Introducción

El presente artículo tiene como objetivo profundizar en los proyectos que fraguó el ayuntamiento de San Luis Potosí para tener mayor autonomía política frente a los ideales de centralización de los obispos de Michoacán en su capital, Valladolid, después de la expulsión de los jesuitas en 1767. El análisis lo hago a partir del caso de estudio de lo que fuera el antiguo colegio de la Compañía de la ciudad, así como los planes locales de establecer una nueva diócesis con sede en San Luis Potosí, independiente del obispado de Michoacán. De esta forma, se analizará la relación de la ciudad con el obispado de Michoacán y las pretensiones de independencia de San Luis Potosí frente a la diócesis, ya que dichas demarcaciones representaban las divisiones políticas básicas de la Nueva España (^{O’Gorman, 1966, pp. 4-8}). Para ello, estudiaré, en un primer momento, la situación educativa y política de la ciudad antes del extrañamiento, para detenerme después en los debates en torno a los proyectos que había con el excolegio jesuita de la ciudad y su enfrentamiento con la mitra michoacana.

Esta pugna se insertaba en un proceso de secularización eclesiástica en el cual el monarca, por medio del derecho que le otorgaba el patronato regio, buscó afianzar su poder en la Iglesia americana. En dicho proceso, el obispado de Michoacán buscaba mantener su unidad, por lo que puso resistencia ante cualquier deseo de autonomía política de San Luis que debilitara al gobierno central del obispado, por el peligro que corría al dividirse en dos.

El problema político se examinará a partir de las tensiones y debates que surgieron en torno a dos proyectos educativos que nunca lograron consolidarse en lo que fuera el antiguo colegio jesuita de San Luis Potosí: la disyuntiva entre crear un seminario conciliar o erigir tres escuelas de primeras letras para la educación y crianza de niños y niñas. En caso de haber tenido éxito, el seminario conciliar habría sido un caso singular en la Nueva España y en la América española, pues, para ese momento, no había ningún precedente en Indias de que una diócesis tuviera dos seminarios conciliares.¹ Por otra parte, en la época existía un auge de las escuelas de primeras letras en el que los ayuntamientos desempeñarían un papel fundamental, lo cual generó disputas entre los dos proyectos. Asimismo, se prestará especial atención a los actores involucrados en los debates, como el ayuntamiento de San Luis Potosí, el obispado de Michoacán, el virrey y, posteriormente, la intendencia de San Luis Potosí. Los intereses de todos ellos pueden ser difíciles de catalogar como uniformes y, a menudo, presentaban contradicciones internas.

Hasta el momento, no he encontrado ningún trabajo que analice los enfrentamientos en torno a los dos proyectos educativos y la creación de la diócesis de la ciudad, así como los actores e instancias que los defendían o los atacaban. Hoy sabemos que el seminario conciliar de San Luis Potosí nunca se fundó y que, al parecer, las dos escuelas de niños y una de niñas abrieron temporalmente en el edificio que perteneció al antiguo colegio jesuita. Por ello -a diferencia de la historiografía centrada en los proyectos educativos de antiguos colegios jesuitas que lograron materializarse con éxito (^{Ríos, 2002}; ^{Hidalgo, 2010}; ^{Hidalgo, 2014})-, la relevancia de este artículo reside en el estudio de las discusiones acerca de la apertura de un colegio jesuita que no volvió a abrir sus puertas.

Focalizar la atención en este problema no solo apunta a los debates entre la mitra de Michoacán y el colegio, sino que también nos lleva a indagar los problemas de educación y la búsqueda de autonomía política al querer crear un seminario conciliar. De esta forma, más que considerar la imposible reapertura del excolegio de San Luis Potosí como un fracaso, mi objetivo es analizar, en este estudio de caso, la complejidad de las problemáticas políticas y sociales que caracterizaron a esta ciudad de provincia durante la época de las reformas borbónicas.

La relevancia de examinar la educación en San Luis Potosí en el siglo XVIII no solo se debe a que la mayoría de los trabajos sobre la educación en la diócesis de Michoacán se han enfocado en su capital, Valladolid (^{Jaramillo, 1989}; ^{Herrejón, 2010}), también radica en que, a pesar de no haber sido una capital diocesana, fue una ciudad que peleó por tener mayor independencia política, la cual se reflejó en el terreno educativo, aun con las trabas que le impusieron los prelados michoacanos y los virreyes de la Nueva España.

Existen indicios que nos permiten intuir la importancia de adentrarnos en el asunto. Después de haber investigado sobre la secularización educativa en el obispado de Michoacán una vez consumado el extrañamiento jesuita, advertí que en San Luis Potosí se desarrollaron los debates más polémicos de todos los antiguos colegios.² A pesar de que entonces se sostuvieron acaloradas discusiones en torno a la posibilidad de abrir un seminario conciliar en la ciudad, no he encontrado trabajos que estudien las pretensiones autonomistas de San Luis Potosí a la luz de este polémico proyecto.

Recientemente han aparecido algunas investigaciones que demuestran las aspiraciones políticas que tuvo la provincia durante las reformas borbónicas, pero no he visto ninguna que las analice desde el terreno educativo. Dichas investigaciones se basan principalmente en la relevancia que tuvo San Luis Potosí como frontera política entre las Audiencias de México y de Guadalajara, las Provincias Internas de Oriente, desde la segunda mitad del siglo XVIII, así como las diócesis de Guadalajara, México, Michoacán y Linares (^{Bernal, 2019}).

Aunque, como ya dije, no he encontrado estudios que aborden la educación de San Luis Potosí en la segunda mitad del siglo XVIII, existen valiosos indicios que me sirvieron como punto de partida para la investigación. Hace unas décadas, Dorothy Tanck, en un comentario sugerente sobre el papel educativo que tuvo San Luis Potosí en la segunda mitad del siglo XVIII, afirmó que se adelantó a la ciudad de México en el establecimiento de escuelas municipales (^{Tanck, 1985, p. 68}). Esta referencia es sumamente reveladora, ya que subraya las aspiraciones educativas que tuvo la ciudad durante el reformismo borbónico. También marca una pauta para descentralizar la historia de la educación de la ciudad de México, pues la autora ya había resaltado la estrecha relación que existió entre el ayuntamiento de la capital con la apertura de escuelas municipales (Tanck, 1977).

Por otra parte, hay menciones aisladas que demuestran la situación de la educación en la región de San Luis Potosí durante toda la época novohispana. A finales del siglo XIX, Francisco Peña mencionó que en la época virreinal “San Luis no tuvo elementos propios de la enseñanza superior, fuera de la que se daba desde antes en el colegio de franciscanos y en el colegio de jesuitas” (^{Peña, 1894, p. 14}). A los pocos años, Manuel Muro habló de la situación educativa de la ciudad después de la expulsión; subrayaba que en el edificio perteneciente al antiguo colegio jesuita se habían abierto tres escuelas a finales del siglo XVIII, las cuales volvieron a cerrar al poco tiempo (^{Muro, 1899}).

Ya en el siglo XX, el jesuita Gerard Decorme mostró una visión pesimista de la educación novohispana a partir del extrañamiento al referir: “Nada o casi nada, se vuelve a oír de los colegios de Zacatecas, Guanajuato, León, Celaya, Parral, S. Luis Potosí, Valladolid, Pátzcuaro, Chiapas, Chihuahua, Campeche y aun Guatemala, Habana, Puerto Príncipe y Veracruz” (^{Decorme, 1941, I, p. 491}). Y, en efecto, todo parece indicar que las instalaciones del que fuera el colegio jesuita de San Luis Potosí no volvieron a funcionar hasta los últimos años del siglo XVIII, aunque las escuelas de niños y niñas no lograron consolidarse.

Todas las menciones anteriores, a pesar de ser pocas, destacan a los jesuitas como un elemento clave de la educación de la ciudad, aun cuando su colegio fuera uno de los más sencillos de la provincia, ya que únicamente ofrecía cursos de gramática latina (^{Reynoso, 2018, p. 51}). Sobre la historia del colegio, existen trabajos que considerar, que se centran en su fundación y en el destino de su biblioteca (^{García Aguilar, 2016}; ^{Hernández Soubervielle, 2020}), la relación que tuvo con el clero secular (^{Hernández Soubervielle, 2014}), la erección de la capilla del Rosario (^{Hernández Soubervielle, 2009}), hasta su desarrollo y las clases que impartía (^{Vázquez Solorio, 2022}); sin embargo, como mencioné, no he encontrado ninguno que indague qué pasó después con el edificio y mucho menos he visto alguno que se adentre en los debates educativos antes mencionados. Por ello, en este artículo intentaré dar posibles respuestas a estas dos últimas situaciones.

San Luis Potosí: la provincia y el colegio jesuita previo a la secularización de doctrinas (1592-1749)

Después de la conquista del área que en actualidad conocemos como Mesoamérica, los frailes de las órdenes de San Francisco (1524), Santo Domingo (1526) y San Agustín (1533) establecieron conventos en los principales pueblos de indios en el centro del hoy territorio de México. Tiempo después, con el descubrimiento de minas de plata en Zacatecas en 1546, localizadas en un territorio inhóspito que había que controlar, inició con fuerza el avance hispánico al norte del virreinato, el cual inauguró un conflicto entre los indios de aquel territorio y el orden colonial, enfrentamiento conocido como la guerra chichimeca (^{Powell, 2014}).

Posteriormente, con motivo de afianzar la Iglesia novohispana a los cánones impuestos por el Concilio de Trento (1545-1563), se llevó a cabo el Tercer Concilio Mexicano de 1585, en el que se debatió la licitud de hacerle o no la guerra a los chichimecas para atraerlos a los modos de vida occidental. En el concilio se decidió que someterlos por medio de las armas no era la solución, sino que era necesario sujetarlos por la vía pacífica, por medio de misiones y el establecimiento de más poblados españoles. Fue después de dicha resolución cuando la Compañía de Jesús, orden religiosa que llegó a Nueva España en 1572 con el objetivo de fortalecer al clero secular y el patronato de Felipe II en América, comenzó su incursión de forma permanente en el septentrión novohispano, donde fundó sus dos primeras misiones en 1592: Zacatecas y Sinaloa (^{Abascal Sherwell, 2022b, p. 79}).

Pero antes de su avanzada al norte, los jesuitas ya habían abierto el colegio de México en la capital (1573), el Colegio Máximo de la Provincia de México, en el que enseñaban todos los saberes de la preparación jesuita (humanidades, filosofía y teología escolástica) y al que también acudieron seglares a estudiar. Un año después fundaron su primer establecimiento fuera de la capital, la misión de Michoacán, en Pátzcuaro, entonces sede de la diócesis de Michoacán. La capital obispal pasó a Valladolid en 1579, donde los jesuitas abrieron un nuevo colegio, y Pátzcuaro quedó como una residencia supeditada al nuevo colegio vallisoletano (^{Abascal Sherwell, 2022, p.}).

La mitra michoacana abarcó el territorio del antiguo reino tarasco, El Bajío y el Potosí mexicano (^{Mazín, 2018, p. 424}). A finales del siglo XVI, como parte del programa de control virreinal promovido después del concilio, en un momento en el que se reducía a los naturales en congregaciones y los franciscanos de la provincia de Zacatecas llevaban indios tlaxcaltecas a colonizar los territorios recién pacificados del norte, la población de San Miguel Mexquitic -considerada la más importante entre la capital y Zacatecas- crecía en número de habitantes. No obstante, dejó de tener dicha relevancia cuando Miguel Caldera fundó de forma permanente en 1592 el pueblo y minas de San Luis Potosí, localizado a cinco leguas de San Miguel Mexquitic, con Juan de Oñate como su primer alcalde mayor (^{Hernández Soubervielle, 2020, p. 17}; ^{Bernal, 2019, pp. 38-39}).

Desde su fundación, San Luis Potosí se ubicó en una zona de frontera de jurisdicciones políticas y eclesiásticas. Si bien se encontraba dentro de los límites de la Audiencia de México y de la diócesis de Michoacán, los linderos de ambas eran muy imprecisos: algunas áreas de la provincia potosina eran reclamadas por la Audiencia de Guadalajara, o bien por los otros dos obispados con los que colindaba la provincia de Potosí, los de México y Guadalajara. Este problema generó tensiones políticas y negociaciones entre las élites locales, las autoridades civiles y eclesiásticas de la zona. Es necesario subrayar que, debido a la poca rigurosidad de los límites que existían en la Nueva España en los siglos XVI y XVII, fue común que algunos territorios cambiaran de jurisdicción (^{Bernal, 2019, p. 43}; ^{Peter, 1986, pp. 241-242}; ^{Hernández Soubervielle, 2014, pp. 40-44}).

El establecimiento del pueblo de San Luis Potosí coincidió con una segunda etapa de desarrollo de las órdenes mendicantes en el virreinato (1570-1630), en un momento en el que la apertura de conventos se llevaba a cabo en ciudades españolas, y ya no en las comunidades indígenas. Fue así como se fundaron los conventos de San Francisco (1591) y San Agustín (1599) en San Luis Potosí, donde los frailes atendieron la doctrina de indios de los barrios del pueblo (^{Brading, 2015, p. 40}; ^{Melvin, 2012, pp. 24, 154}). Por su parte, los franciscanos abrieron en su convento una escuela para niños indios y después, en 1624, los agustinos establecieron una escuela de gramática para niños (^{Muro, 1899, p. 5}).

Fue en esos años de expansión de las órdenes religiosas en contextos urbanos cuando las élites locales potosinas pidieron el arribo de la Compañía de Jesús al solicitar a las autoridades de la orden la apertura de un colegio en el que se educaran los hijos de aquéllas. Así, durante su avanzada al norte, los jesuitas planearon abrir un colegio en el pueblo en 1621, el tercero del obispado,³ durante el provincialato de Nicolás de Arnaya y el generalato de Muzio Vitelleschi (^{Abascal Sherwell, 2019}). El general de la Compañía le dio el beneplácito al provincial de la fundación al considerar que:

[el] pueblo es tan a propósito para nuestros ministerios con españoles e indios y para la comodidad de la Provincia y siendo la fundación las casas del fundador suficientes para nuestra habitación después de fundadas y dándonos como VR dice cincuenta mil pesos para emplear en renta venimos en que se acepta, y frutos de las escrituras y entregada la hazienda enviaremos la confirmación y patente de fundación. (ARSI, Mex. 02, Epp. Gen, 1599-1638, f. 251v.)

Existieron dos elementos esenciales para la fundación del colegio jesuita de San Luis Potosí: la dotación de un benefactor y la ayuda ofrecida por la cofradía de la Santa Veracruz. En 1620, antes de morir en la ciudad de México, el benefactor Juan Zavala encargó a sus albaceas dotar con 50 000 pesos de oro común al nuevo colegio jesuita en las minas y pueblo de San Luis Potosí. De esta manera, el colegio adquirió la obligación de rezar seis misas y seis rosarios por el alma del fundador, los padres debían celebrar cada semana una misa en honor de este y los albaceas debían poner una estatua y armas de Zavala en el edificio (AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 56-58, ff. 1-5). Por su parte, la cofradía de la Santa Veracruz -ligada también a la fundación del pueblo de San Luis Potosí y al clero secular- donó terrenos a los jesuitas para que fabricaran su iglesia (^{Hernández Soubervielle, 2014}; AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 23; AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 63, f. 5v.).

Dicha donación demuestra el poder que tenía el clero secular en el pueblo y la relación que tuvo la Compañía de Jesús con él. Al haberse establecido en la ermita de la Santa Veracruz, los jesuitas quedaron unidos a la cofradía y a los clérigos, quienes impusieron a la orden religiosa ciertas condiciones para el desarrollo de su colegio. Una de ellas era que los seguidores de Ignacio tenían la posesión, mas no la propiedad, de la iglesia, la cual quedaba reservada a la iglesia mayor del pueblo. En pocas palabras, los jesuitas habían obtenido un préstamo de la cofradía, por lo que, al no ser dueños de la iglesia, estarían sujetos a la autoridad de los clérigos (^{Hernández Soubervielle, 2014, pp. 147-158}).

Según lo testimonia una escritura hecha en la ciudad de México -ante el provincial Laurencio, el regular Cristóbal Ángel y Toribio Fernández de Celis y el capitán Martín Ruiz de Zavala, vecinos de la ciudad de México, albaceas y distribuidores de tres de los bienes que quedaron por la muerte de Juan Zavala-, el colegio concluyó su fundación durante el gobierno del padre Juan Laurencio, sucesor de Arnaya, el 10 de octubre de 1623 (AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 56-58, f. 4). Ese mismo año, la mitra de Michoacán aceptó la fundación del colegio (^{Hernández Soubervielle, 2009, pp.17-37}). Finalmente, el 20 de febrero de 1625, el general Muzio Vitelleschi despachó en Roma una bula, junto con otros documentos, para aprobar el colegio, que reconoció a Juan Zavala y a su mujer como fundadores (AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 56-58, ff. 5v.-6).

El colegio jesuita se convirtió en el referente educativo de San Luis Potosí y significó una fuerte competencia para las otras órdenes regulares, por lo que los agustinos y los franciscanos se vieron obligados a cerrar la escuela de gramática que abrieron en 1614. Sin embargo, los jesuitas no fueron los únicos educadores de San Luis, ya que en 1628 los mercedarios fundaron en su convento una escuela para niños pobres (^{Muro, 1899, p. 5}; ^{Melvin, 2012, pp. 38, 41, 153-154}).

Para el sostenimiento del colegio, la Compañía compró la hacienda de Laguna Seca y La Parada en 1623, cuyas 13 066 hectáreas colindaban con el pueblo tlaxcalteca de San Miguel Mexquitic, así como con los límites jurisdiccionales de la Nueva España y la Nueva Galicia (^{Rivera, 2016}). Era una hacienda ganadera cuyos productos se vendían en el rastro del pueblo (ANCH, vol. 323, f. 167v.). Por otra parte, en el colegio se encontraba la congregación de Nuestra Señora de Dolores, donde vecinos del pueblo de San Luis Potosí daban sus réditos o imponían censos a sus casas a favor de la congregación (AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 10-20, ff. 3v.-6v.; AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 21-23).

A pesar de ser el colegio jesuita el eje educativo rector del pueblo de San Luis Potosí, no fue de los más notables de la provincia, ya que solo enseñó primeras letras y, a partir de 1653, eran corrientes los cursos de gramática (^{Decorme, 1941, I, pp. 79-80}). Al parecer, después de que San Luis Potosí obtuviera el título de ciudad en 1665, el colegio llegó a enseñar filosofía y teología (se tiene noticia del año 1688), aunque de forma esporádica y no constante (^{Bernal, 2019, p. 41}; ^{Vázquez Solorio, 2022}). Tampoco sufrió modificaciones en 1742, cuando la orden religiosa le ganó la posesión de la iglesia a la cofradía de la Santa Veracruz (^{Hernández Soubervielle, 2014, pp. 180-200}). De hecho, fue debido a la carencia educativa de la ciudad que los españoles ricos de San Luis enviaban a sus hijos a estudiar a la ciudad de México (^{Muro, 1899, p. 6}).

En la primera mitad del siglo XVIII continuaron abriéndose en la ciudad fundaciones religiosas y educativas. En 1735 se instauró un colegio o recogimiento de niñas doncellas para su cuidado, recogimiento y clausura, a modo y forma como se estaba planeando el Colegio de las Vizcaínas en la ciudad de México (AGN, Colegios 42, ff. 49-49v.). Dicho colegio terminó por erigirse hasta 1746 como Colegio de San Nicolás Obispo, a cargo de los religiosos carmelitas, su última fundación en el obispado de Michoacán durante el gobierno del obispo Martín de Elizacochea (1745-1756) (^{Muro, 1899, p. 8}; ^{Rubial, 2019, p. 244}). Todos ellos, poco antes de que empezara una fuerte política de secularización borbónica, que tendría un gran impacto en la educación del virreinato, como veremos a continuación.

La secularización eclesiástica en San Luis Potosí: 1749-1767

El poder de la mitra vallisoletana se fortaleció en 1749, cuando el monarca Fernando VI ordenó la secularización de las doctrinas de indios, con el objetivo de consolidar la Iglesia diocesana y debilitar al clero regular (^{Álvarez Icaza, 2015}). En 1764, una real cédula ordenó la división de curatos michoacanos para su mejor administración por parte de los clérigos (^{Salazar y Torres, 2014, p. 81}). Además, las doctrinas mendicantes en Michoacán sufrieron un duro golpe por parte de los obispos Martín de Elizacoechea (1745-1756) y Pedro Anselmo Sánchez de Tagle (1758-1772), quienes se empeñaron en secularizar todas las doctrinas de la diócesis, propósito que estuvo cerca de alcanzarse alrededor de 1772 (^{Mazín, 1986}).

A pesar de la creciente intervención del Estado borbónico en las órdenes religiosas, la secularización se centró en las doctrinas de indios. Como resultado, los mendicantes conservaron sus casas urbanas, donde a partir de 1750 establecieron escuelas públicas en sus conventos. De acuerdo con el historiador decimonónico Manuel Muro, a mediados del siglo XVIII se dio un impulso a las escuelas conventuales, en especial a la del convento de San Francisco, a donde iban alumnos de poblados cercanos, y a quienes se dedicaban a la carrera eclesiástica se les enseñaba gramática castellana, náhuatl, filosofía moral y teología (^{Muro, 1899, p. 8}). De esta forma, la historiadora Karen Melvin considera que durante el reformismo borbónico, más que la destrucción de las órdenes religiosas, se estaban implementando proyectos más apropiados para los oficiales reales (^{Melvin, 2012, pp. 58, 69-70, 155}).

No obstante, la Compañía de Jesús tendría una historia diferente a la del resto de las órdenes religiosas. En 1764, cuando la provincia jesuita de México envió el último catálogo trienal a Roma, el obispado de Michoacán contaba con ocho colegios jesuitas: Valladolid, Pátzcuaro, el Seminario de Santa Catarina de Pátzcuaro, Celaya, León, Guanajuato, San Luis Potosí y San Luis de la Paz. La mayoría se encontraba en El Bajío, una zona que no empezó a tener instituciones ignacianas hasta el siglo XVIII, debido al auge de la minería y su consiguiente dinamismo económico. Después, le seguía en número el área tarasca, lugar donde se ubicaba la capital diocesana y, finalmente, el potosí novohispano, que contaba únicamente con el colegio de San Luis Potosí.

Para ese momento, de todos los colegios del obispado, León, Celaya y San Luis Potosí enseñaban gramática latina únicamente. Por su parte, Valladolid y Guanajuato ofrecían filosofía. Solo el de Pátzcuaro tenía un catedrático; en este se ofrecían lecciones de teología moral (^{Reynoso, 2018, p. 58}). Ninguno de los colegios jesuitas impartía teología escolástica, la cual se enseñaba en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, perteneciente al clero secular. Seguramente, esta omisión se debió a la presión que ejercieron los prelados para evitar perder el monopolio de enseñanza del saber máximo de la época en el obispado (^{León, 2014, pp. 34, 84-87}).

Todo parece indicar que, a lo largo de 140 años, la situación del colegio jesuita de San Luis Potosí no tuvo grandes cambios. En 1764, el colegio contaba con:

[…] ocho sacerdotes, seis escolásticos y un coadjutor. De los sacerdotes: uno es rector, uno es prefecto de la congregación de la Anunciación de los Dolores, dos son misioneros itinerantes y dos son operarios. Cuatro de los escolares enseñan gramática, 1 es coadjutor e instruye formación básica. (ARSI, Mex. 08, f. 241v.)⁴

En cuanto a las finanzas, las cifras parecen indicar que el colegio de San Luis Potosí tenía una buena situación económica. Obtenía 140 onzas anuales de los frutos de las haciendas y un total de 10 onzas de los réditos. Su manutención también se solventó con los réditos, que daban una suma capital de 50 300 onzas, y las obligaciones adquiridas de la suma capital de 140 725 onzas. Por otra parte, el colegio tenía una deuda de 20 084 onzas y le debían 896 (ARSI, Mex. 08, f. 241v.).

Un año después del envío del último catálogo trienal a Roma, las hostilidades contra las órdenes religiosas en la Nueva España se incrementaron con la llegada del visitador José de Gálvez (1765-1771). El funcionario real inició una revolución en el gobierno novohispano al menguar el orden corporativo de la Iglesia, reforzar el gobierno secular y moderar el eclesiástico. Gálvez fue enviado por Carlos III (1759-1788), quien, tras la conclusión de la Guerra de los Siete Años en 1763, tenía la intención de convertir las posesiones americanas en fuentes rentables para la metrópoli. Además, veía a la Iglesia, especialmente a las órdenes religiosas, la Compañía de Jesús en particular, como un obstáculo para modernizar la monarquía (^{Rodríguez, 2012, pp. 80-82}).

La crisis se agudizó en el obispado de Michoacán en 1766, cuando el gobierno metropolitano impuso nuevos ingresos fiscales para mantener al recién creado ejército, pero llegó a su punto máximo cuando en la madrugada del 25 de junio de 1767 se ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la monarquía. Después de este hecho, los disturbios se expandieron a Guanajuato, San Luis de la Paz y San Luis Potosí, cuyo motín llegó a oídos de Gálvez, quien mandó una tropa para reprimirlo (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 71, s/f). Tan solo en San Luis Potosí se condenó a 56 hombres a la horca. Los motines en la ciudad tuvieron como fondo, más que la expulsión de los jesuitas, un conflicto por acceso a tierras por parte de los pobladores, así como otros abusos de las autoridades a la gente de la ciudad y la región (^{Benavides, 2016}). Ahora se abría un episodio en el que se discutiría la nueva función que tendría el antiguo colegio jesuita, en un momento en el que la ciudad tenía, sin contar el colegio de los padres recién expulsados, cinco monasterios de religiosos y un hospital (^{Clavijero, 1944, p. 359}).

El primer reacomodo educativo de San Luis Potosí: 1767-1773

Con los padres de la Compañía exiliados en Italia, la ciudad de San Luis Potosí viviría un giro en muchos ámbitos, entre ellos el educativo. En primer lugar, una vez que se consumó el extrañamiento, volvieron a abrir los colegios de gramática en los antiguos conventos de franciscanos y agustinos (^{Melvin, 2012}, p. 154), de cuyo desarrollo no he encontrado más noticias. No obstante, todo parece indicar que el proyecto educativo más considerable de la ciudad se fraguó sobre el edificio del antiguo colegio jesuita de San Luis Potosí, que pasaría a formar parte de las temporalidades del rey, como único dueño del inmueble y de sus rentas por ser la cabeza del Estado (^{Colección general de providencias…, 1767-1784, vol. 2, p. 52}).⁵ Asimismo, como máxima institución después del monarca para la administración de temporalidades se estableció el Consejo Extraordinario en España (^{Martínez Tornero, 2010, pp. 21-57}).

Los autos de ocupación y extrañamiento del excolegio jesuita de San Luis Potosí se ejecutaron entre 1767 y 1778, de acuerdo con un decreto del rey. En el decreto, el virrey marqués de Croix puso a Andrés de Urbina como comisionado de temporalidades, quien también era juez y alcalde mayor de la ciudad (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 56-58, f. 1). No obstante, la reapertura del antiguo edificio no sería fácil, pues hubo varios intereses que frenaron que adquiriera una nueva función. Las tensiones se personificaron, sobre todo, entre los prelados michoacanos y el ayuntamiento potosino, influido fuertemente por las aspiraciones de autonomía que tenían las élites de la provincia potosina, habiendo intereses contradictorios en cada instancia.

En 1767, el comisionado de San Luis Potosí, Andrés de Urbina, hombre nombrado por el virrey marqués de Croix como encargado de recabar información acerca de los fondos del excolegio jesuita, realizó un inventario de bienes pertenecientes a la iglesia, en el que dio cuenta de los ornamentos, las alhajas, la ropa, los libros y otros materiales que encontró en el antiguo edificio (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 67, s/f). También hizo un inventario de todos los objetos materiales del colegio, entre ellos, cada uno de los aposentos de los padres y sus libros (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 56-58, ff. 1-31). Un año después, Urbina fue más a fondo con el inventario, ya que escribió un índice de papeles y libros manuscritos del colegio, así como cursos de artes, sermones, libros de gobierno del colegio y congregaciones (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 68, ff. 1-17v.). En 1769 remitió a la Depositaría de Temporalidades de Madrid un índice de 772 libros,⁶ junto con escrituras de las fincas, la cuenta general del colegio del año 1768, así como otras cartas y papeles (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 70, ff. 1-68v.).

Después, Urbina ofreció el valor de las posesiones que habían sostenido al colegio, como la hacienda de La Parada, cuyo valor ascendió a 59 000 105 pesos. La hacienda incluía treinta sitios de tierra de ganado mayor y bienes muebles. Además, el colegio tenía dos casitas y misiones circulares, que se mantenían con los censos del colegio. Por último, el comisionado también notificó sobre un pedazo de tierra para una casa y una huerta que no producía (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, ff. 8-10).

Mientras el comisionado realizaba el inventario y el avalúo de las propiedades del excolegio de San Luis Potosí, en 1770 comenzaron los planes para reabrir los dos primeros excolegios jesuitas de la ciudad de México: San Ildefonso y San Gregorio (^{Abascal Sherwell, 2023}). Los siguientes colegios que abrieron en la Nueva España se ubicaron principalmente en las capitales diocesanas. Aquellos que no estuvieran en una capital podrían experimentar demoras en su establecimiento. En caso de abrir, es probable que solo ofrecieran cursos de gramática y filosofía, ya que una real cédula fechada el 9 de julio de 1769 establecía que “las facultades mayores se reserven para las capitales, en que hubiere universidades y seminarios” (AHN, Clero-jesuitas 87, N. 6, f. 20v.). Recordemos que durante el antiguo régimen las facultades mayores comprendían derecho civil o leyes, derecho eclesiástico o cánones, teología y medicina. Asimismo, la facultad de artes o filosofía era considerada menor. Por último, la gramática se enseñaba como curso propedéutico para avanzar a la facultad menor y no se consideraba una facultad en sí misma (^{González, 2017, pp. 42-43}).

El excolegio de San Luis Potosí afrontaba una situación desfavorable, ya que no cumplía con los requisitos estipulados en la cédula y, además, se encontraba ubicado en la zona más alejada de la capital de la diócesis de Michoacán. A pesar de tal situación, las élites potosinas, representadas por el cabildo, buscaron convertir estos inconvenientes en una oportunidad para alcanzar autonomía en el ámbito político, en el eclesiástico y en el educativo; sin embargo, esta búsqueda las enfrentaría más tarde con los virreyes y los obispos de Michoacán. Su primera medida en el ámbito educativo fue elaborar propuestas para la reapertura del antiguo colegio de la Compañía, así como de las escuelas que funcionaban en los conventos de San Francisco y San Agustín, las cuales habían cerrado con la expulsión de los jesuitas en 1623 (^{Melvin, 2012, pp. 153-154}).

El comisionado Urbina fue el primero en proponer una nueva función para el excolegio jesuita y sugirió que en la ciudad se establecieran las facultades de filosofía y teología, donde pudieran estudiar seglares. Así, subrayó como muy conveniente que en el antiguo edificio jesuita se instituyera una escuela para la enseñanza de niños, un maestro de gramática, un catedrático de filosofía y otro de teología, que serían de mucha utilidad para la juventud de la ciudad. Su relevancia radicaba en que, para ese momento, únicamente los conventos de San Francisco y la Merced ofrecían dichos cursos, que estaban reservados para los aspirantes a ingresar a las órdenes religiosas. De este modo, por carecer la ciudad de colegios en los que se pudiera educar la población, los padres de familia debían gastar para enviar a estudiar a sus hijos a la ciudad de México, a la de Querétaro y otras ciudades novohispanas. Además, el comisionado sugirió que la iglesia fuera entregada a los oratorianos de San Felipe Neri, junto con todas sus fincas y dotaciones, para que se encargaran del cumplimiento de obras pías. Esta propuesta no era del todo nueva, ya que, como hemos visto, el clero secular había tenido previamente influencia en el colegio. Por último, solicitó que las propiedades del colegio no fueran divididas a fin de mantener íntegro todo el conjunto (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, ff. 10-13v.).

Por otra parte, en 1770 ocurrieron dos hechos que afectarían de modo directo el futuro del excolegio jesuita de San Luis Potosí. En primer lugar, se creó la Real Junta de Aplicaciones de la Ciudad de México, la instancia más importante del virreinato que se encargaría de la administración de las temporalidades, conformada por el virrey, el arzobispo y la Real Audiencia. A ella quedó subordinada la Junta Subalterna de Michoacán, con sede en Valladolid, desde donde se discutiría el futuro de las temporalidades de San Luis Potosí. A esta Junta se integraron el obispo de Michoacán, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, el alcalde mayor de la capital diocesana, miembros de los ayuntamientos y síndicos de las diferentes ciudades del obispado, cuyo objetivo era realizar las aplicaciones correspondientes en los colegios de la diócesis (AHCM, Gobierno, Religiosos, Jesuitas, año 1770, exp. 18f., leg. 398, s/f). Finalmente, en 1770 se fundó el primer seminario tridentino en el obispado de Michoacán, bajo la administración del clero secular. Este hecho marcó el inicio de una reestructuración educativa en el obispado tras la expulsión de los jesuitas, quienes habían sido los principales educadores hasta ese momento (^{Mazín, 2018, p. 450}).

Un año después, en 1771, se formularon nuevas propuestas sobre el posible destino del antiguo colegio de San Luis Potosí. El rey -después de escuchar las iniciativas de la Junta Subalterna y su posterior presentación en la Junta Superior de Aplicaciones de la Ciudad de México, así como la autorización del Consejo Extraordinario-, siguiendo la propuesta del comisionado, aceptó convertir el antiguo colegio jesuita de San Luis Potosí en seminario conciliar, un caso único en el virreinato, al no estar localizado en la sede de un obispado. Esta decisión enfrentaría a las autoridades del potosí novohispano y a estas con los prelados michoacanos (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, f. 14).

Los enfrentamientos comenzarían por la particularidad del caso, lo que demuestra que la creación de un seminario conciliar no sería una tarea sencilla. Los seminarios conciliares, regidos por las normativas del Concilio de Trento (1545-1563) como lugares de residencia para jóvenes que aspiraban al sacerdocio, estarían bajo la responsabilidad directa de los obispos, encargados de su administración y gobierno. Además, debían financiarse con los ingresos provenientes de rentas eclesiásticas y debían ubicarse cerca de las catedrales o en algún lugar oportuno decidido por los prelados. En América, también tenían el objetivo de uniformar la educación del virreinato, al suplantar a los frailes de las doctrinas secularizadas, concentrar la autoridad del obispo y, por lo tanto, también del rey. Por último, según las disposiciones de Trento, en diócesis extensas podría haber más de un seminario, pero debían estar subordinados al colegio establecido en la sede episcopal (^{El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento…, 1789, pp. 266-273}; ^{Pérez Puente, 2017, pp. 11-14}).

El rey, consciente de que los obispos de Michoacán probablemente no aprobarían la última disposición en virtud de los riesgos que implicaría establecer un segundo seminario conciliar en su diócesis, intentó menguar el asunto. Así lo hizo saber la Junta Superior de Aplicaciones de la Ciudad de México, la cual afirmó que:

Manda S. Magestad no se separen los seminarios de el gobierno de los obispos, bajo de la protección, y Patronato Real, y propuso que se aplicase el colegio a seminario conciliar, colocándose en lugar prominente las Armas Reales, y el Templo y Capilla de Nra Sra de Loreto, que tiene puerta a la calle, que den al seminario, nombrándose por el sor obispo quatro clérigos con subordinación al Rector de el Colegio (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, f. 14).

Al parecer, la apertura del seminario conciliar no acarrearía problemas, ya que, de acuerdo con la Junta Subalterna, quedaría a cargo del gobierno de un rector, la dirección de los prelados michoacanos y bajo “la protección Real en los términos que se manejan todos los conciliares, y especialmente el de Valladolid” (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, f. 15v.).

Pero dicho proyecto sufrió inconvenientes económicos desde el principio. En 1769, una real cédula enfatizó que los edificios de capillas e iglesias no se debían tasar, pues eran lugares de culto y, por lo tanto, estaban fuera del comercio, al igual que las viviendas y colegios de los jesuitas. A partir de ese momento, los edificios principales de los colegios se separaron de sus antiguas fuentes de financiamiento, pues las rentas que antes los mantenían pasaron ahora a España para solventar los gastos de la expulsión y la pensión de los jesuitas en Italia (^{Colección general de providencias…, 1767-1784, vol. 2, p. 129}; ^{Abascal Sherwell, 2024, pp. 1556-1562}).

Fue así como los miembros de la Junta Subalterna de Valladolid advirtieron que el futuro seminario conciliar no podría utilizar el dinero de las temporalidades, ya que únicamente contaban con los caudales de las congregaciones y obras pías, que eran insuficientes (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, ff. 18-18v.). De esta forma, el fondo de temporalidades -entre el que se encontraba la cantidad de 50 000 pesos que dejó Juan de Zavala, el valor de tres casas y la huerta- no se podría aplicar para abrir el seminario conciliar. Por ello, la Real Junta alertó que “sólo podrá destinarse a la dotación de cátedras y demás el sobrante de los capitales de obras pías y congregaciones” (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, ff. 21-21v.).

Así, para cubrir los honorarios de la nueva fundación, el nuevo establecimiento necesitaría los 680 pesos con los que se mantenían anteriormente los seis sacerdotes y el coadjutor del colegio. Conforme al segundo acuerdo de la Junta Superior de Aplicaciones que se hizo el 22 de junio de 1773, con dicha cantidad podría haber suficiente dinero para:

[el] honorario de un rector, aunque se le den cuatrocientos pesos, un catedrático de teología con trescientos, otro de Moral con lo mismo, y uno por ahora para toda la gramática con el propio salario, un maestro de primeras letras con doscientos pesos, y doce becas dotadas con mil doscientos pesos para pobres, que se podrían sortear entre los muchos de aquella ciudad. (AGI, Indiferente General, 3083, ff. 174-178v.)

Además, con ese dinero, podrían pagar también a los misioneros y a los sirvientes del colegio, todos ellos sujetos al patronato real y la dirección del prelado michoacano. Asimismo, el comisionado, el ayuntamiento y el síndico de San Luis Potosí pidieron que la dotación de las misiones no pasara a Valladolid, sino que permaneciera en tierras potosinas (AGI, Indiferente General, 3083, ff. 174-178v.; AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, f. 16). Una vez que fue aprobado el seminario por la Junta Subalterna de Valladolid, el expediente pasó al señor fiscal defensor, quien el 6 de julio de 1771 expuso que el edificio del excolegio jesuita sí se podía convertir en seminario conciliar dentro del obispado de Michoacán y que convenía que su iglesia se convirtiera en oratorio (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, f. 17).

En 1771, mientras el comisionado continuaba haciendo un análisis de la producción y los gastos del antiguo colegio de San Luis Potosí (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, ff. 24-57v.), la Real Junta de la Ciudad de México recibió los dictámenes que se hicieron en la subalterna, los cuales tuvieron varios pareceres, como veremos a continuación. El primer dictamen lo propuso el comisionado del colegio, quien sugirió que sería muy conveniente para San Luis Potosí y los pueblos aledaños establecer una escuela con facultades mayores y menores, en la que hubiera catedráticos de primeras letras, latinidad, filosofía y teología, por carecer la ciudad de ellas, mientras la iglesia podría ofrecerse a los clérigos de San Felipe Neri. El segundo dictamen lo hizo el ayuntamiento de San Luis Potosí, que compartió la misma opinión del comisionado. Por último, el tercer dictamen lo entregó el síndico personero, quien, en la misma línea que las dos propuestas anteriores, fue más enfático y sugirió que el excolegio se aplicara como seminario conciliar. El seminario albergaría una escuela de primeras letras, dos maestros de gramática con dotación de 200 pesos anuales, otro de filosofía con dotación de 300 pesos y cuatro capellanes con dotación de 200 pesos cada uno (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, ff. 60-63).

De todas las propuestas anteriores, la Junta Subalterna adoptó la del síndico, y el 17 de mayo de 1771 acordó aplicar el antiguo colegio como seminario conciliar conforme a las reglas establecidas por la real cédula del 14 de agosto de 1768 (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, f. 63). Sucintamente, con dicha cédula, el rey buscaba fortalecer los seminarios conciliares en las capitales de sus dominios y, con ello, su poder sobre la educación en sus territorios. En las capitales donde aún no existieran seminarios conciliares, se ordenaba establecerlos en los edificios desocupados de los jesuitas, financiados con las rentas eclesiásticas de la diócesis. Los seminarios debían tener enseñanza pública de gramática, retórica, geometría y artes como necesaria e indispensable. Además, tendrían escuelas menores, con directores distintos y separados. Por último, se estipulaba que la supervisión y la administración de los seminarios estarían a cargo de los obispos, lo que refleja la tendencia de la época de fortalecer al clero secular frente al regular (^{Novísima recopilación…, libro 1, título 11, pp. 91-95}).

De igual manera, la junta pidió que continuaran funcionando las misiones circulares que habían pertenecido al colegio y que su dotación sirviera para pagar a misioneros del Colegio de Santa Cruz de Querétaro (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, ff. 63-71). La relación entre San Luis Potosí y el Colegio de Santa Cruz era estrecha. En 1772 y en 1775 salieron de Querétaro franciscanos del Colegio de Propaganda Fide a misionar a San Luis Potosí, en una época en que existía un ánimo misionero revitalizado en la monarquía hispánica (^{Rex, 2017, p. 198}).

En 1772, Andrés de Urbina, alcalde mayor de San Luis Potosí, dejó atrás su labor como comisionado (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 58, f. 3). Al mismo tiempo, Juan Antonio Archimbau, escribano de cámara, envió a Madrid la información discutida en torno al excolegio jesuita para que el rey procediera a su examen y reconocimiento en los términos que se ejecutó (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 56-58, f. 2). Todo parecía ir en orden para que el excolegio volviera a abrir pronto como seminario conciliar, aunque los avances se toparon con los bloqueos de los prelados michoacanos, quienes buscaban frenar el deseo de autonomía de las élites potosinas.

Las élites locales utilizaron el ayuntamiento como una institución para consolidar su poderío, en un momento en el que sufría una fuerte crisis, debido a que a la Corona le preocupaban los ayuntamientos fuertes, sobre todo los que se encontraban lejos de la ciudad de México, porque tenían mayor libertad de acción (^{Bernal, 2019, pp. 55-60}). Aquí aparece una paradoja, pues, a pesar de tener una política de debilitamiento de los ayuntamientos, el monarca había apoyado el establecimiento del seminario conciliar en San Luis, mientras el ayuntamiento potosino tuvo problemas con los prelados, agentes del rey en el terreno eclesiástico.

Fue así como comenzó una intensa rivalidad entre los miembros del ayuntamiento de San Luis Potosí y los obispos de Michoacán, quienes se resistieron con firmeza a cualquier indicio de autonomía que pudiera socavar su autoridad y cuestionar su centralización, por varias razones: en primer lugar, San Luis Potosí estaba lejos de la sede episcopal y de su supervisión; en segundo lugar, la necesidad de dividir los ingresos eclesiásticos entre los seminarios de San Luis Potosí y el de Valladolid, lo que afectaría de forma negativa a este último, y, finalmente, la posibilidad de división de la diócesis, algo que no beneficiaría a los obispos de Michoacán, ya que reduciría su jurisdicción y sus ingresos provenientes del diezmo. Muchos de dichos enfrentamientos se hacen patentes en las discusiones en el interior de las juntas que veremos a continuación.

San Luis Potosí hace frente al fortalecimiento de la mitra en Valladolid (1773-1786)

El centralismo de la mitra michoacana se acentuó en 1773, cuando la Junta Superior de la Ciudad de México acordó que no había necesidad de abrir otro colegio en el obispado, pues era suficiente con los colegios de San Nicolás y el seminario tridentino, donde había cátedras de “teología escolástica, Moral, Philosophia y Grammatica, y una Escuela para niños pobres españoles e indios” (AHCM, Fondo diocesano, Gobierno, serie Religiosos, subserie Jesuitas, año 1773, exp. 7, caja 281, f. 26v.). Ese mismo año, con el objetivo de analizar cómo se utilizaría todo el dinero que no pasaría a mantener a los jesuitas expulsos, el nuevo comisionado y alcalde mayor de San Luis Potosí, Fernando Rubin de Zelis, dio a conocer el estado general de las deudas a favor y en contra del excolegio jesuita, y también hizo una relación particular de sus casas, donde encontró que, de las diez que había, cinco pertenecían al colegio y el resto a la congregación de Nuestra Señora de Dolores y de la Señora de la Asunción (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 75, ff. 1-13, 49). También notificó las deudas activas y pasivas del colegio (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 49, ff. 1-6), los 1401 libros que se encontraban en la biblioteca, así como los productos que podían venderse: las alhajas de la iglesia, las alhajas de la congregación, los adornos y los cuadros que se encontraban en el interior de la iglesia y los bienes de la hacienda de La Parada y su ganado (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 50 f, ff. 1-20).

Al mismo tiempo, la mitra michoacana, con el nuevo obispo Luis Fernando de Hoyos y Mier a la cabeza (1777-1782), buscó profundizar su centralización con el dinero que podía obtener de los excolegios jesuitas del obispado, entre ellos el de San Luis Potosí. La Junta Subalterna de Valladolid estableció que la dotación de las misiones de San Luis Potosí debía pasar a los colegios seculares de la capital de la diócesis (AHCM, Fondo diocesano, sección Gobierno, serie Religiosos, subserie Jesuitas, caja 281, folder 18, 1773, exp. 7, ff. 25-32v.). Un año después, en 1774, el obispo de Michoacán le pidió al virrey Bucareli que los réditos caídos de las misiones de Guanajuato y San Luis Potosí se utilizaran para el nuevo correccional vallisoletano (AHCM, Fondo diocesano, sección Gobierno, serie Religiosos, subserie Jesuitas, caja 281, folder 18, 1773, ff. 82-88v.).

Fue a partir de la política de centralización vallisoletana que los deseos potosinos de autonomía aumentaron. Al encontrarse tan lejos de la ciudad de México y de Valladolid, las élites buscaron menor dependencia de las dos ciudades en el terreno político, lo cual se reflejó en el plano educativo. El historiador Manuel Muro cuenta que, al carecer la ciudad de escuela, el regidor Manuel Díaz Fernández recordó al ayuntamiento potosino en 1775 la necesidad de instruir a la niñez de la ciudad que estaba abandonada por las autoridades virreinales. Cabe advertir que en el antiguo régimen tanto los particulares como los ayuntamientos patrocinaban las cátedras de gramática, ya que el latín era la lengua que representaba la puerta del conocimiento. Fue debido a dicha iniciativa que el ayuntamiento proyectó fundar una escuela municipal, pero, al no tener suficiente dinero, fue con el cura de la ciudad para compartir el proyecto. La escuela se establecería en una de las piezas exteriores de las casas reales. Además, solicitó un maestro, a quien le asignarían un sueldo de 400 pesos anuales, de los que el ayuntamiento daría 150, el cura de la ciudad otros 150 y los comerciantes que habían querido contribuir los otros 100. El ayuntamiento acudió a solicitar el permiso del virrey para hacer el gasto, quien dio el visto bueno de la escuela el 11 de junio de 1775 (^{Muro, 1899, pp. 11-12}).

No queda claro por qué dentro del ayuntamiento también había un sector que apoyaba una escuela de gramática y no la creación de un seminario conciliar. Seguramente, dicha división estaba apoyada por los clérigos que tenían lazos con la mitra en Valladolid. O, también, pudo haber estado vinculada a conflictos en el interior del cabildo entre españoles y criollos, conflictos muy comunes en la época, y que unos de ellos tuvieran más relación con el gobierno de la diócesis. Hasta hoy, no he encontrado información al respecto en la documentación.

Una fuente del Archivo General de la Nación de México señala que el 29 de mayo de 1775 el ayuntamiento pidió al virrey que, además de los 150 pesos para pagar al maestro, le concediera licencia al cabildo para que le pagara al maestro con los propios de la ciudad y la escuela se estableciera en el edificio del excolegio de la antigua Compañía (AGN, Historia 94, ff. 219-221). En junio, el ayuntamiento de San Luis Potosí volvió a insistir en el establecimiento de escuelas en la ciudad, en donde consultó “sobre la asignación de salario al maestro de primeras letras” y propuso de nuevo que fuera en las instalaciones del antiguo colegio jesuita (AGN, Historia, 94, ff. 218-218v.). No obstante, de acuerdo con Muro, el proyecto no prosperó, ya que el cura le respondió al ayuntamiento que se veía impedido a resolver acerca del asunto, sobre todo por la falta de los fondos que le pedían. Fue por dicha razón que a los dos meses tuvo que cerrar la escuela, pues el ayuntamiento se veía imposibilitado para pagar a los maestros (^{Muro, 1899, pp. 15-17}).

A pesar de que la escuela no abriera permanentemente, este hecho ocasionó que San Luis Potosí fuera, de acuerdo con la historiadora Dorothy Tanck, pionero en el establecimiento de escuelas municipales y se hubiera adelantado a la capital del virreinato en hacerlo (^{Tanck, 1985, p. 68}).⁷ Para ese momento, la educación comenzó a ser una prioridad para el Estado que, influido por los ideales ilustrados, la consideró un bien público crucial para la formación de ciudadanos. Los ayuntamientos desempeñaron un papel fundamental en el fomento de las escuelas gratuitas de enseñanza básica y fundaron algunas escuelas que se mantuvieran con fondos municipales, con enseñanza de lectura y escritura. Tanck afirma que, a finales del siglo XVIII, los municipios y las autoridades gubernamentales comenzaron a ser los encargados de establecer, supervisar y financiar las escuelas, una tarea que anteriormente recaía en la Iglesia. Incluso cuando las escuelas estaban bajo el control de órdenes religiosas empezaron a estar sujetas a la supervisión de los ayuntamientos, como impulsores de la enseñanza básica (^{Tanck, 2002}; ^{Ruiz, 2021}).

No obstante, para entonces, además de la escuela para niños y niñas, otros miembros del ayuntamiento volvieron a insistir a la Corona en abrir un seminario conciliar. Así, el 1º de agosto de 1775, la Junta Superior de la Ciudad de México -con presencia del comisionado, miembros del ayuntamiento y el síndico de San Luis Potosí- propuso al rey que el excolegio jesuita de San Luis Potosí se convirtiera en seminario conciliar, sujeto al gobierno de la diócesis y la protección real, en los mismos términos que se manejaban los otros seminarios conciliares novohispanos, en especial el de Michoacán (AGI, Indiferente General, 3083, ff. 174-174v.).

También en 1775, el virrey aprobó la aplicación del excolegio jesuita de San Luis Potosí para seminario conciliar y reservó las obras pías para el rey (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, s/f). Asimismo, ese año comenzó el remate de las temporalidades del colegio, una vez que se tenía el inventario de este y se sabía el valor de los bienes que se podían vender. Al no haber postores suficientes, algunas de las propiedades se vendieron a precios más bajos que al inicio. En 1776 se vendió la casa número 8 del excolegio (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 61, ff. 1-8); otra casa perteneciente a los jesuitas se vendió en 595 pesos, cuya venta se aprobó el 4 de noviembre de 1777 (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 59, ff. 1-8v.). También se vendió la casa con el número 6 (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 60. ff. 1-10v., 16), y el 13 de diciembre de 1777 se aprobó la venta de la casa número 10 (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 62, ff. 1-15v.).

Por otra parte, mientras se discutía la posibilidad de crear un seminario conciliar o abrir escuelas para niños y niñas, el prelado michoacano se resistía a fundar cualquier tipo de institución educativa en la ciudad. Estaba en contra, sobre todo, de la creación del seminario, ya que en el fondo existía un proyecto de convertir a San Luis Potosí en obispado, lo que dividiría en dos la diócesis de Michoacán.⁸ Ante este dilema, el virrey Antonio Bucareli pasó un expediente al Consejo Extraordinario de Madrid, donde, después de atender lo propuesto por la Junta Subalterna de Valladolid y la Junta Superior de la Ciudad de México, se acordó que en el excolegio se aplicara un seminario conciliar. El seminario debía tener su respectiva separación de capitales libres y el mantenimiento del rector y maestros debía hacerse con el sobrante de obras pías y congregaciones del excolegio jesuita (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, s/f).

En 1776, con el objetivo de ganar autonomía en el terreno político y en el eclesiástico, mientras dicha información se enviaba a España, el ayuntamiento de San Luis Potosí solicitó la creación de un obispado, como después lo harían también Acapulco y Veracruz (^{Velázquez, 1898, p. 381}; ^{Bernal, 2019, pp. 80-81}). Este deseo no solo era una ilusión de las élites criollas regionales, sino también un proyecto que formaba parte de las reformas implantadas por José de Gálvez, quien en 1777 creó el obispado de Linares. La nueva diócesis de Linares se localizaba en los territorios de la recién fundada Comandancia General de Provincias Internas, al norte de San Luis Potosí, con el propósito de demarcar un nuevo territorio eclesiástico, alentar la colonización de la zona y, por ende, reforzar el poderío español en el territorio. La mitra de Michoacán temía que ahora San Luis Potosí siguiera este ejemplo (^{Castillo, 2020}).

En cuanto al antiguo colegio jesuita de San Luis Potosí, una vez que tuvo la aprobación del virrey en 1777, se consintió en Madrid destinarlo como seminario conciliar, lo que originó una tensión entre los prelados y el monarca, a pesar de que los primeros fungieran como agentes del patronato regio (^{Pérez Puente, 2017}). Se determinó que tanto la iglesia como la capilla estarían bajo la jurisdicción del Real Patronato y estarían sujetas al gobierno del prelado de Michoacán. Sin embargo, la puesta en marcha del nuevo colegio se retrasó a causa del fallecimiento del obispo Luis Fernando de Hoyos y Mier, así como del ascenso de Juan Ignacio de la Rocha al gobierno en 1777. Estos hechos ocasionaron la postergación de la elección de los candidatos para el cargo de rector y otras posiciones, así como la elaboración de las normativas que regirían el funcionamiento del seminario (AGI, Indiferente General, 3085A, ff. 613v.-614).

Todo parecía indicar que el proyecto del seminario conciliar era más fuerte que el de las escuelas para niños y niñas; sin embargo, las discusiones para su creación avanzaban con lentitud, seguramente por el freno de los obispos y virreyes y los puntos de vista contradictorios en el interior del ayuntamiento. Después de que el fiscal del Consejo formara las Constituciones con que se había de aprobar el seminario, el 17 de agosto de 1780, el virrey Martín de Mayorga sostuvo que sería inútil para la ciudad que hubiera facultades de filosofía y teología en la ciudad, ya que, por ser San Luis Potosí una entidad minera, no las necesitaba. Por último, además de que el seminario de “primeras letras y latinidad” se podría mantener sin perjuicio de las temporalidades, la filosofía y la teología solo eran necesarias en las capitales y en las universidades. De esta forma, el virrey consideraba “que sea un establecimiento de primeras letras y latinidad, no necesario teología y filosofía”, pues los hijos de mineros y vecinos que quisieran aprender filosofía o teología lo podían hacer en Valladolid o México (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 63, s/f).

A pesar de los frenos, el proyecto del seminario diocesano continuaba. Al tiempo que se escribían dichas Constituciones, el nuevo obispo de Michoacán, Juan Ignacio de la Rocha, le pidió al virrey que propusiera un rector y catedráticos para San Luis Potosí, pese a no estar de acuerdo con su creación. Para que no escapara del control de la mitra de Michoacán, el obispo solicitó un informe al juez eclesiástico de San Luis Potosí para los empleos de las nuevas escuelas. Afirmaba que era común que los establecimientos lejanos de las capitales obispales se rehusaran a la visita de los prelados y a trabajar bajo sus órdenes (AHCM, Fondo diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades eclesiásticas, 1780, caja 27, folder 67, s/f). Ahora solo faltaba que las Constituciones del seminario conciliar se remitieran al Consejo de Indias para que fueran autorizadas por el rey (AHN, Clero-jesuitas, 91, N. 63, ff. 60-74).

Mientras se planeaba la apertura del seminario conciliar, el monarca quería tener mayor conocimiento del estado eclesiástico de la diócesis. Fue así como José de Gálvez, ministro de Indias, le escribió al obispo de Michoacán en 1784 para informarle que Carlos III deseaba saber el estado de las misiones que estuvieron a cargo de los regulares extinguidos, con el objetivo de mejorar su administración. En ellas, San Luis Potosí, como ya vimos, tenía un papel notable (AHCM, Fondo diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades eclesiásticas, 1784, caja 27 folder 80, s/f). Todo ello se llevó a cabo en un momento en el que existía un nuevo impulso por parte de los Borbones de la labor misional con el objetivo de integrar a los indios a la sociedad colonial, así como fortalecer la administración y autoridad real en los territorios americanos. De este modo, dentro del nuevo plan administrativo, las misiones debían ser económicamente sustentables y no depender de las finanzas reales (^{Rex, 2017}; ^{Jackson, 2022}).

En ese período, tanto el obispo como el virrey respaldaron la propuesta de convertir el antiguo colegio jesuita de San Luis Potosí en dos escuelas separadas: una para la enseñanza de gramática y primeras letras para niños, con la distinción de que una tendría un maestro de doctrina, y la otra para enseñar a escribir y contar. Además, se proponía el establecimiento de una tercera escuela destinada a niñas. De esta forma, la propuesta del ayuntamiento de crear un seminario conciliar quedaba de lado, a pesar de contar con la aprobación de la Corona. Así, en enero de 1786, el ayuntamiento recibió una orden de Bernardo de Gálvez, virrey de la Nueva España, para que se establecieran las tres escuelas de niños y niñas lo más pronto posible, las cuales debían funcionar con los sueldos que el virrey había asignado. Después de ello, el ayuntamiento dio el nombre de los tres maestros que trabajarían en las escuelas, a fin de que el virrey los aprobara (AGN, Historia, 498, ff. 24-24v.).

En ese momento, el virrey recibió las reglas de los tres planteles educativos: escuela de niños, escuela de niñas y escuela de maestro de doctrina. Las tres tenían similitudes de enseñanza, como la lectura del padre Septién; sin embargo, también tuvieron múltiples diferencias, ya que para las niñas la costura estaba como una actividad fundamental, mientras se indicaba que la enseñanza de la ortografía de la Academia Real de la lengua española sería dirigida a los niños (AGN, Historia, 498, ff. 25-27v).

Pero las tres escuelas tampoco eran una realidad consolidada, ya que el proyecto del seminario conciliar continuaba discutiéndose en Madrid. El 24 de agosto de 1786, el rey aprobó lo acordado en la Junta Subalterna del 1º de agosto de 1775, donde se remitieron las Constituciones para el gobierno del seminario. El fiscal de San Luis pidió que la liquidación de obras pías se pasara al obispo fray Antonio de San Miguel (1784-1804), para que remitiera el rédito que hubieran producido los 55 mil 187 pesos 6 reales de obras pías, así como los 17 mil 942 pesos como sobrantes de ellas, y con ello se fundara el seminario (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 45).

Al tiempo que se discutían los dos proyectos educativos, al gobierno metropolitano le urgía continuar con la venta de temporalidades para pagar los costos de la guerra anglo-española (1779-1783), por lo que se vendieron las últimas propiedades de San Luis Potosí. En 1786, José de Gálvez notificó la venta de la hacienda de La Parada a favor de don Ángel Prieto de la Maza por la cantidad de 62 434 pesos. El remate incluía todas sus tierras, aguas, ranchos, casas, oficinas, pastos y semillas, aunque ello no tuviera repercusiones directas en la posible reapertura del excolegio, pues, como ya vimos, este dinero dependía de temporalidades (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 64, s/f).

Si bien las ventas no tuvieron secuelas significativas en los proyectos de instituciones educativas que se fraguaban en la ciudad, sí las tendrían la creación de las intendencias. De hecho, San Luis Potosí se convirtió en la capital de la intendencia más grande del virreinato. Ahora, ya con autonomía política, las élites potosinas pelearían por tener soberanía eclesiástica y educativa, al insistir en la creación de una diócesis en su territorio.

San Luis Potosí después de la creación de las intendencias: el resquebrajamiento del poder de los prelados y los proyectos educativos de la ciudad (1786-1804)

Con la creación de las intendencias en la Nueva España en diciembre de 1786, a partir de las cuales el rey buscó promover el gobierno provincial y el desarrollo económico regional, el futuro del antiguo colegio jesuita de San Luis Potosí tomó un nuevo rumbo. Desde ese momento, los ayuntamientos comenzaron a tener un papel protagónico en el fomento de la educación, a pesar de la competencia que les supuso enfrentarse a la nueva realidad política. Estos acontecimientos marcaron el comienzo de un conflicto por los límites de autoridad entre los intendentes y los ayuntamientos. A pesar de las hostilidades por parte de los primeros hacia los segundos, los ayuntamientos mantuvieron su influencia, ya que representaban una institución de cohesión para los grupos de poder locales. Estos grupos buscaron mantener su autonomía frente a los nuevos funcionarios gubernamentales (^{Bernal, 2019, pp. 66, 76, 92}).

San Luis Potosí se convirtió en la capital de la intendencia más grande del virreinato (^{O’Gorman, 1966, pp. 12-25}). A partir de entonces, comenzaron los enfrentamientos entre el ayuntamiento potosino y los intendentes, quienes, a pesar de haber tenido el apoyo de la Corona, carecían de recursos para imponerse a los regidores. Asimismo, las élites locales no perdieron la capacidad de injerencia en su territorio ni en las prerrogativas jurisdiccionales. En suma, los intendentes no pudieron eliminar las viejas prácticas de la aristocracia potosina, ya que esta no renunció a su poder para entregárselo a los nuevos funcionarios de gobierno (^{Celaya, 2016}). Por otra parte, la intendencia potosina también enfrentaría a la mitra michoacana, debido a que el poder de los prelados menguaba al tiempo que aumentaba el de los intendentes; de este modo, entraron en competencia dos autoridades con un gran peso político en Michoacán (^{Bernal, 2019, p. 82-85}).

El establecimiento de San Luis Potosí como capital de intendencia no cambió las discusiones en torno a las posibles funciones que podría tener el excolegio jesuita, pero sí ayudó a que desde la nueva capital se presionara más a los prelados para que se reabriera. No obstante, como ya vimos, en el interior del ayuntamiento existían intereses contradictorios, lo que dificultaría su reapertura. En 1787 seguía en debate la aplicación de las alhajas y otros objetos de la iglesia para enviarlos a varias parroquias según la propuesta del obispo (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 65, s/f). En cuanto a la posibilidad de abrir un colegio de niños y niñas, la junta del 4 de mayo de 1789 remitió al obispo la liquidación que se le encargó. Deducidos los salarios de maestros y maestras, los gastos y el importe de cargas piadosas, había un sobrante de 2008, pesos un real y seis granos, liquidación que estuvo reconocida por la Contaduría y Dirección de temporalidades (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 45).

La problemática que se aludía para su reapertura continuaba siendo económica. El fiscal de San Luis Potosí resaltó que con la deducción de la tercera parte de los ingresos no quedaba renta suficiente para la ejecución de establecer dos escuelas de niños y una de niñas y dar a los maestros vivienda regular y paga de la renta líquida según expuso el obispo en 1789. La iglesia se aplicó para ayuda de parroquia y uno de los vicarios del cura fue nombrado para que cuidara del aseo del templo. La junta también acordó que se pusiese en acuerdo la obra pía de misiones y que se pagara del ramo de temporalidades (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 45).

En 1790, la suerte del excolegio de San Luis Potosí y la creación del obispado seguían en vilo. Si bien se aceleró la venta de temporalidades, sobre todo de casas de alquiler, cuyo dinero pasaría a Madrid para pagar los gastos que la metrópoli considerara necesarios, el futuro del excolegio jesuita continuaba en pausa (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 66, s/f). Seguía la dicotomía entre hacer un colegio de niños y niñas o un seminario conciliar.

En 1792, el virrey Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, informó al monarca que la Junta Superior de Aplicaciones decidió dotar al excolegio como seminario conciliar. Tendría “un rector, dos catedráticos, uno de teología y otro de moral, un preceptor de toda gramática y un maestro de primeras letras”. Para su funcionamiento debía destinarse el sobrante de obras pías y congregaciones; sin embargo, el pretexto para su freno continuaba siendo económico, ya que quienes estaban en contra argumentaban que el dinero no alcanzaría para pagar los sueldos de los empleados (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 45). Asimismo, la tendencia de enviar dinero a Valladolid continuó y en 1791 el conde de Revillagigedo solicitó que los réditos de las misiones de San Luis Potosí pasaran al colegio correccional, por no considerarlos necesarios en dicha ciudad (AHCM, Fondo diocesano, Gobierno, Colegios, Colegio de San Francisco Xavier, 1789, caja 2, folder 11, ff. 13-15).

Por su parte, varios miembros del ayuntamiento potosino, además de apoyar el seminario, impulsaban el proyecto de crear una diócesis. Todavía no había claridad sobre dónde sería su sede, pues, además de San Luis Potosí, otra opción para establecerla era Valles, en el territorio de Nuevo Santander (^{De la Torre, 1970}). En 1792, los miembros del ayuntamiento escribieron a Carlos IV para exigirle una mitra, al ser capital de la mayor intendencia del reino. Entre las razones que adujeron se encontraba que el prelado michoacano no podía atender un lugar tan distante como San Luis Potosí, que los obispos michoacanos no habían visitado la ciudad en décadas y que, debido a la lejanía, había falta de clérigos y religiosos. Afirmaban también que una ventaja de fundar una diócesis sería que el número de diezmos aumentaría sin perjuicio de los obispados de Valladolid y Guadalajara.

De todos los argumentos que dio el ayuntamiento, el más fuerte era el perjuicio educativo en que se encontraba la juventud de dicha tierra, pues la ciudad únicamente contaba con escuelas de primeras letras. Por ello, afirmaba que, en caso de haber obispos, se abrirían más colegios y cátedras en la nueva diócesis (^{Velázquez, 1898, pp. 343-415}). Por último, el ayuntamiento también hizo un guiño a los seminarios conciliares, sin aludir explícitamente a su apertura, al afirmar que “un padre ocupado en los negocios de su casa no puede dar instrucción a su hijo, y por esto los Concilios, y las Leyes mandaban haya Colegios, o Seminarios Conciliares, para los quales se contribuye con pensiones” (^{Velázquez, 1898, pp. 393-394}).

Pero, como hemos visto, había varias posturas en contra de que sucediera tal posibilidad. De acuerdo con un fiscal defensor del obispado de Michoacán, San Luis Potosí no era propicio para fundar un seminario conciliar porque no tenía fondos suficientes. Además, es necesario recordar que la real cédula de 1769 estableció que únicamente se abrieran facultades mayores donde hubiera universidades o seminarios, característica que todavía no tenía la ciudad potosina; sin embargo, se buscaba cambiar esta realidad al abrir un seminario conciliar. Por ello, el fiscal prefirió apoyar la idea de establecer dos escuelas de primeras letras para niños y otra para niñas, una o dos aulas de gramática, mientras el resto de obras pías se podría aplicar para niños pobres (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 45).

De acuerdo con Manuel Muro, la Junta Superior de Aplicaciones de Madrid cedió el antiguo colegio de la Compañía al ayuntamiento de San Luis Potosí en 1792, junto con 17 000 pesos para que en ese edificio y con ese capital se sostuvieran dos escuelas para niños y una para niñas; no obstante, el dinero se entregó al obispo, quien lo puso a censo en una finca de esa provincia y solo los intereses fueron enviados a San Luis Potosí (^{Muro, 1899, p. 19}). Muro afirmó que el colegio se dotaría con el dinero de temporalidades, aunque una fuente del Archivo Histórico Nacional de Madrid lo contradice. Este documento sostiene que los establecimientos quedarían dotados con los sobrantes de las obras pías para que se pagara con ellos a los maestros y constituyeran becas para los hijos pobres de San Luis Potosí. El ayuntamiento respondió que, al no llegar a los 900 pesos el rédito del capital de 17 mil 942 pesos 7 reales 5 granos necesarios, las tres escuelas quedarían pobremente dotadas, sobre todo las aulas de gramática, en atención a la carestía de víveres, vestuario y casas (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 45).

A pesar de los inconvenientes, seguramente el prelado michoacano prefería la idea de las tres escuelas sobre la del seminario conciliar. De esta forma, la apoyó y propuso que la iglesia se aplicara como ayuda de parroquia, el excolegio para el establecimiento de dos salas de gramática y que hubiera una tercera escuela de primeras letras donde los maestros tuvieran habitación. Por último, el dinero de las misiones debería servir para dotar al nuevo colegio (AHN, Clero-jesuitas 91, N. 45). No obstante, el dinero continuó fluyendo a Valladolid, ya que en 1792 el virrey Iturrigaray aprobó para el colegio clerical vallisoletano los réditos de 18 000 pesos de becas pertenecientes a las misiones de San Luis Potosí (AHCM, Fondo diocesano, Gobierno, Colegios, Colegio de San Francisco Xavier, 1792, folder 11, ff. 20-21).

Todo parecía indicar que la idea del seminario conciliar estaba dejando de ser una opción viable en virtud de todas las trabas que se le interpusieron, sobre todo de parte de la mitra michoacana. Por otro lado, las escuelas de gramática y primeras letras tomaban su rumbo y se afinaban los últimos detalles antes de su apertura. En 1794, el cura de San Luis Potosí notificó al virrey Revillagigedo y al prelado de Michoacán que existían inconvenientes en establecer la escuela de niñas en lo alto del excolegio jesuita, por lo que solicitó que se encontrara en el piso bajo, con comunicación a la calle e independencia del resto del colegio (AHCM, Fondo diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades civiles, 1794, caja 24, folder 115, ff. 26-26v.). No obstante, el problema para su apertura continuaba siendo económico, ya que el obispo de Michoacán todavía no estaba convencido del todo de tal apertura y seguía abogando por la centralización educativa del obispado en Valladolid. Así lo demuestra una carta que el prelado michoacano envió en 1797 al virrey, marqués de Branciforte, en la que le notificó que de los 26 045 pesos de la dotación de misiones de San Luis Potosí había que mandar a Valladolid una parte considerable de los réditos (AHCM, Fondo diocesano, Gobierno, Correspondencia, Autoridades civiles, 1797, caja 24, folder 126, s/f).

No obstante, al parecer, el envío de dinero no fue impedimento, ya que, de acuerdo con Muro, el 2 de julio de 1797 se abrieron dos escuelas para niños y una para niñas en el edificio que perteneció al otrora colegio jesuita, nombradas “Reales Escuelas pías de escribir y contar”. Estaban dirigidas por maestros escogidos por el ayuntamiento; en estas los niños aprendían lectura, escritura, aritmética, ortografía castellana, las máximas de educación política de Pedro Septién y la doctrina del padre Arbiol. En realidad, no sabremos hasta qué punto se consolidó el proyecto, ya que no he encontrado información archivística al respecto. Por su parte, Muro sostiene que tal proyecto no contó con la protección de las autoridades de la ciudad ni de los vecinos, por lo que decayó con la revolución de 1810. De este modo, en la ciudad permanecieron únicamente las escuelas de los conventos de San Francisco y San Agustín, pues el de la Merced también cerró (^{Muro, 1899, pp. 20-22}).

Por último, me atrevo a conjeturar que probablemente el nuevo colegio no tuvo el apoyo del ayuntamiento, pues la mayoría de los miembros de este continuaron apoyando la erección de un seminario conciliar hasta los inicios del nuevo siglo. Formulo dicha hipótesis a partir de un documento de 1804 que muestra que continuaba vivo el deseo de fundar un obispado en San Luis Potosí. En dicha fuente se delinean los límites que debería tener la nueva diócesis potosina, la cual colindaría al norte con el obispado de Monterrey y al sur y al este con los obispados de Guadalajara y Michoacán (AGI, MP-México, 490). No obstante, los potosinos tendrían que esperar todavía décadas para tener un obispado, pues el propósito de tener una diócesis propia no se materializó hasta 1854, en el México independiente, con la autorización de Pío IX, en una época en la que hubo un aumento considerable de mitras a lo largo de toda la República (^{Gutiérrez Casillas, 1984, p. 290}).

Conclusiones

El artículo se enfocó en demostrar cómo el ayuntamiento de San Luis Potosí buscó hacer frente a la mitra michoacana, en una época en la que los obispos de la diócesis se propusieron centralizar la educación en Valladolid, la capital del obispado. Si bien ninguno de los dos proyectos ideados para la ciudad potosina tuvo el éxito esperado -tres colegios de primeras letras y gramática, o la edificación de un seminario conciliar-, analizar el enfrentamiento entre el ayuntamiento potosino y la diócesis, así como los desacuerdos en el interior de cada uno, permite adentrarnos en los afanes de autonomía política de esta ciudad de provincia del obispado de Michoacán, a partir del estudio de caso de lo que fuera el antiguo colegio jesuita de la ciudad.

Después de revisar una vasta cantidad de fuentes de archivo, concluí que los obispos de Michoacán no querían dejar que se abriera un colegio en San Luis Potosí debido a que les quitaría poder. Además, existía el proyecto de crear una nueva diócesis, que dividiría en dos el obispado de Michoacán, la que afectaría económicamente a la mitra michoacana. Por ello, a pesar de estar en contra, los prelados de Michoacán decidieron mejor apoyar, aunque de forma tenue, la creación de las escuelas de primeras letras y gramática, que no representaría una amenaza tan fuerte a la unidad de la diócesis, como sí lo haría la instauración del seminario conciliar; sin embargo, este proyecto tampoco prosperó.

A pesar de no haber logrado su cometido, y haber cerrado los colegios de primeras letras de forma prematura, esta investigación sirvió para profundizar en las tensiones entre el ayuntamiento potosino y los obispos michoacanos. Así, el artículo propone una nueva forma de estudiar el destino que tuvo un antiguo colegio de la Compañía de Jesús en la provincia mexicana, un tema muy poco estudiado por la historiografía. A pesar de haber sido San Luis Potosí el caso más polémico de la diócesis de Michoacán, la forma en que se abordaron las tensiones puede servir como ejemplo para estudiar los antiguos colegios de otras diócesis, en donde se preste atención a los conflictos entre los ayuntamientos y los obispos en torno a su posible apertura.