Introducción

El 22 de noviembre de 1936 apareció en el semanario Simiente un artículo titulado «Cuál ha sido la situación obrera en Chiapas», en el que se mencionaba que a partir de 1929 se había incrementado el número de agrupaciones de matriz obrera y campesina en el entorno regional, pero aclaraba: «no a instancias de ellos, sino por el deseo del gobernante de aquel entonces».¹ El autor de la nota señala la injerencia de personas ajenas al movimiento obrero que intervinieron en el proceso de organización gremial, a la vez que destaca la dinámica de implementación del modelo corporativo desde los inicios de operaciones del partido hegemónico en el territorio estatal.²

El titular del Ejecutivo de Chiapas en aquella época era Raymundo Enríquez (1928-1932)³ y, a nivel federal, Emilio Portes Gil (1928-1930). Sin embargo, un factor que desde un inicio operó como un lazo entre las entidades federal y estatal, y cuya intervención debe tomarse en cuenta debido a que desempeñó un papel clave en el proceso mencionado, fue la agrupación que nació en marzo de 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR). Este partido, con el paso de los años y en gran medida gracias a algunos de los aspectos que analizaremos en este trabajo, se consolidó como partido hegemónico.

Vale la pena precisar que, a lo largo de su historia, el que operó como partido hegemónico por más de seis décadas ha adoptado tres nombres diferentes: PNR, Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), cada uno de los cuales corresponde a un momento determinado por las relaciones de poder entre la Presidencia de la República y los sectores encargados de garantizar la disciplina partidista, los cuales actuaron como lazos entre la cúpula del poder federal y las bases del partido. En este sentido, podemos hablar de un partido de caudillos que dio paso a un partido de masas, dos etapas que son analizadas en este trabajo.⁴ Cada una de ellas no excluye ni elimina a la anterior; por el contrario, son referentes útiles para entender la forma en que se estructuraron los mandos y cómo se permitió la operación en los espacios regionales hasta consolidar una estructura piramidal y disciplinada. Asimismo, cada etapa corresponde a un momento determinado y es resultado de la coyuntura histórica. Estamos hablando en todo momento de un «[…] partido capaz de agrupar a la mayor parte de las organizaciones que se reclamaban de ‘la Revolución’…» (^{Garrido, 2005}: 71).

De esta manera, como partido de masas, el partido hegemónico enfocó su política en la organización y captación de agrupaciones obreras y agrarias en todo el país, un proceso que corrió a la par de su establecimiento y operación en Chiapas. Si bien los conglomerados de trabajadores del campo y la ciudad fueron los que captaron el mayor interés de los dirigentes del naciente partido, otros grupos también llamaron su atención, aunque el ritmo en que fueron incorporados a la estructura de control, que respondía a intereses federales, no coincidió del todo con los avances que se alcanzaron en los dos principales contingentes antes citados: obreros y campesinos.

De esta manera, al continuar con la dinámica de captación de elementos dentro de la estructura oficial, grupos de jóvenes, mujeres y docentes adquirieron relevancia y se procuró atraerlos a las filas del partido. Vale la pena señalar que, aunque existe constancia de agrupaciones de esta naturaleza que no militaron en el oficialismo, esta situación no se generalizó, al menos en Chiapas.

Desde sus inicios, el partido hegemónico operó como una plataforma política orientada a fortalecer los lazos entre fuerzas locales y sus referentes federales. Lo cierto es que cada conglomerado -jóvenes, mujeres, docentes- avanzó a su propio ritmo. Cabe aclarar que los antecedentes de organización y representación de al menos uno de estos sectores a nivel estatal datan de 1925, aunque fue durante el periodo cardenista cuando los tres contingentes adquirieron mayor notoriedad.

La idea de la creación de un partido incluyente en el que fuera posible la negociación de los espacios de poder la desarrolla Luis Medina Peña: «El PNR nació así como una gran alianza destinada a arbitrar la distribución pacífica de cuotas de poder nacional y locales entre los agremiados» (^{Medina Peña, 2014}: 99-100).

En este contexto, el objetivo general de este trabajo es analizar y describir el proceso mediante el cual las agrupaciones de jóvenes, mujeres y docentes fueron incluidas dentro de las estructuras de control político a nivel regional, abarcando el periodo de 1925 a 1945. Este lapso se ha identificado, a partir del análisis de las fuentes, como la etapa en la que dichas organizaciones se consolidaron e integraron en los cuerpos de representación popular con mayor influencia en el ámbito estatal.⁵

La investigación busca responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las demandas, apoyos, decisiones y acciones que facilitaron la incorporación de las agrupaciones juveniles, el sector femenino y los grupos de docentes dentro de las estructuras del sistema político en el periodo de 1925 a 1945?

Sin duda, la temática laboral ha sido abordada desde distintas perspectivas, y la organización de las personas como fuerza política es una de ellas. Fue en este marco en el que se desarrollaron las dinámicas que derivaron en la creación e integración de grupos de mujeres y jóvenes, lo cual se analiza en este texto.

Es preciso determinar que, en general, la formación y organización de grupos de jóvenes en esa época estuvo vinculada a agrupaciones políticas e instituciones diversas, como dependencias gubernamentales, gremios obreros y partidos. En el caso de las asociaciones femeninas, su operación y estructuración se desarrolló principalmente a través de partidos y proyectos políticos específicos, como las administraciones a nivel estatal o federal y el propio partido hegemónico. Por ello, al buscar información sobre estos grupos, es necesario revisar bibliografía y documentación relacionadas con el tema obrero en el periodo que comprende este artículo. En tal sentido, las fuentes primarias son de gran relevancia porque permiten fundamentar el proceso de asimilación de estos grupos en las estructuras de control.

Por otra parte, en el caso de los docentes, su organización y participación dentro del sistema político fueron resultado de su capacidad de influencia en diversos sectores, no solo en el ámbito educativo, como se verá más adelante, y, en menor medida, de las condiciones y exigencias obrero-patronales. Es decir, las agrupaciones de docentes, aunque no contaban con un número de afiliados relevante, adquirieron importancia por su capacidad adoctrinadora y su potencial de influencia en grupos de obreros tanto del campo como de la ciudad, sobre todo en el periodo cardenista.

Al revisar la bibliografía sobre el tema laboral en el periodo de 1925 a 1945 en Chiapas, Daniela Spenser, en su obra El Partido Socialista Chiapaneco, analiza y describe el proceso de organización del sector obrero en torno a la creación y operación de este partido, como elemento emergente del sistema político regional (^{Spenser, 1988}). En su trabajo destaca la participación de personajes como Carlos A. Vidal y Ricardo Alfonso Paniagua, a quienes identifica como impulsores de la articulación de los grupos de trabajadores en su calidad de fuerza política; sin embargo, no se adentra en la organización obrera ni menciona a los grupos de jóvenes, mujeres y docentes como elementos del sistema político regional.⁶

Un texto que se acerca al proceso de organización obrera, sin que sea su tema medular, es «La Revolución mexicana y la construcción de la ciudadanía en Chiapas: 1909-1939», de ^{Ramón Reséndiz (2011)}. El autor cita personajes, contextos y agrupaciones también mencionados en este trabajo, como Carlos A. Vidal y el Partido Socialista de Chiapas (PSCH). Sin embargo, no profundiza en la conformación del movimiento proletario como fuerza política ni en su vinculación con estructuras de control; por consiguiente, no aborda la inclusión de mujeres, jóvenes y docentes como elementos activos del sistema (^{Reséndiz García, 2011}). Tanto Spenser como Reséndiz destacan en sus estudios la figura de Carlos A. Vidal por su trascendencia en el contexto regional, sobre todo en lo referente a la organización obrera a través del PSCH. Esta situación, una vez asesinado Vidal, fue capitalizada por Raymundo Enríquez (1928-1932), que posteriormente utilizó la base obrera creada alrededor del proyecto vidalista para engrosar las filas del naciente PNR.

Por su parte, Justus Fenner, en el artículo «Enganchados y ganadores. Deudas e ingresos en la finca cafetalera Perú-París, Chiapas, México (1919-1941)», profundiza en la temática del trabajador del campo en el entorno finquero y refiere las diferentes categorías que adquirieron los jornaleros que participaban en la industria cafetalera, en una etapa cercana a la que abordamos en este estudio (^{Fenner, 2022}). El texto es esclarecedor porque el autor analiza, desde una nueva óptica y de manera detallada, las relaciones laborales en las fincas cafetaleras, específicamente a partir de las deudas que adquirían los trabajadores; sin embargo, no se refiere a la organización de los jornaleros como fuerza política. En el periodo que abarca Fenner en su artículo se produjo, el 26 de diciembre de 1936, la fundación del Sindicato de Trabajadores Indígenas en la finca Maravillas, ubicada en la región del Soconusco. Este evento refleja el interés de algunos trabajadores del campo por organizarse para defender su causa; en otras palabras, los jornaleros en Chiapas, en el periodo estudiado, sí se movilizaron con fines de organización gremial (Urbina García, 1950: 59-64).⁷

Sobre el trabajo en el ámbito finquero, se puede citar el texto de Marañón y López titulado «Trabajo forzoso en México. La experiencia del peonaje en Chiapas durante los siglos XIX y XX» (Marañón y López, 2013). Este artículo se enfoca en la descripción y análisis de los procesos de explotación a los que fueron sometidos los trabajadores del campo en el contexto chiapaneco, sin considerar este grupo como potencial elemento del sistema. Tanto Fenner como Marañón y López comparten el interés por examinar las condiciones laborales entre grupos de jornaleros y patrones finqueros, e indudablemente ayudan a esclarecer ciertos argumentos, pero no valoran la capacidad del contingente obrero en los momentos en que se impulsó la organización gremial desde el pináculo federal (^{Arce Moguel, 2021}: 170-189). En ambos casos, la organización de mujeres, jóvenes y docentes es ajena a los objetivos que guían los textos aludidos.

Otro análisis que aborda la articulación del sector proletario como fuerza política, las condiciones particulares de los trabajadores del campo en el ámbito finquero y las primeras organizaciones obreras surgidas en el estado de Chiapas a partir de 1929 se encuentra en el artículo «La configuración del movimiento obrero y agrario en Chiapas, 1929-1936» (^{Arce Moguel, 2022}). Este texto profundiza en datos que reflejan la situación del movimiento obrero en ese periodo, específicamente dentro del contexto finquero, valorando las condiciones en las que se desarrollaba y revisando los contratos entre jornaleros y patrones. Asimismo, en el texto se describen los primeros esfuerzos del sector proletario chiapaneco por organizarse como fuerza política, aunque tampoco menciona a jóvenes, mujeres y docentes. Al igual que los dos trabajos mencionados anteriormente, este estudio se adentra en el análisis de las condiciones que enfrentaban los trabajadores de las fincas, en concreto en la situación que estos enfrentaron en su proceso de organización como fuerza política.

Otros autores, como ^{Thomas Benjamin (1990}, ¹⁹⁹⁵), ^{Robert Wasserstrom (1992)} y ^{Emilio Zebadúa (1999)}, estudiaron la temática obrera en el caso chiapaneco, así como las relaciones de poder establecidas con autoridades locales en el periodo que abarca este texto, pero sus aportes no se centran en los procesos de incorporación del sector proletario y de grupos relacionados con los mismos como fuerza política, aspecto central en este análisis.

En virtud de la importancia del partido hegemónico en la temática abordada en este trabajo, es necesario revisar obras en las que se analicen los procesos y actores que formaron parte de su historia.

El estudio del partido hegemónico desde una óptica federal e institucional, como elemento y producto de determinadas condiciones coyunturales de la historia política nacional, es tratado por ^{Rogelio Hernández Rodríguez (2016)} en su obra Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional. Ciertamente, el autor no hace referencia al caso chiapaneco particularmente ni al papel de mujeres, jóvenes y docentes como elementos del sistema. Sin embargo, aporta referentes importantes sobre las etapas que atravesó este partido, como su transición de ser un partido de caudillos a convertirse en un partido de masas, proceso que se desarrolló durante el periodo que abarca este trabajo.

Continuando con el análisis del desarrollo del partido hegemónico en las distintas etapas del siglo XX, ^{Luis Medina Peña (2014)} pone particular énfasis en el estudio del periodo posrevolucionario, aspecto que también se desarrolla en este trabajo. Sin embargo, este autor lo hace desde una óptica nacional, sin tomar en cuenta los espacios regionales. Asimismo, no contempla la inclusión de fuerzas emergentes, como las mujeres, los jóvenes y los docentes.

Como es posible observar, las dinámicas que favorecieron el proceso de asimilación de las agrupaciones de jóvenes, mujeres y docentes como fuerzas políticas integradas en las estructuras de control no han sido el argumento central en la mayoría de los trabajos que abordan la cuestión laboral en el estado de Chiapas de 1925 a 1945, ni en los estudios sobre el desarrollo del partido hegemónico. En consecuencia, el propósito de este trabajo es aportar nuevas referencias, recurriendo a la búsqueda, clasificación, análisis e interpretación de diversas fuentes primarias.

Las fuentes principales utilizadas para alcanzar el objetivo son de naturaleza documental, hemerográfica y bibliográfica. El método empleado se basa en la interpretación de estos soportes, tomando como marco referencial las aportaciones bibliográficas.

Por último, y como guía para el lector o lectora, el trabajo está estructurado de la siguiente manera: inicia con una introducción en la que se plantean el tema y los objetivos; posteriormente, se realiza un breve análisis del concepto «corporativismo». A continuación, se incluye un apartado en el que se analiza y describe la integración de las mujeres en la dinámica política regional, seguido de otros dos en los que se examina la integración de jóvenes y del movimiento magisterial en la misma dinámica. El trabajo concluye con unas consideraciones finales.

Para facilitar la lectura, cada agrupación se presenta de manera independiente, ya que, aunque las tres compartieron el mismo objetivo general, cada una tuvo una temporalidad específica y su propio ritmo de incorporación al sistema. Uno de los anhelos de este trabajo es que sirva como referente para que otras personas interesadas puedan profundizar en la temática abordada.

Corporativismo y sistema político

Para valorar los resultados de las estrategias implementadas durante la administración de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), es necesario definir el concepto de «corporativismo». En este artículo adoptamos la definición de Philippe C. Schmitter para identificar las cualidades y condiciones que caracterizan dicho concepto:

El corporativismo puede definirse como un sistema de representación de intereses en el que las unidades constitutivas están organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o autorizadas (si no creadas) por el Estado, a las que se ha concedido un deliberado monopolio representativo dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles sobre la selección de sus dirigentes y la articulación de sus demandas y apoyos (^{Schmitter, 1998}: 75).

Al hacer alusión a las prácticas corporativas o a la implementación del corporativismo en el periodo que abarca este trabajo, nos referimos a las condiciones derivadas de las relaciones entre los elementos involucrados en los procesos de control y negociación que influyeron en el sector obrero en su calidad de fuerza política, los cuales favorecieron la centralización del poder y la retroalimentación del sistema, garantizando su continuidad.

Al adoptar esta definición consideramos las aportaciones de Guillermo O’Donnell y David Collier. En este sentido, el primer autor define el corporativismo como «un conjunto de estructuras que vincula al Estado y a la sociedad» (^{O’Donnell, 1998}: 121), de tal modo que reconoce los lazos establecidos entre entidades de diferentes niveles en los procesos políticos e incorpora en la lucha por el poder a diversos actores, como agrupaciones juveniles y femeninas, partidos políticos, sindicatos, cooperativas y centrales obreras.

Por su parte, una vez reconocida la relación entre el Estado, los trabajadores y los patrones, Collier plantea esta vinculación como un mecanismo para afianzar el control del Estado sobre los grupos obreros (^{Collier, 1998}: 178). En este sentido, la implementación del modelo corporativo por parte de la administración cardenista se enfocó en la integración y el control no solo de los sectores obreros, sino también de otros actores que, al articularse en las dinámicas políticas, contribuyeron a consolidar los vínculos entre la Presidencia de la República y las fuerzas regionales. Esta estrategia favoreció el surgimiento de liderazgos alineados con los patrones ideológicos y discursivos promovidos por el régimen y favoreció el control centralizado desde el ámbito federal, así como la sumisión de los actores regionales.

Ahora bien, las relaciones entre los elementos del acontecer político se estructuran en un modelo sistémico. Por lo tanto, es necesario definir qué entendemos por sistema político, para lo cual adoptamos la definición de María Amparo Casar: […] «alude tanto a la estructura como al funcionamiento de los poderes públicos en su interacción interna y en relación con el medio -la sociedad- en el que se implantan» (^{Casar, 2015}: 7).

La definición anterior contempla la existencia de estructuras que establecen relaciones tanto entre los diferentes elementos del sistema como con la misma sociedad. Estos vínculos instituyen patrones de control que, a través de insumos y exumos, garantizan la continuidad operativa del sistema. Consecuentemente, en este trabajo, al referirnos al sistema político, aludimos a las condiciones que abarca la definición citada.

Considerando lo mencionado, en este texto se analiza la constitución y la implantación de los patrones de control mencionados desde una perspectiva histórica, lo que ayudará a entender las prácticas que brindaron continuidad en el poder a un partido político que, a lo largo de seis décadas, fue producto de demandas que respondían a coyunturas históricas particulares. Así, en el periodo que abarca este trabajo, podemos hablar de un partido de caudillos que evolucionó hacia las características de un partido de masas (^{Hernández Rodríguez, 2016}: 115-124).

La operación y continuidad de los controles instituidos corrieron por cuenta de ciertos actores políticos del sistema, entre ellos los tres poderes de la Unión -Legislativo, Ejecutivo y Judicial, principalmente el titular del Ejecutivo federal-, las instituciones del gobierno federal, como las secretarías de Estado y otras dependencias, y las agrupaciones de representación popular, como partidos políticos, sindicatos y centrales obreras, además del ejército y la Iglesia, entre otros.

Como consecuencia, en este trabajo se analizan y describen las relaciones entre los elementos involucrados en el proceso de consolidación de la estructura que garantizó el control de la base obrera y campesina, además de otros grupos que, en función de las demandas, los apoyos, las decisiones y las acciones implementadas, adquirieron la categoría de fuerzas políticas activas. Nos centramos concretamente en las agrupaciones de mujeres, jóvenes y docentes, que actuaron como actores determinantes en el afianzamiento de los mandos emanados desde la cúspide del poder, y cuya integración en los procesos políticos a nivel regional reforzó la continuidad del sistema, a la vez que contribuyó a la operación del modelo corporativo. A continuación, analizamos el proceso de incorporación del sector femenino en la estructura oficial.

Integración de mujeres en la dinámica política regional

El 12 de mayo de 1925, la XXX Legislatura del Congreso Local aprobó el proyecto de ley enviado por Carlos A. Vidal, entonces gobernador constitucional del estado, mediante el cual se concedían derechos políticos a las mujeres chiapanecas: podían votar y ser elegidas para cargos de elección popular a nivel estatal.⁸ Así, Chiapas se adelantaba considerablemente al resto de los estados de la federación en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. A nivel federal, fue hasta febrero de 1947, durante la administración de Miguel Alemán, cuando se reconoció a las mujeres el derecho a votar en procesos municipales; y fue hasta octubre de 1953, bajo la administración de Adolfo Ruiz Cortines, cuando se realizaron las reformas a la Constitución para que las mujeres pudieran votar y ser candidatas en procesos electorales federales, lo que se llevó a cabo por primera vez en las elecciones de 1955.

Para entender la iniciativa de Vidal (1925-1927) en cuanto a la promoción del voto femenino, es importante considerar el accidentado proceso que lo llevó a ser electo gobernador. En 1924, Chiapas atravesó una crisis sucesoria, con confrontaciones entre grupos afines al gobernador saliente, Tiburcio Fernández Ruiz, y otros relacionados con el Partido Socialista Chiapaneco (PSCH) que respaldaban a Carlos A. Vidal. Este conflicto culminó con la desaparición de poderes y la convocatoria de un nuevo proceso electoral, en el que Vidal resultó vencedor en 1925, ya bajo el mandato de Plutarco Elías Calles como titular del Ejecutivo federal.⁹

Derivado de lo anterior, es muy posible que, como consecuencia de la oposición que enfrentó, Vidal promoviera acciones para fortalecer sus bases de apoyo y asegurar sus aspiraciones gubernamentales. En este sentido, su estrategia incluyó rodear la capital, Tuxtla Gutiérrez, con enclaves agraristas beneficiados por el reparto de tierras (^{Arce Moguel, 2021}: 346-348). Asimismo, es posible interpretar la promoción del voto femenino como un recurso orientado a incrementar el respaldo popular a la causa vidalista.

La promulgación de la ley a favor del voto de las mujeres en Chiapas no quedó en letra muerta. Un año después de haber sido aprobada (1926), el semanario político Adelante pronosticaba que para las siguientes elecciones el Partido Progresista de Chiapas podría lanzar la candidatura de Florinda Lazos León para el cargo de diputada en la XXXI Legislatura del Congreso Local, una situación prácticamente inédita.¹⁰ Y así ocurrió; en junio de 1926 se confirmó la postulación de Lazos León por el 8º distrito, con sede en San Cristóbal de Las Casas.¹¹ La candidatura fue apoyada por los partidos Progresista Chiapaneco y Obrero Trabajadores Libres, así como por la Liga de Mujeres Chiapanecas.¹² En septiembre del mismo año, Lazos León fue electa diputada local.¹³

No obstante, a pesar del avance logrado y del ejemplo de Florinda Lazos, las candidaturas femeninas a cargos locales no aumentaron. La siguiente diputada de la que se tiene referencia ocupó una curul en la XXXVI Legislatura Local en 1937, 12 años después del triunfo de Lazos León. Su nombre era Mercedes Zebadúa, y es muy probable que fuera postulada por el Partido Nacional Revolucionario (PNR) como representante del bloque femenino.¹⁴

La participación de las mujeres en la dinámica política regional se desarrolló a través de organizaciones que se enquistaban en la estructura del partido hegemónico. Un ejemplo de lo señalado es la Unión Nacional de Damas Mexicanas, surgida en 1931, que formaba parte del Bloque Nacional Revolucionario, una agrupación de la fracción parlamentaria del PNR en la Cámara de Diputados.¹⁵ En agosto de 1931 ya operaban en el territorio estatal comités enfocados en desarrollar las actividades impulsadas desde el Congreso de la Unión. En este sentido, el sector femenino del PNR se ocupaba de la organización de festivales, la promoción del consumo de artículos nacionales y la difusión de propaganda nacionalista, principalmente.¹⁶

Otras agrupaciones femeninas que operaron en concordancia con las directrices dictadas por la coyuntura política del momento fueron la Unión de Madres Socialistas y la Liga de Mejoramiento Comunal. Ambas formaban parte del PNR y reconocían estar «formadas dentro de los cánones de la ideología revolucionaria».¹⁷ Para entender a qué se referían con «cánones de la ideología revolucionaria», recordemos que de 1932 a 1936 el gobernador del estado de Chiapas era Victórico Grajales, contemporáneo de Tomás Garrido Canabal. Ambos personajes se caracterizaron por sus políticas anticlericales, que incluyeron la quema de santos y el cierre de templos católicos, además de la difusión de discursos que hacían alusión a principios socialistas (^{Ríos Figueroa, 2002}: 58-107).¹⁸

Durante ese periodo -de 1932 a 1936-, la principal agrupación femenina incluida dentro de la estructura del partido hegemónico en el territorio estatal recibió diferentes nombres: Bloque de Mujeres de Acción Revolucionaria, Bloque de Mujeres Revolucionarias y Sector Femenino Revolucionario. Todas estas agrupaciones eran la misma y se citaban de manera indistinta en los medios impresos. Para 1938, había cambiado de nombre y se le identificaba como Comité Femenil del PNR.¹⁹ En 1943, el mismo gremio fue conocido como Comité de Acción Femenil del PRM.²⁰

En rasgos generales, esta agrupación se enfocó en la labor social, impulsando la creación de centros de trabajo para mujeres en condiciones vulnerables, la promoción de hábitos de higiene y la atención de futuras madres de escasos recursos.²¹ La organización, mantenimiento y continuidad de este bloque estaban directamente vinculados con los comités municipales del PNR; de igual manera, la disolución o reestructuración del mismo dependía del liderazgo de los presidentes municipales.²² A finales del periodo cardenista, era oficialmente reconocida la existencia de la Sección Femenil del Sector Militar del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), otra mutualidad que, siendo integrante del partido hegemónico, unía los sectores militar y civil.²³

Independientemente de la labor social, el bloque femenino desarrollaba actividades de proselitismo político y difusión doctrinal.²⁴ También organizaban actividades culturales y deportivas, como banquetes para agasajar al gobernante en turno y certámenes de oratoria, declamación y poesía, a la vez que promovían la sustitución de fiestas religiosas por festejos nacionalistas.²⁵

Las agrupaciones femeninas cumplieron una función destacada en el apuntalamiento de los patrones ideológicos que daban sustento al discurso oficial. Igualmente, las actividades que desarrollaban eran difundidas como actos «revolucionarios» y un tanto emancipadores de los roles tradicionales, aunque respetuosos y preservadores del orden establecido.²⁶

Hay que señalar que el sector femenino tenía el mismo nivel de importancia en la estructura partidista que las organizaciones de naturaleza obrera y agraria.²⁷ Un referente que puede indicar la trascendencia que alcanzó este sector dentro del partido hegemónico se puede constatar en la reunión que se convocó a raíz de la visita que realizó Lázaro Cárdenas del Río en marzo de 1940. En aquella ocasión, el general michoacano pisó tierras chiapanecas para respaldar la candidatura a la gubernatura de Rafel Pascacio Gamboa,²⁸ a la vez que para confirmar el apoyo de la Presidencia de la República a Manuel Ávila Camacho como candidato para sucederlo en el cargo.²⁹

Al revisar la lista de asistentes a dicha reunión, es posible darse una idea de qué agrupaciones y personas eran los principales referentes del poder en este espacio regional. A la cita asistieron dirigentes de la Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas, la Liga Autónoma de Comunidades Agrarias, la Federación Regional Revolucionaria, la Organización Femenil del PRM y la Federación del Sector Popular del PRM. Además, fueron convocados personajes como Emilio Araujo, Gustavo Gutiérrez y Mariano Samayoa -gobernadores interinos en 1937 y 1938 por ausencia de Gutiérrez Rincón- y Ramiro Farrera, todos ellos aspirantes a senadurías y diputaciones federales.³⁰

En este tipo de convocatorias se planteaban las demandas y los apoyos requeridos para la continuidad del sistema, y se apuntalaban las decisiones y acciones de acuerdo con los patrones establecidos por el modelo corporativo que operaba en aquellos años. Al ser incluido el sector femenino en esta reunión, se reconocía la importancia y la influencia que ostentaba.

Es decir, a lo largo de la campaña presidencial de 1940 operaba el corporativismo en el territorio chiapaneco, lo que se manifestó en las demandas y apoyos que plantearon los líderes locales al titular del Ejecutivo federal. Las decisiones y acciones tomadas se reflejaron en las posiciones que ocuparon los convocados a partir de la administración de Ávila Camacho. Estas condiciones se replicaron con diferentes actores en las décadas siguientes; la constante que se mantuvo en el espacio regional fueron los lazos entre la Presidencia de la República y las agrupaciones del sector obrero, incluyendo las corporaciones femeninas.

La trascendencia adquirida por estas agrupaciones permitió que algunas mujeres ocuparan cargos en grupos enquistados en la estructura de control, como la Confederación Obrera del Estado de Chiapas.³¹ Aunado a lo anterior, en el entorno regional se fundaron asociaciones de representación laboral enfocadas en la defensa de los intereses de las trabajadoras, como el Sindicato Femenil de Oficios Varios, también conocido como Liga Femenil de Oficios Varios.³²

A su vez, el proceso electoral de 1940 sirvió de escenario para que otras agrupaciones respaldaran la candidatura de Juan Andreu Almazán, en calidad de opositor a la candidatura oficial de Ávila Camacho. Entre ellas podemos mencionar: el Partido Acción Nacional, el Partido Antireeleccionista Acción, la Vanguardia Nacionalista Mexicana, la Acción Revolucionaria Mexicanista, las Juventudes Nacionalistas, el Partido Nacional Femenino, el Partido Social Demócrata y el Frente Constitucional Democrático Mexicano (^{Loyo, 2018}: 558-559). Como se puede apreciar, en aquella época operó un Partido Nacional Femenino, y aunque no hay constancia de su trabajo en territorio chiapaneco, sí refleja el interés de las mujeres mexicanas por ser parte activa del acontecer político.

Para 1945 la integración de las mujeres en la estructura del partido hegemónico era una realidad asimilada, de lo cual da cuenta el comunicado que envió Angelina Domínguez en calidad de delegada ante la convención donde surgió la candidatura de Miguel Alemán Velasco como aspirante a la Presidencia de la República.³³ Vale la pena mencionar que delegados de otras agrupaciones confirmaron la noticia de la candidatura; lo destacable del dato es que en la convención en la que se eligió al exgobernador veracruzano como candidato oficial a la Presidencia hubo representantes del sector femenino, que formaron parte de las actividades que derivaron en la postulación. Esta situación no tiene precedentes anteriores a esta fecha; es decir, en el proceso en el que se eligió a Manuel Ávila Camacho no se encontraron señalamientos que indicaran la participación de mujeres.

Ciertamente, la mayoría de las fuentes analizadas corresponden a, o son producto de, la estructura del partido hegemónico, y de alguna manera solo permiten conocer la versión oficial. En general, en los fondos revisados es muy pobre la documentación que hace referencia a otras opciones del horizonte político, y el hecho de que predomine documentación relacionada con las fuentes oficiales es un reflejo del nivel de influencia y alcance que logró el partido hegemónico en el espacio regional.

Por consiguiente, las agrupaciones de mujeres como elementos activos del sistema quedaron registradas de manera destacada a partir de la administración de Lázaro Cárdenas del Río. Ahora bien, en el proceso de concentración del mando, fomentado desde la Presidencia de la República, otro grupo fue captado e impulsado en la dinámica política regional, me refiero a los jóvenes. Así pues, en el siguiente apartado se analiza y describe el desarrollo de su incorporación.

Integración de jóvenes en la dinámica política regional

En el caso de la juventud chiapaneca, no se encontraron referentes anteriores al año 1934 en los que destaque el nombre de alguna congregación de jóvenes involucrada con el acontecer político. Al igual que las mujeres, mayoritariamente la participación de los jóvenes estaba relacionada con organizaciones incrustadas en la estructura oficial. En este sentido, el 10 de noviembre de 1934 se estableció en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el Bloque Juventud Revolucionaria de Chiapas, adherido a la Confederación Campesina y Obrera del Estado.³⁴

El citado bloque estableció claramente sus directrices en el documento denominado «Plan Mínimo de Acción», en el que manifestaban en el primer párrafo que estaba constituido por «jóvenes cuya ideología es sinceramente revolucionaria».³⁵ Ahora bien, ¿qué era lo que aquellos muchachos entendían por «ideología sinceramente revolucionaria»? Eran cuatro los aspectos que destacaban: 1) orientación y defensa proletaria, 2) desanalfabetización y educación socialista, 3) propaganda anticlerical y 4) campaña antialcohólica.³⁶

Si observamos con detalle, los cuatro aspectos mencionados se apegaban a las directrices retóricas promovidas desde el ámbito federal y eran replicadas por los órganos estatales; en otras palabras, pueden entenderse como un reflejo del discurso oficial. Indudablemente, estas acciones eran tomadas con seriedad por los jóvenes que integraban esa agrupación, hasta el punto de que en el organigrama se asignaron secretarios encargados de cada rubro.³⁷ Derivado de lo anterior, la instauración de una organización juvenil a principios del periodo cardenista pudo ser resultado de las demandas que el candidato Cárdenas recabó en su campaña por la Presidencia. De esta manera, la articulación de las agrupaciones de este tipo podía ser reflejo de un proyecto a largo plazo que requería de liderazgos de origen local formados dentro de los patrones ideológicos del régimen.

Es necesario resaltar que el esfuerzo de aquellos jóvenes no culminó en la fundación de la agrupación nombrada. Para 1935 circulaba el semanario La Verdad, que se identificaba como «órgano del comité central del Bloque Juventud Revolucionaria de Chiapas». Al revisar sus páginas, se advierten notas que destacan la administración del gobierno en turno, en ese caso era el de Victórico Grajales, y al mismo tiempo no desaprovechaban los espacios para realizar una activa labor proselitista en favor del PNR.

Evidentemente, el semanario La Verdad no era el único de su tipo. En 1936 circulaba el semanario Baluarte, identificado como órgano del Bloque de Jóvenes Socialistas Chiapanecos, otra agrupación juvenil también relacionada con el PNR que tenía como objetivo: «[…] ofrecen espontáneamente su cooperación al proletariado en el movimiento de reivindicación que agita al mundo».³⁸ Al igual que en el caso anterior, esta publicación se enfocaba en enaltecer la labor del gobierno estatal y el trabajo de difusión cultural del PNR, a la vez que ponía particular interés en los asuntos relacionados con el gremio educativo.

En relación con el citado Bloque de Jóvenes Socialistas, la lealtad que declaraban abiertamente al gobierno de Victórico Grajales no resistió los embates que se desataron tras la desaparición de poderes en 1936 debido a que no tardaron en declarar su respaldo al Lic. Amador Coutiño, nombrado gobernador provisional por el Senado de la República.³⁹ Al reconocer el gobierno provisional de Coutiño, el bloque admitía la injerencia de fuerzas federales en procesos locales, y así se posicionaba en el panorama político estatal como un eco de los intereses promovidos desde la Presidencia de la República. En este sentido, la orientación oficialista de esta agrupación quedó confirmada.

Otra organización que ostentaba en su nombre una filiación ideológica afín a los patrones promovidos desde el Palacio de Gobierno del estado durante la administración de Grajales fue la Juventud Socialista Proletaria de Chiapas. Esta agrupación se caracterizó por defender la implementación de una educación socialista en el territorio estatal, lo que llevó a sus afiliados a negarse a asistir al Congreso de Estudiantes del Sureste, e incluso a boicotearlo, porque en la agenda del congreso se incluía analizar la propuesta del proyecto emanado de la reforma del artículo 3º constitucional el 13 de diciembre de 1934, algo inaceptable para los jóvenes.⁴⁰ De este modo, en el periodo analizado los postulados doctrinarios del régimen fueron defendidos por sectores juveniles.

Las publicaciones enfocadas en la difusión de patrones doctrinales, así como en la promoción de personajes y partidos, no fueron casos extraños. Lo destacable era el espacio que la juventud interesada en la vida política utilizaba para abrirse brecha en esa labor. Desde el inicio de sus funciones en el ámbito regional, el partido hegemónico se presentó como una plataforma para materializar esas aspiraciones, siendo los procesos electorales los momentos en que asociaciones de todo tipo operaban en beneficio del instituto político.

Una agrupación que ejemplifica lo antes expresado fue la Vanguardia Juvenil Chiapaneca, corporación que apoyó a Efraín A. Gutiérrez Rincón en su candidatura para la gubernatura estatal en 1936.⁴¹ Al igual que el Bloque Juventud Revolucionaria de Chiapas y el Bloque de Jóvenes Socialistas Chiapanecos, los jóvenes que apoyaron a Gutiérrez Rincón fundaron y difundieron sus ideas a través del periódico Avanzada Proletaria.

En el caso particular de la Vanguardia Juvenil Chiapaneca, esta agrupación, además de trabajar en favor de los intereses del PNR, contó con el beneplácito de instituciones masónicas. Analicemos el siguiente párrafo que se divulgó el 5 de abril de 1936 en la primera plana del citado rotativo:

El Gran Oriente Proletario Mexicano respalda en la línea a nuestra agrupación. A las muy respetables logias del Oriente de Chiapas y las de la amistad de la jurisdicción de la República Mexicana. Salud: Que el Gran Oriente Proletario Mexicano y su gran Logia Tlahuilcalli Núm. 1 en uso de las facultades que le concede su Constitución y como consecuencia del programa de acción y actividades que la Agrupación Vanguardia Juvenil chiapaneca pro Ingeniero Gutiérrez está desarrollando a favor del proletariado chiapaneco respalda totalmente la actuación de dicho grupo […].⁴²

En este breve párrafo se puede observar más de una intención. En primer lugar, se interpreta como una ostentación de los vínculos entre el grupo de jóvenes y otras instancias asociadas, sobre todo a lo largo del siglo XIX, con el acontecer político nacional. Recordemos los nombres de los partidos escocés y yorkino en los primeros años de la independencia nacional, relacionados con ritos masónicos. A su vez, el periódico Avanzada Proletaria, órgano del Comité Directivo de la Vanguardia Juvenil Chiapaneca, se publicaba en la Ciudad de México, lo cual nos permite vislumbrar de dónde provenían los apoyos que alentaban la candidatura de Efraín Gutiérrez. Este personaje, respaldado por la administración cardenista, hizo eco de las directrices emanadas de la Presidencia de la República durante su mandato como titular del Ejecutivo estatal (1936-1940), entre las cuales destaca el reparto de tierras como una de sus expresiones más claras (^{Arce Moguel, 2021}: 405-457).

El proceso electoral de 1936 fue escenario de la colaboración de otros grupos juveniles que formaron parte de la estructura de apoyo a candidatos que, dentro del partido oficial, no contaban con respaldo federal. Este fue el caso del Sub-Comité Estudiantil de Propaganda Pro Drs. Samuel León y Gustavo Marín,⁴³ candidatos que fueron derrotados por la fórmula encabezada por Gutiérrez Rincón.⁴⁴ Como se puede apreciar, en 1936 la participación activa de grupos juveniles en la contienda política era una realidad palpable.

Cabe aclarar que las condiciones que se vivieron durante las elecciones de 1936 son ejemplo de los diferentes intereses aglutinados en las filas del partido hegemónico, que no siempre coincidían, pero que la estructura piramidal y la disciplina partidista mantuvieron en relativo equilibrio. En aquella ocasión, Victórico Grajales -gobernador saliente- quiso imponer a Samuel León Brindis, mientras que Lázaro Cárdenas -presidente en funciones- respaldó a Efraín Gutiérrez Rincón. El choque entre estas fuerzas concluyó con la desaparición de poderes decretada por el Senado de la República el 23 de septiembre y la subsecuente victoria de la candidatura impulsada desde la Presidencia de la República (^{Arce Moguel, 2021}: 218-222).

En el marco de la lucha entre diversas fuerzas operativas del sistema, vale la pena destacar la capacidad que tuvo el partido hegemónico para agrupar en su estructura distintas corrientes y conglomerados juveniles. Algunos de estos colectivos juveniles surgieron fuera de la influencia partidista; sin embargo, las aspiraciones de sus integrantes los impulsaron a formar parte de las filas del partido hegemónico. Ese fue el caso de la Federación de Estudiantes Proletarios Socialistas de Chiapas, que solicitó su adhesión a la Confederación Campesina y Obrera del estado de Chiapas en mayo de 1935.⁴⁵ Cabe señalar que durante el periodo analizado surgieron varias asociaciones de alumnos en instituciones educativas de nivel medio superior; sin embargo, muy pocas lograron evolucionar de asociaciones estudiantiles a verdaderas agrupaciones con orientación política.

Esos colectivos no solo tuvieron una presencia evidente en los procesos electorales dentro del panorama político, sino que, en algunas ocasiones, su militancia los llevó a organizar eventos que reunían a distintas asociaciones juveniles con aspiraciones comunes. Ese fue el caso del Primer Congreso de Estudiantes Campesinos realizado en Guanajuato, que contó con la presencia de delegados chiapanecos.⁴⁶ Así, en julio de 1936 se celebró en Tuxtla Gutiérrez el Segundo Congreso Estatal de Estudiantes Proletarios Chiapanecos, que congregó a representantes de escuelas campesinas, normales rurales y escuelas industriales del estado.⁴⁷ Este tipo de eventos pueden interpretarse como resultado de decisiones y acciones -es decir, exumos del sistema- enfocadas a garantizar su permanencia en el poder, al dar continuidad ideológica a los patrones que nutren su discurso.

Por esta razón, el partido hegemónico desarrolló funciones de instructor de liderazgos regionales. Un ejemplo que ilustra lo expuesto es el caso de la Federación de Jóvenes Chiapanecos, que emulaba la estructura del partido hegemónico y designaba a personas encargadas de secciones orientadas a la acción obrera y campesina, asuntos indígenas y acción femenil.⁴⁸ Esta agrupación operaba a finales del periodo cardenista y se identificaba como miembro de la Confederación de Jóvenes Mexicanos. De este modo, se confirma la vinculación entre fuerzas locales y federales que se desarrollaba desde distintos niveles.

Por último, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), se creó dentro de la estructura de la Secretaría de Educación Pública un «departamento juvenil» que contaba con una agrupación denominada Confederación Nacional de la Juventud Mexicana, que contaba con un representante estatal de Chiapas, la cual promovió la integración de asociaciones de jóvenes a nivel nacional.⁴⁹ Una particularidad de este gremio fue su vínculo con asociaciones masónicas, como la Gran Logia Obrera Trabajadores del Porvenir, perteneciente al Rito Nacional Mexicano.⁵⁰

Algo que llama la atención es que no se ha encontrado documentación que indique un trabajo conjunto entre las agrupaciones de jóvenes y las de mujeres. Generalmente, ambas se situaban dentro de los marcos establecidos por los comités municipales, pero no hay referentes que revelen acciones en común. Posiblemente, esta circunstancia sea un reflejo de las diferentes funciones que cada asociación desempeñaba en su momento porque, mientras que las agrupaciones femeninas llevaron a cabo una notable labor social y cultural, las juveniles se centraron en el proselitismo y la promoción de eventos deportivos y sociales, como bailes, kermeses y torneos.

Como se puede constatar, la incorporación de agrupaciones juveniles dentro de la estructura oficial fue más evidente a partir del periodo cardenista, y durante el periodo de Ávila Camacho su operación dentro de la estructura oficial era evidente. Por último, procederemos a analizar el caso del movimiento magisterial como elemento político del sistema.

Integración del movimiento magisterial en la dinámica política regional

En una nota del periódico La Vanguardia, publicada el 30 de noviembre de 1930, se menciona la Liga Nacional de Maestros, aunque el contenido no tiene relación con el movimiento magisterial como elemento activo en el acontecer político debido a que el objetivo del comentario periodístico era condenar la solicitud de libertad de enseñanza religiosa por parte del dirigente nacional del citado gremio.⁵¹ Sin embargo, este referente sirve para identificar otra agrupación de docentes que tuvo presencia en los espacios regionales, aunque no se encuentren datos que la ubiquen en el ámbito de la representación gremial.

Para entender las condiciones que enfrentaba el sector magisterial en el territorio estatal a principios de los años treinta vale la pena preguntarse qué situación guardaba la infraestructura del ramo educativo en Chiapas. Para 1930, en el estado se encontraban registradas 509 escuelas categorizadas en industriales, primarias, rurales, de circuito y nocturnas para obreros, que eran atendidas por 570 maestros, lo que implicaba poco más de un docente por escuela.⁵² Fue precisamente a finales de 1930 cuando se anunció la creación de la Escuela Normal de Cerro-Hueco, cuyo objetivo era la formación de personal docente enfocado en la atención de zonas rurales.⁵³ Es decir, a principios de los años treinta la fuerza gremial del sector educativo sumaba casi 600 personas. Si se compararan estos números con la población dedicada a las labores del campo, que según el censo de 1930 ascendía a 134 772 personas, y la de obreros, que sumaban 21 205, la importancia del sector magisterial, más allá del número de activos, radicaba en su potencial influencia como elemento adoctrinador, aspecto altamente valorado en la administración cardenista.⁵⁴

Otra nota, publicada en 1933, señalaba la precariedad que enfrentaba la función docente hasta 1926, año en que se instituyó un «seguro del maestro» orientado a mejorar las condiciones de los educadores que optaban por el retiro. Las palabras de Daniel Domínguez, el columnista responsable, al referirse a la asociación magisterial fueron: «Antes de 1926… los maestros formaban una falange oscurecida por la rinconada del aula. Un gremio de famélicos, como dice el profesor Ledesma, sin libertades y sin tranquilidad».⁵⁵ La crudeza de las palabras citadas destaca que, a pesar del reconocimiento al esfuerzo que los maestros realizaban, su condición laboral era precaria y su capacidad como gremio era marginal, en buena medida debido al escaso número de miembros que lo conformaban.

En 1934, un grupo de maestros de la 2ª zona escolar federal, que en aquella época estaba ubicada en la ciudad de Comitán, comenzó a publicar Adelante, un impreso que no aclaraba su periodicidad -diario, semanal, quincenal u otra-, pero que se presentaba como «órgano de los maestros». En sus páginas promovía la labor educativa que realizaban; sin embargo, no abordaba las condiciones que enfrentaban, es decir, la cuestión laboral no era tratada en esos espacios, al menos hasta 1934.⁵⁶ Este simple hecho refleja que, aunque enfrentaban precariedad laboral, su fuerza como gremio era muy limitada, quizá debido al reducido número de agremiados, ya que, a pesar de contar con espacios para abrir debates sobre su condición laboral, no existió hasta ese momento un movimiento que desafiara al patrón, en este caso a los gobiernos federal y estatal, como bloque unido.

En esas condiciones se llegó a 1935, año en que el gremio educativo llevó a cabo la mayor difusión de la escuela socialista a nivel regional. Esta situación coincide con una serie de eventos internacionales que son mencionados por Luis Medina, quien ha hecho referencia al esfuerzo de las autoridades soviéticas por promover alianzas con frentes populares, una idea que, según este autor, tuvo eco en nuestro país. Medina también destaca «la rápida evolución de las organizaciones sindicales en México que amenazaban convertirse en fuerzas políticas enfrentadas al gobierno y fuera del PNR» (^{Medina, 2014}: 204-207). Es probable que la situación señalada por el autor fuera, en alguna medida, efecto de la intervención del sector magisterial en su papel de elemento adoctrinador; sin embargo, en el caso de Chiapas no es posible determinar hasta qué punto estuvieron coordinados con elementos extranjeros o si existió alguna conexión.

Antes de 1935, la mayoría de los comunicados oficiales y de las notas en medios impresos relacionados con el sector magisterial hacían referencia a cuestiones educativas, a la organización de docentes y padres de familia para mejorar la infraestructura de las escuelas, al nombramiento de funcionarios en la estructura educativa estatal y, claro, al reconocimiento de la labor docente. Sin embargo, no se encuentran datos que hagan alusión al gremio como un elemento del sistema en pie de lucha por sus derechos laborales ni como actores activos en la disputa por espacios de poder en el contexto regional.⁵⁷ Esto, a pesar de que en 1935 maestros federales y estatales trabajaron en conjunto para promover la educación socialista a nivel regional, un proyecto derivado de una reforma al artículo 3º constitucional que, en la práctica y de forma operativa, al menos en Chiapas, se limitó a la organización gremial de fuerzas obreras y agraristas.

Con referencia a la actuación de los docentes como fuerza política en el plano estatal, se observa que para 1936 dos confederaciones que agrupaban a sindicatos de maestros tenían injerencia en los espacios regionales: la Confederación Mexicana de Maestros (CMM) y la Confederación de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE). Al margen de estas dos agrupaciones existía un tercer grupo que se autodenominaba «libres».⁵⁸ Las dos primeras confederaciones representaban a docentes del nivel federal, mientras que los «libres» eran docentes vinculados al gobierno del estado. Es pertinente resaltar que en 1936 se fundó el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM), el cual logró congregar a las dos confederaciones años después, lo que favoreció la consolidación de un movimiento magisterial unificado y fortaleció los lazos entre agrupaciones regionales y sus homólogas a nivel federal.

El periodo de 1936 a 1940 se caracterizó por la trascendencia que adquirieron los sectores obrero y agrario como fuerzas políticas. En ese mismo lapso, el gremio educativo consolidó sus lazos con las estructuras de control del movimiento obrero federal, como la CTM y sus referentes locales. Las condiciones para esta conexión entre las esferas federal y regionales comenzaron a gestarse en 1935, cuando se instruyó a los maestros chiapanecos para que se convirtieran en divulgadores de los esquemas ideológicos del régimen, en particular como promotores de la educación socialista. Además, su función no debía limitarse al plano educativo, pues se esperaba de ellos una intervención directa en la formación de sindicatos y agrupaciones de acción agraria.⁵⁹ Este interés del gobierno federal por involucrar a los maestros en la organización de obreros del campo y la ciudad coincidió con la estructuración del partido hegemónico como partido de masas (^{Hernández Rodríguez, 2016}: 684-717).

En este sentido, la administración de Lázaro Cárdenas convirtió a los docentes en actores activos del proceso de organización obrera y, como consecuencia, en elementos del sistema con funciones doctrinales y operativas.⁶⁰ Con esta reconfiguración funcional se otorgó al gremio educativo la facultad de intervenir en procesos políticos. En otras palabras, fue la administración de Cárdenas la que reorientó y consolidó al sector magisterial como una fuerza política con peso regional. La administración cardenista reconoció la importancia de garantizar, mediante la asimilación de ciertos valores, la configuración de patrones ideológicos que aseguraran su continuidad en el poder. Dicho de otro modo, los maestros cumplieron una función doctrinal clave dentro del sistema, orientada a formar sujetos imbuidos en los valores promovidos por el régimen.

Como resultado de estas disposiciones, durante las elecciones estatales de 1936 el movimiento magisterial intervino con la pretensión de influir en el proceso electoral, lo que generó confrontaciones entre maestros federales y estatales, ya que cada grupo siguió las directrices y defendió las propuestas de sus respectivos niveles de gobierno, cuyas posturas no coincidieron en ese año electoral.⁶¹ Cabe señalar que la función del magisterio como aparato adoctrinador no concluyó con la administración de Cárdenas; en 1942, el presidente estatal del PRM instruyó al magisterio estatal para difundir los valores ideológicos alineados con el régimen avilacamachista.⁶²

Para 1938, los docentes de los niveles federal y estatal que laboraban en Chiapas lograron integrarse al STERM.⁶³ Este evento ocurrió en el marco de una campaña promovida a nivel federal, denominada Campaña Pro-Integración Nacional, cuyo objetivo era concentrar las fuerzas del movimiento magisterial bajo la tutela de una sola institución.⁶⁴ De esta forma, la CMM y la CNTE, confederaciones que operaban en el territorio chiapaneco, se integraron como parte del STERM, hecho que consolidó los vínculos entre los actores locales y sus referentes federales. En este proceso, la actuación del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza en Chiapas fue determinante.

En 1939, el STERM y el PRM promovieron una campaña enfocada en la unificación de los programas de enseñanza,⁶⁵ lo que evidenció la conexión entre ambas instituciones. Cabe destacar que fue en el proceso electoral de 1940 cuando dicha agrupación magisterial se consolidó definitivamente como fuerza política, lo que señala que los nexos entre ambas instituciones se habían comenzado a fortalecer años antes. En este sentido, podemos identificar la incorporación de las agrupaciones CMM y CNTE al STERM como el momento clave de integración de los movimientos magisteriales chiapanecos en la estructura de control del gobierno federal.

En enero de 1943 se lanzó la convocatoria nacional para asistir al Congreso Constituyente de la Central Magisterial, que se celebró a finales de abril del mismo año. De ese evento surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), institución que se adhirió a la Confederación Nacional de Trabajadores y pasó a formar parte de la estructura oficial.⁶⁶ En consecuencia, el SNTE puede considerarse continuador del STERM y un factor integrador de fuerzas regionales incorporado al sistema y al servicio del régimen en turno.

Para 1944, las agrupaciones magisteriales operaban abiertamente como parte del sistema, y ese año manifestaron su adhesión a la campaña de Juan M. Esponda por la gubernatura del estado.⁶⁷ Cabe destacar que, desde finales de 1943, Esponda, que después fue gobernador del estado de diciembre de 1944 a enero de 1947-, inició negociaciones con la dirigencia del movimiento magisterial unificado para contar con su apoyo en las elecciones de 1944.⁶⁸ Este tipo de acciones fueron reflejo de la importancia que, para entonces, el gremio magisterial de Chiapas había adquirido como fuerza política.

Consideraciones finales

Para dar respuesta a la pregunta que guio este trabajo, es preciso valorar una serie de condiciones que se desarrollaron a partir de 1929. En primer lugar, para entender el proceso de centralización del poder en la Presidencia de la República, es necesario reconocer que las condiciones que lo favorecieron se gestaron con la creación del partido hegemónico, que marcó un primer momento de su conformación. La estructura que se generó y la estrategia de vinculación con la sociedad fueron determinantes para que, durante la administración de Lázaro Cárdenas, se promoviera la creación de organismos como la CTM y la CNC, cuyo principal objetivo fue integrar en un mismo cuerpo las diferentes agrupaciones surgidas en los estados. Estos organismos pueden considerarse como apoyos implementados por el régimen para su consolidación en el ámbito regional.

Las acciones antes descritas responden a la demanda de generar contrapesos con una base civil, que Cárdenas necesitó frente al control que mantuvo Plutarco Elías Calles sobre el ámbito castrense hasta 1936. En este proceso, la implementación del modelo corporativo fue determinante para generar lazos con los grupos de trabajadores del campo y la ciudad. El corporativismo se implementó a partir de decisiones que beneficiaron al régimen cardenista en su afán por centralizar el poder.

Ahora bien, la integración de grupos juveniles y femeninos en la estructura oficial fue resultado de decisiones tomadas desde la cúpula del poder, orientadas a la generación de liderazgos que respondieran a las demandas emanadas del espacio federal. De esta manera, el sistema establecía lazos que garantizaban su continuidad operativa. Asimismo, se propició el surgimiento de elementos alineados con los patrones ideológicos que el régimen divulgaba, lo que a su vez fortaleció los vínculos de control cuyo origen se encontraba en la Presidencia de la República.

Por otra parte, los grupos magisteriales desempeñaron una función de apoyo doctrinal, divulgando las ideas que fortalecían los patrones nacionalistas que idealizaron la Revolución mexicana y establecieron en las instituciones creadas por el partido hegemónico y la Presidencia de la República la vía para integrarse a la actividad política de manera «oficial». De esta forma, el sistema generó los exumos que lo retroalimentaron y aseguraron su continuidad. A su vez, los maestros funcionaron como organizadores de grupos obreros y campesinos, que se integraron a las organizaciones asimiladas en el partido hegemónico, consolidando de esa manera el modelo corporativo que dio sustento al régimen.

A partir de lo señalado, las estructuras de control que se establecieron durante el periodo cardenista garantizaron la continuidad en las esferas del poder de los elementos que se integraron en las distintas agrupaciones, sindicatos, cooperativas, centrales obreras y organizaciones agrarias, las cuales fueron controladas desde la presidencia de la República.

Fuentes primarias

AHMSC Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas

AGECH Archivo General del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.

HFC Hemeroteca Fernando Castañón, Tuxtla Gutiérrez.