septiembre de 1985 y el aumento del compromiso político durante las elecciones de 1988, que presentaron al Frente Democrático Nacional (FDN), más tarde el PRD, como una alternativa nacional a los partidos tradicionales, PRI y PAN. El progreso democrático subsiguiente se enfocó en alinear las instituciones políticas más estrechamente con las normas democráticas convencionales, permitiendo la participación y creando instituciones que la aseguraran, y fortaleciendo el equilibrio de poder. En la década de 1990, desarrollos notables como la instauración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Representación Proporcional en el Senado, la creación en 1991 y la ciudadanización en 1996 del Instituto Federal Electoral (IFE), el establecimiento del Tribunal Electoral Federal, la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la reforma judicial, entre otros, significaron una progresión democrática. Estas entidades surgieron de reformas estructurales del sistema político que beneficiosamente otorgaron solidez institucional a la democracia mexicana. Las creaciones subsiguientes de la Auditoría Superior de la Federación (1999) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI, 2002) mejoraron aún más el equilibrio de poder y, crucialmente, el empoderamiento ciudadano. Para 1997, la Cámara de Diputados carecía de una mayoría de partido oficial y, para el 2000, un partido de oposición produjo un presidente (^{Huchim, 2009, p. 161}).

Sin embargo, la percepción pública, posiblemente, vio la llegada en el año 2000 de un presidente de un partido diferente al que había sido incumbente durante 70 años como el cenit de la transición democrática. En realidad, la progresión democrática, en lugar de la culminación, se reflejó más exactamente en la subsiguiente falta de una mayoría del Congreso por parte del partido Ejecutivo, mejorando los equilibrios de poder. Aunque existían instituciones ciudadanas, estas eran predominantemente electorales. Posterior al año 2000, un Congreso robusto resistió al Ejecutivo, constriñó la agenda pública y, subsecuentemente, facilitó procesos democráticos. Lamentablemente, la infortunada interferencia del IFE en el proceso electoral de 2006 socavó significativamente todo el progreso institucional hasta entonces logrado, especialmente en términos electorales. No obstante, hasta 2015, había un consenso entre científicos políticos y actores respecto a la transición democrática de México, a pesar de sus desafíos y peligros. Esto llevó naturalmente a la histórica elección presidencial de 2018, en la que Andrés Manuel López Obrador, supuestamente representando a la izquierda mexicana, triunfó con aproximadamente 30 millones de votos. Las expectativas eran altas para la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la legitimidad ciudadana tras décadas de decepción, partidocracia, administraciones corruptas y una grave erosión de la gobernanza, agravada por el creciente poder del crimen organizado. paradójicamente, se tomaron decisiones incongruentes con los programas gubernamentales o la racionalidad técnica incluso antes de que comenzara oficialmente su mandato, iniciando un desmantelamiento institucional que ha degradado progresivamente la democracia mexicana.

En las siguientes secciones, delinearemos las actividades primordiales que influenciaron la trayectoria de la transición democrática mexicana previa a 2018 y que han desmontado incrementalmente instituciones cruciales que salvaguardaban la naciente democracia de México, afectando así la gobernanza democrática. Antes de esto es conveniente que caracterizaremos el contexto global de la actual crisis democrática mundial.

Enfrentando los Desafíos Democráticos: Una mirada global

Es imperativo destacar que el actual enigma democrático va más allá de México y supera los límites del contexto latinoamericano. Al examinar la situación europea, se descubre que los cimientos de la Unión Europea se asentaron en un marco tecnocrático para la toma de decisiones sin potenciar la participación directa de los ciudadanos, desencadenando, por ende, un déficit democrático. Este déficit ha revitalizado posturas exitosas anti-Unión Europea, como el Brexit, generando a su vez una volatilidad política en la región. (^{Blokker, 2021})

De manera análoga, al considerar el sur de Europa y tras uno de los eventos democráticos más cruciales de las últimas décadas, a saber, la Primavera Árabe, los indicadores sugieren un aumento de regímenes autocráticos en el sector del norte de África, suscitando debates sobre un modelo de "autocracia competitiva". (^{Sadiki & Saleh, 2023})

En contraposición, mientras que Asia es reconocida por democracias estables como Japón y Corea del Sur, también alberga a la autocracia más predominante a nivel mundial, China, que está ampliando su influencia en el Lejano Oriente. Adicionalmente, suenan las alarmas respecto a un retroceso democrático en India. (^{Croissant, 2020})

Desde una perspectiva global, el tumulto antidemocrático es omnipresente. Según el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, el nivel de democracia al alcance del ciudadano mediano ha retrocedido a su estatus de 1986, anulando los avances realizados durante 35 años. Además, aproximadamente 5.7 mil millones de personas residían en autocracias en 2022, lo que abarca al 72% de la población mundial. (^{Defiance in the Face of Autocratization. Democracy Report 2023})

Este predicamento se extiende más allá de la política, ya que el ámbito económico global también se ve afectado. En 2022, las economías de las naciones autocráticas constituían el 46% del producto interno bruto mundial, corroborando así el fortalecimiento de estos regímenes. (^{Defiance in the Face of Autocratization. Democracy Report 2023})

América Latina refleja esta tendencia. Siguiendo la metodología del Índice de Democracia de The Economist, que evalúa elementos como los procedimientos electorales, pluralismo, funcionalidad gubernamental, participación política, cultura política y libertades civiles, la región ha sufrido la recesión democrática más significativa registrada en las últimas dos décadas en todas las regiones evaluadas. (Democracy Index 2022. Frontline democracy and the battle for Ukraine, 2023)

México no está exento de esta tendencia. Según el reporte del Economist en 2022, el presidente Lopez Obrador, además de continuar concentrando el poder en el Ejecutivo y de amenazar con la desaparición del INE, intensificó sus ataques a opositores, prensa y medios de comunicación (^{The Economist Intelligence Unit, 2022}). Conforme al Índice previamente mencionado, México registró la segunda caída más substancial en la puntuación del Índice dentro de la región, siguiendo a Haití y El Salvador, ambos países autocráticos, otorgándole una clasificación como régimen híbrido en la posición 89 de 167 naciones. (^{The Economist Intelligence Unit, 2023})

Según Latinobarómetro, la situación se agrava al constatar una falta de rechazo universal hacia el autoritarismo entre la población. Por ejemplo, de 2020 a 2023, el apoyo al autoritarismo se disparó del 22% al 33%, mientras que, en el mismo periodo, el respaldo a la democracia se desplomó del 43% al 35%. (^{Corporación Latinobarómetro, 2023})

El retroceso de la democracia: una reevaluación teórica

Al embarcarse en un diálogo crítico acerca del retroceso democrático, es imperativo navegar a través de una compleja red de facetas interrelacionadas que conciernen la resiliencia, el equilibrio y, fundamentalmente, la esencia de la democracia contemporánea. Profundizar en la complejidad de los retrocesos democráticos demanda una exploración meticulosa de sus variados aspectos, motores y manifestaciones.

^{Diamond (2020)} ilustra un escenario donde la democracia experimenta una "asfixia gradual", subrayando una modalidad donde líderes democráticamente electos, a menudo con fundamentos populistas, construyen una ruta hacia el retroceso. Dicho camino se halla marcado por una lenta deconstrucción de los establecimientos y principios democráticos. La reconfiguración de la arquitectura institucional no es ni rápida ni directa; se trata de una degradación cautelosa de salvaguardias institucionales, sofocación de medios imparciales y limitación de antagonistas políticos. Este cambio de ritmo pausado a menudo puede deslizarse bajo el radar, volviéndose perceptible o recibiendo la atención debida solo cuando el daño al marco democrático es tangible y, ocasionalmente, irreversible.

En contraparte, ^{Gerschewski (2021)} propone una dicotomía teórica, distinguiendo entre "erosión" y "decadencia" en el ámbito del retroceso democrático. Comparando la "erosión" con un fenómeno impulsado exógenamente, lo asimila a elementos naturales, como el viento o el agua, desgastando sutilmente una entidad física. Elementos externos, tales como tensiones internacionales, recesiones económicas mundiales o influencias geopolíticas, desgastan de manera sutil y perdurable las bases democráticas. Alternativamente, la "decadencia" simboliza una dinámica endógena, equiparable a la decadencia nuclear, en la cual factores intrínsecos como la corrupción, el amiguismo y la degradación gradual de estándares democráticos actúan como aceleradores del declive democrático interno.

Esta bifurcación entre influenciadores internos y externos es crucial para descifrar los orígenes de los retrocesos democráticos y, subsiguientemente, elaborar estrategias preventivas y mitigadoras. Las causas impulsadas internamente, asociadas con la decadencia, requieren un método que fortalezca internamente a las instituciones, promoviendo transparencia, responsabilidad y una fuerte participación ciudadana. En contraste, los factores externos, vinculados a la erosión, pueden requerir una estrategia fundamentada en la diplomacia y colaboración, donde las democracias se protegen colaborativamente contra desafíos y amenazas comunes.

La síntesis de estos puntos de vista brinda un prisma a través del cual los retrocesos democráticos pueden ser percibidos como un proceso que puede ser, concurrentemente, encubierto y abrupto, matizado y explícito, dependiendo de una mezcla de influenciadores y actores. Por lo tanto, las democracias deben estar alerta y ser preventivas, defendiéndose tanto de amenazas externas como manteniendo la cohesión interna de sus establecimientos y principios. Formular mecanismos de resiliencia, tanto internos como externos, se vuelve crucial para proteger a las democracias de las a menudo sutiles mareas de retrocesos y degeneración.

Los retrocesos democráticos, que impregnan diversos círculos democráticos a nivel global, no son procesos autopropulsados o automáticos. Son impulsados, nutridos y a menudo cuidadosamente coreografiados por actores distintivos que se entrelazan en el tapiz político de una nación. En este contexto, los líderes políticos y administradores gubernamentales emergen como actores pivotes, siendo sus acciones, filosofías y metodologías profundamente entrelazadas con los procesos de retrocesos democráticos.

^{Benasaglio y Kellam (2023)} exploran el rol de líderes y administradores, particularmente aquellos inmersos en la doctrina populista, en habilitar y perpetuar los retrocesos democráticos. La doctrina populista, a menudo girando en torno a una narrativa de “el pueblo” contra “las élites” y favoreciendo la acumulación de poder en un líder carismático, genera un ambiente fértil para la decadencia democrática. Líderes, ocultándose bajo el disfraz de la voluntad del pueblo, pueden buscar desmantelar protecciones democráticas y acumular poder, bajo el pretexto de defender y avanzar los intereses de la población.

Además, el papel de líderes y administradores en los retrocesos adquiere una criticidad acentuada cuando se observa a través del lente de la "estrangulación incremental" propuesta por Larry Diamond. Los líderes, particularmente aquellos con tendencias autoritarias o populistas, pueden utilizar estrategias discretas pero consistentes para socavar establecimientos democráticos. Al disminuir los controles y balances, suprimir la oposición y manipular las narrativas mediáticas, los líderes pueden, paso a paso, erosionar el espíritu democrático de una nación sin necesariamente explicitar una alerta u oposición inmediata.

Más aún, entender la diversidad y maleabilidad en los procesos de retroceso, donde factores convergentes pueden manifestarse en diversas formas y expresiones, como subrayan ^{Wunsch y Blanchard (2023)}, es indispensable. Las democracias pueden enfrentar regresiones que varían no solo en su intensidad y formato, sino también en su duración y persistencia. Este fenómeno no es riguroso y se manifiesta a través de un espectro extenso de modalidades, desde el desgaste sutil de las libertades civiles hasta las abruptas usurpaciones de poder por líderes autocráticos.

Populismo y Erosión Democrática

El populismo, entendido como una estrategia política que enfrenta al "pueblo puro" contra "la élite corrupta", ha sido un componente principal en la erosión de las democracias contemporáneas. Este fenómeno se caracteriza por un liderazgo personalista que busca ejercer el poder mediante el apoyo directo de las masas, minimizando el rol de intermediarios institucionales y concentrando poder en el Ejecutivo (^{Weyland, 2001}).

Esta estrategia tiende a centralizar el poder en manos de líderes que se presentan como los únicos representantes legítimos de la voluntad popular y ocurre a menudo a expensas de los contrapesos democráticos, debilitando instituciones autónomas y promoviendo reformas que limitan la división de poderes (^{Canovan, 1999}). Bajo esta lógica, los líderes populistas justifican cambios institucionales mediante la narrativa de la lucha contra las élites corruptas.

El impacto del populismo varía significativamente según el contexto. En algunos casos, como en ciertas democracias, el populismo ha fortalecido la inclusión social al integrar a grupos históricamente excluidos en el proceso político. No obstante, en otros contextos, especialmente en regímenes donde los controles institucionales son débiles, el populismo ha contribuido a la consolidación de gobiernos autoritarios, eliminando la diversidad de voces y restringiendo los espacios para la participación plural. Esto subraya la ambivalencia del populismo: una fuerza que puede democratizar y dinamizar el sistema político, pero que también puede transformarse en un vehículo para la concentración de poder y la degradación de los principios democráticos (^{Mudde & Rovira Kaltwasser, 2012}).

Dichos movimientos suelen surgir en momentos de crisis, donde los líderes utilizan el descontento social como un catalizador para justificar reformas profundas. La proclamación de una crisis institucional o social permite concentrar poder y legitimar políticas que, bajo la narrativa de la voluntad popular, tienden a debilitar las estructuras democráticas existentes (^{Rooduijn, 2014}) (^{Weyland, 2001}).

En América Latina, el populismo se ha distinguido por su capacidad para integrar a sectores históricamente excluidos en la esfera política, enfatizando un discurso que reivindica al "pueblo" como el verdadero protagonista del poder. Esta narrativa ha permitido a los líderes populistas consolidar una base de apoyo sólida, apelando a la representación directa y emocional de las mayorías. Sin embargo, este mismo discurso adopta un carácter polarizador, en el que se define al "pueblo" en oposición a una "élite corrupta" o adversarios políticos, excluyendo a quienes no se alinean con la narrativa oficial (^{Mudde & Rovira Kaltwasser, 2012}).

Lo anterior genera una dinámica en la que, al tiempo que se fortalecen los vínculos con sus seguidores, se debilitan los principios democráticos de pluralismo y representación. El discurso polarizador no solo marginaliza a las voces disidentes, sino que también crea un ambiente político hostil en el que se obstaculizan el debate y el consenso, fundamentales para la democracia. En algunos casos, esto se traduce en un deterioro institucional donde las estructuras que garantizan la diversidad política y el equilibrio de poderes son subordinadas o debilitadas en favor del liderazgo personalista.

Esta combinación de integración política y exclusión discursiva constituye un rasgo distintivo del populismo en la región, cuyo impacto varía según el contexto, pero que con frecuencia compromete la calidad del sistema democrático al reducir los espacios de representación plural y la legitimidad de las instituciones establecidas (^{Mudde & Rovira Kaltwasser, 2012}).

Así, el populismo redefine la relación entre el líder y las instituciones democráticas. Al enfatizar un vínculo directo con el pueblo, reduce el papel de los órganos intermediarios y debilita los contrapesos que garantizan el equilibrio de poder. Esta dinámica erosiona las bases institucionales de la democracia, facilitando la concentración de poder y la implementación de políticas sin un debate plural y transparente (^{Canovan, 1999}) (^{Weyland, 2001}).

Incorporando las perspectivas mencionadas previamente, la siguiente sección desvelará el contexto político que originó el retroceso democrático en México, culminando en la reconfiguración de la arquitectura institucional que se presenció en el sistema gubernamental a mediados de 2023.

Diseño

Este estudio se basa en un diseño metodológico mixto, empleando análisis tanto cualitativos como cuantitativos para examinar la arquitectura democrática en México durante 2019-2023. La metodología incluye el análisis de textos y la revisión de datos empíricos, con un enfoque particular en el fenómeno de centralización del poder y las tendencias populistas. Este paradigma interpretativo permite una exploración profunda de las transformaciones políticas y sus causas subyacentes. El criterio de inclusión y exclusión se define estrictamente para garantizar la relevancia y exactitud de los datos analizados, centrándose en información verificable y directamente relacionada con los objetivos del estudio.

Participantes

El objeto de estudio se centra en un conjunto de acciones por parte de diversos actores involucrados en el proceso político de México entre 2019 y 2023. Incluye la muestra de figuras gubernamentales, instituciones políticas y entidades de la sociedad civil. La selección de participantes se basa en una muestra teórica, enfocada en aquellos actores y casos que son críticos para entender las dinámicas políticas del periodo. Cada uno de estos participantes es seleccionado por su relevancia directa y su impacto en la arquitectura democrática y las tendencias políticas del país durante el periodo de estudio.

Instrumentos

Para la investigación, se utilizan técnicas de análisis documental y análisis de datos. Estas herramientas son fundamentales para desentrañar las complejidades de las tendencias políticas y evaluar la erosión democrática en México. El análisis documental proporciona una comprensión cualitativa de los cambios políticos y sociales, mientras que el análisis de datos ofrece una perspectiva cuantitativa. La combinación de estos instrumentos asegura una interpretación holística y fiable de la situación política, contribuyendo así a la solidez y validez de los hallazgos del estudio.

Procedimientos

La investigación sigue un proceso estructurado en varias fases. Inicia con la conformación del marco teórico y se continúa con la recopilación de datos y textos relevantes al tema de estudio, enfocándose en el periodo 2019-2023 en México. Esta etapa es seguida por un análisis detallado de la información recopilada, empleando las metodologías cualitativa y cuantitativa seleccionadas. Posteriormente, se procede a la interpretación de los resultados, donde se analizan y discuten las implicaciones de los hallazgos. La investigación concluye con la elaboración de una síntesis de los descubrimientos y la formulación de recomendaciones basadas en los resultados obtenidos.

La desarticulación de la arquitectura democrática en México

El segmento previo expuso la actual involución democrática de México, resultante de un reajuste de estructuras institucionales por figuras políticas predominantes. Iniciemos aclarando el concepto de 'institución' en este contexto, mientras que en términos coloquiales podría sustituir a "organización", aquí adoptamos una definición más abarcadora presentada por North, quien define a las instituciones como un conglomerado de normas de gobernanza socialmente aceptadas (^{Nort, 1990}). Por lo tanto, hablar de rediseño institucional sugiere una perturbación sistemática de estas estructuras normativas en un contexto jurídico-político.

Para una comprensión integral, es pertinente analizar el panorama político mexicano que dio origen a esta involución democrática. La transición democrática de México es relativamente reciente. No fue sino hasta el año 2000 que el PAN (Partido Acción Nacional), como oposición, logró una victoria presidencial, rompiendo la hegemonía de 70 años del PRI (Partido Revolucionario Institucional).

La prolongada dominación del PRI condujo a una pérdida de fe institucional. Como reacción, se instauró una arquitectura institucional, con el objetivo de trasladar el poder político de un ejecutivo dominante hacia una estructura que incrementara la autonomía de sus contrapesos, a través de la creación de entidades autónomas en áreas axiales para la consolidación democrática. Se establecieron entidades encargadas de la organización electoral y de la implementación de la política de transparencia del Estado Mexicano, ambas en respuesta a un régimen acusado tanto de perpetuar el poder como de acciones discrecionales y opacidad.

A pesar de facilitar cierto grado de transición democrática, la creciente aversión de amplios sectores de México hacia su política económica desde los años ochenta y numerosos casos de corrupción gubernamental sentaron las bases para la polarización social. Tras dos intentos presidenciales fallidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador canalizó el desencanto público en una agenda política que lo llevó al poder en 2018, con una mayoría sin paralelo desde la transición democrática de México, asegurando el 53% de los votos presidenciales (Ver Figura 1).

^{Sánchez-Talanquer y Greene (2021)} han apuntado que esta victoria monumental podría interpretarse como un paso crucial hacia la adopción de normas democráticas a través del espectro político, ya que candidatos presidenciales de todos los bloques partidistas significativos habían asegurado victorias, y las instituciones estatales demostraron una representación imparcial de la voluntad electoral.

Sin embargo, en lugar de utilizar la legitimidad del resultado electoral para fortalecer las instituciones democráticas mexicanas, comenzó su desintegración. Un ejemplo de ello es la anulación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una iniciativa clave de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Citando preocupaciones ecológicas y supuestas corruptelas en la adjudicación de contratos, el presidente electo abogó por un supuesto referéndum para decidir la continuidad del proyecto NAIM en Texcoco o iniciar la construcción de un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, junto con una ampliación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El resultado de este proceso fue la cancelación del NAIM en Texcoco, sin algún sustento técnico y/o jurídico. En efecto, este acto aparentemente democrático señaló una infracción de las normas establecidas. En primer lugar, su estatus de presidente electo no le autorizaba a tomar decisiones ejecutivas. En segundo lugar, existe un marco legal para la realización de referéndums, que involucra a los poderes constituidos y al Instituto Nacional Electoral, que fue ignorado. Este referéndum se utilizó para validar la cancelación del NAIM en construcción en Texcoco, llevando a la revocación de contratos, induciendo aprensión en los mercados internacionales respecto al ya precario estado de derecho mexicano.

Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos del^{Instituto Nacional Electoral (2000)}(²⁰⁰⁶) (²⁰¹²) (²⁰¹⁸).

Figura 1 Porcentaje de votos obtenido para ganar la elección presidencial. 

Es evidente que las decisiones de este régimen están más racionalizadas políticamente que técnicamente. Un caso palpable de esto se halla en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La importancia de este documento reside en que delinea la trayectoria política para la administración, por lo que la Ley de Planeación describe requisitos técnicos como objetivos, estrategias e indicadores para asegurar la viabilidad de las acciones gubernamentales. Sin embargo, el actual Plan Nacional de Desarrollo se asemeja más a una declaración política contra el modelo neoliberal que a un documento programático, significando una violación de la Constitución y la Ley aplicable en la materia.

Concurrentemente, existe un notable desprecio presidencial por las instituciones contrapeso, como el Poder Judicial. Son frecuentes las críticas de López Obrador contra varios jueces, magistrados o Ministros de la Suprema Corte de Justicia, alegando una presencia mafiosa dentro de esta rama, minando su legitimidad e incluso proponiendo que el Poder Judicial sea electo directamente.

Similarmente, se percibe una deslegitimación ejecutiva contra órganos técnicos. Un ejemplo es la iniciativa legislativa que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a energía, presentada al Congreso de la Unión en octubre de 2021, proponiendo la disolución de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, agencias reguladoras centrales para la operación de la Reforma Energética de 2013, arguyendo que solamente encarnan los intereses de entidades privadas.

Además, existe una relación confrontativa con entidades constitucionalmente autónomas, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), encargado de garantizar la ejecución de la política de transparencia del Estado Mexicano. Durante la mayor parte de 2023, este organismo ha sido incapaz de reunirse debido a la ausencia de un quórum legal, resultado de la no designación de Comisionados, un proceso estancado en la Cámara de Senadores, donde el partido del presidente mantiene la mayoría. La resistencia del presidente a cumplir con las solicitudes del INAI ha escalado hasta declarar al Tren Maya un proyecto de seguridad nacional, impidiendo así la divulgación de información, por Decreto Presidencial.

Un conflicto particularmente perturbador para la vitalidad democrática de la nación es el asalto ejecutivo al Instituto Nacional Electoral (INE), la entidad responsable de las elecciones. Para entender la importancia de esta entidad, es justificado explorar la razón detrás de su concepción y su trayectoria histórica. Antes de 1988, la organización de las elecciones estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, lo cual resultó en un escepticismo generalizado respecto a la legitimidad electoral, ya que se especulaba que el PRI utilizaba el propio Estado Mexicano para mantener el poder dentro de este arreglo institucional.

En consecuencia, tras una crisis democrática derivada de las elecciones de 1988, en las que la Secretaría de Gobernación fue acusada de simular una falla en el sistema de conteo de votos para beneficiar al candidato oficial, se estableció el Instituto Federal Electoral en 1990 como el primer precedente de una entidad electoral con cierto grado de separación del Poder Ejecutivo. Aunque el Secretario de Gobernación permaneció como presidente del Consejo General, se inició el proceso hacia la autonomía administrativa (^{Sáenz, Casillo, & Guillén, 2007}). A pesar de que se implementaron diversas reformas electorales entre 1990 y 1996, no fue sino hasta este último año que se materializó un cuerpo electoral genuinamente autónomo, ya que el Secretario de Gobernación dejó de ser parte del Consejo General, que desde entonces estaría compuesto por ciudadanos sin afiliación partidaria (^{Sáenz, Casillo y Guillén, 2007}).

De manera similar, en 2014, el Instituto Federal Electoral se transformó, convirtiéndose en el Instituto Nacional Electoral. La reforma electoral de ese año buscó fomentar la cooperación en el ámbito electoral, al tiempo que centralizaba ciertas funciones de los órganos electorales locales, como la designación de miembros (^{García y Flores, 2018}). La evolución sistemática del Instituto Nacional Electoral se erige, indudablemente, como un pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia mexicana, por lo que cualquier esfuerzo del poder gobernante por mermar la influencia de un adjudicador imparcial encuentra resistencia.

Más allá de las críticas rutinarias del presidente hacia el Instituto, se han emprendido iniciativas legales con miras a su erradicación. En abril de 2022, se presentó una Iniciativa Presidencial al Congreso de la Unión, que buscaba enmendar la Constitución, con objetivos como substituir el INE por el Instituto de Elecciones y Consultas y abolir los escaños legislativos por representación proporcional, entre otros. Esta modificación propuesta negaría la representación de partidos minoritarios, fortaleciendo así la presencia del partido del presidente.

No obstante, esta reforma constitucional, denominada Plan A, no logró obtener aprobación en el Congreso. Es pertinente señalar que, para que una reforma constitucional sea aprobada en México, debe superar dos obstáculos: necesita el respaldo de dos tercios del Congreso y la aprobación mayoritaria de los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas. En este caso, el Plan A no superó el primer obstáculo.

Es esencial reconocer que, desde 2018, el Congreso ha jugado un papel en el rediseño de la arquitectura institucional. Tras la transición democrática del 2000, se observó una transformación en la composición parlamentaria, evolucionando de un Congreso bipartidista durante 2000 - 2006, a uno que refleja la representación de tres fuerzas políticas predominantes a partir de 2006 (^{Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa, 2006}); (^{Secretaría de Servicios Parlamentarios, 2002}). Desde 2018 en adelante, la coalición "Juntos Haremos Historia", compuesta por MORENA, el PVEM y el Partido del Trabajo, posee la mayoría de los escaños, facilitando así la aprobación de la agenda presidencial en la rama Legislativa (ver Tablas 1, 2, 3 y Figura 2 y 3).

Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos de la^{Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores (2002)}(²⁰⁰⁶) (^2025a) (^2025b) (2018) (2023).

Figura 2: Número de Legisladores por Grupo Legislativo de la Cámara de Diputados (2000 - 2024.) 

Fuente: Elaboración propia (2023). Nota: con base en datos de la Secretaría de Gobernación.

Figura 3 Número de Legisladores por Grupo Legislativo de la Cámara de Senadores (2000 - 2024) 

Un ejemplo primordial se puede observar en la sanción del Plan B contra el INE. Siguiendo la no aceptación del Plan A previamente discutido, se tomó la decisión de proponer una reforma a las leyes secundarias, considerando que su aprobación simplemente requiere una mayoría simple, destinada a recortar las capacidades operativas del INE, justificando que su funcionalidad representa una carga sustancial para las finanzas públicas. Aunque esta reforma fue respaldada en el Congreso y promulgada, la Corte Suprema la consideró posteriormente ilegal, sobre la base de que no hubo una verdadera deliberación democrática, lo que implica una inconstitucionalidad.

Cuando se evalúa en el contexto del marco teórico introducido, las acciones gubernamentales bajo el presidente López Obrador se alinean con los elementos fundamentales indicativos de un retroceso democrático. Inicialmente, se identifica una sofocación incremental de la democracia, donde un líder elegido democráticamente, en este caso, el presidente López Obrador, mostrando inclinaciones populistas, ha orquestado una retracción en los controles y equilibrios institucionales, como los impuestos sobre la Suprema Corte de Justicia y entidades autónomas constitucionalmente, como el INE e INAI. Además, las iniciativas presidenciales para alterar el cuerpo electoral, bajo sus respectivos términos, llevarían al silenciamiento institucional de la oposición política dentro del Legislativo, simbolizando una reversión de un mínimo de 40 años en avances democráticos.

Al apegarse al modelo de ^{Gerschewski (2021)}, el retroceso democrático resultante del rediseño de la arquitectura institucional ejecutado por el régimen actual representa un proceso endógeno, donde la degradación de las normas democráticas facilitada por el ejecutivo y la mayoría legislativa del partido gobernante, sirven como acelerantes para la decadencia democrática. Esto es evidente en procesos como la cancelación del NAIM, la creación del Plan Nacional de Desarrollo y el proceso legislativo del Plan B, donde incluso la Corte Suprema condenó la inconstitucionalidad del proyecto debido a la no adherencia al procedimiento legislativo correcto.

Un ejemplo de esto se manifiesta en el Índice del Estado de Derecho del ^{World Justice Project (2022)}, que, desde 2019, ha documentado un descenso anual en puntos porcentuales en el componente de Restricciones a los Poderes Gubernamentales, un factor que mide el grado en que los órganos de gobierno están sometidos a derecho, disminuyendo de 0.47 en 2019 a 0.44 en 2022. Esto indica una infracción sistemática de las normas democráticas por parte de aquellos en el poder.

Además, el presidente López Obrador ha utilizado el populismo para validar esta regresión democrática. Invocando una dicotomía entre el "pueblo" y los "fifís" (élite), ha facilitado una consolidación de poder, aspirando a debilitar amortiguadores democráticos como entidades autónomas y la Suprema Corte, todo bajo la justificación de salvaguardar el bienestar de la población, en consonancia con las percepciones de ^{Benasaglio y Kellam (2023)}. Bajo esta perspectiva, observamos el intento de ofrecer un modelo democrático basado en la “soberanía popular”, argumentando que solo la ciudadanía puede controlar a sus líderes sin necesidad de instituciones onerosas e inútiles, características de regímenes populistas (^{Zuart Garduño, 2021, págs. 15-16})

Por lo tanto, es discernible que el presidente ha coadyuvado en el deterioro de las normas democráticas, permeando todo el entramado social y político de la nación. Los escenarios esbozados aquí desvelan una debilitación de las instituciones, destinada a socavar su autonomía y evitar que sirvan como un contrapeso efectivo sobre el ejecutivo, culminando en una regresión democrática palpable.