Introducción

En este artículo se reexaminan la organización y la puesta en marcha de una plataforma pública para el desarrollo, como parte de una batería de agencias de coordinación y planeación de la estructura económica nacional, tras el advenimiento y la operatividad de la implicación del Estado en la economía mexicana durante el siglo XX. De manera específica se propone que las acciones tendientes a rearticular y ampliar el acceso y la movilización del capital -como germen de transformaciones estructurales- se iniciaron durante el periodo de 34 meses, que va del 2 de enero de 1932 al 30 de noviembre de 1934, en el que Abelardo L. Rodríguez estuvo a cargo de la Secretaría de Industria y posteriormente de la Presidencia.

Es durante este ciclo que se consolidan las primeras acciones organizadas del Estado para impulsar el desarrollo industrializador en México. A diferencia de las etapas anteriores, como la modernización productiva de finales del siglo XIX, la Revolución mexicana, la merma del caudillismo o la crisis económica global, en esos 34 meses se exploran esquemas novedosos para reorganizar la infraestructura industrial y redefinir las dinámicas entre los grupos económicos y el aparato estatal. Ese proceso posibilitó que el Estado condujera tanto la integración del mercado interno como la creación de una base para la expansión industrial.

La intervención estatal respondió a una combinación de factores, entre ellos, las condiciones regionales antecedentes, la evolución del sector privado, las ventajas comparativas, los objetivos nacionales y los acuerdos con grupos de poder. La propuesta central de este artículo enfatiza la importancia que tiene considerar el contexto histórico-regional y el papel de figuras fundamentales para entender el surgimiento y la evolución de las estrategias del Estado para promover el desarrollo industrial. Este enfoque resalta el papel de las agencias públicas, las empresas estatales y los marcos regulatorios en la configuración del modelo desarrollista en México.

Para ello, mediante la revisión histórica guiada por la pregunta sobre el surgimiento del desarrollismo mexicano, se analizaron fuentes primarias y secundarias con la idea de revalorar las acciones y el rol de Abelardo L. Rodríguez en el proceso. Se presentan, en primer lugar, algunos argumentos con los que se discute al plantear esta revisión. Posteriormente se propone una microhistoria¹ del papel de A. L. Rodríguez en la retrospectiva del desarrollismo mexicano; seguidamente se sistematizan y analizan las acciones de A. L. Rodríguez como gobernador, secretario de Industria y presidente, para por último evaluar los hallazgos y ubicarlos en el conocimiento histórico de la industrialización conducida por el Estado en México durante el siglo XX.

Este artículo entiende el Estado desarrollista como:

un Estado en el que una coalición de la clase política se enfrenta al desarrollo económico y tiene en su núcleo a la burguesía industrial […] Esta coalición o pacto político desarrollista ve al sistema capitalista no solo como un sistema de competencia entre las empresas, sino también entre los Estados-nación. Así, del mismo modo que las empresas necesitan estrategias de gestión para tener éxito en la competencia, los Estados-nación también tienen que definir las estrategias de desarrollo. (^{Bresser-Pereira, 2017, pp. 49-50})

De ahí su vinculación con la matriz nacional en la economía. En una economía nacional, a través de la política, cada nación define derroteros de transformación y desarrollo (^{Bresser-Pereira, 2017}).

Como plantea ^{Víctor L. Urquidi (2008)}, el desarrollismo constituye una estrategia histórica de transformación estructural orientada tanto al crecimiento económico como a la expansión de alternativas sociales, en contextos marcados por la desigualdad, la dependencia externa y la debilidad política. Más que una fórmula rígida, se trata de una racionalidad estatal que combina la intervención pública, la coordinación social y los objetivos redistributivos.

En México, ya en los años veinte, el periodo de reconstrucción de la Revolución se había caracterizado por tentativas parcialmente desarrollistas, en parte por necesidad -había muy pocas empresas privadas que quisieran aventurarse en negocios riesgosos a gran escala- y, en todo caso, como un medio para implantar la nueva Constitución de 1917, que establecía la responsabilidad del Estado para emprender políticas de desarrollo. (^{Urquidi, 2008, p. 272})

En este punto es importante explicitar algunas decisiones historiográficas: justamente esta manera de comprender las condiciones políticas para el surgimiento del desarrollismo, es decir, la formación de una coalición que proviene de una burguesía industrial -esto es, una nueva clase social de capitalistas nacionales- que coincide con categorías como la de camarilla (^{Gómez, 2007}, ²⁰¹²). Estas categorías son relevantes y hacen parte del posicionamiento de esta propuesta en el debate y en el estado de la cuestión, específicamente de cara a las formas como se han comprendido las relaciones “entre las élites, y la articulación entre poder político y poder económico en el México de la posrevolución” (^{Gómez, 2007, p. 11}). Se verá en los apartados 2 y 3 de este manuscrito las manifestaciones históricas de estas relaciones.

Ahora, así entendido el Estado desarrollista, este apartado se aboca a distinguir tres controversias que se discuten y que justifican la revisión de las interpretaciones históricas más comunes sobre el proceso: (i) que el modelo de desarrollo conducido por el Estado es un continuo que inicia con la modernización productiva de finales del siglo XIX; (ii) que fue en la administración del presidente Lázaro Cárdenas (1936-1940) cuando se fraguó el Estado desarrollista en México y (iii) que las transformaciones estructurales fundamentales del desarrollismo son consecuencia lógica de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

(i) Este artículo considera inexacta la perspectiva que tienen las lecturas que consideran que el proceso que inicia en la última década del siglo XIX es un continuo, en el que se conjuntó una plataforma centralizada que consiguió enfocar los intereses de una oligarquía (o bien la presencia de una oligarquía lo suficientemente poderosa como para organizar la infraestructura del Estado de manera eficiente, por primera vez después de la independencia) en torno a la modernización del sector agroexportador y de la industria extractiva (^{Coatsworth, 1975}; ^{Hofman, 2000}). En este caso, efectivamente, desde la restauración hacia finales de la década de 1860 fue posible trazar un curso favorecedor para modernizar un segmento de la estructura productiva, que ciertamente constituyó el sector más dinámico de la economía nacional, y aportó recursos a través del fisco que fueron fundamentales en los avances que se registraron en el periodo. De manera concomitante al paso de la fábrica rudimentaria hacia la industria integrada verticalmente y con métodos productivos que utilizan la tecnología de punta, también se multiplicó la construcción de obras (especialmente transportes y comunicaciones) que fueron el prerrequisito para la operatividad de la industria exportadora.

Pero, esa modernización industrial siguió, al menos en sus niveles más relevantes, un tipo de organización de la producción, del financiamiento, de la estructura de factores, de la comercialización e incluso del consumo del tipo enclave. El enclave, aun cuando ostente niveles sustanciales de productividad, progreso técnico y dinamismo, no genera (ni necesita generar) vínculos significativos con los demás segmentos de la economía nacional. Sin eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante, y con una pauta en la composición de la propiedad mayormente extranjera, y un acceso al capital asegurado por redes y contactos propios de la forma oligárquica -segmentos preponderantes con conexiones valiosas en el extranjero, en particular con instituciones bancarias privadas-, los grupos económicos nacionales se encontraron con barreras para incorporarse a la actividad económica, barreras construidas sobre la casi completa inercia en la movilización del capital por fuera del mismo enclave. Sin una infraestructura pública suficiente para subsanar este cierre asociado a los privilegios del orden y a la estratificación en ese periodo, la posibilidad de constituir un grupo industrial nacional o un segmento capitalista doméstico era bastante restringida. Sin un mercado de capitales suficiente, fue bastante más probable que la producción se organizara a través del tipo de agrupaciones que incluyen procedimientos propios para fondear su actividad. Y, a su vez, esa organización productiva hacía improcedente e inocua la intervención del Estado con la idea de encauzar, a través de asignaciones diferenciadas, ciertos tipos de inversión.

Por último, el poder central del Estado se fue mermando a costa del posicionamiento decisivo de la facción exportadora. La infraestructura estatal no consiguió diseñar medidas, si quiera ad hoc, para incrementar el control sobre el capital extranjero. Y, así, la articulación entre la forma de acumulación del capital y el modelo de regulación se desacopla, el sostén de la legitimidad cede y la crisis se difunde. Ni el cuerpo administrativo público ni los grupos económicos nacionales tuvieron mayor rango de acción frente a los efectos de este curso modernizador. La dependencia de los recursos externos fue el factor trascendental del proceso. Claramente la distribución del acceso a los sectores dinámicos de la economía en esa fase fue muy restringida. Así mismo la distribución del bienestar que se consiguió a través de incrementar la productividad industrial fue prácticamente inexistente. Pero aquí se considera que el proyecto que agrupaba una plataforma estatal oligárquica con una industrialización de propiedad extranjera no se agotó por la injusticia de estos esquemas, no al menos como quiebre inicial, sino que se desacopló por la incapacidad del modelo regulador, es decir, por la ausencia de mecanismos para, no digamos controlar, pero negociar los términos nacionales de la presencia de recursos, banqueros y capitalistas externos (^{Vargas, 2013}).

(ii) Como se mencionó, se propone que las acciones tendientes a reorganizar y a ampliar el acceso y la movilización del capital para posibilitar la operatividad del desarrollo económico en México durante el siglo XX se iniciaron con la administración del presidente Abelardo L. Rodríguez entre 1932 y 1934. El presidente Cárdenas hereda una infraestructura y unas redes que habían sido desplegadas, en principio, por A. L. Rodríguez.

La idea que sitúa y vincula la instauración del Estado desarrollista mexicano con la administración presidencial de Lázaro Cárdenas (diciembre, 1934-noviembre, 1940) es una consideración bastante difundida. Ciertos razonamientos han justificado y propagado esta apreciación: a la administración cardenista se la asocia con la tan necesaria respuesta heterodoxa frente a la circunstancia depresiva internacional y los efectos críticos que se mantuvieron por algunos años después de la crisis en la economía de los Estados Unidos (^{Grunstein, 2003}). Este giro en las disposiciones macroeconómicas, supuestamente originadas en el periodo presidencial de Cárdenas, se consideró como el inicio de la implicación pública en el desarrollo económico. Así que la primera equivalencia que justifica esta noción generalizada es la intervención económica del Estado ante la coyuntura depresiva.

Otra percepción que robustece esta lectura es la vinculación casi personal de Cárdenas con la ideación, la redacción y la aplicación del plan sexenal. Esta noción es el origen de la conexión del presidente con el desarrollo económico y social. La proyección de las actividades a seis años y la presentación pública de los montos de inversión estatal, en especial para la infraestructura agrícola, son recuerdos que refuerzan esta aproximación. Sin embargo, se verá que Abelardo L. Rodríguez y algunos de sus ministros clave fueron los ideadores y quienes pusieron en marcha el plan sexenal.

En tercer lugar, por algún motivo, se agrupa en el marco de la presidencia cardenista a la mayoría de las agencias nacionales que en años anteriores se habían dispuesto para propósitos específicos. Y, sin embargo, revisemos los años de fundación del Banco de México (Banxico) (1925), Banco Nacional de Crédito Agrícola (1926), Banobras (1933), Nacional Financiera. (1934), Banco Refaccionario para la Pequeña Minería (1932), Banco Industrial Refaccionario (1932), Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935), Bancomext (1936), Almacenes Nacionales de Depósito (1936). Evidentemente, la mayoría de las agencias nacionales de crédito o de fomento a la actividad económica general o particular fue modelada en los años anteriores de la administración cardenista. Es probable que la usanza histórica que tiende a agrupar la infraestructura de agencias de promoción y fomento en la figura de Cárdenas se vincule al desarrollo notable de la reforma agraria y los adelantos en la organización comunal de la explotación agrícola. La acción afirmativa frente a los designios constitucionales, que desde 1917 no habían sido abordados de manera coherente, fue un factor de unificación de una base campesina que se integró al proyecto de Estado que comenzaba a tener la capacidad para delimitar una comunidad económica nacional. Y, ciertamente, la modernización de las unidades de producción agrícola de propiedad comunal y la infraestructura correspondiente a esta iniciativa fueron las propuestas que marcaron la acción económica estatal durante la presidencia cardenista.

(iii) Así como la idea de un continuo en la trayectoria del desarrollo mexicano que inicia en 1890 es una consideración desacertada, situar en los efectos favorecedores para la actividad económica nacional de la posguerra el detonante del desarrollo conducido por el Estado es una simplificación del proceso. Si bien es cierto que la industrialización en un inicio solo fue operativa a través de la importación de insumos, equipos y maquinaria -cuestión que multiplicaba los costos para el productor nacional e iba abriendo el curso para el desenvolvimiento del enclave-, en 1940 el mercado interno contaba con canales para que circularan los recursos y unidades para el encadenamiento de productos, lo que generó una estructura industrial de otro tipo.

Este artículo entiende el periodo en la secretaría y en la presidencia de A. L. Rodríguez como el evento que marca la inflexión de la disposición de la infraestructura pública y de la forma de su intervención.

En primer lugar, la infraestructura de instancias para la intervención del Estado en la economía, no solo en la implicación para la legislación y la regulación macroeconómica, o monetaria, sino también la disposición de las agencias con propósitos directos sobre objetivos. En segundo lugar, si bien durante los primeros años de la década de 1940 se registra un número inusitado de empresas de propiedad total o parcial del Estado, esta promoción empresarial se asocia al tipo de agencias para su implicación económica diseñadas a inicios de los años 1930. Por último, los razonamientos explícitos sobre la necesidad de una intervención pública en la economía como discurso que difunde el Estado prexisten a la década de 1940. Se hace público en informes presidenciales y en planes de gobierno. En este punto quizá sea importante recordar que aquí se define Estado desarrollista como una coalición de la clase política que se enfrenta al desarrollo económico y tiene en su núcleo a la burguesía industrial.

Los tres procesos anteriores ejemplifican el cambio que se ubica en este análisis como el evento que inicia una variedad diferenciada en la articulación entre la instancia reguladora y el modo de acumulación. En especial, la intervención del Estado en el financiamiento a la inversión altera, de igual manera, el esquema productivo y provoca nuevos encadenamientos entre sectores y unidades. En general interviene, reestructura o viabiliza el mercado interno como entorno operativo de una economía nacional.

Efectivamente, estos procesos pueden ejecutarse, en mayor o menor medida, de manera compulsiva. También es conocido algún grado de incoherencia intraorganizacional que puede identificarse en su intervención, sus agencias y objetivos. Pero esto no deriva en interpretaciones como la de ^{Haber (2005)}, quien argumenta que la diversificación productiva, las medidas proteccionistas, los sistemas de tipo de cambio, las restricciones a las importaciones, los bancos estatales de desarrollo industrial y las empresas paraestatales fueron una respuesta fortuita de los gobiernos latinoamericanos que habían sido proteccionistas desde la última década del siglo XIX.

La microhistoria que se presenta a continuación prueba la simplificación de esa lectura sobre los procesos nacional y regionalmente distintivos, circunstancias emergentes, eventos trascendentales, condiciones y determinantes, alianzas estratégicas y, en general, trayectorias diferenciadas de la articulación entre una forma de control político, un modelo acumulativo y un orden social cuya jerarquía influye en esos procesos y, a su vez, lo ha determinado la experiencia histórica de la acción o de la inercia del Estado y la forma de la economía y el mercado asociado a este entorno.

Pero en especial, como se verá en el siguiente apartado, aunque las acciones de los actores políticos y económicos tengan consecuencias inesperadas, o a veces indeseadas -lo cual ocurre indiferente a la planeación, a la programación y a la coherencia de la intervención-, los factores biográficos y contextuales implican ampliar la posibilidad de relaciones, replantearse la causalidad e identificar aspectos circunscritos que cobran trascendencia para explicar la tipología de la acción económica del Estado. En el caso de Abelardo L. Rodríguez, estos aspectos tienen mucho que ver con los determinantes de su raigambre sonorense, su trayectoria militar, su ascendencia de clase obrera y su vocación empresarial temprana.

La perspectiva regional resulta fundamental para ubicar el sentido de esta revisión. Posibilita discernir las particularidades locales y su influencia en las políticas económicas y sociales. En este marco, Sonora tuvo un papel destacado, no solo por su dinamismo económico, sino también por su impacto político en la consolidación del Estado mexicano. La economía sonorense, basada en la agricultura comercial, la minería y el comercio con Estados Unidos, le otorgó un lugar estratégico en la modernización y en la acumulación de capital, características que sus líderes llevaron al ámbito nacional.

Entonces Abelardo L. Rodríguez, más que ser un simple continuador de proyectos previos, fue un agente activo para generalizar una forma de gobernar originada en la región. Tal como han argumentado ^{Carr (1973)} y ^{Aguilar (1977)}, el grupo sonorense no solo irrumpió en la política nacional, sino que, además, impuso una lógica de organización estatal forjada en el margen fronterizo. A. L. Rodríguez, como gobernador y empresario en Baja California, había coordinado intereses militares, económicos y políticos de manera inédita y, al asumir la presidencia, trasladó esa experiencia regional al aparato federal, implantando esquemas institucionales que luego caracterizarían al Estado desarrollista mexicano.

El liderazgo sonorense transportó al escenario nacional su experiencia en la organización económica y política regional. Esto se tradujo a políticas que promovieron la modernización del campo, el control estatal sobre los recursos estratégicos y la institucionalización política. Además, la cercanía de Sonora con Estados Unidos dio la posibilidad de integrar dinámicas transnacionales, como la atracción de inversiones y de tecnología, mientras defendía los intereses nacionales. Este enfoque regional muestra que el desarrollo económico de México no fue uniforme, sino que fue el resultado de dinámicas locales que influenciaron el proyecto nacional. La articulación entre el aparato gubernamental y el empresariado que A. L. Rodríguez logró en el noroeste -especialmente en torno a los sectores de infraestructura, agroindustria, financiamiento público e industria turística- puede considerarse el antecedente directo de la lógica funcional del Estado desarrollista que se consolidaría más visiblemente en el cardenismo. La matriz organizativa regional -en particular, la experiencia de A. L. Rodríguez en la gobernación de Baja California- precedió y condicionó la posterior configuración de la intervención económica estatal a escala federal (^{Carr, 1973}; Aguilar, 2017).

Factores biográficos clave: raigambre sonorense, trayectoria militar, ascendencia obrera y vocación empresarial

En este artículo se define el año 1932 como el inicio de un conjunto de acciones del Estado que, en perspectiva, pueden vincularse a la conducción del desenvolvimiento de la economía nacional. Esta datación tiene una justificación fundamental, a la que, por supuesto, se suman sucesos externos favorecedores. El 20 de enero de 1932 asume Abelardo L. Rodríguez el cargo de secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Posteriormente, en septiembre del mismo año, fue nombrado presidente de México tras la renuncia de Ortiz Rubio. Estos nombramientos permiten una periodización más precisa sobre los inicios de sucesos emergentes y nuevas circunstancias, idearios nacionales y transformaciones paradigmáticas en el entorno internacional sobre las formas de administrar la autoridad estatal. Factores que abrieron un rango importante a la experimentación de nuevas formas de regulación, facilitaron cierto recambio en la composición de la élite política, estimularon un mayor grado de acceso a la actividad económica nacional para quienes había permanecido vetada.²

Abelardo L. Rodríguez nació el 12 de mayo de 1889 en Guaymas, Sonora. Pasó su infancia en Nogales y comenzó a trabajar a los 14 años en la ferretería de su hermano. A sus 17, se unió a la mina de Cananea, donde sus habilidades con el idioma inglés y la ferretería le permitieron avanzar. En su autobiografía, ^{A. L. Rodríguez (1962)} enfatiza que las desventajas de origen no son obstáculos infranqueables y que se deben aprovechar al máximo los recursos para superarse. A mediados de 1912, inició estudios de cooperativismo, convencido de que esta tendencia podía mejorar las condiciones económicas de México. Ya en 1913 aceptó el cargo de comandante de policía en el distrito de Nogales con la convicción de que un puesto público le facilitaría activar el programa cooperativo. Durante el miso año, se unió al ejército revolucionario bajo las órdenes del coronel Álvaro Obregón. Luego, por encargo de Plutarco Elías Calles, se trasladó al extremo noroeste de Sonora para hacer un estudio topográfico del río Colorado. En 1917 participó en una expedición para colonizar la zona limítrofe con Baja California, en pro de terrenos fértiles para los mexicanos. En 1918 fundó una bomba de vapor para extraer agua al sur del río, apoyando el mandato de Calles de colonizar, liquidar latifundios improductivos y desarrollar la agricultura (^{Gómez, 2002}).

En octubre de 1923, Abelardo L. Rodríguez fue nombrado jefe de Operaciones Militares del Distrito Norte de Baja California y, seis días después, gobernador. En medio de tensiones políticas y posibles sublevaciones en la región, su designación fue evidencia de la confianza de Obregón. A pesar de su trayectoria y de su movilidad militar, que limitó su capacidad para acumular capital, su estabilidad en el cargo a partir de 1923 facilitó su incursión en el mundo empresarial. Desde 1918 hasta 1923, A. L. Rodríguez y Calles colaboraron en varios emprendimientos, incluida la explotación de tierras algodoneras. Tras 1923, A. L. Rodríguez continuó su carrera empresarial de manera independiente.

Los jefes militares vinculados a la alianza llamada sonorense ocuparon buena parte de los cargos estatales y locales del país. El desenvolvimiento de la actividad empresarial de A. L. Rodríguez coincide con la gestión que adelantó desde 1923 y hasta 1929, como gobernador del Distrito Norte de la Baja California. De igual manera, la revisión de la correspondencia entre los generales demuestra que gran parte de la alianza política se sustenta en emprendedurismos compartidos, o en el respaldo recíproco a partir de las agencias dispuestas por la infraestructura pública para proyectos individuales. A. L. Rodríguez logró acumular capital suficiente para reinvertir en compañías de diversos sectores industriales y en agencias financieras.

Abelardo L. Rodríguez fue reconocido, durante y después de su función pública, como un exitoso empresario. Este es un rasgo que influyó en su ejercicio en el Ejecutivo federal y que, también, como se expresa en el apartado siguiente, lo posicionó dentro de unas redes, alianzas y compromisos que se vincularon con la membrecía al grupo de generales conocido como los sonorenses. De estas condiciones se hablará después. Por ahora solo se identificarán los idearios asociados a su actividad empresarial.

La gestión de Abelardo L. Rodríguez en Baja California se destacó por su actividad empresarial. Sus biógrafos subrayan su capacidad para establecer y fortalecer industrias, enseñando a los inversionistas privados a utilizar su dinero para concurrir en beneficio de la nación y de las clases trabajadoras, generando así nuevas fuentes de empleo. A principios de la década de 1930, A. L. Rodríguez era un inversionista prominente en las principales empresas de la región, acumulaba capital y expandía su capacidad empresarial gracias al apoyo económico estatal. Su éxito industrial reflejó estrategias para atraer inversión extranjera y guiar el desarrollo de la economía nacional (^{Parodi, 1957}). En la Tabla 1 se reseñan las iniciativas y los emprendimientos más relevantes en los que participó como accionista a partir de 1925 hasta su nombramiento en el Ejecutivo federal.

Como se señaló antes, una de las actividades en las que se sustentó la alianza conocida como sonorense fue la concurrencia de intereses económicos propios y la colaboración para expandirlos. En el caso de A. L. Rodríguez esto fue evidente durante su periodo de gobernador en Baja California.

Diagnósticos de A. L. Rodríguez en su función de gobernador: 1923-1929

Una de las ventajas que se tiene cuando se propone reconstruir la trascendencia histórica de Abelardo L. Rodríguez en el proceso nacional hacia la conducción del desarrollo económico, es la oportunidad de indagar sobre su gestión como gobernador de una entidad federativa. En este apartado se profundiza en los diagnósticos que pudieron hacerse durante ese primer ejercicio administrativo en las márgenes de un distrito.

En el norte de México, la plataforma estatal de Porfirio Díaz favoreció a grandes empresas extranjeras, lo que perjudicó a pequeños y medianos terratenientes, propietarios de minas y agricultores, quienes no podían expandir legalmente sus actividades. El sector manufacturero, aislado y sin acceso a los créditos, sufrió en su producción. Abelardo L. Rodríguez organizó iniciativas para poblar el territorio, proveer servicios públicos, educar a la población y expandir las potencialidades de Baja California. Su enfoque en el repoblamiento y en la diseminación de intereses nacionales buscaba integrar el territorio dentro del contexto nacional, ante la amenaza de los intereses extranjeros en la región.

La producción agrícola en Baja California necesitaba desarrollos específicos por parte del gobierno local para implementar la Ley Agraria de 1915 y el artículo 27 constitucional, que garantizaban la restitución de tierras y la propiedad nacional de los recursos. Era crucial abordar la propiedad, la adjudicación de aguas internacionales y la colonización con intereses mexicanos. Las concesiones previas a 1910 habían concentrado la propiedad en manos extranjeras. La administración de A. L. Rodríguez se centró en redimir terrenos para distribuirlos entre pequeños agricultores mexicanos, excluyendo núcleos no asimilables relacionados con las propiedades extranjeras del delta del río Colorado. El gobierno distrital adquirió los terrenos de la Compañía Agrícola y Ganadera de Tierras Mexicanas, de la Imperial Valley Farms y de la Compañía de Terrenos y Aguas de Baja California. Los correspondientes a la última eran propiedades concedidas a través de titulaciones precarias a agricultores mexicanos. El propósito del gobierno de A. L. Rodríguez fue perfeccionar jurídicamente los títulos para poder conceder crédito individual a los colonos.

Recuérdese que la organización cooperativa para la producción, el consumo y la comercialización fue uno de los idearios más sedimentados en su formación. Estableció la colonia Progreso y Anexas, reestructurando contratos de arrendamiento y reubicando a 230 familias en 5 300 hectáreas controladas por el gobierno (^{Gaxiola, 1938}). Proporcionó infraestructura esencial, como plantas de bombeo, una despepitadora de algodón y un molino harinero. Además, fundó el Banco Agrícola Peninsular para ofrecer préstamos a pequeños agricultores para sus gastos operativos.

La política laboral de Abelardo L. Rodríguez enfrentó un panorama fragmentado en la organización de los trabajadores. En 1923, al asumir el poder, solo había cuatro sindicatos con 173 afiliados. Sin embargo, gracias a la protección de la fuerza laboral, la creación de juntas de Conciliación y Arbitraje y la implementación de un salario mínimo distrital, en 1927 se contaba con 35 sindicatos y 3 500 agremiados. Esta tendencia a la protección laboral no fue contraria a la expansión del capital, A. L. Rodríguez consiguió estimular varias industrias nacionales en Baja California que sirvieron de fuente de empleo a la población en crecimiento.

Así, la justicia laboral, la modernización jurídica y el desarrollo de infraestructura favorecieron el acceso de nuevos grupos a la actividad económica, anteriormente restringidos. En la Tabla 1 se muestran los negocios en que A. L. Rodríguez fue accionista; en la Tabla 2 aparecen los emprendimientos que su gobierno impulsó. Más allá de su participación en el esquema de propiedad de esas compañías, se destacan sus acciones que desde su gobernatura fueron evidentes para promover sectores estratégicos. Son acciones que tendrán un correlato en su papel en el Ejecutivo federal.

En cuanto al correspondiente desarrollo de una infraestructura pública en el distrito, se inauguró la presa Rodríguez con dos motivaciones específicas: asegurar el abastecimiento para la irrigación agrícola en el valle de Tijuana y también para los usos domésticos de agua potable. Y, además, vinculada al interés nacional de preservar el uso nacional de los recursos mexicanos, la presa Rodríguez fue el único medio para evitar que los Estados Unidos aprovecharan de manera exclusiva el recurso hidráulico del río Tijuana.

Como se enunció al inicio de esta sección, es analíticamente ventajoso contar con un registro de las acciones que adelantó nuestro personaje en el ámbito local, porque contribuye a una mayor comprensión, no solo por los proyectos y las aspiraciones e idearios que orientan su acción, sino también por las prácticas administrativas, anteriores a las de escala federal. El análisis de las acciones de A. L. Rodríguez en el ámbito local es crucial para entender sus proyectos y sus prácticas administrativas previas a sus acciones en el ámbito federal. Su gestión en Baja California representó un experimento fundamental en un contexto marcado por problemas similares a los de la nación -en especial el predominio de la propiedad extranjera y la falta de infraestructura-. A. L. Rodríguez valoró el emprendedurismo y la búsqueda de nuevas fuentes de producción, alineando sus esfuerzos con sus ideas sobre el desarrollo industrial como interés nacional. Se interesó sobre todo en la industria aeronáutica y en la fabricación de motores.

En este punto vale la pena recordar que la transformación histórica se potencia cuando las estructuras sociales son indeterminadas y las élites políticas se debilitan (^{Skocpol, 1984}). En contextos donde la élite económica es reacia a promover condiciones favorables para la producción capitalista, el Estado puede desempeñar un papel transformador. La autonomía relativa del Estado es primordial para trascender los límites estructurales, en particular cuando hay periodos de agotamiento del segmento dominante. Para lograr el control nacional de la acumulación, es necesario debilitar la oligarquía tradicional y favorecer el desarrollo del mercado interno, lo que a menudo requiere un programa administrativo que apoye al sector capitalista nacional.

En esta investigación se afirma que es posible identificar en retrospectiva una forma estatal desarrollista en México a partir de las acciones que se realizaron en los 34 meses de la función ejecutiva de A. L. Rodríguez y que esa circunstancia fue el evento que perfiló la modalidad de conducción estatal de la economía.

Acciones en la Secretaría de Industria: enero 1932-septiembre 1932

En octubre de 1931, en medio del desorden administrativo y de las tensiones en el gabinete de Ortiz Rubio, el general Calles fue nombrado secretario de Guerra y Marina para apaciguar las divisiones en la élite gobernante. Calles eligió al general Abelardo L. Rodríguez como subsecretario y, el 2 de enero de 1932, él fue nombrado secretario de Industria y Comercio, reemplazando a Aarón Sáenz. Su gestión se centró en armonizar los intereses del trabajo y del capital, fomentar el turismo, proteger la industria nacional y garantizar los derechos sobre el subsuelo. También impulsó estudios estadísticos sobre la producción mexicana y preparó la divulgación para establecer el salario mínimo, así como la Secretaría de Economía Nacional y un Departamento Autónomo del Trabajo.³

En este encargo, Abelardo L. Rodríguez identificó un problema trascendental en la economía nacional: la coexistencia de recursos no utilizados y una población empobrecida que no tenía acceso a ellos. A. L. Rodríguez abogó por cambiar la explotación rudimentaria de los recursos, que beneficiaba a unos pocos, hacia una explotación ampliada que generara réditos colectivos (^{Quirós, 1934}), tendiente a movilizar y a formar capital nacional. La creación del Banco Refaccionario para la Pequeña Minería buscaba facilitar la expansión de la industria, en particular para el sector petrolero, fundamental para la economía nacional.

En febrero de 1932, Abelardo L. Rodríguez presentó el proyecto para establecer el Banco Industrial Refaccionario, destinado a fomentar la actividad industrial nacional. Colaboró con la Confederación de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos para impulsar el desarrollo de la industria manufacturera y extractiva. Los depósitos y las utilidades del banco confirmaron la viabilidad del proyecto si se centralizaban las actividades económicas relacionadas con la industria, que antes se realizaban a través de diversos bancos sin beneficiar directamente al sector. Esta es una agencia que puede ubicarse como antecedente de la Banca de Desarrollo, Nacional Financiera, S. A. Se verá en el desarrollo de este apartado que hubo iniciativas organizacionales similares con trascendencia histórica en la planeación y en el financiamiento al desarrollo.

En marzo de 1932, A. L. Rodríguez hizo público el proyecto mediante el cual se establecía el Consejo Nacional de Economía. Esta dependencia emulaba a la agencia equivalente en Alemania que, según el secretario, había funcionado con bastante éxito. De la organización alemana se replicaron los lineamientos, las leyes y las regulaciones. Frente a la Cámara de Diputados, A. L. Rodríguez argumentó que se trataría de un órgano de coordinación de todas las actividades nacionales, públicas y privadas. En general, es un regulador no solo económico, sino también social, sobre todo porque cada ley se mide y se estudia de acuerdo con los intereses del sector social al que va a afectar. Por esa misma fecha envió a la Cámara un nuevo proyecto de Ley de Cooperativas, orientado a estimular la pequeña industria. La Secretaría ofreció cursos por correspondencia para preparar a los miembros, y el sistema cooperativo mostró una expansión y un crecimiento importantes para los negocios agrícolas y la pequeña industria.

El Proyecto de Rehabilitación de la Industria Petrolera Mexicana, a través de la constitución de una sociedad anónima semioficial, netamente nacional, fue la respuesta a un diagnóstico presentado por el secretario, quien denunciaba el agotamiento de los principales yacimientos, aparejado a la disminución de la explotación y a la exploración por parte de las grandes compañías, esencial para mantener la producción. Compañías que controlaban todos los oleoductos y que avaladas por la legislación mexicana acaparaban tierras con potencial productivo para ser reservas estratégicas y explotaban al mismo tiempo recursos en el extranjero, saturando el mercado (^{Quirós, 1934}). El proyecto sería aprobado posteriormente, ya en su periodo presidencial, como sustento de la fundación de Petromex.

En marzo de 1932, las compañías extranjeras Huasteca Petroleum Co. y El Águila, S. A. competían por el control del subsuelo nacional, lo que llevó a Abelardo L. Rodríguez a establecer industrias nacionales, como la Refinería Tampico y la Refinería Azcapotzalco, junto con un oleoducto de Veracruz a Azcapotzalco. Estas medidas mejoraron el abastecimiento de gas en el país y redujeron la dependencia del carbón vegetal.

La Secretaría Industrial, bajo la dirección de Abelardo L. Rodríguez, realizó estudios sobre el consumo y la producción insuficiente en diversas regiones del país a través de sus Agentes de Información y Propaganda Comercial. Estableció el primer Directorio General de Comerciantes Mexicanos y la Comisión Nacional de Exportación para fortalecer la actividad comercial, así como la legislación tarifaria que redujo las cuotas de consumo de luz eléctrica (^{Quirós, 1934}). A. L. Rodríguez instó a los productores a proporcionar datos sobre sus cosechas y a los consumidores a reportar artículos escasos. Ante el uso indebido de marcas extranjeras por parte de algunos productores, se impusieron sanciones por violar la Ley de Patentes y Marcas. Además, A. L. Rodríguez instauró el sello “Hecho en México”. Y, como parte de estas iniciativas, inauguró el Museo de la Industria y el Comercio para rendir homenaje a la producción agrícola, comercial e industrial. En la Tabla 3 se enlistan y detallan las iniciativas con mayor relevancia para el objetivo de este artículo: rastrear en la administración regional las lógicas que continuaron en el ámbito nacional.

Acciones en la presidencia: septiembre 1932-noviembre 1934

En 1932 A. L. Rodríguez era reconocido como un prominente capitalista de Baja California. Considerando su transcurrir, de minero en Cananea a general presidente de México, y con un capital acumulado bastante considerable, A. L. Rodríguez fue consciente de la imperiosidad de ejecutar nuevas acciones sobre las fallas del capitalismo tal como había sido regulado hasta entonces en México.

La planificación estatal y la coordinación del desarrollo económico comenzaron durante la administración de A. L. Rodríguez, con evidencias contundentes en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El nombramiento del nuevo embajador estadounidense, Josephus Daniels, activó una plataforma estatal que había permanecido pasiva, lo que favoreció la libertad de acción del presidente mexicano para abordar la Gran Depresión. En lugar de centrarse en el equilibrio presupuestario, el enfoque se trasladó al bienestar social y educativo. Los intereses de la embajada estadounidense en México fueron representativos del New Deal de F. D. Roosevelt. Para el presidente de México, el New Deal de Roosevelt representaba la comunión de intereses que se fundamentaban en un nacionalismo económico (^{Dwyer, 1998, pp. 495-509}). A. L. Rodríguez tuvo mayor autonomía para contrarrestar la Gran Depresión. Estableció el salario mínimo y revitalizó la distribución de tierras a peones cuando estableció un nuevo código agrario. También realizó cambios fiscales: redujo el impuesto de timbre y aumentó la provisión estatal de servicios públicos, en contraste con la política anterior de Calles (^{Wilkie, 1967}).

Durante su administración, Abelardo L. Rodríguez rompió con la norma de mantener bajo el gasto administrativo del Ejecutivo federal. Sin embargo, consiguió uno de los menores porcentajes en gasto militar (22.7%), similar al que alcanzaría Lázaro Cárdenas en 1935 (20.9%). Este recorte de fondos a los generales dio oportunidad a Cárdenas para reducir aún más la influencia militar -del sector Callista- en la política económica y organizar a los obreros y a los campesinos como oposición. La gestión de A. L. Rodríguez se enfocó en reactivar agencias económicas del gobierno y reorganizar el aparato regulador para que se adaptaran a la estructura productiva mexicana. En septiembre de 1932, la transformación de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo en la Secretaría de Economía Nacional, con un Departamento de Trabajo independiente, se hizo operativa.

Desde su tiempo como secretario de Industria, A. L. Rodríguez promovió la creación de la Secretaría de Economía Nacional, lo que representó una reorganización significativa en la política administrativa. También abogó por una economía dirigida, que equilibrara la iniciativa privada con una regulación estatal eficaz. Su enfoque priorizaba el interés colectivo sobre los particulares y buscaba coordinar a los productores, a los consumidores y a los comerciantes para reducir desajustes y regular precios sin perjudicar los salarios ni a los consumidores. La Ley Reglamentaria del Artículo 28 Constitucional promovió proteger el mercado interno y restringió los monopolios, con lo que el Ejecutivo pudo fijar precios máximos y fomentar la competencia mediante subsidios selectivos. Además, esa ley otorgaba la facultad al Ejecutivo de inspeccionar y requerir información para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones. Una de las acciones esenciales del programa de economía dirigida del presidente Abelardo L. Rodríguez fue establecer el Consejo Nacional de Economía el 25 de julio de 1933, un proyecto que había sido planteado en su Secretaría desde marzo de 1932. Este organismo consultivo fue fundamental para mantener el contacto directo con la realidad económica del país, porque posibilitó ajustar las acciones del gobierno.

Frente a los desafíos que planteaban las disposiciones del artículo 27 constitucional, que otorgaba al Estado el dominio sobre los recursos del subsuelo, Abelardo L. Rodríguez enfrentó dos obstáculos principales: la concentración de zonas ricas en manos de compañías privadas y el creciente interés en los hidrocarburos para la industrialización. Para abordar esta situación, el 8 de octubre de 1932, A. L. Rodríguez emitió un acuerdo para declarar reservas nacionales campos mineros ya explorados y extendió esta medida a todos los terrenos disponibles. Su objetivo era aprovechar esas riquezas, preservar los recursos nacionales y contribuir a la estabilidad económica.

Además, buscó regular la producción y la distribución de petróleo⁴ mediante una empresa nacional que facilitara el acceso a los recursos y regulara los precios en el mercado interno. Esto llevó a la creación, el 20 de diciembre de 1933, de la Compañía Petróleos de México, S. A. (Petromex), una sociedad de economía mixta destinada a garantizar el abastecimiento energético del país. Posteriormente, A. L. Rodríguez también creó la Comisión Federal de Electricidad para atender los problemas de sobrecapitalización y de tarifas elevadas. Se enfocó en reducir precios y ampliar la distribución de energía eléctrica para fomentar la producción industrial y desarrollar nuevos centros industriales.

Durante la administración de Abelardo L. Rodríguez, el Estado intervino en la producción para proteger a los productores de riesgos económicos y variaciones de precios, de esta manera el cooperativismo y la organización directa de los productores bajo control estatal se profundizaron. Se promulgó una nueva Ley de Cooperativas y se creó el Departamento de Fomento Cooperativo, lo que llevó a que se formaran cooperativas que incluían más de quince mil socios y significativas aportaciones de capital. Frente a la desorganización en la producción, se promovieron medidas, como constituir organizaciones regionales, estimular la producción al consumo local y crear una Comisión Reguladora y Estabilizadora del Mercado, además de imponer impuestos a los productores no asociados.

En cuanto a la política hacendaria, aunque se habían tomado medidas en 1932, la deflación, la inestabilidad cambiaria y el desempleo impidieron resultados positivos. A. L. Rodríguez buscó simplificar la administración financiera, suprimiendo la Contraloría y creando la Contaduría Mayor de Hacienda, con lo que se aseguraba al mismo tiempo el control parlamentario sobre el gasto público.

La simplificación y la centralización de las operaciones financieras en la administración de Abelardo L. Rodríguez se logró mediante tres leyes clave:

Estas leyes fueron esenciales para vincular el capital público con el capital financiero extranjero, especialmente en la concesión de préstamos a los exportadores estadounidenses para obras municipales. Así se sentaron las bases para crear la Banca de Desarrollo, Nacional Financiera (NAFIN), que en 1941 se convirtió en el canal principal para estas relaciones.

Abelardo L. Rodríguez promovió unificar los impuestos federales y locales sobre la producción de gasolina y la generación de energía eléctrica para fomentar las economías privadas afectadas por la Gran Depresión. Entre sus medidas fiscales destacan la reducción de impuestos, el que tenía la producción de cerveza y se derogó el impuesto sobre ventas de hilados y tejidos de seda. Las franquicias fiscales otorgaron beneficios a las sociedades cooperativas y subsidios a las compañías nacionales de transporte aéreo. La modificación y los ajustes de las tarifas de importación y exportación para impulsar el desarrollo industrial y comercial intensificaron la exportación de productos industriales y la importación temporal de materias primas. Además, se ordenó revisar las leyes de fomento industrial de los estados para alinearlas con las directrices federales, mejorando así la eficacia de la Secretaría de Economía.

El discurso que dirigió a los industriales y a los agricultores solicitando cooperación para fijar el salario mínimo (octubre 1933) señala:

Creo que mientras no se aumente el poder de consumo de los asalariados, será infundada toda esperanza de aumento de la producción y adelanto técnico de las empresas [...] Si perseguimos como ideal económico modificar nuestra actual característica de país exportador de materias primas e importador de artículos manufacturados, es menester dar principio por crear un fuerte consumo nacional que sea la base de nuestro auge, porque solo podremos concurrir a los mercados internacionales, después de haber satisfecho nuestras propias exigencias. (^{Rodríguez, 1962, p. 416})

En ese mismo discurso, frente a la diversificación económica a través del proceso de industrialización, señaló:

Por mucho tiempo se discutió si las condiciones de México eran propicias al desarrollo industrial, llegándose a la conclusión de que el país debe industrializarse rápidamente si se quiere conquistar una mejor situación económica; pero como consecuencia de esa actividad fundamental, la importancia de manufacturas y aún de productos de campo no perdió de golpe su trascendencia enorme, sino que se ha restringido paulatinamente, a medida que se perfeccionan las industrias establecidas, se fundan otras nuevas o mejora la técnica agrícola[...] Un proteccionismo decidido ha merecido, y seguirá disfrutando del gobierno federal, el sector agrícola dedicado a los productos de exportación; pues tengo la convicción de que tales cultivos dejan a la economía, un beneficio tal, que no debemos escatimar esfuerzo porque anualmente sea mayor. (^{Rodríguez, 1962, p. 419})

La política arancelaria de Abelardo L. Rodríguez se centró en equilibrar los intereses de la economía nacional, sin adherirse ni al proteccionismo extremo ni al librecambismo. Sus enfoques incluyeron la protección razonable de la minería y las industrias nacionales capaces de abastecer el mercado con mejores precios que los importadores; la reducción de impuestos de importación para artículos que no se producen en el país o que son necesarios para la industria; la exención de impuestos de exportación para contrarrestar políticas proteccionistas de otros países y la protección de los recursos naturales para salvaguardarlos en beneficio del Estado y los trabajadores.

Ante la crisis económica de 1932, caracterizada por la deflación y la escasez de crédito, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito del 26 de agosto de 1932 estableció un marco legal para movilizar la riqueza, preparando el terreno para la creación de Nacional Financiera, S. A.

Durante la administración de A. L. Rodríguez, se continuó con la política de acuñación, alcanzando emisiones por $26,225,000 sin afectar el poder adquisitivo de la moneda. Esta estrategia buscó robustecer la oferta monetaria y mantener el equilibrio de los precios sin provocar inflación, estimulando así la producción. Solo a partir de la segunda mitad de 1932 la política económica cambió, y se permitió que el peso flotara. El Banco de México, establecido en septiembre de 1925, tuvo que esperar ocho años para que el artículo 28 de la Constitución se hiciera efectivo: la expedición de billetes correspondería en exclusiva a un banco único de emisión que estaría controlado por el Estado.

Se buscó ajustar el tipo de cambio a las necesidades del comercio doméstico y permitir que el peso cotizara lo más alto posible para facilitar el comercio internacional. Se descartó el ideal de una moneda de peso fijo y se optó en su lugar por una moneda de valor controlado mediante índices de precios. En general, la política monetaria de A. L. Rodríguez fue reflacionista, enfocada en expandir la producción y mitigar los efectos de la deflación mediante la reducción de impuestos, tasas de interés y una gestión activa de la oferta monetaria.

Fuente: Archivo Histórico del Banco de México. Fondo Ricardo J. Zevada. Caja: 3, Sección: docencia.

Figura 1 Exposición de motivos del decreto que reforma el art. 10 de la Ley del 12 de abril de 1932. Funciones adicionales de BANXICO como regulador de la circulación monetaria 

Frente a la deuda pública, la administración de A. L. Rodríguez priorizó los desembolsos para cubrir la deuda interna, considerando que de esa manera se ayudaría a combatir la crisis y facilitaría un arreglo futuro de la deuda externa. Se pagaron los cupones vencidos de la deuda agraria y bancaria, y se autorizó la emisión de 100 millones de pesos en los Bonos de la Deuda Pública Interior, 40 años,⁵ para saldar las obligaciones internas y liquidar antiguos bancos de emisión. El Ejecutivo suspendió el pago de la deuda externa, previamente acordada en cinco millones de dólares estadounidenses, argumentando que no era coherente con su programa de gobierno. El 21 de mayo de 1934, se rompieron relaciones con el Comité Internacional de Banqueros por la retención injusta de fondos nacionales. A pesar de esto, se observó una expansión del crédito que facilitó el abastecimiento monetario y el crecimiento de las instituciones bancarias. Entre 1932 y 1934, el desarrollo del crédito y el aumento de instituciones se debieron a la expansión de la producción industrial y el comercio. Durante ese periodo, surgieron cuatro nuevas formas de crédito cruciales para el desarrollo social de la Revolución mexicana y la consolidación del Estado desarrollista en México: el de ahorro, el de obras públicas, el popular y la banca de desarrollo (Nacional Financiera).

Durante la presidencia de A. L. Rodríguez, se establecieron disposiciones que sentaron las bases para canalizar fondos externos públicos a través de un vínculo institucional, marcando un hito en la historia de México. El Export-Import Bank de Estados Unidos se convirtió en el mayor prestamista externo entre 1941 y 1954, aunque al inicio aprobó créditos solo para empresas exportadoras estadounidenses. En 1935, cuando Nacional Financiera (NAFIN) recibió su primera autorización para operar en México, su marco legal aún no estaba orientado hacia una banca de desarrollo industrial del Estado, pero todos los créditos contaron con el aval de la Secretaría de Hacienda.

Este respaldo fue resultado de las transformaciones institucionales bajo la administración de A. L. Rodríguez, entre las que se destaca el reglamento del 30 de diciembre de 1932, que otorgó a la Secretaría de Hacienda la intervención en contratos que implicaran el gasto de fondos públicos. Además, se unificaron los impuestos federales y locales para facilitar la redistribución de recursos a través de programas constructivos para los estados. Esta coordinación permitió que muchos contratos entre estados y empresas exportadoras fueran respaldados por el cálculo fiscal de Hacienda, lo que refleja un interés en la planificación y en la intervención estatal en la economía.

Conclusión. Resolución de inercias y nuevas formas de implicación del Estado en la economía nacional

La administración de Abelardo L. Rodríguez se distinguió por una creciente intervención del Estado en la conducción económica del país, lo cual, según las hipótesis del presente análisis, constituye el germen del modelo de desarrollo estatal que se consolidaría en los años posteriores. A lo largo de su gestión se llevaron cabo innovaciones institucionales, normativas y de política económica que reflejan la visión activa del Estado como promotor del desarrollo.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la creación del Consejo Nacional de Economía en 1933, concebido para coordinar las actividades económicas y sociales, así como para evaluar las leyes con base en su impacto en el sector social. En esa misma lógica, se impulsó la Secretaría de Economía Nacional, con el objetivo de organizar y articular la intervención estatal en las dinámicas económicas. Un elemento ilustrativo de esta nueva orientación se encuentra en el mensaje que A. L. Rodríguez dirigió al Congreso al proponer la creación del Departamento Autónomo del Trabajo, en el que destacó que las transformaciones industriales y sociales exigían la intervención del Estado moderno en la vida económica, lo cual implicaba una modificación estructural de sus funciones y una especialización institucional.

Otro hito relevante fue el Reglamento de Créditos de 1932 como facilitador de la futura creación de Nacional Financiera. A ello se sumaron reformas legales orientadas a simplificar y centralizar las operaciones financieras del Estado. Como parte de la consolidación del Estado empresario, se fundaron empresas públicas como Petromex y la Comisión Federal de Electricidad, mientras que en el ámbito financiero se crearon agencias crediticias como el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y Nacional Financiera, con el fin de canalizar recursos hacia el desarrollo económico.

En el ámbito del comercio exterior, se estableció la Comisión Nacional de Exportación para optimizar la venta de productos mexicanos, que redujo la participación de intermediarios y fomentó vínculos directos con los importadores. La política arancelaria mantuvo un equilibrio entre la protección a la industria nacional y la adecuación de los impuestos al contexto internacional. Así mismo, la política cambiaria priorizó un tipo de cambio flexible y funcional para el comercio, lo que rompió con el ideal del tipo de cambio fijo. En el terreno monetario, se adoptó una política reflacionista orientada a estimular la producción mediante la reducción de impuestos y de tasas de interés.

Por último, A. L. Rodríguez adoptó el plan sexenal⁶ aprobado en la Convención de Querétaro. En él se reconocía el papel central de la iniciativa privada, pero bajo un marco orientado hacia la mejor distribución de los rendimientos. Refiriendo la misión del plan, destaca: “Nuestra actividad económica descansa fundamentalmente en la acción de la iniciativa privada y el Plan Sexenal debe recoger las previsiones de construcción, pertinentes y posibles, de que es capaz el esfuerzo particular. Pero esa actividad debe desenvolverse bajo las normas de una mejor distribución de rendimientos” (^{Rodríguez y Padilla, 1933, p. 24}).

Estos han sido los argumentos por los que, en retrospectiva, se decidió situar en 1932, específicamente al inicio del ejercicio de A. L. Rodríguez en el Ejecutivo federal, el encuadre en el que se origina el conjunto de acciones que marcan el giro de la trayectoria histórica del desarrollo económico conducido por la infraestructura del Estado.

No es con la puesta en marcha de la industrialización en las últimas décadas del siglo XIX ni con el estallido de la Revolución ni con la organización de un Ejecutivo que se redujeron -no se eliminaron- los caudillismos, tampoco con el advenimiento de la depresión internacional que se disciernen las acciones estatales encaminadas a la intervención racionalizada y provista de una infraestructura que regulara estas coyunturas.

Solo cuando se despliegan posibilidades de experimentación entre diferentes esquemas de expansión de la estructura productiva y del modelo de acumulación del capital, entre un recambio o una ampliación en la composición de los grupos económicos y su posición estratégica, entre modelos de adecuación e innovación de la plataforma administrativa para articularse a las variaciones de la base económica, y en general entre decisiones que afectan los términos en que se define la integración a la comunidad económica nacional; solo durante la inflexión histórica que marcan los 34 meses de gestión del General Abelardo L. Rodríguez, es posible ubicar el giro hacia una intervención organizada del Estado en la viabilidad del desarrollo industrializador en México.

En la Tabla 5 se sintetizan las dimensiones y las manifestaciones de los proyectos, decisiones y acciones de A. L. Rodríguez que se han reconstruido en el presente artículo y que constituyen la versión del emergente desarrollismo mexicano.

En este sentido, la experiencia de A. L. Rodríguez y la plataforma institucional que ayudó a configurar deben interpretarse no como una excepción histórica, sino como la expresión temprana de un desarrollismo en sentido amplio. Este desarrollismo -como lo ha planteado ^{Víctor L. Urquidi (2008)}- no se limita a una estrategia de sustitución de importaciones o a un intervencionismo económico puntual, sino que constituye una racionalidad política orientada a transformar las estructuras productivas, expandir las capacidades colectivas y enfrentar de forma deliberada los rezagos históricos de las economías periféricas. En su visión, el desarrollo es un proceso de transformación integral, en el que el Estado tiene la responsabilidad no solo de corregir fallas de mercado, sino de crear activamente condiciones para la equidad, la innovación y el bienestar. La trayectoria de Abelardo L. Rodríguez, al articular instrumentos institucionales, financieros y productivos, encarna esta racionalidad estatal en una de sus formulaciones fundacionales en el México del siglo XX.

El proceso de intervención del Estado respondió a factores -facilitadores y obstáculos- específicos. Es un curso que depende del marco antecedente, del desenvolvimiento del sector privado, de sus patrones de especialización, de las ventajas comparativas, de los objetivos nacionales y de los arreglos con grupos con vocación de poder. La aportación principal de la propuesta que aquí se ha presentado es involucrar la complejidad histórica del marco nacional y la historia de vida específica de personajes relevantes, en la revisión de las explicaciones históricas sobre el origen, la ideación, las constricciones y las transformaciones de la manera en que el Estado viabilizó y orientó la expansión productiva en México. Fue la intervención del Estado en la integración del mercado interno y en el desarrollo de agencias públicas, empresas estatales y en políticas y marcos regulatorios que marcaron la variedad del desarrollismo en México.