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Introducción
La relación entre la historia y la sociología es compleja y ha evolucionado a lo largo del tiempo. En su expresión más lograda, la historia y la sociología se han enriquecido mutuamente. Los historiadores aportan un enfoque detallado y contextualizado de eventos y procesos históricos, mientras que los sociólogos ofrecen marcos teóricos y herramientas analíticas para comprender las estructuras sociales y los patrones de comportamiento. Esta interacción puede conducir a una comprensión más profunda de cómo las fuerzas sociales y culturales moldean los eventos históricos y viceversa.
Sin embargo, también existen diferencias significativas entre estas disciplinas. Los historiadores tienden a centrarse en casos específicos y a evitar generalizaciones excesivas, mientras que los sociólogos a menudo buscan identificar patrones y regularidades a través del análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Esta divergencia metodológica puede llevar a enfoques cerrados o autolimitados y a la falta de diálogo entre ambas disciplinas.
Además, los historiadores suelen tener en cuenta el factor temporal de manera más prominente, reconociendo la importancia del contexto histórico en la comprensión de los fenómenos sociales. Por otro lado, los sociólogos tienden a subestimar el papel del tiempo en sus análisis, centrándose más en las estructuras sociales y los patrones recurrentes.
A pesar de estas diferencias, tanto la historia como la sociología contribuyen a la conformación del objeto de estudio de la sociología histórica y a su metodología. La sociología histórica se beneficia de la riqueza de datos, la profundidad contextual proporcionada por la historia, así como de los marcos conceptuales y las herramientas analíticas ofrecidas por la sociología. Sin embargo, integrar plenamente estas disciplinas puede plantear desafíos, ya que requiere un enfoque interdisciplinario y la superación de barreras metodológicas y epistemológicas.
Como disciplina académica, la sociología histórica es relativamente joven, pero sus raíces intelectuales y teóricas se remontan al siglo XIX. Esta disciplina comenzó aproximadamente en la década de 1970; aunque se basa en el trabajo de pensadores activos en el siglo XIX. La expresión puede dar la impresión de una especie de híbrido de historia y sociología: aproximadamente mitad y mitad. Esta impresión es engañosa. La sociología histórica es ante todo una parte de la sociología, aunque en nuestro caso una sociología que enfatiza la perspectiva histórica en su enfoque del estudio de los fenómenos sociales. En otras palabras, interesan los fenómenos y problemas del mundo contemporáneo, pero también consideramos que una verdadera comprensión de estos fenómenos requiere abordarlos desde una perspectiva histórica, consciente de su desarrollo pasado.
La sociología histórica contemporánea pone énfasis en la comparación y el uso de métodos comparativos. A menudo se menciona la sociología histórica “comparada”. En principio, esta comparación se puede hacer en las dimensiones de tiempo y espacio, en este caso, se trata de comparar fases o etapas individuales del desarrollo histórico en una sucesión histórica. En un segundo caso, se comparan países o naciones entre sí o con culturas y civilizaciones más amplias. Para la sociología histórica contemporánea predomina este segundo enfoque, basado en la comparación de acontecimientos que tienen lugar en paralelo en diferentes lugares del globo. Su intención es revelar qué es común o diferente entre casos individuales, en qué se parecen los procesos sociales en diversas áreas y qué los distingue.
Por supuesto, la sociología histórica no se limita al tema de la modernización. Es un enfoque científico amplio que aborda muchas áreas y problemas de la cultura, la religión, el nacionalismo, la política, las relaciones internacionales, la globalización, los conflictos militares, la economía, el trabajo, la ciencia, el arte, la vida cotidiana, la vida familiar, la memoria colectiva y varios otros subtemas. Dentro de este enfoque, la sociología histórica se estructura en torno a tres elementos centrales: teoría general, metodología de la investigación y áreas temáticas especiales. Cabe señalar que la sociología histórica no sólo se basa en un paradigma o concepción teórica dominante, sino que coexisten diferentes teorías y enfoques.
La relación entre la historia y la sociología es compleja y variada. Si bien ambas disciplinas tienen mucho que ofrecerse mutuamente, también enfrentan desafíos en términos de integración y colaboración. Sin embargo, la sociología histórica continúa siendo un campo fecundo que busca comprender la interacción dinámica entre el pasado y el presente en la configuración de la sociedad. La continuidad en el estudio del poder y las formas empíricas de dominación, que caracterizan los estudios de Max Weber y Michel Foucault es un claro ejemplo de la importancia de la relación entre la historia y la sociología. De cómo la sociología considera al individuo, sociedad, historia, la combinación de los sujetos para formar la sociedad y cómo las conductas sociales se orientan según formas históricamente construidas de pensamiento, decisión y acción.
La presente reflexión plantea como supuesto, que la formación del Estado-nación mexicano se encuentra en un proceso de refundación caracterizado por la incertidumbre y la falta de estabilidad. Se ha dejado atrás la idea de un Estado único con instituciones universales, y en su lugar surge un panorama amplio y ambiguo, donde la legitimación del poder y la dominación pueden adquirirse por distintos medios. En este contexto, la política en México se ha estilizado y se ha encerrado en las instituciones, las cuales buscan renovarse continuamente para adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad.
Los ciudadanos participan en la construcción de su entorno y en la consolidación de su cotidianidad, aunque perciben al poder y la política como algo rutinario y, en cierto modo, desconectado de sus acciones individuales. Este enfoque hace que las generalizaciones sobre el sistema político y las instituciones carezcan de argumentos sólidos que inspiren confianza o credibilidad en el nuevo orden emergente.
La presión por resultados inmediatos impulsa un discurso político y programas que intentan responder a las necesidades de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo humano y fortaleciendo las instituciones con renovados márgenes democráticos. En este sentido, se propone que la evolución de las instituciones mexicanas debe orientarse hacia prácticas democráticas que no solo respondan al presente, sino que también ofrezcan una base para una transformación duradera y significativa.
Planteamiento del problema: poder y dominación
Para Badie y Birnbaum (2007), la descolonización de los Estados puede ser considerada la primera fisura que anuncia el fin de la universalización del Estado. En este contexto, el cuestionamiento de la omnipotencia del Welfare State y de su capacidad para adaptarse a todas las situaciones nuevas se pone en entredicho en el seno de las sociedades industriales. No obstante, para Bertrand y Birnbaum, esta concepción del origen del Estado deja de lado las prácticas sociales propias de un tiempo, un espacio y la cultura que le confiere sentido. Para Norbert Elias (2016) la sociogénesis de los Estados evidencia una diversidad, que puede ser atendida de manera tipo-ideal (Weber, 2019). Las posturas del Estado importado o adaptado (Bayart, 2012), equivalen a plantear un determinismo estatal y privar de la capacidad de actuación a los actores. No todos los Estados se importan y adaptan de la misma manera (Abrams, 1982).
La presente reflexión sugiere que la formación del Estado-nación mexicano es testigo de una refundación e incertidumbre, en que todo está por hacerse y nada es cierto y estable (Abrams, 2015). Quebradas las ideas e instituciones universales de la formación de un Estado único, se abre un horizonte vasto e incierto en donde se puede legitimar el poder y la dominación de diferentes formas (Weber, 2019). Visto de manera retrospectiva, la política estatal y replegada en las instituciones busca de manera recurrente una reconfiguración institucional continua. Los ciudadanos viven su cotidianeidad y resguardan su entorno, para ellos el poder y la política, se fundan de manera habitual con sus acciones, las generalizaciones pueden resultar vacías y desprovistas de un argumento que garantice la credibilidad de un nuevo entorno que se presente (Dogan y Pahre, 1993). La inmediatez de los resultados hace posible un discurso o un programa que renueven el desarrollo humano y refresque las instituciones con nuevos márgenes democráticos.
En la televisión y los periódicos son recurrentes los temas de la ineficacia, privatizaciones, corrupción, narcotráfico, clientelismo, mafias, movimientos ambientalistas, elecciones (Sandoval, 2002; Salazar, 2024), sin duda son partes importantes que cuestionan y justifican una nueva forma de ejercer el poder y la dominación del Estado. No obstante, estas son unidades de un todo: la tarea es explicar como se articulan en un sistema de dominación, es decir, el ejercicio de la dominación y las relaciones basadas en ellas que ayuden a explicar una formación continua del Estado.
De manera general, los procesos de privatización o recentralizacion, informales o programados son ecos de un discurso liberal. Se autoriza la presencia de agentes privados e intermediarios entre el gobierno y la sociedad o se desplaza toda figura de representación, manteniendo una relación directa entre el gobernante y el gobernado. De cualquier manera, la discusión relativiza la frontera de la soberanía de los estados, su frontera entre lo público y privado, la relación entre lo político y económico, y lo legal e ilegal, alimentando la formación continua del Estado.
Revisión de la literatura: la sociología histórica de Max Weber y Michel Foucault
Regularmente, los regímenes democráticos son los únicos reconocidos como legítimos (Gilley, 2009). Incluso se considera que las obras que destacan una diversidad de tipos de dominación legítima (legal-racional, tradicional, carismática) siguen siendo inadecuadas porque a menudo están atrapadas en una lectura literal y restrictiva de los escritos de Max Weber, apegadas a mostrar la correspondencia entre el tipo de legitimidad, el tipo de dominación y el tipo de motivaciones de las acciones sociales involucradas. Al no explorar completamente el grueso de las relaciones de poder, son más bien un análisis de tipos ideales que de situaciones de la realidad, superponen diferentes niveles y objetivos de legitimidad y confunden lo “legítimo” y lo “razonable” (Bobbio, 1985).
De manera equiparada, las tipologías producidas por el trabajo de europeístas (la legitimidad puede adquirirse por procedimientos, fundamentos o resultados) no enfocan modos de gobierno que no se apoyan necesariamente en el “bien común”, el “interés general” y la “representación popular” (Scharpf, 1999). Como ha señalado Dobry (2013), estos dos enfoques consideran el proceso de legitimación demasiado estrecho e inequívocamente como “una relación vertical entre gobernantes y gobernados”, en la que “la docilidad de estos últimos tiene como contraparte necesaria” la correspondencia entre las acciones gubernamentales y las “creencias, valores, disposiciones o emociones de los gobernados”. Esto explica por qué estas perspectivas realmente no nos ayudan a entender la realidad de los fenómenos que buscamos explorar.
En el pensamiento de Max Weber y Michel Foucault, la sociología histórica ofrece dos enfoques distintos sobre cómo entender los procesos históricos y las transformaciones sociales, aunque ambos comparten el interés en analizar las estructuras de poder y los sistemas de significados que han moldeado las sociedades a lo largo del tiempo (Weber, 1998).
La sociología de la historia para Weber (2012a; 2012b) consiste en analizar los procesos sociales y económicos históricos a través de la comprensión de las motivaciones y las acciones individuales. Weber emplea el método conocido como individualismo metodológico, donde intenta entender las acciones de los individuos y cómo estas contribuyen a la formación de estructuras sociales. Lo cual le permite estudiar cómo ciertas ideas o valores, como el espíritu del capitalismo o la ética protestante, han influido en el desarrollo de la sociedad occidental.
Weber (2021) también utiliza un enfoque conocido como tipos ideales para analizar la historia. Los tipos ideales son modelos teóricos, simplificados, que le permiten estudiar fenómenos complejos (como la burocracia, el capitalismo o la autoridad) y entender las características esenciales de cada uno. Estos tipos ideales no son representaciones exactas de la realidad, sino herramientas analíticas para identificar patrones históricos y entender cómo ciertas formas de organización social se han consolidado. Un concepto fundamental que Max Weber utiliza para comprender los tipos de dominación es la acción social, en su sociología, este se refiere a una acción llevada a cabo por un individuo o grupo que tiene un significado subjetivo y está orientada hacia el comportamiento de otros. Según Weber, lo que distingue a la acción social es su sentido intencionado y su orientación hacia los demás, lo cual implica que las personas actúan de cierta manera porque anticipan una respuesta o reacción social. Las características de la acción social según Weber son:
intencionalidad: la acción social implica una intención o un significado subjetivo que el actor asocia con su conducta. Las acciones no son simplemente respuestas automáticas o instintivas, sino que tienen un propósito o una razón detrás,
orientación hacia los otros: la acción social está dirigida o influenciada por la presencia y la conducta de otras personas. Es decir, los individuos actúan de una forma específica en función de cómo creen que los demás responderán o de las normas sociales en vigor y
comprensión y sentido: para Weber, el sentido que un individuo da a su acción es clave. La sociología debe, por tanto, interpretar las acciones sociales desde la perspectiva de quienes las realizan, tratando de entender el contexto y las motivaciones que las impulsan.
Los tipos de acción social para Max Weber (2012b) se clasifica en cuatro tipos ideales, cada uno de ellos definido por el tipo de racionalidad o sentido que la orienta:
acción racional con arreglo a fines: es una acción en la que el individuo actúa para lograr un objetivo específico, calculando los medios más eficaces y evaluando las consecuencias. Puede observarse en un empresario que invierte en maquinaria para aumentar la producción,
acción racional con arreglo a valores: en esta acción, el individuo actúa conforme a sus valores o principios, sin considerar tanto las consecuencias o los resultados. Se ejemplifica con una persona que sigue una creencia religiosa o ideológica sin importar los beneficios personales,
acción afectiva: este tipo de acción está guiado por emociones o impulsos, en lugar de un cálculo racional. Es una acción espontánea o emocional, como la reacción de alguien al sentirse ofendido o la respuesta a una emoción intensa, como el amor o la ira y
acción tradicional: es aquella que se realiza por costumbre o hábito, sin una reflexión profunda sobre sus motivos. Las acciones tradicionales son comunes en contextos donde las costumbres y prácticas se han transmitido a lo largo de generaciones, como ciertos rituales familiares o comunitarios.
La acción social es fundamental en la teoría de Weber (2019), ya que le permite estudiar y comprender las estructuras y procesos sociales desde el nivel individual. La sociología debe enfocarse en interpretar el sentido subjetivo de las acciones de las personas, es decir, en entender cómo los individuos dan significado a sus acciones y cómo esto influye en las estructuras sociales. Al analizar la sociedad a partir de la acción social, Weber propone una sociología comprensiva que busca interpretar la realidad social desde las experiencias y perspectivas de los actores sociales. La acción social es un concepto que se centra en la dimensión significativa y relacional de las acciones humanas, y es esencial para comprender cómo los individuos contribuyen a la creación y el mantenimiento de las estructuras y normas sociales.
En este sentido, la sociología de la historia para Weber implica una comprensión de los procesos históricos como resultado de acciones racionales y de sistemas de creencias, que evolucionan y transforman las estructuras sociales.
Para Foucault la sociología de la historia se enfoca en analizar las relaciones de poder y cómo estas han configurado el conocimiento y las prácticas sociales a lo largo del tiempo (Agamben, 2011). Foucault (1979; 1985) utiliza una metodología que él denomina arqueología y genealogía. La arqueología estudia los “estratos” de conocimiento que han dominado distintas épocas, revelando cómo las estructuras de pensamiento han cambiado sin necesidad de causas directas o lineales. La genealogía, por otro lado, rastrea las relaciones de poder y de control que han moldeado prácticas, instituciones y conceptos, mostrando cómo estos no son naturales ni permanentes, sino construcciones históricas (Arnault, 2017).
Para Foucault (Cortés, 2013) el poder no es centralizado y autoritario, está disperso y se ejerce a través de instituciones como las cárceles, los hospitales, las escuelas y la medicina. Estas instituciones producen “regímenes de verdad” y normas que moldean el comportamiento y la identidad de los individuos (Foucault, 2021a; 2021b).
Para Foucault (2009b) la sociología de la historia no consiste en buscar grandes explicaciones estructurales, sino en examinar las prácticas específicas, los discursos y las instituciones que configuran los modos de ser y de pensar en diferentes épocas. Ambos enfoques aportan una visión profunda sobre cómo las fuerzas sociales y culturales configuran las sociedades, pero cada uno desde una perspectiva metodológica y conceptual distinta (Foucault, 2008).
Cómo se observa en la Tabla 1, los autores que se revisan están muy interesados en el estudio del poder y la dominación, dando definiciones casi idénticas. Además, ambos conectaron estrechamente el poder con el conocimiento y la racionalidad, estudiaron esta conexión en estudios históricos centrados en la reconstrucción del proceso de disciplina social en un periodo temprano de la modernidad (López, 2024). En estos estudios, el énfasis no estaba en el Estado absolutista y sus instituciones, ni en los procesos económicos, sino en el ejercicio del poder sobre las almas y los cuerpos individuales, en la regularización y extensión de un control metódico sobre la conducta de la vida. Es más, en el mismo momento de sus vidas, cuando se esperaba ampliamente que presentaran una declaración definitiva sobre el poder y la modernidad, ambos se sumergieron profundamente en la antigüedad. Weber se centró en la ética económica, mientras que Foucault se centró en la ética sexual; Weber se apoyó en la religión, Foucault en la filosofía; Weber estudió el antiguo Israel, la India y China (sin llegar nunca al periodo cristiano que fue su punto de partida), mientras que Foucault estudió Grecia y Roma (sin llegar a terminar su trabajo sobre el cristianismo primitivo, su punto de partida). Las diferencias residen más bien en el origen, ejercicio y consecuencias del poder y la dominación, acentos puestos dentro de una empresa fundamentalmente similar (López, 2024).
Tabla 1 Comparación entre los enfoques teóricos de Max Weber y Michel Foucault sobre poder y dominación
| Autor | Objeto de estudio | Enfoque teórico |
|---|---|---|
| Max Weber | El objeto de estudio de esta sociología se centra en comprender el comportamiento significativo de los integrantes de un grupo en su relación con las leyes vigentes y en explicar el sentido de la creencia en la validez de estas normas. Este enfoque requiere diferenciar entre el ser y el deber ser de la acción social, conceptos clave para analizar las dinámicas entre las normas legales y las prácticas sociales. El deber ser: se proyecta en el telos de la acción racional orientada a fines, es decir, en los objetivos ideales hacia los cuales las acciones sociales deberían dirigirse según las normas y valores establecidos. Aquí, las leyes se entienden como orientadoras de la acción en un marco normativo que busca racionalidad y coherencia. El ser: se establece en las condiciones de posibilidad de la acción social misma, es decir, en los contextos concretos, históricos y culturales que determinan cómo las personas actúan en la realidad. Este aspecto implica un reconocimiento de las particularidades y complejidades que condicionan las prácticas sociales. Desde esta perspectiva, la legalidad adquiere una dimensión instrumental, dirigida a alcanzar los fines definidos en el deber ser. Sin embargo, esta tendencia puede generar tensiones cuando la aplicación de las normas ignora las especificidades históricas, sociales y culturales del contexto en el que se desarrollan las acciones. Así, se pone de manifiesto la necesidad de un equilibrio entre la racionalidad normativa y el reconocimiento de las realidades sociales en la comprensión y regulación de la acción colectiva. |
Sociología comprensiva |
| Michel Foucault | La teoría de Michel Foucault pone énfasis en los micropoderes, es decir, en las formas sutiles y cotidianas en las que el poder circula y se ejerce en el orden social. Según Foucault, el poder no se concentra únicamente en las instituciones tradicionales como el Estado o las leyes, sino que se dispersa y se manifiesta en las prácticas, los discursos y las relaciones sociales más comunes. Foucault sostiene que existe una relación intrínseca entre saber y poder: todo conocimiento implica una forma de poder, y todo ejercicio de poder está sustentado por un saber específico. En este sentido, los discursos no son meros conjuntos de palabras o conceptos neutrales; están profundamente atravesados por relaciones de poder que determinan lo que se considera verdadero, legítimo o válido en un contexto histórico particular. Así, el análisis foucaultiano no solo examina las estructuras visibles de dominación, sino también las formas en que estas se naturalizan y legitiman a través del saber, revelando cómo el poder opera de manera descentralizada e incorporada en los comportamientos, las normas y las instituciones cotidianas. Esta perspectiva permite entender cómo los sujetos son moldeados, disciplinados y gobernados en un entramado de relaciones que excede la mera coerción, actuando a nivel del cuerpo, los hábitos y las prácticas. |
La arqueología y genealogía del saber |
Fuente: Elaboración propia
En la perspectiva de Max Weber (2012a) las relaciones de poder se basan en la legitimidad dentro de una estructura social, y estas se manifiestan a través de lo que él llama estrategias de autoridad. Según Weber, la autoridad se ejerce en función de la organización y su estructura administrativa, influyendo en los efectos de obediencia de los subordinados. Él identifica distintos tipos de autoridad (tradicional, carismática y legal-racional), cada uno sustentado en diferentes bases de legitimidad y modos de organización.
Por otro lado, Michel Foucault (2021b) ofrece una crítica de las instituciones y una teoría del poder, el poder no se basa únicamente en la legitimidad formal de una autoridad, sino en relaciones de dominación y control que operan como estrategias para imponer obediencia y silencio en el dominado. Foucault introduce el concepto de que el ejercicio del poder solo es posible cuando hay libertad; es decir, el poder implica la posibilidad de resistencia, y los sujetos sobre los que se ejerce no son pasivos, sino que actúan y responden en contextos donde el poder intenta moldear su comportamiento.
Para Max Weber (2012a) la dominación es la probabilidad de que un mandato específico sea obedecido por un grupo de personas, lo cual implica una relación en la que los subordinados acatan las órdenes de quienes ejercen autoridad. La dominación, en el contexto weberiano, es una relación de poder en la que la obediencia se da no solo por imposición, sino porque los subordinados consideran que la autoridad es legítima. Weber identifica tres tipos de dominación legítima:
dominación tradicional: basada en la costumbre y las tradiciones; los subordinados obedecen porque siempre ha sido así y es lo “correcto” según la tradición (por ejemplo, en monarquías tradicionales),
dominación carismática: se basa en la devoción hacia el líder y sus cualidades extraordinarias o carisma. La obediencia se da por la admiración hacia la persona que ejerce la autoridad (como un líder revolucionario) y
dominación legal-racional: fundamentada en normas y leyes impersonalmente establecidas; los subordinados obedecen no a una persona en particular, sino al sistema legal que legitima la autoridad de quien da las órdenes (por ejemplo, en una burocracia). Estos tipos de dominación legítima son esenciales para comprender cómo las sociedades logran estabilidad y cómo las personas llegan a obedecer voluntariamente.
Para Michel Foucault (2014; 2016) la dominación es un tipo particular de relación de poder en la que una parte logra imponer una serie de conductas y formas de ser sobre otra, de manera sostenida y estructurada. A diferencia de las relaciones de poder más flexibles, que permiten resistencia y cambio, la dominación se caracteriza por la rigidez y la permanencia: es una relación donde el margen de libertad del dominado se ve reducido casi al mínimo, y las posibilidades de resistir o contrarrestar el poder son limitadas.
En el pensamiento de Foucault (1990) la dominación se asocia con la existencia de instituciones y prácticas que buscan controlar y disciplinar a los individuos (por ejemplo, prisiones, hospitales psiquiátricos, escuelas, entre otras instituciones), produciendo sujetos que cumplen con ciertos estándares de comportamiento. A través de estas instituciones, el poder se ejerce de forma continua y casi imperceptible, ya que se internalizan las normas, lo que genera un control efectivo y sutil sobre los cuerpos y las mentes de los individuos.
Michel Foucault (2017a; 2017b) no utiliza exactamente la categoría de Estado, de manera explícita en su obra, sí ofrece un análisis detallado de cómo el poder y las instituciones del Estado se han desarrollado y transformado a lo largo del tiempo. Foucault (2009a) se enfoca en cómo las formas de poder se ejercen a través de instituciones, técnicas y prácticas que no se limitan al ejercicio del poder soberano de los monarcas o gobiernos, sino que también incluyen el control y la regulación de los individuos en diversos niveles de la vida social.
Aunque Foucault (1999a), no aborda estos términos de forma sistemática, podemos extrapolar su pensamiento para entender cómo se relacionan con las características del Estado en diferentes momentos históricos. En el contexto histórico del Estado absolutista, Foucault analizaría el poder desde la perspectiva de una autarquía centralizada y autoritaria, en la que el monarca ejerce un control directo sobre todos los aspectos de la vida política y social. Aunque no usa el término de Estado absolutista específicamente, Foucault se interesa por las formas de soberanía y cómo estas se ejercen a través de la violencia y el control directo, cómo se observa en los sistemas monárquicos absolutos.
En su análisis, Foucault (1999b) destaca la disciplina y el control sobre los cuerpos como elementos centrales en el poder soberano. Por ejemplo, en su obra Vigilar y castigar, Foucault describe cómo el castigo físico, la tortura y la ejecución eran prácticas comunes en el ejercicio de la soberanía del monarca en el siglo XVII. La disciplina, por tanto, se ejercía de manera visible y violenta, en un sistema que no ocultaba el poder, sino que lo exponía. El Estado absolutista, para Foucault, sería un poder visible y directo, donde la soberanía y el control se imponen de forma externa sobre los cuerpos y las conductas de los súbditos.
El Estado administrativo aparece como una fase posterior al absolutismo, donde el poder comienza a tomar formas más organizadas, burocráticas y disciplinarias, tal como Foucault describe en su análisis del surgimiento de las instituciones modernas. Este tipo de Estado se caracteriza por una gestión más racionalizada de los asuntos públicos, basado en la administración, el control y la regulación de la sociedad y la economía. El Estado administrativo se basa en la burocracia como una forma de poder, organizada a través de funciones técnicas y roles especializados. Foucault (1999a; 1999b) analiza cómo la normalización de los individuos y la gestión de los cuerpos se convierte en una herramienta fundamental del poder en estas estructuras. En su obra, especialmente en su concepto de biopoder, Foucault describe cómo, en los siglos XVIII y XIX, el poder se desplazó hacia nuevas formas de control sobre las poblaciones, no solo mediante la fuerza, sino también a través de estrategias de normalización que organizan la vida cotidiana.
El Estado administrativo se vuelve más impersonal, con la creación de instituciones que regulan la vida de los ciudadanos de manera discreta pero omnipresente, como la policía, el sistema educativo y el sistema de salud. Este poder administrativo es menos visible que el poder absolutista, pero más penetrante y disciplinario.
El Estado neoliberal, en el análisis de Foucault, puede entenderse en relación con su concepto de gubernamentalidad. Foucault introduce la idea de gubernamentalidad para describir cómo las políticas de gobernar se transforman a lo largo del tiempo, desde el control directo del soberano sobre el territorio y los cuerpos hacia formas más indirectas y eficientes de gestionar a las poblaciones.
El Estado neoliberal es el resultado de una transformación en la forma de entender y aplicar el poder, donde el enfoque cambia hacia la gestión del mercado y el individualismo. En lugar de una intervención directa en la economía y la vida social, el neoliberalismo promueve la autogestión de los individuos, orientada a la competitividad y al mercado.
En sus lecciones sobre el neoliberalismo, Foucault explora cómo las políticas neoliberales introducen formas de poder que se basan en el autogobierno de los individuos, en lugar de la imposición de reglas externas por parte del Estado. El neoliberalismo promueve la responsabilidad individual, en la que cada persona se convierte en un empresario de sí mismo, organizando su vida en términos de rentabilidad y eficiencia, bajo la premisa de que la competencia y el mercado son los mecanismos que deben regular la vida social.
Foucault (2006) también estudia cómo el Estado neoliberal, aunque busca reducir su intervención directa, sigue ejerciendo poder a través de estructuras económicas y regulaciones indirectas que fomentan la competencia y la autorregulación de los individuos. Este tipo de Estado trabaja más en la creación de un ambiente propicio para la actividad económica y la maximización de los beneficios a través de la privatización, el desmantelamiento de servicios públicos y la flexibilización del trabajo. Para Foucault, el poder no es simplemente algo que se ejerce de manera unilateral desde el Estado hacia la sociedad; se trata de una dinámica compleja que se manifiesta en instituciones, prácticas y relaciones sociales. El Estado absolutista representa una forma de poder visible y directo, el Estado administrativo una forma más burocrática y técnica de gestión del poder, y el Estado neoliberal se basa en el poder de la gubernamentalidad y la autorregulación de los individuos a través de mecanismos de mercado. En todos los casos, Foucault muestra cómo el poder se desplaza y se reconfigura según los contextos históricos, pero siempre sigue involucrando formas de control, normalización y regulación de la vida social.
Para Michel Foucault el concepto de dispositivo (en francés, dispositif) es fundamental en su análisis del poder, la sociedad y las instituciones. El término “dispositivo” no se refiere a un objeto o herramienta en el sentido común, sino a una red o sistema complejo de elementos que interactúan y se organizan para producir efectos específicos en la sociedad, particularmente en términos de control, norma y subjetividad (Deleuze, 1999).
Foucault introduce la noción de dispositivo en varios de sus escritos, especialmente en La verdad y las formas jurídicas (1996) y en sus conferencias de 1977-1978 sobre Seguridad, territorio y población (2006). En general, un dispositivo es un conjunto de prácticas, discursos, instituciones, regulaciones, leyes, normas, saberes y relaciones de poder que operan en una sociedad para organizar, clasificar y controlar ciertos aspectos de la vida humana. Foucault distingue cinco características del dispositivo: 1) conjunto heterogéneo: no es un solo elemento, sino una red de múltiples componentes que incluyen ideas, prácticas y estrategias. Estos pueden ser instituciones, normas, técnicas de control, saberes científicos como el saber médico y la psicología, y otras formas de discursos que influyen en las vidas de los individuos, 2) relación con el poder: es esencialmente una estrategia de poder. Foucault lo entiende como un instrumento mediante el cual el poder se difunde y se ejecuta, el poder no solo se ejerce de manera visible y directa, sino que también se incorpora en las prácticas cotidianas, en la formación de sujeto y en las relaciones sociales, 3) función normativa: operan creando normas y reglas que regulan comportamientos. Estas normas determinan lo que es considerado normal o anómalo en una sociedad, influyendo en el comportamiento de los individuos y creando mecanismos de control y disciplinamiento, 4) evolución y cambio: los dispositivos no son estáticos. Cambian a lo largo del tiempo según las necesidades sociales, políticas y económicas, adaptándose a nuevas formas de control y nuevas tecnologías de poder y 5) capacidad de capturar al sujeto: los dispositivos son especialmente poderosos porque configuran las formas en que los individuos se entienden a sí mismos y se relacionan con los demás. Así, la subjetividad y la identidad de los individuos son modeladas por estos dispositivos (Bedoya, 2013).
Los ejemplos de dispositivos en la obra de Foucault son: 1) disciplinarios: el poder no se impone a través de castigos visibles, sino a través de la vigilancia y la normalización de comportamientos, a través de instituciones como las prisiones, hospitales y escuelas trabaja para moldear y regular los cuerpos y comportamientos de los individuos, como se ve en su obra Vigilar y castigar (2003), 2) de biopoder: en obras como La historia de la sexualidad (2007), Foucault (2012a; 2012b) introduce el concepto de biopoder como un dispositivo que regula la vida de las poblaciones, manejando aspectos como la salud, la natalidad, la sexualidad y la mortalidad. Este dispositivo tiene como objetivo optimizar la vida y, al mismo tiempo, normalizarla a través de instituciones que controlan y clasifican los cuerpos y 3) de seguridad: operan en torno a la gestión de la seguridad y la economía, como en su análisis de la sociedad disciplinaria que se transforma en una sociedad de seguridad. En este tipo de dispositivo, el poder ya no se ejerce tanto en un sentido punitivo o represivo, sino en términos de regular y asegurar la circulación de bienes, personas y servicios en función de la eficiencia económica y la gestión de riesgos.
En el pensamiento de Foucault (1979), el dispositivo es un concepto clave para entender cómo el poder se organiza y se ejerce en las sociedades modernas. No es solo un aparato o un conjunto de instituciones, sino una red compleja de prácticas y discursos que están interrelacionados, y cuya función es regular, normalizar y controlar tanto a los individuos como a las poblaciones. A través de los dispositivos, Foucault nos muestra cómo el poder está en todas partes, influenciando profundamente nuestras vidas, identidades y comportamientos (Berger, 2010).
Así, un sistema de dominación supone la creación de instituciones y dispositivos capaces de producir, reproducir, articular y orientar un conjunto de relaciones políticas, sociales, económicas y culturales establecidas dentro del ámbito material y simbólicamente determinado por la nación (Oszlak, 1978).
Metodología
El objetivo de este trabajo es analizar comparativamente la dominación y el poder como tradiciones técnicas, económicas, políticas, institucionales, de seguridad y culturales, lo que implica ser sensibles a la multiplicidad de racionalidades, entendimientos y lógicas de acción en juego, para cuestionar las relaciones causales, las explicaciones simplistas, la imputación de motivos y la búsqueda de una paternidad. Este artículo pretende: comparar situaciones consideradas “incomparables” en el tiempo y en el espacio. La dominación y el poder son temas discutidos en ciencias sociales, pero con el tiempo nuestra forma de explicarlos ha cambiado. Además, los lenguajes utilizados para analizarlos y problematizarlos son diferentes en el espacio, dependiendo de la tradición intelectual específica de un área cultural, un campo temático o una trayectoria disciplinaria, y también de las situaciones históricas que se analizan y los diferentes conjuntos de circunstancias que se tienen en cuenta.
Las implicaciones teóricas del enfoque propuesto por la sociología histórica, especialmente el análisis weberiano y foucaultiano, enfatizan la importancia de las luchas, los juegos de poder, los conflictos y las tensiones en la forma en que se configura la dominación. El interés adicional de la sociología histórica es que toma en serio los objetos y las dinámicas. En este sentido, los estudios del modo de vida del poder y la dominación convergen con el análisis de la sociología histórica defendido aquí, que busca combinar una comprensión foucaultiana del poder con un enfoque atento a las prácticas económicas concretas.
Es weberiano en el sentido de que tiene en cuenta los “efectos de la composición” y las “constelaciones de intereses” en juego (Szakolczai, 2006). Por lo tanto, no pretende encontrar una causa para la normalización y el ejercicio autoritario del poder, sino que es sensible a la naturaleza incompleta de las prácticas y explicaciones, a la pluralidad causal y a la diversidad de los procesos involucrados y sus posibles interpretaciones dentro de la sociedad.
El documento revisa los agentes y mecanismos causales, como unidades básicas de análisis, como propiedades abstractas de los agentes que producen resultados y asociaciones. El enfoque se encuentra en la encrucijada de esta doble filiación histórica y un argumento weberiano-foucaultiano de la dominación. Weber mostró que en la medida en que “cualquier relación real de dominación implica un mínimo de voluntad de obedecer”, era importante analizar situaciones concretas, singulares e históricamente situadas para comprender estos “intereses especiales en la obediencia” (Dobry, 2013). Esta propuesta se ha entendido principalmente en términos políticos.
Sin ser exhaustivos, se puede pensar en la concepción heterogénea del poder, como “una serie de relaciones complejas y difíciles que nunca están funcionalizadas y, en cierto sentido, nunca funcionan” (Castro, 2016). Las relaciones de poder se encuentran dentro de conflictos, compromisos, arreglos y, en general, relaciones sociales: por lo tanto, la dominación y la disciplina no pueden ser aprehendidas fuera de su ejercicio. En esta línea, también podemos observar la sociología de la interdependencia de Norbert Elias (1990) y su noción de “configuración”: las dependencias mutuas que unen a los individuos entre sí constituyen la matriz de la sociedad; estas interdependencias están situadas históricamente y, por lo tanto, entender el poder requiere que entendamos funciones y relaciones concretas (Elias, 2016).
Parece importante seguir una dirección que rara vez se toma, una que combine este enfoque con uno basado en la economía política y, por lo tanto, incluya una mejor comprensión de la dimensión económica de los dispositivos de poder en el análisis de la dominación. Las prácticas económicas concretas desempeñan un papel activo en las luchas de poder y las relaciones de poder.
Resultados: una sociología histórica del Estado mexicano
El Estado en un sentido weberiano de tipo-ideal es una estructura de dominación formal que se articula como un un sistema. Según Michel Foucault se manifiesta como una relación social, como un conjunto interdependiente de instituciones que conforman los dispositivos en los que se concentra el poder y las relaciones de dominación política (Oszlak, 1978).
De acuerdo con James Mahoney (2014) se han presentado cinco diferentes teorías generales que han guiado o podrían guiar la sociología histórica del Estado: las teorías funcionalistas, elección racional, de poder, neodarwiniana y cultural. Una conclusión clave que plantea es que los académicos deben evaluar tanto los méritos generales de las teorías como los méritos específicos de estas. La reflexión sugiere la necesidad de analizar las instituciones, procesos y comportamientos formales es decir, los conocidos y reconocidos por todos los integrantes de la sociedad y los informales, los que son conocidos y reconocidos únicamente por algunos.
En la Tabla No. 2 se observan algunos elementos empíricos clásicos de la histotiografía del Estado-nacion mexicano. A continuación se describen estos elementos estructurales de poder y dominación, con la inteción de guiar el proceso histórico de formación del Estado, porpuesto por Mahoney (2014).
Tabla 2 Elementos estructurales de dominación en el proceso histórico del Estado mexicano
| Factores del Estado | Elementos | Formación del estado mexicano | Tipo ideal | Principales rasgos |
|---|---|---|---|---|
| Aparatos de coerción | Ejército Policia | 1913 1848 | Racional legal-Tradicional | Autoritario |
| Sistema político | Instituciones que asignan de forma autoritativa los bienes públicos | 1929 | Tradicional-Racional legal | Presidencial Partidista Clientelar Patrimonial |
| Régimen político | Instituciones que regulan el acceso al poder político | 1940 | Tradicional-Racional legal | Presidencial Partidista Clientelar Patrimonial |
| Administración pública | Gobierno en acción | 1950 | Carismático-Tradicional-Racional legal | Presidencial Partidista Clientelar Patrimonial |
| Nación | Comunidad histórica y cultural | 6 de noviembre de 1813 (Acta de Independencia de la América Septentrional) | Tradicional | Patrimonial |
Fuente: Elaboración propia con datos de López (2016); Hernández (2020)
Para Álvarez (2011) los aparatos de represión, como el ejército y la policía, son instituciones que tienen el mandato de garantizar el orden público y la seguridad dentro de una sociedad. En términos generales, los considera como instrumentos legítimos de control social que, en teoría, operan bajo el marco de la ley y están destinados a proteger a la población y a mantener la estabilidad del Estado. Sin embargo, también son considerados aparatos represivos porque, en ciertas circunstancias, su función incluye el uso de la fuerza para reprimir conductas que el Estado considera amenazantes para el orden establecido.
El ejército es la institución militar del Estado responsable de la defensa nacional frente a amenazas externas, en México también se le emplea para la construcción de obras, consideradas por el gobierno como prioritarias.
La policía es el aparato de seguridad interna encargado de la prevención del delito, la protección de la ciudadanía y el mantenimiento del orden público. Su función es ostensiblemente más cercana y constante en la vida cotidiana de las personas, ya que abarca desde patrullaje preventivo hasta el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. En contextos de represión, la policía se encarga de dispersar protestas, controlar disturbios o detener a personas sospechosas de actividades subversivas. Existen diferentes cuerpos de policía (municipales, estatales y federales) que cumplen funciones específicas según la jurisdicción y las leyes.
Ambos aparatos, cumplen funciones represivas que son parte de la estructura de control del Estado y buscan asegurar su estabilidad y la obediencia de los ciudadanos. La intervención de la policía y del ejército en situaciones de conflicto puede generar críticas y preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, los abusos de autoridad y la violación de derechos humanos, especialmente cuando su actividad se enfoca en reprimir movimientos sociales o en proteger intereses políticos o económicos específicos.
Desde una perspectiva crítica ─influenciada por pensadores como Louis Althusser (2024) ─, se puede considerar que estos aparatos de represión son instrumentos de coerción que el Estado emplea para mantener la dominación sobre la población. No solo aseguran el cumplimiento de las leyes, sino que también contribuyen a preservar el poder de las élites y a impedir cambios que puedan cuestionar la estructura de poder vigente. Así, el ejército y la policía no solo ejercen violencia en nombre de la ley, sino que también participan en la reproducción del sistema de dominación y en la imposición de un orden político determinado.
David Easton (2012) definió al sistema político como un conjunto de interacciones a través de las cuales se toman decisiones autoritativas (es decir, decisiones vinculantes para la sociedad) para asignar valores, recursos y derechos en una comunidad. El sistema político mexicano se caracteriza por un conjunto de instituciones, normas, actores y prácticas que organizan el ejercicio del poder y la toma de decisiones en el país. Su estructura y funcionamiento están definidos principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulados por una serie de leyes que buscan garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado, la representación política, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Éste sistema, como un elemento estructural de dominación en el proceso histórico del Estado mexicano, ha experimentado diversas transformaciones.
Hasta finales del siglo XX, el país estuvo dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un régimen que se caracterizó por prácticas autoritarias, corrupción y control centralizado. A partir del año 2000 y con el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) México inició una transición hacia una democracia más plural y competitiva, con alternancia en el poder. Sin embargo, persisten retos como la corrupción, la violencia y la influencia del crimen organizado, que afectan la legitimidad y el funcionamiento de las instituciones (Vizcaíno, 2023).
En el año 2018, se incorpora al gobierno federal el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el sistema político mexicano enfrenta el desafío de fortalecer el Estado de derecho, mejorar la transparencia y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Además, la creciente polarización política y los cuestionamientos al papel de las instituciones autónomas exigen una revisión constante del sistema para asegurar que responda a las necesidades y demandas de la sociedad.
El régimen político es otro elemento que figura en la formación del Estado-nación mexicano como tipo de dominación tradicional y racional legal, es fefinido por Leonardo Morlino (1985) como un conjunto de normas, instituciones y prácticas que determinan la manera en que se organiza y ejerce el poder en un Estado. Define cómo se toman las decisiones políticas, cómo se distribuye el poder entre los diferentes órganos del gobierno y cómo se relacionan estos con los ciudadanos y otras instituciones de la sociedad. El régimen político establece las reglas fundamentales del juego político, incluyendo quién tiene el derecho a gobernar, cómo se elige a los líderes, cuáles son los límites y las responsabilidades del poder y cómo se garantiza la participación y los derechos de los ciudadanos. Son las normas formales e informales que regulan el acceso al poder político.
Un aparato más de dominación y dispositivo de poder del Estado mexicano es la administración pública. Para Palti (2007) es el conjunto de instituciones, procesos y recursos a través de los cuales el Estado organiza y ejecuta sus funciones para satisfacer las necesidades de la sociedad y promover el bien común. Su función es implementar las políticas públicas y tomar decisiones que permitan el cumplimiento de las leyes, el desarrollo económico, el acceso a servicios esenciales y la garantía de derechos para los ciudadanos. En México la administración pública se compone por el conjunto de instituciones y procesos a través de los cuales el gobierno federal, los estados y los municipios implementan políticas y prestan servicios a los ciudadanos. Su objetivo principal es ejecutar las decisiones del poder ejecutivo y cumplir con los mandatos constitucionales para promover el bienestar social, la seguridad y el desarrollo económico. La administración pública mexicana se rige por principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Se puede observar que la existencia del Estado nacional mexicano es resultado de un proceso histórico, a través del cual sus diferentes atributos alcanzan un grado de estatidad (desarrollo) en diferentes momentos (O’Donnell, 1977). En este sentido, la nación puede ser considerada como un conjunto de intereses generadores de relaciones sociales, en dos sentidos: en un plano material, es el arco que une los intereses sociales capitalistas originados por el mercado, en un plano ideal, como los símbolos y valores generadores de un sentido de pertenencia (O’Donnell, 1977).
La nación mexicana no nació de una diferenciación o integración de una actividad económica o de la formación de una burguesía nacional, como resultado de la integración de una identidad, de intereses o de ciertos valores económicos, la guerra de independencia iniciada el 16 de septiembre de 1810, contribuyó a construir y difundir un sentimiento nacional antes de que existiera un mercado nacional. Surgió así una nación antes del Estado. Un mercado nacional es indispensable para la constitución de un Estado nacional, el naciente Estado mexicano impulsó y apoyó a este mercado, esto puede explicar cómo el incipiente aparato político-burocrático se fue entremezclando con el orden económico (Vizcaíno, 2023).
En México, los modos de dominación predominantes parecen alinearse con características del patrimonialismo y el sultanismo (Linz & Stepan, 1996; Tozy, 2000), formas de gobierno en las que el poder está altamente centralizado en la figura de un líder o una élite, y donde las relaciones personales pesan más que las institucionales. Estos modos se superponen con representaciones híbridas del Estado-imperio y del Estado-nación, coexistiendo en las prácticas del gobierno. Esta coexistencia se manifiesta tanto en los imaginarios políticos como en los dispositivos concretos del ejercicio del poder, especialmente en cómo el neoliberalismo encuentra sustento en las estructuras heredadas del Estado imperial, más que en las del Estado-nación moderno.
A diferencia de la sociología histórica europea, que tiende a centrarse en las trayectorias específicas de las instituciones políticas en Europa occidental, este análisis se enfoca en cómo se ejerce la dominación en contextos específicos. Más que indagar en las razones últimas de la dominación, se pone énfasis en sus prácticas, dispositivos y circunstancias, así como en los imaginarios que legitiman estas formas de poder. Este enfoque pone en valor las particularidades de cada lugar y coyuntura histórica, reconociendo la pluralidad de significados que adquiere la dominación.
Discusión: autoridad y dominación
La generalización de las grandes estructuras y los grandes procesos es fundamental para explicar el nacimiento del Estado. La sociología histórica contribuye a la comprensión de los dispositivos que generan dominación a través de las estructuras y los procesos. Los aportes de Max Weber y Michel Foucault contribuyen de forma consistente a responder la interrogante ¿Qué sucede cuando las instituciones y los dispositivos no generan dominación?, cuando el Estado deja de ser percibido en la cotidianidad por una sociedad como un conjunto de normas vinculantes y abstractas, como una estructura jerárquica y un conjunto de funcionarios, que ceñidos a la norma las llevan a la práctica; y lo que observa es ineficacia, privatizaciones, corrupción, narcotráfico, clientelismo, mafias, movimientos ambientalistas, elecciones.
Cuando un tipo ideal de autoridad o dominación no alcanza para legitimar al poder, las instituciones y los dispositivos de un contexto histórico hacen necesaria su refundación. La respuesta parte del supuesto de pasar de responder qué es el Estado a explicar las prácticas que reproducen al Estado (Berger, 2010).
Las construcciones analíticas para comprender el origen del Estado nacional mexicano pueden encontrarse con dos problemáticas: 1) tratar de rastrear un proceso evolutivo empleando conceptos que describen un producto histórico acabado y 2) los conceptos empleados para analizar estos procesos no son excluyentes, se relacionan y son componentes de la misma definición, se suponen recíprocamente. No obstante, podemos afirmar que la formación continua del Estado nacional mexicano es resultado de dos procesos no excluyentes: 1) de la formación de una nación y 2) de un sistema de dominación.
En nuestro contexto latinoamericano, Oscar Oszlak (1978) recuperando la reflexión europea de Philippe Schmitter coincide en distinguir cuatro etapas de formación del Estado: 1) externalización del poder, 2) institucionalización de la autoridad, 3) diferenciación de su control y 4) internalización de una identidad colectiva.
Desde el 28 de septiembre de 1821 observamos que el territorio mexicano externaliza su poder y se reconoce al Estado mexicano, no obstante, la institucionalidad de la autoridad es después de 1917, el proceso para diferenciar su control, es decir, la presencia de instituciones públicas con acreditada capacidad y cierto grado de profesionalización de sus funcionarios para extraer recursos de su ambiente, y relativamente autónomas, frente a la sociedad civil, ha estado sujeto a las reformas administrativas promovidas por los 30 presidentes que ha tenido México desde 1910. Finalmente, la internalización de una identidad colectiva presenta, posiblemente, tres grandes simbolismos: nacionalismo revolucionario (1917-2000), ausencia de un sentido de nación (2000-2018) y el humanismo mexicano (2018- 2024), con circunstancias y matices por parte de la clase gobernante en su momento (Vizcaíno, 2023).
El texto sugiere que existe una visión confusa y moralmente cargada sobre el presente y el futuro del Estado en México. La creencia de que el “verdadero orden” es aquel que existía en los años sesenta, una época en la que se asumía la estabilidad de Estados soberanos con límites claros entre lo público y lo privado, y con una ciudadanía que reconocía la legalidad y el papel del Estado. Desde esa perspectiva, lo que ocurre hoy se interpreta como una desviación temporal y anómala, algo trágico y problemático pero que eventualmente se corregirá, restaurando el funcionamiento adecuado del Estado, el mercado y las instituciones.
Sin embargo, esta visión parece subestimar el alcance de los cambios actuales. En lugar de ver los problemas contemporáneos como simples anomalías, es posible que estemos frente a una transformación profunda que anuncia una nueva configuración política. Esto plantea una crítica a la creencia de que el Estado -con todos sus atributos tradicionales, como la soberanía y la división clara entre lo público y lo privado- es una constante inalterable. Durante las últimas décadas, se ha dado por sentado que el Estado sigue siendo el mismo en esencia, y que su rol soberano y su autoridad son incuestionables.
El texto invita a repensar esa suposición. La actual naturaleza no es un desvío corregible, sino síntoma de una redefinición más amplia del sistema de dominación tradicional. El cambio en la relación entre el poder público y los ciudadanos, así como la difuminación de los límites entre las esferas pública y privada, podrían estar señalando un cambio estructural en el concepto mismo de Estado en México. Esto implica que las características del sistema de dominación ya no pueden asumirse como permanentes o universales, y que se requiere una nueva comprensión de lo que significa el poder y la autoridad en el contexto actual. El denominado neoliberalismo y populismo refrendan rasgos de un nuevo nacionalismo y consolidan un tipo de dominación. Durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), México alcanzó el punto más alto en el desarrollo y expansión de empresas paraestatales, con 1 150 entidades bajo propiedad del Estado. Estas empresas desempeñaron un papel central en la economía mexicana, abarcando sectores estratégicos como el petróleo, la petroquímica, la electricidad, las telecomunicaciones, los ferrocarriles y el transporte aéreo (Guillén, 1996).
Este amplio alcance evidenció un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento del papel del Estado como promotor y regulador de la economía, característico de la época de auge del desarrollo estabilizador y de políticas nacionalistas que buscaban reducir la dependencia del sector privado extranjero. Sin embargo, este modelo también generó críticas, particularmente por el aumento de la burocracia, la corrupción y el endeudamiento público, que finalmente derivaron en la crisis económica de 1982 y el inicio de un proceso de privatización en los años posteriores. En el año 2024, el Estado mexicano cuenta con 299 Entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado (Gobierno de México, 2024). En efecto, la discusión planteada relativiza las fronteras tradicionales de la soberanía estatal, redefiniendo los límites entre lo público y lo privado, así como entre lo político y lo económico. Esta reconfiguración también afecta las nociones de lo legal e ilegal, mostrando que estas categorías no son estáticas, sino que se ajustan a las dinámicas históricas y contextuales que alimentan la formación continua del Estado.
En este sentido, el Estado deja de ser entendido como una entidad monolítica con soberanía absoluta y clara división de esferas. Por el contrario, emerge como un espacio híbrido, donde las intersecciones entre lo público y privado difuminan responsabilidades y generan nuevas tensiones. Esto es especialmente visible en la relación entre el Estado y los mercados, donde los intereses económicos a menudo moldean las decisiones políticas, incluso traspasando los límites de la legalidad o recurriendo a formas informales de poder (Jouvenel, 2021).
Esta relativización también refleja la coexistencia de dinámicas globales, como el neoliberalismo, con prácticas locales arraigadas, lo que subraya la complejidad del Estado contemporáneo. En lugar de operar dentro de marcos normativos fijos, el Estado se reconfigura constantemente, adaptándose a las presiones externas e internas, al tiempo que reproduce imaginarios y prácticas históricas que siguen influyendo en su funcionamiento (Kornai, 1972; Hibou, 2013; Hibou et Tozy, 2020).
Conclusiones
Para Max Weber, la sociología de la historia se plantea como el estudio de las acciones racionales y los valores que han influido en los grandes procesos históricos, con un enfoque en la legitimidad y las estructuras de autoridad. Para Michel Foucault se enfoca en cómo el poder y el conocimiento han moldeado los comportamientos y las identidades a lo largo del tiempo, analizando la historia de manera crítica a través de la genealogía y el estudio de las prácticas e instituciones.
El Estado es una creación social, en el que se originan entidades, estructuras y sujetos que van adquiriendo rasgos diferenciables, propios a esas realidades. Como todo proceso social, el Estado no puede entenderse de manera abstracta, sin comprender los rasgos culturales que explican los fenómenos emergentes y que se pueden encontrar como factores intervinientes o determinantes de su propia constitución.
El origen del Estado se presenta cuando la nación, el territorio, el pueblo y la política se amalgaman, en un tipo de dominación que se legitima en la conducción de las conductas de los sujetos de manera cotidiana. El denominado biopoder o la biopolítica propios de los Estados modernos, son fundamentales para, quizá sin legitimar al Estado, sí reproducir al poder y la dominación.
La sociología histórica del Estado nacional mexicano implica analizar cómo ha evolucionado la formación y consolidación del tipo de dominación y cómo esta se ejerce a través de un conjunto de dispositivos de poder, considerando los procesos históricos, las relaciones de poder y las estructuras sociales que han influido en la configuración del país. Para ello, podemos integrar enfoques de diversos pensadores como Max Weber, Michel Foucault, y otros estudiosos de la sociología histórica, a la vez que se consideren las particularidades de la historia mexicana.
El Estado mexicano tiene sus orígenes en la colonización española del siglo XVI, cuando el Imperio español impuso una estructura de poder que combinaba el control político, económico y religioso. Durante la colonización, el poder se centraba en una monarquía absoluta que delegaba funciones en autoridades locales (virreyes y encomenderos). Las relaciones de poder estaban basadas en el dominio sobre los pueblos indígenas, y el control social se ejercía a través de instituciones como la Iglesia y el sistema de encomienda. Desde una perspectiva de sociología histórica, este período establece las bases de un poder estatal basado en coacción y jerarquía, con la imposición de un sistema de clases que perduraría incluso tras la independencia. El Estado colonial tenía una estructura político-administrativa de carácter autoritario, controlando tanto el territorio como las relaciones sociales.
La independencia de México en 1821 marcó el comienzo de un proceso de construcción del Estado nacional, pero también de incertidumbre política. Después de la independencia, se vivió una época de inestabilidad, con luchas internas entre corrientes ideológicas centralistas y federalistas, lo que refleja una crisis de legitimidad en el poder del nuevo Estado. Este proceso constituyente estuvo marcado por la violencia, las guerras civiles y la fragmentación política. Aquí se empieza a estructurar una idea de soberanía y de un Estado moderno, aunque de manera aún precaria.
Desde una perspectiva weberiana, el Estado mexicano en esta etapa está intentando formar una legitimidad. Que no sólo se base en la violencia física, sino también en el consenso sobre la legalidad y la autoridad. En este periodo, las luchas por el poder también estaban relacionadas con la creación de un nuevo modelo de organización política en México.
El Porfiriato (1876-1911) es una etapa clave para la consolidación del Estado mexicano moderno. Durante este período, Porfirio Díaz instauró un régimen autoritario y centralizado que logró estabilizar el país después de décadas de caos político. Bajo el Porfiriato, el Estado se fortaleció con una administración eficiente, que modernizó el país en términos de infraestructura, comercio y economía, aunque a costa de la represión de los sectores populares y de una estratificación social.
A través del uso de la burocracia, el ejército y las policías como instrumentos de control social, el Estado porfirista también fomentó un orden social basado en la disciplina y la coacción. En términos de sociología histórica, este fue un momento de consolidación del poder, pero también de control más sofisticado de las clases subalternas, que se mantenían a través de una combinación de dominación autoritaria y racional-legal.
La Revolución Mexicana (1910-1920) fue el gran parteaguas en la historia del Estado mexicano. Este movimiento social y político buscaba no sólo la transformación del régimen político, sino también la redistribución del poder y la reorganización de la estructura social. Tras la Revolución, se intentó reconocer derechos sociales y laborales, y se estableció un principio de justicia social, aunque no exenta de tensiones políticas.
La Revolución Mexicana también marcó el inicio de la construcción de un Estado que intentaba legitimarse a través de la justicia social y el bienestar común, aunque los actores políticos del momento, como Lázaro Cárdenas y otros líderes revolucionarios, tuvieron que enfrentar la dificultad de lograr un consenso sobre qué significaba ese bienestar y cómo organizarlo. Desde uan perspectiva foucaultiana, este intento puede entenderse como biopoder, se empieza a consolidar un control estatal más inclusivo, basado en políticas de bienestar y reformas sociales que, aunque limitadas, buscaban normalizar las relaciones entre el Estado y las clases subalternas.
Durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el eje central del poder en México. El Estado mexicano se consolidó como un Estado de bienestar, pero también como un Estado corporativo que controlaba los sindicatos, las clases populares y los sectores clave de la economía. Se instauraron políticas de industrialización, nacionalización de recursos y reforma agraria que trataban de equilibrar las desigualdades sociales generadas durante el Porfiriato.
A nivel estructural, el Estado mexicano post-revolucionario implementó un modelo administrativo-burocrático, con clave weberiana cercano al tipo de dominación tradicional y carismático, que controlaba no solo la economía, sino también las relaciones sociales mediante instituciones educativas, políticas de salud pública, cultura y seguridad social. Este modelo se puede entender desde un enfoque foucaultiano, donde el Estado no solo administra la economía, sino que también regula la vida de los ciudadanos mediante políticas que actúan sobre el cuerpo social.
Desde la década de 1980, con el ascenso de políticas neoliberales, el Estado mexicano experimentó una transformación importante, marcando el paso de un Estado de bienestar a un Estado neoliberal. En esta fase, se comenzó a reducir la intervención del Estado en la economía, se privatizaron empresas estatales y se promovió el libre mercado. El enfoque del poder cambió hacia un modelo más orientado a la competencia, y el Estado adoptó un rol más regulador que proveedor directo de bienestar social. Desde la sociología histórica, esta transición refleja un cambio en la lógica de dominación y sus dispositivos de poder, donde el mercado pasa a ser el regulador principal de las relaciones sociales, mientras que el Estado se limita a promover el orden y la estabilidad económica a través de reformas estructurales.
Una sociología histórica del Estado nacional mexicano debe considerar cómo el poder ha sido ejercido y legitimado a través de diversas formas de dominación a lo largo de la historia, desde la colonia hasta la modernidad neoliberal. Este enfoque debe integrar los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que han moldeado la relación entre el Estado y los individuos en México, destacando cómo las instituciones y las formas de poder se transforman en respuesta a los cambios históricos y las luchas sociales.
El presente texto sugiere avanzar en la reflexión sobre los tipos de dominación analizados por Max Weber y el análisis del poder propuesto por Michel Foucault y continuar adaptándolos al contexto mexicano y reinterpretarlos desde la sociología comprensiva. Este enfoque combina el análisis histórico con la construcción de tipos ideales como herramientas heurísticas para comprender las estructuras de poder y sus prácticas en el tiempo.
La originalidad del trabajo reside, por tanto, en su capacidad para identificar cómo los vestigios del pasado se reconfiguran en el presente y siguen siendo funcionales para estudiar el ejercicio del poder en el México contemporáneo, especialmente bajo las dinámicas globales del neoliberalismo.
Futuras líneas de investigación
Es necesario estudiar de manera empírica los atributos estructurales del Estado mexicano en un determinado momento histórico, ya que sus propiedades no son siempre homogéneas, en ocasiones solo extraen o regulan los recursos, forman ciudadanos o clientelas políticas, así como los tipos de dominación o regímen histórico que los orientan.
El texto propone tres elementos clave como referentes empíricos que pueden guiar investigaciones sobre la formación continua del Estado mexicano, especialmente en el contexto de un posible cambio de régimen político: representación, responsabilidad y violencia. A continuación, se desarrolla cada uno de estos aspectos y su relevancia en el análisis:
representación: formalmente vinculada a procesos electorales, incluye también mecanismos informales como la cooptación, lo que refleja una tensión entre las prácticas democráticas y las dinámicas patrimonialistas. En el caso mexicano, el poder de las elecciones radica en que los resultados obligan al gobernante a respetar la voluntad popular. Sin embargo, esta estructura se ve contrarrestada por dinámicas como la distribución de cuotas, la representación territorial en el Senado y los nombramientos en instancias consultivas mediante cooptación. Esto evidencia cómo el ideal democrático coexiste con prácticas que responden a un modelo neoliberal, donde los mecanismos de participación se subordinan a intereses particulares o de grupos,
responsabilidad: se configura como un principio central en la relación entre gobernantes y gobernados. Aunque los secretarios de estado son responsables ante el gobernante como ante el pueblo, esta responsabilidad se ve matizada por la persistencia de prácticas autoritarias de corte tradicional que dificultan la transformación de los imaginarios y las dinámicas políticas tradicionales. Esto refleja una paradoja: mientras las instituciones se modernizan en apariencia, los comportamientos de los actores políticos permanecen arraigados en prácticas tradicionales que buscan mantener el statu quo, y
violencia: entendida no solo como coerción física, sino también simbólica e institucional, sigue siendo un componente estructural en la formación del Estado mexicano. Es un medio por el cual el Estado reafirma su autoridad y enfrenta los desafíos de legitimidad en un contexto de transición. La persistencia de imaginarios y prácticas patrimonialistas genera un ambiente en el que la violencia se presenta discursivamente para garantizar el orden y la estabilidad en medio de las contradicciones del cambio de régimen.
Estos tres referentes empíricos permiten comprender la complejidad del Estado mexicano como una entidad en constante transformación, marcada por la coexistencia de elementos de modernidad y tradición. Aunque las estructuras formales apuntan hacia la democratización y la responsabilidad, las dinámicas reales muestran cómo los actores políticos y administrativos permanecen anclados a imaginarios imperiales que reproducen condiciones de una estabilidad política y un entorno de incertidumbre.
Finalmente, la sociología histórica puede producir tres tipos de contribuciones empíricas: la derivación de hipótesis, la integración de los hallazgos de la investigación y la explicación de los resultados. Junto con estas contribuciones, las teorías generales ayudan a los analistas a evitar los problemas que surgen cuando una teoría no especifica las razones últimas por las que existe una determinada asociación o resultado. Siguiendo a James Mahoney (2014) las teorías generales superan estos problemas atribuyendo la causalidad final a un mecanismo abstracto que carece de contenido temporal y espacial específico.
Este análisis también invita a cuestionar hasta qué punto las reformas políticas y narrativas de gobernabilidad neoliberal y populista, han logrado transformar realmente las bases del ejercicio del poder en México.
