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Introducción
Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil en la que se enfrentaron las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y las del gobierno salvadoreño asistidas por Estados Unidos.1 Durante el conflicto, el FMLN estaba conformado por una alianza de cinco organizaciones político-militares: las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas de Liberación del Partido Comunista Salvadoreño (FAL), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). El enfrentamiento armado, que ocasionó al menos 75 000 víctimas mortales, 350 000 heridos y alrededor de un millón de personas desplazadas (Ching, 2016: 3), concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. La memoria del conflicto ha sido narrada fundamentalmente por cuatro grupos: las elites civiles, los oficiales militares, los comandantes guerrilleros y los excombatientes sin mando (Ching, 2016). Este estudio retoma los testimonios de actores pertenecientes a estos dos últimos grupos.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz se disolvieron los antiguos cuerpos de seguridad: la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, y se creó una nueva institución de seguridad: la Policía Nacional Civil (PNC). Conforme a un acuerdo entre las partes, la nueva institución policial estaría integrada por: 20 % de excombatientes del FMLN, 20 % de exmilitares y 60 % de civiles sin participación en el conflicto (Costa, 1999). Esas fracciones de la PNC han sido conocidas como «cuotas» y su convivencia a lo largo de la posguerra ha sido tensa, dados sus intereses y concepciones divergentes, sobre todo entre la cuota militar y la del FMLN (Silva Ávalos, 2014). En este artículo, se recupera la narrativa de la cuota exinsurgente en relación con las tensiones con su contraparte exmilitar.
En la posguerra, actores clave de la insurgencia no solo se reincorporaron a la vida civil, sino que se reconvirtieron políticamente, transformando y reinterpretando sus experiencias y memorias en su vida posinsurgente. El problema de investigación atendido en este estudio es la reconversión de excombatientes del FMLN como miembros de la PNC, y se analizan las tensiones y continuidades entre el pasado insurgente y la vida laboral-policial posinsurgente.
En este artículo se postula que los guerrilleros salvadoreños reconvertidos en policías no formaron parte de un programa particular de reinserción, sino que se incorporaron a la vida civil como agentes estatales, por lo que reconfiguraron sus identidades y experiencias insurgentes en sus nuevas trayectorias laborales. En este sentido, analizar el tránsito de los actores de guerrilleros a policías permite observar las condiciones estructurales del sistema de seguridad de la posguerra.
Con este análisis de las trayectorias laborales desde la fundación de la PNC en 1993 hasta el régimen de Nayib Bukele, de 2019 a 2024, se pretende vincular la vida laboral de los informantes con hitos históricos de las políticas de seguridad. El análisis presentado es de carácter cualitativo y se basa en entrevistas semiestructuradas con 16 informantes, con el fin de identificar patrones en las trayectorias de reconversión posinsurgente.
Tras esta introducción, el texto se organiza en cinco subapartados y una sección de conclusiones. En el primero, se presenta el marco teórico sobre la reconversión posinsurgente; en el segundo se contextualiza históricamente el proceso de reconversión del FMLN; en el tercero se presenta la metodología empleada para el análisis de las trayectorias laborales; en el cuarto se exponen los resultados del estudio, describiendo la reconstrucción de las trayectorias laborales y relacionales identificadas, y el quinto corresponde a la discusión de la evidencia en función de los referentes teóricos.
La reconversión posinsurgente
Propongo entender la trayectoria de guerrilleros a policías como parte del proceso de «reconversión posinsurgente» propio de los mecanismos de construcción de paz tras un conflicto armado. La construcción de paz comienza con el proceso denominado «intervención-reconstrucción-retirada», el cual incluye una fase de reforma de seguridad con desarme, desmovilización y reinserción/reintegración (DDR) (Gago, 2016: 25).
El proceso DDR es aquel que permite que los combatientes dejen las armas y se reintegren a la vida civil (Rueda, 2016: 55). Se trata de un proceso político, más que técnico (Molloy, 2020: 268), que facilita la consolidación de la paz en el escenario posconflicto (Gago, 2016: 57) y que a la vez pretende desmontar formas de control político, militar, económico y social (Guáqueta, 2005: 11). A partir de la implementación de estrategias DDR existe la figura de «combatientes burocráticos» que, mediante los programas de beneficios, son categorizados por los gobiernos como veteranos «elegibles» para recibirlos (Wiegink y Sprenkels, 2020: 429).
El DDR clásico se presenta tras la firma de un acuerdo de paz que da por terminado un conflicto armado interno (Molloy, 2020: 235), mientras que el llamado de segunda generación se aplica en entornos de alta criminalidad y conflictos en curso (Molloy, 2020: 267, 288, 326). El caso aquí estudiado es considerado una experiencia de DDR clásico. Por otra parte, la aproximación minimalista del DDR enfatiza la seguridad y las reformas policial y militar, mientras que la aproximación maximalista desplaza el interés del combatiente a la comunidad (Molloy, 2020: 217, 230). Este estudio corresponde a una aproximación minimalista centrada en excombatientes reconvertidos en policías.
Una vez desmovilizados y desarmados,2 los combatientes pueden ser reinsertados mediante la entrega de una ayuda inicial y transitoria (Gago, 2016: 56). La reinserción se incluye en las políticas de desarrollo social nacional, e incluye el acceso a vivienda, a crédito, a tierra y a empleo (Molloy, 2020: 50, 214). Se habla de rehabilitación cuando el proceso de transición de la vida militar a la civil ha sido exitoso (Molloy, 2020: 53). La reconciliación, por su parte, puede posibilitar el apoyo social a la reconstrucción integral (Guáqueta, 2005:13).
La reinserción es la «incorporación de un individuo o grupo especial en el conjunto de la sociedad luego de una experiencia traumática» (CAII, 1996: 48). Normalmente se consideran como indicadores de reinserción social el incremento en la participación comunitaria, el interés cívico, la participación electoral, la visión de futuro y el desarrollo de destrezas sociales civiles -como un círculo de amistades fuera de los círculos de excombatientes- (CAII, 1996: 5, 76). Por su parte, los indicadores de reinserción económica incluyen el incremento en los ingresos y la planificación de actividades económicas (CAII, 1996: 5, 75). Para la reinserción económica se contempla un portafolio de opciones como pagos en efectivo, donaciones en especie, empleos, créditos y becas (Guáqueta, 2005: 19). Cabe destacar que los programas de reinserción generan una relación de dependencia mutua entre los desmovilizados y el Estado, de modo que tales programas son objeto de negociación constante (Guáqueta, 2005: 13).
La reintegración implica un proceso más prolongado que la reinserción, y se presenta cuando «los excombatientes logran integrarse exitosamente a la sociedad y a la economía, vinculándose laboralmente y asegurando ingresos suficientes para cubrir sus gastos y los de sus familias» (Gago, 2016: 56). Un excombatiente reintegrado es, por tanto, aquel que se ha reinsertado en las actividades económicas, ha sido aceptado por su comunidad y participa activamente en la vida política de la sociedad.
La reintegración se define como la «rehabilitación económica y social de grupos o individuos traumáticamente aislados o que se encuentran en clara desventaja con respecto a sus respectivos estratos sociales» (CAII, 1996: 48). La literatura sobre DDR y la posición de organismos internacionales acompañantes como Naciones Unidas y el Banco Mundial establecen que los excombatientes requieren reintegrarse a la vida civil a través de un empleo y, por tanto, logrando ingresos (Wiegink y Sprenkels, 2020: 425-427).
La reconversión, en cambio, es un proceso de reintegración política en el que la vía armada es sustituida por la lucha democrática (Barreto, 2016: 379). En este proceso, durante la posguerra los veteranos transforman y adaptan sus redes, imaginarios y modelos de acción colectiva (Wiegink y Sprenkels, 2020: 441). Aún en un DDR exitoso, los excombatientes pueden mantener un vínculo reconvertido con su otrora grupo armado (Molloy, 2020: 220). En la posguerra, los líderes y mandos medios no abandonan su «vocación política» y orientan su expectativa de reinserción hacia la posibilidad de mantener una participación en la esfera pública (Guáqueta, 2005: 18). De hecho, se ha estudiado cómo los excombatientes son más activos políticamente que el promedio de la ciudadanía (Wiegink y Sprenkels, 2020: 428).3
En la literatura sobre DDR se postula que «ser desmovilizado no debe transformarse en una forma de vida», pues los beneficios de los programas de reinserción no son derechos permanentes y se asume que se disolverá la identidad de grupo y la autoidentificación de los excombatientes (CAII, 1996: 35). La crítica teórica a esta noción de reinserción, según Wiegink y Sprenkels (2020: 427), sugiere que el prefijo «re-» puede implicar el retorno a un statu quo en el que la sociedad no estaba precisamente integrada. Además, como apuntan estos autores, los excombatientes no eran un ente ajeno a la sociedad, pues durante la guerra existió siempre una interacción entre combatientes y civiles, con el añadido de que la institucionalidad de la guerra no desaparece por completo en la posguerra. La crítica a los programas de reinserción puntualiza, además, que existen dificultades para lograr que los excombatientes logren empleos estables y un ingreso suficiente; es decir, que su reintegración económica puede traducirse en una reincorporación a la pobreza.
La veteranía es un tipo particular de ciudadanía de posguerra caracterizada por las prácticas de veteranos orientadas a la influencia política, la construcción de su identidad, el ejercicio de derechos, la definición de su relación con el Estado y la acción colectiva posinsurgente (Wiegink y Sprenkels, 2020: 428-430). En este contexto, los veteranos exigen un reconocimiento moral como participantes en el conflicto armado y, por tanto, buscan reivindicar su lugar en la construcción del Estado de posguerra (2020: 429).
Por lo general, los excombatientes mantienen, refuerzan y transforman las redes que construyeron durante el conflicto armado (Wiegink y Sprenkels, 2020: 425, 428), las cuales son fundamentales para los acomodos sociales, políticos y económicos en la posguerra. La reconversión de las redes insurgentes en esta etapa puede asumir diversas formas: desde emprendimientos políticos hasta actividades delictivas, pasando por la creación de empresas de seguridad privada y el activismo por la paz (Wiegink y Sprenkels, 2020: 430). En estas redes están en juego relaciones de poder, fuerza, prestigio, amistad y solidaridad. Así, la veteranía no implica olvidar el pasado, sino reinterpretarlo, vivirlo en el presente y reconvertirlo en el futuro.
La participación en la guerra dotó a los combatientes de capital social, político y simbólico (Wiegink y Sprenkels, 2020: 430), de modo que estas personas no se reinsertan a una nueva vida, sino que siguen con su trayectoria vital, resignificando lo aprendido en el conflicto, aprovechando sus conexiones y participando en la conformación del nuevo orden político. En este sentido, la posinsurgencia es un campo social que Sprenkels (2023:103) define como: «un espacio de relaciones históricamente construidas entre múltiples agentes sociales que anteriormente estaban conectados a través de su participación en la insurgencia».
La reconversión del FMLN
Si bien en las rondas de negociación de los Acuerdos de Paz no se acordaron exhaustivamente los términos de los programas de reincorporación de los excombatientes (Guáqueta, 2005: 12), el FMLN sí posicionó su concepto de «reconversión» en al menos tres documentos, consultados por el autor en el Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA):
«Plan de reconversión y participación de excombatientes del FMLN a la PNC».4 En este documento se establece que: «el concepto de desarme y desmovilización del FMLN es inaceptable para el FMLN [sic] ya que no existen ni vencedores ni vencidos». Se señala en cambio que: «el concepto para identificar la finalización del conflicto armado, para las fuerzas militares del Ejército Nacional para la Democracia (END) es de reconversión e integración a la Policía Nacional Civil (PNC)».
«Concepción de la reconversión del Ejército Nacional para la Democracia-END».5 En este documento se establece que: «la reconversión del FMLN será gradual conforme se vayan cumpliendo todos los acuerdos de legalización de las tierras, puntos del tema económico-social, participación política, nuevas leyes y depuración».
«Entendidos para discusión del cese del enfrentamiento armado-CEA».6 En este documento se hace referencia a que: «el FMLN entiende como reconversión el desmontaje de su estructura militar y la simultánea integración de sus miembros al partido político, a la nueva PNC, y a los proyectos de desarrollo».
El FMLN tenía claro que la PNC sería un espacio para la reconversión de una parte de sus combatientes. Sin embargo, la incorporación de esta instancia al nuevo sistema formó parte de la agenda de seguridad, más que de los programas diseñados para la reinserción. Los desmovilizados del FMLN, acreditados con un carnet especial, fueron reconocidos como «el grupo de excombatientes que han sido dados de baja de la vida militar a través de la implementación de los acuerdos de paz y cumplen con requerimientos de elegibilidad para el acceso a tratamiento especial o beneficios» (CAII, 1996: 46).
Entendemos por proceso de desmovilización la:
…descarga de la vida militar relacionando exclusivamente a la implementación de las actividades del proceso de paz. La desmovilización ocurre cuando los combatientes entregan sus armas para su almacenamiento y destrucción, efectivamente reduciendo la capacidad operacional de las facciones y por lo tanto estabilizando el cese al fuego (CAII, 1996: 46).
El FMLN desmovilizó un total de 15 009 de sus integrantes, distribuidos entre personal militar y político. De este total, el 80 % provenía de áreas rurales, y el 30 % eran mujeres (Wiegink y Sprenkels, 2020: 435). Durante el proceso, 7 000 de estos excombatientes se reunieron en 15 centros regionales para llevar a cabo su desmovilización (Guáqueta, 2005: 15).
El FMLN usó el desarme como una estrategia, y no entregó inicialmente todas sus armas, sino que resguardó algunas en El Salvador, Honduras y Nicaragua como medida de presión (Guáqueta, 2005: 14). Fue emblemático el descubrimiento de un buzón de armas del FMLN en Nicaragua el 23 de mayo de 1993; dos meses después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas confirmó la destrucción de todos los depósitos de armas remanentes del FMLN (CAII, 1996: 58). Posteriormente, el Frente cambió las balas por las boletas electorales y en septiembre de 1993 realizó su convención nacional como partido político, evento en el que eligió a sus candidatos para las elecciones.
La reinserción fue una parte de la agenda de reconstrucción. El Plan de Reconstrucción Nacional (PRN) fue diseñado por el gobierno salvadoreño como plan maestro para la reconstrucción del país después del conflicto armado (Murray et al., 1994: 1). La ejecución del plan quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Reconstrucción Nacional (SRN) (Guáqueta, 2005: 11) y contó con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Por su parte, el FMLN creó la Fundación 16 de Enero, que fue la interlocutora con la SRN para la negociación y el diseño de programas de reinserción (Guáqueta, 2005: 22). La asistencia internacional fue vital para cubrir los gastos de la reinserción; destacó la cooperación, además de Estados Unidos, de Naciones Unidas, Alemania, los Países Bajos, Suecia, Japón y la Comunidad Europea (Guáqueta, 2005: 24).
El PRN incluía un programa de reinserción que, en su estructura original, contemplaba apoyos agropecuarios, capacitación técnica y administrativa, un programa de becas -para estudios de bachillerato, tecnológicos y universitarios-, además de componentes para lisiados y de vivienda (CAII, 1996: 55). Este programa se amplió al incluir un plan de apoyo para 600 líderes y mandos medios del FMLN, así como otro dirigido a 850 menores. En total, 12 394 desmovilizados del FMLN fueron beneficiarios del programa de reinserción (CAII, 1996: 56), con un costo estimado de 100 millones de dólares y una duración de las diversas intervenciones de entre cuatro y seis años (Guáqueta, 2005: 13 y 18).
Los programas de reinserción ofrecidos al FMLN incluyeron capacitación agrícola para 6 300 excombatientes, asistencia para la formulación de planes de producción agrícola para 6 ٠٠٠ excombatientes, capacitación y créditos para 600 mandos medios y la entrega de 4 ٠٠٠ unidades provisionales de vivienda (Murray et al., 1994: 46). Se trasfirieron tierras del Estado y tierras privadas excedentes, se legalizó la propiedad de poseedores en zonas conflictivas y se facilitó su compra; en total de transfirieron 56 494 hectáreas, lo que evitó su reventa (Guáqueta, 2005: 21).
El Programa de Apoyo a la Reinserción Económica de Líderes y Mandos Medios del FMLN, acordado por las partes después de los Acuerdos de Paz, fue financiado con recursos de la USAID a través de la SRN y fue coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por acuerdo del gobierno de El Salvador y el FMLN.7
En abril de 1993, la Fundación 16 de Enero y la SRN firmaron un «contrato de administración» para la operación del programa que tenía como objetivo «convertir a los beneficiarios del programa en micro y pequeños empresarios».8 Para ello, se les capacitó en proyectos empresariales pequeños y medianos y en gerencia, además de que tuvieron acceso a crédito. Las cuatro fases del programa fueron: 1) identificación de los beneficiarios con la asistencia de la Fundación Antidrogas de El Salvador (FUNDASALVA); 2) curso de nivelación en la Universidad de El Salvador y posterior capacitación técnica de cinco meses en áreas técnicas, vocacionales, empresariales y productivas; 3) formulación de proyectos con la asistencia de Consorcio, Ciudadela Don Bosco, la UCA, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y Eurolatina, y 4) otorgamiento de créditos.
El hecho de que 600 mandos medios tuviesen un trato diferenciado en la reinserción generó fricciones dentro del FMLN (Murray et al., 1994: 2, 37, 42). Los beneficiarios del programa recibieron seis meses de capacitación y acceso a créditos para microempresas y vivienda; se dividieron a su vez en mandos urbanos y rurales, además de en tres categorías (A, B y C) en cada uno de esos dos niveles.9 Así, los mandos urbanos del nivel más alto recibieron un estipendio de 403 dólares, además de acceso a créditos de 5 757 dólares para emprender una microempresa y de 6 897 para vivienda; en cambio, los mandos rurales del nivel más bajo recibieron un estipendio de 103 dólares y acceso a créditos de 3 448 para vivienda y de 2 874 para microempresas (Murray et al., 1994: 37).
Alrededor de 350 mandos medios recibieron clases de gerencia y administración por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y 60 capacitación en gerencia ejecutiva en la UCA (Murray et al., 1994: 38). Un aspecto crítico del Programa de Mandos Medios fue el descontento del FMLN ante la imposición de la SRN de FUSADES como administradora de los créditos, instancia a la que acusaban de un estilo de gestión inflexible.10
Los veteranos de guerra en El Salvador, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, se han organizado y realizado movilizaciones hasta el presente.11 Desde los primeros años de la posguerra, excombatientes del FMLN formaron diversas organizaciones no gubernamentales que, en un inicio, se dedicaron a gestionar las acciones de reconstrucción nacional y después a impulsar una agenda civil. Estas organizaciones de veteranos han desempeñado un importante rol político en la posguerra, presionando para obtener los beneficios de reinserción; incluso, alcanzaron fuerza con la llegada del FMLN al poder en 2009 (Wiegink y Sprenkels, 2020: 437)
Cuando el FMLN ganó la elección presidencial de 2009, los veteranos consideraron que su momento para ser retribuidos por su participación en el conflicto había llegado. Sprenkels (2023: 81) relata que «en los meses siguientes, las sedes del partido en todo el país fueron inundadas por veteranos de la guerrilla y otros antiguos colaboradores del FMLN que buscaban trabajo y ofrecían sus servicios». Políticos del FMLN contrataron a personas de su confianza que habían conocido durante la guerra (Wiegink y Sprenkels, 2020: 436) y se construyeron relaciones clientelares entre el partido y sus bases, incluyendo excombatientes.12 Las divisiones internas en el FMLN, ya como partido político, también se reflejaron entre los veteranos, quienes se dividieron entre quienes continuaron reivindicado el proyecto revolucionario -del denominado «FMLN histórico»- y quienes abrazaron una posición reformista (Wiegink y Sprenkels, 2020: 437-438). La política electoral del FMLN operó sobre varias redes, relaciones políticas, identidades e imaginarios de la insurgencia, que no desaparecieron, sino que se transformaron y resignificaron (Sprenkels, 2023: 83-117).
Durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se aprobó la «Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno». En ella, se normaron los siguientes beneficios y prestaciones: pensión e indemnización, atención médica preferencial, programa de inserción productiva, acceso a la educación, transferencia de tierra, insumos agrícolas, apoyo para la construcción y mejora de vivienda, acceso a créditos con intereses flexibles y prestación económica para servicios funerarios.
Cuatro de cada cinco excombatientes encuestados en 1996 se consideraban a sí mismos como reintegrados (CAII, 1996: 5, 13), lo que, desde la literatura sobre DDR, posiciona el proyecto de reinserción en El Salvador como exitoso, pues los excombatientes se integraron a la vida civil y no retomaron las armas. Ahora bien, desde la perspectiva de la reconversión posinsurgente, en este artículo se busca explorar la trayectoria laboral de excombatientes que no formaron parte de un programa concreto de reinserción, sino que, en virtud del acuerdo político entre las partes, ingresaron a la PNC.
Metodología: estudiar lo policial desde las trayectorias laborales
Los estudios sobre la policía en América Latina, según la exhaustiva revisión de literatura realizada por Aparicio Barrera (2016), se han centrado en la concepción de la institución policial como un aparato represivo capitalista conforme a la tradición marxista, en consonancia con interpretaciones weberianas sobre el uso legítimo de la fuerza. Desde la historiografía, se han estudiado los regímenes autoritarios y su manejo de las fuerzas del orden; desde las ciencias jurídicas y administrativas, la policía se ha estudiado en relación con el orden social; y desde la administración pública y las políticas públicas, destacan los estudios neoinstitucionalistas sobre reforma, mejora y gestión policial en democracia. Con el presente estudio se busca ir más allá de la institución de policía y analizar el fenómeno político de lo policial, abordado desde la perspectiva de sus actores.
Alina Ríos (2014) propone hacer un desplazamiento de la policía a «lo policial», y pasar del análisis normativo sobre el deber ser de la policía a una discusión sobre la relación entre el Estado y la policía. Lo policial no se limita solo a la institución uniformada y armada, sino que también abarca aquello fuera de la institución que regula la seguridad de un territorio. En este marco, el estudio de las relaciones de poder entre actores policiales es el enfoque aquí propuesto, hilando las trayectorias laborales de guerrilleros reconvertidos en policías quienes, a su vez, entrelazan los procesos históricos y políticos de la posguerra salvadoreña.
Con el objetivo de estudiar lo policial, se realizaron tres visitas de campo a El Salvador. La primera se llevó a cabo en julio de 2019 y se centró en entrevistas con altos mandos policiales que ocuparon puestos directivos durante los dos gobiernos del FMLN (2009-2019). En las visitas segunda y tercera, realizadas en octubre y noviembre de 2023 y en abril de 2024, se llevaron a cabo entrevistas con excombatientes del FMLN con carrera policial en los tres niveles jerárquicos de la PNC (básico, ejecutivo y superior), algunos en funciones y otros retirados forzadamente por el decreto ejecutivo de 2022. En esas tres visitas se logró contrastar el ánimo policial posinsurgente al inicio y al final del primer mandato de Nayib Bukele, un período que marcó el fin de la posguerra.
En todas las visitas de campo, las autoridades de la PNC no respondieron a las solicitudes formales de entrevista. Sin embargo, gracias a contactos previos y por medio de la técnica de bola de nieve, fue posible realizar entrevistas con un total de 16 excombatientes del FMLN reconvertidos en la PNC (véase Tabla 1). De estos, ocho pertenecían al nivel básico, uno al nivel ejecutivo y siete al nivel superior; siete estaban retirados y nueve en activo. En cuanto a sus organizaciones político-militares de origen, siete fueron de las FPL, seis de las FAL, uno de la RN, uno del ERP y uno del PRTC. Las entrevistas se realizaron con el consentimiento informado de los participantes, quienes se identifican mediante seudónimos para garantizar la confidencialidad de su identidad.
Tabla 1 Entrevistas con excombatientes del FMLN reconvertidos en la PNC
| Seudónimo | Categoría policial | Estado actual | Participación en el FMLN | Fecha de entrevista | |
| 1 | Adrián | Comisionado | Retirado | Comandante de RN | 18 de julio de 2019 |
| 2 | Alejandro | Agente | Activo | Combatiente del ERP | 5 de abril de 2024 |
| 3 | Andrés | Sargento | Activo | Combatiente de las FPL | 10 de octubre y 20 de noviembre de 2023 |
| 4 | Benito | Agente | Activo | Combatiente de las FAL | 8 de abril de 2024 |
| 5 | Carlos | Comisionado | Retirado | Mando medio de las FAL | 6 de abril de 2024 |
| 6 | Daniel | Sargento | Retirado | Combatiente de FPL | 21 de noviembre de 2023 |
| 7 | Enrique | Sargento | Activo | Combatiente de FPL | 15 de noviembre de 2023 |
| 8 | Ernesto | Comisionado | Activo | Militante del PRTC | 10 de abril de 2024 |
| 9 | Hernán | Comisionado | Retirado | Combatiente de las FAL | 10 de julio de 2019 |
| 10 | Juan | Inspector jefe | Retirado | Combatiente de FPL | 21 de noviembre de 2023 y 10 de abril de 2024 |
| 11 | Leonardo | Subcomisionado | Activo | Militante de las FAL | 5 de abril de 2024 |
| 12 | Orlando | Comisionado | Retirado | Militante de las FAL | 14 de noviembre de 2023 |
| 13 | Raúl | Sargento | Activo | Combatiente de FPL | 16 de noviembre de 2023 |
| 14 | Ricardo | Cabo | Activo | Combatiente de FPL | 6 de abril de 2024 |
| 15 | Roger | Sargento | Activo | Combatiente de las FAL | 6 de abril de 2024 |
| 16 | Saúl | Comisionado | Retirado | Mando medio de las FPL | 12 de julio de 2019 |
Fuente: elaboración propia.
Al momento de realizar las entrevistas,13 El Salvador vivía bajo un Estado de excepción permanente, característico de un régimen autocrático sin división de poderes y sin un sistema de frenos y contrapesos. Desde el 27 marzo de 2022 y hasta el momento de escribir estas líneas -octubre de 2024-, el país centroamericano se encuentra bajo un régimen de excepción que suspende las garantías del debido proceso (CIDH, 2024), lo que ha resultado en más de 80000 personas detenidas y más de 300 fallecidas bajo custodia del Estado. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa destituyó inconstitucionalmente al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para imponer en su lugar a personajes afines al Ejecutivo. En febrero de 2024, a pesar de que seis artículos de la Constitución lo prohibían, Bukele se reeligió como presidente y aseguró además una mayoría absoluta en el Legislativo.
Bajo el gobierno de Bukele, la posguerra llegó a su fin, el bipartidismo entre ARENA y el FMLN quedó en el pasado y la PNC redujo su presencia de exguerrilleros a una cuota marginal. El objetivo de reconstruir las trayectorias laborales posinsurgentes de los informantes clave es precisamente explicar cómo se llegó a este resultado.
El mundo contemporáneo del trabajo se caracteriza por la flexibilidad y la precariedad, lo que impacta en las trayectorias laborales debido a que el pleno empleo ha sido sustituido por el riesgo laboral, la intermitencia, la fragmentación y la discontinuidad (Orejuela y Correa, 2007). En contraste, el trabajo policial de la posguerra se construyó, a contracorriente, como una carrera por lo general profesional y estable. Los excombatientes reconvertidos en policías obtuvieron un empleo a largo plazo y tuvieron acceso al bien escaso de las contrataciones por tiempo indeterminado, pero su carrera terminó, en algunos casos abruptamente, con un retiro forzado que no se preveía, motivado más por razones políticas que económicas. Ser agente del Estado implica que los trabajadores estén expuestos a los vaivenes de la política.
Una trayectoria laboral, en la definición de Orejuela y Correa, es:
…el particular trazo o recorrido que hace un individuo en el espacio sociolaboral, que describe las sucesivas posiciones que ha ocupado a lo largo del tiempo, desde su inserción en el mercado laboral hasta el momento en particular (trayectoria parcial), o hasta el momento en que se desmercantilizó voluntaria o involuntariamente (trayectoria total) (Orejuela y Correa, 2007: 64).
El punto de origen de la trayectoria laboral de los informantes de este estudio fue la fundación de la PNC, y el punto final, tanto para las trayectorias individuales como para el colectivo, es el régimen de Nayib Bukele. A diferencia de la mayor parte de los trabajadores salvadoreños de la posguerra, los informantes no experimentaron transiciones ocupacionales ni discontinuidades.
Las trayectorias laborales tienen hitos, momentos significativos de ruptura y continuidad. En el caso de los excombatientes reconvertidos en policías, varios de estos hitos laborales coinciden con momentos emblemáticos de la historia de la posguerra como la alternancia en el poder, la emergencia de las pandillas como problema público, la militarización de la seguridad y la instauración del régimen autoritario de Bukele, por mencionar algunos de los más significativos. Esos hitos pueden estudiarse a través de las trayectorias de los informantes, observando las relaciones entre sus vidas personales y los procesos colectivos. Tal vinculación entre la trayectoria personal y los procesos estructurales se conoce como «trayectoria relacional» (Orejuela y Correa, 2007: 66).
En la revisión bibliográfica sistemática realizada por Cirami y Ferrari (2018), se identificó que las trayectorias laborales se estudian desde cuatro enfoques principales: 1) enfoque histórico-económico, que se centra en momentos del mercado laboral; 2) enfoque de interacción macro-micro, en el que se relacionan las trayectorias laborales personales con el contexto sociohistórico; 3) enfoque de itinerarios centrados en las condiciones organizacionales, que identifica los recorridos por varias organizaciones, y 4) enfoque de lógicas narrativas, sentidos e identidades, que retoma la subjetividad de las trayectorias. En este estudio se asume el enfoque de interacción macro-micro, según el cual los hitos de la posguerra son a la vez los hitos en las trayectorias laborales de los informantes. Esos hitos fueron empleados como categorías para agrupar los códigos generados tras el análisis de las entrevistas, para lo cual se utilizó el software ATLAS.ti en su versión 24.
Cirami y Ferrari (2018: 38) identifican tres tipos de indicadores en el estudio de las trayectorias laborales: 1) indicadores sociolaborales y socioeducativos, como el salario, la historia familiar y la formación; 2) indicadores sociohistóricos, que son eventos históricos relevantes en la trayectoria laboral, y 3) indicadores valorativos y subjetivos, que recuperan las significaciones de los trabajadores sobre su propia trayectoria. Los últimos dos tipos corresponden a los datos analizados en las trayectorias de los participantes entrevistados para este artículo. Dicha información se analiza profundizando en la heterogeneidad de los informantes, considerando la organización político-militar a la que pertenecieron durante la guerra civil y el nivel jerárquico que ocuparon en su reconversión en la PNC.
Resultados. Trayectorias policiales de reconversión posinsurgente
Las 17 entrevistas14 fueron codificadas y organizadas identificando los hitos de las trayectorias laborales en vinculación con cuatro períodos del itinerario histórico de la PNC en la posguerra: 1) el ingreso a la PNC y los primeros años de trabajo policial; 2) la función policial durante los gobiernos de ARENA, con énfasis en la experiencia de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura de los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, respectivamente; 3) el trabajo policial durante los dos gobiernos del FMLN, contrastando la tregua y militarización de Funes, con las medidas extraordinarias de Sánchez Cerén, y 4) experiencia en el gobierno de Nayib Bukele, con énfasis en el régimen de excepción. Asimismo, se realizaron dos ejercicios de contraste: el primero, de jerarquía, entre policías de nivel básico y mandos de nivel superior; el segundo, de orden político-ideológico, entre las diferentes organizaciones político-militares a las que pertenecieron los informantes.
Ingreso a la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) fue creada con el objetivo de desmilitarizar la seguridad pública, e incorporó a excombatientes, exmilitares y civiles bajo una pretendida doctrina civil (Amaya, 2007: 129; Wolf, 2017: 34). Sin embargo, el traslado de personal y estructuras militarizadas a la PNC representó un control por parte del ala militar en un contexto de violencia criminal de posguerra (Amaya, 2007: 131; Wolf, 2017: 35). Este predominio militar entre los altos mandos y principales áreas de decisión de la PNC derivó en un talante autoritario de la institución policial, alejado del proyecto de policía civil y democrática planteado en los Acuerdos de Paz. Así describe Marvin Reyes, vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), la toma del control de la institución por parte del sector militar:
Quienes toman el control son las cuotas militares. No lo toma la cuota de la exguerrilla del FMLN, sino que lo toman las cuotas militares, porque ellos venían de dirigir la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda. Entonces, ellos sabían de manejo de personal, de administración, de recursos, etcétera. Ellos tomaron el control, pero también le inyectaron la prepotencia que ellos traían (Marvin Reyes, comunicación personal, 13 de noviembre de 2023).
En los relatos de los informantes con pasado insurgente en relación con sus motivaciones para ingresar a la PNC, contrastan las concepciones del ingreso a la policía como una nueva misión dentro de la insurgencia, con aquellos testimonios sobre el compromiso con la construcción de una nueva institución policial bajo parámetros democráticos y civiles. Mientras el subcomisionado Leonardo y los comisionados Orlando y Carlos, los tres exmilitantes de las FAL del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), refirieron que ingresaron a la PNC creyendo en un proyecto civil y democrático, el comisionado Ernesto, exmilitante del PRTC, señaló que nunca pensó en ser policía e ingresó y que la PNC por disciplina militante, respondiendo al llamado de su organización.
Sobre su ingreso a la PNC, el sargento Daniel (véase Imagen 1) recordó que, terminada la guerra, «cada quien tenía que responder por su situación de aquí en adelante», lo que refleja la incertidumbre que enfrentaban muchos excombatientes, especialmente aquellos que no tenían educación formal. El inspector jefe Juan recordó que, al inicio de la policía, se vivía mucho entusiasmo, pero matizó: «era una aventura también querer enderezar todo así, sin tener el poder», refiriéndose a que la policía, en sus primeros años, estuvo dominada por la cuota militar.
Fuente: archivo personal de Daniel. A la izquierda, Daniel como combatiente de las FPL en Guarjila, Chalatenango, 1991. A la derecha, Daniel como sargento de la PNC en Bajo Lempa, Usulután, 2017.
Imagen 1 Daniel, de guerrillero a policía
Algunos informantes no ingresaron a la PNC directamente como cuota del FMLN. El comisionado Orlando ingresó como civil durante los primeros años de la nueva policía. Lo mismo hicieron el agente Alejandro, quien antes de ser policía fue motorista y técnico en la misma PNC, y el agente Benito, quien después de la guerra emprendió un negocio, pero hasta el año 2008 decidió ingresar a la policía con el interés de tener un trabajo fijo.
Las narrativas sobre el ingreso a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) enfatizan la desconfianza inicial entre exguerrilleros y militares. Así refirió el sargento Andrés su experiencia en la Academia: «nos desconfiábamos unos con otros, no queríamos ni dormir a la par porque pensábamos que nos podían matar estando dormidos». Son comunes los testimonios sobre las dificultades de abandonar la vida insurgente e incorporarse a la vida civil. Varios de los informantes resguardaron alguna arma no entregada en el proceso de desarme, por si llegara a ser necesario en caso de una eventual reactivación del conflicto armado.
Es patente el descontento de los mandos policiales emanados del FMLN por la incorporación de personal militar a la naciente PNC. Así lo comentó el comisionado Adrián: «desde que empezamos a desplegarnos como Policía Nacional Civil, en la medida que iban desapareciendo los viejos Cuerpos de Seguridad, surge la policía, pero casi desde esos mismos momentos el Ejército nos impone una cuota de ellos» (Adrián, comunicación personal, 18 de julio de 2019).
Fueron comunes las narrativas sobre desconfianza de los excombatientes del FMLN hacia sus compañeros exmilitares, aunque también los informantes aportaron testimonios de interacción positiva entre ambos grupos. El sargento Andrés, por ejemplo, destacó que al inicio de su carrera fue jefe de grupo en el área de seguridad interna de una delegación, donde tuvo bajo su mando a agentes de origen militar, y su interacción fue muy positiva. Los comisionados Saúl y Carlos coincidieron en que esa desconfianza se fue mitigando con el paso de los años. En opinión de Marvin Reyes, los mandos que provenían del FMLN fueron «absorbidos» por el sistema militar:
Las cuotas de la guerrilla eran distintas porque ellos buscaban algún tipo como de participación más democrática en el personal, pero terminaron siendo absorbidos por el sistema militar. Sí los terminó absorbiendo el sistema militar a ellos, y en un momento los excomandantes de la guerrilla se volvieron peores que los militares. Se volvieron peores, sí, déspotas, intransigentes. Fue una cosa que a nosotros nos decepcionó mucho, porque los conocimos cuando recién entraron a la policía y cambiaron, cambiaron con los años. Muy pocos se mantuvieron, digamos, con la misma línea de trabajo apegada, pues, a su forma, digamos, más democrática. [...] otros que venían de la guerrilla se les cambió la forma de actuar, se contaminaron con el ambiente militar que predominó en la PNC en sus inicios y así quedaron. Así quedaron, con esa forma de actuar prepotente, intransigente, pues, que no se le permitía hablar siquiera al subalterno (Marvin Reyes, comunicación personal, 13 de noviembre de 2023).
La división en cuotas marcó también la más alta dirección de la PNC, esto a la luz de los perfiles de quienes han ocupado la Dirección General de la institución (véase Tabla 2). De los 12 directores de la policía, seis han sido civiles -Rodrigo Ávila, del partido ARENA, ocupó la Dirección General en dos ocasiones-, tres de origen militar, tres excombatientes del FMLN y un policía de carrera.
Tabla 2 Directores generales de la PNC 1993-2024
| Nombre | Período | Origen | |
| 1 | Doctor José María Monterrey | 1993-1994 | Civil, empresario |
| 2 | Ingeniero Rodrigo Ávila Avilés | 1994-1999 | Civil, ARENA |
| 3 | Licenciado Mauricio Sandoval Avilés | 1999-2003 | Civil |
| 4 | Comisionado Ricardo Mauricio Menesses Orellana | 2003-2005 | Fuerza Armada |
| 5 | Ingeniero Rodrigo Ávila Avilés | 2005-2008 | Civil, ARENA |
| 6 | Ingeniero Francisco José Rovira Mejía | 2008 | Civil |
| 7 | Comisionado José Luis Tobar Prieto | 2008-2009 | Policía de carrera |
| 8 | Comisionado Carlos Antonio Ascencio Girón | 2009-2012 | Resistencia Nacional |
| 9 | General de División (R) Francisco R. Salinas | 2012-2013 | Fuerza Armada |
| 10 | Ingeniero Rigoberto Trinidad Pleites Sandoval | 2013-2014 | Civil |
| 11 | Comisionado Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde | 2014-2016 | Fuerzas Populares de Liberación |
| 12 | Comisionado Howard Augusto Cotto Castaneda | 2016-2019 | Resistencia Nacional |
| 13 | Comisionado Mauricio Arriaza Chicas | 2019-2024 | Fuerza Armada |
Fuente: elaboración propia.
Vivencia de los fallidos planes Mano Dura y Súper Mano Dura durante dos gobiernos de ARENA
Por lo general, los informantes consideraron que las políticas antipandillas Mano Dura (2003) y Super Mano Dura (2004-2009) aplicadas durante los gobiernos de ARENA, bajo los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, respectivamente, derivaron en el aumento de la violencia de las pandillas. Con esos planes, mencionaron varios, se detenía a presuntos pandilleros, pero «sin mucho sustento legal», lo que derivaba en que, como expresó uno de ellos, «pasaban tres días presos y salían».
Dichos planes consistieron en el uso intensivo de propaganda contra las pandillas, que fueron identificadas como enemigo interno, la detención masiva de jóvenes criminalizados15 y la participación cada vez más activa de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública. Sin embargo, no lograron contener la escalada delictiva de las pandillas, sino que, por el contrario, las fortalecieron hasta convertirlas en organizaciones criminales complejas y profesionalizadas16 (Aguilar, 2006; Martínez y Navarro, 2019, 2021). Uno de los objetivos reales de estos planes era afianzar el poder político de ARENA mediante la simpatía ciudadana hacia el punitivismo (Martínez y Navarro, 2021: 133).
Los policías aportaron testimonios sobre cómo, durante las políticas de Mano Dura, se realizaron detenciones arbitrarias. Según el sargento Andrés, esas políticas tenían «un enfoque más represivo que preventivo», algo que también compartió el sargento Daniel, quien afirmó que los planes ponderaron la represión.
Las políticas de Mano Dura, como manifestaron la mayoría de los informantes, empoderaron a las pandillas, que aumentaron su violencia, sus actividades de extorsión y su control sobre los centros penales. Los comisionados Adrián, Carlos y Saúl, así como el subcomisionado Leonardo, coincidieron en señalar que esas políticas, lejos de debilitar a las pandillas, las fortalecieron. Para el sargento Roger, tales políticas eran sobre todo propagandísticas: «todo ha sido publicidad solo para favorecer a las mismas elites poderosas» (comunicación personal, 6 de abril de 2024).
¿La exguerrilla en el poder? Trabajo policial durante los dos gobiernos del FMLN
Cuando el FMLN ganó la elección presidencial en 2009, el comisionado Saúl pensó que la PNC «recuperaría su visión original», refiriéndose al proyecto civil de seguridad. La experiencia de los informantes durante los dos gobiernos del FMLN varía entre quienes ocuparon puestos de decisión y quienes estuvieron en posiciones marginales en la escala básica. Los primeros destacaron los intentos por depurar la PNC durante el gobierno de Mauricio Funes, así como el impulso del modelo de policía comunitaria,17 mientras que los segundos enfatizaron que sus condiciones laborales no fueron muy diferentes a las de los gobiernos anteriores. Los mandos fueron quienes se manifestaron mayormente en contra de la participación de los militares en la conducción de la seguridad durante el periodo del primer gobierno del FMLN.
El comisionado Adrián destacó: «un proceso de depuración que quisimos hacer con la licenciada Zairita», refiriéndose a la inspectora Zaira Navas, quien abrió expedientes disciplinarios contra altos mandos policiales involucrados en actividades delictivas, buena parte de ellos con pasado militar. Sin embargo, tales procesos no prosperaron y fueron archivados a la llegada del general Munguía Payés al Ministerio de Justicia y Seguridad en 2011. Marvin Reyes recordó que ese cierre de expedientes causó decepción en el personal de nivel básico: «Los policías decían: “como este está arriba, como este es jefe, no le hacen nada. Si fuera yo, ya estuviera preso, ahora estuviera ya en el penal”. Y entonces empezó a generar un concepto de que los jefes arriba son corruptos» (comunicación personal, 13 de noviembre de 2023).
La llegada de militares a los puestos de mando de la seguridad en el país fue rechazada por otros mandos, como el comisionado Adrián, quien señaló que tales militares pretendían «montar un mal nombre a la policía». Cabe destacar que dichos nombramientos fueron declarados inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2013.
Un aspecto positivo que los mandos destacaron fue que la PNC, sobre todo durante el primer gobierno del FMLN, trabajó en una política de género. En ese sentido, el comisionado Adrián afirmó orgulloso que: «no hay institución en El Salvador que tenga una política de género estructurada y elaborada con la profundidad y delicadeza, como lo ha hecho la Policía Nacional Civil» (Adrián, comunicación personal, 18 de julio de 2019).
Este mismo comisionado identificó el atentado terrorista de la pandilla Barrio 18 perpetrado en junio de 2010 en el municipio de Mejicanos como un parteaguas en la política de seguridad del gobierno de Mauricio Funes. La pandilla incendió un autobús con 17 personas adentro, causándoles la muerte. A partir de entonces, se adoptaron medidas de fuerza, incluyendo la intensificación de la militarización.
En el período 2012-2014, durante el primer gobierno del FMLN, se implementó un proceso de tregua entre pandillas que logró reducir la violencia homicida a cambio de beneficios carcelarios para las pandillas (Martínez y Navarro, 2019: 11, 2021: 135), lo que, a su vez, las fortaleció aún más e incluso las consolidó como importantes actores políticos. Marvin Reyes confirmó que, durante la tregua facilitada por el gobierno de Funes, se dio la instrucción de «no intervenir ciertas zonas» controladas por las pandillas, lo cual desconcertó a parte del personal policial:
El lineamiento superior era no patrullar en esos lugares. Entonces, eso empezó a generar cierta decepción en el personal policial del nivel básico. Los agentes, los cabos, los sargentos decían, “bueno, y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ir a capturar estos delincuentes? ¿Solo porque la jefatura dice que no?”. Y tampoco había operativos, digamos, de captura, allanamiento de viviendas o captura de miembros de estructuras de pandillas. Eso afectó muchísimo. Sí afectó mucho para la operatividad y también para el, digamos, el compromiso que el policía adquiere de combatir a los delincuentes. Prácticamente les decía, “no los combata, déjenlos que ellos hagan sus vidas” (Marvin Reyes, comunicación personal, 13 de noviembre de 2023).
En general, la tregua con las pandillas durante el gobierno de Mauricio Funes fue criticada por los informantes, quienes destacaron su falta de transparencia y los beneficios, que percibieron como favorables solo para los pandilleros. Según los mandos, aunque la tregua redujo temporalmente los homicidios, también se asoció con un aumento de las desapariciones y fortaleció el poder político de las pandillas. El comisionado Adrián desaprobó la tregua, afirmando que: «fue una decisión desgraciada para la sociedad salvadoreña, para la seguridad del pueblo en el sentido de que todo lo que causó fue mal, no causó nada bien». Por su parte, el subcomisionado Leonardo la calificó como ilegal, mientras que los comisionados Saúl y Carlos recalcaron que la tregua convirtió a las pandillas en importantes actores políticos.
Con la tregua rota, las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno de Sánchez Cerén incluyeron despliegues policiales-militares, mayor control carcelario y la creación de cuerpos especiales antipandillas. Estas medidas derivaron en violaciones a los derechos humanos, incluyendo un patrón de ejecuciones extrajudiciales, todo en el contexto de una estrategia calificada como de «enfrentamiento directo» (Martínez y Navarro, 2019, 2021).
Los informantes mencionaron cómo la ruptura de la tregua durante el segundo mandato del FMLN condujo a un aumento en los enfrentamientos entre pandilleros y agentes del estado, así como a un exacerbamiento de la inseguridad, lo que resultó en un alto costo humano para la policía. Fueron comunes las narrativas sobre medidas de autoprotección ante la escalada de violencia. Por ejemplo, el cabo Ricardo tuvo que abandonar su domicilio durante el gobierno de Sánchez Cerén, pues fue víctima de un intento de homicidio por parte de las pandillas. En este sentido, el sargento Raúl calificó el gobierno de Sánchez Cerén como un período de «mucha violencia» contra la policía, destacando sobre todo el año 2015.
Los informantes narraron cómo Sánchez Cerén mantuvo durante su gobierno una estrategia militarizada de combate a las pandillas, con la creación de unidades especiales conformadas por policías y militares. El comisionado Orlando recordó esa época como «el período donde más policías murieron». El sargento Enrique, por su parte, señaló que durante los gobiernos del FMLN «estuvimos más amenazados de parte de las estructuras criminales». De 2014 a 2018, 232 policías fueron asesinados por las pandillas, según el registro de Marvin Reyes, vocero del MTP,18 quien calificó ese período como un escenario de «guerra». En la interpretación del subcomisionado Leonardo, las medidas extraordinarias en los centros penales implementadas por el gobierno de Sánchez Cerén fueron una respuesta a esas agresiones directas de las pandillas contra el personal estatal.
Mientras los mandos policiales justificaron el fracaso de las políticas de seguridad principalmente en términos políticos -señalando, por ejemplo, la permanencia del modelo económico neoliberal-, el personal de escala básica expresó su descontento por la falta de atención a sus necesidades, mencionando que ambos gobiernos, según más de uno de los informantes, «les fallaron» o «decepcionaron». Para el sargento Andrés, el FMLN fracasó en sus políticas de seguridad porque «se intentó avanzar, pero las estructuras de corrupción y la falta de recursos limitaron el progreso». El agente Benito, que ingresó a la PNC poco antes del triunfo electoral del FMLN en 2009, señaló que el fracaso de las políticas de seguridad se debió a que «la policía estaba contaminada».
Al ser cuestionados sobre por qué el FMLN mantuvo en posiciones clave de la PNC a personas con pasado militar, los comisionados Saúl y Hernán señalaron que ello se debió a un «equilibrio político», con la intención de «no hacer un rompimiento total».
El régimen autoritario de Nayib Bukele y su impacto en el trabajo policial
El gobierno de Nayib Bukele atribuye el éxito de su estrategia de seguridad al denominado Plan Control Territorial, que se presenta como una campaña propagandística con fases sorpresa e improvisadas. En realidad, la estrategia de Bukele se basa en dos enfoques clave para la reducción de la violencia homicida: por un lado, un pacto con los liderazgos pandilleros, que estuvo vigente desde el inicio de su primer gobierno en junio de 2019, hasta marzo de 2022; y, por otro lado, un régimen de excepción permanente, que entre marzo de 2022 y octubre de 2024 resultó en más de 80 000 personas detenidas y más de 300 muertes bajo custodia del Estado (Baltazar, 25 de junio de 2024).
Al inicio del primer gobierno de Nayib Bukele, el personal de nivel superior proveniente del FMLN fue relegado a posiciones marginales, mientras que las principales posiciones fueron ocupadas por personal de origen militar. Incluso altos mandos de los gobiernos del FMLN fueron objeto de persecución penal; en particular, los mandos policiales entrevistados hicieron referencia al caso del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.
En general, la narrativa de los informantes en torno al gobierno de Bukele fue de desencanto. Esto, a pesar de que dicho gobierno, mediante la negociación con líderes pandilleros y la instauración de un régimen autoritario y punitivo, ha logrado reducir la violencia homicida y desactivar la mayor parte de las estructuras pandilleras, sacrificando el respeto a los derechos humanos.
Al inicio del régimen de excepción, como confirmaron los comisionados Carlos y Ernesto, así como el subcomisionado Leonardo, se solicitaban cuotas de detenidos, lo que resultó en capturas masivas de personas sin vínculos con las pandillas. En la ejecución del régimen de excepción, señaló el sargento Andrés, «no se debe sacrificar la ética en la búsqueda de resultados».
Los mandos policiales confirmaron que el denominado Plan Control Territorial, al que Bukele atribuye la disminución de la violencia homicida, no es una política pública diseñada por la PNC, sino por el Ejecutivo, y que la policía no conocía un documento con las fases que anunció el presidente, sino solo las órdenes de despliegue. En este contexto, los mandos policiales destacaron la existencia de negociaciones entre el gobierno y las pandillas para reducir la violencia homicida. Los comisionados Hernán y Adrián suponía que se desarrollaban negociaciones de ese tipo, incluso al inicio del gobierno de Bukele. Asimismo, resaltaron también la exacerbación de la militarización de la seguridad pública bajo este régimen.
En abril de 2022, Bukele emitió un decreto para el retiro forzado de los policías que ya hubieran cumplido 60 años. Según Marvin Reyes, este proceso comenzó con el despido de 47 oficiales de nivel superior, incluyendo comisionados y subcomisionados, de los cuales 45 provenían del FMLN. Con esta medida se apuntaló el poder de la cuota militar y se eliminó cualquier posible contrapeso en la institución policial.
El comisionado Orlando calificó como «humillante» la forma en que concluyó su carrera policial debido al retiro forzado. El comisionado Ernesto, por su parte, expresó un sentimiento de impotencia, y comparó su situación con lo que sintió cuando fue detenido por las fuerzas contrainsurgentes durante la guerra. En general, los entrevistados consideraron el decreto de retiro forzado como una violación de los derechos laborales y una afrenta a la historia del proyecto civilista de la policía construido tras los Acuerdos de Paz. El testimonio de los policías afectados reflejó una sensación de traición y humillación por parte del Estado. El sargento Daniel, por ejemplo, destacó las dificultades para encontrar empleo a su edad y con enfermedades crónicas, y reconoció el impacto emocional que le causó el retiro.
Por otro lado, el agente Benito valoraba positivamente que, en el gobierno de Bukele, «la policía está al 100 % mejor que todos estos gobiernos que han estado». Se refería a los beneficios que había recibido la policía, como mejoras en los uniformes y un bono trimestral de $400. Sin embargo, también expresó su preocupación por el régimen de excepción, indicando que, aunque había mejorado la seguridad, esto había un costo en términos de derechos humanos.
Trayectorias policiales en función del nivel jerárquico
Los mandos de la insurgencia se reconvirtieron en como mandos policiales, mientras que los combatientes de origen campesino se reconvirtieron en policías de escala básica. La experiencia de la guerra y de la posguerra varía significativamente en función de la posición jerárquica ocupada en ambos campos, tanto en la guerrilla como en la insurgencia.
De jefe guerrillero a alto mando de la PNC. Los comisionados Adrián, Carlos, Ernesto, Hernán, Orlando y Saúl, así como el subcomisionado Leonardo, ocuparon posiciones de mando en la insurgencia, y algunos fueron incluso comandantes. Los seis eran universitarios cuando participaron en la guerrilla y, salvo el subcomisionado Leonardo, que ingresó al nivel Ejecutivo, iniciaron su carrera policial directamente como altos mandos. Fueron marginados de posiciones importantes durante los gobiernos de ARENA, mientras que con los del FMLN ocuparon las posiciones más relevantes. En su trayectoria laboral destaca la desconfianza ante la cuota militar y el impulso a medidas como la policía comunitaria y los programas preventivos. Los siete fueron críticos al régimen de Bukele y recurrieron sobre todo a explicaciones de tipo estructural -como el capitalismo y el modelo neoliberal- para justificar el fracaso de las políticas de seguridad del FMLN.
De equipo sanitario de la insurgencia a mando medio de la PNC. El inspector jefe Juan tuvo una carrera policial de 16 años. Trabajo en la PNC como mando medio de 1993 a 2009, bajo los gobiernos de ARENA. Reconoció una «derechización» en la conducción de la policía y tensiones permanentes entre integrantes de la exguerrilla y la Fuerza Armada. Destacó el fracaso de los Planes Mano Dura y Súper Mano Dura, que no atendieron las casusas estructurales de la delincuencia y, de manera contraproducente, terminaron fortaleciendo a las pandillas, un problema que se intensificó en años posteriores.
De adolescente campesino y combatiente guerrillero a policía «de calle». Existen convergencias en las trayectorias laborales de policías de nivel básico. Los agentes Alejandro y Benito, el cabo Ricardo, y los sargentos Andrés, Daniel, Raúl, Enrique y Roger (véase Imagen 2), en su mayoría, vivieron su infancia y adolescencia en el campo, se incorporaron a la guerrilla siendo adolescentes, fueron torturados durante el conflicto, ingresaron a la policía por la necesidad de un empleo, tenían heridas de guerra y recuerdos perturbadores del conflicto, deudas y, en algunos casos, más de una familia por mantener. Fueron abundantes sus quejas sobre los gobiernos del FMLN, que no solo no mejoró sustantivamente sus condiciones laborales, sino que les puso en riesgo, sobre todo durante el quinquenio de Sánchez Cerén y la escalada de violencia pandillera. Si bien en su mayoría fueron críticos de las violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción de Bukele, agradecieron medidas como el bono trimestral y los nuevos uniformes. Como la mayoría de ellos aún no había cumplido los 60 años, vivían con la incertidumbre de su próximo retiro forzado. Más de uno consideraba migrar a Estados Unidos al concluir su carrera policial.
Trayectorias policiales en función de la organización político-militar de origen
Las cinco organizaciones político-militares que conformaron el FMLN presentaban características diferenciadas, y la formación de sus cuadros y mandos tuvo particularidades propias. En la posguerra, sus excombatientes asumieron también posturas políticas diferenciadas, algo que puede observarse en las trayectorias de policías con pasado insurgente.
Las FPL en toda la escala policial. En el corpus de informantes, las FPL fueron la única organización político-militar con presencia en los tres niveles policiales. Las trayectorias laborales del cabo Ricardo, los sargentos Andrés, Daniel, Enrique y Raúl, el inspector jefe Juan y el comisionado Saúl permiten identificar convergencias y divergencias. Entre las primeras, destacan el recelo ante la cuota militar a lo largo de la historia de la policía, con problemas de convivencia en la Academia, hasta visiones contrapuestas sobre la deontología policial. Entre sus divergencias, destacan los énfasis de sus críticas: mientras los policías de nivel básico se sentían defraudados con el FMLN, que no mejoró sustantivamente sus condiciones laborales, los mandos focalizaron su crítica en aspectos estratégicos y de política, con menos quejas sobre sus condiciones laborales. En su mayoría, identificaron el régimen de Bukele como una regresión autoritaria.
Comunistas en la policía. De forma muy marcada, la introducción de análisis políticos históricos y de coyuntura para narrar sus trayectorias laborales fue preponderante entre los excombatientes de las FAL. Ellos fueron también quienes mayormente usaron categorías marxistas para referirse a sus procesos personales y políticos. En coincidencia con sus colegas de otras organizaciones político-militares, el agente Benito, el sargento Roger, el subcomisionado Leonardo y los comisionados Carlos, Hernán y Orlando, fueron críticos de la cuota militar, de las treguas con pandillas y del gobierno de Nayib Bukele.
De comandante de la RN a alto mando policial. El comisionado Adrián fue comandante de la Resistencia Nacional (RN). Era uno de los mandos con mayor reconocimiento entre la denominada «familia policial», respetado sobre todo por policías de nivel básico, tanto provenientes de la guerrilla como de la Fuerza Armada y la vida civil. Otros policías lo definieron como un mando sensible a las necesidades de la policía y preocupado por dignificar la profesión. El comisionado ocupó importantes cargos de dirección dentro y fuera de la PNC durante los gobiernos del FMLN. Fue crítico de las formas militares en la policía y las políticas de seguridad. Describió en términos políticos y estructurales el fracaso de las políticas de seguridad del FMLN. En su opinión, las condiciones de seguridad debían atenderse con medidas de cambio estructural, principalmente de modelo económico.
De cuadro intelectual y activista internacional del PRTC a alto mando de la PNC. El comisionado Ernesto fue un activista internacionalista de la causa revolucionaria, que militó en el PRTC y fue capturado durante la guerra. Hizo énfasis en que su ingreso a la PNC fue motivado por una misión política: consolidar el modelo civil y democrático que surgió tras los Acuerdos de Paz. Sin embargo, calificó este modelo como fracasado, sobre todo ante la reinstauración autoritaria bajo el régimen de Bukele. Se mostró crítico del retorno de los mandos militares al frente de la PNC.
De adolescente comando urbano a motorista, técnico y agente. El agente Alejandro, quien fue comando urbano del ERP, no ingresó a la PNC como desmovilizado del FMLN, sino posteriormente como motorista. Después, ocupó la posición de técnico policial y más tarde se incorporó como agente. Su trayectoria laboral no le permitió solicitar ascensos, y en los últimos años, por motivos de salud, desempeñó principalmente funciones intramuros y administrativas. Al igual que otros policías de escala básica, expresó su decepción ante los gobiernos del FMLN, que no mejoraron sustantivamente sus condiciones laborales. Reconoció que el régimen de excepción de Bukele había tenido resultados positivos en la reducción de la violencia homicida, aunque cuestionó las detenciones arbitrarias de personas sin vínculos con pandillas.
Discusión
La literatura sobre DDR postula que los excombatientes reinsertos en una sociedad de posguerra no deben adoptar una identidad de desmovilizados como forma de vida (CAII, 1996). Sin embargo, los resultados de este estudio revelan la imposibilidad de esa disolución identitaria; por el contrario, las trayectorias laborales de excombatientes del FMLN reinsertos en la PNC evidencian un proceso de reconversión en el cual la ideología política, las redes tejidas durante la insurgencia y los modelos de acción colectiva siguen siendo factores significativos para afrontar procesos políticos en la posguerra.
Los excombatientes reconvertidos como policías mantuvieron una identidad de grupo, ya no como guerrilleros, sino como policías exguerrilleros; en este sentido, no se desprendieron de su pasado, sino que lo reinterpretaron en un nuevo rol laboral y vital. Ser guerrilleros primero y policías después no fueron meras ocupaciones, sino identidades profundamente arraigadas, que dieron forma a su existencia tanto durante la guerra civil como en la violenta posguerra. Los informantes reivindicaron su identidad como veteranos y, al reclamar un lugar en la policía, lo reclamaban también en la sociedad. Se evidencia un antagonismo entre ellos, como grupo posinsurgente, y aquellos actores policiales con pasado militar. Pese a sus diferencias, los informantes en general reinterpretaron sus ideales de justicia e igualdad desde una perspectiva crítica frente al poder militar y represivo.
Reintegrarse en la posguerra implicó para los excombatientes asumir un rol laboral estable, pero la reconversión, en cambio, fue un proceso político que implicó desarrollar un trabajo intrínsecamente vinculado a los vaivenes políticos. Por ello, las trayectorias laborales de los informantes se convierten en narrativas de la historia de El Salvador y de sus políticas de seguridad fallidas. La interrelación entre la vida personal y la vida colectiva constituye un ejemplo de lo que Wiegink y Sprenkels (2020) denominaron «ciudadanía de posguerra». Los informantes participaron activamente en la construcción del Estado salvadoreño de posguerra, y en esa participación no fueron ejecutores pasivos de los designios gubernamentales, pues ante políticas como la tregua con las pandillas o el régimen de excepción, asumieron posturas políticas incluso contrapuestas a las del presidente en turno.
La reconversión posinsurgente, entendida como reivindicación de una identidad de grupo y expresión de posicionamientos políticos, presenta matices significativos según la posición ocupada tanto en la insurgencia como en la policía. Los mandos de la PNC son informantes clave para analizar las causas estructurales de las condiciones de inseguridad, mientras que el discurso político de los policías de nivel básico se centra fundamentalmente en las necesidades inmediatas y en sus condiciones laborales. En todos los contextos, resalta cómo la jerarquía ha sido una constante determinante, tanto en la guerrilla como en la policía.
Consideraciones finales
Los excombatientes que perdieron posiciones de mando en 2019, quienes fueron retirados forzadamente en 2022 y aquellos que en 2024 están a la expectativa de su eminente retiro, reflejan en sus trayectorias laborales posinsurgentes una parte significativa de la historia de la posguerra salvadoreña. Sus narrativas también son testimonio del fracaso del proyecto civilista de la policía impulsado tras los Acuerdos de Paz. Los testimonios muestran claramente que, tras el ascenso al poder de Nayib Bukele, las antiguas tensiones entre las cuotas del FMLN y de la Fuerza Armada se decantaron en favor de los militares. La historia de 16 salvadoreños, que dedicaron su vida primero a la insurgencia y después al servicio policial, aporta elementos significativos para comprender la historia reciente de un país centroamericano hoy inmerso en un proceso de regresión autoritaria.
Las tensiones entre el pasado guerrillero de los informantes y su presente policial se traducen en continuidades y rupturas; persiste el sentido crítico y la reivindicación de valores como justicia, igualdad y progreso, aunque se diluye el compromiso con la militancia, especialmente entre el personal de escala básica, que en su mayoría expresó decepción hacia los gobiernos del FMLN.
Las trayectorias laborales y relacionales de los informantes, independientemente de su posición jerárquica en la policía y de su organización político-militar de origen, reflejan una postura crítica hacia el estamento militar y sus prácticas. Asimismo, muestran una preocupación generalizada por el clima actual de violación a los derechos humanos y el militarismo en el régimen de Bukele. No obstante, los informantes de la escala básica reconocieron una mejora en las condiciones de seguridad -particularmente por la disminución de la violencia homicida- y algunos paliativos en las condiciones laborales, como bonos y nuevos uniformes.
Aunque los resultados de este estudio no son generalizables, sí aportan elementos para subrayar que el fenómeno de reinserción-reintegración no se limita a un retorno a la vida civil, sino que implica una reconversión política. Esta investigación resalta la necesidad de considerar la reconversión política como un factor clave en los procesos de construcción de paz en sociedades posconflicto. Para investigaciones futuras sobre la reconversión en la policía salvadoreña, sería relevante ampliar el espectro de informantes, incluyendo voces de las cuotas tanto civil como militar. Asimismo, sería valioso explorar las redes de relaciones entre veteranos posinsurgentes más allá de su ámbito laboral, con el fin de lograr una visión más completa del fenómeno de la reconversión.
