1. Introducción

El presente artículo hace un breve análisis del documento “Estudio sobre libertad de religión y creencias. Estándares Interamericanos” (en adelante, Estudio), emanado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de septiembre de 2023. Fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aprobado por el voto de la mayoría de sus Comisionados¹. Dicho documento surgió luego de una petición de la Asamblea General de la OEA², a fin de que la Comisión abordara esta materia de forma sistemática. Junto al voto de mayoría³, el Estudio consta también de dos votos disidentes⁴.

Este tema se analizó, además, en el seminario “Celebrando el día internacional de la libertad religiosa. Diálogo sobre la libertad de religión en el marco de la OEA”, realizado en su sede, el 21 de octubre de 2024⁵.

Se pasará revista al contenido de este informe, así como a sus votos disidentes, y se harán algunas reflexiones atingentes sobre el particular. Con todo, puede adelantarse que el tratamiento que la Comisión hace de la libertad religiosa y de creencias en el voto de mayoría adolece de varios vacíos, contradicciones y defectos, según se irá comentando, situación que hace que este organismo haya perdido una valiosa oportunidad para dar más claridad y protección a este derecho en particular⁶.

2. Breve análisis del voto de mayoría

El Estudio comienza señalando, según se desprende tanto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre⁷ como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁸ (además de otros documentos de carácter universal⁹), que la libertad religiosa y de creencias (de las cuales son titulares todas las personas naturales¹⁰ y también algunas personas jurídicas¹¹), es uno de los cimientos fundamentales de la sociedad democrática, al proteger las convicciones de las personas¹². Es por eso que “el discurso religioso goza de un nivel de protección especial bajo la Convención, ya que expresa elementos constitutivos de la identidad y dignidad personales”¹³.

Ello explica que sus eventuales restricciones sean muy acotadas (mediante causales establecidas por ley, que sean idóneas, restrictivas y usando el medio menos lesivo)¹⁴, al punto que la libertad debe ser la norma y la restricción la excepción¹⁵. Este derecho puede ejercerse tanto individual como colectivamente, sea en el ámbito privado como público¹⁶, lo que hace factible “profesar una religión o creencia mediante cultos, ceremonias, prácticas o enseñanzas”¹⁷ y “permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias”¹⁸. Todo ello exige que los Estados deban adoptar medidas adecuadas para su ejercicio y prevenir, dentro de lo razonable, violaciones a su respecto¹⁹.

También se señala que no se defienden las ideas en sí mismas, sino a las personas que las profesan, “a fin de definir su vida de conformidad con sus propias convicciones”²⁰, puesto que “La dimensión interna de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias goza de una protección incondicional”²¹.

El Estudio no solo busca analizar este derecho, sino también proporcionar estándares sobre el particular que se encuentren a tono con el actual derecho internacional de los derechos humanos a nivel general y no solo dentro del Sistema Interamericano²², razón por la cual se analizan documentos de diferente naturaleza²³. Por eso considera que las limitaciones a este derecho solo pueden fundamentarse “a la luz de la universalidad de los derechos humanos y del principio de no discriminación”²⁴, razón por la cual “el ejercicio del derecho a la libertad de religión y creencia depende del goce de otros derechos humanos, y solo adquiere su significado pleno en el contexto general de los derechos humanos”²⁵.

Ello explica que buena parte del documento se enfoque más en las limitaciones a este derecho que en su desarrollo²⁶, centrándose sobre todo en las ideas de discriminación (que considera de ius cogens²⁷), intolerancia y discurso de odio²⁸, remitiéndose varias veces a la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, de 2013²⁹ (pese a que hasta la fecha solo ha sido aprobada por dos Estados, lo que hace difícil tenerla como parámetro para todo el Sistema Interamericano³⁰) y otros documentos tanto de este sistema regional³¹ como universal³². Todo esto hace que el Estudio se aboque en particular en el deber de prevenir la discriminación, tanto de entes públicos como de los particulares³³, prohibiéndose así la discriminación por razones religiosas o de creencias³⁴, comentando algunas situaciones en las que lo anterior estaría ocurriendo³⁵.

El Estudio se centra así en los que considera víctimas de esta discriminación, al declarar que “es difícil justificar ajustes realizados en favor de creencias religiosas cuando las consecuencias son discriminatorias y conllevan daños a terceros, especialmente a grupos que pueden haber sufrido discriminación y marginación durante mucho tiempo”³⁶. Insiste, por tanto, en la existencia de grupos que no pueden profesar sus credos adecuadamente y en la intolerancia religiosa³⁷, que suele afectar a diversos colectivos vulnerables: “personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y afrodescendientes tribales, personas defensoras de derechos humanos y personas privadas de libertad”³⁸. Esta es la razón por la cual en este Estudio “se aplicaron los enfoques de género y étnico-racial, así como la perspectiva de la interseccionalidad”³⁹.

De ahí que, en caso de chocar la libertad de creencias religiosas con la discriminación, debe hacerse un análisis de proporcionalidad y no de una jerarquía abstracta de los derechos involucrados⁴⁰. Para ello, e inspirándose en el art. 2 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, llama a aplicar el “principio de ajuste razonable” entre ambos⁴¹.

Fundamentos similares hacen que el Estudio restrinja notablemente la objeción de conciencia basada en razones religiosas respecto de la salud reproductiva⁴², pese al enorme apoyo que ha recibido dicha objeción por parte del Sistema Interamericano a propósito del servicio militar⁴³.

Más adelante aborda la relación entre libertad religiosa y de expresión, nuevamente aludiendo a documentos de diversa naturaleza⁴⁴. De este modo, declara que “la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, incluyendo la libertad de religión y creencia [… y que] por el importante rol instrumental que cumple, este derecho se ubica en el centro del sistema interamericano de derechos humanos”⁴⁵, motivo por el cual ambos derechos “se refuerzan mutuamente”⁴⁶.

Es por las razones anteriormente expuestas que en relación con las creencias religiosas, el Estudio considera que “El derecho a la libertad de expresión incluye la cobertura ab initio para todo tipo de expresiones, incluidos los discursos ofensivos, chocantes o perturbadores”⁴⁷ a su respecto, razón por la cual llama a despenalizar el delito de “injuria religiosa” y de “difamación de religiones”, tanto contra ideas, íconos o lugares religiosos (lo que incluye las manifestaciones artísticas) por mucho que lo anterior afecte sentimientos y convicciones profundas de vastos sectores de la sociedad⁴⁸. Ello, pues, la libertad de conciencia y de religión “no incluye el derecho a tener una religión o unas creencias que no sean objeto de crítica o ridículo”⁴⁹. De esta manera, “el ejercicio de la plena autonomía individual y colectiva, depende, en buena medida, de que exista un debate abierto sobre todas las ideas y fenómenos sociales. Los procesos de despenalización hacen a las religiones y creencias actores más democráticos, permitiendo el intercambio de ideas y pensamientos, fortaleciendo así el debate público”⁵⁰. Pese a ello, se asegura que se prohíbe el discurso de odio y la incitación a la violencia contra la libertad religiosa⁵¹.

Por su parte, el mensaje religioso goza de protección, siempre que no genere discursos de odio⁵². Ahora bien, para determinar si existe o no discurso de odio, el Estudio llama a la utilización del “umbral de Rabat” (establecido en el Plan de Acción de Rabat, que busca “superar la raíz de los estereotipos y de la discriminación en las sociedades”⁵³), a fin de determinar si debe o no haber una restricción a la libertad de expresión⁵⁴.

De esta manera, se presenta el curioso fenómeno de que el Estudio permite e incluso está a favor de casi cualquier discurso contra las convicciones religiosas, por mucho que ello hiera sentimientos de sus adherentes, siempre, en teoría, que no se incite el odio o la violencia, y por otro, limita severamente la libertad de expresión de quienes profesan una religión en razón de la posible discriminación, intolerancia o discurso de odio que pudiera generar contra grupos vulnerables. Esta dicotomía se debe, según el Estudio, a que en el primer caso se estarían criticando ideas, y en el segundo, a personas. Por eso señala que “los estándares internacionales que permiten el establecimiento de límites a la libre expresión, con el supuesto de protección del honor, se refieren a la protección de la reputación de las personas individuales y no de las creencias o instituciones”⁵⁵, razón por la cual “el objetivo general de la no protección del discurso de incitación al odio y otras acciones de incitación a la violencia o apología a la guerra, es la protección de personas o grupos contra dicha incitación, y no la protección de conceptos abstractos como la religión, las creencias o las instituciones religiosas”⁵⁶.

Más adelante, aborda la relación entre la libertad de religión y creencia y el derecho de educación⁵⁷. De esta manera, los padres y tutores tienen el derecho de escoger la educación religiosa y moral para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones⁵⁸. Sin embargo, “El derecho de los padres y/o tutores al que refiere el artículo 12.4 de la Convención Americana no es absoluto, sino que debe interpretarse a la luz de otros estándares desarrollados tanto por el sistema interamericano como por el sistema universal de derechos humanos”⁵⁹, pues debe conciliarse con el derecho a la educación que tiene el menor⁶⁰, de tal forma de “respetar los derechos del niño y la niña, en particular los relativos a la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, a la información y a la educación, así como el derecho del niño a expresar su opinión libremente en los asuntos que le afectan, en función de su capacidad”⁶¹.

Por tanto, el interés superior del niño prima sobre este derecho de los padres⁶², pues “la educación debe orientarse a formar a niños y niñas en el respeto de los derechos humanos, las libertades públicas y la tolerancia”⁶³, sobre todo para superar los estereotipos y prejuicios de género⁶⁴ y también respecto de la educación sexual, que muchas veces ha sido restringida por motivos religiosos⁶⁵. Además, el Estudio considera que este derecho de los padres igualmente se ve limitado, pues “la autoridad parental tiene como único fin procurar al niño la protección y los cuidados indispensables para garantizar su desarrollo integral […] hasta alcanzar su plena autonomía. Por ello, el ejercicio de autoridad debe disminuir conforme avanza la edad del niño”⁶⁶, en parte porque “los intereses de los padres y las niñas, niños y adolescentes no son necesariamente los mismos”⁶⁷.

Razones parecidas justifican para este Estudio que las instituciones religiosas no tengan plena autonomía para la designación y mantención de sus docentes en establecimientos públicos, a fin de evitar violaciones a los derechos humanos⁶⁸, pues “los principios y valores de tolerancia, de pleno respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, y la no discriminación son de imperioso cumplimiento para el Estado”⁶⁹. De esta manera, “si bien las organizaciones religiosas tienen derecho a gestionar sus asuntos de manera autónoma, esa diferencia debe entenderse dentro de una concepción holística de los derechos humanos basada en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad de todos los derechos humanos”⁷⁰.

Posteriormente, el documento vuelve a insistir en varias limitaciones adicionales a la libertad religiosa y de creencia, debido a la situación de vulnerabilidad de diversos grupos,⁷¹ en particular por su orientación sexual e identidad de género⁷², siendo por ello “categorías protegidas” o “categorías especialmente protegidas”⁷³. Estos grupos pueden sufrir diversos tipos de discriminación debido a las convicciones religiosas de otros, también a nivel estructural⁷⁴. Por eso, las autoridades religiosas deben evitar esta discriminación y violencia, pues “el derecho a la libertad de religión y creencia de algunas personas no puede ir en detrimento del derecho de otros seres humanos —independientemente de su orientación sexual e identidad de género— a llevar una vida libre de violencia y discriminación”⁷⁵. En consecuencia, “El derecho internacional es claro en cuanto a que los Estados pueden limitar la manifestación de la religión o las creencias, […] a fin de proteger los derechos fundamentales de los demás, incluido el derecho a la no discriminación y a la igualdad, principio del que dependen todos los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión o de creencias”⁷⁶.

Finalmente, el Estudio aborda la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, haciendo una férrea defensa de la conservación de sus creencias religiosas, lo que comprende también sus lugares y territorios sagrados⁷⁷, prohibiendo la limitación de estos territorios o de sus recursos naturales⁷⁸. También señala que no debe haber discriminación contra ellos con motivo de sus creencias⁷⁹, e incluso defiende el “Derecho de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario a conservar sus religiones y creencias”, lo que “ha sido vulnerado por misiones religiosas que buscan evangelizarlos”⁸⁰. Luego, pasa revista a la situación de los defensores de derechos humanos perseguidos por sus convicciones religiosas y también alaba la acción de organizaciones religiosas que luchan por los derechos humanos⁸¹. Por último, aborda los problemas que afectan a las personas privadas de libertad, en cuanto a que puedan manifestar sus creencias, recibir visitas de sus representantes y que su alimentación y vestimenta no contradigan dichas creencias⁸².

3. Breve análisis del voto de minoría

Los votos de minoría de los comisionados Ralón y Bernal, en especial el primero, resultan bastante críticos respecto del voto de mayoría. Se comentarán en el orden en el que aparecen en el Estudio, partiendo por las materias abordadas por el comisionado Ralón, y si existe coincidencia, conjugándolas con los comentarios del comisionado Bernal. Luego, se abordarán las observaciones de este último que no hayan sido objeto de análisis por el primero.

El comisionado Ralón no puede ser más explícito en su crítica global al Estudio. Ello, pues de manera general y antes de abordar aspectos particulares, considera que “el tono adoptado en ciertas partes del informe parece hacerse eco de ciertos prejuicios que asumen, de manera injusta, que el ejercicio de la libertad religiosa, más que promover el bien común al interior de las comunidades políticas, representaría una instancia de eventual infracción de derechos humanos, razón que, de suyo, justificaría adoptar, respecto de esta libertad, una posición de sospecha o de rechazo”⁸³, fruto de “un tono caracterizado por una dialéctica de oposición amigo-enemigo [… que] no hace sino promover artificialmente el conflicto allí donde debe imperar la comprensión, la cooperación y la solidaridad entre los distintos integrantes de la sociedad”⁸⁴. Por su parte, Bernal señala que se trata de una aproximación “dicotómica” a los derechos humanos, que puede generar una “estigmatización” respecto de la libertad religiosa⁸⁵.

De esta manera, la libertad religiosa “representaría, eventualmente, un mecanismo siniestro de infracción de derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas homosexuales, afrodescendientes e indígenas”⁸⁶ (Bernal habla de “una amenaza en la región”⁸⁷), lo cual no puede estar más lejos de la realidad, en atención a los innegables beneficios que la religión produce y ha producido para la convivencia en estos países⁸⁸.

Pasando a las críticas particulares, la primera indica que la Comisión pretende crear “estándares” en materia de derechos humanos, es decir, considera que su modo de interpretar este derecho es obligatorio para todos los Estados, pese a fundamentar su posición en documentos vinculantes y no vinculantes de distinta naturaleza e incluso en soft law⁸⁹. Sin embargo, esto resulta incorrecto, porque “no es posible derivar reglas u obligaciones de los Estados de pronunciamientos o instrumentos que no los vinculan u obligan según el derecho internacional, tales como los informes de la Comisión, declaraciones, resoluciones, e incluso las opiniones consultivas de la Corte IDH”⁹⁰.

Lo anterior genera confusión, pues los únicos documentos obligatorios son los que realmente han sido suscritos por los Estados, a saber, la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador⁹¹. Y en el caso de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, a la que también se acude, ella solo ha sido ratificada por dos Estados, según se comentaba más arriba⁹².

Es este mismo fundamento el que lleva a señalar al comisionado Bernal que no existe en el Sistema Interamericano un derecho al matrimonio igualitario ni al aborto (sin perjuicio de lo que puedan establecer las legislaciones nacionales), al no constar en ningún documento vinculante para todos los Estados, pese a lo cual el Estudio trata estas materias como si los países estuvieran obligados en tal sentido⁹³.

Evidentemente, el tema de los “estándares” supera los límites de este trabajo. Por ahora baste decir que dentro del Derecho internacional de los derechos humanos de la región, hay sectores que pretenden que todo lo que señale la Comisión y la Corte interamericanas se considere un “estándar” (incluso los comunicados de prensa de la Comisión⁹⁴) y por ello, obligatorio para los países de la región⁹⁵. Esto muestra lo que algunos consideran una crisis de las fuentes del Derecho Internacional, en algunos casos alabándola y en otros, criticándola⁹⁶. Además, dichos estándares suelen fundamentarse en parte por estos organismos en material extra convención, en particular gracias a la aplicación del principio pro homine⁹⁷. De esta manera, todo lo dicho está debilitando la piedra angular del Derecho internacional, el pacta sunt servanda⁹⁸.

Más adelante, el comisionado Ralón critica que no se clarifique si las iglesias, como personas jurídicas, son titulares al derecho a la libertad religiosa, pese a que sí lo hace respecto de los pueblos indígenas (lo que considera correcto)⁹⁹.

También se hace una crítica al tratamiento de la objeción de conciencia, tanto por no abordar la objeción institucional, como por caer en contradicciones respecto de las personas naturales¹⁰⁰. Ello, pues, respecto de estas últimas, dicha objeción constituye “un conflicto grave e insuperable con la conciencia de una persona”¹⁰¹, situación que podría ser asimilada al “derecho a no ser sometido a trabajos forzosos”¹⁰². También se critica que el Estado no puede exigir a instituciones religiosas, de salud y de enseñanza traicionar su ideario, al privarlas de este derecho¹⁰³. Incluso, el comisionado Bernal, llega más lejos, pues considera que el Estudio “busca cerrar la puerta a la objeción de conciencia en contextos diferentes al servicio militar”¹⁰⁴.

Lo anterior es de suma importancia, puesto que “lo determinante para la aplicación de la objeción de conciencia no es el contexto en el que se desarrolla, sino el conflicto grave e insuperable que se presenta entre un alegado deber de prestar un servicio —con independencia de su naturaleza— y las convicciones o creencias más profundas de la persona”, siendo por ello “un atentado muy grave a una de las garantías más importantes del fuero interno de toda persona”¹⁰⁵.

Más adelante, se critica que a las iglesias y a los fieles no se les permita participar en pie de igualdad en el debate público, como a los demás ciudadanos, lo que significa que en este ámbito no podrían esgrimirse argumentos ético-religiosos, pese a la importancia que ellos tengan para sus miembros, por mucho que su opinión pueda ofender a otros que estén en desacuerdo¹⁰⁶.

Respecto del derecho de los padres y tutores de educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones (incluidas las religiosas), si bien el documento reconoce este derecho, lo limita severamente, al contemplar las cosas desde la premisa del conflicto dialéctico que el comisionado Ralón acusa a lo largo del Estudio. Todo esto genera una “lógica adversarial”¹⁰⁷ entre padres e hijos bastante alejada de la realidad¹⁰⁸. Por eso, el comisionado Bernal habla a este respecto de una “Inexistencia de conflicto con el derecho a la educación de los niños”¹⁰⁹. De hecho, esta visión adversarial atenta contra los menores, al permitir que el Estado se vuelva totalitario y asuma el papel de los padres¹¹⁰.

Por su parte, además de varios aspectos ya señalados, el comisionado Bernal distingue entre “instrucción religiosa” e “información religiosa”¹¹¹, situaciones que son distintas.

Lo anterior también se aplica a la educación sexual, en la cual padres e iglesias tienen un importante papel, que no puede ser soslayado¹¹², sin perjuicio de que la intervención de los primeros se enmarca dentro del respeto de la vida privada y familiar¹¹³.

También se acusa que el Estudio no reconozca el derecho exclusivo de las iglesias para calificar la idoneidad de sus propios docentes, tanto en establecimientos públicos como privados, calificación que en este caso particular va más allá del mero ámbito profesional, pues debe ser merecedor de confianza por parte de su credo religioso¹¹⁴, razón por la cual “las comunidades religiosas pueden exigir lealtad de quienes las representan”¹¹⁵. Además, esta intervención atenta, por un lado, contra la separación entre Iglesia y Estado¹¹⁶ y, por otro, con el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones, pues esto último se vería desvirtuado debido a esta intervención de la autoridad temporal¹¹⁷. Finalmente, cita documentos nacionales e internacionales que avalan la autonomía de las iglesias en este ámbito, desmintiendo que exista un consenso internacional que avale la postura de intromisión de la autoridad civil que defiende el Estudio¹¹⁸.

En cuanto a las limitaciones que el Estudio pretende imponer al proselitismo de las iglesias respecto de los pueblos indígenas, se considera que ellas atentan contra el “derecho que tienen las distintas confesiones religiosas para efectuar acciones que permitan sumar nuevos fieles a sus respectivas confesiones”¹¹⁹, así como contra la libertad religiosa de los propios indígenas para conocer otros credos y eventualmente cambiarlos, pues si bien deben protegerse sus creencias, lo anterior estaría restringiendo su misma libertad religiosa¹²⁰.

Finalmente, el voto del comisionado Ralón hace un análisis detallado y crítico de la situación de la libertad religiosa existente en Cuba¹²¹, pese a que el Estudio señala que “no existe persecución religiosa” en ese país¹²².

Por su parte, y además de las materias ya señaladas anteriormente, en su voto disidente el comisionado Bernal estima que lejos de fortalecer el derecho a la libertad religiosa y de conciencia (que considera además una deuda histórica del Sistema Interamericano¹²³), el Estudio lo debilita, entre otras cosas, debido a que “se cimienta en una equivocada visión que ubica a la libertad de religión y de conciencia como una amenaza a la garantía de los derechos humanos”¹²⁴. Además, presenta importantes vacíos e imprecisiones sobre estos derechos contra los cuales supuestamente se atenta y se genera una situación grave respecto de la libertad religiosa, pues “acoge una aproximación peligrosamente amplia de los discursos prohibidos”¹²⁵, estableciendo límites genéricos y ambiguos, lo que no se condice con la exigencia de establecer estas limitaciones de manera estricta, que deben mostrar siempre y de forma inequívoca cuál es la amenaza que se genera y la proporcionalidad de las acciones a tomar. Es por eso que “En caso de duda, predomina la regla”¹²⁶.

Además, otro aspecto adicional que trata este voto disidente es la ambigüedad del concepto de discurso de odio y los peligros que lo anterior conlleva para la libertad de religión y de conciencia¹²⁷, situación que puede conducir a “falacias generalizadoras”¹²⁸. También critica que no exista castigo alguno a las expresiones que ofenden a la religión, desprotegiendo totalmente este derecho, contradiciendo así el art. 13.2 de la Convención Americana¹²⁹.

Finalmente, y pese a sus relaciones evidentes, el voto distingue entre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión¹³⁰.

4. Algunos comentarios a propósito de este documento

A la luz del análisis realizado, resulta imposible no percibir a lo largo del voto de mayoría una profunda animadversión hacia las convicciones religiosas tradicionales, que hace que la libertad religiosa acabe siendo relegada a una prerrogativa de segunda clase, al estar completamente subordinada a varios otros derechos que se consideran más valiosos. Lo anterior explica que el documento se centre mucho más en los límites de esta libertad que en su desarrollo, su sistematización, ni mucho menos en su protección.

Ello explica también que se haya señalado que este Estudio ha desobedecido el mandato dado por la Asamblea General de la OEA que le diera origen, que llamaba, por el contrario, a fortalecer este derecho¹³¹.

De esta manera, a pesar de que en la primera parte el Estudio señala que la libertad de religión y de creencias tienen un papel central en las sociedades democráticas, lo que se refuerza, según sostiene más adelante, debido a encontrarse muy vinculada a la libertad de expresión (complementándose así ambos derechos, al ser la libertad de expresión un vehículo para la libertad religiosa), el modo en el que concibe la puesta en práctica de la libertad religiosa y de creencias acaba dependiendo más de la perspectiva de quienes se oponen a ella que de los que la profesan. O si se prefiere, es un derecho que no se contempla desde el punto de vista de sus adherentes, sino que de sus enemigos. Ello explica la visión adversarial o confrontacional del Estudio, que con toda razón acusan a los votos de minoría, que considera a la libertad religiosa como el origen de casi todos los males y una enemiga de los derechos humanos.

Iguales razones explican la visión mucho más benévola y protectora del Estudio con las religiones minoritarias, sobre todo las de origen indígena y afrodescendiente, incluso protegiéndolas de la injerencia de los credos tradicionales, aunque ello atente contra la propia libertad religiosa de sus integrantes, en cuanto a tener la libertad —y oportunidad— de cambiar de credo. En todo caso, pese a tantas alabanzas y protección a su respecto, queda la duda de si esta buena voluntad subsistiría si dichos credos generaran situaciones consideradas discriminatorias, intolerantes o que produzcan discursos de odio contra los grupos especialmente protegidos, que es en lo que verdaderamente se centra este documento.

La clave que se esgrime para relegar a la libertad religiosa y de creencias a un derecho de segunda clase, como se ha mencionado, es la “concepción holística de los derechos humanos basada en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad de todos los derechos humanos”¹³², cuyo objetivo final es “superar la raíz de los estereotipos y de la discriminación en las sociedades”¹³³. Esta protección está dirigida especialmente a “grupos que pueden haber sufrido discriminación y marginación durante mucho tiempo”¹³⁴, especialmente “personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y afrodescendientes tribales, personas defensoras de derechos humanos y personas privadas de libertad”¹³⁵. Sin embargo, la principal protección se otorga a ciertos colectivos por su orientación sexual e identidad de género¹³⁶, razón por la cual se las considera “categorías protegidas” o “categorías especialmente protegidas”¹³⁷.

De hecho, el Estudio no puede ser más claro a este respecto, cuando señala que en él “se aplicaron los enfoques de género y étnico-racial, así como la perspectiva de la interseccionalidad”¹³⁸.

En consecuencia, aunque se señala que en virtud de esta concepción holística e interdependiente de los derechos humanos, en caso de haber restricciones a la libertad de expresión y de religión debe hacerse un análisis de proporcionalidad y no a partir de una jerarquía abstracta de los derechos involucrados¹³⁹ (para lo cual sugiere utilizar herramientas como el “principio de ajuste razonable”¹⁴⁰ o el “umbral de Rabat”¹⁴¹), en realidad acaba ocurriendo todo lo contrario: dado que la finalidad confesa, como se ha dicho, es “superar la raíz de los estereotipos y de la discriminación en las sociedades”¹⁴², se percibe que lo que realmente guía a esta concepción “holística” e “interdependiente”, es la idea de evitar la discriminación, la intolerancia y el discurso de odio hacia estos grupos considerados vulnerables, cuyos derechos poseen una jerarquía máxima, abstracta y general que se impone a todos los restantes. Este es el centro del tablero desde el cual se construye todo el Estudio.

Ello explica además que estos límites sean tan amplios e imprecisos, lo cual contraviene los arts. 12 y 13 de la Convención Americana, que exigen exactamente lo contrario: que dichos límites sean específicos y excepcionales, no la regla, como es en el presente Estudio. Ello, pues, para esta Convención, la libertad es lo normal y la restricción su excepción.

Sin embargo, debe recordarse que respecto de la libertad de expresión, la Convención es totalmente contraria a la censura previa, salvo en casos muy acotados como, por ejemplo, la protección de menores. Por eso, las eventuales responsabilidades fruto de un mal uso de la libertad de expresión o religiosa son solo posteriores a su realización.

Sin embargo, el modo en el que el Estudio pretende limitar la libertad de expresión y de religión, utilizando conceptos tan amplios de discriminación e intolerancia, hacen que prácticamente cualquier manifestación de las convicciones religiosas de alguien (al menos de las religiones tradicionales) se encuentre en peligro de ser considerada atentatoria a su respecto. Todo lo cual podría convertirse en una censura previa encubierta para la libertad de religión y de expresión, a lo cual se opone férreamente la Convención Americana.

Esto no significa que no se puedan castigar los eventuales abusos en el ejercicio de estos derechos. No obstante, debe tratarse de un análisis particular del tipo de discurso planteado en cada ocasión (y no como lo presenta el Estudio, de manera general y a priori), a fin de determinar si efectivamente existen en él elementos que puedan considerarse discriminatorios, intolerantes o que inciten un discurso de odio, pues es evidente que esto puede ocurrir.

Esta misma óptica también permite entender los notables límites que el Estudio plantea respecto del derecho de los padres y tutores para educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, fruto del supuesto choque con el interés superior de los menores, según destacan los dos votos de minoría, aunque en realidad, contra la perspectiva de estos grupos considerados vulnerables. De ahí que resulte imposible no percibir el intento por imponer una educación oficial por parte del Estado, lo que confinaría este derecho de los padres a un papel residual.

Igualmente, todo lo dicho aclara un aspecto del Estudio que llama poderosamente la atención: que al vincular la libertad religiosa con la libertad de expresión (lo que es correcto), se considere lícito que las religiones queden expuestas sin protección alguna a todo tipo de mensajes ofensivos e incluso a la burla, por mucho que hieran, y a veces gravemente, los sentimientos o convicciones de sus militantes (contraviniendo lo señalado por los artículos 12 y 13 de la Convención en cuanto a responsabilidades posteriores por un mal uso de estos derechos); y por otro, que la libertad religiosa se encuentre plagada de cortapisas, prohibiciones y sospechas respecto de su ejercicio, cediendo siempre frente a otros derechos supuestamente protegidos bajo el paraguas de la discriminación, la intolerancia y el discurso de odio. Y que el fundamento para este trato tan desigual, sea que en el caso de los mensajes proferidos contra las religiones, se estén criticando ideas y no personas, al contrario de lo que ocurriría respecto de los mensajes de contenido religioso, en que se estaría criticando directamente a personas, en particular en relación con su orientación sexual e identidad de género.

Sin embargo, el argumento resulta poco sólido, además de contradictorio.

En efecto, debe recordarse que de acuerdo con lo señalado por diversos organismos internacionales, la orientación sexual y la identidad de género dependen de las convicciones y sentimientos íntimos de quienes las profesan, y no de una condición natural u objetiva que no puede ser puesta en duda ni modificada, pues sería inmutable. Es por eso que se las considera un constructo cultural, artificial en cierta medida, y que por ello puede ser cambiado en cualquier momento¹⁴³.

En consecuencia, de acuerdo con esta visión, lo anterior significa que tanto la orientación sexual y la identidad de género, por un lado, como las concepciones religiosas o creencias, por otro, corresponden a ideas, a modos de ver el mundo, no a realidades inmodificables que no pueden ser ignoradas. Resulta evidente que en ambos casos estas convicciones o ideas poseen un enorme valor e influencia en el modo de ser de cada persona, pero ello no impide que tanto las concepciones religiosas como (según insisten estos organismos internacionales) la orientación sexual y la identidad de género puedan cambiarse, llegado el caso.

Por lo tanto, si ambas realidades se ubican en el campo de las ideas o de las convicciones (y también de los sentimientos), no se entiende por qué respecto de los discursos que critican o incluso se burlan de las distintas religiones tradicionales se considere que se están atacando conceptos y no personas, y que en el caso de los discursos religiosos, se estime que se está criticando a personas, además de sus ideas. Se insiste en que, en ambos casos, se están criticando convicciones, ideas o sentimientos, personales y profundos por regla general, pero convicciones, a fin de cuentas.

Lo anterior pareciera indicar que pese a su constante defensa del pluralismo, de la tolerancia y de la libertad de opiniones que deben existir en las actuales sociedades democráticas (situación que se hace cada vez más necesaria en virtud de la creciente inmigración que las afectan), existirían ciertas ideas o concepciones consideradas más valiosas que otras e incluso indiscutibles.

Es por eso que con relación a estas ideas o concepciones protegidas, ocurre exactamente lo contrario de lo que el Estudio llama a hacer respecto de la libertad religiosa, cuando señala que “el ejercicio de la plena autonomía individual y colectiva, depende, en buena medida, de que exista un debate abierto sobre todas las ideas y fenómenos sociales. Los procesos de despenalización hacen a las religiones y creencias actores más democráticos, permitiendo el intercambio de ideas y pensamientos, fortaleciendo así el debate público”¹⁴⁴.

Aquí se produce lo opuesto: una penalización a priori para toda crítica a estas ideas o concepciones tenidas por incuestionables, calificando cualquier desacuerdo con ellas como actos de discriminación, de intolerancia o generadores de discursos de odio. Lo anterior quiere decir, por tanto, que a su respecto no cabe un debate abierto, un intercambio de ideas, ni un fortalecimiento del debate público, todos elementos esenciales de una sociedad democrática.

Además, debe recordarse que las convicciones, incluidas las religiosas, no pueden imponerse. Por tanto, si las convicciones expresadas por un credo determinado molestan o se oponen a las de otros, eso no significa que deban ser asumidas o aceptadas por quienes no estén de acuerdo con ellas, pues esta aceptación debe ser un acto voluntario, nunca forzado. Por eso pueden ser ignoradas o refutadas por quienes piensan distinto, e incluso, si lo estiman pertinente, les es factible buscar o también crear otro credo que coincida con el propio punto de vista. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda eliminar o anular a quienes piensan distinto por el solo hecho de sentirse incómodos por ello.

Por otro lado, un aspecto del presente Estudio sobre el cual debe llamarse poderosamente la atención, es que sobre todo de la mano de la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el centro de gravedad, o si se prefiere, la idea matriz que pareciera estar alimentando en la actualidad al Sistema Interamericano, no sería la de proteger la libertad de sus ciudadanos (sin perjuicio de sus eventuales responsabilidades posteriores), sino una política de prevención, a fin de evitar que se produzcan actos de discriminación o intolerancia entre ellos.

Además, ambos conceptos están definidos de una manera amplia en esta convención¹⁴⁵, llenos de agravantes y, en muchos casos, su transgresión no depende de los hechos que ocurran en la práctica, sino del modo en que ellos sean percibidos por quienes se consideran víctimas¹⁴⁶.

Este creciente deseo por evitar actos de discriminación, de intolerancia y de discursos de odio, hacen que el Estado tenga un papel mucho más activo e incluso invasivo en la vida de los ciudadanos. Es decir, que el Estado estaría pasando de tener un papel ex post a otro ex ante a este respecto.

Es por eso que se ha dicho sobre el particular:

“En caso de que existan elementos culturales que obstaculicen el pleno goce y garantía de los derechos, el Estado deberá adoptar medidas para su remoción. Este aspecto de la obligación es particularmente exigible cuando hay grupos que ven constantemente violados sus derechos humanos por razones culturales. En estos casos, el Estado debe realizar una revisión cuidadosa de la manera en la que opera la sociedad y un diseño de políticas conducentes para el logro del objetivo de hacer efectivos, para todos los individuos, el goce y ejercicio de los derechos humanos [… El] deber de protección abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos”¹⁴⁷.

Por tanto, se estaría pasando desde un Estado que puede sancionar a posteriori (y solo a posteriori, al estar vedada la censura previa) eventuales violaciones a los derechos humanos, a otro que busca vigilar a sus ciudadanos a fin de no castigar transgresiones a los mismos.

De esta manera, no sería imposible que el Estado termine estableciendo por ley lo que es correcto o incorrecto manifestar e, incluso, pensar, convirtiéndose así en un Estado policía. Lo cual no puede ser más opuesto al genuino espíritu de los derechos humanos y al sistema democrático, al hacer imposible el real diálogo y la tolerancia. Ello, pues, con la excusa de evitar la discriminación, la intolerancia o los discursos de odio, puede surgir la tentación de imponer un pensamiento único.

Sin embargo, y comprendiendo que es absolutamente necesario evitar la intolerancia, la discriminación y los discursos de odio, lo anterior no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de la libertad de religión y de expresión, entre otros muchos derechos humanos.

Todo esto significaría que a pesar de que se señale permanentemente lo contrario, existirían ciertas ideas que se estiman incuestionables en las actuales sociedades, auténticos dogmas, vinculados a los grupos estimados vulnerables, razón por la cual se prohíbe cualquier crítica o duda a su respecto, al encontrarse especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Y el camino para ello es calificar cualquier disidencia a su respecto como intolerante, discriminatoria o incitadora de discursos de odio.

De hecho, las mismas limitaciones a la objeción de conciencia son una clara muestra de ello, pues en nombre de los derechos humanos, el Estado pretende inmiscuirse en el fuero interno de los sujetos (pese a que “La dimensión interna de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias goza de una protección incondicional”¹⁴⁸), lo que estaría mostrando dos cosas: en primer lugar, que habría concepciones erradas que no pueden admitirse, por íntimas e importantes que sean para los sujetos que las profesan; y en segundo lugar y fruto de lo anterior, que dichas concepciones debieran ser erradicadas, usando incluso el poder coactivo del Estado, encontrándose la legitimidad para inmiscuirse en este santuario de las personas para cambiarlo en los mismos derechos humanos.

Lo anterior parece mostrar lo que se ha llamado una creciente moralización del Derecho, que pretende imponer por parte del Estado una determinada moral social y cambiar las convicciones de los sujetos, siendo una clara muestra de ello los límites a la objeción de conciencia ya comentados.

Es por eso que se ha señalado lúcidamente a este respecto:

“Como se ha indicado, estos otros derechos constituyen en muchos casos intentos de sustituir la moral social vigente por otra moral, por una nueva moral. Por eso, no es extraño que, en lugar de derechos, lo que acaban creando en muchas ocasiones, sean deberes u obligaciones para los seres humanos, porque eso es lo específico de la moral: establecer deberes. Tal es el caso, por ejemplo, de los derechos de los animales, o los derechos de los entes naturales, pero no únicamente, porque en otros terrenos, como los derechos de ciertas minorías, se aspira no solo a que estas sean respetadas, sino también a configurar el lenguaje y las formas de expresión de los ciudadanos, e incluso sus creencias morales en relación con las formas de vida de los otros y aun de sí mismos, sustituyendo sus concepciones morales precedentes (piénsese, por ejemplo, en los derechos LGTBIQ+)”¹⁴⁹.

De esta manera, estos nuevos derechos humanos pretenderían cumplir el papel de algo así como una nueva religión¹⁵⁰, que prohíbe la disidencia respecto del pensamiento oficial que enarbola, en nombre de los mismos derechos humanos. Y como el papel de los Estados sería hacer realidad estos derechos humanos de origen internacional, podrían considerarse Estados confesionales de esta nueva religión¹⁵¹.

Con todo, si existiera una total o casi total homogeneidad de convicciones en una sociedad, habría poderosas razones para sospechar de sí se estará realmente en presencia de una auténtica democracia y de unos verdaderos derechos humanos. Ello, pues probablemente aquí existiría una verdad única u oficial impuesta por la fuerza.

Por lo tanto, una de las mayores pruebas de la real vigencia de los derechos humanos y de la democracia, es que exista de verdad una libre circulación de las ideas y convicciones, respetándose todas mutuamente. En realidad, lo anterior resulta cada vez más necesario, fruto del creciente multiculturalismo que están produciendo las migraciones que hoy nos afectan, según se ha señalado.

Por eso los derechos humanos deben proteger a los sujetos de la pretensión del Estado de imponer una verdad oficial o un pensamiento único. Precisamente, los derechos humanos surgieron como consecuencia del desacuerdo que existía con diversas situaciones de la época. Por eso han sido siempre una bandera de libertad.

En consecuencia, si realmente los derechos humanos imperan en una sociedad, en ella siempre habrá y podrán coexistir, en paz, diversas nociones del mundo y de la vida y, por tanto, diferentes concepciones religiosas y no religiosas. De hecho, es este el espíritu que anima a la Convención Americana sobre Derechos Humanos: lograr un ambiente de libertad para el debate, debido a ser un elemento esencial para cualquier sociedad democrática.

Por lo tanto, lo que no puede ocurrir es que, fruto de una perspectiva como la planteada por este Estudio, el propio ordenamiento jurídico se transforme en el principal enemigo de la libertad religiosa y de expresión¹⁵². Es decir, que al encontrarse erizado de amenazas (convirtiéndose en algo parecido a un campo minado), ponga en un serio peligro a quienes quieran defender sus propias convicciones, produciendo así una nefasta autocensura. Incluso, podría generarse un discurso de odio contra los disidentes de este pensamiento único, al considerarlos grupos sospechosos.

Sin embargo, todo esto sería un golpe mortal para la democracia y una situación completamente incompatible con los verdaderos derechos humanos.

5. Algunas conclusiones

En realidad, el Estudio no puede ocultar la profunda animadversión que siente hacia la libertad religiosa y de creencias, al menos respecto de las religiones tradicionales, razón por la cual pese a las alabanzas iniciales que formula a su respecto, este derecho es siempre contemplado desde la perspectiva de sus enemigos, lo que hace que termine siendo relegado a un derecho de segunda clase.

En efecto, esta pretensión de transformar a la libertad religiosa en un derecho de segunda clase se prueba, ya que en todas las ocasiones en las que se ve enfrentado a otro derecho, a menudo resulta vencido: respecto de los mensajes que puede emitir, llenos de prohibiciones y sospechas para no generar situaciones de discriminación, intolerancia o discursos de odio; en el hecho de no poder defenderse de los ataques e incluso burlas que se profieran en su contra, desobedeciendo la Convención Americana; en la educación de los padres y tutores respecto de sus hijos, incluida la educación sexual, ya que debe ceder ante la protección de los grupos considerados vulnerables bajo el pretexto del interés superior del niño; en el debate público, al impedírsele plantear sus puntos de vista, al revés de lo que ocurre con los demás ciudadanos; en la objeción de conciencia por motivos religiosos, al anularla completamente, con lo cual el Estado busca adentrarse en el fuero interno de las personas; en la designación y mantenimiento de sus propios docentes, con lo cual no hay seguridad de que sean fieles a la religión que dicen representar, y en general, ante cualquier otro derecho humano que se le presente, habitualmente pierde la libertad de religión y de creencias.

Sin embargo, en todos estos casos lo que pretende el Estudio, aunque no lo diga, es reemplazar unas creencias por otras, excusándose en los conceptos de discriminación, intolerancia y discursos de odio. Ello, pues pese a sus declaraciones de neutralidad, existen ciertas ideas que se consideran indiscutibles y que se pretenden imponer a toda la sociedad en nombre de los derechos humanos.

De ahí que se busque utilizar los derechos humanos a fin de imponer una nueva moral social, estableciendo deberes ineludibles en su nombre, pretendiendo afectar así el fuero interno de las personas. Por eso se señalaba que estos nuevos derechos humanos parecen querer convertirse en una nueva religión, lo que a su vez explica la obsesión de este Estado “confesional” por prevenir violaciones a su respecto.

El problema es que los derechos humanos así comprendidos, podrían ser utilizados para intentar imponer un pensamiento único, dando al Estado la excusa perfecta para inmiscuirse en todas las esferas de la vida de los ciudadanos, por íntimas que sean. Por eso se señalaba que el centro de gravedad dentro del Sistema Interamericano parece estar cambiando desde la protección de la libertad de sus ciudadanos, a la idea de prevenir actos de discriminación, intolerancia o discursos de odio en favor de ciertos grupos protegidos, en nombre de los mismos derechos humanos. Todo lo cual podría generar una notable homogeneización en el modo de pensar y de actuar dentro de estas sociedades. La gran pregunta es si fue a esto a lo que realmente se comprometieron los Estados al crear el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Finalmente, el Estudio perdió la oportunidad de tutelar este derecho, desobedeciendo el mandato de la Asamblea general. No solo por buscar producir estándares inexistentes de forma obligatoria allí donde no los hay, con argumentos más que discutibles, como dejan meridianamente claro ambos votos disidentes, sino sobre todo, por el esfuerzo de trastocar dicho mandato a fin de debilitar y sepultar el derecho de libertad religiosa y de creencias.