Introducción
La irrupción violenta de las masas campesinas, obreras y populares en la revolución de 1910-1920, significa la vigorosa presencia popular en el escenario de la lucha de clases por el control del poder político y del Estado. De aquella revolución quedará marcada la sociedad mexicana hasta nuestros días.
Por otro lado, el balance inmediato de la lucha revolucionaria de 1910-1920 arroja la derrota política y militar de los ejércitos revolucionarios campesinos y populares que se levantan en armas en 1910. En 1920, después del asesinato de Emiliano Zapata y de la rendición de Francisco Villa, el movimiento revolucionario campesino será definitivamente derrotado. Lo cual no debe situarse solamente en el terreno militar, sino principalmente en el terreno político. La derrota política de los revolucionarios adopta la forma de “revolución pasiva” (revolución restauración), debido a la incapacidad de los campesinos para plantearse el problema del Estado nacional.
La “revolución pasiva”
Este concepto se origina en la tesis de Antonio Gramsci (en la filosofía de la praxis de los cuaderni), mediante el cual se intenta establecer un “principio general de la ciencia y del arte político”. Este concepto desarrollado en el Risorgimento, responde a la necesidad de interpretar el surgimiento del moderno Estado italiano a partir de sus especificidades históricas.
En Italia, la ausencia de una burguesía fuerte y organizada, consecuencia del relativo atraso de las relaciones de producción capitalista, le impedirá impulsar una revolución de tipo burgués, como la ocurrida en Francia en 1789. La debilidad de esta burguesía, portadora de la tesis capitalista, le obligará a buscar alianzas con las fuerzas radicales populares para derrotar a los sectores feudales que se oponían al desarrollo del capitalismo.
Tal como lo señala Gramsci: “Se puede aplicar el concepto de ‘revolución pasiva’‘... al criterio interpretativo de las modificaciones moleculares que en realidad modifican progresivamente la composición precedente de las fuerzas y devienen por lo tanto matrices de nuevas modificaciones (Gramsci, 1980a: 80-121). Estaríamos en presencia de una ‘revolución sin revolución’; de una ‘revolución pasiva’”.
Tal como lo señala Antonio Gramsci en relación a la argucia política de la “revolución pasiva” en el caso de Italia;
la ausencia de una iniciativa popular unitaria en el desarrollo de la historia italiana y el otro hecho de que el desarrollo se ha verificado como reacción de las clases dominantes a la subversión, esporádica, elemental, orgánica de las masas populares, con “restauraciones” que han recogido una parte de las exigencias de abajo; por lo tanto son “revoluciones pasivas” (Gramsci, 1980b:142-144).
Una de las claves de este proceso en México fue la incapacidad de las fuerzas revolucionarias campesinas y populares para plantearse el problema del Estado nacional, y con ello, comprender el objetivo de su oposición dialéctica. Tal como lo dice Antonio Gramsci en los cuaderni:
En todo caso, la falta en las fuerzas radicales populares de una conciencia de los objetivos de las fuerzas adversarias les impidió tener una clara conciencia de los propios, y pesar en el equilibrio final de las fuerzas en forma acorde a su efectivo poder de intervención y determinar, por consiguiente, un resultado más avanzado sobre la base de un progreso más considerable y de exigencias más modernas (Gramsci, 1975:101)
La tesis burguesa no se impondrá en Italia en la forma “clásica” francesa, guillotinando al rey y destruyendo el aparato burocrático militar del Estado monárquico absolutista feudal. El arribo de la burguesía italiana al poder político del Estado, será el producto del largo proceso de alianzas, traiciones, desenvolvimiento contradictorio de la hegemonía de la burguesía, principalmente a partir de la absorción de su antítesis a su propio proyecto político.
Este ciclo de revoluciones de nuevo tipo, como “revolución pasiva” (revolución-restauración), se deriva de los dos principios fundamentales de la ciencia política, tomados por Gramsci de la disertación de la Crítica de la Economía Política de Carlos Marx: “1. Que ninguna formación social desaparece mientras que las fuerzas productivas que se desarrollaron en su interior encuentran aún posibilidades de ulteriores desarrollos progresivos. 2. Que la sociedad no se plantea objetivos para cuya solución no se hayan dado ya las condiciones necesarias, etcétera.” (Gramsci, 1975: 96).
“Revolución pasiva” y “bloque histórico”
La categoría de “revolución pasiva” se articula con la de “bloque histórico” en el pensamiento político de Gramsci en tanto que dicho bloque explica el contenido de la estructura y la superestructura y de las formas de la sociedad civil y la sociedad política resultantes de aquella revolución y que se articulan formando un nuevo bloque intelectual:
En suma, para que la “revolución pasiva” y el conjunto del hegemónico triunfen, las clases y grupos dominantes que pretenden demostrar la necesidad de una nueva unidad histórica del capitalismo deben reconocer y apoyarse en innovaciones efectivas en el campo de la producción y ser capaces, además, de proyectarlas en una nueva utopía social actuante, o “catarsis”, en capacidad de desencadenar la energía política de la sociedad. (Ordóñez y Montiel, 2010: 4).
La especificidad de la “revolución pasiva” se dará en una nueva síntesis entre la estructura y la superestructura; en un nuevo “bloque histórico”
Esta unidad histórica se concreta y se sintetiza en el concepto de bloque histórico que constituye una unidad orgánica entre la estructura económico-política y las superestructuras complejas, esto es, el conjunto tupido de actividades teórico-prácticas de las clases y grupos sociales, así como individuales, en torno a un proyecto histórico común que implica, por tanto, una unidad de elementos contrarios y diversos; siendo la estructura económico-política el “punto de referencia y de origen dialéctico de las superestructuras”. (Ordoñez y Montiel, 2010: 4)
La articulación del “bloque histórico” permite entonces diferenciar metódicamente a dos esferas complejas: la estructura socio-económica y la superestructura ideológica y política, “cuya vinculación orgánica es asegurada por una capa social diferenciada: los intelectuales. El rol esencial de esta capa aparece en el análisis dinámico del ‘bloque histórico’ y, fundamentalmente, en el ejercicio de la hegemonía” (Portelli, 1973: 63).
Serán los intelectuales quienes darán cohesión al bloque histórica. “En una perspectiva histórico-social, los intelectuales constituyen el “cemento” que articula a las diferentes clases y grupos sociales que confluyen en el “bloque histórico”, siendo, por tanto, los “funcionarios” encargados del ejercicio de la función hegemónica” (Ordoñez y Montiel, 2010: 5).
El “bloque histórico” es por tanto la síntesis de la estructura y la superestructura: “La estructura y las superestructuras forman un ‘bloque histórico’, o sea que el conjunto complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras es el reflejo del conjunto de las relaciones sociales de producción” (Gramsci, 1980a: 48)
Gramsci plantea también la indivisibilidad y dialéctica entre forma y contenido del “bloque histórico”:
El análisis de estas afirmaciones [sobre la cultura popular], creo lleva a reforzar la concepción de “bloque histórico”, en cuanto las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías la forma, siendo esta distinción de contenido y de forma puramente dialécticas, puesto que las fuerzas materiales no serían concebidas históricamente sin forma y las ideologías serían caprichos individuales sin la fuerza material (Gramsci, 1980a: 58).
Por otra parte, el “bloque histórico” se cristaliza en el Estado, “que es el organismo que condensa las relaciones políticas de la sociedad. Tal organismo debe permitir el máximo desarrollo y la máxima expansión del grupo hegemónico, presentándolo como desarrollo y expansión de toda la sociedad” (Ordoñez y Montiel, 2010: 5).
Finalmente, de acuerdo con Huges Portelli, Gramsci afirma que la unidad dialéctica de la sociedad civil y sociedad política es el contenido esencial del “bloque histórico” y de la hegemonía del grupo dominante.
Encontramos en los Cuadernos numerosas definiciones de sociedad civil, todas ellas concordantes: allí se entiende generalmente a la sociedad civil como “el conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados... y que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad”. Gramsci la contrapone a la sociedad política (el Estado en el sentido estricto del término) del cual ella constituye su “base” y su contenido ético” (Portelli, 1973:17).
La Revolución 1910-1920
En México, el surgimiento, desarrollo y consolidación del moderno Estado mexicano estará determinado por la síntesis del ciclo de revoluciones sociales populares y de masas y por el ciclo de “revolución pasiva” que lo acompaña y lo resuelve políticamente.
El llamado de Madero a los campesinos para que se levantaran en armas contra el dictador opresor no era nuevo para ellos; ya antes se habían levantado en armas convocados por los criollos para liberarse de la opresión colonial y también habían apoyado a los liberales para derrotar a los conservadores y al ejército invasor de Napoleón.
Los campesinos hicieron saltar desde abajo la dominación española sobre la Nueva España. Debido a la falta de experiencia organizativa de los campesinos, resultado de tres siglos de conquista y represión, serían los criollos los que llevaron adelante el primer proyecto para establecer las bases de un gobierno nacional; imperial y efímero el primero y republicano democrático burgués el segundo, durante la Reforma.
Serán nuevamente los campesinos, esta vez mezclados e incorporados al ejército liberal popular Juarista los que con las armas en la mano derrotarán a los conservadores y expulsarán al invasor francés, y con ello inclinarán la relación de fuerzas a favor de los liberales, quienes podrán así establecer las primeras bases del Estado mexicano, que durante el porfiriato se convierte en dictadura.
Paradójicamente, mientras los campesinos hacían las revoluciones, su situación antes del inicio de la lucha revolucionaria de 1910 no era muy diferente a la de la Colonia. La tierra era propiedad de los antiguos y nuevos terratenientes y salvo algunas comunidades como en el estado de Morelos, que mantenían una autonomía relativa, basada en tradicionales formas comunitarias de producción y defensa, el resto de los campesinos se encontraba atomizado, dividido y explotado en una enorme cantidad de haciendas heterogéneas entre sí.
Así, cuatro siglos de explotación, frustraciones, odio y deseo, firme deseo de ganar tierra, libertad y justicia, movieron nuevamente a los campesinos para acudir al llamado revolucionario de Madero. Los campesinos se organizaron, se armaron y se movilizaron para derrotar primero a Porfirio Díaz y contra los gobiernos de Madero, de Huerta, de Carranza y de Obregón, debido al incumplimiento de sus promesas. De aquí la importancia del año de 1910, cuando: “se pasó de una reforma negada a una revolución popular. Esto es lo que hizo de 1910 un año tan importante en nuestra historia; incluso se puede afirmar que es el más importante de nuestra historia contemporánea” (Garcíadiego, 2008:70).
El punto culminante del ascenso de la revolución campesina se da en 1914, cuando los campesinos se unifican (formalizando su alianza en el acuerdo de Xochimilco) y forman el primer gobierno campesino revolucionario popular con sede en la Ciudad de México. A partir de aquí, se iniciará la debacle política y militar del movimiento campesino. Ante la ausencia de un proyecto nacional, encargarán “el asunto del gobierno” a la pequeña burguesía radicalizada, que finalmente abdicó en favor de los constitucionalistas. Por otra parte, los campesinos no fueron capaces -salvo los campesinos zapatistas- de llevar a la práctica, al calor de la lucha revolucionaria, el reparto de la tierra conquistada por la que se habían levantado en armas; debilitando así su principal proyecto político a saber: el Plan de Ayala. Otro factor que incidió en la derrota del movimiento campesino fue el desencuentro con sus principales aliados de clase: el naciente movimiento obrero.
En estas condiciones, Carranza y Obregón inician la contrarrevolución. La ley agraria del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, que prometía tierra para los campesinos (en el marco de la derrota militar y del asesinato o rendición de sus dirigentes), conduce al diálogo de los dirigentes campesinos con el gobierno; al desarme de sus ejércitos y ulterior pacificación de los rebeldes. Las tierras recuperadas serán devueltas a sus antiguos y nuevos enemigos de clase y los campesinos serán nuevamente explotados en las antiguas y nuevas haciendas, o directamente lanzados al desempleo durante la convulsionada década de los años veinte.
Por otra parte, los obreros son desmovilizados por las promesas de libertad sindical y mejoras laborales hechas por Carranza para lograr su neutralidad. Sin embargo, el pacto de Carranza con los obreros duró solamente el tiempo que los líderes Constitucionalistas (con Carranza y Obregón a la cabeza) necesitaban para derrotar a los campesinos y evitar cualquier alianza de estos con el naciente movimiento obrero. Así, Carranza reprimirá brutalmente en 1915 las primeras movilizaciones y huelgas por demandas laborales.
Una vez derrotados los ejércitos campesinos, y sometido a control el movimiento obrero, la lucha por consolidar el poder político posrevolucionario enfrenta a dos fracciones de la burguesía: la oligárquica y conservadora dirigida por Carranza y la liberal progresista (capitalista) de los sonorenses, dirigida por Obregón. Se desata entonces una lucha inter-burguesa que se resolverá en contra de Carranza, con su asesinato, y a favor de los sonorenses, con Obregón a la cabeza.
El “Grupo Sonora”
Obregón se impone al resto de los caudillos políticos y militares revolucionarios, y toma las riendas del proyecto político del país, porque se situaba en el “ojo del huracán revolucionario”. Su carácter multifacético lo llevó a compartir muchas ideologías: “Fue socialista, capitalista, jacobino, espiritualista, nacionalista y pro estadounidense, sin que le preocuparan las consideraciones doctrinarias, a pesar que durante su presidencia se estableció una ideología: el nacionalismo revolucionario” (Meyer, 2001: 218).
Obregón había derrotado al más poderoso ejército campesino: la División del Norte y con esto, a la insurrección campesina. Su bien ganado prestigio militar se confirmó al contener al orozquismo en Sonora y encabezar la última rebelión armada victoriosa en contra de un gobierno constitucional: la rebelión de Agua Prieta. Esta hegemonía del poder militar le convertía en el peón clave para pacificar al país y establecer así (como “revolución pasiva”), las bases económicas, políticas, burocráticas y militares del moderno Estado mexicano. Obregón estaba consciente de su posición en este ajedrez político desde su victoria militar sobre los campesinos y se propone utilizarla para consolidar su hegemonía. Con los zapatistas establece alianzas para derrocar a Carranza e impulsa a Díaz Soto y Gama (ex militante del PLM) para formar el Partido Nacional Agrarista, que postulará junto con la CROM su candidatura presidencial en 1920. Con los obreros, Obregón establece sus alianzas desde 1916, cuando interviene en favor de los trabajadores contra la represión de Carranza; esta alianza se estrechará a partir de la formación de la Confederación Revolucionaria de Obreros en México, (CROM) que se integra a su amparo y con la alianza de la mayoría de las organizaciones obreras del país (que no las más importantes como la CGT, los mineros, petroleros, textiles y ferrocarrileros, que no se incorporaron a la central obrera). Un año después, el movimiento obrero organizado en la CROM decide cambiar de estrategia (ya acordada desde el congreso obrero de Tampico de 1917) para formar el partido Laborista Mexicano (primer partido obrero de sindicatos de México) que decide aliarse con Obregón en contra del represor Carranza para impulsar la libertad y autonomía de la organización sindical, planteándose la acción múltiple como estrategia de lucha; esto es, combinar la lucha sindical y la lucha política.
El movimiento obrero y la CROM serían los principales aliados y soporte del gobierno posrevolucionario durante su primera fase de desarrollo y consolidación entre 1920 y 1928. El proyecto político personal de Obregón y el de su grupo (“Grupo Sonora”), se articula perfectamente con el de la burguesía, y resto de las clases dominantes, a las que el mismo Obregón pertenecía. Una vez a la cabeza del gobierno, el sonorense centraliza el poder militar, elimina a sus enemigos de armas, licenciándolos, o derrotándolos militarmente. Tal fue el caso cuando de la Huerta se levanta en armas en su contra en 1923.
Durante el último tramo del gobierno de Obregón, surge y crece el descontento de los campesinos por el incumplimiento del reparto de tierras. Para atemperarlo, Obregón reinicia lentamente la dotación de tierras (un millón y medio de hectáreas) con un cuidadoso criterio político, priorizando su entrega a los campesinos mejor organizados y más combativos, como los campesinos zapatistas de Morelos; además, Obregón recurrirá al recurso del discurso agrarista, del que se declarará su vocero y defensor más comprometido.
El control sobre el movimiento obrero que intenta imponer primero Obregón y después Calles se formalizará en un pacto entre los obreros, sus organizaciones y dirigentes y el Estado. Mediante este pacto el gobierno se comprometía a respetar la autonomía, y libertades sindicales, y apoyar a los trabajadores en sus luchas en contra de los patrones. Por su parte, los obreros se comprometían a dar su apoyo al gobierno para la aplicación del artículo 123 y la defensa de la soberanía nacional en contra del mperialismo. Este acuerdo de Obregón con la CROM se tradujo en la práctica en un pacto con el Grupo Acción, que se perpetúa en la CROM bajo la dirección del líder electricista Luis N. Morones, quien abandona los intereses del proletariado y elige los del gobierno y sus socios capitalistas -él mismo se convierte en político oficialista y próspero millonario-, inaugurando además las prácticas del “charrismo”2 para controlar y reprimir el movimiento obrero independiente mediante esquiroles, grupos de choque, chantaje, amenazas, corrupción o el pistoletazo, en alianza con las autoridades del trabajo. Estos “atributos” pueden extenderse a todo el “Grupo Sonora” durante sus gobiernos (1920-1934): “En consecuencia, para llevar a cabo su proyecto, los sonorenses debieron enfrentar y vencer a esa oposición social, usando la violencia en los momentos decisivos, pero también mediante una pragmática política de alianzas.” (Cárdenas, 1992:162).
Otro frente que deberán encarar Obregón y la burguesía aliada a él en su proyecto de revolución restauración será la relación contradictoria con el imperialismo; principalmente con el imperialismo norteamericano, y destacadamente con las compañías petroleras (norteamericanas, inglesas y holandesas). El país se debatía en una profunda crisis económica, provocada por la destrucción de vidas y de capital de trabajo durante la Revolución, que se agudizaba por la baja en el precio de la plata, principal producto minero de exportación y por la desaceleración de la producción y exportación de petróleo, que se articulaba con las amenazas de los acreedores extranjeros por la deuda externa y por las reclamaciones de las compañías petroleras a propósito del artículo 27 de la Constitución. En estas condiciones, a Obregón se le presenta la disyuntiva de escoger entre movilizar al proletariado y al campesinado para enfrentar al imperialismo o negociar con él. Obregón opta por lo segundo, lo que se concreta en los acuerdos de Bucareli. A pesar de lo desfavorable para México de estos acuerdos, con ellos se establecen los primeros límites al intervencionismo imperialista. Como señala Jean Meyer:
En el período comprendido entre 1920 y 1928 al gobierno le preocuparon fundamentalmente dos cuestiones: en primer lugar evitar la intervención estadounidense, para lo cual buscaba conseguir el tan deseado reconocimiento diplomático; y en segundo lugar, la reanudación de los pagos de la deuda exterior a fin de recobrar el crédito internacional. (Meyer, 2001:217).
Una vez tendidos los hilos del ejercicio del poder político al interior y con el exterior, Obregón se avoca a promover el desarrollo económico capitalista y afianzar el control del Estado posrevolucionario. Este proyecto, sin embargo, no le tocará dirigirlo a Obregón, debido a su asesinato en 1928. Será el también sonorense, Plutarco Elías Calles quien sobre las bases del obregonismo lo consolide.
Calles pertenece al llamado “Grupo Sonora”, que se caracterizó por un manejo pragmático de los asuntos burocráticos y militares del Estado de Sonora; siempre dentro del marco jurídico de la Constitución de 1917. Compartían con los liberales de La Reforma, la estrategia económica de crear una gran base de “agricultores” autónomos y libres para la apropiación de la renta de la tierra. En lo político, la búsqueda de su propia identidad como burguesía nacional, los lleva a tomar una posición nacionalista que estableciera los límites de la intervención del capital y gobiernos extranjeros, particularmente del norteamericano. Otra particularidad del “Grupo Sonora” es su carácter represivo paternalista, que se manifestó claramente en las leyes expedidas en Sonora a favor de los indios Yaqui y la persecución implacable, sangrienta y genocida desatada en su contra. Finalmente, otro rasgo de este grupo fue el de su enriquecimiento a partir de la rapiña del aparato del Estado, que se tradujo en su beneficio personal y en su metamorfosis a empresarios capitalistas.
Después de ganar las elecciones y tras la derrota de la conspiración de de la Huerta, Calles asume la presidencia el primero de diciembre de 1924. Le tocar heredar el apoyo del caudillo y el de los militares obregonistas. Una vez dueño del poder político en 1928, Calles se propone la “institucionalización del caudillismo”, esto es, la institucionalización del aparato burocrático militar del Estado, bajo su liderazgo. Calles se propondrá y logrará la fundación del primer partido oficial (partido del gobierno), el Partido Nacional Revolucionario, que se transformará en PRM en 1938, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y en el PRI en 1946, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho.
El PNR surge del plan político callista que pretendía incorporar a su proyecto a la burocracia civil y militar del país, a los caciques locales, a los obreros, a los campesinos y en general a todas las organizaciones populares y partidos locales, en un organismo político partidario que cumpliera la doble función de acumular fuerzas políticas a su favor y de organizar y controlar a la sociedad civil, ubicando los poros (económicos políticos, religiosos, morales, legales, educativos, militantes, etcétera.) por los que habría de penetrar el ejercicio del poder político del Estado en México. El PNR cumplirá su función a medias; su consolidación tendría que esperar hasta la fundación del PRM en 1938, durante el período de gobierno de Lázaro Cárdenas:
Los caciques resultaron decisivos tanto para la organización del Partido Nacional Revolucionario, como para el triunfo de la candidatura de Lázaro Cárdenas. Su destrucción definitiva, al menos en su forma tradicional, fue obra del divisionario de Jiquilpan, escudado en su alianza con obreros y campesinos organizados. (Cárdenas, 1992:164).
Una vez asesinado Obregón y con las riendas del PNR en sus manos, Calles se quitará la máscara constitucionalista y liberal, girando a la derecha. En 1930 Calles declara terminado el reparto de tierras y somete a los obreros a la Ley Federal del Trabajo que se expide en 1931 y que era un instrumento indispensable para el gobierno posrevolucionario en su proyecto de reglamentación de las condiciones contractuales para la compra y venta de fuerza de trabajo y desarrollo del capitalismo en México.
Al callismo le sucederá el período histórico conocido como “Maximato”, caracterizado por la imposición de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez como presidentes de la República al servicio del “jefe máximo de la Revolución Mexicana” (Calles). El agotamiento del proyecto callista se manifiesta en el colapso del “Maximato” y en la salida de Calles del país, tras su enfrentamiento con Cárdenas.
El “cardenismo”
Durante la primera mitad de la década de los años treinta, la ausencia de un proyecto popular revolucionario y de un partido dirigente se conjugaron con el agotamiento y crisis de las formas de dominación autoritarias y caciquiles del “Maximato”. En esta coyuntura se crea un vacío de dirección política que vino a ser ocupado por los dirigentes cardenistas, herederos de las demandas de los campesinos, obreros y masas populares, quienes se proponían avanzar hasta el límite en que se detuvo la revolución campesina y popular de 1910-1920: el cabal cumplimiento de la Constitución de 1917; nada más, pero tampoco nada menos.
El cardenismo como corriente política al interior del México posrevolucionario debe ser ubicado en la doble perspectiva de ruptura y continuidad de la lucha revolucionaria de 1910-1920. Ubicar el doble carácter de ruptura y continuidad del cardenismo, significa paralelamente ubicar la clave del establecimiento y consolidación del poder político del Estado en México. Cabe decir que este trabajo se enmarca dentro de la corriente que bien define Luis Barrón: “y aunque la violencia generalizada haya terminado en 1920, consideran que los cambios revolucionarios siguieron, al menos, hasta 1940, cuando el proyecto cardenista de cambio social llegó formalmente a su fin” (Barrón, 2004:18).
Es importante destacar que cuando Lázaro Cárdenas llega a la presidencia, han transcurrido cinco lustros desde el inicio de la lucha revolucionaria. Será precisamente durante este cuarto de siglo donde madurarán los rasgos más característicos del ejercicio del poder político en México. Por una parte, la herencia del caudillismo revolucionario ha centralizado el poder en la figura del hombre fuerte de la burocracia política, generalmente militar (Obregón, Calles...); Cárdenas no intenta modificar el caudillismo sino institucionalizarlo, abriendo la brecha al presidencialismo, tal como se presenta en la sociedad contemporánea.
Por otro lado, la corporativización y absorción de las organizaciones de trabajadores al interior del aparato del Estado no es -tal como destacan muchos autores- obra exclusiva y ni siquiera original del cardenismo. Esta corporativización se inicia desde las primeras alianzas de Obregón con el naciente proletariado y con los campesinos inconformes por el incumplimiento de “tierra, libertad y justicia”. Esta corporativización madurará durante el periodo de Calles. Así, al llegar Cárdenas a la presidencia, los intelectuales orgánicos de la clase en el poder se han ubicado ya en los centros de poder y control de las organizaciones obreras y campesinas más representativas. Será a partir de la corrupción y del uso de la violencia contra la disidencia como la burocracia política enajenará la conciencia de los líderes menos claros del movimiento obrero y campesino, quienes por temor a la represión o por su apetito de “metamorfosearse” en capitalistas y terratenientes, mediatizarán la estrategia de lucha de los trabajadores hacia formas de colaboración y vasallaje respecto a la burocracia política del Estado. Estas relaciones de dominación, ya se han establecido y maduran -de manera contradictoria- cuando Cárdenas asume la presidencia (los casos de Morones y Lombardo Toledano son ilustrativas).
Lo novedoso durante el régimen de Cárdenas no será la corporativización de los trabajadores en una central campesina (CNC) y otra de obreros (CTM), sino que ésta se consolida invirtiendo, “poniendo de cabeza” los términos de la misma; esto es, no serán los trabajadores los que se movilizarán para apoyar el proyecto del gobierno sino que será éste el que creará las condiciones de aquella movilización. Esta dominación política sobre los sectores de trabajadores se dará durante el cardenismo como dijimos, cuando los intelectuales orgánicos del proletariado y de los campesinos han sido ya cooptados y asimilados al aparato económico y burocrático del Estado; el cardenismo solamente institucionaliza -como “revolución pasiva”- aquella corporativización.
Por otra parte, los cardenistas no aspiraban al socialismo, al que nunca se propusieron explícitamente. Lázaro Cárdenas proponía un capitalismo nacionalista, tal corno lo expresa él mismo en vísperas de las elecciones de 1940:
es indispensable realizar los principios del plan sexenal, que señala la formación de una economía nacional dirigida y regulada por el Estado que libere a México del carácter de país de economía colonial, campo de explotación del esfuerzo humano, donde el aliciente esencial del capitalismo no es otro que la obtención de materias primas con mano de obra barata.
La formación de una economía propia nos librará de este género de capitalismo, que no se resuelve siquiera a reinvertir en México sus utilidades, que se erige en peligro para la nacionalidad en los tiempos aciagos, y que no nos deja a la postre más que tierras yermas, subsuelo empobrecido, salarios de hambre y malestares precursores de intranquilidades públicas (Cárdenas, 1976: 244).
Los cardenistas no se proponían entonces arribar al comunismo, sino a una democracia liberal con algunos rasgos socialistas de la vida económica y política. Tal como lo decía Cárdenas en febrero de 1940 en medio del enfrentamiento con la “derecha”:
No hay pues en México un gobierno comunista. Nuestra Constitución es democrática y liberal, con algunos rasgos moderados de socialismo en sus preceptos, que norman la propiedad territorial, principalmente para fines de restitución, y en los mandatos que se refieren a las relaciones entre el capital y el trabajo, que no son, ni con mucho, más radicales que las de otros países democráticos y aun de algunos que conservan instituciones monárquicas. (Cárdenas, 1976: 415).
La educación socialista, junto con la administración obrera de las empresas del Estado, el cooperativismo y las formas colectivas de producción en la agricultura se plantean como alternativa hacia nuevas formas de vida. Como decía el propio Cárdenas respecto a la educación socialista:
la admisión del socialismo científico en las escuelas públicas, significa solamente la exposición de los conocimientos modernos, que no pueden ser ocultados y que tienen perspectivas abiertas al porvenir, no como sistema dogmático y absoluto, sino otra orientación hacia nuevas formas de vida social y de justicia (Cárdenas, 1976:69).
Los cardenistas proponían un socialismo superestructural que en lo material apenas se ubicaba en la reforma agraria liberal y en la estatización y expropiación de algunos sectores de la economía, así como en la rectoría económica del Estado (Córdova, 1976). La intervención del Estado se daría, desde luego, permitiendo un sistema de economía mixta en el que el capital debería someterse al interés social:
No es deseo del Gobierno [afirmaba Cárdenas] que empresario alguno renuncie a sus derechos y entregue los elementos de producción que posee. Pero debe considerarse que, si bien esos elementos se encuentran bajo el dominio de personas determinadas, que los administran para su provecho, en un sentido amplio y general, las fábricas, la propiedad inmueble, incluso el capital bancario, integran el cuerpo de la Economía Nacional [sic. ]3; y el interés social se lesiona cuando los propietarios se abstienen de ejercer correctamente sus funciones, escudados en un concepto anacrónico de la propiedad (Córdova, 1976: 183-184).
Por lo anterior, el capitalismo debería de ajustarse a la legalidad:
no se explicaría jamás que un régimen cuya dinámica tiene por norte la realización de un programa de transformación de las condiciones económicas y sociales, consintiera en que las empresas privadas, que deben ser sujetas a la aplicación de las leyes, adquieran capacidad suficiente para sustraerse a esas mismas leyes (Córdova, 1976).
En este precepto de legalidad constitucional se ubica el límite “revolucionario” de las reformas cardenistas. Como decía Lázaro Cárdenas en un discurso ante los empresarios de Saltillo el 3 de mayo de 1939:
Al través de los recorridos que he efectuado por todo el país, he tenido ocasión de explorar en forma plebiscitaria las aspiraciones de las grandes masas. Lo que el gobierno ha venido haciendo no es otra cosa que imprimir modalidades prácticas a esos anhelos populares y teniendo fundamentalmente como base las normas de la Constitución y los procedimientos legales. Los preceptos legislativos, en su forma y en su espíritu, han sido guía y pauta en los actos gubernamentales. Es tan honda la convicción social, y la de que se cuenta con la aprobación y el apoyo moral de las grandes masas del pueblo, que con conocimiento de causa se dan plenas libertades al grupo opositor para que actúe sin reservas, muchas veces contrariando ellos mismos los mandatos de la ley y llegando al abuso deliberado y ostensible. (Cárdenas, 1976: 67-77).
En rigor, el cardenismo también surge como límite a la contrarrevolución de los sonorenses, que ponía en peligro el proyecto de restauración de la burguesía en su conjunto, al profundizar las contradicciones capitalistas y con ello aumentar la posibilidad para la antítesis de identificar su propio proyecto histórico de clase, independiente de la burguesía y del Estado.
Hay que resaltar que en todo caso, el repliegue de las fuerzas de derecha, después de la victoria popular sobre el callismo, no significó su derrota, debido precisamente a la contradicción básica del cardenismo de intentar “humanizar al capitalismo”, lo que impulsó a la burguesía y su acumulación de capital. La utopía del régimen cardenista era plantearse medidas “socialistas” en el marco del capitalismo.
En el plano internacional, la recuperación económica del capitalismo y la función de proveedores de mercancías durante la SGM, provocan un fortalecimiento de la burguesía nacional, así como el establecimiento de nuevas alianzas entre los sectores de la burguesía que la robustecen durante los últimos años del gobierno de Lázaro Cárdenas.
Por otra parte, los intelectuales del cardenismo no representaban una unidad ideológica. Por el contrario, podemos distinguir dos facciones: una, la de los moderados que se habían colocado dentro del cardenismo como opositores del callismo, en espera de mejores condiciones propicias a los intereses de sus aliados latifundistas y capitalistas; entre ellos se encuentran Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Otro grupo es el de los cardenistas radicales de izquierda como Francisco J. Múgica, Ernesto Soto Reyes y Heriberto Jara, entre otros, quienes en ausencia de un proyecto orgánico con las masas obreras y campesinas, pronto fueron relegados por la burocracia campesina y sindical y por la derecha conservadora dentro del PRM.
El desplazamiento del sector de izquierda del cardenismo queda evidenciado si se analiza el segundo plan sexenal elaborado por el PRM para el período 1940-1946 en él que se modifican las tesis cardenistas originales sobre la lucha de clases, la que en este segundo plan sexenal se proclama como “pacífica” y con una participación mesurada de obreros y campesinos. La justificación a este viraje era que no sería aconsejable forzar la lucha de clases hasta sus últimas consecuencias: “puesto que la oportunidad histórica señala como previa la reparación gradual de injusticias sociales y la necesidad de hacer de México una patria fuerte, rica, capaz de sustraerse a influencias extrañas que puedan entorpecer su transformación interna” (Medin, 1982: 219). Lo anterior no significaba sino una reconciliación con la burguesía y una clara apertura hacia el régimen de colaboración de clases en un proyecto de capitalismo que lo liberara de las trabas y de las hostilidades a condición, según el PRM, de que se mantuviera respeto a las justas aspiraciones del pueblo y “apegada a los preceptos de las leyes.” (Medin, 1982: 217).
En los hechos, las reformas cardenistas e incluso los movimientos huelguísticos no habían mermado las ganancias de los capitalistas; por el contrario, habían sentado las bases para el posterior desarrollo acelerado de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción capitalista. A fin del sexenio de Lázaro Cárdenas, la burguesía comienza a darse cuenta de que las reformas cardenistas no atentaban en contra de sus intereses; por el contrario, los capitalistas resultaron beneficiados por la organización cardenista de la producción y del trabajo. Veamos por ejemplo en el Cuadro 1 a la industria de transformación. Durante el cardenismo se duplicaron el número de empresas, el capital invertido en ellas y el valor de la producción.
La reforma agraria entre 1934-1940 reparte la mitad de la tierra cultivada del país, sin embargo, la propiedad territorial continúa estructurada como latifundio. Así, 70% del total de las tierras (cultivadas y no cultivadas) se encuentran en predios mayores de 500 hectáreas (Medin, 1982) y ya desde el gobierno de Lázaro Cárdenas se entregan los primeros certificados de inafectabilidad ganadera: 10 en 1936, 21 en 1937, 20 en 1938 y 293 en 1939 (Shulgovski, 1980). Cabe aclarar que si bien los últimos años del cardenismo se caracterizan en la agricultura por la desaceleración del reparto agrario y por la defensa de tierras privadas, esto no significa el abandono de la política agraria, además, el ejido ya se ha constituido como una entidad fundamental en la agricultura mexicana, conviviendo con la propiedad capitalista de la tierra.
A fin del sexenio cardenista, la burguesía comprende la conveniencia de apoyarse en el ala derecha de la burocracia política y en los cardenistas conservadores, quienes en alianza con ellos se levantan violentamente a fin del sexenio contra sus reformas, neutralizando al cardenismo radical. Así, se conforman nuevas alianzas entre los diferentes sectores de la burguesía y de éstos con los sectores moderados del gobierno. De estas alianzas surge el Partido Acción Nacional en 1939, de claro perfil anticardenista.
Los requerimientos de materias primas para la naciente industria capitalista refuerzan las alianzas entre la antigua burguesía agraria y la burguesía industrial y financiera. Todos estos sectores, aliados al capital transnacional (por la vía del capital financiero), estrechan sus vínculos con los sectores conservadores de los gobiernos mexicano y norteamericano. Tal fue el caso de los contactos entre el Departamento de Estado norteamericano y funcionarios de la Secretaría de Hacienda como Alberto Pani y Luis Montes de Oca, y con empresarios mexicanos como Luis Legorreta. Todos ellos negociaron durante el cardenismo con el Grupo Morgan Guaranty Trust, con el Departamento del Tesoro norteamericano y con la Reserva Federal Norteamericana (Hamilton, 1983). Estos grupos compartían el interés de impulsar el desarrollo del capitalismo en México.
En estas condiciones, las relaciones sociales y desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo fortalecieron a la burguesía y neutralizaron paralelamente al sector radical del cardenismo:
El “socialismo” sigue siendo la consigna oficial durante un tiempo; pero posteriormente, dada la flexibilidad casi infinita del término se convirtió en sinónimo de conciliación social y equilibrio entre las clases. Volvió a escucharse el discurso de los sonorenses. El socialismo educativo, igual que gran parte del proyecto cardenista, resultó un intermedio en lugar de un milenio. (Knight, 2001: 277).
Cabe destacar que el último aliento de los cardenistas radicales de izquierda fue la integración del Centro Pro-Múgica con el propósito de impulsar la candidatura del michoacano por el PRM. En la coyuntura de la precampaña del PRM tres candidatos, los tres generales, renuncian a sus puestos en el gabinete Cardenista y a su comandancia de tropas: Francisco J. Múgica (secretario de comunicaciones y Obras Públicas), Manuel Ávila Camacho (secretario de la Defensa) y Sánchez Tapia (Comandante de la Primera Zona Militar). En conferencia de prensa conjunta los tres explican en enero de 1913 esas renuncias, “para evidenciar que no deseamos utilizar los altos puestos que ocupamos como un medio para llamar la atención pública sobre nuestras personas” (El Universal, 18 de enero de 1939: 1).
La campaña del general Múgica fue permanentemente entorpecida desde fuera y desde dentro del gobierno (sin la anuencia de Lázaro Cárdenas). Como muestra del hostigamiento a la campaña de Múgica desde dentro del gobierno, podemos citar un reporte de enero 17 de 1939, enviado por el inspector “PS-9” a Sipriano Arriola, encargado de la oficina de información política y social de la Secretaría de Gobernación, acerca de declaraciones atribuidas a líderes sindicales de la CROM:
Dicen los dirigentes de la CROM que si le dan el triunfo a Múgica ellos se levantan en armas por que no lo aceptan como candidato y que como están ya preparados es seguro que para junio surja la revuelta entre ellos y los rrojos [sic] de Múgica que entonces ellos no reconoseran [sic] autoridad, ninguna (AGN, 1939).
Con esta correlación de fuerzas y en vísperas de las elecciones de 1940, los radicales cardenistas se repliegan mientras los conservadores procuran los nuevos cambios que promovían desde la derecha. Por lo anterior, el triunfo de Manuel Ávila Camacho significa también el triunfo de la fracción conservadora dentro del gobierno.
La retirada de los sectores radicales cardenistas era también manifestación del repliegue de las fuerzas populares que con sus movilizaciones habían permitido el advenimiento del cardenismo y sus reformas. Sin embargo, el “transformismo” de los líderes sindicales y campesinos y en general el proyecto de “revolución pasiva” de los intelectuales cardenistas, había desplazado a obreros y campesinos, relegándolos a posiciones defensivas. Los campesinos fueron dispersados y separados del movimiento obrero y sus demandas postergadas a pesar de las protestas de campesinos en Yucatán, Chiapas, Sinaloa, etcétera, para liquidar las grandes propiedades. Poco pudieron hacer los trabajadores del campo ante la cooptación de sus centrales por dirigentes venales que tal como lo señalaba La Voz de México “comenzaron a ser ocupados por personas que poco tenían en común con los intereses del pueblo.” (Shulgovski, 1980: 410). Por su parte las centrales obreras habían también sido cooptadas por la burocracia sindical oficialista y poco pudieron hacer durante la sucesión presidencial. Importante factor fue la ausencia de un partido de trabajadores independiente, ya que el PCM se entrapa en contradicciones, lo que lo llevan en 1940 a que la “escoba de hierro” expulse a Hernán Laborde y Valentín Campa y además dieron su apoyo a Manuel Ávila Camacho. Todo esto en el marco del repliegue de los sectores revolucionarios al interior del PCM. En este clima, el PRM lanza la candidatura de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República.
Mucho se ha especulado acerca de las razones por las cuales Lázaro Cárdenas no impulsa la candidatura de Múgica y permite la de Ávila Camacho. Durante el proceso de la lucha por la sucesión presidencial. Cárdenas manifiesta que prefería situarse al margen y que serían las bases del partido las que postularían al candidato idóneo. Como lo dice Cárdenas en julio de 1940: “Ante la presente campaña electoral, el Ejecutivo ha demostrado en forma evidente su voluntad de colocarse al margen de las contiendas personales o disputas de grupos, para entregarse sin reservas a proteger el libre y espontáneo juego de la opinión ciudadana.” (Cárdenas, 1976: 84). Esta afirmación se constata en los archivos de la Secretaría de Gobernación (que mantenía un espionaje “opositor” a Múgica); así, el 22 de octubre de 1938 el inspector “PS-12” informa al c. Jefe de la oficina de información política y social de la Secretaría de Gobernación:
Entiendo que en la Cámara de Diputados, aún no hacen mayoría los que se inclinan por Ávila Camacho, pero tal situación puede desaparecer fácilmente, cuando los señores compañeros diputados logren ver un poco más claro; mas, cuando yo sé, que el señor presidente Cárdenas ha expresado de manera terminante, que no respaldará a nadie ni inclinará a nadie absolutamente, ni muchísimo menos a un michoacano (AGN, 1938).
Como vemos, Cárdenas no impulsa como su sucesor al general Francisco Múgica, quien fue su maestro, amigo y probable sucesor de su política gubernamental. Las razones de aquella decisión las explica el propio michoacano el 10 de noviembre de 1961, con motivo del discurso que da durante el 25° aniversario de la fundación de la Universidad Obrera de México.
He sido objeto de constantes ataques en el curso de mi vida. Pero, especialmente, por lo realizado durante el gobierno que presidí, de 1934 a 1940. No trato de justificarme. Cada quién puede pensar como quiera. Pero una de las críticas se refiere a que yo no entregué el gobierno a un elemento radical. No lo hice, a pesar de que entre los que aparecieron como candidatos se presentó el general Francisco Múgica, gran amigo mío; la sucesión presidencial fue resultado de la lucha electoral de entonces, y además había problemas de carácter internacional (Cárdenas, 1976: 85).
Las razones internacionales a las que hace referencia Lázaro Cárdenas seguramente implicaban la posibilidad de una intervención armada directa de los Estados Unidos en caso de haber nombrado a un candidato radical como Múgica, en particular por lo reciente de la expropiación petrolera de 1938; lo que pudiera haber puesto en peligro lo alcanzado por su gobierno. Esta resulta una explicación posible, pero parcial (Basurto, 1983). Otras razones de aquella decisión fueron la situación de preguerra mundial y el hecho de que las fuerzas fascistas al interior del país se alzaban en contra del comunismo, del socialismo o de cualquier otra forma progresista de gobierno. Con estas fuerzas no se podía contar en caso de una intervención. Esta situación de preguerra mundial obliga además a todas las fuerzas radicales a sumarse a la lucha antifascista, lo que debilitó sus posiciones antiimperialistas, en el marco del conflicto bélico a escala mundial y de una confrontación entre el socialismo y el fascismo. Así, el apoyo de las fuerzas progresistas al bando de los aliados durante la SGM debilitó los esfuerzos democráticos de las fuerzas radicales mexicanas.
Otro factor que influyó en el repliegue de los radicales cardenistas y en general de las fuerzas progresistas fue la derrota de la revolución española así como el del Frente Popular en Francia y en otros países europeos, que colocan a los militantes del cardenismo radical sin pie de apoyo internacional para su lucha (la URSS se hallaba comprometida en el conflicto bélico). El repliegue del ala radical cardenista le permite avanzar a las fuerzas conservadoras avilacamachistas en alianza con la burguesía nacional y extranjera: “Los cardenistas progresistas eran desalojados del aparato gubernamental y se les sustituía por políticos ‘realistas’, libres de ‘extremismo’ y de ‘doctrinarismo’” (Shulgovski, 1980: 507).
La nominación de Ávila Camacho fue también el triunfo de las fuerzas conservadoras al interior de la sociedad mexicana. La política de unidad nacional de Ávila Camacho significó en realidad la unidad de la burguesía, militares y el de los grupos dominantes, encabezados por el entonces secretario de Gobernación y futuro sucesor de Manuel Ávila Camacho, el primer presidente civil posrevolucionario: Miguel Alemán Valdés.
Palabras finales
Ahora cabe preguntarse: ¿debemos juzgar al cardenismo por sus consecuencias? tal como lo hacen algunos autores al definirlo como “reformista”, “capitalista”, “dogmático”, “populista”, etcétera. En mi opinión no.
El cardenismo es antes que nada la expresión más radical de la Revolución Mexicana después de la derrota de los ejércitos campesinos. Este radicalismo se expresa en el cabal cumplimiento de la Constitución de 1917, en particular de los artículos 3°, 27° y 123°; esto es, de aquél pacto político militar mediante el cual las fuerzas contendientes deciden dar fin a la lucha armada iniciada en 1910; nada más, pero tampoco nada menos. El cardenismo simplemente retoma y trata de hacer cumplir el acuerdo político militar.
El límite del cardenismo es el mismo que el de la insurrección campesina y popular que sentó las bases políticas del moderno Estado Mexicano. La reforma agraria, las estatizaciones, las movilizaciones y organización obrera y campesina fueron solamente una expresión y último aliento de las masas en revolución.
Sobre la derrota de las fuerzas radicales de los campesinos y del pueblo trabajador insurreccionado se montó el proyecto de “revolución pasiva”, que como conservador se expresa en el cardenismo y en el presidencialismo como catalizador de la lucha de clases al interior del Estado; más concretamente, al interior del partido político oficial, logrando durante el periodo cardenista, subsumir las contradicciones capitalistas al interior del partido oficial, como campo regulador del conflicto entre las clases.
La alianza y coincidencia entre los sectores de la burguesía y la falta de unidad y proyecto común de las fuerzas revolucionarias se combinan para fortalecen a las fuerzas de derecha, debilitando el proyecto de los cardenistas radicales que, sin embargo, continúa vigente.
La enseñanza del período cardenista debe ser recogida por las fuerzas democráticas, para traducirla en un proyecto de organización social, partidario y de masas; de obreros, campesinos, colonos, mujeres, jóvenes, indígenas y en general, de los trabajadores mexicanos manuales e intelectuales, del campo y de la ciudad, luchadores por convicción o por necesidad, en la búsqueda de un nuevo “bloque histórico”, de la independencia económica, la soberanía nacional y por una revolución de conciencias en México.