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Introducción
La pobreza, como objeto de estudio, presenta una trayectoria histórica marcada por un constante debate teórico y conceptual. Interpretarla, medirla e identificar sus múltiples dimensiones -ya sea como carencia material, limitación de libertades, insatisfacción de necesidades básicas o restricción de capacidades- dista de ser un proceso homogéneo. Esta complejidad se refleja en la observación de Ringen (2004: 519) , quien afirma que «la experiencia de la pobreza nunca es la misma en todas partes ni en todo momento». En el caso mexicano, esta aseveración adquiere una relevancia particular a la hora de analizar la profunda heterogeneidad regional que caracteriza al país.
Chiapas, entidad ubicada en el sureste mexicano, constituye el ejemplo paradigmático de esta disparidad. A pesar de su vasta riqueza natural y cultural, que incluye la presencia de 12 pueblos indígenas, y de su posición geoestratégica privilegiada por su litoral en el océano Pacífico y su frontera con América Central, la entidad presenta consistentemente los índices más elevados de pobreza, desigualdad y marginación a nivel nacional. Esta contradicción materializa la paradoja señalada por Carabias (2005: 103) : «las zonas más pobres y marginales del país son aquellas que cuentan con la mayor riqueza natural». En este contexto, se activan procesos acumulativos negativos que perpetúan un círculo vicioso de subdesarrollo, en el cual las políticas asistencialistas, al subsidiar sin transformar las causas estructurales, pueden inhibir la productividad y generar únicamente una ilusión temporal de progreso, lo que agrava la situación a mediano plazo.
La desigualdad, en su intrínseca relación con la pobreza, funciona como un mecanismo de consolidación de las disparidades socioeconómicas. Desde esta perspectiva, Madrueño (2013) conceptualiza la desigualdad como un fenómeno persistente que perpetúa las diferencias en bienestar y oportunidades entre diversos colectivos sociales, actuando como un obstáculo estructural para la realización de la justicia social. Esta multidimensionalidad del fenómeno es ampliamente reconocida en la literatura. Sen (2001), por ejemplo, enfatiza que la desigualdad representa un desafío analítico complejo que trasciende el ámbito económico para abarcar dimensiones sociales, políticas y filosóficas, particularmente en su manifestación territorial. El enfoque de Sen (2001) propone un marco alternativo que, en lugar de evaluar la desigualdad mediante indicadores de utilidad o posesión de bienes primarios, se centra en las capacidades reales de las personas y su posibilidad de convertir recursos en libertades efectivas. En esencia, su marco teórico sugiere que en la evaluación de las oportunidades se deben considerar tanto los recursos disponibles como las características individuales y sociales que determinan la capacidad de conversión de dichos recursos en logros concretos.
Esta perspectiva es respaldada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2005) en su Informe sobre Desarrollo Humano, donde sostiene que las desigualdades relacionadas con la riqueza, el género, la ubicación geográfica o la etnia colocan a las personas en una situación de desventaja estructural que suele transmitirse intergeneracionalmente. En México, esta realidad es palpable. La profunda desigualdad que atraviesa todas las esferas de la vida nacional -económica, política, social y cultural- constituye un rasgo estructural del país, y su persistencia queda de manifiesto en la brecha de ingresos, la cual se ha mantenido prácticamente inamovible a lo largo de cuatro décadas (Hernández, 2005).
Es dentro de este entramado conceptual y contextual donde el presente estudio encuentra su pertinencia y ubicación. La investigación tiene como objetivo central analizar críticamente la trayectoria de la pobreza y la desigualdad en México, con un énfasis particular en el caso de Chiapas, durante el periodo de gobierno correspondiente a la llamada Cuarta Transformación (4T) entre los años 2018 y 2024.
En esta investigación se emplea una estrategia metodológica mixta que combina el análisis cuantitativo de series temporales -2018-2024- con una evaluación cualitativa de políticas públicas. Las fuentes primarias incluyen bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025a) sobre pobreza multidimensional e indicadores laborales, complementadas con documentos programáticos del gobierno federal y estudios académicos especializados. Asimismo, el diseño incorpora: 1) análisis comparativo intertemporal para medir la evolución de indicadores, 2) contraste interregional para identificar disparidades, 3) evaluación de consistencia entre objetivos declarados y resultados observados, y 4) identificación de determinantes estructurales mediante análisis de regresión. En el estudio se profundiza en el caso de Chiapas mediante desagregación estadística y evaluación específica del impacto diferenciado de las políticas nacionales, manteniendo siempre la contextualización macroeconómica necesaria para el análisis subnacional.
Para cumplir con este propósito, el trabajo se organiza en una estructura de cuatro apartados analíticos sucesivos. En primer lugar, se examina el legado histórico del movimiento neozapatista, evaluando su influencia en el posicionamiento de la pobreza chiapaneca como un asunto de atención urgente en la agenda pública nacional. En segundo lugar, se procede a un escrutinio de la posible disonancia entre el discurso oficial del proyecto de la 4T -centrado en el bienestar y la justicia social- y los resultados empíricamente observables en los indicadores socioeconómicos clave. Como tercer componente, el análisis se enfoca en la intrincada dinámica entre la desigualdad estructural y las particularidades del mercado de trabajo en Chiapas, explorando sus profundas implicaciones para cualquier estrategia de desarrollo regional viable. Finalmente, en el cuarto apartado se presenta un análisis integral diacrónico de la pobreza y la pobreza extrema, escalando desde una perspectiva nacional hasta desagregar su impacto específico en la entidad, partiendo del principio metodológico fundamental de que el análisis subnacional debe estar inexorablemente vinculado a las políticas macroeconómicas y a los marcos de política pública nacionales. El artículo culmina con la presentación de conclusiones sintéticas derivadas del análisis, que buscan responder a los objetivos planteados y esbozar reflexiones finales.
El neozapatismo y la lucha contra la pobreza
A partir de 1994, Chiapas experimentó una profunda reconfiguración social y política tras el surgimiento del movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El levantamiento no solo alteró la dinámica regional, sino que también visibilizó a escala internacional los elevados niveles de pobreza, marginación y exclusión que afectaban al estado, particularmente en los municipios indígenas de las regiones de la Selva, la Sierra y Los Altos (Harvey, 1998; Collier y Quaratiello, 2005). Diversos estudios coinciden en que el conflicto puso en el centro del debate público las brechas históricas de desarrollo y la deuda social acumulada con los pueblos originarios (Speed, 2008).
Ante esta coyuntura, el gobierno federal articuló una respuesta sustentada en un discurso de «esfuerzo adicional» orientado a revertir el atraso y la decadencia de la entidad. El 3 de enero de 1994, el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carlos Rojas Gutiérrez, señaló que, siguiendo las directrices presidenciales, se daría continuidad al diálogo con organizaciones sociales de la región tras los hechos violentos ocurridos al inicio del año, y reafirmó la disposición gubernamental para abrir nuevos espacios institucionales de atención a la problemática social de Chiapas (Rojas Gutiérrez, 4 de enero de 1994). En ese marco, anunció el traslado de funcionarios federales a la entidad para instalar, en coordinación con el gobierno estatal, una Mesa de Atención Social destinada a evaluar obras en proceso, revisar proyectos productivos pendientes y definir acciones a implementar durante el año en curso en concertación con actores locales.
Cabe destacar que, para el gobierno federal, Chiapas constituye una prioridad estratégica. Existe un reconocimiento expreso de los profundos rezagos sociales que afectan a la entidad, razón por la cual concentró una proporción significativa de la inversión social en el marco del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). De hecho, hacia principios de la década de 1990, Chiapas llegó a recibir alrededor del 8 % de la inversión nacional, registrándose un incremento superior al mil por ciento en el rubro de inversión social en dicho periodo (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 20 de enero de 1994).
En el discurso oficial se presentaba a Chiapas como un estado prioritario dentro de la agenda gubernamental; sin embargo, también dejaba en evidencia que la pobreza operaba más como un recurso retórico que como un problema estructural atendido de fondo, lo que sugiere que solo acontecimientos disruptivos -como los movimientos sociales- eran capaces de detonar una respuesta efectiva por parte del Estado. Esta distancia entre narrativa institucional y realidad social constituye un punto central para comprender el contexto previo al levantamiento zapatista.
Desde un enfoque analítico, la obra colectiva coordinada por Estrada y Viqueira (2010) constituye una referencia fundamental para el estudio de los fundamentos sociales del zapatismo en Chiapas. A partir del método de las microhistorias políticas, el volumen se aparta de interpretaciones centradas exclusivamente en los aspectos ideológicos o militares del EZLN, y el análisis se desplaza hacia las dinámicas locales. En este nivel, los autores examinan cómo los conflictos históricos por la tierra, las disputas de poder intracomunitarias y las divisiones religiosas configuraron las condiciones que hicieron posible el levantamiento de 1993. Sustentadas en una sólida investigación etnográfica e histórica, las contribuciones cuestionan la idea de una identidad indígena homogénea y destacan la agencia política de las comunidades.
Este marco interpretativo permite, además, entender las limitaciones de las políticas públicas dirigidas a combatir la marginación en la región. Como señala Mixcóatl (2008), las estrategias gubernamentales abordaron problemas estructurales mediante la aplicación de medidas temporales, con lo que solo lograron un impacto superficial. Esta deficiencia resulta especialmente relevante si se considera que la marginación fue uno de los detonantes centrales del movimiento zapatista, tal como se expresa de manera explícita en la Primera Declaración de la Selva Lacandona:
[…] se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos (EZLN, 1 de enero de 1994: 1).
Esta declaración no solo refleja el desamparo histórico que originó el conflicto, sino que también sirve como testimonio de una exclusión sistémica que las políticas públicas posteriores no lograron revertir en profundidad. Lejos de transformar las causas raíz, las acciones emprendidas reprodujeron un esquema paliativo que perpetuó la deuda social con las comunidades indígenas.1
Del discurso a la realidad
De acuerdo con Mills (2003: 120) , «los fines de los hombres muchas veces son meras esperanzas, pero los medios son realidades controladas por algunos hombres». La demagogia, categorizada en la teoría de Restrepo (2004) como un dispositivo retórico fundado en la manipulación auditiva mediante el uso de figuras lingüísticas seductoras, constituye un marco de acción incongruente con la situación documentada en Chiapas. Aquí, el ٦٦ % de la población sobrevive en condiciones de pobreza (INEGI, 2025a), lo que refleja una dicotomía insalvable entre el discurso político y la realidad social. Además, la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el nuevo papel del INEGI para determinar las cifras de pobreza generan suspicacias sobre la veracidad de la información respecto a la situación actual de México.
La inexistencia de mecanismos reactivos o preventivos en la política social mexicana responde, según Mixcóatl (2008), a una lógica de corto plazo que prioriza salir del paso sobre transformar realidades. Dicha insuficiencia programática no solo ha fracasado en elevar la calidad de vida, sino que ha reforzado un ciclo de malestar social sustentado en la pobreza, la desigualdad, la marginación y la vulnerabilidad.
Asimismo, Sen (2000: 119) advierte que «la reducción de la pobreza no puede ser la motivación última de la política de lucha contra la pobreza», ya que se corre el riesgo de concebirla únicamente como una falta de ingresos y justificar así inversiones en salud o educación de manera aislada. Esto ha llevado a que el gasto social no se traduzca en una mejora tangible de la calidad de vida, de tal modo que se perpetúa lo que Myrdal (1979) denominó una «causación circular de la pobreza».
La persistencia de la pobreza en Chiapas constituye un problema estructural crítico que se mantiene inalterado incluso después del punto de inflexión que representó el año 1994, ya que la entidad continúa en la primera posición a nivel nacional según los indicadores de pobreza multidimensional. Este estatus perdura a pesar de que el estado ha sido destinatario de volúmenes crecientes de transferencias federales y participaciones, las cuales, paradójicamente, se incrementaron de manera significativa a raíz del levantamiento armado de ese año (López y Mayo, 2015).
Desigualdades en Chiapas y mercado de trabajo
La noción de bienestar, que abarca dimensiones esenciales para el desarrollo humano como la educación, la salud, la dignidad, la libertad y la participación social, es fundamental para comprender las desigualdades.
Si bien el balance entre el crecimiento económico y demográfico ha permitido una mejora en las condiciones de la población chiapaneca a largo plazo, esta ha sido muy inferior a la del resto del país. Además, los beneficios de dicho crecimiento han sido acaparados predominantemente por las elites económicas y políticas del estado. En consecuencia, las desigualdades generadas a nivel macro se manifiestan en el plano microeconómico a través de aspectos tangibles para la población, tales como el acceso al empleo formal y los niveles salariales, los cuales dependen, en gran medida, de la posición laboral y, por ende, del nivel educativo de las personas.
De acuerdo con Nájera y López (2012), el frágil mercado laboral de Chiapas, caracterizado por su naturaleza no estructurada y su escaso desarrollo capitalista, fue incapaz de generar empleos de calidad suficientes para satisfacer la demanda poblacional ante las nuevas dinámicas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como de la globalización neoliberal.2 Esta debilidad, lejos de mejorar las condiciones, provocó una desvalorización de los productos elaborados en la entidad. Dicha situación, agravada por desastres naturales, el severo deterioro en los términos de intercambio de productos como el maíz y el café, y la expansión económica de Estados Unidos, explica el volumen sin precedentes de la migración registrada durante la primera década del siglo XXI (López y Peláez, 2015).
Desde 2018, la estructura económica de Chiapas ha mostrado una capacidad limitada para absorber y emplear de manera adecuada a su población económicamente activa (López y Arrazola, 2014). Para 2024, mientras a nivel nacional el trabajo asalariado representó el 65.9 % del total de la ocupación, en Chiapas esta proporción se redujo al 39.7 %, lo que evidencia una inserción laboral significativamente más precaria. A ello se suma que la entidad registra una tasa de condiciones críticas de ocupación superior al promedio nacional. En contraste, la tasa de desempleo abierta reportada por el INEGI -un indicador que debe interpretarse de manera inversa en contextos marcados por rezagos estructurales- aparece como la más baja del país. Este comportamiento no refleja fortaleza económica, sino que responde a la naturaleza del mercado laboral chiapaneco, caracterizado por altos niveles de informalidad y por mecanismos de ajuste que desplazan el desempleo hacia formas de ocupación precaria más que hacia la desocupación abierta (López y Núñez, 2015).
A nivel nacional, en 2024, el 37.4 % de la población se encontraba afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta cifra contrasta dramáticamente con la realidad de Chiapas, donde la proporción apenas alcanza un 12 % (IMSS, 2025). La notable diferencia, que equivale a menos de una tercera parte del promedio nacional, subraya las profundas disparidades regionales en materia de formalización laboral y acceso a la seguridad social en México. Esta brecha confirma lo establecido en la literatura especializada. Por ejemplo, Calderón y Peláez (2018) identificaron una vinculación estructural entre el empleo formal - como un sustituto o aproximación confiable por la afiliación al IMSS- y la dinámica de la pobreza, y señalaron que la informalidad laboral se correlaciona de manera habitual con mayores niveles de precariedad socioeconómica.
Desde una perspectiva sectorial, y considerando la tasa de empleo asalariado como un indicador clave del grado de consolidación capitalista (López y Núñez, 2015), el análisis de la economía chiapaneca revela marcadas diferencias en su integración al mercado formal. El sector servicios se erige como el más dinámicamente integrado, lo que evidencia la mayor proporción de trabajadores bajo relaciones laborales asalariadas. En contraste, la industria presenta una inserción al mercado laboral formal claramente por debajo del promedio estatal y nacional, lo que refleja una estructura productiva con un desarrollo capitalista aún limitado y una significativa presencia de informalidad y autoempleo. Por su parte, la agricultura permanece en una posición aún más precaria, manteniéndose en gran medida al margen de los mecanismos salariales estandarizados y dominada por economías de subsistencia y trabajo familiar no remunerado. Esta distribución evidencia no solo la persistente debilidad de los sectores productivos tradicionales para generar empleo formal, sino también la reproducción de desigualdades estructurales y la limitada capacidad del capitalismo regional para transformar las relaciones de trabajo en el ámbito rural.
Al analizar la ocupación por sectores en Chiapas, se observa que el gobierno es la institución con la mayor proporción relativa de empleo asalariado, seguida por áreas como servicios sociales, servicios diversos, transporte y la industria extractiva -incluyendo minería y petróleo-. No obstante, sectores específicamente orientados a la producción transable, como la industria manufacturera y la agricultura, permanecen en gran medida al margen de relaciones capitalistas plenamente desarrolladas. Esto indica que la inserción en la lógica salarial y capitalista es más significativa en los sectores no transables, mientras que en los sectores transables -aun siendo económicamente estratégicos- predomina la informalidad y modalidades de trabajo que no se ajustan a los patrones típicos del capitalismo formal (López y Núñez, 2015). Eso obedece a que las actividades no transables son actividades de refugio de una mano de obra que no encuentra empleo en el sector capitalista.
Cuadro 1 Trabajo asalariado en Chiapas, según sector (%)
| Sectores | 2018 | 2024 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Gobierno | 99.5 | 99.8 | 0.3 |
| Servicios sociales | 92.1 | 91.5 | -0.6 |
| Servicios diversos | 76.3 | 71.5 | -4.8 |
| Transporte | 74.9 | 67.1 | -7.8 |
| Industria extractiva y electricidad | 74.7 | 92.4 | 17.7 |
| Servicios profesionales | 68.9 | 66.4 | -2.5 |
| Construcción | 62.2 | 59.2 | -3.0 |
| Manufacturas | 41.9 | 46.2 | 4.3 |
| Restaurantes | 41.6 | 45.2 | 3.6 |
| Comercio | 42.8 | 47.6 | 4.8 |
| Agricultura | 17.9 | 24.5 | 6.6 |
Fuente: elaboración propia con base en datos de ENOE (2025).
Chiapas enfrenta una crisis económica estructural de cuatro décadas, originada por la insuficiente inversión -tanto nacional como extranjera- y la escasa capacidad de ahorro local.3 Esta dinámica ha impedido la formación de un sector económico sólido y ha dado lugar a un mercado laboral frágil y desorganizado.4
Dicho mercado se caracteriza por un profundo desequilibrio, pues la oferta de trabajadores se encuentra en constante crecimiento -impulsada por factores demográficos y la creciente incorporación de mujeres- y supera ampliamente la demanda de empleo, que permanece estancada. En este marco, el 76.4 % de los trabajadores chiapanecos carece de acceso a la seguridad social, frente a un 48.2 % nacional. Esta incapacidad del mercado laboral para absorber nueva mano de obra o sostener los niveles salariales ha incrementado la dependencia de la población hacia el apoyo estatal.
El estancamiento del mercado laboral, el desmantelamiento del sector primario y los bajos niveles educativos de la población rural en Chiapas han configurado un excedente significativo de fuerza de trabajo que enfrenta múltiples restricciones estructurales, en especial derivadas de que: a) el capitalismo urbano muestra una capacidad prácticamente nula para absorber mano de obra, y b) el capitalismo nacional, predominante en las regiones medias y más desarrolladas del país, no logra generar empleo en volúmenes suficientes y opera, en términos netos, como expulsor de mano de obra (Valenzuela, 2013; López y Núñez, 2015). Esta dinámica produce una población altamente vulnerable a procesos migratorios sin inserción laboral estable, así como amplios sectores sociales cuya reproducción material depende crecientemente de transferencias de programas de desarrollo social y de remesas. En conjunto, estas condiciones ponen de manifiesto la persistencia de desigualdades estructurales y la reproducción sostenida de la pobreza en la entidad.
La población económicamente activa que no es absorbida por el mercado laboral formal -lo que se ha denominado «ejército industrial de reserva» o fuerza de trabajo redundante- según Valenzuela (2013))¿ encuentra salidas en tres vías principales: 1) la emigración, principalmente hacia Estados Unidos; 2) la inmersión en la economía informal o el retorno a la agricultura de subsistencia, y 3) el reclutamiento en actividades ilícitas, como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Estas opciones representan mecanismos de adaptación forzosa ante la falta de oportunidades estructuradas y contribuyen a configurar circuitos alternativos de supervivencia que, lejos de integrar a los individuos al desarrollo, perpetúan la precariedad y la marginalidad (López y Núñez, 2015).
La pobreza en Chiapas en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación
Frente a la situación presentada, una interpretación preliminar podría atribuir la continuidad de la pobreza al predominio de gobiernos de orientación neoliberal confesos, vigentes hasta el año 2018.5 No obstante, esta explicación resulta insuficiente y obliga a un análisis más profundo y crítico del periodo subsiguiente. Es imperativo, por lo tanto, examinar los resultados y las políticas desplegadas durante el gobierno de la denominada Cuarta Transformación (4T), el cual irrumpió en el escenario político con una promesa fundacional explícita y un lema central que parecía dirigirse al corazón del problema: «Por el bien de todos, primero los pobres». Este compromiso discursivo plantea una interrogante crucial: ¿se tradujeron estas declaraciones en un modelo de intervención pública efectivo y estructural que lograra revertir las dinámicas de marginación y pobreza históricas en Chiapas, o, por el contrario, se perpetuaron -o incluso se profundizaron en términos relativos- bajo nuevas formas de retórica y enfoques asistencialistas? El análisis de este contraste entre el proyecto político proclamado y los resultados socioeconómicos observables se vuelve fundamental para comprender las limitaciones estructurales del desarrollo en la región.
El INEGI (2025a) dio a conocer recientemente las estimaciones de pobreza por entidad federativa, elaboradas con base en la metodología previamente desarrollada por el extinto Coneval. En sus resultados, destaca una reducción sustantiva en el número de personas en situación de pobreza a nivel nacional: alrededor de 13 400 000 mexicanos habrían salido de esa condición. La magnitud de esta disminución ha sido presentada por las autoridades como un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, tanto por su alcance cuantitativo como por su distribución territorial.6 El que estos logros se hayan materializado en un contexto de pandemia y recesión económica acentúa su relevancia (Esquivel, 2024). Sin embargo, la reducción de la pobreza se produjo de forma muy desigual en las diferentes entidades federativas del país, lo que pone en evidencia un patrón: que las regiones con menos pobres fueron las que más avanzaron y las más pobres se quedaron relativamente más rezagadas.
La aplicación de un análisis de agrupación regional al territorio mexicano identifica la región norte como la de mayor eficacia en la reducción de la pobreza (véase Cuadro 2). Esta conclusión metodológicamente se fundamenta en el uso del logaritmo natural de la población en situación de pobreza -procedimiento que linealiza la relación entre variables- y en el cálculo de la tasa de variación media anual correspondiente al periodo 2018-2024. No obstante, estos hallazgos presentan discrepancias con los resultados reportados por Esquivel (2024) para el lapso 2018-2022.
Cuadro 2 México. Análisis de desempeño de la pobreza por regiones
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REGIÓN NORTE (alto desempeño) Baja California: -1.91 % Baja California Sur: -1.26 % Chihuahua: -1.32 % Coahuila: -1.15 % Nuevo León: -1.03 % Sonora: -1.50 % Sinaloa: -1.08 % Tamaulipas: -1.30 % Promedio Norte: -1.32 % |
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REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE (medio-alto desempeño)
Aguascalientes: -0.94 % Colima: -1.97 % Jalisco: -0.73 % Michoacán: -0.51 % Nayarit: -1.03 % Zacatecas: -0.59 % Promedio Centro-Occidente: -0.96 % |
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REGIÓN CENTRO (desempeño medio) Ciudad de México: -0.81 % Guanajuato: -0.83 % Hidalgo: -0.53 % México: -0.45 % Morelos: -0.66 % Querétaro: -0.92 % Tlaxcala: -0.16 % Promedio Centro: -0.62 % |
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REGIÓN SUR-SURESTE (bajo desempeño) Campeche: -0.40 % Chiapas: -0.10 % Guerrero: -0.30 % Oaxaca: -0.32 % Puebla: -0.51 % Quintana Roo: -1.15 % Tabasco: -0.82 % Veracruz: -0.53 % Yucatán: -1.02 % Promedio Sur-Sureste: -0.57 % |
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a).
Se confirma que la región norte presenta el mejor desempeño en reducción de pobreza. No obstante, destaca el caso de Nuevo León, que registra la tasa más baja de dicha región (-1.03 %), lo cual puede atribuirse a un «efecto techo»: al partir de un nivel de pobreza inicial bajo, la pobreza residual resulta más compleja de eliminar. A pesar de ello, su reducción supera la media nacional.
Entre las regiones restantes, los menores desempeños corresponden a Michoacán y Zacatecas en la Centro-Occidente; Tlaxcala y Estado de México en la Centro, y Chiapas y Guerrero en la Sur-Sureste. Por el contrario, los casos más exitosos por región son los siguientes: Norte, con Baja California y Chihuahua; Centro-Occidente, con Colima y Nayarit; Centro, con Querétaro y Guanajuato, y Sur-Sureste, con Quintana Roo y Yucatán.
El descenso en la pobreza multidimensional durante el periodo analizado -2018-2024- fue un fenómeno ampliamente extendido a nivel territorial. De las 32 entidades, ninguna presentó un retroceso (véase Gráfica 1), pero sí algunas mostraron un peor comportamiento que el promedio nacional, entre las que destacan Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca.
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a).
Gráfica 1 Clasificación tipológica de la reducción de pobreza mediante transformación logarítmica y análisis de tasas relativas
Para valorar cuán eficientes han sido las entidades en reducir la pobreza, se propone un indicador llamado «efecto techo», cuya finalidad es calcular en qué medida cada una ha logrado aprovechar su propio margen potencial de reducción, partiendo de un nivel mínimo teórico de pobreza. La metodología sigue tres pasos articulados.
En primer lugar, se calcula una pobreza mínima teórica para cada entidad. Esta se estima tomando como punto de referencia el porcentaje de pobreza multidimensional observado en el estado con el mejor desempeño -el estado líder-, y ajustando esa proporción a la cantidad de población pobre inicial de cada unidad analizada. Este procedimiento se sustenta en el supuesto de comparabilidad metodológica entre entidades y en una relativa estabilidad poblacional, por lo que debe interpretarse como un ejercicio analítico de naturaleza contrafactual, es decir, como un escenario hipotético que sirve para evaluar el avance real.
Finalmente, bajo esta lógica, un valor del efecto techo superior al 100 % indica que la reducción de la pobreza efectivamente alcanzada por una entidad superó el margen mínimo estimado con base en el referente relativo establecido.
En primer lugar, se establece una pobreza mínima teórica7para cada estado, la cual representa el límite inferior alcanzable bajo condiciones óptimas. Esta se obtiene multiplicando la población pobre del estado de referencia -es decir, aquel con el menor porcentaje de pobreza observado- ajustado por la estructura poblacional de la entidad bajo análisis. La expresión es la siguiente:
A continuación, se calcula el «potencial de reducción», que se define como la diferencia entre el número inicial de personas en situación de pobreza y el piso mínimo teórico previamente establecido. Este indicador refleja el máximo posible de reducción que podría alcanzar la entidad en condiciones ideales:
Finalmente, el «efecto techo» se obtiene como el cociente entre la reducción efectivamente observada en el periodo y el potencial de reducción estimado. Un valor cercano a 1 indica que el estado se aproximó a su límite teórico mínimo; por el contrario, un valor bajo sugiere un aprovechamiento limitado de su margen de mejora disponible:
Este indicador permite identificar no solo el desempeño absoluto de cada entidad, sino también su eficiencia relativa en un contexto de restricciones estructurales y niveles de desarrollo iniciales diferenciados.
A partir de este ejercicio analítico es posible distinguir tres regímenes cualitativamente diferenciados de eficiencia en la reducción de la pobreza multidimensional. Cada uno refleja brechas estructurales profundas entre entidades y trayectorias de desempeño claramente contrastantes. La clasificación no solo ordena resultados, sino que permite interpretar la capacidad efectiva de convergencia social en distintos contextos regionales.
Cuadro 3 Efecto techo de la pobreza
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1) Baja California es el
estado con menor porcentaje de pobreza multidimensional,
con 9.9 % (estado líder) Pobres 2024: 373 400 Efecto techo: 100 % (referencia) |
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2) Nuevo León (10.6 %)
Pobres inicial: 1 066 500 Pobres final: 648,500 Pobreza mínima teórica: 1 066.5 x (9.9 %/10.6 %) ≈ 996 100 Potencial de reducción: 1 066.5-996.1 = 70 400 Reducción lograda: 418 000 Efecto techo=(418 000)/(70 400)=594 % |
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3) Chiapas (66.0 %)
Pobres inicial: 4 166,000 Pobres final: 3 866,000 Pobreza mínima teórica: 4 166.0 × (9.9 %/66.0 %) ≈ 624 900 Potencial reducción: 4 166.0- 624.9 = 3 541 100 Reducción lograda: 300 000 Efecto techo=(300 000)/(3 541 100)=8.5 % |
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a).
En primer lugar, Baja California (100 %) funciona como estado líder y punto de referencia. Su resultado fija el umbral mínimo teórico de pobreza y sirve como base de comparación para el resto de las entidades. No se trata únicamente de un mejor desempeño relativo, sino del parámetro que define el piso contrafactual utilizado en la estimación.
En el extremo opuesto se ubica Chiapas (8.5 %), que representa un régimen de eficiencia marginal fuertemente restringida. Aunque concentra el mayor potencial teórico de reducción -3.54 millones de personas-, solo logró concretar una porción reducida de ese margen -300 000-. La brecha entre potencial y resultado es amplia. Esto sugiere que los niveles iniciales de pobreza operan como un techo estructural que limita de manera severa la efectividad de las intervenciones públicas. El problema no es solo de política aplicada, sino de condiciones de partida.
El caso más ilustrativo es el de Nuevo León (594 %), que configura un régimen de superación expansiva. Es, incluso, la entidad del norte con peor comportamiento relativo dentro de su región, aunque mantiene niveles de pobreza muy bajos en términos nacionales. El indicador no revela una anomalía estadística, sino una dinámica socioeconómica específica. La reducción efectiva de la pobreza -418 000 personas- fue casi seis veces mayor que el potencial teórico de convergencia estimado -70 400-. El resultado no expresa ineficiencia, sino capacidad institucional y de política pública para ir más allá de la convergencia básica. Las intervenciones no solo cerraron la brecha con el referente, sino que empujaron hacia abajo el piso de pobreza considerado alcanzable.
En conjunto, el efecto techo opera como una métrica de lectura dicotómica. Cuando se ubica por debajo de 100 %, refleja las dificultades para cerrar rezagos históricos. Cuando supera ese umbral, cuantifica la capacidad de rebasar el marco teórico de referencia y de establecer estándares más exigentes de avance social.
El descenso en la pobreza multidimensional durante el periodo analizado -2018-2024- fue un fenómeno ampliamente extendido a nivel territorial. De las 32 entidades, ninguna presentó un retroceso, según se detalla en la Gráfica 1 y el Mapa 1.
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a).
Mapa 1 Intensidad de la pobreza en las entidades federativas, 2018-2024
Se registra una paradoja: la reducción de la pobreza extrema multidimensional fue modesta, al caer del 7 % al 5.3 % en un sexenio. Sin embargo, las cifras de 2024 son históricamente bajas y marcan el nivel de pobreza extrema multidimensional más bajo desde que existe registro en México. Esquivel (2024) señaló que, de 2018 a 2022, la pobreza multidimensional aumentó ligeramente de 7.0 % a 7.1 %, mientras que la pobreza por ingresos registró su nivel más bajo.
La divergencia observada por Esquivel (2024) pone de relieve la fuerte inercia de la pobreza estructural frente a la mayor maleabilidad de la pobreza monetaria. Mientras esta última puede mejorar con medidas puntuales, la primera -sustentada en deficiencias simultáneas en educación, salud, vivienda y protección social- solo retrocede ante esfuerzos persistentes y multidimensionales.
La reducción de la pobreza extrema a nivel nacional durante el periodo en cuestión presentó un carácter marcadamente heterogéneo entre las entidades federativas. Esta tendencia general enmascara realidades estatales divergentes: mientras algunos estados lograron disminuir sus cifras, otros incluso experimentaron un incremento relativo. El patrón de reducción no siguió una lógica uniforme según el nivel de pobreza inicial, ya que se registraron avances significativos tanto en estados con niveles históricamente altos como en aquellos que partían de una base baja. Sin embargo, en este panorama destaca un caso particularmente notable: de todos los estados con altos niveles de pobreza extrema, solo dos consiguieron una reducción considerable: Tabasco y Veracruz. En el extremo opuesto se encuentra Chiapas, la entidad con la incidencia más alta del país, donde la disminución fue marginal. Durante el sexenio, el número de personas en pobreza extrema en Chiapas se redujo en apenas 43 000, lo que en términos porcentuales se tradujo en un descenso modesto, al pasar del 30.6 % en 2018 al 27.1 % en 2024, y pone en evidencia un estancamiento relativo en la entidad más vulnerable.
El contraste entre el potencial teórico y los resultados observados de la política social revela una eficacia limitada. Ante una tasa de pobreza del 66.0 % a nivel local -frente al 9.9 % del estado líder nacional (INEGI, 2025a)-, un análisis contrafactual estima que aproximadamente 3.5 millones de personas podrían haber superado la pobreza si se hubiera replicado el desempeño del referente líder. No obstante, la reducción efectiva fue de apenas 300 000 personas, lo que arroja una eficacia marginal del 8.5 % y sugiere que más del 91.5 % del potencial de reducción no se materializa. Desde el enfoque de pobreza multidimensional (Alkire y Foster, 2011), este «efecto techo» puede atribuirse a la incapacidad de las políticas -mayoritariamente basadas en transferencias monetarias- para incidir en el núcleo duro de pobreza -estimado en 624 900 personas-, caracterizado por privaciones simultáneas y persistentes en dimensiones como educación, salud y vivienda (Sen, 2000). Así, la baja efectividad no refleja necesariamente una falta de recursos, sino un desajuste entre el diseño unidimensional de los programas y la naturaleza compleja y arraigada de la pobreza local.
Los datos confirman que la región norte presenta el mejor desempeño en la reducción de pobreza extrema. En ella, destaca el caso de Chihuahua, que registra la tasa de reducción más baja de la región (-0.26 %). Este fenómeno puede atribuirse a un «efecto techo»: al partir de un nivel inicial ya bajo (2.5 % en 2018), la pobreza residual se vuelve estructuralmente más compleja de erradicar, lo que explica la mínima reducción hacia 2024 (2.2 %). La integración de estos resultados en el Cuadro 4, derivados de la Gráfica 2, proporciona una visión integral de la evolución de la pobreza extrema durante el sexenio del presidente López Obrador.
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a).
Gráfica 2 Clasificación tipológica de la reducción de pobreza extrema mediante transformación logarítmica y análisis de tasas relativas
Cuadro 4 Clasificación tipológica de la reducción de la pobreza extrema mediante transformación logarítmica y análisis de tasas relativas
| Baja pobreza y alta reducción | Baja pobreza extrema y baja reducción | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estados | Ln pobreza extrema, 2018 | Tasa de variación 2018-2024 | Estados | Ln pobreza extrema, 2018 | Tasa de variación 2018-2024 |
| Baja California | 3.92 | -6.64 | Hidalgo | 5.37 | -0.50 |
| Colima | 2.63 | -4.99 | Chihuahua | 4.54 | -0.26 |
| Aguascalientes | 2.61 | -3.10 | Zacatecas | 4.06 | 0.03 |
| Coahuila | 3.84 | -2.80 | Michoacán | 5.51 | 0.25 |
| Tamaulipas | 4.65 | -2.64 | Ciudad de México | 5.02 | 0.36 |
| Guanajuato | 5.38 | -2.25 | Baja California Sur | 2.18 | 1.37 |
| Yucatán | 4.99 | -1.92 | Tlaxcala | 3.75 | 1.72 |
| Jalisco | 5.24 | -1.67 | Durango | 3.65 | 3.20 |
| Campeche | 4.42 | -1.61 | |||
| Nayarit | 4.22 | -1.60 | |||
| Sinaloa | 4.18 | -1.50 | |||
| Sonora | 4.17 | -1.49 | |||
| Nuevo León | 3.70 | -1.46 | |||
| Querétaro | 3.64 | -1.43 | |||
| Quintana Roo | 4.23 | -1.31 | |||
| San Luis Potosí | 5.24 | -0.84 | |||
| Morelos | 4.80 | -0.81 | |||
| Alta pobreza extrema y alta reducción | Alta pobreza y baja reducción | ||||
| Tabasco | 5.65 | -1.70 | Oaxaca | 6.77 | -0.56 |
| Veracruz | 7.16 | -1.41 | Guerrero | 6.85 | -0.50 |
| México | 6.66 | -0.45 | |||
| Puebla | 6.26 | -0.23 | |||
| Chiapas | 7.40 | -0.06 | |||
Nota: Ln (logaritmo natural).
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a).
Cabe destacar un fenómeno de particular relevancia analítica: varias entidades federativas que ya presentaban bajos niveles de pobreza extrema no solo no lograron reducir dicha condición, sino que experimentaron un incremento en sus cifras. Este fue el caso de Durango (3.20 %), Tlaxcala (1.72 %), Baja California Sur (1.37 %), Ciudad de México (0.36 %), Michoacán (0.25 %) y Zacatecas (0.03 %). Este patrón de retroceso sugiere la presencia de factores de vulnerabilidad o shocks económicos locales que revirtieron la tendencia a la baja, incluso en contextos de aparente ventaja.
Por otro lado, entre los estados que parten de una situación crítica con altos niveles de pobreza extrema y que simultáneamente registran una baja reducción, el caso de Chiapas resulta paradigmático. Esta entidad no solo presenta la cifra absoluta más elevada del país, sino también la tasa de disminución más baja de las entidades con alta pobreza extrema (-0.06 %). La magnitud de su desafío se evidencia al considerar que, para el año 2024, el estado concentraba por sí solo el 22.9 % del total de la población en pobreza extrema a nivel nacional, lo que subraya una profundidad y una persistencia del problema que demandan intervenciones focalizadas y de alto impacto.
Esta «profundidad» de la pobreza en Chiapas no solo es cuantitativa -en términos de incidencia-, sino también cualitativa, lo cual se refleja en la gravedad de las carencias que padece su población. Para cuantificar esta dimensión de la severidad y comprender las posibles causas detrás de estos resultados divergentes -especialmente el caso de Chiapas durante el gobierno de la 4T-, resulta útil calcular el índice de intensidad de la pobreza. Este indicador, construido siguiendo el método propuesto por Mendoza y Calderón (2006), se define de la siguiente forma:
Nota: ÍIP: índice de intensidad de la pobreza; PCh: Población total de Chiapas; PPCh: población en situación de pobreza en Chiapas; PNal: población total nacional; PPNal: población en situación de pobreza nacional.
El índice de intensidad de la pobreza (ÍIP) se interpreta de la siguiente manera: si el valor resultante se encuentra en el rango de 0 a 1, esto indica la ausencia de intensidad de la pobreza en la región estudiada. Por el contrario, un valor superior a la unidad evidencia la presencia de un proceso de intensificación de la pobreza, lo cual refleja un agravamiento de las condiciones de privación entre la población afectada. Este comportamiento métrico permite identificar no solo la existencia del fenómeno, sino también su severidad relativa en contextos comparativos con el promedio nacional.
De acuerdo con las mediciones del índice de intensidad de la pobreza, el estado de Chiapas experimentó un deterioro significativo durante el periodo que comprende de 2018 a 2024. Los datos reflejan que la intensidad de la pobreza a nivel general pasó de 1.86 a 2.23 en ese lapso. Al desagregar estas cifras, se observa que, en el rubro de pobreza moderada, el índice aumentó de 1.36 a 1.60; mientras que, en el ámbito de la pobreza extrema, el incremento fue aún más pronunciado, al pasar de 4.35 a 5.08 (véase Cuadro 5).
Cuadro 5 Índice de intensidad de la pobreza en Chiapas en el gobierno de la 4T
| Tipos | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | Incremento 2018-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de intensidad de la pobreza | 1.86 | 1.72 | 1.86 | 2.23 | 0.37 |
| Índice de intensidad de la pobreza moderada | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.60 | 0.24 |
| Índice de la intensidad de la pobreza extrema | 4.35 | 3.41 | 3.99 | 5.08 | 0.73 |
Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2025a).
Estos resultados indican que, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de reducirse, la profundidad de la pobreza se acentuó en la entidad sureña. Este fenómeno ocurrió a pesar de la retórica oficial plasmada en el lema «Por el bien de todos, primero los pobres», que prometía una atención prioritaria a los sectores más vulnerables. El aumento consistente en los niveles de intensidad -tanto en pobreza moderada como extrema- sugiere que las políticas sociales y económicas implementadas no solo fueron insuficientes para revertir las condiciones estructurales de desigualdad y marginación, sino que, en términos reales, la situación relativa de la población en condición de pobreza empeoró.
Dichos resultados invitan a una reflexión crítica sobre la efectividad de los programas sociales, la focalización del gasto público y la coherencia entre el discurso político y los resultados tangibles en materia de bienestar. La profundización de la intensidad de la pobreza en Chiapas obliga a reconsiderar si el modelo de atención ha logrado trascender el asistencialismo y abordar de manera estructural las causas que reproducen la pobreza en el largo plazo.
El caso de la pobreza extrema en Chiapas merece un análisis particularmente destacado, ya que este estado presenta un índice de intensidad de la pobreza superior a 5, una cifra que no solo refleja una situación crítica, sino que evidencia una concentración desproporcionada de la privación más severa a nivel nacional. Esta cifra, cuantitativamente elevada, puede interpretarse en términos de incidencia poblacional: por cada cinco personas en situación de pobreza extrema en todo el país, poco más de una es originaria de Chiapas. Dicha relación pone de manifiesto no solo la profundidad de la marginación en la entidad, sino también la agudización de las desigualdades regionales en México. Este indicador trasciende lo numérico y alerta sobre la persistencia de dinámicas estructurales que perpetúan condiciones de exclusión y vulnerabilidad en la región, a pesar de los marcos normativos y las políticas públicas dirigidas a su mitigación. La magnitud del valor registrado invita a replantear la efectividad de las estrategias de desarrollo social implementadas y su capacidad real para alterar los ciclos de reproducción intergeneracional de la pobreza.
Chiapas tiene otra particularidad importante: fue uno de los estados de la federación que más población expulsó entre 2000 y 2020. En el año 2000, el saldo neto migratorio fue de -213 689 -duodécimo estado en expulsión de población del país-, en 2010 de -351 784 -noveno lugar del país- y en 2020 de -503 401 -sexto lugar del país- (INEGI, 2025b). Habría que preguntarse qué habría sucedido con los niveles de pobreza si en tres décadas no se hubiera expulsado a 1 068 874 residentes.
Consideraciones finales
La evolución de la pobreza multidimensional en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador arroja resultados que admiten una lectura dual. Por un lado, los indicadores muestran una mejora significativa: la incidencia se redujo del 41.9 % al 29.6 % de la población, es decir, 12.3 puntos porcentuales -la mayor disminución observada en la serie disponible-, lo que equivale a 13.4 millones de personas que dejaron esta condición. En el mismo periodo, el salario mínimo registró un incremento real acumulado del 116.4 % en su poder adquisitivo, factor que contribuye a explicar parte de la mejora distributiva, particularmente en las entidades con mayor proporción de empleo formal (Conasami, 2025).
Por otro lado, este avance agregado enmascara una profunda heterogeneidad regional. La reducción se concentró de manera desproporcionada en los estados que ya presentaban menores niveles de pobreza inicial, mientras que las entidades con las incidencias más altas, como Chiapas, experimentaron progresos marginales.
Esta disparidad se acentúa al examinar la pobreza extrema. A nivel nacional, 1.74 millones de personas superaron esta condición; no obstante, en Chiapas -estado que concentra el 22.9 % de la pobreza extrema del país- solo 42 994 personas lo lograron, lo que representa un mero 2.5 % del total nacional. Esta cifra es ínfima considerando la magnitud del problema en la entidad.
La situación en Chiapas no es coyuntural, sino el resultado de causas estructurales profundas. Como señala López (2023: 99) , «La pobreza ha marcado la vida de muchas generaciones de chiapanecos», un fenómeno arraigado en la limitada capacidad social en el estado para producir bienes y servicios y en mecanismos de distribución deficientes (Rodríguez y López, 2014). En la economía contemporánea, donde factores como la innovación, el capital humano y la geolocalización estratégica han desplazado a los motores tradicionales del desarrollo (Oliva y López, 2019; López, 2023), Chiapas evidencia una doble problemática crítica: un profundo problema distributivo y, de manera más fundamental, una insuficiencia estructural para generar riqueza de manera endógena.
Esta incapacidad productiva explica por qué los principales motores nacionales de reducción de la pobreza -el incremento de salarios mínimos, la política social y las remesas- mostraron una efectividad limitada en el estado. Lejos de revertir significativamente la situación, estos factores coexistieron con una intensificación de la pobreza entre quienes permanecieron en ella. Es crucial precisar que el fenómeno en Chiapas no consistió en una ausencia de reducción, sino en una disminución marginal que no puede atribuirse a un «efecto techo», dado que se partía de una base de pobreza extensa. Esta trayectoria divergente refuerza la tesis de que existen obstáculos estructurales particulares que amortiguan el impacto de las políticas nacionales.
La incorporación de los nuevos motores de la riqueza requiere, precisamente, de inversión productiva -pública, privada o mixta- que se erija como variable fundamental para una estrategia de desarrollo renovada. Esta visión coincide con la postura clásica de Lewis (1973), quien enfatizaba la acumulación de «capital reproducible» como condición indispensable para superar el subdesarrollo. La persistencia de la pobreza en Chiapas, a pesar de las transferencias sociales, sugiere que los instrumentos aplicados han sido insuficientes para transformar la realidad de fondo. Esta situación da pie a la reflexión de Valenzuela (2022: 14), quien argumenta que una política asistencialista, calificada a veces como de «limosna estatal», aunque puede aliviar momentáneamente, no resuelve el problema básico al no apuntar a sus causas.
En definitiva, la clave para Chiapas radica en trascender el enfoque asistencial y priorizar de manera estratégica la dinamización del empleo productivo, capaz de absorber a su población marginada. Si bien la magnitud del problema no se resolverá en pocos años, los resultados indican que es imperativo esperar y propiciar, mediante una intervención estructural audaz, una reducción significativa y no solo marginal. La lección fundamental es que, sin una transformación de la base productiva del estado, las brechas de desarrollo no solo persistirán, sino que probablemente se profundizarán.
El periodo correspondiente a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo marcado por una profundización de las desigualdades territoriales en materia de pobreza, en lugar de su atenuación. Este fenómeno se manifestó a través de un patrón de convergencia divergente: las entidades federativas que ya exhibían indicadores socioeconómicos relativamente más favorables al inicio del sexenio experimentaron reducciones sustanciales en sus niveles de pobreza, mientras que aquellas con los índices más elevados -y, por tanto, con mayor necesidad de intervención- registraron disminuciones marginales. Este resultado sugiere una reproducción e incluso intensificación de las brechas estructurales preexistentes, lo cual cuestiona la efectividad distributiva de las políticas sociales implementadas en el periodo para revertir la dinámica histórica de desigualdad regional. El proceso puede interpretarse como una forma de crecimiento desigual en la reducción de la pobreza, donde las disparidades en capacidades institucionales, capital humano e infraestructura productiva entre entidades actuaron como factores condicionantes que limitaron el impacto de las transferencias y programas federales en los contextos de mayor marginalidad.
