Introducción. La convergencia del estallido social y la pandemia

Las siguientes reflexiones abordan cómo la pandemia de Covid-19 fue un factor determinante para el fracaso del proceso constituyente chileno iniciado a partir del estallido social de octubre de 2019. En efecto, desde esa fecha hasta marzo de 2020, cuando llega la pandemia a Chile, se produjo el más importante escenario para la superación del neoliberalismo por medio de la creación de una nueva constitución. En cinco meses, la intensa movilización social forzó un itinerario institucional y un nuevo estado de conciencia política, proclive a una profunda transformación democrática.

Además, la represión de las manifestaciones produjo graves violaciones a los derechos humanos en más de 3,700 víctimas de diversa consideración, que van desde golpizas, violencia sexual, tortura, etcétera. Entre estas violaciones destacan más de 220 personas heridas en sus ojos por balines, además de al menos 7 personas asesinadas reconocidas oficialmente (^{Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile [INDH], 2023}).¹

Ante el peligro de la caída del gobierno de Sebastián Piñera, convencido neoliberal, las distintas fuerzas políticas acordaron un proceso de creación de una nueva constitución. Dicho proceso se inició con el Plebiscito de Entrada,² llevado a cabo el 25 de octubre de 2020. Allí el 79 % del electorado aprobó cambiar la Constitución de 1980 mediante una Convención Constituyente paritaria en términos de género y con representación indígena. El segundo paso fue la elección de los constituyentes, en mayo de 2021, que redactaron la propuesta constitucional. Los resultados de esta última elección fueron sorprendentes: la derecha -defensora de la Constitución de 1980- obtuvo un 23.9 %, muy por debajo del tercio que le permitiría bloquear el desmantelamiento del neoliberalismo. La izquierda orgánica (el Partido Comunista más el Frente Amplio) logró un 18 %, la Lista del Pueblo (organizaciones populares de izquierda) alcanzó un 17.4 %, el centro político (democratacristianos, socialdemócratas y social-liberales) un 16.1 % y los independientes 13.6 % (^{Servicio electoral de Chile [SERVEL], 2020}).

La Convención Constituyente comenzó su trabajo en julio de 2021. Sin embargo, en el Plebiscito de Salida (efectuado en septiembre de 2022), destinado a validar la nueva constitución, ésta fue rechazada por un 61.89 % versus un 38.11 % que la aprobó. Ello produjo un problema evidente entre la contundente votación para sustituir la constitución de 1980, deslegitimizándola en el plebiscito de entrada, y el rechazo de la posterior propuesta en el plebiscito de salida. El acuerdo previo era que, de rechazarse la propuesta, seguirá vigente la Constitución de 1980. Paralelamente hubo elecciones presidenciales a fines de 2021, donde ganó Gabriel Boric, un socialdemócrata.

Ante este cuadro, las élites decidieron iniciar un nuevo proceso convocando elecciones para un Consejo Constituyente el 7 de mayo de 2023, más restrictivo en términos de representación,³ que debería elaborar una segunda propuesta. En estas elecciones, al contrario de los resultados anteriores, la extrema derecha y la de- recha obtuvieron un aplastante 57 %, el centro político 8.95 % y la izquierda 28.59 %. Esta segunda propuesta, sumamente conservadora, también fue rechazada en un plebiscito el 17 de diciembre de 2023 por 55.76 % contra un 44.24 % (^{Servicio electoral de Chile [SERVEL], 2023b}). Luego de esto, las elites dieron por cerrada la discusión de transformación constitucional manteniéndose vigente la constitución de 1980 hasta hoy, a pesar de su ilegitimidad.

Muchos de los hitos de este proceso debieron postergarse o llevarse a cabo bajo fuertes olas de contagios, estados de excepción constitucional y sobre todo bajo una crisis sanitaria, económica y política que postergó a un plano secundario el proceso de transformación social.

El neoliberalismo y el malestar como contexto

Habitualmente los análisis sobre el neoliberalismo se refieren a formulaciones teóricas o a sus avances en países que tienen estados de bienestar consolidados o en desarrollo. Es decir, el neoliberalismo es analizado como una fuerza emergente en sociedades que aún tienen amplias capacidades de defensa y respuesta.

El caso del sistema neoliberal chileno es diferente. En efecto, es el más antiguo y “puro” del mundo, ya que fue impuesto mediante una dictadura militar sin ningún contrapeso a partir del golpe de estado de 1973.⁴ Aún más, el modelo neoliberal fue establecido constitucionalmente en 1980, lo que permitió crear nuevos mercados a partir del desmantelamiento de los servicios públicos y la transformación de los derechos sociales en bienes de consumo. Dicha Constitución instaló enclaves dictatoriales destinados a que, si una fuerza no neoliberal llegaba al poder, tuviera que gobernar de modo neoliberal (^{Atria, 2013}). Y así ocurrió. A partir del fin de la dictadura en 1989 y durante los 30 años siguientes, cinco gobiernos de centroizquierda y dos de derecha gobernaron de este modo.

Si antes el Estado regulaba el mercado, ahora es a la inversa. El neoliberalismo sustituyó un principio democrático externo que controlaba a la economía, por un principio interno regulador que es el mercado. Éste se convirtió en la base de organización del Estado y la sociedad, un tribunal económico permanente que somete al Estado y los individuos. El neoliberalismo obliga a los individuos a dar una forma empresarial a sus vidas, ya que la seguridad humana en sus distintas vertientes (sanitaria, alimentaria, ante la vejez, etcétera) como bien público fue desmantelada. Los individuos ahora deben gestionar asuntos que antes asumían los aparatos especializados del Estado y deben responsabilizarse de los resultados de dicha gestión.

^{Richard Sennett (2006)}, partiendo de la experiencia estadounidense, nos recordó la profunda angustia de quienes deben adaptar sus vidas a mercados laborales que desmantelan el arraigo haciendo imposibles los vínculos afectivos, familiares y más ampliamente el sentido de la común pertenencia. Esta angustia también provenía de una cierta desorientación de los individuos respecto de una sociedad que no pueden interpretar. Esto hace que padezcan los problemas sistémicos como si fueran problemas de capacidad personal. Para ^{Sennett (2006, p. 103)} esto no era solo un problema subjetivo de los trabajadores precarios sometidos a sueldos y estatus más bajos, sino del conjunto de la sociedad incluyendo, por cierto, a los trabajadores intelectuales.

En el planteamiento neoliberal clásico, el problema del riesgo pasó desde la responsabilidad colectiva y pública a los individuos, lo que supuestamente fortalecería unos valores que liberan a la sociedad del costo de atender a todos los individuos en tanto ciudadanos. La presión jurídicoestatal, propia de los Estados sociales y democráticos de derecho, fue desplazada por la autonomía moral-económica de individuos compitiendo en el mercado. En el caso de la salud, por ejemplo, la enfermedad fundamentaba el derecho al tratamiento, lo cual es sustituido por la idea de que la salud es parte de la responsabilidad individual ¿Cómo podría enfrentarse una pandemia con este argumento?

A diferencia de la posterior construcción neoliberal de Thatcher y Reagan, en Chile no fue necesaria la construcción de un nuevo sentido común o hegemonía que requiriera del consentimiento. Al neoliberalismo chileno solo le bastó la fuerza de la dictadura para desarrollar su experimento.

Ello posibilitó una implementación total del neoliberalismo como sistema de vida. Primero esto se tradujo en sucesivas olas de desfinanciamiento y privatizaciones de los servicios públicos. La salud, las pensiones, todo el sistema educativo, las comunicaciones, el transporte, las empresas productivas del Estado pasaron por este proceso y fueron sustituidos por una nueva institucionalidad privada.

En segundo término, estas privatizaciones paradigmáticas, luego consideradas exportables a otros países, crearon nuevos mercados a partir de la transformación de los derechos sociales en bienes de consumo. En consecuencia, los ciudadanos se transformaron en clientes en los distintos aspectos de su vida. El sector financiero fue el más beneficiado, ya que recibió un flujo constante de recursos desde la sociedad, como en el caso de las pensiones, para capitalizar a otros sectores económicos constituyendo un sistema de acumulación por desposesión que financió el proceso de modernización neoliberal (^{Harvey 2007, p. 166}).

La Constitución de 1980 logró garantizar la continuidad del modelo más allá del propio dictador. Muchas de las fuerzas opositoras a la dictadura, que gobernó entre 1973 y 1990, se adaptaron progresivamente al sistema. El modelo perduró gracias al consenso neoliberal de la élite, que tejió intensas redes de influencia con el gran empresariado, los medios de comunicación, etcétera (^{Fazio, 1996}). La resistencia al modelo no alcanzaba a concitar apoyos mayoritarios ni llegar al parlamento. También, tempranamente, la sociología chilena detectó el malestar debido a la creciente desigualdad (^{Moulian, 1997}).

Aun así, en los últimos treinta años Chile mejoró significativamente sus cifras macroeconómicas y mantuvo una notable estabilidad política, pero subterráneamente creció una profunda desigualdad social que provocó el estallido social de 2019 y puso en jaque al sistema. Las causas fundamentales del estallido social radican en que los individuos lentamente empezaron a experimentar la falsedad de las promesas del sistema en diversos ámbitos. Varias generaciones de jóvenes que estudiaron con créditos de la banca privada vieron lo que significaba cargar con unas deudas que imposibilitaban cualquier proyecto vital, al tiempo que viven con empleos precarios y mal pagados.

También se acumularon varias generaciones de jubilados a los cuales el sistema privado da pensiones miseras.⁵ Muchos sectores medios, que duramente habían logrado la movilidad social, se veían de la noche a la mañana devueltos a la pobreza en su vejez. Peor era la situación de amplios sectores populares que sobreviven con exiguos subsidios estatales al margen de las aseguradoras privadas. En el caso de la salud, la destrucción de la sanidad pública dejó en la inseguridad a gran parte de quienes no podían pagar un seguro privado. La enfermedad adoptó la forma de la radical fatalidad. A ello podríamos agregar un largo y agobiante etcétera, pero lo importante es que los chilenos vivenciaron progresivamente la falacia de las promesas neoliberales. Al mismo tiempo el sistema empezó a mostrar signos de fatiga al no poder adaptarse al intenso malestar que se estaba acumulando.

Es en este contexto donde la categoría del sufrimiento adoptó una profunda dimensión política con graves efectos existenciales. El neoliberalismo chileno se planteó desde sus inicios como un experimento radical. Luego de 45 años de este modelo podemos ver sus consecuencias en todos los planos de la vida de los chilenos y, por ello, podemos aprender lo que implica vivir de modo neoliberal. Cuando Margaret Thatcher indicó que “la sociedad no existe” quería refutar la existencia de un vínculo social no mediado por las relaciones del mercado, lo cual se hizo realidad en el caso chileno a través de la privatización de todas las esferas de la vida.

La subjetividad neoliberal, creada por el modelo durante más de cuatro décadas, confiaba en el poder de una individuación desbordada.

En todos los campos existió la narrativa predominante de que la individuación plenamente desarrollada bastaba para construirse una vida plena. El esfuerzo personal, el estudio y el trabajo duro, el consumo como una actividad meramente individual, la autopercepción de sí mismo como el producto de las propias decisiones y acciones -desmarcado de un contexto familiar y social- produjeron una imagen extática del individuo. Los mecanismos de oferta y demanda y la competencia se consolidaron como un modelo para las relaciones sociales. Por otro lado, se desarrolló una política vital para restaurar los valores morales y culturales que fomentan la actividad económica privada.

Por ello, la individuación en su formato neoliberal se desbordó convirtiéndose en una sobreindividuación, en que los supuestos recursos personales son permanentemente sobrevalorados, en desmedro de cualquier forma de vínculo social y sobre todo político. El reverso de esto es que los fracasos de la sobreindividuación son leídos como faltas propias, como culpa. Algo que hay que ocultar porque avergüenza. De este modo, la sobreindividuación implica sostener todo el peso del fracaso, desconociendo las relaciones de contexto más allá del propio individuo.

Como hemos indicado, la narrativa neoliberal supone asumir las desfavorables condiciones sistémicas como problemas personales. Las cifras de suicidios, los indicadores de desconfianza interpersonal y hacia las instituciones, la depresión como padecimiento generalizado y la sensación continua de incertidumbre ya sea ante la vejez, la enfermedad o el desamparo es la expresión de un individualismo sistémico que sitúa a las personas en un constante estar a la deriva. En efecto, la constatación de los límites de la sobreindividuación tuvo un rol fundamental en el entramado de las crisis desarrolladas por la convergencia del estallido social y la pandemia.

Las tres crisis: política, económica y de salud

Esta crisis política iniciada en octubre de 2019, devenida luego en crisis existencial, tuvo a la pandemia como factor determinante. En efecto, durante marzo de 2020 se inició la pandemia en Chile, la que fue enfrentada por el gobierno de Sebastián Piñera y la élite dentro de sus marcos ideológicos. Estos sesgos cognitivos provocaron que su gobierno enfrentara la crisis desde el desconcierto y la improvisación, ya que no contaba con los recursos conceptuales y estratégicos para responder mínimamente a la pandemia.

El sistema neoliberal redujo el Estado llegando al extremo de privarle de las capacidades básicas para enfrentar las emergencias del país. La base del sistema es el rol subsidiario del Estado, lo cual significa que el Estado debe retirarse de todo espacio social que el mercado puede abarcar. Este principio consagrado en la Constitución de 1980 supuso -en el largo plazo- crear una debilidad estructural en el Estado y una cultura de la desidia e improvisación gubernamental. Ello por- que la planificación pública fue caricaturizada desde un principio como un sinónimo de la economía centralmente planificada. Esta mentalidad reduccionista, tan propia de la Guerra Fría, resulta inadecuada para las realidades del siglo XXI. Como indica Castells, la sanidad y los servicios públicos conforman nuestra infraestructura de vida (^{Castells, 2020}).

La constatación colectiva de esta incapacidad fue fuente inagotable de crispación y mayor división entre la sociedad y la élite durante 2020 y 2021. La falta de ayudas llevó a unas forzadas leyes que permitían a los trabajadores retirar hasta el 30% de sus fondos de pensiones. Estos fondos son individuales y administrados por grandes aseguradoras privadas, lo que significa que los propios trabajadores financiaron su subsistencia a costa de sus futuras pensiones, lo cual resulta más gravoso para las mujeres que reciben pensiones en promedio 39 % más bajas que los hombres (^{Superintendencia de Pensiones, 2021}).

El estallido social mostró que la realidad social y personal vivida en las últimas décadas incluye falsedades fundamentales, radicadas en las promesas meritocráticas neoliberales. El costo de esta nueva percepción de la realidad del país fue aceptar el dolor de verse tal como es y no en los reflejos fantasmagóricos de la subjetividad neoliberal. Esto subsume y trasciende los tradicionales ejes izquierda-derecha para reformularse como una fractura entre la élite y la sociedad y el precario atisbo de una autoconciencia de un nuevo pueblo (^{Ruiz, 2020}).

El privilegio y el abuso son extremos insoportables de la desigualdad que fueron problematizados en todos los ámbitos y la pandemia radicalizó esta tensión durante la cuarentena. Durante 2020, el año más difícil de la pandemia, cada chileno tuvo que enfrentarse a la pregunta sobre su lugar dentro de esa tensión. La respuesta emergió por sí sola en medio de las condiciones impuestas por la enfermedad para una parte significativa de la población. Si bien el neoliberalismo propició que los individuos fueran incapaces de ver su propia posición en una cartografía social porque habían perdido su noción de clase, ahora el privilegio o su falta se convirtió en el punto de orientación social.

Como indica ^{Araujo (2020)} la desigualdad está inscrita como marca social en los cuerpos de los chilenos, en sus modos de habla, sus formas de vestir, los apellidos que denotan el origen social y las formas de trato que reciben de las instituciones. Por ello, la desigualdad está profundamente internalizada y no se puede huir ni siquiera a través de la promesa meritocrática. Estas formas de desigualdad conducen a la experiencia del abuso, la irritación y una expectativa agotadora y continua de enfrentamiento en la interacción social. Ello conduce, a la larga, a un arraigado desencanto y desapego del orden normativo y valórico.

Lentamente esta incongruencia se evidenció ante el país. La pandemia intensificó la inestabilidad, demostrando el lado perverso de esa promesa. Así, la libertad neoliberal se redujo durante el confinamiento a la posibilidad de comprar por internet, sin salir de casa.

Los primeros que vivieron este desvelamiento de su propio lugar social fueron los ancianos. El 15 de mayo de 2020 el gobierno decretó una cuarentena nacional para los mayores de 75 años que afectó a un millón de ancianos, de los cuales 180 mil vivían solos (^{Servicio Nacional del Adulto Mayor [SEMANA], 2020}). Los militares y carabineros aplicaron el toque de queda y el confinamiento amenazadoramente, tarea que ya venían cumpliendo en los meses previos para controlar el estallido social. El espacio público resultaba peligroso por la posibilidad de contagiarse y además por el violento control social.

El confinamiento de los ancianos no encontró ningún cuestionamiento, ni en la oposición ni otros sectores. En Chile, la vejez es ruda porque es sinónimo de pobreza debido a las bajas pensiones. Por ello nadie se extraña en Chile de ver a un anciano trabajando en los centros de comida rápida, en los supermercados, vendiendo de modo informal o pidiendo dinero en las calles. En consecuencia, este confinamiento tuvo un doble impacto. Privó a los ancianos de su sustento económico al separarlos de sus fuentes laborales y además rompió su red de relaciones convirtiendo el confinamiento en soledad. Los ancianos desde la óptica neoliberal son trabajadores no funcionales y por ello se encuentran fuera de la órbita de interés del sistema, expresándose como el grupo con la más alta tasa de suicidios en Chile (^{Departamento de Estadísticas e Información de Salud [DEIS], 2021}).

Esta realidad se convirtió en parte de una nueva normalidad. El sistema se reveló incapaz de proporcionar cohesión social al país y un sentido de comunidad. La pandemia mostró al neoliberalismo maduro como un sistema impermeable al sufrimiento social. En efecto, desde sus orígenes planteó la extensión de la economía a ámbitos extraeconómicos, como se ha indicado a propósito de la formulación del Estado subsidiario. Pero va mucho más allá de eso, ya que la extensión de la mirada económica se convierte, de hecho, en una nueva forma de antropología política. Como indicó ^{Lemke (2019)}, la relectura de lo social como una forma de lo económico permite aplicar cálculos de costo-beneficio y criterios d e mercado a los procesos de toma de decisiones en el mundo familiar, profesional, etcétera La biopolítica neoliberal modela profundamente la subjetividad, al punto que los individuos se ven a sí mismos como competidores que salen a luchar al mundo premunidos de los recursos derivados de su historia, educación, red de relaciones, etcétera.

El sujeto neoliberal siempre está haciendo balances de las relaciones de poder y cómo ello le permite participar de la competencia de manera estratégica. Por tanto, cualquier elemento de la subjetividad de un individuo forma parte de su capital humano destinado a ser un instrumento en el conflictivo mundo de la competencia. Ello, a la larga, destruye las posibilidades del reconocimiento mutuo y naturaliza la desigualdad. En medio de esa desigualdad, que se torna ontológica, es imposible ver el sufrimiento ajeno como algo propio. El otro no solo es diferente, sino que además su padecimiento es entendido como consecuencia de sus propias acciones. De este modo, el neoliberalismo destruye los canales por los cuales se moviliza la empatía. Ello fundamenta la proverbial desconfianza intersubjetiva y hacia las instituciones que caracteriza a los chilenos, lo cual es resultado lógico de la competencia como sistema de vida (^{Aravena y Baeza, 2015}).

Si la confianza aproxima, relaciona, implica conocimiento y produce variados tipos de afectos que nos permiten valorar el carácter de las personas, como diría ^{Sennett (2006)}, la desconfianza -en cambio- aleja, fragmenta, objetiviza a los otros diluyendo la posibilidad de encuentro en lo común. El aislamiento y la despolitización son un resultado previsible al que se agrega la pérdida de visión del lugar que cada cual ocupa en la sociedad, debido a la invisibilización del entramado de relaciones políticas.

Además, la competencia lleva implícita una pulsión de agresión que la sustenta y le proporciona la energía para desplegarse y crea nuevas jerarquías sociales que transforman a los ganadores en vencedores, cuestión que desertifica la vida social. En variados estudios los chilenos expresan un malestar y hartazgo con las condiciones de vida y las exigencias de un modelo que les priva del tiempo libre, la convivencia familiar y de las interacciones que hacen de la vida algo deseable y digno de ser vivido (^{Araujo, 2020}).

En términos puramente teóricos, los neoliberales suelen afirmar que el tiempo libre y el tiempo de trabajo no se oponen, ya que la gestión del trabajo debe ser libre (^{Bröckling, 2015, p. 34}). Ello porque la libertad debe usarse con criterio económico, haciendo que la autodeterminación pase a ser un factor de la producción, no un impedimento. El trabajo se transforma en un componente de la realización personal, por lo que las empresas ya no necesitan restringir la libertad individual como se hacía en tiempos del primitivo fordismo y taylorismo. En términos ideales, la flexibilidad laboral articula los aspectos económicos, psicológicos y sociales. Cambian entonces las técnicas de regulación por las de autorregulación que organizan una nueva ética del trabajo.

Pero, este planteamiento ideal resulta falaz, ya que el tiempo de trabajo se alarga invadiendo el tiempo libre y los espacios íntimos. De este modo la vida personal es un espacio de flujo por donde transitan variadas demandas laborales y de competencia.

Si el estallido social de octubre de 2019 fue el primer golpe de desvelamiento, la pandemia extremó esto en 2020 y 2021. El confinamiento, el hambre y la soledad mostraron la importancia del vínculo social. El virus, como un cruel maestro, volvió a enseñar lo básico de la vida; que “donde comen tres, comen cuatro”, que la empatía y la cooperación resultan más eficientes en tiempos de crisis, que el contagio nos relaciona en un conjunto de vínculos que debemos cuidar, que la protección mutua supera al autocuidado individual. En definitiva, la pandemia mostró, contrariamente a la afirmación de Thatcher, que la sociedad sí existe y que no es un mero apéndice de la economía.

El privilegio, causa y efecto de la desigualdad -que antes era criticable-, durante la pandemia resultó inaceptable, porque se volvió una cuestión de vida o muerte. Esto se evidenció en las cifras de contagios y en los indicadores de la infraestructura sanitaria disponible por estrato socioeconómico, así como la asociación de la letalidad a la pobreza. La evidencia muestra como la estratificación social creada por el neoliberalismo chileno distribuyó de modo muy desigual las posibilidades de morir durante la pandemia (^{Mena et al., 2021}).

En consecuencia, la deslegitimación del sistema encontró en la pandemia su prueba final, ya que en todos los ámbitos que debió producir seguridades y confianzas falló. Su ética del trabajo se mostró unilateral y engañosa al desproteger a los trabajadores exponiéndolos al contagio y privándolos del sustento. Se evidenció que las fuentes de seguridad posibles estaban privatizadas, al igual que los derechos sociales y, por ende, gran parte del país recurrió a sus redes familiares y sus escasos fondos previsionales desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Durante el confinamiento los individuos experimentaron lo que significa estar obligatoriamente situados, aunque conflictivamente. El estallido social de 2019 produjo un intenso deseo de vínculo social, al que luego la pandemia le agregó un deseo de protección ante la vulnerabilidad y la incertidumbre. La obligatoria distancia social corrió paralelamente al deseo de proximidad política.

La convergencia del estallido social, el proceso constituyente y la pandemia propició la búsqueda de un nuevo significado para un nosotros colectivamente desarrollado. Ello eventualmente pudo haber facilitado la superación de la noción hegemónica del consumidor como la principal forma de agencia social desarrollada por el neoliberalismo maduro. El deseo de vínculo social, una necesidad inevitable durante la pandemia se volvió político y emocional.

La pandemia fue un hecho social total que radicalizó los aspectos más indeseables de la sobreindividuación propia del neoliberalismo maduro. Resulta paradójico que la modernización neoliberal se presentará como la creadora de nuevas seguridades basadas en el predominio del mercado, pero que su resultado final fuera la experiencia de la contingencia como desamparo. Si la seguridad ontológica es la estabilidad en las rutinas que permiten la confianza en la continuidad de la propia identidad y su entorno social (^{Giddens 1994}), resulta incongruente en el caso chileno que las rutinas del neoliberalismo fueran justamente lo contrario de la certidumbre.

Las rutinas existenciales de las vidas neoliberales mostraron su agotamiento con el estallido social, pero con la llegada de la pandemia tales rutinas evidenciaron que la contingencia puede transformarse en fatalidad. Ello supuso la extensión de una profunda conciencia de vulnerabilidad que cuestiona la idea de una modernidad neoliberal capaz de producir integración social. Esto porque resulta inviable si consideramos que una de las ideas matrices de la modernidad es la promesa de superar la contingencia entendida como destino y fatalidad (^{Heller, 1989}) en pos de la toma de control de la propia existencia. Dicho de otro modo, ser moderno implica tomar las condiciones del destino y la fatalidad y transformarlas en objeto de deliberación y cambio político.

El experimento neoliberal chileno fue incapaz de construir seguridades y de superar la prueba de la larga duración. La llegada de la pandemia radicalizó la experiencia personal de los límites de este modelo de vida. Si la promesa de libertad se había reducido a la mera experiencia del consumidor, con la pandemia, la libertad solo subsistió como idea. Parafraseando a ^{Horkheimer y Adorno (1998)}, las promesas modernas -en versión neoliberal- se volvieron mitología y destino cuando prometían libertad y seguridad. La primera de estas ideas mitológicas, como se ha indicado, es la sobreindividuación. Esta fue desbordada por la exposición pública del sufrimiento. Pocas veces hay una concordancia tan perfecta entre la vulnerabilidad extrema y la incertidumbre como vivir una pandemia en un contexto neoliberal.

El sufrimiento y su malestar, en vez de manifestarse políticamente en protestas masivas, se vivió durante décadas como una cuestión eminentemente privada e individual. Es característico del neoliberalismo que el malestar se experimente como una implosión en los territorios de la intimidad, la salud mental, el consumo de drogas y la violencia intrafamiliar, etcétera. Es decir, como una cuestión privada despojada de sus aspectos sociales y políticos.

El estallido social de 2019 politizó la implosión quitándole su sentido individual para tornarse colectivo, y lo que aparecía como parte de la intimidad se expresó de manera explosiva en el espacio público. De allí que las metáforas más frecuentes usadas por los chilenos en ese momento tienen un fuerte contenido emocional, desbordando el eje izquierdaderecha y centrándose en la noción de dignidad, igualdad y reconocimiento. Expresiones como “Chile despertó”, “nos reencontramos, no nos soltemos” remiten a “un darse cuenta” y al potencial de una nueva subjetividad puesta en movimiento. Las metáforas del despertar son frecuentes para describir el estado de ánimo posterior al estallido social de 2019. El despertar tiene significaciones psicológicas profundas que suponen salir del sueño inducido por el mercado. Estas se expresan en dejar atrás los efectos sedantes de una forma de individuación desbordada y que la implosión se revierta en lo público. Es llamativo que las ansias de verdad incluyeran una disposición positiva a aceptar el dolor que esto implica.

Pero la llegada de la pandemia y las cuarentenas pusieron un freno a este proceso. En efecto, los cinco meses entre el estallido social de octubre de 2019 y la llegada de la pandemia en marzo de 2020 estuvieron marcados por intensas protestas, violaciones a los derechos humanos y por las esperanzas en el proceso constitucional. Esto hasta que las cuarentenas transformaron el desarrollo expansivo del estallido en algo nuevamente individual e íntimo. En efecto, decretadas las primeras cuarentenas los efectos del estallido empezaron a desvanecerse y la politización volvió a ser una cuestión de pocos. La élite propició esta idea como mecanismo de defensa contra el proceso de cambio, que pronto se reveló falsa, ya que el sufrimiento empezó a ser tematizado intensamente en los medios, las redes sociales y en las conversaciones cotidianas vehiculizando una dolorosa empatía.

Como se ha indicado, la pandemia fue enfrentada por el gobierno de Piñera y la élite dentro de los marcos del neoliberalismo, es decir una hiperfocalización de las ayudas basadas en pequeños bonos y créditos blandos, proteger a toda costa la economía adecuando las cuarentenas y los toques de queda a la jornada laboral para no detener la producción, la aprobación de una ley de suspensión del empleo para que los trabajadores recurran a sus escasos seguros individuales de paro. A ello se agregó la interpretación del autocuidado como una acción individual sin correlato social, usar una estrategia sanitaria de inmunidad de rebaño coherente con la primacía de la economía por sobre la salud y la aplicación de extensos estados de excepción constitucional dirigidos al control social bajo el pretexto de la pandemia.

Adicionalmente, las décadas de reducción y desinversión en los servicios públicos pasaron factura. El país había desechado su capacidad de producir vacunas, insumos sanitarios básicos y también faltaban médicos especialistas e infraestructuras hospitalarias. También faltaba una relación institucional entre el mundo científico y el Estado, propia de una sociedad compleja, moderna y reflexiva (^{Figueroa, 5 de noviembre de 2020}).

Esto en medio de una contradicción en la percepción del tiempo y el sentido de urgencia por parte de la élite y el resto de la sociedad durante la pandemia. La élite insistió en sostener sus discursos y acciones en el largo plazo, justificándose en mantener los equilibrios macroeconómicos. Pero los ciudadanos viven en la subsistencia diaria, por lo que poco importan las referencias al futuro. Esto se evidenció en los retiros de los fondos previsionales.

Si la duración de la pandemia generó incertidumbre debido a que no se sabía cuánto tiempo podía sostenerse el esfuerzo individual para subsistir, más se apeló al ahora como escenario de soluciones. Frente a la crisis económica los retiros de los fondos previsionales resolvieron temporalmente el presente a costa de un sacrificio futuro en las pensiones. Pero esto no fue un problema para los chilenos acostumbrados a las deudas, lo que implica siempre hipotecar el presente en desmedro del futuro. Este esquema, que ha operado durante décadas, resultó irónicamente fatal para el neoliberalismo en ese momento. En consecuencia, pensar en el largo plazo no fue una opción viable, lo que dejó al gobierno de Piñera desarmado de argumentos frente a la población. Paralelamente, los retiros de los fondos previsionales añadieron a una golpeada economía el problema de la inflación y el aumento de los precios de los bienes básicos, especialmente los alimentos.

En otro plano, a la temporalidad propia de la pandemia se le superpuso la del proceso constitucional que tuvo una dinámica acelerada que superó incluso a sus protagonistas. Fue la aceleración temporal propia de una revolución democratizadora, potenciada por los resultados electorales en la Convención Constituyente en las elecciones de mayo de 2021. Así, el tiempo lento de la pandemia convivió con el tiempo rápido del proceso político. Además, el anverso del proceso constituyente fue el proceso destituyente, por el cual la ciudadanía deslegitimó no solo al mercado, sino también a las instituciones y autoridades nacidas de la Constitución de 1980, así como a los centros de poder privados. Ambos procesos -constituyente y destituyente- fueron caras de la misma moneda, y su temporalidad se desarrolló con similar energía y dinamismo, pero con un estridente fracaso final.

Habitualmente Chile es descrito culturalmente como una isla debido a la distancia y a sus complejas fronteras. Ello implicaba una tranquilidad psicológica frente a las amenazas exteriores, lo cual es erróneo frente al desarrollo de la globalización y en particular de la pandemia. El neoliberalismo chileno subsumió exitosamente el tradicional conservadurismo religioso de la élite, reconcilió al nacionalismo más extremista con el libre mercado global y durante décadas fue impermeable al cambio reforzando su mentalidad insular.

Sin embargo, el resto de la población sí fue transformada por la globalización. Descubrió que la individualización extrema, aparte del consumo y a pesar de sus dolores, también suponía el descubrimiento o al menos la aspiración a nuevos placeres, la conformación de nuevas identidades, nuevos territorios de la intimidad incompatibles con el conservadurismo de la élite. Incluso los más marginados podían ver que el mundo era más diverso de lo que la élite les transmitía. Estos descubrimientos se canalizaron en demandas por nuevas libertades bloqueadas por la rigidez del sistema.

En esto el feminismo tuvo un rol central. Desde 2011, año de masivas protestas por la gratuidad de la educación, las feministas empezaron a articularse en múltiples organizaciones territoriales, de trabajadoras, estudiantiles, profesionales y políticas. En 2018 más de 16 universidades fueron ocupadas por colectivos feministas demandando políticas contra el acoso sexual y la integración de la perspectiva de género en su formación. Su dinámica exitosa se caracterizó por la interseccionalidad de sus demandas (^{Cerda, 2020}). Esto se reflejó en las conclusiones de los cerca de 1300 asambleas ciudadanas autoconvocadas durante el estallido social de 2019, donde la participación femenina superó al 56%. Los resultados fueron sistematizados por una red de universidades públicas y constituyen la mejor radiografía existente de las demandas y expectativas de ese momento (^{vv. aa., 2020}).

La última gran manifestación pública del estallido social fue la del día internacional de la mujer trabajadora del 8 de marzo de 2020, que movilizó más de dos millones de personas, lo cual demostró el amplio poder del feminismo. Luego la pandemia hizo que la protesta pública se desplazara desde lo presencial a lo digital inundando las redes sociales.

El estallido social desató una nueva épica de la protesta social que luego se adaptó a la pandemia. Antes del estallido, la cultura de la izquierda chilena se había sentido históricamente derrotada tanto por la dictadura como por la transición, conformando una verdadera melancolía de izquierda (^{Retamal, 2016}). Dicha melancolía es el sentimiento que queda después de la derrota, la utopía, que en el caso chileno remite al intenso proceso de transformaciones sociales desarrollado entre 1964 y 1973 y revertido por la dictadura. Cabe recordar que tanto un gobierno de centro izquierda como el del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (19641970) apeló a una revolución en libertad y luego el de Salvador Allende (1970-1973) intentó la construcción del socialismo por vía democrática. Más tarde, durante la transición iniciada en 1990 la izquierda fue aislada y languideció por largo tiempo. Sin embargo, con el estallido social retornó con toda su simbología conviviendo y fundiéndose con nuevas manifestaciones de la cultura de masas. Las imágenes del derrocado presidente Allende volvieron a verse masivamente en las calles, junto a las imágenes de superhéroes, así como las del anime japones, conformando un pastiche representativo de la diversidad de los actores.

Se produjeron por todo el país miles de intervenciones artísticas y grafitis que iban desde la simple denuncia hasta la poetización estética de la protesta. Las viejas canciones de protesta de la Unidad Popular y de la dictadura -consideradas un arcaísmo- volvieron para expresar nuevas emociones transformadoras en pleno siglo XXI, junto a las manifestaciones de las nuevas generaciones. Ello nos recuerda el concepto de clasicismo utópico de ^{Ernst Bloch (2004)}. Tanto el territorio físico como el digital se consideraron un campo de batalla a conquistar. Pero todo eso tuvo que readecuarse desde marzo de 2020.

La pandemia trastocó las formas presenciales de la acción política feminista, al igual que las del resto de los colectivos. Pero esto no excluyó totalmente la presencialidad. Las protestas en la denominada Plaza de la Dignidad -epicentro de las manifestaciones desde el estallido social-, a pesar de disminuir en número, se mantuvieron, así como en los barrios del país. Ello convivió con los vínculos comunicativos en las redes sociales, de modo que se retroalimentaron produciendo una globalización de la manifestación social. Durante los cinco meses del momento agudo del estallido social hasta el comienzo de la pandemia, la referencia al territorio fue central en las demandas, las formas de organización y las acciones, ya que es allí donde el neoliberalismo objetiva sus efectos. Desde los territorios sin agua hasta las zonas de sacrificio ecológico debidos al extractivismo, la fuerza colectiva se expresó desde abajo hacia arriba para volver nuevamente al territorio.

Pero el proceso de la pandemia no solo devolvió la energía del estallido social al territorio de lo íntimo, sino que implico un rápido proceso de agotamiento de las energías sociales disponibles. Ello porque la lucha por la subsistencia se abordó desde la lógica ya conocida de la subjetividad neoliberal. Las nuevas formas de subjetividad democrática no habían cuajado en los escasos meses del estallido y sus brotes eran en extremo débiles frente a cuarenta años de subjetividad neoliberal consolidada. La Convención Constitucional fue aislada y sometida a un proceso de desgaste en los medios de comunicación. Se produjo un creciente proceso de intoxicación informativa que falseó los contenidos de la propuesta constitucional y la elite jugó con el miedo a la incertidumbre que la pandemia ya había amplificado.

Conclusión

En síntesis, la pandemia actuó como un telón de fondo que radicalizó las grietas del modelo neoliberal en Chile, exponiendo la fragilidad de un sistema incapaz de proteger a la población ante la crisis sanitaria, económica y social. Lejos de ser un evento aislado, la pandemia se conjugó con el malestar social preexistente desde el estallido de 2019, evidenciando la incapacidad del neoliberalismo para brindar seguridad y bienestar a la mayoría de la población. El confinamiento y la incertidumbre profundizaron la experiencia de sufrimiento, cuestiones que agudizaron la desigualdad y la desconfianza en las instituciones ya sean públicas o privadas. Si bien el proceso constituyente surgido a raíz del estallido social prometía una transformación, la fatiga creada por la pandemia, la estrategia de la élite y la incapacidad de articular un nuevo nosotros colectivo, condujeron al fracaso del proceso de cambio constitucional que hubiera permitido superar el neoliberalismo en Chile. En este sentido, la pandemia no solo desnudó las falencias del modelo neoliberal, sino que también obstaculizó la transformación social, postergando el anhelo de un nuevo modelo social más justo e igualitario.

En un plano más general, si mundialmente nos hemos asombrado por la fragilidad de nuestros sistemas sociales, las limitaciones de los sistemas expertos y la dificultad para construir una voluntad común articulada democráticamente para enfrentar la pandemia, en el caso chileno eso se volvió crítico.

Antes indicamos el fenómeno de la feminización del pueblo, que se acentuó durante la pandemia en la medida que la política de cuidados y la violencia de género -entre otros problemas que recaen especialmente sobre las mujeres- se ahondó. La noción del pueblo como forma de autoconciencia se articuló, en parte, sobre las bases del feminismo, la diversidad étnica de los diversos pueblos que conforman Chile, así como una concepción reticular de los territorios. De este modo, la idea del pueblo evolucionó hacia las políticas de identidad, lo cual a la larga resultó ser muy insuficiente. Ello porque no logró cuajar un espacio de mutuo reconocimiento, un nosotros que fuera capaz de trascender la mera suma de las identidades particulares.

Sin embargo, la feminización del pueblo aportó durante la pandemia una visión pragmática del sentido de urgencia enfatizando criterios de protección ante la incertidumbre y la vulnerabilidad e interpelando al gobierno de Piñera.

Entonces ¿Cuál fue la posición de la élite y del gobierno durante los momentos más críticos de la pandemia? Las reacciones oscilaron entre el desconcierto, la negación y la búsqueda de salvar lo que se pueda de la Constitución de 1980. Su situación recuerda a Karl Mannheim, quien destacó la incapacidad conservadora de dar cuenta de su propia realidad, salvo ante la crítica de sus adversarios que ponen en peligro su propia existencia (^{Mannheim, 1993}). La hegemonía neoliberal en la derecha impidió cualquier otra alter- nativa interna, por lo que carece hasta hoy de herramientas conceptuales para interpretar los acontecimientos. La pandemia llevó la impugnación a los fundamentos normativos que sostienen a la derecha chilena, revelándose incapaz de comprender el malestar social.

Pero como suele decirse, se han visto muertos cargando ataúdes. En efecto, la propuesta constitucional que consagraba el fin del neoliberalismo y el comienzo de un Estado social y democrático de derecho fue ampliamente rechazada por la población, en todos los estratos sociales y en todas las regiones del país.

Hay varios elementos que explican este resultado. El primero de ellos es la mencionada intoxicación informativa, que se manifestó en la instalación de múltiples noticias falsas respecto de la nueva constitución, tales como la supuesta expropiación de la vivienda propia que pasaría a manos del Estado. Esta intoxicación se produjo en los medios de comunicación y fue originada por la élite que vio sus posiciones amenazadas. Al frente, quienes apoyaban la propuesta de nueva constitución no constituyeron un bando común, por lo que sus discursos fueron contraproducentes y aislados de los medios. Tampoco hubo una campaña unitaria y coherente.

En segundo término, la propuesta de nueva constitución estaba muy permeada por las políticas de la identidad de distintos grupos excluidos que no lograron cuajar la idea de un nosotros como pueblo. En contraposición se habló de los pueblos de Chile desde una perspectiva excesivamente fragmentada, lo que invisibilizó el espacio de lo común. Este fue un error estratégico importante en un país con una tradición política centralista y culturalmente tendiente a la homogeneización. No hubo una propuesta de clara transición entre estos dos extremos a una nueva realidad. En definitiva, la suma de las partes no hace un todo. La sumatoria de proyectos identitarios no construyó un sentido de proyecto común. Por tanto, eso que se llamó el nuevo pueblo no alcanzó a cuajar en una entidad aglutinadora de las diversidades que le diera un sentido para la ciudadanía.

En tercer termino, desde hace varios años el voto era voluntario en Chile, por lo que solo los más politizados votaban. Ello favorecía a los defensores del statu quo. Se consideró que la importancia de la elección de una nueva constitución justificaba el voto obligatorio, por lo que se sumó un inmenso porcentaje de nuevos votantes. Sin embargo, no se consideró que ese nuevo electorado se consideraba apolítico, es decir le importaba poco o nada el cambio del sistema porque no veía en qué podía beneficiarles. Estaba completamente ajeno al debate, aunque participara del generalizado malestar y tenía una aversión a cualquier cambio que implicara dudas, lo que se amplificaba en un contexto altamente sensible a la inestabilidad. En consecuencia, se impuso lo malo conocido contra lo bueno desconocido o, dicho en otros términos, el miedo le gano a la esperanza.

Finalmente, no se valoró el agotamiento que la pandemia produjo en la sociedad. No había espacio para nuevas incertidumbres y los cambios de una revolución democratizadora suponen necesariamente nuevos campos de experimentación y riesgos. La élite entendió bien este miedo y le asignó a la propuesta ser la causa de más inestabilidad en medio de una pandemia que aún no acababa. Por ello, el proceso constitucional naufragó en parte debido a la pandemia. No fue solo el miedo a la enfermedad y la posibilidad de la muerte, sino también la agudización de formas de incertidumbres que ya existían y la emergencia de otras nuevas. Una sociedad no tiene márgenes ilimitados de tolerancia a la incertidumbre, más aún cuando la elite y el sistema político no desean o son incapaces de resolver los problemas que el neoliberalismo ha creado desde hace mucho tiempo.

En un plano más general, se puede decir que la fatiga sistémica del neoliberalismo en Chile y las fracturas que produce, se dieron en un momento de crisis mundial causado por la pandemia, a lo que posteriormente se sumó la guerra en Ucrania. La superposición de estos elementos agudizó la percepción del riesgo, al punto de bloquear la salida ordenada e institucional a la crisis que estaba en marcha. Por extraño que parezca, las tensiones creadas por el proceso constitucional en contexto de la pandemia permitieron que surgiera una extrema derecha más articulada que logró fagocitar a las derechas tradicionales. Cabe recordar que logró ser mayoría en la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales de 2021 y solo en la segunda vuelta Gabriel Boric obtuvo el triunfo jalonado por el miedo ante una extrema derecha fuerte. Por ello, este sector tiene un poder importante que se irradia al resto del espectro político. Al frente encontramos movimientos sociales agotados, decepcionados e incluso desorientados por el brusco movimiento pendular desde el estallido social, que supuso la irrupción de una inédita posibilidad de transformación social hasta la actual renovación del statu quo neoliberal.

En este sentido, la pandemia ayudó a hacer más ilegible a la sociedad chilena en la medida que consumió drásticamente las energías ciudadanas, rebarajó las prioridades personales, devolvió a lo privado lo que fugazmente se volvió público y, sobre todo, amplió el sufrimiento a niveles traumáticos para el país. Como toda situación traumática es muy pronto aún para entender todas sus consecuencias, aunque ya sean perceptibles sus efectos. Ello nos lleva a la paradoja de que, ya pasado el estallido social, la pandemia y dos procesos de cambio constitucional fracasados, el deseo de cambio social sigue intacto. Efectivamente, los estudios más recientes muestran que la expectativa de superar el neoliberalismo mediante una nueva constitución no se ha desvanecido (^{Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Chile [PNUD], 2024a, p. 9}; ^{PNUD, 2024b, p. 58}). Por otra parte, también siguen incólumes las condiciones estructurales y subjetivas del malestar que condujeron al estallido social.