Introducción

Este texto tiene como finalidad mostrar un breve panorama sobre las principales políticas públicas oficiales en materia de juventud existentes en el estado de Colima durante los últimos 25 años como corte temporal basado en una búsqueda bibliohemerográfica realizada a partir del uso de palabras clave y sinónimos como políticas públicas; diseño de políticas de juventud; juventudes; Colima; política social y juventud, leyes y jóvenes colimenses; juventud, adolescencia y ciudadanía. La búsqueda se llevó a cabo en tesauros de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Unesco [Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura], dentro del área del conocimiento de las ciencias sociales, enfocada hacia la búsqueda de fuentes de información relacionadas con documentos oficiales; informes; tesis; investigaciones; artículos; libros electrónicos; entre otros, en sitios académicos como Scielo, Redalyc y Latindex, así como en la plataforma institucional del sistema de Biblioteca Virtual Universitaria de la Universidad de Colima, al emplear como técnica el análisis documental, a manera de configurar un primer mapeo general sobre el tema.

Al respecto se puede observar la importancia que han ido tomado en el discurso oficial las políticas sociales recientes sobre el sector juvenil, con mayor fuerza a partir de la promulgación de las directrices de organismos internacionales como la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además del gobierno federal de México, que ha incorporado con mayor seriedad la importancia de este sector de la población, y que a nivel mundial y nacional se ha visto en la necesidad urgente de llevar a cabo una correcta elaboración y aplicación de políticas públicas enfocadas específicamente en esta población.

Tan solo al hablar de empleo, de acuerdo con Rossel,¹ los jóvenes tienen más dificultad para conseguirlo con contratos formales de trabajo, y eso se ha visto reflejado en las políticas del gobierno federal actual en México. Por ejemplo, como menciona Ibarrola,² las desigualdades que viven las y los jóvenes mexicanos requieren de políticas públicas específicas, además de mayor investigación académica y la atención a las sugerencias de organismos internacionales. En ese sentido, Ibarrola enfatiza que uno de los primeros pasos para la atención de las vicisitudes de la condición juvenil debe ser la apuesta por la formación de una ciudadanía responsable, ya que eso genera compromiso y sentido de pertenencia con el grupo social en el que están insertos las y los jóvenes, así como con el gobierno y la sociedad en general. No obstante, desde 2018 el énfasis del gobierno se ha centrado en jóvenes que no estudian ni trabajan de 18 a 29 años, reflejado en el caso de la fuerte inversión en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa emblemático del sexenio, sectorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha destinado un presupuesto de más de 103 mil millones de pesos en el sexenio del gobierno federal, desde que inició el programa en 2019 hasta octubre de 2023, que si bien representa un avance significativo para el apoyo del empleo juvenil nacional, sus alcances reales e impacto aún no se conocen del todo hasta la fecha.³

Tras esta búsqueda documental sobre políticas públicas de juventud en el estado de Colima, se identificó una laguna de conocimiento, puesto que son pocas las investigaciones que se han hecho al respecto. Una de ellas, por ejemplo, fue la de Cota y Rivera,⁴ quienes encuestaron a 21 jóvenes que fueron beneficiados por el gobierno del municipio de Colima, de 2009 a 2013, para fomentar el emprendimiento juvenil con la finalidad de analizar si la implementación de dicha política pública mejoraría el desarrollo local, por la creación de empresas y empleos. De este artículo se recupera que quienes tienen oportunidad de participar en este tipo de convocatorias son jóvenes con alta escolaridad, lo cual ya discrimina al resto de los jóvenes que no tienen la cultura del emprendimiento ante la falta de confianza en sí mismos o ante las mínimas opciones a su alcance. Además, las autoras reflexionan que, por lo general, no hay seguimiento o evaluación de los programas gubernamentales como el analizado y que el solo hecho de que exista una política pública no garantiza la resolución de problemas de los jóvenes, sino que se requiere del involucramiento de la sociedad para el abatimiento de los mismos.

Además, existen dos valiosos documentos elaborados por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),⁵ en colaboración con la extinta Secretaría de Juventud colimense, de los cuales se hablará más adelante. Por ello, con el presente artículo se pretende dar cuenta de los estudios existentes hacia esta área fundamental del conocimiento en favor de las juventudes y, así, reforzar el valor de la información e investigación que implica el estudio de las políticas públicas y de este grupo etario, incluido el registro de una serie de leyes y reglamentos localizados sobre el tema, relacionados con este sector social.

Desarrollo de las políticas públicas de juventud

Las políticas públicas, como objeto de estudio científico, tiene su origen conceptual en una convergencia de ciencias, particularmente, las sociales. En ese marco de referencia, explica Laswell,⁶ se atañe el valor de ciencia a la política cuando se comprende el proceso sistemático de formulación, implementación y evaluación de las políticas, incluyendo el análisis de la toma de decisiones, la intervención de las instituciones y las interacciones entre actores políticos y sociales.

Lascoumes y Le Galès⁷ mencionan que a las políticas públicas no se les atañe una epistemología en específico. Su abordaje, explican, compete tanto a la sociología como a las ciencias políticas, al derecho y, por supuesto, a la economía. No obstante, su carácter público, desde la perspectiva de Aguilar Villanueva,⁸ incorpora la voz de la sociedad al ámbito gubernamental. Esta visión se alinea a la de Lascoumes y Le Galès,⁹ quienes consideran que las políticas públicas se han transformado con el pasar del tiempo, hasta lo que se vive hoy en día en un mundo democrático y contemporáneo, donde tiene cabida la interactividad de distintos elementos, como lo propone Jones¹⁰ con su modelo de análisis secuencial. Dichos elementos son los actores, es decir, a quienes afectan las políticas públicas y quienes las formulan; las instituciones con sus normativas; los procesos y los resultados de las políticas; así como sus representaciones simbólicas y los valores que éstas promueven. Por ende, el abordaje de las políticas públicas ha sido y seguirá siendo multidisciplinar, y su implementación conlleva conocimiento epistemológico profundo.

Para Shultz,¹¹ las obligaciones del gobierno llevan implícitos los derechos de los ciudadanos. En esa contraparte define a los derechos humanos como un concepto vital y universal, sin distinciones, y cuyas figuras responsables de su cumplimiento son las instituciones. En ese tenor, el conocimiento de las políticas públicas es un derecho social, como menciona el autor, y que repercute en el bienestar de la ciudadanía tanto en lo económico, lo cultural, lo afectivo y en su seguridad física. Además, al ser un derecho se tiene la facultad legal para su exigencia, respeto y cumplimiento por parte de la ciudadanía.¹²

Dentro de los distintos grupos etarios en las sociedades existe uno que históricamente se ha analizado a partir de perspectivas diversas: la juventud, una etapa en la vida que se ha estudiado desde su valoración en términos biológicos y psicológicos (enfocada en la adolescencia), hasta pasar por un estudio social de este momento transitorio a la adultez.¹³ Las teorías del desarrollo han sido las que han otorgado concepciones epistemológicas a la juventud, a través de categorías para analizar la identidad social de este sector de la población, así como su desarrollo. En ese sentido, expresa Urteaga Castro-Pozo que a la juventud se le ha considerado un estado límbico en el que la madurez todavía no existe, pero que al evolucionar el estudio de la juventud, a la par de desarrollo de sus habilidades digitales, se les ha considerado ya como una categoría primaria en la estructura de las prácticas sociales, puesto que su activismo y participación para expresar sus necesidades e inquietudes creció gracias a la democratización de otras voces, como las suyas, con el uso de las tecnologías de información y comunicación.

Por lo tanto, los jóvenes mexicanos contemporáneos son considerados agentes de la producción cultural,¹⁴ ya que activan la economía cultural al ser protagonistas de sus trayectorias laborales y también personales, aunque no todos los jóvenes tienen las mismas condiciones u oportunidades para desarrollarse o estar activos económicamente. Por ejemplo, de acuerdo con el UNFPA,¹⁵ únicamente 17.57 % de los jóvenes del estado de Colima trabajaban en el sector secundario de la economía, es decir, en empleos donde se transforman las materias primas obtenidas del sector primario, cuando la media nacional era de 27.41 %. A su vez, no hay datos que reflejen jóvenes agentes de cambio en el ámbito laboral, ya que solo 5.64 % de la población juvenil trabaja por cuenta propia con un autoempleo. Cabe mencionar que este es el último documento publicado sobre la situación de la juventud de Colima por parte de alguna instancia gubernamental.

Tradicionalmente, hablar de las políticas públicas de atención a la juventud en Colima es referirnos a propuestas y lineamientos gubernamentales específicos. Conocer la existencia de programas y cómo se deciden las acciones del gobierno encaminadas al desarrollo integral de las y los jóvenes colimenses representa un aspecto fundamental para el desarrollo de esta población. Lo anterior puede facilitar el análisis y la valoración de los planes y proyectos que van dirigidos a este sector social para la consecución de su calidad de vida, así como políticas que deben considerar de inicio la existencia de una diversidad juvenil existente, de ahí el término juventudes, en plural, para evitar en lo posible la exclusión de gran parte de ellas y ellos, por sus condiciones tanto socioeconómicas como geográficas, educativas, laborales, de género, étnicas o de origen, entre otras.

La denominada agenda pública, de acuerdo con Aguilar Villanueva,¹⁶ son los planes y compromisos estipulados para ejecutarse bajo los planes gubernamentales que tienen prioridad; no obstante, cuando se proyectan acciones desarticuladas de la realidad contextual de la población, dicha agenda puede incrementar las desigualdades sociales que por décadas han persistido en gran parte de este sector social. Como mencionan Alzate Zuluaga y Romo Morales,¹⁷ la agenda pública debe integrarse con las voces de la ciudadanía, así como con la comprensión de sus expresiones culturales y simbólicas, en donde lo intangible de estas expresiones disminuiría las problemáticas inmediatas que dichas juventudes enfrentan.

Hablar de las políticas públicas de atención a la juventud en Colima es llevar a cabo un ejercicio retrospectivo a nivel local, de acciones realizadas por varias instituciones públicas (gubernamentales), pero también considerando la importancia de la colaboración con la iniciativa privada (empresas, asociaciones civiles) y organizaciones sociales, colectivos juveniles y asociaciones, ejercidas y dirigidas hacia este sector de la sociedad,¹⁸ y en este sentido, las políticas públicas se ubican dentro de distintas opciones y concepciones de atención social a la población joven.¹⁹ Respecto al término de políticas públicas, en general son

aquellas decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas públicas específicas a solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para ello. No son facultad exclusiva de un régimen democrático, pero sí las características de su formulación e implantación.²⁰

Por ende, el término de democracia cobra sentido cuando se le relaciona con dicho concepto de política social y con decisiones dentro del ámbito de lo público.

Qué entendemos por el término políticas públicas de juventud

Las políticas públicas de juventud son decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas públicas específicas a solucionar y los mecanismos particulares a utilizar para ello, decisiones gubernamentales e institucionales que incorporan opiniones sociales, participación ciudadana, corresponsabilidades y presupuestos provenientes muchas veces de los propios contribuyentes, de ahí su gran relevancia social.²¹ En este sentido, Rodríguez²² reconoce la gran importancia de las políticas públicas desarrolladas en América Latina, muchas de ellas aún existentes en varios países de esta región.

Como podemos observar, estos autores enfatizan aspectos particulares pero interrelacionados de lo que actualmente se entiende tanto por políticas públicas como por su objeto de estudio.

Parsons señala la necesidad de comprender las causas, razones y consecuencias de las acciones del gobierno como un proceso de construcción política que inicia por determinar el propio carácter problemático y público de una situación particular.²³

De esta manera, podemos decir acerca de las políticas públicas sobre juventudes que

representan un campo instrumental de las estrategias y programas de promoción dirigido hacia este sector social. Grosso modo, consisten en la aplicación planificada y sistemática de programas de gobierno dirigidos a este segmento social, compatibles con las aspiraciones en políticas, estrategias y planes de servicio público.²⁴

Para ello, es necesario repasar el marco normativo vigente, considerando también las necesidades y problemáticas de cada región. Por tal motivo, el contexto legal en el que se enmarca la realidad de jóvenes colimenses requiere de diagnósticos locales que consideren a los diversos actores sociales y las realidades geográficas y socioculturales en concordancia con los parámetros macroregionales.

Por su parte, la historia de las políticas públicas de juventud en Colima están aún en proceso de construcción, ya que éstas son políticas dispersas y no registradas en un compendio académico formal, de ahí la propuesta de este artículo al hacer visible dicha laguna de conocimiento.

Además, podemos hablar de los programas implementados por parte de Institutos de Juventud, Centros de Integración Juvenil (CIJ), Centros de Readaptación Juveniles, albergues, programas universitarios, eventos, certámenes, convocatorias, organismos, asociaciones, federaciones, entre otros.

Por ello, se necesita dar cuenta de lo anterior, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) en concordancia y alineación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y, además, con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en lo referente a las juventudes del mundo, lineamientos que requieren ir acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, pero en este caso, de manera situada.

Por supuesto, contar con un análisis histórico reciente y documentado de las políticas públicas de las y los jóvenes realizado desde la academia evidencia a los gobiernos vigentes que apostar políticamente por este grupo social es importante, siempre y cuando se resalte que los jóvenes son sujetos de derechos y con capacidades individuales, como lo demostró ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),²⁵ con un estudio de la desigualdad de acceso a las capacidades (a la educación y a la salud), lo cual merma la productividad de la sociedad. Por ello, se reconoce la importancia de las políticas públicas en la materia, lo que se relaciona directamente con el desarrollo de la juventud mexicana y colimense para nuestro caso.

En la actualidad, este sector social representa en términos demográficos cerca de la tercera parte de la población en México, y los proyectos de gobierno deben en mayor medida pretender lograr el desarrollo y progreso de este importante grupo etario de la sociedad, lo que representa uno de los factores clave para el desarrollo del país. De lo contrario, podría hipotecarse una de sus grandes riquezas humanas nacionales. Además, se hace visible la necesidad de invertir correctamente y en mayor medida en el presupuesto destinado a este sector, con la finalidad de aprovechar los escasos recursos económicos programados año con año a través de estrategias eficientes que integren a todos los niveles de gobierno en la toma de decisiones correctas e incluir también las propias voces de los jóvenes para conocer sobre las necesidades y cubrirlas con política pública tanto para los jóvenes como con los jóvenes y desde los jóvenes, es decir, dirigido especialmente a este grupo etario, a través de un diálogo de acompañamiento en su configuración y que se le incluya en su conformación.

En el informe titulado “Invertir para transformar: la juventud como protagonista del desarrollo”, elaborado conjuntamente por la OIJ y la Cepal, se destaca que, en 2012, el gasto social fue muy bajo de acuerdo con el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, con apenas 21.2 %, y de esa cifra sólo 12.2 % fue para inversión relacionada con la implementación para programas de atención a los jóvenes de la región.²⁶

Datos generales de la población joven colimense

La población estimada de jóvenes entre 12 y 29 años en México para 2020 fue de aproximadamente de 39.2 millones. Colima concentra a 0.6 % de su población nacional, y su sector joven representa 30.4 % de la población.²⁷ Las diversas problemáticas que atañen directamente a este sector social en Colima son muy claras: alto nivel de informalidad laboral (54.73 %); pobreza multidimensional (28.1 %), además de desempleo, subempleo; carencia por acceso a la seguridad social (49.1 %) o servicios de salud (22.9 %); rezago educativo (18.7 %); ingresos inferiores a la línea de bienestar (34.2 % / 2º lugar a nivel nacional), y migración, además de riesgos por el ingreso a la delincuencia, drogadicción, situación de reclusión, deserción escolar, escasa participación política, entre otros.²⁸

Muchas de estas agravantes se vieron intensificadas en la región latinoamericana debido a la pandemia por Covid-19,²⁹ situación que reflejó finalmente las grandes desigualdades sociales e intergeneracionales en esta región, las cuales en muchos aspectos, no disminuyeron incluso en la etapa post Covid.

Antecedentes de las políticas públicas en México

El interés por el campo y desarrollo de las políticas públicas de juventud en México es relativamente reciente;³⁰ ha sido dinámico, multidisciplinar y desarrolla múltiples áreas de acción interrelacionadas por la comunicación, las relaciones públicas, programas piloto, desarrollo de nuevas instituciones y dependencias dirigidas a este sector, así como ha contribuido en la emergencia de nuevas leyes, entre otras. Sin embargo, Pérez Islas³¹ las ubica desde hace más de 90 años, y con el paso del tiempo se han desarrollado más sus estudios para la inclusión social de este sector. Así, podemos encontrar ya una tradición en materia de atención institucional en nuestro país para jóvenes desde finales de los años treinta del siglo XX, como reconoce también Alvarado:

En 1938 se creó la Confederación de Jóvenes Mexicanos como parte del naciente Partido de la Revolución Mexicana, y en 1942 se instituye la primera dependencia del gobierno federal especializada en atención a los jóvenes, la Oficina de Acción Juvenil supeditada a la Secretaría de Educación Pública.³²

Además de lo anterior: “A partir de 1950, con la creación del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana se establecieron acciones sistemáticas y permanentes de política de Juventud que persisten hasta ahora”.³³ Ya con el transcurrir del tiempo cambiará la denominación de dicho organismo a:

Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJM, 1950); Instituto Nacional de la Juventud (CREA, 1977); Comisión Nacional del Deporte (Dirección General de Atención a la Juventud, 1988); Causa Joven (1996); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ, 1999; actualmente Imjuve)³⁴

En las últimas décadas el desarrollo institucional de las políticas públicas de juventud ha incrementado notablemente, aunque dichas políticas no han sido del todo suficientes como para llevar a cabo programas integrales y eficientes, y sus servicios y programas se mantuvieron mal focalizados: adultocentristas y biologicistas.³⁵ De ahí la necesidad de generar sistemas de información globales, objetivos, conceptuales y empíricos que respondan a la situación actual de la juventud mexicana, y con ello las instituciones encargadas de tomar decisiones en este rubro cuenten con los insumos de información científica necesaria, con una base organizacional y estructural sólida y eficiente.

Por ello se considera que los programas derivados de las políticas públicas deben dar un giro de lo vertical a lo horizontal, además de orientarse hacia la transversalidad (articulación entre programas, actores, instituciones y sectores)³⁶ y hacia la intersectorialidad, no solo entre diversos sectores, sino también entre distintos niveles gubernamentales.³⁷

Investigar sobre políticas públicas de juventud en Colima: un proyecto en desarrollo

Desde el ámbito académico, se ha observado hasta el momento la necesidad de desarrollar una aproximación más puntual y amplia a los programas estatales de políticas públicas sobre las juventudes que desarrollen componentes para la promoción de programas más diversificados, con énfasis en este sector social desde las instituciones de gobierno.

Por lo anterior, es imperativo generar información pertinente sobre las políticas públicas de juventud existentes en la entidad para el mejoramiento de la efectividad de las estrategias y la promoción de programas en la participación democrática de la población joven de Colima. Esto es algo necesario y urgente de visibilizar para que los gobiernos e instituciones puedan tomar con mayor interés los grandes problemas que les atañen, ya que no solo se trata de crear dichas políticas, sino también de aplicarlas y, finalmente, evaluarlas.

Sin embargo, como se ha visto hasta el momento, también se debe integrar en las políticas públicas acciones de los propios jóvenes o de organizaciones para la atención, alternas o no institucionalizadas, las cuales son necesarias y dan voz y alcance a grupos muchas veces excluidos de dichos beneficios. En lo específico, se deben desarrollar de manera puntual las siguientes acciones: a) Revisión actualizada de la situación contextual de las políticas públicas en materia de juventud enunciadas en los programas estatales; b) Contextualizar los programas estatales enfocados en los jóvenes; c) Contrastar lo programado por dichas políticas y lo alcanzado o realmente logrado, y d) Buscar alternativas en el diseño de estrategias de intervención para el acceso al conocimiento y la toma de decisiones en materia de juventud.

Respecto a la metodología para realizar dicho recuento, se recomienda aplicar una exploración y descripción crítica y detallada de las políticas públicas de juventud existentes desde su origen en el estado de Colima y sus características particulares, para comprender el rumbo y avanzar así en el entendimiento de dichas directrices oficiales para este sector social.

Para ello se propone la realización de descripciones detalladas basadas en opiniones de expertos, gente de gobierno e instituciones y organizaciones sobre juventud. Además, se considera fundamental para lograr dicho acercamiento exploratorio rescatar las percepciones de los jóvenes destinatarios con el fin de hacer políticas más horizontales. Sin embargo, una de las problemáticas en el proceso de trabajo de campo puede ser enfrentarse a los variados cambios internos de funcionarios en las dependencias de juventud debido a los vaivenes políticos y cambios continuos en puestos de gobierno relacionados con la aplicación de esta política de juventud, a decir, Secretaría de Juventud, ahora Subsecretaría de las Juventudes perteneciente a la Secretaría del Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, incluidos los propios institutos municipales sobre juventud, ello debido a la falta de información cualitativa respecto a lo que las juventudes colimenses conocen sobre dichas políticas y programas de gobierno existentes, además de sus deberes y derechos.

Por otra parte, se deben realizar reflexiones teóricas que permitan plantear aportes de una aproximación exploratoria sobre un objeto de estudio y atención por medio de las políticas públicas poco abordadas en Colima al retomar el eje analítico transversal de las desigualdades y este sector de la sociedad. El contenido de información que se requiere debe abarcar, además, datos recientes sobre la situación de dicho sector social, con la finalidad de que se configuren informes científicos y académicos útiles que se puedan dar a conocer en distintos espacios públicos a manera de divulgación, entre los que destacaría, por ejemplo y para el presente caso, la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de las distintas legislaturas estatales, la Universidad de Colima, instituciones de gobierno locales, entre otros; espacios que consideren, por supuesto, la participación de legisladores y expertos en el área, así como a los propios tomadores de decisiones y a representantes de los distintos grupos de las juventudes locales.

Como se ha mencionado, únicamente existen dos informes clave sobre la situación de este sector social en Colima y las principales políticas públicas en materia de juventud, por lo menos de la última década. Dichos documentos fueron realizados por parte del UNFPA en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve),³⁸ y tal como se señala en uno de ellos:

Bajo el entendido de generar resultados efectivos, es necesario diseñar e implementar actividades que de manera integral atiendan al público adolescente, involucrando a las instituciones que intervienen en el proceso de desarrollo de sus aptitudes.³⁹

Ambos documentos son muy importantes como materiales de consulta, pero también porque son los únicos que dan cuenta de los principales alcances y retrocesos en la materia, a partir de información científica sobre este sector social; por ende, son datos fidedignos de fuentes acreditadas. Para el primer caso, en 2014 el Gobierno del Estado de Colima, a través de la entonces Secretaría de Juventud, realizó 30 mesas de trabajo durante dos sesiones en tres sedes distintas (Manzanillo, Tecomán y Colima), con la participación de 637 jóvenes, que comprenden 18 recomendaciones de política pública, información que contó con el apoyo técnico del UNFPA en México, agencia de cooperación perteneciente al sistema de Naciones Unidas. También hubo foros de consulta orientados principalmente a cinco ejes temáticos: educación y cultura; empoderamiento juvenil; salud integral; derechos e igualdad, y participación juvenil, lo que dió lugar a la Agenda Estatal de Juventudes 2016 con la finalidad de sensibilizar a la sociedad y el gobierno sobre las principales expectativas, necesidades y exigencias de las y los jóvenes colimenses, documento que se fundamenta en marcos normativos tanto internacionales como nacionales y regionales, así como también desde los marcos locales vigentes en el estado, aunque se identificó que los mensajes de comunicación social no llegan a los jóvenes, quienes desconocen las ofertas de programas y acciones que impulsaban los tres órdenes de gobierno.

Estos documentos se complementan con las anteriores encuestas de juventud realizadas a nivel nacional, pero aterrizadas localmente, a decir, la Encuesta Nacional de Juventud 2000, titulada “Jóvenes Mexicanos del Siglo XXI, Colima”, publicada en octubre de 2003.⁴⁰ Posteriormente, se publica también a nivel federal la Encuesta Nacional de Juventud 2005,⁴¹ en la que se da cuenta de la condición juvenil en el Occidente de México que integra a Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Nayarit, incluyendo información general de jóvenes provenientes del estado de Colima. Sin embargo, el estudio tiene la limitante de no estar enfocado a cada entidad federativa de manera independiente, aunque desde entonces se demuestran ya las principales problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes de esta región del país, mismas que persisten aún hoy en día, como en el caso del limitado ejercicio de sus derechos, en el acceso al trabajo decente o a la salud de calidad, situación que en muchos rubros ha aumentado, como es el caso del alto nivel de desempleo y precariedad laboral, así como en la percepción de la violencia en la entidad.

Posteriormente, se publicó otra versión de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, que incluye la situación de los jóvenes en Colima⁴² y que da continuidad a las anteriores encuestas. Sin embargo, para el lustro posterior no se cuenta con dicho documento oficial ni a nivel nacional ni para el caso de Colima, como tampoco se tuvo en 2020, ya que se suspendió la realización de la Encuesta Nacional de Juventud. Así, fueron los documentos del UNFPA y SEJUV de los años 2016 y 2020 los únicos que dieron cuenta de la condición juvenil del estado en la última década.

Antecedentes institucionales en Colima sobre juventudes

Es en 1989 que se crea el Instituto Colimense de la Juventud y Deporte (véase Figura 1), antes nombrado Dirección General del Deporte, que había funcionado desde 1983, como una nueva institución que fue dirigida por el Prof. Abel Zamora Prieto en el periodo del entonces gobernador Lic. Elías Zamora Verduzco. Posteriormente, entre 1991-1997, lo dirigió el Dr. Santos García Santiago, en el periodo de gobierno del Lic. Carlos de la Madrid Virgen, y finalmente, entre 19971999 el Prof. José Jorge Carrillo González fue el encargado de su dirección, durante el sexenio del Lic. Fernando Moreno Peña, el cual pasaría a llamarse desde entonces Instituto Colimense del Deporte, conocido como Incode.

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de documentos oficiales del Gobierno del Estado de Colima.

Figura 1 Trayectoria institucional de la atención a la juventud en Colima 

A partir de 1999, el Gobierno del Estado de Colima creó la primera instancia local de juventud del país, el Instituto Colimense de la Juventud, con la finalidad de atender las realidades juveniles a finales del siglo XX. Posteriormente, se transforma y surge la primera Secretaría de la Juventud, en provincia, a nivel nacional a partir de 2006-2007, la cual era la responsable de coordinar el trabajo institucional y promocionar, además de aplicar la Agenda Estatal de la Juventud,⁴³ ya que todos los demás organismos del país en este rubro se estipulaban a rango de institutos o centros de juventud, siendo el nivel de secretaría estatal una representación de mayor alcance oficial.

Si bien la operación del Instituto Colimense de la Juventud y Deporte creado en 1989 fue breve y se enfocó preferentemente al ámbito deportivo, fue con la creación del Instituto Colimense de la Juventud (CIJ) que ya inicia la definición de políticas más orientadas a esta población dentro de los 10 municipios de la entidad. Luego, con la creación de la Secretaría de la Juventud en 2006, organismo que tuvo una vigencia de 15 años, se comienza a trabajar en concordancia con las directrices del Imjuve pero configurando directrices acordes a las necesidades locales, y se amplía el número de programas que contaron con intervenciones exclusivas para las y los jóvenes colimenses. Comenzaron a crearse programas específicos, más allá de los dirigidos exclusivamente al deporte y el emprendimiento. Ejemplos de ello fueron los programas de acciones de fortalecimiento de la cultura política y toma de decisiones; apoyo para fomentar la participación juvenil; apoyo a iniciativas juveniles de activismo social, pero también las aplicadas en colaboración con otras dependencias y organizaciones, como el de becas escolares; prevención del embarazo adolescente, prevención de adicciones, financiamiento para acciones de vivienda; apoyo a talentos artísticos juveniles; prevención de la violencia, siendo algunos de estos programas resultado de la asignación de un mayor presupuesto y personal administrativo.

Otro de los aspectos que se recuperaron con el análisis documental fue que el organigrama, y su funcionamiento administrativo fue abarcando más ámbitos de las problemáticas juveniles. Además, claro está, se fomentó la investigación, y se apoyó la elaboración de las Encuestas Nacionales (2000, 2005 y 2010), además de los informes especiales,⁴⁴ mencionados en este artículo. En ese entonces quien fungía como secretario estatal pasa a ser Secretario Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Otro de los aciertos fue que, gracias a la Secretaría se crearon, además de las agendas estatales de trabajo, nuevas leyes sobre juventud promulgadas a nivel estatal, entre ellas la Ley de la Juventud del Estado de Colima.⁴⁵ Sin embargo, es con el cambio de gobierno federal que varios de estos programas se modifican o desaparecen, debido principalmente al bajar de rango en 2021 de Secretaría a Subsecretaría de la Juventud. Su desaparición respondió a la reestructuración de diversas dependencias dentro de la configuración de los Programas del Bienestar, del nuevo gobierno. Con ello se reestructuran los lineamientos y la designación a determinados programas dirigidos a la población joven, como en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro o Becas del Bienestar, de los cuales en próximos años estaremos viendo sus verdaderos alcances.

Ley de la Juventud del Estado de Colima

Respecto a los derechos de este sector etario, en julio de 2014 se promulga y aprueba por el Congreso del estado la Ley de la Juventud del Estado de Colima, que en su artículo 2º refiere:

La juventud del Estado gozará de todos los derechos humanos y garantías que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, las leyes federales, así como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y, demás disposiciones legales.⁴⁶

Para ello, se considera como jóvenes “[…] a las mujeres y los hombres cuya edad comprende el rango entre los 12 y los 30 años de edad [siendo a nivel federal de 12 a 29 años], identificado como un actor social estratégico para la transformación y el mejoramiento del Estado”.⁴⁷ Esta ley, en su artículo tercero, reconoce los siguientes derechos de los jóvenes: derecho a una vida digna; al trabajo; a la educación; a la salud; a sus derechos sexuales y reproductivos; a la cultura; a la recreación; al deporte; a fortalecer las identidades juveniles; a la integración y reinserción social; a la plena participación social y política; a la organización juvenil; a la información y a la comunicación; a un medio ambiente sano; al respeto de los derechos humanos de la juventud, y derechos económicos.

Posteriormente, se realizaron algunos decretos específicos a dicha ley, perfeccionando el alcance de sus fines, al ampliar otros rubros y sectores específicos de las juventudes colimenses, además de la creación de importantes leyes, como la ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima, de 2013, y la Ley de las Niñas, los Niños y Adolescentes del Estado de Colima, de 2015.

Hacia una Agenda Estatal de Juventudes 2021-2027

Para la administración del gobierno federal pasado (2018-2024) y el actual (20242028), la conformación y reconfiguración de las instituciones encargadas de las políticas sobre juventud fue y ha sido como estrategia administrativa, una manera de otorgarle identidad a sus políticas sociales de bienestar. En la actualidad, como sucede en los planes sexenales de cada periodo de gobierno, las directrices cambian regularmente por quien sustenta el poder o, incluso, dentro de los mismos partidos políticos que rigen el gobierno, con la finalidad de trabajar bajo su propia filosofía organizacional, dejando de lado programas que en muchas ocasiones han sido efectivos, sin darles continuidad o creando otros, muchas veces a conveniencia de los gobiernos en turno.

En la actualidad, la Agenda de Colima sobre Juventudes está aún pendiente por construirse, ya que la última existente data de 2021, y es la que debe marcar el rumbo de las políticas públicas en materia de juventudes a nivel local. En el sitio de Facebook de dicha instancia de gobierno puede verse que la propuesta de una nueva Agenda Estatal de Juventudes 2021-2027, a tres años de haber iniciado la presente administración, ha sido desde su inicio una tarea en espera de realizarse por parte de la Subsecretaría de las Juventudes, dependencia subordinada ahora a la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, aunque como se ha mencionado ya, todavía se carece de información sustancial para comprender su operatividad y lineamientos precisos, pero que pretende y debe retomar temas centrales pendientes como son salud, deporte, medio ambiente, diversidad sexual y de género, empleo y emprendimiento, educación, cultura, equidad de género, derechos humanos y seguridad, entre otros, tal como señala dicho sitio web y que debe reunir, desde nuestra perspectiva, las voces de las y los jóvenes colimenses en un documento sexenal.

En la propia página oficial de Facebook de dicha subsecretaría se explica que, como parte de una primera etapa para formular la agenda, se solicitó la colaboración de los usuarios para señalar, a manera en una breve encuesta, la necesidad de expresar sus propuestas, dependiendo del tema de elección entre una lista registrada que parte de la pregunta ¿Qué acciones propones para incluir en la Agenda Estatal de Juventudes 2021-2027 referente al tema o temas elegidos en la pregunta anterior? Sin embargo, a la fecha, dichos resultados no se han dado a conocer públicamente. Para complementar el análisis documental se realizó una entrevista personal con el subsecretario de las Juventudes, José Gerardo Romero Quezada, quien reconoce:

Algo importante que se tiene que realizar […]. Está el programa estatal de juventudes. Eso lo marca la ley. Ese programa se tiene que hacer junto con una comisión interinstitucional que también está marcada en la ley, que eso no se ha hecho, ya el próximo año lo tenemos marcado para poder organizarnos entre todas las dependencias, ahora sí ya como lo marca la ley para organizar un plan estatal, un programa de juventudes en donde va a venir detalladamente cuáles son los programas que van enfocados en juventud y cuáles han sido los resultados que tienen que dar, y eso es lo que se tiene que estar generando.⁴⁸

De acuerdo con el sitio de noticias Archivo Digital,⁴⁹ la Subsecretaría de las Juventudes del Gobierno del Estado de Colima (Subsejuv) organizó al menos cuatro foros estudiantiles para elaborar una Agenda Estatal de Juventudes con 11 mesas temáticas de trabajo; no obstante, no se ha publicado algún resultado de ello. Por ende, se perciben ciertas estrategias de intervención para el acceso al conocimiento y la toma de decisiones en materia de juventud, y a tres años de iniciado el período del gobierno estatal de Colima, sigue pendiente dicha agenda. Ya para febrero de 2024 se convocó a la integración del Consejo Ciudadano de Consulta y Seguimiento de la Política Joven (Concisej), esperando trabajar en ello. Así también, a nivel local, la presidenta municipal de Colima tomó protesta a las y los jóvenes que integraron el Cabildo juvenil en este 2024, quienes realizaron un ejercicio de deliberación y de toma de decisiones de forma colegiada, tal y como sucede en una sesión de Cabildo ordinaria, presentando propuestas y proyectos para la mejora del municipio en materia de juventudes.

Sin embargo y ante la falta de un diagnóstico de las necesidades apremiantes y clave para la atención de las problemáticas ya descritas en el presente texto, que aluden a este sector social, sigue presente el desafío de la elaboración de una agenda plural a nivel estatal, y no solo que recupere la voz de jóvenes institucionalizados,⁵⁰ dejando de lado toda la diversidad juvenil colimense. Incluso, sería necesario incluir a los que no se afilien a dichas vertientes oficiales, lo que de entrada enriquecerá de manera objetiva dichas directrices de esta nueva agenda para las juventudes y la convertiría en verdaderamente inclusiva.

Por lo anterior, se considera importante trabajar en previsiones para la protección de los derechos humanos de las juventudes por una vida más justa y equitativa para este grupo social, no solo porque en la realidad del estado de Colima los derechos humanos van quedando en terreno exclusivo de los discursos, sino también porque la políticas públicas evidencian la falta de capacidad para actuar por parte de sus instituciones, quebrantadas por la falta de confianza de la sociedad hacia ellas y por la clara evidencia de una desarticulación en su intersectorialidad,⁵¹ ya sea debido a una compleja colaboración entre diferentes niveles de gobierno o por la pertenencia o no a un mismo partido político o el ser afín o en coalición al partido oficial, pero también porque se requiere mayor transparencia gubernamental con elementos sustanciales para argumentar la articulación entre la oferta y demanda de las necesidades sociales, culturales y económicas de los jóvenes colimenses.

Respecto a lo planteado anteriormente, nos referimos a oferta en el sentido de que quienes formulan las políticas públicas no siempre escuchan la voz de los propios jóvenes y a través de una mirada adultocéntrica se ofrecen regulaciones o leyes de juventud, solo en los espacios que consideran importantes. No obstante, la atención a las demandas de la juventud podría no hacer frente a los problemas colectivos de los jóvenes colimenses o podrían quedar sesgadas ante la falta de una agenda de atención clara y precisa. Cabe mencionar que el interés ciudadano debe reflejarse en la agenda pública, como bien lo mencionan Alzate Zuluaga y Romo Morales,⁵² así como también debe incluirse la pluralidad de actores sociales y políticos. De lo contrario, la agenda de gobierno y la gobernanza⁵³ continuarán caminando en direcciones distintas a la agenda pública que requieren las y los jóvenes de Colima.

Sería muy importante, entonces, ver los avances y resultados en las acciones emprendidas a partir de las leyes promulgadas en el estado desde 2014, por ejemplo, para el caso de las juventudes con mayores vulnerabilidades, a decir:

Artículo 7º.- En las acciones que se desarrollen para el cumplimiento de la presente Ley, se deberá dar atención prioritaria a jóvenes: I. Embarazadas; II. Madres solteras; III. Víctimas de cualquier delito; IV. En situación de calle; V. Exclusión social o privación de la libertad; VI. Migrantes; VII. Con discapacidad; VIII. Con enfermedades crónicas; e IX. Indígenas.⁵⁴

Se considera conveniente señalar que para la formulación de políticas, leyes o regulaciones es imperante el conocimiento profundo sobre el estado que guarda la juventud de hoy. De otra manera, aspiraciones, sueños y anhelos quedarían truncos, a pesar de las capacidades individuales de los jóvenes para abrirse campo en el ámbito de libertades que les permitan alcanzar su desarrollo humano, como lo afirma Amartya Sen.⁵⁵

También es cierto que la comunicación ascendente ha tomado relevancia en los últimos años, gracias al poder de convocatoria que los jóvenes tienen mediante las redes sociales digitales, ya que la sociedad civil, a través de colectivos independientes, han alzado la voz para solicitar su inclusión en la formulación de mejores condiciones de vida. De igual manera, esta nueva voz demuestra que los jóvenes pueden llegar a pensar, consumir y actuar de forma diferente que otras generaciones, como la generación X o los baby boomers.⁵⁶ Aun así, es notorio que esta ciudadanía juvenil ha dejado evidencia de que nuestro país requiere de un cambio transversal, así también su orientación hacia una mayor igualdad y equidad.

Así, las propuestas y comentarios realizados hasta el momento, de alguna manera, han tenido como eje transversal plantear nuevas directrices de peso inter- e intrageneracionales, que sean realmente inclusivas para las distintas juventudes y adolescencias, mismas que contemplen el considerar también a jóvenes no integrados o no institucionalizados, en términos de Reguillo,⁵⁷ como por ejemplo en el caso de los organismos no gubernamentales (ONG), las asociaciones civiles, los colectivos juveniles, los grupos de protesta, entre otros. Lo anterior fundamentaría más la creación y aplicación de verdaderas políticas públicas inclusivas y ampliadas, y no solo por cuotas generacionales y como boletines políticos para futuros votos.

De esta manera podríamos hablar de políticas públicas realistas y efectivas cerrando así los ciclos de vida de políticas públicas holísticas,⁵⁸ como se muestra en la Tabla 1.

Por lo tanto, uno de los grandes retos de las políticas públicas, si se piensa a las y los jóvenes como parte integrante del ciclo de las mismas, sería alcanzar la concertación entre los jóvenes y la mirada adultocéntrica de los actores gubernamentales. Para ello, se considera necesario elaborar diagnósticos pertinentes con la voz de los jóvenes, puesto que la participación proactiva de éstos en su propia conformación social es una característica del sexto modelo de políticas públicas enfocado en los derechos de los jóvenes y que tiene como objetivo el fortalecimiento de la condición de la ciudadanía juvenil como proceso evolutivo, a la par que evoluciona el desarrollo democrático de las propias políticas públicas.⁵⁹ Si bien este modelo dista del modelo racional, del incremental, del pluralistaracional, en los que prevalecía la voz oficialista, son el corporativista y el institucionalista, en los cuales hay una relación más clara entre la agenda gubernamental y otros actores del sistema;⁶⁰ no obstante, en ellos no se procuran los derechos humanos, y aunque el modelo neocorporativista, menciona la autora, es el que considera la pluralidad de la población, de los grupos de poder y del estado, en la conformación de la agenda pública este no tiene como característica la evolución natural de las políticas públicas a la par del desarrollo de las sociedades.

En estas nuevas sociedades, la maduración evolutiva de las necesidades de la juventud debe ir a la par de las propias políticas. Si bien la condición juvenil aprende digitalmente, quizá mucho más rápido que otros grupos etarios y presenta nuevas maneras para relacionarse con los demás, también es activista social a través de las pantallas, en ocasiones para resignificar sus prácticas culturales como parte de sus referentes simbólicos, las tecnologías, la escuela, etcétera, por lo cual democratiza las voces de la sociedad, sociedad que requiere de políticas acordes a estas nuevas formas de vida, vertiginosas y muy particulares.

Con la búsqueda de un ejercicio efectivo de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, de las y los jóvenes, se facilitarían los procesos para fortalecer la agencia juvenil, ya que, desde la perspectiva del desarrollo humano con el enfoque de las capacidades de Sen,⁶¹ las y los jóvenes pueden legitimar sus derechos a través de cinco libertades siguientes: la primera sería la libertad política que brinda la oportunidad de elegir y de expresarse para participar en la economía de las sociedades; la segunda es la referente a las oportunidades que las y los jóvenes requieren para devengar recursos económicos, como fruto de su trabajo; el tercer tipo de libertades sería lo concerniente a las oportunidades sociales, brindadas por el estado, como la escuela, los servicios de salud, etcétera; la cuarta libertad es la confianza depositada en otros, con principios éticos, como parte de las relaciones humanas, y la quinta libertad es la seguridad, otorgada por las políticas sociales, en beneficio de los menos favorecidos.

Ante las paradojas ya expresadas entre las ventajas ganadas por los jóvenes y los retos que todavía presentan, como lo ha expresado Pérez Islas⁶² referente a la posición confusa de este grupo etario entre su rol como destinatarios de las políticas públicas y como protagonistas del cambio, es entonces que muchas de las libertades mencionadas por Sen⁶³ se ven aún lejos de alcanzar, en un pequeño estado cuyo territorio y población están inmersos en un hábitat de derechos humanos y civiles violentados por la inseguridad y la situación económica compleja de la entidad, puesto que por ejemplo, en 2019, sólo 49.59 % de la población expresó sentirse seguro en su localidad (estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas con base en Inegi).⁶⁴ No obstante, tres años después, en 2023 la violencia ejercida por el crimen organizado colocó a Colima en el primer lugar de todos los estados del país con la tasa de homicidios más alta, por cada cien mil habitantes, lo cual ha impactado la seguridad en la entidad.⁶⁵

Ante los datos duros será importante analizar las políticas públicas destinadas a las y los jóvenes colimenses desde el enfoque de los derechos humanos, visto como el proceso mismo de la articulación de los derechos de primera generación, así como de los políticos y sociales, de segunda y tercera generación, explicados por Bonet de Viola,⁶⁶ para la garantía del cumplimiento de los mismos en la individualidad y colectividad, estipulados en las propias leyes.

Comentarios finales

Luego de estas disertaciones, recuentos y menciones se puede observar que hasta el momento hace falta generar información actualizada sobre estrategias de promoción y aplicación de políticas públicas de juventud en Colima y el país, y que a la vez comprendan una verdadera rendición de cuentas que contribuyan en aminorar las desigualdades sociales en sus múltiples dimensiones que privan en las juventudes, no sólo colimenses sino también mexicanas.

Para este caso, se conocen poco las acciones relacionadas con las políticas públicas sobre jóvenes en el estado de Colima y sus alcances, por lo que es importante identificar las áreas prioritarias para el diseño de propuestas de investigación interdisciplinarias que permitan la generación y aplicación de nuevo conocimiento que garanticen mejores o más efectivas políticas públicas en materia de juventud.

Es necesario repasar el marco normativo vigente, el contexto legal en el que se enmarca la realidad de las y los jóvenes colimenses, retomando las propuestas de distintos autores y actores sociales. A su vez, no existe trabajo alguno que reúna información específica relacionada con las políticas públicas en el estado de Colima, México, por lo que este artículo pretende hacer visible dicha necesidad de información para abonar a ello. Se debe partir, entonces, desde la propia perspectiva de los estudios sobre jóvenes, a partir de la horizontalidad versus verticalidad, y considerarles agentes sociales vinculados a las instituciones que se relacionan con su bienestar y nivel de vida.

Los proyectos de gobierno, finalmente, deben ayudar al mejoramiento y progreso de la sociedad, lo que representa uno de los factores clave para el desarrollo del país, además de invertir correctamente en este sector social, con la finalidad de aprovechar los escasos recursos económicos a través de estrategias eficientes que integren a todos los niveles de gobierno en la toma de decisiones correctas, pero también a las propias voces de los jóvenes para saber sobre dichas necesidades.

Por ello proponemos que no solamente se deben incluir dichas formulaciones de programas, es decir, los saberes instituidos sino también instituyentes, emergentes y transexenales. Además, se deberían retomar casos de éxito de otros programas a nivel Iberoamérica como los implementados en países como Argentina,⁶⁷ España o Chile, por ejemplo en los casos del programa de guarderías para madres y padres jóvenes argentinos, o el programa de convivencia intergeneracional que permite el que jóvenes españoles puedan vivir en casa de personas mayores durante periodos académicos y así se promueva el intercambio de apoyo y compañía mutua, además de un ahorro económico para los primeros y una riqueza de aprendizaje cultural e interacción social para ambos.

Para hablar entonces de políticas públicas en Colima y en México es necesario no solamente abordar las propuestas y lineamientos gubernamentales específicos, sino también desde y con la ciudadanía juvenil, para que no solamente quienes están a cargo de estas instituciones los sustenten como trampolines políticos para la obtención de botines de poder y de gobierno.

Por lo tanto, se reconoce ahora la urgente necesidad de realizar una descripción detallada del contexto de las problemáticas existentes pero también atendidas en el marco de las características de las realidades de los jóvenes colimenses. De esta manera, en la presente investigación se considera que es clave rescatar dicho mapeo de lo existente hasta el momento en materia de juventudes, como un objeto de estudio que les considere agentes sociales destinatarios de estos programas y vinculados o no a las instituciones.

A la luz de lo anterior, es necesario comentar que a pesar de la creación de instituciones de gobierno encaminadas a desarrollar y aplicar políticas públicas dirigidas hacia el sector joven, su análisis y estudio de pertinencia puede ayudar a dar una respuesta aproximada a sus problemáticas, prácticas, sensibilidades, necesidades y todo lo concerniente con los estudios juveniles y de juventud, para lograr así concretizar la creación o mejoramiento de políticas públicas focalizadas y pertinentes en Colima y México, es decir, que impacten de manera real en sus vidas cotidianas, luego ya de más de dos décadas transcurridas del siglo XXI, respecto a la existencia de instituciones en materia de juventud en la entidad, ello para la configuración urgente de una agenda pública de trabajo en favor de las juventudes colimenses.

Además, es necesario que estas políticas consideren no sólo a jóvenes incorporados (quienes gozan todavía, por ejemplo, de garantías sociales e inserción educativa y laboral o con ciertos privilegios de capitales sociales y culturales), en términos de Reguillo,⁶⁸ sino también a jóvenes que en el marco de una desigualdad estructural, históricamente se ubican en condiciones desfavorables y de vulnerabilidad, así como frente a contextos de violencia, como en los casos de jóvenes en conflicto con la ley o reclusión, jóvenes en tránsito, es decir, migrantes, jóvenes en situación de calle, jóvenes en situaciones de informalidad laboral, así como jóvenes excluidos del sistema educativo o jóvenes pertenecientes a colectivos y culturas juveniles críticos o no del gobierno.

Cabe resaltar que la construcción de conocimiento científico en torno a las desigualdades socioculturales generadas por la falta de conocimiento sobre políticas públicas de la juventud por parte de la sociedad y los distintos gobiernos, así como el acceso a éste es una necesidad palpable, como también lo es la comunicación del proceso sistemático y riguroso que conlleva dicha generación de conocimiento. Por consiguiente, el trabajo articulado a manera de triangulación entre las instituciones gubernamentales, los propios jóvenes y la academia puede construir puentes para la inversión en programas y proyectos con sustento científico, en beneficio de la sociedad y evitar la perpetuación de desigualdades sociales y culturales en este grupo etario. Por ello se espera que la asignación de presupuesto a este tipo de políticas públicas sea un eje central de las políticas nacionales y estatales, así como reconocemos los grandes retos que implica dicha política y su implementación, lo que consideramos fundamental para el futuro de las siguientes generaciones.

Se concluye, finalmente y de manera reflexiva, en total acuerdo con la siguiente cita elaborada por el UNFPA⁶⁹ en el trabajo realizado para las políticas públicas dirigidas de las juventudes:

Resulta necesario impulsar un cambio en la manera en la que los programas sociales entienden y atienden a las personas adolescentes y jóvenes. Frente al cierre inminente de la ventana de oportunidad que constituye el bono demográfico resulta urgente dar el paso de su entendimiento como beneficiarias y beneficiarios a socios implementadores de los programas y como agentes clave para el desarrollo sostenible de sus comunidades.⁷⁰