Introducción

El conflicto de febrero de 2022 entre Ucrania y Rusia generó una serie de reacciones, debates y políticas de comunicación inusuales de gobiernos europeos, organismos internacionales y medios digitales, que podría significar una evolución a nuevas aplicaciones de la censura más allá de los modelos tradicionales. La escalada de violencia en Ucrania fue considerada parte del mayor conflicto del continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial y significó una nueva etapa geoestratégica y mediática tras la política de expansión geográfica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (^{Strovsky, 2013}; ^{Roudakova, 2017}; ^{Telman, 2016}; ^{Moreno y García, 2020}; ^{Ramonet, 2022}; ^{Mac et al., 2022}; ^{Schwarz, 2022}).

En este artículo se analiza, desde la economía política de la comunicación y los medios globales más allá de las estrategias de propaganda tradicionales, la aparente consolidación internacional de las restricciones al contenido digital y de plataformas y la forma en que un conflicto armado ocasionó sanciones económicas y bloqueos mediáticos en canales de cable, en especial la televisora pública Russia Today (RT), la agencia Sputnik Mundo y plataformas digitales, medios globales europeos y estadounidenses y organismos internacionales como la Comisión Europea.

El método de investigación partió de una perspectiva histórico-documental y analítico-interpretativa a través de una búsqueda de reacciones tras la guerra en Ucrania que hayan implicado bloqueos de contenidos en medios globales y los argumentos de gobiernos y las empresas tecnológicas. Para este caso, se analizó la comunicación oficial de las instancias gubernamentales y acciones legales y, derivado de ello, la reacción de nueve empresas de tecnología que tomaron decisiones restrictivas, en sitios oficiales, blogs y noticias publicadas por medios de comunicación durante el primer mes de las hostilidades en Ucrania.

Se examinaron Facebook, Instagram, Microsoft, YouTube, Twitter, TikTok, Amazon, Apple y Roku, todas las compañías líderes en audiencia, en venta de equipo, consumo y programación. No fueron contempladas las comunicaciones sobre donaciones, acciones humanitarias, orientación geográfica o seguridad de dichas empresas o gobiernos, sino sólo lo relacionado con algún tipo de restricción de contenidos y publicidad en diferentes tipos de medios. Tampoco se contemplaron otros conglomerados fuera del ramo mediático tecnológico, excepto los que están vinculados a los servicios de hardware y software con plataformas digitales. Se elaboró un cuadro a fin de documentar las acciones de los diferentes actores en el conflicto y una lista cronológica de nueve restricciones identificadas. La bibliografía analizada comprende teorías y propuestas conceptuales de autores/as de Europa y Estados Unidos, pero también rusos, además de posiciones intermedias desde América Latina.

Se parte de dos hipótesis. La primera: diversos espacios en internet como sitios web, aplicaciones, plataformas de video y redes sociales ya habían restringido contenidos debido a la relación ideológica y económica con gobiernos occidentales, pero el conflicto en Ucrania develó una reacción previsible en telecomunicaciones contra medios públicos en cable y televisión, que se extendió a internet, lo cual fue inusual, e implicó otro tipo de afectaciones a la ciudadanía, que podrían perturbar los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. La segunda: las deliberaciones sobre medios estatales o públicos y el posible control de contenidos en Rusia dieron lugar a que las empresas tecnológicas aplicaran de modo generalizado las políticas restrictivas contra medios públicos de ese país. Ambos planteamientos comportan elementos nuevos de censura aplicada a escala mundial, además de la crisis humanitaria del conflicto.

El artículo contiene cinco apartados. En el primero se analizan las percepciones entre Rusia y Occidente desde la ideología de guerra mediatizada y la forma en que la propaganda ha marcado la historia de la censura en el mundo. En el segundo se revisan y sintetizan las restricciones legales a televisión por cable y satelital de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. En el tercero se estudian las medidas tomadas en redes sociales e internet y los argumentos planteados para justificar las decisiones tomadas, con un énfasis cronológico en los tipos de aplicaciones digitales a los bloqueos de contenidos. En el cuarto se observa la orientación de analistas y expertos relacionada con dichas restricciones. En el último se exponen la discusión y las conclusiones.

Las percepciones de Rusia y Occidente

Sin justificar la violencia y las vidas humanas perdidas de cualquiera de los actores involucrados en el conflicto, los grupos políticos de Occidente aseveran que Rusia creó, en las últimas dos décadas, una maquinaria mediática por sus cadenas de televisión y radio internacionales, páginas web y plataformas de redes sociales, para poner en duda los valores democráticos y amenazar el orden público y la seguridad de Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, los acusan de interferir en las elecciones de sus países como agentes de difusión de noticias falsas y desinformación (^{Comisión Europea, 2022}; ^{EU vs Disinfo, 2022}). De acuerdo con ^{Colomina (2022}), el debate apenas empezaba en un momento en el que dos grandes directrices globales de la digitalización medían sus fuerzas: por un lado, el tecnoautoritarismo de China y Rusia y, por el otro, el modelo estadounidense de Silicon Valley con Eurasia, en el que empresas privadas desplegaban un “capitalismo de la vigilancia”.

La historia de la censura en tiempos de guerra es tan antigua como la historia de las comunicaciones, pero cobró mayor importancia a partir de la difusión del uso del telégrafo y el desarrollo de la prensa de masas (^{Prevrátil, 1992, p. 19}). Los primeros incidentes documentados con claridad ocurrieron en el siglo XIX, durante la guerra anglo-rusa de 1854 y la guerra civil en Estados Unidos pocos años después.

Es evidente que en los países sin medios independientes del Estado este conflicto no se manifiesta. Durante la guerra entre Irak e Irán, así como durante la intervención soviética en Afganistán, los gobiernos simplemente extendieron su rutinario control sobre los medios, y aumentaron las formas indirectas a través del endoctrinamiento ideológico, religioso y político. Las democracias parlamentarias de occidente también usan métodos indirectos de control para lograr, por ejemplo, la identificación psicológica del público y los periodistas con las tropas y los objetivos generales de su país. Sin embargo, estos intentos están sujetos a los procesos políticos democráticos y, en cierta medida, al examen crítico de la opinión pública (^{Prevrátil, 1992}).

La cobertura de los medios occidentales sobre Rusia y los países comunistas es una tradición que se remonta a los orígenes de la revolución bolchevique de 1917. De acuerdo con ^{Herman (2017}), en un estudio clásico de la cobertura de The New York Times de 1917 a 1920, ^{Walter Lippmann y Charles Merz} encontraron que, desde el punto de vista del periodismo profesional, informar sobre la Revolución Rusa “fue un desastre” en las cuestiones esenciales y que “el efecto neto fue casi siempre engañoso” (^{McChesney, 2013}).

En consonancia, ^{Roitman (2012}) lo llama un anticomunismo de principios del siglo XX, que dio paso a una modalidad maniquea del mundo libre versus los países socialistas. Así, Roitman señala que en pleno siglo XXI los argumentos esgrimidos para justificar los intentos de golpes de Estados a los gobiernos legítimos de países como Venezuela, Ecuador o Bolivia han seguido el itinerario del discurso anticomunista.

Dicha propuesta sobre el sistema soviético ha sido superada por estudios más recientes que plantean que no se refleja una auténtica diversidad de los sistemas de medios de comunicación en el mundo (^{Moreno y García, 2020}; ^{Hallin y Mancini, 2008}). Por el contrario, la crítica rusa sobre la prensa occidental es que, aunque se presenta como independiente de cada gobierno, está ligada a la estructura financiera capitalista y, en realidad, es parte de esa estructura, por lo tanto, no atacaría al propio sistema.

Los estudios más recientes apuntan a que las nociones de objetividad y profesionalismo de los medios en Rusia, sobre todo de los públicos, son diferentes a las de los países de Occidente y sus periodistas. Como anotan ^{Moreno y García (2020}), son discrepancias mediáticas relacionadas con la sociología de producción de noticias que no radican en que estos medios sean sólo de propiedad estatal. Afirman que a estos medios no se les puede catalogar teóricamente como tradicionales o, al menos, como homologables a los de países que se presumen “democráticos”.

^{Rodríguez (2022}) coincide en que un creciente control sobre la regulación y los contenidos de los medios después de la evolución de la Rusia postsoviética posterior a 1992, las reformas de liberalización económica y la competencia política y electoral produjeron un cambio institucional de nuevas élites económicas y gubernamentales coludidas en pos del capital económico. Rusia, a pesar de la existencia de una ley y una garantía constitucional de libertad de prensa, sufre de un poder judicial dependiente, capturado, y una débil implementación de la ley (^{Hedwig, 2013, cit. en Rodríguez, 2022}).

Para ^{Roudakova (2017}), lo que existe actualmente en la prensa rusa es una dualidad: una tradición históricamente oficialista como Pravda, pero también con un interés muy particular por la verdad y el profesionalismo, sobre todo desde la década de los ochenta, y recientemente una visión del mundo de un periodismo superfluo, con hechos reducidos a opiniones y comentarios disfrazados de hechos, en el que los límites entre análisis y fabricación desaparecen.

El imperialismo cultural o teoría de la dependencia analizó, desde los cincuenta hasta los ochenta del siglo XX, los desequilibrios y las desigualdades en los flujos internacionales de mensajes en los medios como resultado de las influencias económicas y políticas de países desarrollados (^{Fernández, 1976}). Tras el debate del Informe McBride para intentar crear un nuevo orden mundial de la comunicación, con la disolución de la Unión Soviética y el bloque comunista, el orden mundial occidental se consolidó en los inicios del nuevo siglo con la hegemonía ascendente de Estados Unidos, que se manifestó en el control total de los medios en la primera guerra del Golfo de 1991 en Irak (^{Esteinou, 2004}).

En la década de 1960, el pensador francés Jacques Ellul introdujo nuevas teorías relacionadas con la propaganda y con la manera en que el sistema mediático de cada país desempeñaba un papel crucial como respuesta a los problemas contemporáneos, tanto en el nivel personal como en el contexto de la sociedad en general. Entre sus aportaciones, distinguió principalmente dos categorías de propaganda: la de agitación y la de integración (^{Ellul, 1973}). La propaganda de agitación, señaló, se caracteriza por provocar una respuesta social inmediata o incluso un interés revolucionario. En contraste, la propaganda de integración opera de manera más gradual y tiene como objetivo principal mantener el flujo de una sociedad tecnológica, incluidos los medios de comunicación, para lograr su efectividad.

^{Ellul (1973}) argumentaba que la propaganda de integración busca que los individuos participen de modo activo en cada sociedad de diversas maneras, pero es un proceso a largo plazo que se autoperpetúa para instituir un comportamiento estable y adaptar a las personas a la vida cotidiana, remodelando sus pensamientos y comportamientos para que encajen en un entorno social estable y permanente. De acuerdo con este autor, un ejemplo de tal propaganda se observa en la Unión Soviética desde la década de 1930, pero también se ha utilizado en Estados Unidos a lo largo de los años por su sutileza y complejidad en comparación con la propaganda de agitación.

Ellul también señalaba que para que la propaganda de integración sea efectiva se requiere un doble enfoque en la comunicación: en primer lugar, medios centralizados y controlados, y, en segundo, diversificados en sus productos mediáticos, como cine, prensa y radio. Esto se debe a que ningún medio individual tendría suficiente poder para mantener una influencia constante sobre las personas a través de todos los canales disponibles. La combinación de control centralizado y diversidad mediática permitiría que la propaganda llegue a las masas y tenga un efecto más profundo en la sociedad.

^{Kellen (1973}) reconocía en la teoría de Ellul la importancia de lo que en los setenta ya se vislumbraba como una creciente mecanización y organización tecnológica, en la que la propaganda era simplemente el medio utilizado para impedir que esos cambios se sintieran como demasiado opresores y para persuadir a las personas de buena voluntad y a lo largo del tiempo. Kellen añadió que una condición indispensable para llevar adelante el progreso técnico y para el establecimiento de una civilización tecnológica es que, cuando las personas estén del todo adaptadas a esta sociedad tecnológica, cuando acaben obedeciendo con entusiasmo, hayan dejado de sentir la coacción de la organización.

Una visión diferente es la del filósofo y pensador ruso Alexander Zinoviev, quien afirmó que Occidente ha considerado el comunismo, a la Unión Soviética y ahora a Rusia como “el imperio del mal”, debido a una tendencia a la integración de los países occidentales en una nueva entidad unificada después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual dominó la evolución de la humanidad contemporánea, al igual que la tendencia a formar una sociedad global bajo la égida del Occidente integrado. Sostenía que el bloque europeo fue un ejemplo de la forma en que los medios modernos de adoctrinamiento ideológico y manipulación pueden engañar con más facilidad a un pueblo entero que a un individuo aislado y durante un tiempo casi ilimitado (^{Zinoviev, 2000}).

La sociedad rusa tuvo un giro a la democracia a finales de los ochenta, con Mijaíl Gorvachov, pero después sufrió una profunda decepción moral y material durante la década de 1990, lo que se conoce como fracaso económico, financiero y social del régimen de Boris Yeltsin y de las implicaciones mundiales vinculadas indirectamente. Como consecuencia, a inicios del nuevo siglo, el discurso nacionalista del presidente Vladimir Putin favoreció el fortalecimiento de la desconfianza y el rechazo de la ciudadanía a las políticas del gobierno estadounidense en relación con Rusia (^{Telman, 2016}). Por ejemplo, ^{Rabilotta (2017}) señala que la derrota geoestratégica de Occidente en Siria desde 2011 significó el inicio de una nueva y peligrosa confrontación de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia, que se reflejó en lo mediático con debates y acusaciones de “noticias” fabricadas para crear imputaciones contra Putin sobre el “supuesto hackeo” en 2016 de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos.

En la década de los noventa nacieron canales de televisión internacionales producto de la globalización económica que funcionaban localmente desde hacía decenios, o en radio, entre ellos medios públicos vía satélite como BBC World, RAI Internacional o TVE Internacional, para difundir su cultura, proyectar su imagen y cumplir la aspiración de incidir en la opinión pública en asuntos de actualidad internacional (^{Tulloch, 2009}). ^{Boyd-Barrett (2010}) plantea una relación inequitativa no sólo entre países desarrollados y en desarrollo, sino también entre países desarrollados y medios prominentes de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, aunque no eran los únicos. Dicha inequidad, señala el autor, se entendía a través de relaciones y sistemas mediáticos y políticos dentro de cada país y su capacidad de producción en un clima de desregulación internacional.

En este contexto, los medios públicos rusos lograron en los últimos años una penetración mundial inusitada en América Latina, Europa y Medio Oriente, con estrategias de comunicación, con nivel técnico, medios digitales, televisión, diversas lenguas y con acuerdos con países o gobernantes con ideologías similares. RT se ha logrado consolidar como un medio de comunicación “antisistema” y canalizador de las audiencias. Incluso Rusia se ha permitido con estos medios una influencia de cierta credibilidad y de persuasión efectiva al contar con elementos técnicos similares a los de los medios globales y medios digitales (^{Audinet, 2017}).

^{Audinet (2017}) y ^{Von Twickel (2010}) argumentan que, durante la guerra ruso-georgiana de 2008, la redacción de RT adoptó una línea editorial más ofensiva como respuesta a la cobertura de los grandes medios de comunicación occidentales sobre el conflicto, juzgada como unilateral. De acuerdo con la comunicación propia e institucional de RT, se convirtió en un medio de comunicación “global”, capaz de promover “otra visión” de los acontecimientos.¹ Por ejemplo, en 2014 la llamada revolución de Maidan, a diferencia de la mayoría de la cobertura de medios occidentales, fue considerada por expertos como un golpe de Estado al expresidente Víktor Yanukóvich, con influencia de Estados Unidos y la Unión Europea, dado que, aunque hubo mucha represión y asesinatos de civiles, sacaron del poder a alguien que ganó democráticamente en las urnas y no hubo un procesamiento parlamentario-judicial, sino una restitución directa de un miembro de la oposición pro países extranjeros (^{Democracy Now, 2014}; ^{DW, 2014}).²

^{Pilger (2022}) considera que en 2014 hubo un golpe de Estado en Kiev respaldado por Estados Unidos, con lo cual inició una guerra civil devastadora; culpó a los países occidentales por no haber reaccionado en ese momento para llevar la paz a Ucrania. Tras los fallidos acuerdos de Minsk de 2015, diversos académicos y periodistas recordaron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a Occidente su responsabilidad en el conflicto actual. Aunque hoy el contexto es otro, la OTAN estableció relaciones amistosas con Ucrania, con lo cual aumentó la probabilidad de tensión entre las potencias con armas nucleares y sentó las bases para la posición agresiva de Moscú, dado que se les acusa de querer convertir a Ucrania en una democracia liberal proestadounidense, que, desde una perspectiva rusa, sería una amenaza real.

Rusia había enviado mensajes de negociación. Su decisión de participar en el conflicto con Ucrania fue una medida de seguridad nacional, es decir, fue defensiva ante la política de expansión de la OTAN (^{ACNUR Comité Español, 2017}; ^{Chotiner, 2022}; ^{Ramonet, 2022}; ^{Mearsheimer, 2014}). Tiempo atrás, muchos líderes mundiales ya habían planteado sus dudas sobre los medios rusos, como Emmanuel Macron, quien desde su campaña electoral en 2017 vetó a RT y Sputnik, o el Parlamento Europeo, que en 2016 ya había cuestionado a RT por razones muy similares, pero no lo había bloqueado (^{La Vanguardia, 2017}; ^{Peltier, 2017}; ^{Parlamento Europeo, 2016}).³

En cuanto a la violencia iniciada en 2022 en Ucrania, ^{Cook (2022}) considera que la cobertura implicó una contradicción, dado que los medios internacionales euroestadounidenses guardaron silencio durante muchos años respecto a casos como los bombardeos saudíes con aviones y bombas británicas contra civiles en Yemen, por ejemplo. El mismo autor señala que quienes resistieron en el país asiático no son héroes para los medios de comunicación occidentales, “los tachan de marionetas de Irán”, ni elogian la “resistencia” palestina como han elogiado la ucraniana. En cambio, tratan a los manifestantes como incautos o como provocadores de Hamás (^{Cook, 2022}).

Desde 2009, cuando Apple censuró las aplicaciones de iPhone del Dalai Lama en China, hasta la fecha, la censura de gobiernos y empresas en medios digitales no es nueva. ^{Naim y Bennet (2015}) advirtieron que, a pesar de los efectos horizontales y liberadores de internet, los gobiernos disfrutan del mismo éxito en dichas plataformas a la hora de irrumpir en los medios de comunicación independientes y condicionar la información que llega a la sociedad. Con el paso de los años, muchos gobiernos aprendieron a esquivar dichos efectos, como Hungría, Ecuador, Turquía, Pakistán, Bolivia, Colombia y Kenia, las autoridades emularon a autocracias como Rusia, Irán o China, censuraron noticias críticas y crearon sus propias empresas estatales de comunicación (^{Naim y Bennett, 2015}; ^{Reuters, 2009}).

Otro caso, 2018 marcó el inicio de una nueva era de restricción de contenidos en Netflix, una plataforma de contenido bajo demanda que mandaba señales de mayor apertura a contenidos independientes. No obstante, censuró en Arabia Saudita un episodio de la serie de standup del comediante Hasan Minhaj porque esta plataforma buscaba evitar tocar el tema del asesinato de Jamal Khashoggi, periodista saudí y columnista de The Washington Post (^{Cárdenas, 2022}; ^{Wright, 2019}).

Bloqueos en telecomunicaciones y redes sociales

El reinicio de las hostilidades en Ucrania generó bloqueos de comunicaciones de los actores involucrados en el conflicto. La primera fue legal, tanto de Europa como de Rusia, tras las hostilidades en febrero de 2022: la Comisión Europea creó sanciones económicas “contra la desinformación y otras formas de guerra híbrida”, y, un día después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció más medidas como prohibir “la maquinaria mediática del Kremlin en la Unión Europea”. También señaló que las empresas estatales RT y Sputnik y sus filiales ya no podían “difundir sus mentiras”, dado que eran “una amenaza importante y directa” para el orden público y la seguridad (^{Comisión Europea, 2022a}, ^2022b). En consecuencia, decidieron suspender la transmisión broadcast de dichos medios, además de todas las licencias, autorizaciones y acuerdos de distribución. Hicieron un llamado a la “cooperación con y entre los reguladores independientes” (^{Comisión Europea, 2022c}; ^{EU vs Disinfo, 2022}). Acusaron que la propaganda rusa “ha atacado, de manera reiterada y constante” a los partidos políticos europeos, a la sociedad civil, a los solicitantes de asilo, a las minorías étnicas rusas, de género y al funcionamiento de las instituciones democráticas.

La otra reacción, igual de rápida, sucedió el 4 de marzo, fue del gobierno ruso, que bloqueó Facebook y Twitter por “desinformación deliberada” como reacción a la incitación a nuevas sanciones contra el país. Al mismo tiempo, el regulador de telecomunicaciones Roskomnadzor anunció la restricción de Google News, debido a numerosos materiales que contenían “información poco confiable” sobre la situación en Ucrania (^{Interfax, 2022}; ^{Reuters, 2022a}; ^{Chernyuk, 2022}), y una nueva regulación, que implicó el bloqueó de, al menos, ocho medios de comunicación locales e internacionales debido a la cobertura de la guerra (^{Chernyuk, 2022}; ^{DW, 2022}). Como se muestra en el cuadro 1, la regulación contempló sanciones económicas de entre 700 mil y 1.5 millones de rublos (de 6 mil 400 a 13 mil 800 dólares), trabajos correccionales de hasta un año o trabajos forzados de hasta tres años, y una pena de prisión de hasta tres años como mínimo. En América del Norte, la compañía de cable DirecTV finalizó su relación comercial con RT América el 1º de marzo y también fue bloqueado el canal ruso en Finlandia y Australia (^{Stapkóvich, 2022}, ^2022a; ^{Europa Press, 2022b}; ^{Darcy, 2022}; ^{Fischer, 2022}).

Además de las sanciones económicas y los bloqueos a medios, hubo reacciones culturales y deportivas, dado que se cancelaron conciertos de músicos rusos y hasta la participación de atletas en competencias y deportes internacionales, entre otros. Por ejemplo, la sala Forum Karlín, en Praga, canceló en noviembre de 2022 los conciertos de Grigory Leps y Stas Mikhailov, dos artistas rusos que apoyaban de manera abierta la guerra a su país. También excluyeron a Rusia como sede del Gran Premio de la Fórmula Uno y la Liga de Campeones de futbol. En adición, atletas rusos y bielorrusos fueron excluidos de competencias previas a los Juegos Olímpicos de París, y los tenistas rusos, incluyendo al número dos en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Daniil Medvedev, no pudieron jugar en el torneo de Wimbledon de ese año. Los argumentos eran: proteger la integridad de las competiciones globales y en aras de la seguridad de todos los participantes y prevenir una cancelación masiva de equipos o atletas en las competencias (^{Getahun y Martin, 2022}; ^{Valverde, 2022}; ^{Marca México, 2022}). En Rusia, músicos locales que se opusieron a la guerra, como Little Big, Zemfira, Boris Grebenchtchikov y el líder del grupo Aquarium, tuvieron que salir del país para evitar ser detenidos (^{Sauvage, 2022}).

Internet y redes sociales

En cuanto a las empresas tecnológicas, reaccionó prácticamente la mayoría de las líderes en el mercado mundial. La primera fue Facebook (subsidiaria de Meta), que atendió “el llamado” de los países occidentales. Las medidas en las directrices de contenido tenían el fin de combatir la difusión de información falsa y brindar más transparencia. Impuso restricciones específicas sobre los medios de comunicación controlados por el Estado ruso porque combinaban la influencia de una organización de medios con el respaldo estratégico de un Estado, y los usuarios deberían saber si las noticias que leían procedían de una publicación que pudiera estar bajo la influencia de un gobierno. Es decir, es una especie de insignia negativa para dichas cuentas. Su argumento fue la “naturaleza excepcional de la situación actual” (^{Gleicher, 2020}; ^{Yun-Cheey y Chalmers, 2022}; ^{Satariano y Frenkel, 2022}; ^{Clegg, 2022}; ^{RFI, 2022}; ^{Facebook, 2022}; ^{Mac et al., 2022}; ^{Alonso, 2022}; ^{Meta, 2022}).

Más tarde, Twitter dio a conocer su “enfoque” del conflicto en Ucrania. Señaló que consideraba que la moderación debía extenderse más allá y que eliminaría contenido por infringir sus reglas o “desamplificaría el contenido”, que significa reducir de modo significativo la visibilidad de los envíos conforme la función que desempeñan los algoritmos. Afirmó que la razón para la “retención” radicaba en las sanciones legales anunciadas por la Comisión Europea a Rusia, y refirió estar obligado legalmente. También le preocupaba que había visto un aumento sustancial en el volumen de medios compartidos “con un contexto engañoso o inexacto”, incluidos videos antiguos de conflictos que eran compartidos como si estuvieran ocurriendo en Ucrania. En adición, pausó la publicidad en Ucrania y Rusia para garantizar que se elevara la información crucial de seguridad pública y que los anuncios publicitarios no restaran valor a la conversación (^{McSweeney, 2022}; ^{Culliford, 2022}).

Como se muestra en el cuadro 1, TikTok se unió a las plataformas para anunciar medidas ante los medios de comunicación estatales rusos en la Unión Europea, aunque con un discurso menos directo y sin una política de bloqueo abierta o permanente. Las razones: la seguridad de sus empleados y de los usuarios como su mayor prioridad. Declaró que había dedicado una significativa cantidad de recursos en respuesta a la guerra en Ucrania con objeto de poner en marcha “una nueva política de medios de comunicación estatales para ofrecer a los espectadores un contexto que les permita evaluar el contenido que consumen”. La forma que seleccionó no fue bloquear contenido generalizado, sino aplicar etiquetas a algunas cuentas de medios de comunicación controlados por el Estado en tres países, Rusia, Ucrania y Bielorrusia (^{Erlich, 2023}). Sin hacer alusión directa a la Comisión Europea, a Estados Unidos y a Rusia, reconoció el riesgo y el impacto de la información falsa en tiempos de crisis. Dio el aviso de que, a la luz de la nueva ley de “noticias falsas” de Rusia, suspendería la transmisión de streamming y los nuevos contenidos de su servicio de video en Rusia mientras revisaba las implicaciones (^{TikTok, 2022a}; ^{TikTok, 2022b}).⁴

También YouTube y Google bloquearon, por las mismas fechas, el canal de RT y Sputnik en toda Europa, eliminaron aplicaciones y de sus resultados de búsqueda como respuesta a la invasión rusa de Ucrania (^{Scott, 2022}; ^{Vincent, 2022}; ^{Walker, 2022}). Señalaron que respondían al llamado de ayuda del gobierno de Ucrania y que continuarían la limitación significativa de dichos medios en sus plataformas. Explicaron que buscarían reducir el alcance de la información no confiable y que la información confiable estuviese fácilmente disponible.

Otros medios como Apple, Roku, Microsoft y Amazon aplicaron ciertas restricciones (^{Gurman, 2022}; ^{Keck, 2022}; ^{Smith, 2022}; ^{Aboutamazon, 2022}). WhatsApp no anunció algún tipo de acción de censura, sólo sugirió reforzar las medidas de seguridad de las cuentas de cada usuario.

En el cuadro 1 se muestra un esquema cronológico de las medidas tomadas durante el primer mes del inicio del conflicto, con nueve tipos de restricciones de contenido identificadas.

La sociedad civil y los analistas

Tras el inicio del conflicto y la aplicación de medidas mediáticas, diversas organizaciones civiles internacionales, analistas y grupos de periodistas acusaron a Rusia de censurar la cobertura de la guerra y de practicar “una represión sin precedentes” contra el periodismo independiente. Las organizaciones civiles señalaron la gravedad de que las palabras “guerra”, “ataque” e “invasión” estuvieran ahora prohibidas en los medios de comunicación y de que sólo se permitiera la información procedente de “fuentes oficiales rusas”, es decir, del Ministerio de Defensa. Cualquier intento de dar esa cobertura se expone a ser procesado o incluido en la lista de “agentes extranjeros”.

Tras el bloqueo de medios locales, Dmitry Muratov, director del diario ruso Novaya Gazeta y premio Nobel de la Paz, publicó un video en el que pedía un gran movimiento contra la guerra y mostraba la edición del periódico del 26 de febrero tanto en ruso como en ucraniano como muestra de solidaridad (^{Amnistía Internacional, 2022}; ^{Reporteros sin Fronteras, 2022a}). También actores independientes, analistas de medios y sociedad civil cuestionaron las medidas no sólo de Rusia. Por ejemplo, el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, consideró como un error de la Unión Europea “luchar contra la desinformación con censura”, dado que la regulación y la gestión de asignación de licencias de los medios no son competencias directas de la Unión Europea, por lo que no tiene derecho a otorgarlas o retirarlas. Sugirieron contrarrestar la desinformación de la propaganda denunciando sus errores de hechos o mal periodismo, demostrando su falta de independencia financiera u operativa, destacando su lealtad a los intereses gubernamentales y su desprecio por el interés público, como las campañas de verificación (^{FeSP, 2022}).

El ^{International Press Institute (2022}) manifestó que la decisión de la Unión Europea debía estar sujeta a un alto grado de escrutinio, a revisión judicial, y ser aplicada por reguladores independientes sobre la base de un conjunto de reglas claras y transparentes que reflejen los estándares internacionales en materia de radiodifusión y libertad de expresión, que incluyan la posibilidad imponer restricciones cuando sea necesario en una sociedad democrática (^{Reporteros sin Fronteras, 2022b}).

Por su parte, la presidenta del canal latinoamericano TeleSur, Patricia Villegas, cuestionó la decisión de la Unión Europea, pues ésta intentaba silenciar voces “a nombre de la democracia” apagando la señal de la distribución tradicional; “no la callarán, ésta se multiplicará en internet”, dijo (^{Villegas, 2022}). Un análisis de ^{MacCarthy (2022}) para The Brookings Institution, una organización civil con sede en Washington, señala que dichas acciones fueron intentos innecesarios y dañinos que limitan la visión del mundo disponible para el público estadounidense y los formuladores de políticas públicas, que conducen a la demonización y el silenciamiento de valiosos críticos internos cuyas ideas podrían ayudar a mejorar la eficacia de las políticas nacionales y extranjeras (^{MacCarthy, 2022}).

Otra voz relevante es la de ^{Mchangama (2022}), quien señala que, como derecho humano, la libertad de expresión protege el derecho a acceder a la información no sólo del hablante, sino también del lector, el espectador y el oyente. Afirma que este derecho sólo debe ser restringido en circunstancias verdaderamente excepcionales, como cuando está en riesgo la vida de la nación, pero, en este caso, ni los Estados miembros de la Unión Europea ni Estados Unidos están en guerra con Rusia.

Discusión y conclusiones

Nuevos términos se están implementando y van complicando sus esquemas de uso de información y de relaciones con los usuarios. Por un lado, los medios digitales no sólo anunciaron bloqueos de contenido y visibilidad, sino que también, en sus poderosos espacios publicitarios, ampliaron las restricciones económicas impuestas por la Comisión Europea en el mundo digital.

Desde su nacimiento, las plataformas y los medios digitales prometían libertad y horizontalidad a sus usuarios y se diferenciaban de los medios tradicionales. Hoy van generando mecanismos de control, como las políticas de uso y las reglas internas, que vulneran los derechos digitales y la libertad de expresión. En general, se utilizaron nuevos conceptos de censura como desmonetizar, restringir el acceso, degradación global de contenido, eliminar cuentas, identificar grupos y cuentas, bloquear canales y aplicaciones, visibilidades mayores y menores, eliminar, remover y borrar contenido, desamplificar, retener y aplicar etiquetas de advertencia.

Uno de los principales riesgos es que tienen la capacidad de focalizar geográficamente bloqueos sólo de los países y espacios que les interesan. Las audiencias de Occidente tienen el derecho a conocer lo que dice Rusia por las vías que decidan, ya sea TV, radio, prensa, internet o las redes sociales, porque la visión de éstos representa un ángulo muy relevante del conflicto geoestratégico y es la única forma en que el público puede formular sus propias conclusiones.

Las sanciones económicas y las conspiraciones hacia el bloque comunista y sus aliados se habían mantenido por décadas, aunque se suavizaron con “el fin” de la Unión Soviética y la llegada de los gobiernos “democráticos” en los noventa. Pero la acusaciones y restricciones contra los medios rusos desde Occidente ya se plasmaban desde mediados de la segunda década de 2000, así como después de la anexión de Crimea y el conflicto iniciado en 2014 en las zonas separatistas con grupos étnicos rusos, que desencadenaron la operación en Ucrania de 2022 como detonante y una escalada geopolítica mayor.

La decisión de Occidente de bloqueos generalizados se considera una política de regresión, a la usanza de las acusaciones infundadas de comunismo del macartismo de la década de los cincuenta en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, se prohibió el trabajo de un grupo de trabajadores de Hollywood, incluido el famoso guionista Dalton Trumbo, por ser comunistas (^{Espinosa, 2016}); pero no son los únicos. Hay una nueva conceptualización de desinformación y propaganda que cada actor involucrado entiende semánticamente a su manera, por lo que se requieren nuevas y más elaboradas definiciones que las encontradas en los discursos oficialistas, los medios y empresas que los avalan o promueven. En lo que coincide la literatura es que Rusia no puede considerarse una democracia al cien por ciento, pero los países de occidente europeo-estadounidenses son, a su vez, democracias deficientes.

La teoría de la propaganda integrada de Ellul podría analizarse más a fondo debido a la tendencia autoritaria de algunos Estados, que parecía que estaba perdiendo fuerza con la llegada del capitalismo y la democracia en la mayoría de los países del mundo. La extensión del esquema de propaganda tradicional, en consonancia con la idea cuasi reduccionista de Ellul, se hace presente por la necesidad de centralizar y controlar los medios, para que la propaganda integrada sea más eficiente, lo cual está sucediendo de forma deliberada en las redes sociales.

Es posible inferir, según el imperialismo mediático definido por ^{Boyd-Barrett (2010}), que la “propaganda” no occidental rusa se resignifica como un contraimperialismo televisivo, pero con intereses culturales, ideológicos y geopolíticos en contextos dispares. La argumentación analizada muestra que tanto Rusia como los medios occidentales han actuado con “desinformación” para combatir la “desinformación”, pero la política rusa implica elementos restrictivos más directos que coaccionan las libertades civiles, conforme a la política interna, niveles de censura que se han endurecido contra medios locales y extranjeros, pero sólo en su territorio. Los actores en disputa cuentan con aparatos sofisticados, pero diferentes, que han generado colapsos y confusión en la sociedad, de cuyas afectaciones reales aún no hay claridad.

Los medios, públicos o privados, de países que simpatizan con Ucrania han bloqueado canales y han impulsado las restricciones en línea, con una reacción quizás igual de grave pero menos velada, con un margen de acción más amplio y en decenas de países. Como lo señaló ^{Prévratil (1992}), aunque cada país y región aplica métodos de control más o menos indirectos, el nuevo panorama digital requiere un análisis más exhaustivo de cada uno de ellos, como las nuevas formas de restricción resumidas en el cuadro 1, dado que no son las únicas y llevan años aplicándose para las políticas de uso de las empresas de redes sociales, con afectaciones locales graves porque son generalizadas.

Los países europeos cruzaron una línea y cuestionaron lo que antes hacían muchos de sus medios públicos y privados, en mayor y menor escala apegados a las normas democráticas, con medidas de información y ciertas señales de rusofobia en las mismas noticias. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos se mantienen en la crítica de la desinformación, propaganda y mentiras; es decir, no consideran siquiera como medios de comunicación a RT y Sputnik, lo cual genera una afectación grave a la credibilidad de cualquier medio público en el mundo, dado que sólo tener una dependencia económica con algún Estado sería suficiente para considerar que no son profesionales y se alinean con los gobiernos.

Son importantes los etiquetados en que se informa que es un medio público, pero la forma de comunicar de los gigantes tecnológicos no aclara si se realizarán sólo con los países afectados o involucrados en la escalada de violencia o con todos los medios públicos del mundo. Si se cuestionaran desde la perspectiva del profesionalismo, periodismo deficiente, información errónea, sesgo, falta de balance, estarían poniendo en tela de juicio a muchos de sus propios medios internacionales euroestadounidenses que no han estado a la altura. Es más fácil culpar de propaganda y desinformación porque es una característica que no cuestiona a los medios occidentales públicos o privados.

Tanto la mayoría de los gigantes tecnológicos como los “reguladores independientes” europeos cooperaron en una respuesta clara y abierta a los llamados políticos de Europa y Estados Unidos dando por hecho la desinformación, la propaganda y todo de lo que se les acusa, aunque fueron pocas las pruebas dadas, con excepción de TikTok y Twitter, que generaron las reacciones más neutrales. La mayoría de los gigantes tecnológicos tomaron partido de modo deliberado, dado que, sin estándares de ética periodística, se entienden más como empresas de conexión que de información y contenidos, lo que los excluye de estándares internacionales como códigos de ética o defensorías de audiencias, que los obedecen con entusiasmo.

Los argumentos y planteamientos de los gigantes tecnológicos, como entes privados, y los gobiernos, como entes públicos, han generado un nuevo tipo de censura global, indirecta y con amalgamas. Como lo plantea ^{Barbosa (2009}), las tecnologías ponen a prueba los límites establecidos cómodamente por la jurisprudencia para la libertad de expresión y sus continuas colisiones con otros derechos.

Estos resultados son de carácter exploratorio de las políticas de comunicación aplicadas durante 2022. Para minimizar las limitaciones, es necesario un análisis de las políticas de comunicación aplicadas en otros conflictos y una revisión de contenido de medios rusos como en el caso de los globales occidentales.