Introducción

Durante más de una década, los pueblos yaquis estuvieron en un conflicto legal, al que fueron orillados a entrar y que causó la división en la tribu entre los que estaban a favor o en contra de la introducción del gasoducto que atravesaría su territorio de norte a sur. El trayecto original del gasoducto iniciaba en Guaymas, norte de Sonora, y concluía en El Oro, norte de Sinaloa, con un tramo de 331 km, de los cuales casi la tercera parte se extendían por las comunidades yaquis que se negaron a ser despojadas de su territorio (véase Mapa 1).

Fuente: Elaborado por el Lic. Eduardo Rodríguez Reyes.

Mapa 1: Noroeste de México, región yaqui y gasoducto Guaymas-El Oro. 

El megaproyecto, que se canceló debido a los peritajes en su contra, en el marco de los amparos procedentes que promovió el pueblo yaqui, estuvo a cargo de una empresa trasnacional de nombre Gas de Agua Prieta, que, con moderna infraestructura, introdujo cientos de kilómetros de gasoducto en territorio yaqui. A pesar de ello hubo comunidades yaquis que no estuvieron de acuerdo. Esta situación originó conatos de violencia y produjo divisiones en el interior de los pueblos. Durante varios años de la segunda década del siglo XXI se vivió un clima de incertidumbre y persecución en varias comunidades. Los intereses privados motivaron este escenario durante el gobierno federal en turno, los mismos que intentaron despojar a los yaquis de una porción de su territorio. No obstante, al finalizar el gobierno de López Obrador, y como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, algunas hectáreas fueron restituidas al territorio original.

El objetivo de este artículo es analizar los argumentos jurídicos y culturales que impidieron la realización de un megaproyecto en la región yaqui, ubicada en el estado de Sonora en el Noroeste de México, donde el gobierno federal pretendía introducir un gasoducto a principios de la segunda década de 2000. Estos trabajos se prolongaron hasta 2018, año en que se presentó el resolutivo sobre su inviabilidad. Dicha obra atravesaría de sur a norte territorio de los pueblos yaquis, violando abiertamente la autonomía de la región yoeme yaqui.² En este documento se analizan los fenómenos culturales que impidieron que se llevara a cabo este megaproyecto, así como los principales argumentos en su contra.

Con el fin de elaborar y analizar los principales argumentos en contra del gasoducto Guaymas-El Oro, se realizó un profundo trabajo etnográfico que duró varios años. En esta investigación se utilizó una metodología de carácter cualitativo, por medio de entrevistas y consultando, de manera minuciosa, archivos y fuentes legales de inicios del siglo XX. Asimismo, se construyó un corpus sobre la realidad histórica, cultural y legal del pueblo yaqui, el cual no posee autodeterminación, pero sí autonomía política.

Otras de las principales fuentes de información fueron las pláticas informales y el acompañamiento legal con los actores del conflicto, que se recopiló y analizó con base en la defensa de su territorio, tomando en cuenta el conocimiento de sus valores patrimoniales intangibles y, por lo tanto, de carácter simbólico e histórico. También se aprovechó la información tipológica de flora y fauna de investigaciones previas que por cuestiones de extensión no fueron incluidas explícitamente en este artículo (^{González y González, 2016}).

La documentación fue fundamental para esta investigación. Se revisó diferentes documentos legales que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tuvo a bien proporcionar para el estudio. De manera particular, varios colegas contribuyeron en este trabajo con sus amplios conocimientos sobre el tema y por haber estado involucrados, en su momento, en investigaciones jurídicas y culturales sobre los recursos naturales de la región yaqui (^{Moctezuma, 2013}; ^{Moctezuma et al. 2015}; ^{Moctezuma et al., 2013}; ^{Lerma 2009} y ²⁰¹⁵). Por lo que esta investigación se enmarca en el campo de la antropología jurídica.

Desde finales del siglo XIX y principios XX, los antropólogos juristas precursores de la disciplina se interesaron sobre todo en el análisis de los sistemas normativos de las sociedades no europeas. En el contexto evolucionista, estos profesionales creían que analizando las leyes de estos pueblos podrían obtener información del sistema legal de los países occidentales. Sobre esta premisa, sus investigaciones estaban encaminadas a dilucidar las leyes y normas parentales, religiosas, políticas y culturales que determinaban la moral de las distintas sociedades del planeta. En palabras de ^{Palerm (1987)}:

Los primeros grandes etnólogos modernos fueron juristas en su mayoría: Bachofen, Maine, McLennan, Morgan. Sin ellos, resulta imposible comprender tanto el resurgimiento de la etnología, como los temas predilectos de los etnólogos del siglo XIX y de la antropología social del XX (familia, parentesco, herencia, sociedad, etcétera)” (p. 162).

Estos pioneros antropólogos juristas, entre los cuales podemos señalar sin problema a Federico ^{Engels (2013}) con su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, sintieron la necesidad de investigar lo social, y lo cultural en general, a través de las leyes internas, implícitas y explícitas que rigen la vida de las sociedades tradicionales. La antropología jurídica tuvo un derrotero particular en donde se vieron involucrados diversos antropólogos a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI.³

Antecedentes

Como ya se mencionó, los pueblos yaquis se vieron involucrados en un conflicto para decidir si el gasoducto era viable y conveniente para la colectividad, a sabiendas de que en el planteamiento del proyecto original no se mencionaba ninguna derrama económica trascendente para la comunidad. A partir de 2014 se iniciaron las consultas para decidir de manera “informada” la construcción del gasoducto que atravesaría su territorio ancestral (^{Acta de asamblea, 2014}). Tal como los yoemes la definen, “la tribu” yaqui habita, en la actualidad, en el sur de Sonora en los municipios de Cajeme, Guaymas, Bácum y Empalme.⁴

Este pueblo indígena ha persistido en sus asentamientos y su cultura desde el primer contacto con las avanzadas españolas de finales del siglo xvi (^{Padilla, 2009}; ^{Fabila, 2012}). En términos culturales, los yaquis o yoemes, como ellos mismos se denominan, forman parte de conglomerado regional étnico donde se ubican otros pueblos indígenas como los mayos o yoremes, los seri o comcáac, los guarijíos o macurawe, los pápagos o tohono o’odham y los pima, u o’oba, al igual que los desaparecidos nevomes, eudeves, ópatas, que, entre otros pueblos, vieron fenecer su cultura durante los años de conquista y colonización de lo que hoy llamamos el estado de Sonora (^{Moctezuma, 2013}; ^{López et al., 2013}; ^{Olmos, 2011}).

La persistencia y resistencia de la tribu yaqui ha sido posible por diversos fenómenos propios de su cultura y organización social, entre los que podemos citar su identidad, su fortaleza lingüística, su organización militar y religiosa, sus representantes populares de gobierno, así como sus estrategias de lucha frente al embate del mundo externo y del Estado mexicano en específico, que a partir del siglo XIX, y durante el siglo XX, aplicó múltiples políticas de exterminio, despojo e invasión de su territorio (^{Padilla, 2011}). Hay que destacar que la tribu yaqui es el único pueblo indígena de México que posee autonomía de su territorio en términos políticos y culturales (^{Velasco, 2015}). Esto se consiguió mediante el reconocimiento de tierras otorgado a la tribu yaqui en 1940, por el entonces presidente de México Lázaro Cárdenas (^{DOF, 1940}).

La organización contemporánea de la tribu yaqui proviene principalmente de la experiencia colonizadora con las misiones jesuitas, pero sobre todo de la cultura que desarrollaron desde tiempos anteriores a la llegada del hombre europeo. Los ancestros de lo que hoy denominamos tribu yaqui eran agricultores ocasionales, recolectores y cazadores que vivieron dispersos hasta la llegada de los primeros misioneros en el siglo XVII, quienes los congregaron en los ocho pueblos que existen hasta el día de hoy (^{Pérez de Ribas, 1985}). De acuerdo con algunas fuentes, en el siglo XVII el territorio tenía una extensión muy superior a la que se le certificó en 1940 durante el cardenismo. La lógica imperante hasta la llegada de los colonizadores era de franca dispersión, pese a que los habitantes solían concentrarse en algunos caseríos a lo largo del río Yaqui. Por esta razón, su antiguo territorio no tenía fronteras definidas como las tiene hoy en día. A partir de la construcción de los ocho pueblos, en la segunda década del siglo XVII, inicia una nueva concepción de los espacios humanos y de la propiedad de la tierra.

Organización social yoeme

La organización interna de la tribu yaqui es posible resumirla en tres campos generales: 1) la organización civil, de gobernadores y pueblo mayor, 2) la organización militar de capitanes, tenientes y sargentos, y por último 3) la organización religiosa o kohtumbre, que incluye Capitán de Caballería, Pilato y los Judíos; a pesar de que entre estas últimas agrupaciones es posible encontrar entrecruzamientos sobre todo en periodo de cuaresma y en las fechas específicas del calendario festivo y ritual (^{Moctezuma et al., 2013}). Por último, se encuentra la Asamblea o Consejo, y la tropa que toma las decisiones en conjunto con las autoridades tradicionales, cuyas disposiciones comunitarias se acuerdan por consenso y de ningún modo por mayoría simple (^{INAH, 2015}; ^{Figueroa, 1993}).

Las autoridades tradicionales de cada pueblo se rigen por un gobernador, el Pueblo Mayor, el Capitan, el Comandante y el Secretario, esta estructura se presenta en cada uno de los ocho pueblos de la tribu yaqui. En la época contemporánea, como consecuencia de la división de algunos poblados, o intromisión de las autoridades municipales y estatales en el territorio yaqui, se han creado sedes alternas de los pueblos tradicionales en donde se ha incrementado la presencia de la población yori,⁵ o no indígena. Este es el caso de Cócorit y Bácum, al ser la Loma de Guamúchil y la Loma de Bácum los pueblos que sustituyeron la representación legal de estas comunidades. Sin embargo, como bien lo ha señalado ^{Lerma (2009}, ²⁰¹⁵⁾, existen más de ocho autoridades tradicionales que por cuestiones logísticas del ejercicio de la normatividad, como es el caso del pueblo de Vícam y la Estación Vícam, poseen autoridades distintas y cada una tiene representante como pueblo yoeme.

Cultura y territorio

El territorio de la tribu yaqui, desde tiempos anteriores a la conquista, ha tenido fronteras naturales, con las cuales los yoeme se reconocían como individuos en el interior del territorio y se diferenciaban de otros pueblos vecinos. Dichas fronteras no eran como las líneas divisorias de la actualidad, sino vastas extensiones de tierra. A diferencia de los linderos contemporáneos, las fronteras antiguas, pese a su existencia material, no eran infranqueables, eran transitables. La forma comunal de posesión de la tierra es una forma antigua de administración, y esta se ha mantenido con pequeños cambios. Las transformaciones radicales no están en la organización y administración del territorio, sino en el reconocimiento que el Estado mexicano ha tenido con respecto a la organización interna. Existe el caso emblemático del reconocimiento que otorgó Lázaro Cárdenas en 1940 a la tribu yaqui, en el que se le restituyeron 474 555 hectáreas. Aunque en los hechos esto no era otra cosa que una declaración legal manifiesta del gobierno mexicano, de una posesión que se tenía desde tiempos muy antiguos, ya registrado por los primeros religiosos y colonizadores del noroeste mexicano (^{Cárdenas, 1939}; ^{DOF, 1940}).

El territorio original de la tribu yaqui era muy distinto al de la actualidad. Hasta antes del siglo XIX es difícil conocer los linderos de su territorio. Los individuos vivían dispersos y no conocieron la concentración de casas hasta que fueron establecidos en los pueblos de misión (^{Lerma, 2015}; ^{Figueroa, 1993}). La visión del mundo, que perdura hasta nuestros días, con muchos de sus elementos originarios, estaba basada en la percepción amplia del espacio, y las concentraciones de población no existían en términos de pueblos. Posterior a la entrada del catolicismo y de las misiones, en particular la jesuita, los yoemes refirieron el juya ania, o mundo del monte, como una instancia física, pero sobre todo religiosa, que involucraba no solo al monte en el que vivían dispersos originalmente, sino que significaba un universo imaginario y de creencias religiosas en donde guardaban celosamente sus conocimientos más antiguos con los que hoy en día mantienen una relación muy íntima (^{Olmos, 2011}; ^{Spicer, 1994}; ^{Moctezuma et al., 2015}; ^{Olavarría 1989}, ²⁰⁰³).

La complicación para entender el mundo yaqui inicia cuando pretendemos concebir el espacio desde la lógica geométrica, ya que si bien, el juya ania o mundo del monte evoca una dimensión precristiana de la vida silvestre, no es posible ubicarlo en un plano geométrico, por el contrario, es producto del universo de creencias ncestrales, y que, de la misma manera como se presentan en otras religiones lugares sagrados intangibles, posee algunos puntos geográficos, pero estos refieren una concepción imaginaria sobre el origen de las cosas, de los individuos y del universo (^{Olmos, 2005}; ^{Giddings, 1993}). No obstante, en términos geológicos, el territorio de la tribu yaqui está compuesto por la Sierra del Bacatete, La Costa y, sobre todo, el río Yaqui. De acuerdo con el documento de reconocimiento oficial del gobierno mexicano se menciona lo siguiente:

Ajustándose al plano aprobado y suscrito por este Ejecutivo Federal, plano que se anexa como complemento de esta resolución, el desmonte y amojonamiento de las tierras que se restituyen a la Comunidad Indígena Yaqui, Sonora, se ejecutará siguiendo los linderos que a continuación se precisan: a partir de la punta sur de la Isla de Lobos, con rumbo noreste, hasta llegar al vértice suroeste del cuadrilátero de San José; de este punto, con rumbo norte, por el lindero occidental del cuadrilátero mencionado, se pasa el río, aguas arriba, hasta llegar al punto en que esta margen cruza el lindero sur de los terrenos de Buenavista; de este cruce, siguiendo el lindero sur señalado, hacia el poniente, hasta la esquina suroeste de los referidos terrenos de Buenavista; de este punto, por todo el lindero occidental de los repetidos terrenos de Buenavista, con rumbo noreste, hasta la esquina noroeste de estos mismos terrenos; de este punto, en línea recta, con rumbo noroeste, hasta llegar al lugar denominado Sahuaral; de este punto, línea recta, con rumbo noroeste hasta el picacho Moscobampo, de este punto línea recta, con rumbo suroeste, pasando por la estación del Ferrocarril Sud-Pacífico llamada “Las Guásimas”, hasta el litoral del Golfo de California, incluyendo la Isla de Lobos, hasta llegar al punto de partida (^{DOF, 1940, p. 11}).

Los linderos de los antiguos grupos se definían por mojoneras simbólicas y de carácter religioso y cosmogónico, es decir, sus confines a menudo referían a personajes propios de su cultura mítica y religiosa. No obstante, los antiguos yoemes sabían en dónde terminaba su territorio en relación con los grupos vecinos. Por tradición oral, los yoemes señalan que su territorio estaba más allá de Guaymas, lo cual indica que conocían también los límites con otros pueblos como los comcáac o seris, así como de los yoremes o mayos del sur, a partir del río Mayo, en un espacio que denominaban el mayoa o el lugar del límite sur del territorio yaqui. En el documento de 1940, en su segunda cláusula, señala: “La tribu yaqui podrá disponer, durante cada año agrícola, hasta [de] la mitad del caudal que se almacenará en la presa de ‘La Angostura’ para fines de riego de sus propias tierras” (^{DOF, 1940, p. 11}).

Tenencia de la tierra

De acuerdo con información de campo obtenida durante largas estancias en la región, el territorio yaqui de ninguna manera puede ser fraccionado. Posterior al reconocimiento territorial se ha intentado vender algunas parcelas colectivas con muy malos resultados. Al final de la década de los ochenta del siglo pasado hubo varios intentos de algunos políticos yaquis de fraccionar y vender parcelas del territorio. Dichos casos fueron castigados con azotes o incluso el destierro de quien intentó vender una propiedad de la tribu. La identidad del pueblo yaqui está íntimamente ligada a la tierra. La asociación entre el territorio yoeme y los ancestros milenarios, evoca de forma directa la dignidad de los guerreros que dieron la vida defendiendo el territorio. Esta percepción del territorio como defensa de su dignidad está muy vigente en cada uno de los habitantes de los ocho pueblos yaquis. La noción de venta de tierras evoca irremediablemente la traición hacia los orígenes de su cultura, de su territorio y de sus ancestros. En 1987 el testimonio de doña Juanita, habitante de Cócorit, lo precisa:

Mis padres fueron llevados en el año de 1907, forzados -a fuerzas -; aquí dejaron sus casas, sus fincas, y sus cosechas de no llevar ni un grano de nada. Los calumniaron porque dijeron que era de la sierra y no, ellos sembraban al margen del río, y aquí ellos vendían sus cosechas hasta Guaymas o a Hermosillo, donde lo podían vender para su sustento (^{Ríos, 1994, p. 71}).

En el territorio de la tribu yaqui no existe el fraccionamiento como es común en las ciudades urbanas mestizas, o de los yoris. En algunos casos se han hecho concesiones para vivienda de mestizos en territorio de la tribu, pero estas se realizaron con permisos excepcionales que los gobiernos de los ocho pueblos hicieron a algunas familias externas que demostraron su calidad moral de acuerdo con la normatividad de la tribu. Empero, dichas concesiones pueden ser expropiadas en cualquier momento.

El territorio es comunal, este puede ser heredado de padres a hijos en circunstancias precisas. Con todo, una “pareja mixta”, de un hombre yaqui casado con una mujer yori que no pertenezca a la comunidad, sí puede estar en condiciones de heredar un solar. Sin embargo, si en la pareja el hombre es el yori o mestizo, no es posible que tenga posesiones en el interior del territorio. A menudo se impone la regla de residencia matrilineal posterior al matrimonio, es decir, la pareja suele vivir en la casa de los padres de la mujer, y no en la casa de los padres del hombre.

Las tierras para siembra se reservan a gente prestigiosa de la comunidad que no tenga algún ancestro que haya tenido antecedentes de traición a la tribu yaqui durante el periodo revolucionario o posterior. La distribución y concesiones territoriales en el territorio yaqui tienen dos componentes fundamentales, uno interno y otro externo. Como se comentó, en el proceso interno las autoridades tradicionales son las que proveen de tierra a los individuos y también las mismas autoridades las encargadas de valorar las solicitudes de tierras de acuerdo con la normativa interna de cada pueblo y de sus autoridades tradicionales. En el caso externo, participa el pueblo yoeme y la tropa en asuntos de interés colectivo, más allá de la autoridad de cada pueblo, tratando siempre de resguardar el interés comunal y el patrimonio que concierne a los ocho pueblos de la tribu.

Política territorial

En virtud de que el territorio es indivisible e inalienable, la estrategia para la defensa e integridad de la tribu yaqui ha sido una de las reivindicaciones más fuertes del pueblo yaqui a través de la historia. Hay testimonios en la comunidad de Belem que especifican el espíritu de lucha e integridad colectiva de la tribu:

[…] en aquel tiempo antes de que yo naciera, y después que nací, ya de pequeño escuché de los mayores que en aquellos tiempos, ellos (los yoemes) andaban en la sierra y platicaban que se reunían en los pueblos Ráhum, Huirivis y Belem junto con el pueblo de Pótam. En Pótam hubo un asentamiento de los pueblos Ráhum, Huírivis y Belem cuando se hizo la paz ahí, estando ya reunidos esos pueblos se sentaron a dialogar con la autoridad y para pedir licencia a las autoridades y a los habitantes del pueblo. Ahí donde está la “Pitahaya en el agua” quisieron arrimarse o asentarse, pero allá en el pueblo de Belem no había agua. ¿Qué íbamos a tomar? Era muy trabajoso y así lo platicaron, lo dijeron aquellos señores. Los que viven en el pueblo de Pótam pidieron permiso al pueblo de Belem, a las autoridades presentes, para asentarse ahí en lo que ahora es Pitahaya; mandaron una comisión al pueblo, ahí se quedaron y desmontaron todo donde estaba la “Pitaya en el agua” (R. Valencia, comunicación personal, julio de 1999).⁶

Las autoridades tradicionales, incluyendo las militares, los gobernadores y la tropa yoeme, en su conjunto, toman las decisiones para defenderse de alguna invasión al territorio de la tribu. Así lo demuestra la historia de las injerencias que ha tenido el gobierno mexicano desde el Porfiriato, el periodo revolucionario y postrevolucionario (^{Padilla, 2009}). Las decisiones que se tomen tanto para la defensa de territorio como en los proyectos de gran impacto cultural en el territorio de la tribu yaqui, como el gasoducto Guaymas-El Oro, debieron ser analizadas por asambleas de cada pueblo y la asamblea general de los ocho pueblos yaquis.

Aun cuando hubiera alguna diferencia entre uno de los pueblos con respecto a un acuerdo de los siete restantes, es necesario llegar a un acuerdo general. En las leyes de la tribu yaqui no existe la mayoría simple como en la sociedad mexicana. Los ocho pueblos deben dar sus argumentos sobre la injerencia de la iniciativa y llegar a acuerdos y consensos colectivos que beneficien a todo el territorio en su conjunto y a su población. Si uno o dos pueblos estuvieran en desacuerdo con la decisión de los demás, no se toma la decisión por mayoría, sino que deben agotarse todos los argumentos hasta que se tome un acuerdo entre todos los pueblos.

Destrucción del patrimonio biocultural

Las afectaciones a la cultura patrimonial yaqui, derivadas de la construcción del gasoducto son de diversa índole, algunas evidentes y otras no tanto. Las primeras son muy explícitas y se trata de violaciones sagradas al territorio de la tribu, como son los sitios que resguardan la memoria colectiva de los ocho pueblos, así como el daño ecológico que se intensificó durante la introducción de la tubería. Pese a todo, la afectación más importante para la tribu es la de haber sentado un precedente para futuras intromisiones de entidades y organismos externos a la cultura del pueblo. Sería la primera vez en la historia que se autorizara un proyecto de tal envergadura, el cual sentaría las bases para próximas incursiones de empresas a un territorio que no les pertenece.

Por otro lado, para introducir el gasoducto, se talaron árboles e importantes especies endémicas, utilizadas tanto para la medicina tradicional, como para la confección de objetos rituales utilizados tanto en las fiestas como en las ceremonias relevantes para la comunidad se vieron afectadas. Asimismo, el dictamen medioambiental (^{González y González, 2016}) informa ampliamente sobre las afectaciones tras la instalación del gasoducto a lo largo del territorio, también describen a profundidad las especificaciones técnicas y las medidas de seguridad con las que se realizó la obra en todo el territorio yoeme.

El ideal de promover este tipo de proyectos era la creación de planes económicos y culturales gestionados por la misma comunidad, que les permitiera a largo plazo reestructurar su cultura de acuerdo con sus propias necesidades. Sin embargo, si se compara las utilidades económicas para la empresa, cuyos montos serán de cientos de miles de dólares, el proyecto en realidad no aportaría una derrama económica de consideración para la tribu yaqui. Además, el hecho de haber generado división y violencia en el interior de las comunidades, lo cual fue un pésimo antecedente para la conclusión de dicho proyecto. El territorio de la tribu yaqui es concebido como una unidad, no solo en términos físicos y materiales sino en significados que pertenecen a su mundo espiritual y religioso.

La tribu yaqui, al igual que otros pueblos del Noroeste de México, posee un mundo espiritual en donde se generan sus creencias y costumbres que dan fundamento a su sociedad y a su religión. Es imposible establecer proyectos en un territorio con fuertes raíces asidas a la naturaleza o al monte juya aania, que significa literalmente el mundo de las ramas, que en otro sentido sería el universo vegetal o del monte, el cual dio origen a los surem, ancestros de los yaquis y del mismo pueblo yaqui. Este mundo juya aania no significa solo lo verde del monte o de las plantas, sino que es el fundamento de las creencias más sagradas de la tribu yaqui. A este mundo pertenecen los antepasados y en esta dimensión se ubican los conocimientos más sagrados vinculados con el origen de la tribu Yaqui y sus prácticas rituales y culturales, por lo que cualquier intervención de carácter intrusivo representa un atentado contra los valores morales y espirituales. La intervención en el monte sagrado o juya aania es un acto irreverente y de insolencia espiritual hacia los ancestros.

Si bien con la introducción del gasoducto surgen problemas por la destrucción o intervención material de espacios vinculados a la realización de ritos, o de demarcaciones relacionadas con representaciones míticas y religiosas, la afectación principal es la invasión de lugares sagrados, y con esto hago referencia a fenómenos intangibles que poseen dimensiones ancestrales, entre otras el juya ania, “el mundo original del monte”, el yoaania, “el mundo de los ancestros”, o el yojoara, “el lugar de encanto”; todos ellos enmarcados en lo que los yoemes o yaquis conocen como yo lutu’uria que significa la verdad antigua o la ley de los ancestros. La moral yoeme está regida por principios jurídicos religiosos y ancestrales que a veces no es posible plasmarlos en leyes concretas. Aun así, los yaquis como sociedad poseen fuertes principios de verdad, éticos y de interés colectivo. Dichas categorías representan, en algunos casos, conceptos y referencias a mundos sagrados e intemporales, que no poseen una frontera específica en términos geográficos (^{Olavarría, 1989}, ²⁰⁰³; ^{Spicer, 1994}; ^{Moctezuma et al., 2015}). En caso hipotético de que se introdujera el gasoducto Guaymas-El Oro, el territorio yaqui y su cultura religiosa se verían seriamente laceradas por intereses ajenos al grupo y cuyos beneficios, como objetivo final, sería la extracción de capital, involucrando al territorio ancestral y de la tribu.

Participación del pueblo Loma de Bácum

El pueblo tradicional de Loma de Bácum no otorgó su consentimiento para la instalación del gasoducto Guaymas-El Oro. De acuerdo con entrevistas a diversos actores del conflicto, se tiene información de que la empresa encargada de introducir el gasoducto pagó en Pótam 500 pesos a cada familia con el fin aparente de obtener su consentimiento para la construcción o de pagar una renta inicial (I. Castillo, comunicación personal, mayo de 2017). Se desconoce si se estaría pagando una renta fija por la introducción de dicho proyecto. En cuanto a la situación general, es claro que el proceso que siguió tanto la consulta como los acuerdos, algunos al margen del pueblo, provocaron severas divisiones en el interior de la tribu. Existe el testimonio de la división no solo de las autoridades de los ocho pueblos, sino que en el interior de Loma de Bácum también hay diferencias y estas son llevadas en muchas ocasiones al seno familiar, en donde algunos miembros se manifestaron a favor y otros en contra de la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro.

La consulta

Al no llegar a un acuerdo entre las partes y los ocho pueblos, no fue posible evocar un convenio sobre la construcción del gasoducto. Pese a que se realizó un intento de consulta, la cual no involucró a toda la comunidad, es evidente que todo el proceso fue empañado por intereses que están por encima del beneficio comunitario de la tribu yaqui (^{Sener, 2017}). De acuerdo con la documentación derivada de la consulta y de las asambleas comunitarias, parece que el proceso de consulta se llevó a cabo de manera democrática e informada (^{IEnova, 2014}; ^{Sener, 2015}), sin embargo, los testimonios demuestran lo contrario.

La instalación de proyectos de esta naturaleza es una intromisión ejemplar de la lógica de producción capitalista, sin importar las formas de producción y cultura tradicional propia de la tribu yaqui. Por otra parte, en la documentación referida al informe de la consulta para la construcción y operación del gasoducto Sonora, en su segmento Guaymas-El Oro, en particular en el acta marco de consulta previa, libre e informada con la tribu yaqui, sobre la construcción y operación del gasoducto, Sonora, segmento Guaymas-El Oro, fechada el 17 de febrero de 2015 hasta el acta del 28 de agosto de 2015, incluida la minuta sobre la situación del pueblo de Bácum, fechada el 20 de agosto de 2015 (^{Sener, 2017}); en estas, aparecen ausentes las firmas de las autoridades de Loma de Bácum. Por consiguiente, en ningún momento fue posible argumentar que se trata de un acuerdo y consenso comunitarios de los ocho pueblos de la tribu yaqui, que permitiera la construcción e introducción del gasoducto en el pueblo Loma de Bácum.

La consulta debió realizarse de acuerdo con los tiempos y plazos que fijaran las autoridades de la tribu, y de ninguna manera bajo presión de tiempo. También implementarse de acuerdo con las formas tradicionales de gobierno, usos y costumbres ancestrales, así como de la organización cotidiana de las agendas familiares, y de los individuos que la conforman. El proceso de consulta debió realizarse mediante mesas de trabajo que aseguraran la participación íntegra de la tribu yaqui, con información amplia sobre el proceso, ganancia colectiva en términos culturales, así como utilidades; en donde no quedara la menor duda para todos los miembros del pueblo yaqui, sobre los “altos” beneficios que pudiera haber traído dicho proyecto. No obstante, el proyecto fue inviable debido a que la construcción del gasoducto estaría violando la autonomía política que hasta ahora ha mantenido unida a la tribu durante siglos. La finalidad última de una consulta es conocer si la comunidad le otorga el carácter de beneficioso o dañino para la cultura y los habitantes de la tribu yaqui.

De acuerdo con algunos entrevistados (I. Castillo, comunicación personal, mayo de 2017; E. Molina, comunicación personal, mayo de 2017), estos refieren que en Pótam y otros pueblos se llevaron a cabo reuniones de trabajo de manera periódica. A pesar de todo, esto no indica que la comunicación haya sido eficaz y que hubiera existido consenso de los pueblos de la tribu. Como antropólogo puedo asegurar que, al no haber consultado a la población involucrada en dicho proyecto de “desarrollo”, su implementación estaba destinada al fracaso. Esta situación la he constatado en múltiples ejemplos. Las iniciativas de instituciones de gobierno han tenido, en muchos casos, resultados adversos y catastróficos cuando no se observan los usos y costumbres tanto de carácter material como intangible en el interior de cualquier etnia. A menudo esto no se debe a la mala voluntad de los participantes, sino al desconocimiento de la visión del mundo que posee dicho pueblo o cultura. En otras palabras, no está en cuestión la cantidad o sistematización de los procedimientos, sino que estos se adapten a las necesidades de usos y costumbres, en este caso de la tribu yaqui; en donde existe en el presente un profundo desconocimiento de los beneficios que aportaría la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro para cada uno de los miembros de los ocho pueblos.

A propósito de la consulta informada, en diversos eventos en América Latina, James Anaya consultor de la ONU y EXRELATOR especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “presentó más de diez reportes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los que desarrollan los estándares del derecho a la consulta previa, libre e informada” (^{Rodríguez y Baquero, 2020}).

En una primera instancia del proceso de consulta, se retomaron algunos elementos ya establecidos en la toma de decisiones y del gobierno tradicional de cada pueblo yaqui. Sin embargo, a partir de 2015 su desarrollo se enturbió por diversos actos violentos en Loma de Bácum, y de acuerdo con algunos testimonios, debido a la corrupción como arma de negociación de la empresa. Independientemente de los instrumentos jurídicos de carácter nacional o internacional, lo que determinaría la viabilidad de la consulta es la cultura misma del pueblo yoeme. La adecuación y accesibilidad de una consulta de carácter antropológico no se ciñe a las normas externas, sino que dependen de los usos y costumbres internos, y sobre todo de los acuerdos entre los afectados sin la intervención, en este caso, de autoridades ajenas a la tribu yaqui, y que, trayendo concepciones legales de otro orden jurídico, pretendan aplicarlas a la tribu, que posee otra lógica moral, social y religiosa de los procedimientos jurídicos y ontológica. De acuerdo con la información que aparece en el expediente, se presentan actas de asamblea en donde se resume la posición de algunos pueblos yaquis. Sin embargo, la Loma de Bácum invariablemente se encuentra ausente de dichos acuerdos (^{Sener, 2015}, ²⁰¹⁷).

De acuerdo con los testimonios, al inicio de la consulta hubo un esfuerzo importante por integrar los usos y costumbres de cada uno de los pueblos y del marco jurídico de la tribu yaqui (I. Castillo, comunicación personal, mayo de 2017; E. Molina, comunicación personal, mayo de 2017). Así lo demuestra una de las actas en donde se habla de una reconfiguración de la estrategia para la realización de la consulta. Sin embargo, por un lado, son abundantes los testimonios sobre la ineficacia de la consulta y la desinformación sobre la misma. Mientras que por otro lado múltiples informes sobre los pagos a familias y miembros de la tribu con el fin de obtener un acuerdo generalizado entre todos los pueblos yaquis, así como de sus instancias de decisión.

Como antes comenté, existió una tentativa de incorporar los usos y costumbres de la tribu yaqui con la finlaidad de reconfigurar la consulta, o al menos es lo que aparece en el escrito. Lo cual deja suponer que existió un proceso de información y auscultación. No obstante, a decir de los entrevistados (A. Carlón Flores, comunicación personal, junio de 2017; R. González, comunicación personal, junio de 2017; E. Lerma, comunicación personal, junio de 2017) dicha consulta resultó infructuosa por no involucrar a la población entera. Además, la negación de participar del pueblo de Loma de Bácum, desencadenó una serie de actos violentos sobre esta misma comunidad y sus habitantes, quienes se opusieron sistemáticamente a la implementación tanto de la consulta previa, como al gasoducto en su conjunto.

La consulta retomó en un primer momento los procedimientos establecidos en la cultura. Pese a ello, no se llevó a cabo de manera eficaz informando a cada uno de los miembros de la familia sobre los supuestos beneficios para la tribu yaqui. Es muy importante destacar que introducir un gasoducto en el territorio indígena del pueblo yaqui no es lo mismo que hacerlo en cualquier otro lugar del territorio mexicano, sin las características históricas de lucha y autonomía. En este caso no se trataba de concluir un proyecto sino de pedir permiso a un pueblo que se ha caracterizado por su férrea identidad y su espíritu de lucha y dignidad.

Impedimentos culturales y políticos de la obra

Es importante recalcar que, si bien pudo haber riesgos materiales en la obra, estos no tienen que ver con cuestiones materiales que permitan su implementación. El verdadero riesgo es de carácter intangible, y está vinculado como antes se comentó, con la violación de la autonomía territorial y de los espacios sagrados, no solo clasificados geográficamente, sino con la sacralidad en su conjunto como espacio sagrado perteneciente a la tribu yaqui. Pensar el territorio en términos geográficos es un esfuerzo banal apegado a nuestra forma de pensar el espacio desde una concepción geográfica en un plano, cuando la lógica territorial tiene un fuerte componente imaginario.

La construcción del gasoducto Guaymas-El Oro puso en riesgo a la tribu yaqui, por las condiciones materiales de operación y por la manera en que se estuvo construyendo el consenso. En caso de forzar los acuerdos, como en realidad se buscaba que sucediera, resquebrajarían las formas de gobierno que durante siglos han permitido la subsistencia de la tribu yaqui como pueblo autónomo e independiente.

El peligro real fue la posible desestructuración de su sistema político y religioso después de haber sufrido transformaciones externas. Dicho proceso dividió tanto a la sociedad de la tribu yaqui, incluidas las formas de gobierno de cada uno de los ocho pueblos, como a las familias que las constituyen. El riesgo de carácter material no proviene de las normas de seguridad o implementación técnica, sino de los procesos que fracturan el marco jurídico actual en el interior de su cultura. En este sentido, el peligro o riesgo de la construcción e implementación del gasoducto Guaymas-El Oro, era más de carácter cultural que técnico.

La consulta tuvo graves limitaciones, pero estas no fueron resueltas cambiando sus usos y costumbres con respecto a la lógica implementada por los encargados de realizar dicha consulta. El proceso fue inverso: modificar y adaptar la consulta de acuerdo con las formas que puedan resultar exitosas para la empresa al convocar y resolver en colectivo un problema con fuertes implicaciones en la vida comunitaria. Como antes lo planteé, el motor principal para llegar a un acuerdo sería haber dejado una derrama económica encaminada a plantear proyectos de desarrollo comunitario y solventar la construcción de servicios públicos y su permanencia, que tanta falta hace en las comunidades. La construcción del gasoducto Guaymas-El Oro no representaría una pérdida material de su territorio, sino de sus estructuras políticas y religiosas.⁷

El principal riesgo de la construcción y puesta en funcionamiento del gasoducto Guaymas-EI Oro dentro del territorio yaqui, lo mismo que cualquier otro proyecto ajeno a las necesidades culturales de la tribu yaqui, es provocar la desestructuración simbólica y espiritual del pueblo. Cuando un pueblo o un individuo pierden sus referencias políticas espirituales ancestrales, entran en un proceso de vertiginosa degradación cultural. Existen pueblos en diferentes partes del país que han entrado en esta lógica de destrucción y su proceso ha sido irreversible (^{Olmos, 2013}).

Es posible que el peligro para la vida y continuidad de la sociedad y de la cultura yaqui, en este caso, no se manifieste en términos materiales. Sin embargo, esto no significa que el peligro no exista. Por el contrario, los riesgos de desarticulación social son aún mayores. El primer escenario sería la aceptación de concluir el proyecto. De contar con dicha aprobación, habría múltiples consecuencias: lejos de encontrar un consenso colectivo se presentaría como una profunda división entre los ocho pueblos yaquis.

Aceptar la intromisión de un proyecto de esta naturaleza que ha violado la autonomía política y social de la tribu yaqui, sentaría un precedente muy negativo; sería la primera vez en toda la historia de la cultura yaqui que el gobierno federal forzara a firmar acuerdos de este tipo.

Con un antecedente de esta naturaleza, otros campos de su cultura podrían seguir una ruta similar, es decir, la construcción y puesta en marcha del gasoducto Guaymas-El Oro, vulneraría a la cultura yaqui en su conjunto y funcionaría como detonador para que otros campos pudieran ser intervenidos, por ejemplo, la alienación de tierras, intromisiones externas en la jurisdicción de la tribu yaqui, la intromisión de otro tipo de proyectos comerciales y de lucro empresarial de manera completamente unilateral, sin tomar en cuenta las decisiones colectivas desarrolladas y puestas en marcha por la tribu durante siglos.

Los macroproyectos en poblaciones originarias

En América Latina somos testigos de despojos territoriales en múltiples comunidades indígenas, que a menudo son formas de prolongación de los procesos de colonización y corrupción de marcos legales que han favorecido a los grandes capitales (^{De Araujo y Lima, 2018}). No es raro encontrar la imposición de macroproyectos que van de la mano con el asalto a las tierras, hechos vinculados con ecocidios de diversos tipos. En algunas investigaciones, en los últimos años, hemos registrado ecocidios asociados con macroproyectos que desplazan a miles de familias de su residencia original (^{Barabás y Bartolomé, 1992}).

Un macroproyecto se llevó a cabo en la región guarijía, al sur de Sonora, donde el gobierno mexicano rehabilitó en 2019 la obra de la presa Pilares, con la cual despojó al pueblo guarijío de su territorio original. La presa Pilares continuó su construcción a pesar de que durante varios años el proyecto estuvo en disputa con peritajes e investigaciones que mostraban toda la evidencia (^{Moctezuma, 2013}; ^{Aguilar, 2012}), de que su construcción implicaba la reubicación de la población guarijía, así como la inundación de sus tierras ancestrales.

Otro de los casos registrado fue el despojo de territorio del pueblo kumiai por el vitivinicultor L.A. Cetto, quien, de acuerdo con la investigación realizada en el documental Con el sombrero levantado hasta la frente, despojó al pueblo kumiai de San Antonio Necua, Cañón de los Encinos,⁸ de parte de su territorio original, en el cual se continúa sembrando parte de la vid con la que se producen sus famosos vinos (^{Olmos 2012}).

Con todos los macroproyectos que pueden variar en forma, pero el fondo sigue siendo el aprovechamiento energético con alta tecnología en contra de las formas de vida tradicionales de los pueblos originarios. En Chihuahua, Yucatán y varias r egiones de México los macropoyectos han sido una constante en el desarrollo político del país. El emblemático Tren Maya, que llevará capitales y desarrollo al sureste mexicano promovido principalmente durante la administración de López Obrador, no deja de ser un proyecto que pese a sus buenos objetivos alteró y laceró el medio ambiente natural de la península de Yucatán.

Por otra parte, en una investigación titulada “Espacios fronterizos y diversidad territorial en conflicto”, coordinada por el que suscribe, y publicada en 2022, estudiamos varios casos de despojos territoriales tanto en la región fronteriza de Tijuana y Ensenada en los grupos kumiais de San José de la Zorra, como en otras partes del país, tal como los destaca Emiliano Ignacio Díaz Carnero en su investigación sobre el conflicto socioterritorial de Santa María Ostula, y su lucha por su autonomía, en el estado de Michoacán, donde, al igual que en muchas partes del país el despojo de tierras está a la orden del día, con la excepción de que en este poblado la gente está bien organizada para defender su territorio.

La participación gubernamental en el litigio

En este recuento de eventos es importante dar testimonio sobre la participación de algunos actores del gobierno durante la presente investigación. La corrupción que envuelve estos casos, donde se juegan millones de dólares, no siempre sale a la luz pública. El amparo promovido por la tribu yaqui derivó en la realización de un peritaje elaborado en 2018. Este proceso fue marcado por los tiempos electorales, los cuales fueron cruciales en años posteriores para el desarrollo de la democracia en México. La candidatura a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador marcaría todos los espacios políticos de negociación en relación con los proyectos otorgados a la iniciativa privada a lo largo de varios sexenios, estimulados por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2012 al 2018.⁹

Hay que señalar que previo al acompañamiento del gobierno federal para realizar esta investigación o peritaje, la convocatoria se me hizo llegar a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, esta experiencia se convirtió más en un acoso que en una ayuda desinteresada. El caso me lo refirieron a inicios de 2018 y pese a la gentil asesoría y participación desinteresada de colegas involucrados en peritajes previos, ocurrieron eventos de actores externos que generaron un clima hostil.

En primer lugar, el entonces encargado de la Secretaría de Gobernación en Sonora me comunicó que unas personas se pondrían en contacto conmigo para conversar sobre el gasoducto. Cuál fue mi sorpresa al saber que quienes me contactaron fueron los abogados de la empresa de gas, cuya llamada provenía de alguna ciudad de Arizona. La persona que me llamaba vía telefónica enfatizó que la empresa estaba perdiendo millones de dólares y que necesitaban hablar conmigo. Al escuchar esta insinuación corté de tajo su intención y lejos de aceptar su invitación, solicité al juzgado de Ciudad Obregón que transfiriera el expediente a la ciudad de Tijuana. Después de algunos trámites, pude recoger el expediente en el juzgado de la ciudad fronteriza.

Consciente de que los tiempos electorales afectarían las fuerzas políticas del poder judicial, el expediente del peritaje fue entregado al juzgado a finales de 2018, cuando ya se había ratificado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como la consiguiente derrota del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La narración de estos hechos no tendría ninguna relevancia si el proceso hubiera pasado sin novedad. No obstante, el acoso fue evidente durante la redacción del peritaje.

Alrededor de agosto de 2018 recibí varias llamadas y mensajes para “prevenirme” sobre las consecuencias en caso de no entregar el peritaje en las próximas semanas. De no hacerlo me haría acreedor a una multa de alrededor de 100 mil pesos por no entregar dicha investigación. Finalmente, la empresa de gas aceptó el dictamen para detener la construcción del gasoducto en el poblado de Loma de Bácum. Dicha resolución fue celebrada por los pueblos yaquis y aún se conmemora año con año este logro.

Conclusión

Las leyes de la tribu yaqui son muy claras: no es posible tomar decisiones de manera unilateral. Si bien no precisa los mecanismos puntuales para dirimir problemas de falta de consenso, si formula que cualquier proyecto que afecte la integridad del territorio yaqui debe tener la aprobación colectiva de todos los pueblos, y de ninguna manera es posible imponer una decisión a las comunidades sin buscar los canales del consentimiento social.

Ningún pueblo, incluyendo las cabeceras principales, tiene la facultad para imponer una ley o decisión que no sea aceptada por la colectividad. La democracia de la tribu yaqui significa la búsqueda del consenso y no la toma de decisiones unilaterales al considerar únicamente a la mayoría de los pueblos. El poder de cada pueblo se restringe a su comunidad y no puede ejercer presión sobre otros pueblos, como puede ocurrir en nuestro sistema político de tipo occidental en donde “el cabildeo” es una de las herramientas más socorridas para cambiar las leyes y las disposiciones políticas. Este tipo de contexto político -hasta donde alcanzan mis referencias y conocimientos de su sistema jurídico de la tribu yaqui no existe- no es posible. Como antes se señaló, en ningún momento pueden imponerse leyes apoyadas por la mayoría si no se tiene el consenso de los ocho pueblos a través de las autoridades tradicionales, la tropa, así como del pueblo mayor.

En este escenario es imposible que los pueblos en su conjunto hubieran obligado al pueblo de Loma de Bácum a firmar un acuerdo cuyo proceso fue precipitado y en algunos casos improvisado. Hasta hace unos años antes de que se declarara la inviabilidad de dicho proyecto y se frustrara un acuerdo forzado entre los ocho pueblos sobre la culminación de la obra, esta situación desencadenó una violencia inusitada en la región, en particular en el pueblo de Loma de Bácum. Con este antecedente difícilmente se hubiera podido resarcir el daño causado a las familias y a la misma cultura política de la tribu yaqui.

Las autoridades de Loma de Bácum argumentaron que no existían las condiciones para realizar una consulta y que en caso de que esta se llevara a cabo, sería una simulación. Conociendo de antemano la estrategia política para realizar dicha consulta, sus autoridades prefirieron no participar, al tener una posición política contraria a la introducción del gasoducto. Esto no representó una postura de inflexibilidad, sino que dadas las condiciones en las que se realizó dicha consulta, aunado al escenario de violencia y hostigamiento, diversos testimonios aseguraron que esta operación estaba encaminada al fracaso o a la simulación de acuerdos colectivos

La concepción de la modernidad cultural de las sociedades urbanas, en este caso en el contexto regional, no es la misma que afecta a la cultura de los pueblos yoemes de la tribu yaqui. La ontología yoeme yaqui es diferente a la razón capitalista, su desarrollo garantiza que el yo luturia, o la verdad del tiempo antiguo, se consolide de manera paulatina y legitime su sistema normativo.

Si no entendemos los procesos culturales y las necesidades históricas del pueblo yaqui, es difícil plantear un proyecto de progreso social, puesto que el mismo concepto de “desarrollo” o “progreso” está elaborado de acuerdo con nuestros preceptos ideológicos y no por los conceptos elaborados por la propia tribu yaqui. Lo que para la cultura moderna de tipo urbano representa un avance tecnológico o de modernización social, en muchas ocasiones se trata de un retroceso para otra cultura, la yaqui en este caso. Las estructuras organizativas de representación de la realidad, no podemos transformarlas en función de necesidades ajenas al grupo, sino a partir de su propio ser.

La nueva visión de los mundos posibles atraviesa por una nueva ontología política, una cosmopolítica, envuelta en alteridades diversas, que esté lista a establecer comunicación con los otros, a pesar de ser divergentes. Por lo tanto, estamos conscientes de que en esta diversidad es necesario dar la palabra a aquellos que normalmente no tienen voz; como sujetos humanos y como partes dependientes de un sistema cultural y ecológico. Por lo mismo, no hay razones que justifiquen las revisiones, aclaraciones o cambios de sus propias estructuras organizativas de representación política interna, o de consulta con respecto a la implementación de un macroproyecto.

A propósito de las necesidades internas, hay que precisar que no todas las tradiciones y necesidades surgen de contextos filosóficos sabios y preestablecidos armónicamente. Existen elementos que muchas veces necesitan de la educación y de la evaluación de prácticas institucionales, como sería el caso de una cultura de la salud, así como de la educación contra la violencia interna en sus múltiples manifestaciones; o el alcoholismo, entre otros problemas de carácter interno. No obstante, las transformaciones de hábitos y costumbres, así como aspectos religiosos y tenencia de la tierra son tan sensibles, que sería imposible realizar innovaciones o concesiones a terceros, ya que se tiene información de que la transgresión de dichos principios ha puesto en peligro la sobrevivencia del grupo.

Como se mencionó, el macroproyecto se detuvo, sin embargo, al final del periodo la gobernadora de Sonora, Pavlovich, anunció, antes de dejar el cargo, que los trabajos serían desviados hacia la sierra de Chihuahua, tal como se informó a través de los medios locales a finales de 2023 (^{Forbes, 2023}).