INTRODUCCIÓN

La estructura poblacional a escala mundial ha cambiado, derivado de una disminución de las tasas de mortandad, de natalidad y por el aumento en la esperanza de vida; la Organización Mundial de la Salud (^{OMS, 2022}), menciona que el número de personas de 60 años o más, superó al de niños menores de 5 años, mostrando que el ritmo de envejecimiento de la población, es más rápido que en el pasado, pronosticando que para 2050, 80% de las personas mayores a 60 años, vivirán en países con menores ingresos. También se estimó que, de 2015 a 2030, la población de 60 años, se incrementará 64% y este, se presentará de manera diferenciada, Europa, seguirá siendo la región más envejecida del mundo; América Latina y el Caribe, vivirán una etapa de envejecimiento acelerado al igual que México, al tener tasas de fecundidad cercanas a las de remplazo y una esperanza de vida mayor a la media regional (^{Huenchuan, 2018}). En México, 12% de la población (15.1 millones de personas), tiene una edad de 60 o más, es decir que, por cada 100 niños o niñas menores de 15 años, hay 48 adultos mayores (Instituto Nacional de Estadística y Geografía-^{INEGI, 2021}). De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (^{CONEVAL, 2020}), en el país hay 35.7 millones de hogares, en ellos (25.3%), residía al menos, una persona de 65 años o más y de estas viviendas, en 8 de cada 10 de este grupo poblacional, ocupaba la jefatura del hogar, con la predominancia de tener una estructura familiar ampliada (41.2%) y 17.5%, posee una estructura unipersonal.

Debe destacarse que, de la población de más de 65 años del país (10.3 millones de personas), un mayor porcentaje son mujeres (54.4%), que se caracterizan por no tener acceso a una pensión laboral, 22.9% vive en localidades rurales y 9.5%, son indígenas (^{CONEVAL, 2020}), lo que profundiza sus condiciones para poder hacer frente a las necesidades de esta etapa de su vida. El cambio demográfico, se presenta de forma diferenciada al interior del país. En el 2020, la Ciudad de México, presentaba la mayor proporción de personas mayores de 60 años (16.2%), mientras que, en Puebla, era menor (12.2%). Se estima que, en 30 años, el porcentaje en Puebla, aumentará a 21%, especialmente, en los 9 municipios (4.1%) que presentan tasas de envejecimiento mayores a 30%, en contraposición con 34 municipios (15.7%) con tasas menores a 10% (^{Garay y Calderón, 2023}).

El incremento de la población de más de 65 años, genera presiones económicas, sociales y de salud, a tal grado, que se reorientó la política social del país para atender a este segmento demográfico, a través de programas sociales, cuyos antecedentes, se remontan a 2001, en el entonces Distrito Federal (Ciudad de México), como un programa prioritario, cuyo objetivo, era brindar una pensión no contributiva (^{Pintado, 2021}), mediante el programa de apoyo alimentario, atención médica y medicamentos gratuitos para adultos mayores, residentes en este espacio de gobierno. En 2003, estos derechos, fueron reconocidos a través de la Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de sesenta y ocho años, residentes en este espacio de gobierno (^{Congreso de la Ciudad de México, 2003}).

Este programa, evolucionó y se expandió, al implementarse a escala nacional, en 2007, el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más, se implementó en localidades menores de 2,500 residentes, en 2008, a espacios de 20,000 habitantes y en 2009, hasta 30,000 pobladores (Secretaría de Desarrollo Social-SEDESOL, 2012). En 2013, se denominó Pensión para Adultos Mayores (PAM), considerando a las personas mayores de 65 años, que no recibieran ingresos por concepto de pago de algún tipo de jubilación (^{Diario Oficial de la Federación-DOF, 2013}). A partir del 2019, se llamó “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” (PPBAM), otorgando un apoyo inicial de $1,275.00 mensuales, con entrega bimestral (^{DOF, 2019}). Actualmente (2024), asciende a $3,000.00 (^{DOF, 2023}), y pone atención a los adultos mayores indígenas, afromexicanas, mujeres, personas con discapacidad o por el lugar de residencia, para contribuir a reducir las brechas de desigualdad socioeconómica (^{DOF, 2023}).

El objetivo de la presente investigación, fue analizar la relación que existe entre el PPBAM y la pobreza en espacios rurales en el Estado de Puebla, con el fin de retroalimentar el programa, generando esquemas, que permitan la formulación de estrategias en materia de política social, que contribuyan a disminuir la pobreza en el mediano plazo. El evaluar la relación de programas como el PPBAM, con la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida, es crucial para determinar su efectividad, justificar su continuidad y optimizar su implementación. El estudio, ofrece una evaluación empírica del PPBAM, en la reducción de la pobreza en áreas rurales de Puebla, contribuyendo a comprender, las diferencias regionales y socioeconómicas en la influencia del programa, especialmente, en comunidades rurales, donde las necesidades, pueden diferir de las de las zonas urbanas.

MARCO TEÓRICO

La pobreza, es un problema multidimensional difícil de analizar, porque depende de la percepción del investigador, del contexto, de los umbrales considerados, entre otros factores, lo que genera que no exista una definición única, pero se puede decir, que es un fenómeno social, que se refleja en la falta de condiciones materiales, para cubrir las necesidades básicas referentes a alimentación, vestimenta, vivienda, educación y salud. Sin embargo, también se refiere a elementos subjetivos de percepción y de insatisfacción, que se presenta cuando una persona, no puede cubrir las expectativas establecidas por las normas sociales (^{Kalinowski, 2020}).

Existen diferentes enfoques para medir la pobreza, los cuales, se pueden caracterizar, si basan sus criterios, en la fijación de normas (umbrales o líneas) que separan a los pobres de los no pobres en términos absolutos, o si adoptan una visión relativa, considerando las necesidades socialmente establecidas, que pueden variar según el contexto y la temporalidad; otros, tienen un carácter unidimensional (una sola dimensión) o multidimensional (varias dimensiones del bienestar) (^{Boltvinik y Damián, 2020}). Bajo el enfoque de pobreza absoluta, se pone énfasis en las condiciones materiales mínimas de subsistencia, que permite la delimitación de los umbrales y es cuestionada, por limitar las necesidades humanas a las físicas, en lugar de las sociales, sin embargo, la ventaja de este enfoque, es que permite realizar una medición sencilla y directa, comparando los ingresos de las personas (^{Stezano, 2021}).

En México, se calculan dos umbrales para medir la pobreza: el primero, para delimitar la pobreza extrema, a través de la estimación del costo de la canasta básica alimentaria, que considera los aportes, requerimientos y recomendaciones de nutrientes de los alimentos consumidos, así como su gasto y frecuencia de consumo de los hogares. Mientras que, en el segundo umbral, se hace referencia a la pobreza por ingresos, definiéndola a través de una canasta básica, tanto alimentaria, como no alimentaria; ambos umbrales, se ajustan tanto para zonas urbanas, como para las rurales (^{CONEVAL, 2019}). Estas metodologías, no son únicas, por ejemplo, en la Unión Europea, se emplea un enfoque paramétrico, que se fija en 60% del ingreso mediano disponible después de las transferencias sociales, utilizando una escala de equivalencia, es decir, ajustando los ingresos, por el tamaño del hogar (^{Kalinowski, 2020}).

Con la delimitación de los umbrales, se puede obtener una estimación de la pobreza absoluta, es decir, el total de la población que se encuentra por debajo de la línea de ingresos establecida o la proporción de personas, con ingresos por debajo del umbral (^{Martner, 2018}). En contraste, la pobreza relativa, considera la dispersión de los ingresos/riqueza con respecto un estándar social medio, el cual, cambia a lo largo del tiempo, teniendo un carácter dinámico (^{Stezano, 2021}).

En esta investigación, se asumió el enfoque de pobreza establecido por el ^{CONEVAL (2019)}, el cual, se basa en la definición de pobreza absoluta, aunque con un enfoque multidimensional para su medición, al considerar diversas dimensiones, como la carencia a la educación, salud, vivienda, servicios de vivienda, alimentación y seguridad social, permitiendo con ello, identificar no solo los niveles, sino además, la intensidad de la pobreza, basándose en la proporción de carencias que experimentan (^{Alkire y Foster, 2011}). Así, la pobreza multidimensional, considera tanto el bienestar económico, como las carencias sociales, señalando que, una persona se encuentra en situación de pobreza, cuando presenta al menos, una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades y se encontrará en situación de pobreza extrema, cuando presente tres o más carencias sociales y no tenga un ingreso suficiente, para adquirir una canasta alimentaria (^{CONEVAL, 2019}).

Independientemente de los enfoques para su medición, la pobreza, tiene matices distintos, de acuerdo a la diversificación demográfica y espacial, que permiten establecer diferencias en su nivel e intensidad (^{Stezano, 2021}). Un caso evidente de ello, se presenta en las zonas rurales dispersas, donde existen bajos niveles de ingresos, de densidad poblacional, con una elevada tasa de envejecimiento, que hace más difícil y costoso, el mantener una adecuada infraestructura de servicios integrales (^{UNECE, 2017}), ya que se caracterizan por poseer terrenos accidentados, carreteras, infraestructura física y transporte deficientes, que no solo limita el acceso a servicios, también crean barreras, para mantener las relaciones sociales, acentuando la exclusión social de las personas adultas mayores (^{Centre for Ageing Better, 2021}), lo que puede derivar en problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.

Entonces, la relación entre ruralidad, vejez y salud, es compleja, al no ser solo un problema de acceso, sino también de la calidad de los servicios, debido a que estos espacios, se caracterizan por la escasez de médicos y limitaciones tecnológicas, que afectan las opciones de atención, diagnóstico y tratamiento (^{Cohen, 2023}), situación que se agrava, considerando que en esta población, prevalecen enfermedades crónicas y deterioro funcional, que requieren atención diferente, con respecto a otros grupos de edad. A ello, se añaden las barreras financieras, educativas y culturales, que obstaculizan el acceso a los servicios de salud (^{Barbosa et al., 2024}).

Además, las precarias condiciones laborales y el proceso de envejecimiento de la población, disminuyen la posibilidad de acceder a pensiones contributivas, provocando que, en el largo plazo, las expectativas de la calidad de vida de la población adulta mayor, sean desalentadoras, sobre todo, por la incertidumbre de contar ingresos suficientes que permitan su subsistencia. Entonces, la falta de adecuados sistemas de protección social, es compensada por la red de seguridad familiar, sin embargo, las condiciones de vida actuales en los espacios rurales, han variado de forma importante, no solo por la migración, sino también por las transformaciones en las estructuras familiares, que han disminuido la co-residencia, aumentando la vulnerabilidad de las personas mayores (^{Naciones Unidas, 2018}).

En este escenario, la pobreza rural de las mujeres adultas mayores, tiene una mayor intensidad, no solo por su mayor participación en el trabajo no remunerado que reduce su probabilidad para acceder a beneficios sociales, sino también a una subordinación estructural de dependencia económica, que provoca que su subsistencia, dependa del apoyo que reciban de otros (^{Castañeda y Rebolledo, 2019}). Ante la gravedad de este contexto, los gobiernos en América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y México, generaron un sistema de pensiones no contributivas, como un componente esencial de seguridad social y en algunos casos, añadiendo un carácter de universalidad, permitiendo con ello, reducir las brechas de género y la institucionalización de los derechos a la protección de la vejez para todos, en especial, para las personas sin acceso al mercado formal de trabajo (^{Arza, 2017}).

^{Rodríguez (2016)}, menciona que la pobreza de los adultos mayores, es crítica, pese a la obtención de recursos económicos por parte de programas sociales y que es más notable, en las personas que habitan en zonas rurales, especialmente, cuando pertenecen a una etnia. Aquí toma relevancia, el sistema de pensiones tanto contributivas, como no contributivas y dentro de las funciones sociales que debe proporcionar un sistema de pensión a la vejez, el evitar o aliviar la pobreza, la indigencia, así como la redistribución del ingreso, para reducir las desigualdades y exclusión, mantener los niveles de consumo, para satisfacer las necesidades mínimas, en función a las etapas de vida (^{Rodríguez, 2016}). Estas funciones, pueden generarse con diferentes combinaciones de modelos de apoyo al ingreso (^{Filgueira y Manzi, 2017}).

Aquí los sistemas de pensiones no contributivos, juegan un papel crucial en la reducción de los riesgos sociales y económicos derivados de la vejez, proporcionando un ingreso básico, que ayuda a cubrir un nivel mínimo de consumo, garantizando la cobertura del derecho a la seguridad social (^{Martínez, Pérez y Tejerina, 2015}), generando un efecto renta, que impulsa a la demanda agregada en la economía. Además, de tener un impacto significativo, en la salud física y mental de los beneficiarios; al reducir la inseguridad económica, disminuyen el estrés y la ansiedad. Esto significa que, con mayores ingresos, los beneficiarios, pueden acceder a una mejor atención médica, comprar medicamentos y adoptar estilos de vida más saludables, reduciendo los riesgos derivados de la participación laboral (^{Bando, Galiani y Gertler, 2021}).

Los beneficios de las pensiones no contributivas, también se extienden a otros miembros de la familia. En particular, se ha observado, una relación positiva entre estas pensiones y la educación, al existir una mayor matricula infantil. A pesar de ello, debe señalarse que, el ingreso generado por una o más pensiones en un hogar, puede no modificar los niveles pobreza, si aumenta el tamaño del hogar, ya que los beneficios de las pensiones, se comparten con la familia extendida (^{Borrella-Mas et al., 2016}).

METODOLOGÍA

Para realizar la investigación, se utilizó información de la base de datos para la Medición de pobreza multidimensional publicada por el CONEVAL, con datos de 2020, la cual proporciona información sobre las condiciones socioeconómicas, de pobreza y carencias por persona y por hogar, estableciendo como unidad de análisis, la información de las personas. En el tratamiento de la información, se generó una variable denominada población objetivo, para identificar a la población que contaba con 65 años o más, lo que permitió analizar la proporción de la población de 65 años o más, que recibe el apoyo.

La información se analizó por grupos, considerando específicamente, las diferencias de género y geográficas (urbano/rural), para identificar grupos específicos en los que el programa, puede tener mayor o menor influencia. Considerando a la población en condiciones de pobreza, como aquella que cuenta con un ingreso inferior al valor de la línea de pobreza, por ingresos para zonas rurales y urbanas y que presenta al menos, una carencia social. A su vez, se consideró a la población en pobreza extrema, como aquella que dispone de un ingreso, que no le permite acceder a la canasta alimentaria, además de presentar al menos, tres de las seis carencias sociales.

Para analizar las carencias y vulnerabilidades, se utilizó la metodología de medición de pobreza multidimensional del ^{CONEVAL (2019)}.

Con el objetivo de evaluar la relación entre las transferencias del programa y la probabilidad de estar en condiciones de pobreza, en la población de 65 años o más en el Estado de Puebla, se implementó un modelo Probit, ya que la variable dependiente, pobreza, es dicotómica; la idoneidad de este modelo, fue confirmada a través del pseudo R², que permitió evaluar su ajuste. El modelo propuesto es el siguiente:

donde Φ es la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar; β0 es el intercepto; X1 variable dicotómica que indica si el área es rural (1) o urbana (0); X2 variable dicotómica que indica el género hombre (1) o mujer (0); X3 variable dicotómica que indica si se recibe el apoyo del PPBAM, siendo beneficiario (1) y no beneficiario (0); X4 variable dicotómica que indica si la persona recibe o no pensión por trabajo, recibe (1) no recibe (0); X5 variable categórica que indica el nivel educativo, siendo primaria incompleta o menos (0), primaria completa o secundaria incompleta (1), secundaria completa o media superior incompleta (2), y media superior completa o mayor nivel educativo (3); X6 variable continua referente a la edad; X7 variable continua que mide el tamaño del hogar ajustado.

La estimación del modelo planteado, se realizó utilizando errores estándar robustos, para abordar los problemas de heterocedasticidad, lo que contribuye a obtener intervalos de confianza más precisos y pruebas de significancia, más confiables para los coeficientes (^{Wooldridge, 2010}).

Para la interpretación del modelo Probit, se realizaron los análisis de los efectos marginales, para evaluar la probabilidad de encontrarse en condiciones de pobreza, al recibir o no las transferencias del PPBAM, tanto en los espacios rurales, como urbanos. Además, se implementó el método de primeras diferencias, para capturar los cambios en la probabilidad de estar en pobreza, al recibir o no el apoyo del programa, tanto por área, como por género.

RESULTADOS

La edad promedio de los adultos mayores a escala nacional, fue de 74 años, lo que equivale a 9.4% del total de la muestra y de este porcentaje, 21%, recibió apoyos por parte del PPBAM. Para el caso de Puebla, se encontró que, de la población total (6.6 millones de personas), 9%, es mayor a 65 años (568,812 personas), de los cuales, 22% recibió apoyos (122, 862 personas), teniendo una edad promedio similar a la nacional. En cuanto a la distribución del PPBAM en el país, 33% de los recursos, se concentró en zonas rurales, con una cobertura de 24%, frente a 21% en las zonas urbanas. La cobertura varió entre entidades federativas, siendo los niveles más bajos, en Baja California (11.7%) y el Estado de México (12%), mientras que Nayarit (29.8%) y Sinaloa (27.8%), presentaron las mayores coberturas. El promedio de cobertura a escala nacional, fue del 22%, porcentaje similar al del Estado de Puebla (22%).

Del total de los recursos del PPBAM distribuidos en el Estado de Puebla, 70% se destinaron a las zonas urbanas y 30% a las rurales, lo que se traduce en una cobertura de 21% en las zonas urbanas, en contraste con las rurales, en donde se alcanzó una mayor proporción (24%). Con respecto a la asignación del PPBAM por género, se observó que una mayor parte de los beneficiarios, fueron mujeres (56%), fenómeno que ocurre tanto en las zonas rurales (51% mujeres), como urbanas (59% mujeres) de México. Para el caso de Puebla, se observó que los recursos del PPBAM asignado a las mujeres en las zonas rurales, fue de 54%, en comparación con 67.46% de los espacios urbanos. Esta disparidad, puede deberse a las diferencias en términos de acceso a las pensiones derivadas del trabajo, en donde se encontró que, en las zonas urbanas, 17% de las mujeres, recibieron pensión, en comparación con 29% de los hombres; situación completamente diferente, a lo que se encuentra en las zonas rurales, en donde tanto mujeres (7%), como hombres (9%), tienen un acceso bastante limitado a las pensiones por trabajo.

Con respecto a las condiciones de pobreza en el Estado (Cuadro 1), se encontró que está, tiene una mayor concentración en los espacios rurales (70%), que en los urbanos (59%); comportamiento similar se encontró entre la población mayor a 65 años, en donde la pobreza en los espacios rurales (61%), fue mayor a la de las áreas urbanas (50%). Es de destacar que, el nivel de población de 65 años y más en condiciones de pobreza, fue menor en las zonas rurales que en las urbanas, sin embargo, el porcentaje de población que se encuentra en esta condición y que fue beneficiada por el programa en las zonas rurales, fue similar (52%) en comparación con la urbana (51%).

De la población en situación de pobreza de 65 años y más, diferenciada por género, se encontró que, en los espacios rurales, se benefició a 49% de las mujeres y a 55% de los hombres. Mientras que, en las zonas urbanas, el apoyo del PPMAM, alcanzó a 52% de las mujeres y a 48% de los hombres en condiciones de pobreza. Si bien, las condiciones de pobreza son un problema grave, la pobreza extrema, agrava aún más la situación, vulnerando los derechos fundamentales y la calidad de vida de las personas; en este sentido, se encontró que la pobreza extrema (Cuadro 1) en el Estado de Puebla (13%), es mayor que la que se presenta a escala nacional (9%) y esta, es aún más grave en las zonas rurales (16%) del Estado, que las áreas urbanas (12%).

Del total de personas de 65 años y más que reciben el apoyo en el Estado de Puebla, solo 7%, son personas en condiciones de pobreza extrema, comportamiento que se repite tanto en zonas rurales, como urbanas (Cuadro 1). Esto, tiene implicaciones importantes, ya que se muestra una baja proporción de distribución de los apoyos a la población que se encuentra en una situación crítica de pobreza, condición que se repite, independientemente, si la zona es rural/urbano, lo que sugiere, una revaluación sobre la priorización y distribución de los apoyos.

Con respecto a las carencias sociales, esta fue mayor entre la población rural (23%), que la urbana (16%); sin embargo, las diferencias de las carencias sociales entre la población beneficiada entre las áreas rurales (42%) y urbanas (20%), fue mucho mayor.

Un indicador importante para entender la estabilidad económica de la población, es la vulnerabilidad de ingresos que, a escala estatal, fue de 8%, lo que implica que este porcentaje de población, tiene ingresos superiores a la línea de pobreza, pero aún es insuficiente para asegurar la estabilidad económica completa. Debe destacarse que, la vulnerabilidad por ingresos, es igual (7%) a nivel estatal, tanto para los beneficiarios, como no beneficiarios del PPBAM, pero difiere entre las áreas urbanas (10%) y rurales (0%), lo cual indica que, los programas asistenciales, pueden tener diferentes impactos según su destino y puede explicarse a los mayores costos de vida que presenta vivir en áreas urbanas. Cabe destacar que, solo 13% de la población del Estado, no es pobre ni vulnerable, porcentaje mucho mayor, en las zonas urbanas (15%) que las rurales (4%); ambos porcentajes, se incrementan entre los beneficiarios del PP-BAM, tanto urbano (19%), como rurales (6%) (Cuadro 1).

Con respecto a la carencia por seguridad social entre la población de 65 años y más, se tiene que, en el Estado, 58% de la población del área urbana y 42% de la rural, presenta esta carencia. A pesar de que en las zonas urbanas existen más oportunidades de empleos con seguridad social, un gran número de personas, trabaja en la economía informal y no califica, en cambio, en las áreas rurales, donde la cobertura de seguridad social derivada del empleo, es aún más limitada, esta situación se compensa en parte, con una mayor cobertura de programas sociales, como el Programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (PPBAM).

En el Estado, 18% de la población que recibió pensión o jubilación y también percibió beneficios del PPBAM, y 23% de los no pensionados/jubilados, recibió recursos de este programa, lo que indica una diferencia significativa entre ambos grupos. Así, la probabilidad de que una persona mayor de 65 años pensionada, que recibiera el apoyo del programa fue de 4%, mientras que, para una persona de este mismo grupo que no está jubilada, la probabilidad de recibir el apoyo del PPBAM, fue de 18%.

Con respecto a las carencias sociales (Cuadro 2), se encontró que 80% de la población en general, tiene al menos una carencia, en comparación con 76% de la población de 65 años y más. Sin embargo, las diferencias se amplían entre los beneficiarios y no beneficiarios del PPBAM, ya que estos últimos, tienen un mayor rezago educativo y menor acceso a la seguridad social. Diferencia que se agrava en las zonas rurales, debido a que presentan los mayores porcentajes en todas las carencias, por lo que es necesario, enfocarse más en estos espacios. Los beneficiarios del PPBAM, presentan el menor porcentaje de la carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Para evaluar los efectos del programa, se realizó la estimación de un modelo Probit, encontrando una pseudo R ²=0.2538, lo que implica un ajuste relativamente bueno, para este tipo de modelos. Este resultado, se respalda con el valor del Wald X², que fue de 183.77, con un valor p=0.0000, que indica que el modelo Probit, tiene un ajuste estadísticamente significativo. Debe señalarse, que todos los coeficientes obtenidos, fueron significativos a 5%, con excepción de la variable X ₁ referente al área rural/urbano (Cuadro 3). Se encontró que, las variables que reducen la probabilidad de encontrarse en pobreza, son los apoyos del PPBAM, las pensiones, un mayor nivel educativo y la edad. Mientras que el ser hombre y vivir en un hogar de mayor tamaño, incrementa la probabilidad de estar en condiciones de pobreza.

Los efectos marginales, muestran que ser beneficiario del PPBAM, reduce la probabilidad de que una persona en el Estado, se encuentre en condiciones de pobreza en 8.44 puntos porcentuales (p=0.02), es decir, las personas de 65 años o más, que reciben el PPBAM, tienen 46.48% de probabilidad de caer en condiciones de pobreza, mientras que las personas que no lo reciben, tienen un 54.81%. En las zonas rurales, la probabilidad de que una persona de 65 años o más se encuentre en pobreza, fue menor (42.77%) si se reciben los apoyos del PPBAM, en comparación con los que no reciben dicho apoyo (50.71%). En los espacios urbanos, la probabilidad de encontrarse en condiciones de pobreza, también fue menor para los que recibieron los apoyos del PPBAM (49.01%), en comparación con los que no recibieron el apoyo (56.76%) (Figura 1).

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones del CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza 2020.

Figura 1 Predicciones de pobreza considerando las transferencias del PPBAM entre zonas rurales y urbanas. 

El análisis del contraste de probabilidades, muestra que las personas que están jubiladas, que reciben el PPBAM, tienen 5.52% puntos porcentuales menos de ser pobre, que con respecto los que no lo reciben las transferencias, mientras que las personas no jubiladas que reciben el PPBAM, tienen un 8.59 puntos porcentuales menos, de ser pobres.

Adicionalmente, al evaluar la diferencia en la probabilidad de estar en pobreza, entre quienes reciben y no reciben el programa en zonas urbanas, se encontró que recibir los apoyos del programa, está asociado con una reducción de 7.9% en la probabilidad de estar en pobreza en áreas urbanas (p=0.0277); mientras que, en las zonas rurales, el programa está asociado con una reducción de 9.7% en la probabilidad de estar en pobreza (p=0.0314). Los resultados destacan la importancia del PPBAM en la reducción de la pobreza, entre las personas mayores de 65 años en las áreas geográficas estudiadas.

Al realizar el análisis por género, mediante el contraste de probabilidades, se encontró que recibir el programa, está asociado con un aumento de 0.88% en la probabilidad de estar en pobreza para hombres, con respecto las mujeres (p=0.04), lo que podría sugerir que el programa, tiene un impacto diferencial por género. En las zonas rurales, las mujeres que no reciben las transferencias del programa, tienen 47.83% de probabilidad de caer en condiciones de pobreza, mientras que las mujeres que reciben el PPBAM es de 39.89%. Para el caso de los hombres que no reciben las transferencias del programa, la probabilidad de ser pobre fue de 54.77%, mientras que con las transferencias es de 53.12%. Esto revela que el PPBAM, contribuyó en las zonas rurales, a reducir en mayor medida, la probabilidad de que las mujeres se encontraran en condiciones de pobreza en comparación con los hombres; esto podría deberse a que las mujeres, especialmente en áreas rurales, suelen estar en situaciones de mayor vulnerabilidad económica y el programa, puede estar cubriendo mejor sus necesidades. En las zonas urbanas, la probabilidad de ser pobre, para una mujer sin recibir las transferencias del programa, fue de 53.95% y con el apoyo del PPBAM, disminuyó a 46.12%. En los hombres, la probabilidad de estar en condiciones de pobreza sin el recurso del programa, fue de 60.59% y con las transferencias del PPBAM, esta probabilidad disminuyó a 53.12%.

DISCUSIÓN

^{Huenchuan (2018)} señala que, los sistemas de protección social dirigidos a las personas mayores, deben buscar la autonomía de los participantes, garantizando un piso mínimo de seguridad de ingresos, aunado a sistemas de salud y servicios sociales. En este sentido, el PPBAM, busca contribuir con un piso mínimo solidario de protección social, a través pensiones no contributivas con tendencia universal, para combatir las brechas persistentes en el trato, negación de derechos y estereotipos vejatorios hacia las personas adultas mayores, poniendo especial énfasis, en las personas de este grupo etario que viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación. En este contexto, la presencia de personas de 65 años o más en el país, ha ido en aumento, lo que genera una mayor demanda de recursos económicos para el PPBAM. De esta población, 54% son mujeres, lo que da cuenta de la esperanza de vida derivada de las características físicas o fisiológicas, aunado a los estilos de vida asociados al género (^{INMUJERES, 2015}).

Son múltiples y diversas, las razones que pudieran explicar el por qué en las zonas urbanas del Estado, se asigna un mayor porcentaje del PPBAM a las mujeres, pero se destaca, el hecho de su mayor longevidad, una mayor probabilidad de estructuras familiares unipersonales femeninas en estos espacios, menores redes comunitarias, una menor participación de las mujeres mayores a incorporarse al mercado laboral, por realizar labores de cuidado no remuneradas y porque en las ciudades, los hombres tienen mayor acceso al sistema de apoyo contributivo; ejemplo de ello, es que a escala nacional, el 23% de las mujeres, tienen acceso a una pensión contributiva en comparación con el 40% de los hombres, que tienen un empleo formal (CONSAR, 2018).

Del total de adultos mayores del país, 77.1%, reside en localidades urbanas, mientras que 22.9%, se encuentran en localidades rurales; este aspecto es importante, porque se relaciona estrechamente con la situación de pobreza, debido a que, en el medio rural, cerca de la mitad de la población de 65 años o más, estaba en situación de pobreza (50.7%), mientras que, en el ámbito urbano, fue mucho menor (34.1%) (^{CONEVAL, 2020}). Al compararlos con los resultados obtenidos en el Estado, se aprecia como éstos, son mayores tanto en las zonas rurales, como urbanas, alcanzando 61% y 50% respectivamente. Esto hace indispensable que las personas mayores, cuenten con el apoyo y la cobertura suficiente, para garantizar un acceso adecuado a los servicios y satisfactores básicos, dado sus requerimientos según su etapa de vida.

Al respecto, ^{Sánchez y Rodríguez (2018)}, mencionan que el programa de Adultos Mayores (PAM) en 2018, la tasa de pobreza de los adultos mayores que residía en las áreas rurales, disminuyó más que en las zonas urbanas, ante la intervención del programa. Este comportamiento, coincide con los resultados obtenidos para el Estado de Puebla en 2020, ya que, para las zonas rurales, la reducción de la pobreza fue de 9.7 puntos porcentuales, con respecto 7.9 puntos porcentuales de las zonas urbanas. Lo que puede implicar que, las formas en las que se está realizando la asignación de los recursos, están siendo más efectivas para las zonas rurales. Los resultados de la investigación, coinciden con los señalado por Barrera et al. (2022), al argumentar que, mediante una estimación de los ingresos provenientes de las pensiones no contributivas, encontraron que estas, tienen un efecto positivo sobre las líneas de pobreza, producto del aumento gradual de los montos que otorga, garantizando que ningún hogar carezca de ingresos y que todos superen las líneas de bienestar mínimo, tanto en zonas rurales y urbanas.

De acuerdo a ^{Rodríguez (2021)}, las pensiones contributivas, se asocian positivamente, con los niveles educativos, vivir en zonas urbanas y ser hombre, por lo que el sector poblacional más vulnerable, son las mujeres que residen en zonas rurales y que tienen pocos años de escolaridad. Esto, se deriva del hecho de que la cobertura de la seguridad social, este asociado al modelo de familia tradicional, que supone la existencia de un proveedor varón que, a través de los beneficios derivados del empleo, da cobertura a esposa e hijos, lo que genera que menos mujeres, tengan seguridad social (^{Damián, 2016:165}). En este sentido, ^{Sánchez y Rodríguez (2018)}, señalan al analizar el impacto del PAM por grupos sociales, en términos de género, en donde los hombres resultaron más beneficiados por estas transferencias.

En contraposición, ^{Juárez y Rodríguez (2021)}, encontraron que las transferencias del PAM, tuvieron resultados positivos y estadísticamente significativos sobre el bienestar subjetivo de las mujeres mayores, aunque no de los hombres mayores. En esta investigación, se pudo apreciar que, los recursos del PPBAM, se distribuyeron considerando las diferencias de género, como lo muestran los datos de la ^{Secretaría del Bienestar (2022)}, donde las transferencias a escala nacional para las mujeres, representaron 55.5%, mientras que, para los hombres, 44.4%. De acuerdo a los resultados obtenidos para el Estado de Puebla, se observaron tendencias que sugieren una mayor reducción en los niveles de pobreza entre las mujeres, en comparación con los hombres, dentro de los espacios rurales, atribuible en parte, a las transferencias del PPBAM.

Sin embargo, es importante señalar que estas diferencias, no se deben exclusivamente a los efectos del programa, ya que otros factores socioeconómicos y contextuales, pueden influir en los resultados, como al hecho de que las mujeres en áreas rurales, a menudo enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad económica, con un acceso limitado a empleo formal y a recursos económicos, que puede hacer que dependan más de los apoyos sociales, como los del PPBAM, para mejorar sus condiciones de vida. Otro aspecto que debe considerarse, son las estructuras de género en las comunidades rurales, en donde tienden a asignar a las mujeres, un rol de cuidadoras y responsables del hogar, lo que puede hacer que sus necesidades, sean más críticas, haciendo que la transferencia de recursos a las mujeres, pueda tener un efecto multiplicador, ya que estas, suelen priorizar el gasto en salud, educación y alimentación para sus familias, utilizando los recursos, de forma más efectiva, para hacer frente a las carencias.

En un trabajo realizado por ^{Lozada (2023)} para el Estado de Puebla, se analizaron los efectos del PPBAM, a través de un modelo logístico, empleando variables distintas a las utilizadas en esta investigación. En donde también encontró, con respecto al género, que ser mujer en el Estado, disminuye la probabilidad de pobreza en 4.8%, en comparación con los hombres, resultado que no coincide con otras investigaciones, que plantean que las mujeres, tienen mayores probabilidades de estar en condiciones de pobreza. Lo mismo ocurre con la variable rural, donde se observa que vivir en una zona rural, disminuye la probabilidad de ser pobre, un hallazgo que no es coincidente con otras investigaciones, por lo que debe señalarse que, estos resultados, requieren estudiarse con mayor profundidad, debido a que pueden ser el reflejo de una diversa combinación de factores contextuales, tanto en términos de implementación del programa, como de dinámicas socioeconómicas específicas del Estado. Debe considerarse que, en 2020, se presentaron cambios importantes en términos del incremento en la dotación y distribución de los recursos del PPBAM, ya que, los recursos provistos por los programas sociales impulsados en el país, aumentaron 30 veces de 2018 a 2020; esto generó que el porcentaje de personas de 65 años y más, que solo recibió una pensión no contributiva, se incrementara de forma importante, pasando de 0.03 % en 2016, a 1.1% (^{CONEVAL, 2020}).

CONCLUSIONES

Derivado de los resultados, se observa que el porcentaje de cobertura del PP-BAM en las zonas rurales, fue mayor con respecto las áreas urbanas, en donde el Estado de Puebla, tiene un nivel de cobertura similar a la media nacional. Al analizar la distribución de los recursos por género dentro del Estado, se apreció que las mujeres en las zonas urbanas, recibieron una mayor proporción de transferencias del PPBAM, con respecto a las zonas rurales.

Debe señalarse que, aunque el modelo Probit permite evaluar la relación entre las variables, no garantiza la identificación de efectos causales, por lo tanto, no puede afirmarse que el programa, sea la causa directa de la reducción en la pobreza observada, ya que podrían existir otros factores no controlados, que influyan en los resultados. Otro aspecto que no se consideró en esta metodología, son las diferencias individuales que pueden influir en la probabilidad de estar o no en condiciones de pobreza, lo que podría llevar a resultados sesgados.

A pesar de estas restricciones, se puede concluir que el programa PPBAM, muestra una asociación significativa con la reducción de la pobreza, aunque persisten diferencias en la cobertura y la asignación de recursos por género y localización geográfica. Los resultados indican que el programa, ha beneficiado en mayor medida, a los grupos más vulnerables, especialmente, a las mujeres en zonas rurales, lo cual, podría deberse a su mayor vulnerabilidad económica o a diferencias en la estructura del hogar y los roles de género. En las zonas urbanas, tanto mujeres como hombres, han experimentado una disminución significativa en la probabilidad de encontrarse en pobreza, gracias al apoyo del programa.

Asimismo, surge la necesidad de realizar estudios, que se concentren en el aspecto de las carencias sociales, pues, conforme a lo revisado, es finalmente, donde se reflejan los efectos de los programas sociales, porque se relacionan con la calidad de vida, que, sin duda, incorporan variables como la educación, salud, vivienda y seguridad social y en este sentido, se puede apreciar que las diferencias en términos de carencias en los espacios rurales/urbanos, siguen siendo significativas.

De igual manera, es ineludible que estas investigaciones, logren permear en la política social, ya que se basen en evidencia científica, para proponer estrategias que, desde ahora, contribuyan a aminorar los efectos desalentadores de la vejez en el país. Ante este escenario, se sugiere que se asigne una mayor proporción de recursos, a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, lo que implica priorizar más la asignación a las zonas rurales, reforzando el programa con programas complementarios, que aborden las carencias sociales prioritarias, según el área específica de intervención.