Evidencia teórica y empírica

El enfoque de capital humano surge de manera informal a comienzos del siglo XX, sin embargo, fue hasta la década de 1950 cuando la economía educativa se convierte en un ámbito en auge. A partir de las contribuciones seminales de: ^{Schultz (1961)}, Uzawa (1965) y ^{Lucas (1988)}, se introducen las externalidades con derramas tecnológicas en la función de producción, mismas que estimulan el crecimiento económico agregado. Después, ^{Mincer (1974)} y ^{Becker (1964)} formalizan, respectivamente, los efectos de la experiencia y la escolaridad sobre las remuneraciones individuales a largo plazo.

En este sentido y de manera empírica, ^{Quintero (2020)} examina el análisis del capital humano mediante los planteamientos de Gary Becker y direcciona el campo de estudio en vías de la flexibilización de los supuestos. Por su parte, ^{Zazueta et al. (2019)} revisan los principales componentes del capital humano, y señalan: la capacitación, las aptitudes, la educación y la salud como factores a considerar. Mientras que, ^{Acevedo (2018)} menciona que es necesario añadir elementos actuales de la educación y del mercado laboral con el objeto de precisar el vínculo trabajo-educación.

En cambio, ^{Sandoval y Hernández (2018)} desarrollan una crítica al planteamiento general y mencionan la contradicción de la teoría al imposibilitar la sociedad las capacidades del individuo. A su vez, ^{Valdés-Pasarón et al. (2018)} demuestran cómo la innovación tecnológica en la calidad de la educación incrementa la productividad laboral en 24 países latinoamericanos, y ^{Rincón et al. (2022)} resaltan la relevancia del alineamiento de los programas públicos de investigación y el sector privado con la finalidad de incidir en la redistribución del ingreso. Por su lado, ^{Gómez et al. (2023)} analizan el vínculo entre el gasto en educación y el crecimiento económico, a través de un modelo de datos de panel encontrando una relación positiva estadísticamente significativa. Mientras que, ^{Robles et al. (2019)} analiza la distribución ecuatoriana de ingreso con el método de Oaxaca y Blinder, además de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, y señala que el capital humano incide positivamente en el ingreso.

En México, ^{Martínez y Malacara (2024)} señalan la necesidad de incrementar el gasto público en educación ante la perspectiva de un mayor crecimiento económico. De forma documental, mediante datos de la SEP y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), denotan que, en el caso mexicano, la diversificación del gasto ha sido limitada, más allá de ampliar la cobertura y modernizar la infraestructura. Mientras que, ^{Unger et al. (2014)} elabora un marco de trabajo sobre competitividad en las entidades mexicanas, en términos de: capital humano, productividad, empleo y salarios. Donde, los estados más desarrollados se localizan en el centro-norte.

Por su parte, ^{Langle et al. (2025)} analizan, por medio de datos panel, el enfoque de capital humano en los 32 estados de México, a partir de: i) el gasto público en educación, ii) la escolaridad promedio y iii) la matrícula de alumnos de educación básica, media superior y superior, y ^{Villalobos (2024)} analiza el vínculo entre la matrícula y el crecimiento económico mexicano en la última década, en consecuencia, encuentra que la matrícula se vincula a la variabilidad de la producción.

En educación superior, ^{Delgado et al. (2024)} determinan los beneficios y limitaciones que el profesorado en torno al uso de la inteligencia artificial. Mediante 276 encuestas aplicadas a docentes, encuentran más obstáculos que ganancias en el uso de la inteligencia artificial, aunque podría capacitarse y regularse de acuerdo con las necesidades del nivel educativo. A su vez, ^{Irigoyen et al. (2011)} estudian el enfoque basado en competencias, al proponer una nueva concepción del aprendizaje basada tanto en el desempeño del estudiante como del docente. En cambio, ^{Mollo Torrico et al. (2023)} realizan una revisión crítica y exhaustiva del proceso de aprendizaje. Sus resultados denotan que la preparación del docente es clave para el manejo de los recursos didácticos y la facilitación general del método. En contraste, ^{Buendía Espinoza (2009)} analiza la educación superior de carácter privado, ya que se ha caracterizado por su enfoque comercial y escasa reglamentación, en este sentido, señala la necesidad de realizar estudios comparativos, así como perfiles regionales, y ^{Borrego Gómez et al. (2024)} se enfocan en investigar la percepción de los alumnos de la UAT ante el uso de plataformas virtuales para la impartición de cátedra, sus resultados revelan una mayor flexibilidad y disponibilidad por parte de los estudiantes, además de sugerencias para eficientizar su calidad.

Finalmente, ^{Morales Sáenz y Medina Quintero (2021)} determinan los factores para el emprendimiento de negocios entre el alumnado universitario del noreste de México. A partir de encuestas y el uso de software SPSS se determina la actitud y la cultura empresarial como los aspectos centrales a estudiar, y ^{Nahuat Román et al. (2022)} identifican el nivel de innovación organizacional en institutos de educación superior en Tamaulipas, mediante cuestionarios y un modelo de ecuaciones diferenciales, señalan la capacidad de comprehensión como el parámetro clave para controlar el efecto de la innovación.

Capital humano y actividades de investigación en Tamaulipas

En la tabla 1, se presentan los resultados de la construcción de indicadores regionales normalizados (entre cero y uno) para identificar las características del capital humano y las actividades de investigación durante el periodo 2018-2023. De acuerdo con ^{MINCIT (2024)}, en este último caso, se estima el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), es decir, “las variables que buscan dimensionar el grado de ma durez de los ecosistemas locales de […] patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas” (p. 17).

Los resultados muestran, en orden descendente, a Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Morelos como las cinco entidades con el registro más alto en creación de patentes (CTI-1). Ciudad de México sobresale en los indicadores de diseños industriales, marcas e investigadores en el SNII, al igual que Morelos (en este último caso). Mientras que Nuevo León hace lo propio en modelos de utilidad. Por su parte, Querétaro destaca en centros de investigación pertenecientes a la SECIHTI, así como Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes resaltan, principalmente, en la creación de diseños industriales (CTI-3).

Si bien Tamaulipas se ubica a media tabla en la proporción de centros de investigación y la creación de diseños industriales y modelos de utilidad, se sitúa en los últimos lugares en el registro de patentes y marcas, así como en el promedio de investigadores adscritos al SNII.

Respecto al promedio de centros de investigación públicos reconocidos por la SECIHTI por cada 100,000 habitantes (CTI-7), los resultados muestran, en orden descendente, a Aguascalientes, Yucatán, Querétaro, Baja California Sur y Baja California como las entidades con el indicador más elevado (véase tabla 1).

Por último, en la tabla 2, siguiendo a ^{MINCIT (2024)}, se busca reflejar el grado de interacción de las entidades con las Instituciones de Educación Superior en el extranjero. Así, además del apoyo económico a actividades de ciencia, tecnología e innovación (UON-9 y UON-10), se recaba la proporción promedio de: i) estudiantes de educación superior realizando estudios en el extranjero (PER-3); ii) estudiantes extranjeros de educación superior realizando estudios en México (PER-6); y iii) población angloparlante (PER-4), además de la información correspondiente a productividad (EMP-3) y escolaridad promedio.⁴ Respecto a esta última variable escolar, sobresalen, en forma descendente: Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila y Baja California Sur. En contraparte, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas ocupan los últimos lugares del indicador.

Mientras que, en el indicador de productividad (misma que registra el valor promedio del PIB) sobre la población económicamente activa ocupada), Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Querétaro (en orden descendente) integran las primeras cinco posiciones, en cambio, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Nayarit se localizan en los últimos cinco lugares.⁵

A su vez, en población angloparlante (PER-4) destaca la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Querétaro y Aguascalientes, estas dos últimas entidades (Querétaro y Aguascalientes) también hacen lo propio en la proporción de estudiantes en el extranjero, además de Nuevo León, Guanajuato y Colima. En estos casos, Tamaulipas se sitúa en una posición intermedia en los indicadores de productividad y capital humano (lugar 12 [EMP-3], 11 [escolaridad promedio] y 16 [PER-4]), a excepción del promedio de estudiantes en el extranjero y estudiantes extranjeros sobre el total de estudiantes de educación superior presentes en la Entidad (PER-6); en donde se posiciona en los últimos lugares (véase tabla 2).

Finalmente, en el promedio de empresas o instituciones beneficiarias de los programas FINNOVA, PEI y FS (UON-9), Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Baja California y Chihuahua sobresalen como las cinco entidades con el mayor valor en este indicador, en donde Chiapas, Nayarit, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas ocupan las últimas posiciones.

No obstante, cuando se analiza el promedio de los montos recibidos por los citados programas (UON-10), solo el estado de Querétaro se mantiene en los primeros lugares, acompañado de Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Yucatán, a diferencia de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Tabasco que ocupan las últimas posiciones. Respecto a Tamaulipas, aunque sin resaltar en ambos casos tanto en sentido negativo como positivo, la Entidad se sitúa por debajo del promedio en el número de empresas o instituciones beneficiarías y por encima en la cantidad de montos recibidos (véase tabla 2).⁶

La educación superior en Tamaulipas

Reseña del origen de la máxima casa de estudios del estado de Tamaulipas

De acuerdo con ^{Álvarez Cervantes y Sáenz Rangel (2021)}, una vez lograda la independencia de México:

“En el caso de Tamaulipas […] desarrollar instituciones educativas […] adquirió la tarea de educar a una población en permanente crisis por su condición de litoral, frontera y en conflicto con los indios de esa inmensa zona” (p. 71).

Dado lo anterior, en 1828, la compañía Lancasteriana llega a Matamoros y Tampico acompañada de las Escuelas Normales. Si bien en 1830, 1855 y 1859 se suman el Instituto Hidalguiano Tamaulipeco (en Ciudad Victoria), el Instituto Literario de San Juan (en Matamoros) y el Instituto Literario y Mercantil (en Tampico), respectivamente, todas estas instituciones desaparecen antes del siglo XX con la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria (^{Álvarez Cervantes y Sáenz Rangel, 2021}).

Posteriormente, gracias a los esfuerzos del Ing. Luis Puebla y Cuadra y el gobierno del estado, se funda el Instituto Científico y Literario de Tamaulipas. No obstante, de acuerdo con ^{Flores-Méndez (2016)}, si bien dicho instituto incorporó las carreras de abogado y escribano, mismas que se separaron de los niveles inferiores contiguos al formarse la Escuela de Jurisprudencia de 1905 a 1913, en medio del conflicto revolucionario y la reconfiguración del país, los institutos tamaulipecos únicamente prosperaron en la enseñanza del nivel medio superior y la formación de maestros, lo cual postergó el desarrollo de los estudios profesionales.

Ante dichas circunstancias, fue hasta 1950, cuando el director de la Escuela Preparatoria de Tampico y de la asociación civil “Educación profesional de Tampico”, Artemio Villafaña, junto con Alfredo E. Gochicoa, Natividad Garza Leal y Francisco T. Villarreal, entre otros, respaldan la iniciativa para la creación de la Universidad de Tamaulipas. Así, ese mismo año, inician en Tampico las escuelas oficiales de derecho y medicina de la UAT, sujetas a los planes de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (^{Flores Méndez, 2016}).

Siguiendo a ^{Flores Méndez (2016)}:

“En el periodo del gobernador Horacio Terán (1951-1957), se expidieron la Ley Constitutiva Universitaria y la Ley Orgánica, …, en 1967, …, el movimiento estudiantil, …, propició la autono mía, otorgada en la administración de Manuel A. Ravizé (1969-1975). En 1972, se expidió el Estatuto orgánico de la universidad” (p. 40-41).

La licenciatura en derecho en la UAT

Así las cosas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la profesión jurídica ocupa el primer lugar en cuanto al número de profesionistas en México con un total de 1,262,974 personas dedicadas a la profesión, seguido por las carreras de administración de empresas con 1,234,436 y contabilidad y fiscalización con 1,150,680 (^{IMCO, 2024}). Respecto a lo anterior, la licenciatura en Derecho se ubica, a nivel nacional, en el primer lugar en demanda de ingreso a las instituciones de educación superior.

De la misma forma, dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas la licenciatura en derecho se sitúa como una de las preferidas por los aspirantes, pues se ubica en el segundo lugar de demanda dentro de la máxima casa de estudios del estado, por ejemplo, durante el ciclo escolar 2022-2023 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Victoria y la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo, campus donde se imparte la licenciatura, de acuerdo con la ^{Secretaría de Economía (2024)} el número de alumnos inscritos ascendió a 2,865. Así, respecto al estudio de otras áreas profesionales, la licenciatura en derecho es una de las carreras predilectas en la formación universitaria.

La alta demanda de los estudios jurídicos no aleja a la Universidad de enfrentarse a diversos desafíos en cuanto a la preparación y formación de los futuros abogados, pues además de los retos propios de la educación universitaria se agrega la existencia de problemáticas previas al ingreso, como la baja calidad educativa en la formación básica en la Entidad. Es precisamente este uno de los retos iniciales a los que se enfrenta la formación jurídica dentro del contexto de la UAT, pues la baja calidad educativa en la formación básica y media superior impacta significativamente en la preparación académica de los aspirantes a las diversas carreras universitarias.

Si atendemos a la propuesta de ^{Hanushek y Kimko (2000)} de medir la calidad educativa tomando como referencia las calificaciones de las pruebas internacionales que evalúan las habilidades cognitivas de los estudiantes en ciencia y matemáticas podremos entender lo anterior, pues de acuerdo con los resultados arrojados por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) que evalúa a los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencia tanto de escuelas públicas como privadas; en 2022 México se ubicó en el lugar número 51 de 81 países pertenecientes a la OCDE.

Por un lado, las cifras indican que, por ejemplo, en lectura, solo el 1% de los alumnos mexicanos alcanzó el nivel 5 o superior y el 53% alcanzó el nivel 2 o superior -en comparación con el 74% promedio de los países pertenecientes a la OCDE y, por otro, en el apartado de ciencias, solo el 49% de los alumnos alcanzó el nivel 2 o superior en comparación con el 76% promedio de los otros países. En síntesis, estos datos indican las deficientes habilidades cognitivas de los estudiantes en cuanto al abordaje de conocimientos abstractos, pensamiento matemático y aplicación de conocimiento científico (^{OCDE, 2023}).

En este orden de ideas, gran parte de los alumnos que ingresan al nivel universitario poseen una deficiente instrucción básica que repercute en los estudios universitarios y dificulta a algunas de las universidades públicas como la UAT establecer filtros rigurosos en los requisitos de ingreso de sus aspirantes porque la cobertura es uno de los objetivos institucionales.

Si bien para poder ingresar a la Licenciatura en Derecho en la UAT es necesario presentar el examen de admisión EXANI II que valora conocimientos básicos y de la lengua inglesa; la institución no exige la obtención de un puntaje mínimo para ser admitido en el programa, puesto que la admisión dependerá del número de plazas ofertadas y del número de candidatos durante ese ciclo escolar.

Además, dada la inexistencia de restricciones en cuanto al área de conocimientos previos adquiridos en la Educación Media Superior, los alumnos que estudiaron en Bachilleratos Tecnológicos e Industriales (cuya malla curricular carece de materias como Historia, Sociología o Lógica -fundamentales para la comprensión de la disciplina jurídica-) acceden a los estudios universitarios sin pasar por un curso propedéutico especializado en ciencias sociales. Mediante el cual puedan acercarse al conocimiento básico de dichas asignaturas relevantes en la formación jurídica.⁷

La problemática antes expuesta hace posible que un porcentaje de los aspirantes admitidos a la carrera de derecho no posea los conocimientos, aptitudes y habilidades mínimas para el desarrollo de la profesión tales como capacidad de comprensión lectora, de redacción básica, de razonamiento lógico o de pensamiento analítico.

En este sentido, la educación de la abogacía se ve afectada desde el comienzo no solo por la carencia de conocimientos contextuales, históricos y filosóficos que permitan entender la complejidad de la disciplina jurídica, sino además por la falta de las destrezas y habilidades necesarias para la comprensión de textos y el desarrollo del pensamiento analítico; fundamentales para el ejercicio de la práctica jurídica.

Atendiendo a lo anterior y tomando en cuenta los constantes cambios sociales, la UAT decidió enfrentar un proceso de reforma y actualización de la carrera de Licenciado en Derecho en 2023 que promoviera el desarrollo integral de los alumnos en diversas esferas. Así, en 2021 la UAT comenzó un proceso de actualización y reforma de las mallas curriculares de las diversas carreras ofertadas en la institución, incluida la de Licenciado en Derecho.

Dicha reestructuración entró en vigor en agosto de 2023. De acuerdo con el documento curricular respectivo creado a propósito de la reforma, la formación de las abogacías dentro de la Universidad atiende a un modelo educativo que busca la trascendencia en la formación integral del alumno. La elaboración del plan de estudios de la carrera y los programas de las asignaturas responde a la formación de capacidades, actividades y valores.

El Plan Académico de formación quedó integrado por asignaturas agrupadas en 5 bloques, a saber: i) Asignaturas Habilita, ii) Asignaturas Disciplinares, iii) Asignaturas Profesionales, iv) Asignaturas Electivas Disciplinares o Profesionales y, v) Asignaturas de Innovación y Transferencia de Conocimiento. Cada una de ella persigue contribuir de diversas maneras en la formación académica, por ejemplo, con el ejercicio específico de la profesión o con el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Uno de los cambios más significativos fue la creación de Asignaturas Habilita, pues con el propósito de atender las esferas psicológica, emocional, epistémica y axiológica del alumno, se diseñaron materias dirigidas al desarrollo de las habilidades emocionales, comunicativas de conciencia social e inteligencia para cumplir con la formación de seres humanos integrales.

De la revisión efectuada por el personal académico que integra el cuerpo docente de la licenciatura en los tres Campus donde se imparte la carrera, se decidió de manera conjunta la inclusión dentro de la malla curricular de materias innovadoras como Derecho Digital y Telecomunicaciones; Derecho a la protección de datos e Inteligencia artificial; Derecho Energético Sustentable; o Derecho Agrario Sustentable.

Por otra parte, también se decidió eliminar de la malla curricular materias disciplinares básicas tales como Sociología Jurídica e Historia del Derecho Mexicano, asimismo Retórica y Argumentación Jurídica, Ética o Cultura de Legalidad, y se convirtieron en Asignaturas Habilita Electiva para los alumnos. En esta tesitura surgen inquietudes relacionadas con la educación jurídica tales como ¿qué modelo de abogado persigue dicha reforma? ¿qué implicaciones tiene excluir ciertas asignaturas frente a otras? o ¿qué objetivos tiene la enseñanza del derecho?

Actividades de ciencia, tecnología e innovación

Paralelamente, en la tabla 3, se observa el grado de consolidación de los cuerpos académicos de la UAT. Siguiendo a ^{López (2010)}, además de considerarse los cuerpos académicos como comunidades epistémicas que comparten intereses científicos en común, en un cuerpo académico consolidado, sus integrantes tienen la máxima habilitación y experiencia académica, así como un alto compromiso institucional y una intensa actividad académica. En este sentido, la UAT se encuentra por debajo del promedio nacional en cuerpos académicos consolidados, ya que menos del 50% de sus cuerpos académicos (57 de 115) se sitúan en dicha categoría, en donde la zona norte de la UAT se caracteriza por poseer la menor proporción de cuerpos académicos consolidados (37.50%) (véase tabla 3).

En el citado indicador, dentro de las zonas en las que se dividen oficial y administrativamente las unidades o facultades de la UAT (norte, centro y sur), sobresale, en el norte, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, mientras que en el centro y sur hacen lo propio la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, respectivamente. En contraste, la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, la Facultad de Enfermería Victoria y la Facultad de Música y Artes "Mtro. Manuel Barroso Ramírez" denotan de forma respectiva la menor incidencia de cuerpos académicos consolidados en el norte, centro y sur del estado.⁸

En el caso de las facultades o unidades de la UAT en donde se imparte la carrera de derecho, a saber: i) Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, Nuevo Laredo (en la zona norte); ii) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (en la zona centro); y iii) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (en la zona sur), destaca esta última por su mayor proporción de CAC (Cuerpos Académicos Consolidados).

No obstante, además de que solo un cuerpo vinculado a la licenciatura en derecho está consolidado, de un total de trece cuerpos académicos (entre las tres facultades) solo cuatro presentan líneas de investigación relacionadas con esta licenciatura, tal es el caso de: i) el CAEC (Cuerpo Académico en Consolidación) “derecho penal y prevención victimal” con homónima línea de investigación (zona centro); ii) el CAC “el impacto de las reformas de estado en la legislación nacional” con línea de investigación “análisis de los procedimientos tanto internos como contenciosos en las áreas laboral, fiscal y administrativa desde la perspectiva de la reforma constitucional”; iii) el CAEC “derecho y ciencias sociales” (línea de investigación: “derecho y desarrollo sustentable”); y el CAEC “estudios jurídicos y sociedad” (línea de investigación: “análisis y enjuiciamiento de las instituciones jurídicas nacionales e internacionales”).

Finalmente, al cuarto trimestre del 2024, el padrón de investigadores vigentes en el SNII de la SECIHTI reporta 415 miembros adscritos a la UAT, de un total de 596 investigadores registrados en el estado, es decir, alrededor de 7 de cada 10 investigadores integrantes del SNII en el estado (71.79%) laboran para la UAT. Además de la máxima casa de estudios del estado, los investigadores se agrupan en: el Tecnológico Nacional de México (70; 11.74%); el Instituto Politécnico Nacional (35; 5.87%); el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (18; 2.94%); la Universidad Politécnica (19; 2.96%) y Tecnológica (8; 1.34%); el Gobierno del Estado (8; 1.34%); el Instituto Mexicano del Seguro Social (6; 1.01%); la Universidad Pedagógica Nacional (4; 0.67%); el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (1; 0.17%); y el Tecnológico de Monterrey (1; 0.17%).

Sin embargo, al reducir la búsqueda a los investigadores en el área de las ciencias sociales y la disciplina de: derecho; derecho y criminología; y derecho y legislación nacional, solo se tienen 16 registros en el estado, todos ellos en la UAT, a saber: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (9; 56.25%); Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (4; 25.00%); Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (2; 12.50%); Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, Nuevo Laredo (1; 6.25%); y Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo (1; 6.25%).

Hacia una formación jurídica con visión humanista

Tomando en cuenta lo anterior, es importante destacar que el derecho como producto cultural y social, como conjunto de reglas y principios, y como regulador de las relaciones humanas. Requiere ser comprendido dentro del contexto sociológico, político e histórico. La función social del derecho, la resolución de conflictos y la búsqueda de la justicia social necesita profesionistas que puedan advertir la interacción del fenómeno jurídico con los contextos socioculturales, así como cuestionar y reflexionar sobre la materialización de la justicia.

Las demandas sociales, presentes en la vida cotidiana, requieren un modelo de abogado comprometido con el entorno social, con el combate a la corrupción, con el respeto a los derechos humanos; capaz de advertir la importancia de su función, la responsabilidad ética que cumple dentro de la sociedad, en especial en el estado de Tamaulipas donde la lucha contra el crimen organizado es el pan de cada día.

En este contexto, la formación jurídica universitaria debe lograr proveer al licenciado en derecho de una conciencia ética y social relacionada con las responsabilidades que implican el ejercicio de la profesión. Para ello es fundamental el compromiso con los valores rectores del derecho. Es necesaria una formación integral promotora del respeto a las instituciones jurídicas, la defensa de los derechos humanos y la comprensión de la diversidad.

La educación universitaria debe acercar al futuro abogado tanto al entendimiento del conocimiento interdisciplinario como de la cultura, particularmente, las manifestaciones estéticas presentes en la poesía, el cine o la literatura (^{Morin Flores, 2020}).

Es fundamental recuperar la posición humanista que el derecho tuvo en sus orígenes y concebir la labor del abogado en dicho contexto, para ello es deseable incluir en la malla curricular asignaturas que promuevan ejercicios críticos y la comprensión del derecho en sus interrelaciones con el poder, la política, los fenómenos sociales y el conocimiento de las necesidades de la comunidad. Resulta urgente abandonar la educación bancaria concebida como “el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos” (^{Freire, 1970, p. 50}) que todavía prevalece en los recintos universitarios y promover la interacción, el diálogo y la acción.

Ello requiere replantearse la labor actual del abogado en la sociedad y educar retomando los valores, los principios éticos y la búsqueda de la justicia social. Por tanto, se deben incluir asignaturas en la formación universitaria que promuevan la reflexión, la crítica, el análisis y la empatía.

Es urgente, además, el cambio de metodologías pedagógicas tradicionales de la cátedra magistral (cuya presencia todavía es dominante) a la de metodologías activas como el estudio de casos o la revisión de las sentencias, pues en las Universidades Públicas más importantes que ofrecen dicha licenciatura como la Universidad Nacional Autónoma de México ya se cuenta con la asignatura Método del Caso que favorece la aplicación teórico-práctica y desarrolla habilidades críticas y analíticas (^{UNAM, 2025}).

Finalmente, es necesario generar una discusión pública sería capaz de debatir sobre la calidad educativa universitaria y la obligatoriedad de las acreditaciones externas, en especial de los estudios jurídicos. Además de que estas, hasta el momento, se realizan de manera voluntaria, tal situación da como resultado que, en muchos casos, las observaciones de las acreditadoras se dirijan más hacia el estado de las instalaciones y no necesariamente a la calidad educativa sustancial; por ejemplo, el uso o no de equipo tecnológico de carácter didáctico.

Esta cuestión no es única en la Entidad, constituye un problema del país, pues de acuerdo con el informe El futuro de la educación superior en México: fortalecimiento de la calidad y la equidad:

“México carece de un organismo público autorizado de aseguramiento de la calidad. Cuenta con una variedad de organismos públicos y no gubernamentales dedicados a otorgar licencias, evaluar y acreditar programas de educación superior, así como a evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Aunque el gobierno federal intenta coordinar su trabajo, no existe un marco único para el aseguramiento de la calidad; funcionan con diferentes criterios, estándares y procedimientos para evaluar la calidad de los programas e instituciones, y no como un sistema” (^{OCDE, 2019, s. p.}).

Además, el informe destaca la poca exhaustividad en el trabajo efectuado por los organismos de acreditación y evaluación, la poca participación de CENEVAL en las evaluaciones de aprendizaje, sin dejar de mencionar que los estándares empleados en la evaluación externa y la evaluación de calidad no están relacionados con la relevancia en el mercado laboral y en la práctica del ejercicio de la profesión.

Si bien la situación específica de la Licenciatura en Derecho dentro de la UAT es favorable ya que el Programa ha sido evaluado de manera satisfactoria por el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE), en las tres sedes donde se imparte con resultados de Acreditado en 2009, 2011, 2015 y en 2021, es trascendente contar con mayor rigurosidad en las evaluaciones de las Instituciones que ofertan la licenciatura.

Futuras líneas de investigación

Entre las futuras líneas de investigación derivadas del presente trabajo se vislumbra la ampliación de la metodología referente al perfil del capital humano por entidad federativa. Si bien el planteamiento del MINCIT es bastante robusto, dicho índice también incluye otras dimensiones no incluidas en el presente trabajo, las cuales refieren, principalmente, a: i) las industrias; ii) el comercio; iii) el turismo; iv) las características de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs); y v) los programas gubernamentales para fortalecer la competitividad y la productividad. Estos indicadores, una vez vinculados (teórica y empíricamente) a la oferta estatal de capital humano, coadyuvarían a una mejor caracterización tipológica del perfil tamaulipeco en materia de educación superior.

En esta tesitura, sería pertinente examinar el impacto de las iniciativas del gobierno (tanto a nivel estatal como federal) para impulsar las competencias académicas de los estudiantes de educación superior, como los programas Beca Futuro Tamaulipas (primer caso) y Jóvenes Escribiendo el Futuro (segundo caso), implementados a partir de los cambios en las administraciones federales (2018) y estatales (2022) acontecidos durante el periodo de estudio (2018-2023) del índice, lo que significó también una alternancia en el partido político gobernante. En el caso de Tamaulipas, la Entidad tiene cuatro Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (en los municipios de Hidalgo, Aldama, San Fernando y Tula) y una Escuela Normal Rural (Güémez) que reciben este tipo de recursos.¹⁰

Por otra parte, entre los conocimientos interdisciplinarios a incorporar en el plan de estudios del Licenciado en Derecho, sugeridos en la presente investigación, se encuentra el análisis de obras literarias. En este sentido, habría que profundizar en trabajos posteriores (mediante un análisis de caso didáctico) alrededor de los beneficios que la literatura aporta a la formación del jurista; tal como lo señala Martha Nussbaum en su obra de 1997: Justicia Poética. De manera preliminar, se advierte el impulso de las habilidades lingüísticas, ya que la lectura de obras literarias (novelas, cuentos, poesías, obras de teatro, ensayos y fábulas) amplía el vocabulario y genera destrezas sintácticas y ortográficas. Así como la expansión de las capacidades empáticas al permitir examinar los planteamientos jurídicos desde distintas perspectivas, y el fomento de la reflexión crítica a partir del desarrollo cognitivo del lector y futuro jurista.