Introducción

En un contexto de externalización de las fronteras y de las políticas migratorias estadounidenses, la gestión de los flujos migratorios en tránsito se convirtió en un tema prioritario para los gobiernos mexicanos, especialmente durante las últimas dos décadas (^{Arriola, 2020}; ^{Ortega, 2023}). La colaboración con Estados Unidos se ha centrado en limitar el paso de migrantes hacia la frontera suroeste de dicho país; sin embargo, las estrategias y acciones han cambiado sustancialmente, sobre todo a partir de 2019.

Antes de ese año, el control migratorio en México se caracterizó por la expulsión de la mayoría de las personas identificadas en situación irregular, provenientes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Algunas de las políticas que se alinearon a esa práctica son el Plan Sur (2001-2003) y el Plan Frontera Sur (2014), con lo que aumentó significativamente el número de detenciones y deportaciones desde México (^{Castillo, 2021}). Estas acciones se enfocaron en identificar a personas que transitaban de manera irregular a lo largo del territorio nacional, pero con especial énfasis en la frontera y la región sur del país (^{Garibo, 2016}; ^{Vila, 2024}). Estas políticas sentaron las bases de la denominada “frontera vertical” (^{Rodríguez y Hoffmann, 2024}; Vila, 2024).

Más recientemente, en 2019, las cifras de deportaciones desde México alcanzaron uno de sus máximos históricos (con 149 812), lo que coincidió con la amenaza del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en mayo de ese año advirtió sobre la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas si el Gobierno de México no lograba reducir el flujo migratorio (^{Rizzo, 2024}). Sin embargo, en años recientes, y de manera más destacada entre 2022 y 2024, el tránsito de personas creció y experimentó transformaciones significativas en cuanto a su origen, composición y razones de desplazamiento. Estos cambios dificultaron los procesos de deportación hacia los países de origen y, como resultado, el Gobierno mexicano cambió radicalmente sus estrategias de control migratorio, implementando nuevas medidas, algunas complementarias y otras sustitutivas de las deportaciones.

En un escenario altamente desafiante en términos de gestión de los flujos migratorios en tránsito, las nuevas prácticas del Gobierno generaron un contexto en el que los migrantes son detenidos, pero no expulsados. Por ello, su situación en México ha sido descrita con términos como “atascados” (^{Frank-Vitale, 2020}), “atrapados” (^{Arriola, 2020}; ^{Mena y Cruz, 2021}; ^{Odgers-Ortiz, 2024}), “inmovilizados” (^{Álvarez, 2022}), “varados” (^{Izcara y Andrade, 2016}; ^{Varela, 2019}), “encerrados” y “encarcelados” (^{Jiménez y Henríquez, 2021}), “bloqueados” (^{Bojórquez et al., 2021}; ^{París, 2022}) y en “condición liminal” (Arriola y Coraza, 2024). En general, estos términos enfatizan el hecho de que los migrantes se ven obligados a permanecer en un espacio de tránsito por un período de tiempo prolongado, lo que no coincide con sus intereses o proyecto migratorio.

Esta condición migratoria relativamente nueva justifica preguntarse por las prácticas que el Gobierno está implementando para gestionar los flujos migratorios y explicar cómo estas configuran la situación de atrapamiento/inmovilidad. Para responder a este cuestionamiento, el presente estudio tiene el objetivo de analizar cinco políticas del Gobierno mexicano: 1) la connivencia con las políticas de asilo y control fronterizo de Estados Unidos; 2) las detenciones en la zona comprendida entre la frontera sur y el Istmo de Tehuantepec; 3) la demora en la entrega de documentos no convencionales; 4) los bloqueos a caravanas de migrantes; y 5) los traslados internos del norte al sur.

Aproximación teórico-metodológica: de la contención al atrapamiento

Los gobiernos desarrollan una serie de prácticas de contención para gestionar los flujos migratorios que generan una situación de cierto atrapamiento o inmovilidad de las personas. Para analizar tales políticas y entender su relevancia, es necesario ubicarlas como parte de marcos analíticos amplios que incluyan las experiencias migratorias de las personas.

El análisis de los proyectos migratorios ha incluido las dificultades que afrontan las personas en la migración. La propuesta teórica pionera de ^{Lee (1966}) definió la migración de forma amplia como un cambio de residencia permanente o semipermanente entre origen y destino -no impuso restricciones respecto a la distancia del desplazamiento ni al carácter voluntario o involuntario del acto- que incluye la superación de una serie de obstáculos intermedios. Aunque este autor no tenía en mente la migración en tránsito, se trata de una de las primeras propuestas analíticas que enfatizó las barreras que encuentran los migrantes en sus procesos migratorios. Sin embargo, resulta necesaria la inclusión de más elementos analíticos para entender el vínculo entre políticas migratorias y la inmovilidad migratoria.

Más recientemente, ^{Carling (2002}) introdujo el estudio sistemático de la inmovilidad migratoria. Su enfoque centra la atención en las personas que no migran, distinguiendo entre inmovilidad voluntaria (decisión de no emigrar) e inmovilidad forzada (cuando existe aspiración migratoria, pero faltan los recursos materiales, sociales o legales para concretar el proyecto).

^{De Haas (2021}) retoma estas ideas y presenta un modelo analítico para explicar las formas de migración como una función de las aspiraciones y capacidades dentro de un conjunto dado de estructuras de oportunidades geográficas percibidas, en las que las aspiraciones migratorias son una función de las aspiraciones generales de vida de las personas y de las estructuras de oportunidades. Las capacidades migratorias dependen de libertades positivas (como recursos financieros y redes sociales) y negativas (como las políticas migratorias). El mismo autor afirma que en algunos casos la situación de la persona se caracteriza por presentar alta aspiración por migrar, pero pocas capacidades para hacerlo; está en una situación de inmovilidad involuntaria, por lo que se siente “atrapada”. En este sentido, los migrantes pueden quedar literalmente “atrapados” en el tránsito debido a la violencia, los controles fronterizos o la falta de recursos (De Haas, 2021).

Por su parte, ^{Odgers-Ortiz (2024}) utiliza “atrapamiento” como categoría analítica para identificar el fenómeno que “se produce cuando las personas son forzadas a detenerse en un lugar no elegido y obligadas a esperar por un período incierto, mientras se encuentran dentro de su trayecto para cumplir una meta” (p. 3). La autora contrasta este término con otros como “espera”, pues argumenta que con atrapamiento se busca destacar la tensión que se produce entre las barreras estructurales y los proyectos o deseos de las personas que migran. Señala además que hay distintos enfoques que han atendido el tema: 1) la experiencia del individuo que se centra en la percepción del lugar que se vive como un destino o como una retención forzada, y 2) el estructural que analiza los impedimentos objetivos a la movilidad.

El presente estudio se centra en los impedimentos y barreras a la movilidad, es decir, en analizar el contexto que experimentan miles de personas en distintos espacios del territorio mexicano, a partir de las barreras y estrategias que el Gobierno implementa para contener su tránsito a Estados Unidos. Se sostiene que el objetivo principal de estas políticas migratorias es restringir la movilidad de los migrantes y prolongar su estancia en el territorio mexicano. Por esta razón, se consideran y analizan por separado las cinco políticas de contención antes mencionadas que hacen emerger el modelo de detención-contención.

La metodología de este trabajo combina dos aproximaciones analíticas: 1) un análisis estadístico-descriptivo de registros administrativos migratorios, y 2) una revisión sistematizada de fuentes hemerográficas. En la primera aproximación, las unidades de análisis son los registros de los Procedimientos Administrativos Migratorios (PAM) que recopila el Instituto Nacional de Migración (INM). Estos registros del INM permiten identificar y examinar: a) los PAM que se originan en la frontera sur y el Istmo de Tehuantepec y se dimensionan respecto al total nacional. Estos PAM se ubican según el municipio de origen y se clasifican en dos regiones principales: la ruta del Golfo y la ruta del Pacífico. Para cada una se caracterizan los eventos según el perfil de la población migrante y su origen, agrupándolos en Sudamérica, Centroamérica y otros; b) la coincidencia o no entre el lugar de inicio y finalización del PAM, lo que permite un acercamiento a la magnitud de los traslados internos.

Adicionalmente se emplean otras fuentes cuantitativas de datos oficiales, como los registros administrativos del INM sobre las tarjetas de visitante por razones humanitarias (TVRH); las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en cuanto a los procesos de solicitud de la condición de refugiado; las estadísticas estadounidenses sobre el programa “Permanece en México”, entre otras.

Por otro lado, se recurre al análisis hemerográfico como método de investigación para analizar, identificar y caracterizar patrones en las acciones que realiza el Gobierno mexicano y que ayudan a entender el contexto de “atrapamiento”. Específicamente, la revisión de noticias en prensa mexicana permitió recabar información sobre las reacciones del Gobierno mexicano ante ciertas políticas de asilo y control fronterizo de Estados Unidos, la manera en que se realizan las detenciones en el sur del país, el tratamiento que el Gobierno mexicano ha dado a las caravanas que partieron de Tapachula desde marzo de 2019 hasta enero de 2025, el fenómeno de los traslados internos, así como otros aspectos de carácter puntual.

Connivencia de México con las políticas de asilo y de control fronterizo estadounidenses

Una serie de medidas emprendidas por el Gobierno estadounidense para limitar el ingreso de migrantes por su frontera suroeste involucraron a la soberanía nacional mexicana, pues en cierta medida afectaron la decisión de quién entra y permanece en territorio mexicano. Por ello, se argumenta que estas políticas requieren la connivencia, o al menos la anuencia, del Gobierno de México. Entre las medidas más destacadas se encuentran las acciones de Estados Unidos en sus políticas de asilo, las cuales obligan a migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras esperan el inicio de sus procesos (^{Wiltberger, 2025}). A continuación, se presenta un repaso de dichas políticas y de las respuestas que el Gobierno mexicano ha dado ante las mismas.

Una de estas políticas fue el metering, implementado de manera extrainstitucional por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a principios de 2016, que afectó a miles de personas (^{Miranda y Silva, 2022}). Este mecanismo reguló el número diario de solicitantes de asilo ante las autoridades estadounidenses en cada puerto de entrada; el resto fue bloqueado o rechazado, lo que generó listas de espera del lado mexicano (^{Yates y Bolter, 2021}). Los migrantes debieron esperar días, semanas o incluso meses para iniciar sus trámites, lo que incrementó su desesperación, aumentó la probabilidad de que intentaran cruces indocumentados y los expuso a condiciones de vida que ponían en riesgo su integridad física (^{Amuedo-Dorantes y Bucheli, 2023}). Aunque esta política estadounidense no es la más intrusiva en el territorio mexicano, hubo críticas hacia las autoridades mexicanas por colaborar con las estadounidenses, ya sea impidiendo que los solicitantes de asilo accedieran a presentar sus solicitudes ante las autoridades estadounidenses o gestionando las listas de espera en algunos puertos de entrada.

Un segundo ejemplo es el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), o Remain in Mexico (Permanece en México). Anunciado durante la primera administración de Trump, el programa se puso en marcha en enero de 2019 (^{Instituto para las Mujeres en la Migración [Imumi], 2019}). Basado en la sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, este programa obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras sus trámites eran resueltos por los tribunales estadounidenses (^{París, 2022}). Dichos trámites podían prolongarse durante meses o incluso años, período en el que los solicitantes de asilo debían permanecer en México, expuestos a graves riesgos (^{Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH México], 2021}).

En su primera etapa, desde enero de 2019 hasta su finalización en junio de 2021, más de 71 000 personas fueron procesadas bajo este programa (^{Office of Immigration Statistics, 2022}). El MPP fue interrumpido temporalmente durante la pandemia del COVID-19. Posteriormente, una orden judicial emitida en agosto de 2021 obligó al Gobierno estadounidense a volver a implementarlo entre el 6 de diciembre de 2021 y el 8 de agosto de 2022. Durante esta segunda etapa, un total de 12 564 solicitantes fueron procesados mediante el MPP, de los cuales 7 505 fueron devueltos a México (^{Office of Immigration Statistics, 2022}).

Según el Gobierno mexicano, la aceptación del MPP se justificó por preocupaciones de índole humanitaria (^{Imumi, 2019}; ^{Ocman y Ortega, 2023}). Sin embargo, su adopción y aplicación, así como sus modificaciones, estuvieron marcadas por amenazas por parte del Gobierno estadounidense hacia México. En mayo de 2019, Trump amenazó con imponer un arancel progresivo sobre todos los productos importados desde México, argumentando que este país no estaba haciendo lo suficiente para controlar la migración procedente de Centroamérica (^{Calva y Torre, 2020}).

La implementación del Título 42 durante la emergencia sanitaria es otro ejemplo de la connivencia de México con las políticas de control migratorio estadounidenses, pues permitió la expulsión inmediata, sin un proceso formal, de migrantes desde Estados Unidos hacia México, incluyendo a personas de otros países, lo que implicó la estancia forzada de migrantes en territorio mexicano (^{Bojórquez et al., 2021}). Entre los años fiscales de 2020 a 2023 hubo 2 912 200 “encuentros” en la frontera suroeste de Estados Unidos que fueron procesados bajo Título 42 (^{U. S. Customs and Border Protection, 2025}). Nuevamente, la reentrada de migrantes extranjeros afectó la soberanía nacional mexicana y evidenció la connivencia del Gobierno mexicano con el estadounidense.

Finalmente, una de las medidas más recientes, aunque ya suprimida, fue la solicitud de asilo en Estados Unidos mediante la aplicación CBP One. En mayo de 2023, el Gobierno de Biden implementó una norma que presume, salvo excepciones, que las personas que ingresan a Estados Unidos de manera irregular no pueden solicitar asilo (^{Ríos-Rivera, 2024}). Como alternativa, estableció el uso de la aplicación, que ofrece 1 450 citas diarias, lo que obligaba a los solicitantes a permanecer en el centro y norte de México mientras esperaban una cita (^{Amnistía Internacional, 2024}).

La disponibilidad de CBP One en el centro del país, y no exclusivamente en el norte, hizo que la Ciudad de México se convirtiera en un lugar de espera para muchos migrantes. Incluso se generaron campamentos en los que la mayoría de sus habitantes eran solicitantes de asilo a través de la aplicación (^{Martínez y Morbiato, 2024}). La afectación de esta aplicación sobre la distribución de los flujos migratorios en México fue tan evidente, que el Gobierno mexicano pidió a su homólogo estadounidense que ampliara el acceso a la misma a los estados del sur, algo que sucedió en agosto de 2024 (^{Clemente y Verza, 2024}). Se puede decir que CBP One logró distribuir por el territorio mexicano a las personas que esperaban para el asilo, por lo que se convirtió en un instrumento de contención (^{Ríos-Rivera, 2024}).

Detenciones desde la frontera sur hasta el istmo de Tehuantepec

En las últimas décadas, el Gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos para identificar y detener a personas extranjeras en situación migratoria irregular. Se han implementado medidas conocidas como cinturones de control al interior del territorio nacional. Estas iniciativas tienen sus orígenes a inicios del siglo XXI con la implementación del Plan Sur, un proyecto cuyo objetivo principal fue reforzar la vigilancia y el control de los flujos migratorios desde la frontera sur del país hasta el Istmo de Tehuantepec, así como en las costas del Golfo de México y del Pacífico (^{Casillas, 2002}; ^{Vila, 2024}).

Durante gran parte de la implementación de estas medidas la fórmula era la detención y expulsión de migrantes irregulares, cuya máxima expresión era la frontera vertical; que se materializaba en la posibilidad de ser detenido en cualquier parte del territorio (^{Pérez y Barojas, 2019}; ^{Varela, 2019}; ^{Vila, 2024}). Cabe destacar que la mayor parte de las detenciones se realizaban en la región sur del país y que la inmensa mayoría del flujo eran migrantes centroamericanos; por lo tanto, la cercanía geográfica facilitaba en cierto modo las expulsiones que eran realizadas mayormente por tierra (^{El Colegio de la Frontera Norte [El Colef] et al., 2019}).

Sin embargo, durante la segunda mitad del sexenio de López Obrador, se abrió una enorme brecha entre el número de detenciones y expulsiones (778 885 y 55 000 en 2023). En este sentido, dado que la mayoría de las personas que inician un PAM no son deportadas, la detención cambia de sentido en el marco de las políticas de control migratorio, y es posible que adquieran otros objetivos que se deben monitorear y examinar: 1) dificultar el avance de los migrantes hacia el norte, en una lógica de bloqueo de ciertas rutas, 2) hacer que los migrantes pierdan tiempo y recursos -como el pago realizado en transportes o a los coyotes- al ser detenidos, ya sea por unas horas o más tiempo, 3) aplicarles un traslado hacia el sur del país -como se detallará en una sección posterior-, o 4) mostrar simbólicamente a los migrantes que no son bienvenidos, pues las detenciones los presentan como si fueran criminales (^{Díaz de León, 2024}). Además, el trato que las autoridades migratorias dan a los migrantes, especialmente en las estaciones migratorias, ha sido calificado como intencionalmente desagradable (^{Campos-Delgado, 2021}; 2023).

Sobre el primer punto, la importancia de la región sur en las políticas migratorias de control de la migración en tránsito es algo que ha estado presente durante décadas. Sin embargo, en los últimos años esta importancia ha adquirido una nueva dimensión, ya que el Gobierno mexicano ha procurado mantener a los migrantes en esta región del país en lugar de deportarlos. En palabras del presidente López Obrador: “Tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur-sureste, protegerlos, porque dejarlos que transiten por todo el país, sin ninguna protección, es muy riesgoso” (López Obrador, citado en ^{Monroy, 2021}, párr. 15). No obstante, este tipo de discurso por regla general ha enmascarado los motivos principales detrás de estas medidas, los cuales están más relacionados con el control de las migraciones, como desgastar a los migrantes en tránsito y disuadir a posibles migrantes.

Lo anterior se ha evidenciado al analizar el incremento de la región del sur como punto de contención (^{Castillo, 2021}). En 2018, Chiapas y Tabasco concentraron 54.8 por ciento del total de los PAM iniciados en el país. Para 2021, el porcentaje de ambas entidades había descendido a 39.4 por ciento, pero en 2023 alcanzó el máximo del período, con 66.7 por ciento, con la particularidad de que las detenciones en Tabasco (37.3 %) superaron a las de Chiapas (29.4 %). En ese último año, estas entidades representaron dos de cada tres detenciones a nivel nacional (ver mapa 1). Por su parte, Veracruz suma 8.5 por ciento, y los seis estados del Norte 16.7 por ciento (Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas ^{(UPMRIP) (2023)}.

Mapa 1 Procedimientos administrativos migratorios iniciados en México, según entidad federativa, 2023 

El análisis a nivel municipal de las detenciones en Chiapas y Tabasco permite afinar el enfoque e identificar espacios específicos de concentración de detenciones. Uno de estos se localiza en la región sur, en los municipios de Tapachula (9.1 %), Suchiate (3.6 %), Tuxtla Chico (2.5 %), Huehuetán (1.9 %) y Huixtla (3.0 %). En estos municipios se inició una quinta parte de todos los procedimientos registrados en el país (ver mapa 2).

La mayor concentración de PAM en Tapachula se explica, en parte, porque es la primera localidad de tamaño medio que encuentran los migrantes tras cruzar la frontera México-Guatemala - según el Censo de 2020 tiene 353 706 habitantes (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2020})-, por lo que hay servicios y oportunidades para quienes buscan continuar su trayecto hacia el norte. En este lugar los migrantes buscan recursos de diversa índole: económicos -ya sea trabajando o recibiendo envíos de dinero de familiares-, documentación -iniciando un PAM u otro proceso que resulte en obtener algún documento para intentar transitar libremente por el territorio nacional- e institucionales -apoyo de organizaciones de la sociedad civil- (^{Arriola y Coraza, 2024}). A partir de este punto, los migrantes afrontan los riesgos y las dificultades si deciden continuar migrando de manera irregular. Esto incluye retenes y puntos de control de las autoridades mexicanas -obstáculos que, en la práctica, son considerablemente mayores que cruzar la frontera México-Guatemala, como lo demuestran las cifras de detenciones-, así como enfrentar al crimen organizado, que se lucra de los migrantes.

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{UPMRIP (2023)}.

Mapa 2 Procedimientos Administrativos Migratorios iniciados en Chiapas y Tabasco, por municipio, 2023 

En el mapa 2 se identifica otra región que se extiende desde Palenque, en el norte de Chiapas, hasta Acayucan, en el estado de Veracruz. La región concentra una proporción significativa de las detenciones de migrantes a nivel nacional, destacando Huimanguillo (11.1 %), Centro (9.5 %), Tenosique (5.1 %) y Macuspana (4.1 %), en Tabasco, y Acayucan (4.7 %), en Veracruz. Esta concentración se debe a la ubicación estratégica de la región dentro de la ruta migratoria centroamericana. El paso de las vías del tren, la carretera transístmica que conecta con Oaxaca y la carretera Córdoba-Minatitlán, que enlaza con Coatzacoalcos, Tierra Blanca y el puerto de Veracruz, convierten a esta zona en un punto de tránsito obligado para los migrantes que provienen de Chiapas o Tabasco y se dirigen hacia el centro del país, con el objetivo de continuar su recorrido hacia el norte (^{Andrade et al., 2017}). Por esta razón, desde hace años la región es utilizada por el INM como un punto de contención.

A diferencia de lo observado en el sur de Chiapas, en esta región es más frecuente encontrar noticias sobre migrantes “rescatados”, término utilizado para referirse a aquellos que son interceptados mientras son transportados por traficantes de personas, principalmente en camiones de carga (^{Osorio, 2024}). También el Instituto Nacional de Migración, en sus comunicados de prensa, destaca operativos en los que se ha “rescatado” a personas migrantes que viajaban en condiciones de riesgo, procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Ecuador (^{INM, 2024}). Para los migrantes, estos “rescates” implican el riesgo de perder el dinero que habían invertido en el pago de los coyotes.

Una limitante de esta aproximación basada en noticias es que dificulta la generalización de las características y condiciones de los migrantes que transitan por Tabasco. No obstante, al analizar los PAM en las dos principales rutas migratorias (Pacífico y Golfo de México), se identifican diferencias significativas que ayudan a complementar estos escenarios. En la ruta del Golfo, el porcentaje más alto de migrantes proviene de Centroamérica (47.5 %), incluyendo grupos que suelen contar con más recursos para pagar a los llamados coyotes. En cambio, en la ruta del Pacífico predominan los migrantes procedentes de Sudamérica (66.2 %) y de otras regiones (27.6 %).

No obstante, las diferencias en las estrategias que el Gobierno mexicano implementa para limitar la movilidad de migrantes en las rutas del Golfo y del Pacífico, así como los eventos registrados en el Istmo reflejan una estrategia predominantemente centrada en la contención. Este argumento se corrobora al analizar que, en 2023, la mayoría de las detenciones no culminaron en expulsiones: en la ruta del Pacífico solo 1.5 por ciento de los migrantes detenidos fueron expulsados, mientras que en la del Golfo la cifra fue de 4.0 por ciento. Estos porcentajes sustancialmente bajos sugieren que las detenciones responden principalmente a una lógica de contención más que de expulsión. Cabe destacar que este patrón se concentra en la región sur del país, pues en otras zonas la tasa de expulsión aumenta significativamente (13.0 %, ver cuadro 1).

Lentitud de entrega de documentos no convencionales

El Gobierno mexicano ha implementado como estrategia de contención la prolongación en los tiempos de obtención de documentos no convencionales³ -el refugio, la protección complementaria o las tarjetas de visitante por razones humanitarias (TVRH)- que permiten a los migrantes permanecer o transitar por el territorio mexicano. A estas estrategias que demoran los trámites en procesos como los de protección internacional se las ha catalogado de políticas de espera (^{Ceja y Miranda, 2022}; ^{Torre, 2023a}). Además, esta estrategia viene acompañada con la fijación espacial de los migrantes en ciudades del sur del territorio mexicano (^{Arriola, 2020}; ^{Campos-Delgado, 2023}).

Una parte de los migrantes que cruzan la frontera sur de manera irregular optan o son compelidos a quedarse en ciudades del sur de México para lograr documentos no convencionales para cruzar el país sin tener que estar sometidos al régimen de detenciones descrito anteriormente.⁴ El problema es que los trámites para obtener estos documentos -que no están pensados como instrumentos de tránsito- implican largas esperas de semanas o meses en condiciones que suponen un riesgo para la salud física y mental de las personas (^{Brewer et al., 2022}). Estas demoras desesperan a los solicitantes, lo que en ocasiones derivó en que se realizaran todo tipo de actuaciones para exigir documentos o la libre movilidad hacia el norte del país: bloquear carreteras, protestas ante las oficinas del INM, vigilias, o inclusive marchar en caravanas de migrantes (^{García, 2022}; ^{Rizzo, 2021}).

En lo que respecta al sistema de refugio mexicano, se debe considerar que las solicitudes han experimentado un crecimiento exponencial, de apenas mil solicitudes anuales en 2013, se alcanzaron 140 000 en 2023, cayendo por debajo de las 80 000 en 2024 (^{Comar, 2024}). Sin embargo, este aumento no ha ido acompañado de una ampliación suficiente en la infraestructura y los recursos para atender a esta población. A medida que el número de solicitudes de la condición de refugiado se acumulan y las autoridades no destinan los recursos acordes para procesarlas, los tiempos para obtener una resolución por parte de la Comar se acrecientan, muy por encima de los establecido en la ley (^{Bourgeois, 2022}; ^{Gil, 2025}).

Un estudio desarrollado por ^{Asylum Access México (2020)} muestra que más de 13 000 personas que habían comenzado su trámite en 2018, todavía no habían obtenido una resolución a finales de octubre de 2019. En esta misma línea, según una encuesta realizada en 2019 a solicitantes de refugio, 50 por ciento esperó más de 4.7 meses para la resolución de su caso, y en 30 por ciento de los casos aún no resueltos, el tiempo de espera ya había excedido el plazo estipulado por la normativa, evidenciando serias deficiencias en el cumplimiento de los plazos legales (^{Hernández y Cruz, 2020}). Además, estas duraciones de las solicitudes no incluyen el tiempo que los solicitantes invierten en dar comienzo a su solicitud, algo que puede ser realmente significativo cuando hay una mayor afluencia de solicitantes (^{Bourgeois, 2022}). Durante la pandemia, la situación empeoró para necesitados de protección internacional porque, si bien la Comar siguió aceptado solicitudes, los plazos quedaron suspendidos (^{Comar, 2020}), lo que hizo que la esperas se volvieran indefinidas.

La problemática no es solo una cuestión de tiempo, sino que atañe a que, mientras realizan sus trámites, las personas deben permanecer, salvo excepciones, en la misma ciudad donde comenzaron la solicitud. El grueso de los solicitantes de refugio lo hacen en las ciudades del sur del país, destacando Tapachula, que se convierte con frecuencia en una ciudad desbordada de migrantes, en una “olla a presión” (^{Reina, 2019}). En 2023 ahí se presentó 55 por ciento de las solicitudes de condición de refugio, y en 2024 aumentó a 65 por ciento (^{Comar, 2024}).

Algunas innovaciones en las tramitaciones en los últimos años han podido reducir los tiempos de espera para obtener una resolución, especialmente para aquellos solicitantes a los que se les está aplicando la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena (Venezuela, El Salvador y Guatemala). Así mismo, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) México, la Comar habría incrementado su capacidad de procesamiento en 400 por ciento en los últimos seis años, en parte por los apoyos económicos para infraestructura y recursos humanos de tal organismo internacional (^{Acnur, 2024}).

Otro cambio significativo en la gestión migratoria es la emisión de TVRH. Desde mediados de la década pasada, el Gobierno mexicano otorgaba estas tarjetas, vinculadas en la mayoría de los casos a la solicitud de condición de refugiado (^{UPMRIP, 2014-2024}). Aunque con limitaciones, representaban una vía para la regularización más rápida que esperar hasta la resolución de la solicitud. En 2022 y 2023, se emitieron cerca de 130 000 TVRH cada año (ver gráfica 1); la gran mayoría en Chiapas (78 % en 2022).

Nota: *2025 incluye cinco meses.

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{UPMRIP (2014-2024)}.

Gráfica 1 Número de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) emitidas en México, 2014-2025* 

Sin embargo, en 2024, la cifra se redujo a solo 4 138. Según diversos medios, esta caída, iniciada a finales de 2023, coincidió con la instrucción de la entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de restringir su emisión como medida para contener la migración en un momento crítico del fenómeno (^{Xantomila y Laureles, 2024}). Aunque estas tarjetas permiten la libre movilidad por el territorio nacional, las autoridades argumentarían que este es un mal uso, para justificar no entregárselas; algo que perjudica gravemente tanto a quienes las usaban para transitar por el territorio mexicano de manera segura como a quienes requieren protección internacional y desean establecerse en México (Xantomila y Laureles, 2024).

Bloqueo de caravanas de migrantes

Las dificultades para avanzar hacia el norte desde Tapachula debido a las detenciones de las autoridades en el sur del país y las largas esperas para conseguir documentos ha supuesto que se generen grupos amplios de personas que realizan su movilidad migratoria de forma conjunta -caravanas de migrantes- con la intención de superar los controles migratorios de las autoridades (^{Arriola y Coraza, 2024}; ^{Torre, 2023b}). Según fuentes periodísticas, de marzo de 2019 a enero de 2025, más de 50 caravanas partieron desde la ciudad chiapaneca, incorporando alrededor de 70 000 migrantes (^{Torre, 2025}).

Las caravanas han sido consideradas como una estrategia de movilidad migratoria que procura protección para quienes las integran, así como una nueva forma de acción colectiva que reta a las autoridades mexicanas (^{López et al., 2023}; ^{Rizzo, 2021}; ^{Torre y Mariscal, 2020}). Este doble carácter está presente en las marchas que salen de Tapachula, pues los migrantes, junto a sus defensores, ven en las caravanas una manera de movilizarse hacia el norte de manera más segura y de lidiar al mismo tiempo con las autoridades que pretenden detener su paso. No obstante, ir en caravana no está exento de peligros ni garantiza el éxito en el logro de los objetivos migratorios y políticos (^{Izcara y Andrade, 2022}).

Las caravanas de migrantes que parten de Tapachula no solo constituyen, en buena medida, un resultado de las políticas migratorias de contención, sino que muchos de sus integrantes han experimentado directamente los esfuerzos de las autoridades por inmovilizarlos en dicha ciudad. Si bien las autoridades han bloqueado y desmantelado la mayoría de estas caravanas en el sur de México, el trato institucional hacia ellas ha variado considerablemente entre distintos casos. El tamaño de las caravanas parece ser uno de los factores clave que determinan si estas logran prosperar y superar los diversos obstáculos -tanto al salir de Tapachula como antes de abandonar Chiapas-.

Las caravanas de mayor tamaño, como la de junio de 2022 y diciembre de 2023, que incorporaron varios miles de migrantes -la segunda alcanzaría las 10 000 personas-, pudieron sobrepasar al menos las primeras barreras impuestas por las autoridades migratorias mexicanas a la salida de Tapachula; algunos de sus integrantes recibirían algún tipo de documento para poder seguir su trayectoria migratoria incluso antes de dejar Chiapas (^{Clemente, 2022}; ^{INM, 2022b}). Posiblemente, las autoridades permiten su tránsito por las dificultades operativas de detener a cifras tan considerables de personas. Además de que la salida en grandes grupos de migrantes se produce cuando sus condiciones en Tapachula son insostenibles y las caravanas fungen como una suerte de “válvula de escape”. Esto revela una importante paradoja de las políticas mexicanas de contención; en el largo plazo, los migrantes que perseveran acaban encontrando la manera de avanzar hacia el norte, ya sea en este caso en caravanas o, bajo otras circunstancias, individualmente o en grupos pequeños, acompañados o no por coyotes.

El resto de las caravanas originadas en Tapachula raramente superaron las 2 000 personas; entre ellas, la mayoría no alcanzaron la cifra de 1 000 personas. Los agentes del Estado tienden a reprimir a estos grupos de migrantes al poco de haber salido de la ciudad. Por ejemplo, en enero de 2022, el INM dio publicidad al desmantelamiento de una caravana de menos de 300 migrantes a la altura del Ejido Álvaro Obregón, apenas a un par de kilómetros de que dejaran Tapachula, a cuyas instalaciones migratorias fueron llevados los integrantes de la marcha (^{INM, 2022a}).

Aunque los integrantes de las caravanas no sean deportados, las autoridades muestran un gran interés en que los migrantes no vayan conformando este tipo de marchas, tanto por la dificultad de su gestión como por la visibilidad mediática que alcanzan, y que puede poner en predicamentos a las autoridades mexicanas encargadas de gestionarlas.

Traslados internos

Además de las acciones de contención mediante la detección de migrantes en la región del Istmo y las esperas a las que son sometidas las personas que buscan obtener documentos migratorios no convencionales, los medios de comunicación han expuesto otras prácticas de contención realizadas por las autoridades migratorias en México: los traslados internos o “deportaciones internas” (^{Brandariz y Fernández, 2025}), es decir, traslados de migrantes en situación irregular, pero dentro del mismo país, que presumiblemente tienen por objetivo contener el flujo migratorio. Esta práctica adquiere más relevancia en un contexto en que la inmensa mayoría de detenciones de migrantes irregulares no concluye en una expulsión o deportación, como sucede actualmente en México. En 2023, solo 7.0 por ciento de los PAM terminó en una expulsión.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la gran mayoría de traslados se originan en la frontera norte (^{Gómez, 2024}; ^{Pradilla y Carabaña, 2024}). No obstante, en las entidades del interior también se reportan operativos del INM para identificar a extranjeros en situación irregular y trasladarlos a estaciones migratorias de otras entidades. Por ejemplo, en septiembre de 2024, agentes del INM irrumpieron en viviendas de migrantes en Ciudad de México y detuvieron a más de 60 personas originarias de Venezuela, Colombia y Haití. En primera instancia, fueron enviadas a la estación migratoria de Iztapalapa, en la misma entidad, pero posteriormente fueron trasladadas a Villahermosa, Tabasco (^{De la Sancha, 2024}; Gómez, 2004). Este caso no es aislado, otros reportes describen la misma práctica, cuyo común denominador es el traslado de migrantes al sur del país. En algunos casos, incluso se han documentado cifras que involucran a miles de personas trasladadas (^{Vaquero, 2024}).

Para complementar el escenario que ofrece la revisión hemerográfica y dimensionar la magnitud de estas prácticas, se analizaron los registros de los 780 206 PAM iniciados durante 2023, construyendo un indicador que identifica si el PAM concluyó en una entidad distinta a la de inicio. A nivel nacional, 4.8 por ciento de los PAM terminó en otra entidad, pero con grandes diferencias regionales: en la frontera norte, Coahuila destacó con 51.5 por ciento de procesos concluidos en otra entidad, mientras que, en el sur, Tabasco presentó el caso opuesto (99.8 % en la misma entidad).

Esta diversidad refleja, en parte, la ubicación geográfica de las entidades. Para sintetizarla, se agruparon en tres regiones: 1) Chiapas, Tabasco y Veracruz (sur); 2) las seis entidades fronterizas con Estados Unidos (norte), y 3) el resto del país (interior). Los resultados muestran que prácticamente todas las detenciones en la región sur concluyeron su proceso allí (99.9 %), lo que refleja la estrategia de retener a migrantes en esa zona. En contraste, en la región interior, 14.4 por ciento de los procesos terminó en otra región (principalmente el sur, 13.9 %) y, en la región norte, 14.2 por ciento terminó fuera de la región, mayoritariamente al sur (9.9 %) (ver cuadro 2).

Según la revisión hemerográfica, los traslados realizados por el INM suelen ser de norte a sur, aunque también se han identificado casos en sentido contrario (^{De la Sancha, 2024}), situación que también se identifica al revisar los PAM. Por ejemplo, algunos migrantes que recibieron una cita de CBP One fueron apoyados por el Gobierno de México para alcanzar la frontera norte en autobús (^{Martínez, 2024}); sin embargo, su número es muy inferior y/o posiblemente no inician un PAM, ya que, al analizar los registros de este procedimiento, se observa que solo 0.1 por ciento de los iniciados en Chiapas, Tabasco o Veracruz terminan en la frontera norte, y si se origina en las entidades del interior del país aumenta a 0.5 por ciento de los casos. Ambos porcentajes muy inferiores a los identificados en la dirección opuesta.

Finalmente, otro aspecto destacado por las notas periodísticas es que Villahermosa (Tabasco) se ha convertido en el espacio predilecto para estas “deportaciones internas” (^{Pradilla y Carabaña, 2024}). Al analizar los datos del PAM destaca que la inmensa mayoría de quienes terminan su proceso en esa entidad lo iniciaron ahí mismo, 94.7 por ciento en 2023. Sin embargo, el porcentaje restante representa un número importante de procesos (16 217), de los cuales 41 por ciento se inició en el norte del país, específicamente en Coahuila, y desde ahí fueron trasladados a Tabasco.

Comentarios finales

Durante el sexenio de López Obrador (2018-2024), México experimentó un cambio drástico en la manera en que el Gobierno gestiona a la población migrante en tránsito hacia Estados Unidos. Puede argumentarse que la estrategia durante este período cambió de la “frontera vertical”, bajo un modelo de detención-deportación de migrantes, en su mayoría centroamericanos, a otro de detención-contención dentro del territorio mexicano. Esta contención comprende un conjunto de acciones cuyo principal objetivo es mantener a los migrantes el mayor tiempo posible en determinadas zonas del territorio mexicano. Se trata, por tanto, de una política de contención y atrapamiento que enfatiza el control espaciotemporal de sus trayectorias, con el fin de provocar su desgaste, desesperación y eventual desistimiento, al tiempo que busca disuadir a potenciales migrantes en sus lugares de origen. Este nuevo enfoque no solo afecta a migrantes centroamericanos, sino también a un número creciente de personas provenientes de otras regiones.

Pese a las afirmaciones de López Obrador en 2021, de que no quería que México se convirtiera en un “campamento de migrantes”, lo cierto es que, durante su mandato, las políticas migratorias estadounidenses y mexicanas procuraron retener a los migrantes en el país (^{Monroy, 2021}).

En consonancia con otras investigaciones recientes, la evidencia empírica analizada en este trabajo sobre las políticas migratorias mexicanas permite afirmar la existencia de dos áreas principales de confinamiento para los migrantes en el interior del país. Por un lado, en la frontera norte -particularmente en las ciudades fronterizas-, donde el Gobierno mexicano colabora, mediante su anuencia, con las políticas migratorias estadounidenses de asilo. Estas políticas exigen que los solicitantes esperen en México para iniciar sus procesos -como el metering para la solicitud de asilo o las esperas para las excepciones al Título 42- o, una vez iniciados los procesos, los regresan a México -bajo el programa MPP-. La aplicación CBP One, especialmente en su última versión, amplió el área de espera no solo a las ciudades fronterizas, sino también a la Ciudad de México y a las ciudades del sur del país. Que México solicitara que la aplicación CBP One estuviera disponible en Chiapas y Tabasco da cuenta del interés del Gobierno de López Obrador en generar una segunda área de confinamiento en el sur del país.

En efecto, la estrategia central del Gobierno fue contener a los migrantes en Chiapas y Tabasco. Esta política de confinamiento se articuló mediante cuatro acciones clave: 1) detención en el sur del país: se intensificó el control en esta región, donde es más eficaz detener a los migrantes en situación irregular; 2) subordinación de la protección al control: los procesos de refugio y visas humanitarias se ralentizaron o suspendieron, manteniendo a la población migrante “fijada” en ciudades del sur como Tapachula. Esto afecta tanto a quienes buscan transitar como a aquellos que desean establecerse en México; 3) bloqueo de caravanas: las caravanas que partían de Tapachula fueron sistemáticamente desmanteladas. A las pequeñas se las dispersó con el uso de la fuerza, mientras que a las grandes se les otorgaron documentos migratorios y se aplicaron tácticas de desgaste y, 4) traslados internos forzosos. El Gobierno recurrió a “deportaciones internas”, trasladando a miles de migrantes desde el norte hacia el sur del país para contener su avance hacia Estados Unidos, según evidencian registros oficiales y hemerográficos.

Históricamente, las ciudades de la frontera sur y la frontera norte de México han sido puntos de espera para los migrantes que buscan reunir recursos antes de continuar su trayecto a través del país o cruzar hacia Estados Unidos (^{Jasso, 2021}). No obstante, en los últimos años esta tendencia se ha exacerbado, y ciertas poblaciones han enfrentado tiempos de espera considerablemente más largos. En el extremo se encuentran aquellos migrantes que pasan años obteniendo documentos en el sur del país, solo para repetir el proceso en el norte con el fin de acceder a Estados Unidos (^{Torre, 2023a}).

Este fenómeno de ralentización de los flujos migratorios en México también se manifiesta en la proliferación de campamentos de migrantes en diversas ciudades, donde las personas esperan durante meses o incluso más de un año. Además, durante el sexenio, la movilidad migratoria estuvo marcada por la pandemia, lo que prolongó muchas de estas esperas, volviéndolas incluso indefinidas.

Si bien las políticas de contención interna pueden ser menos perjudiciales que las deportaciones, exponen a los migrantes a múltiples riesgos mientras aguardan para alcanzar su destino (^{Amnistía Internacional, 2024}; ^{Rocha et al., 2025}). Las ciudades del norte y del sur del país presentan altas tasas de criminalidad, que afectan de manera particular a la población migrante más vulnerable. Ante esta situación, en lugar de aceptar su “atrapamiento”, los migrantes despliegan diversas estrategias para sortear los obstáculos impuestos en su contra, ya sea mediante el cruce clandestino de fronteras y territorios o a través de la hipervisibilización en caravanas. En este contexto, se observa con nitidez la perseverancia y resiliencia de los migrantes en su tránsito, en la búsqueda de alcanzar sus metas migratorias.

Dado que se ha puesto en duda la eficacia de las políticas de detención-deportación para el control migratorio -considerando que muchos deportados intentan reingresar al país del que fueron expulsados-, cabe preguntarse si las medidas de contención interna han generado algún impacto en la gestión de los flujos migratorios. Es decir, si han contribuido a reducir los flujos migratorios o, como argumentan las autoridades, a proteger a los migrantes en el sur del país y a fomentar una migración segura, ordenada y regular. O, por el contrario, si estas políticas reflejan la incapacidad del Estado para controlar la migración y terminan agravando la situación de desprotección de los migrantes.

Así mismo, futuras investigaciones podrían profundizar en cómo las políticas de contención interna se aplican de manera diferenciada según la nacionalidad de los migrantes. También sería relevante analizar el impacto específico de estas políticas sobre poblaciones migrantes particularmente vulnerables en su tránsito por México, como mujeres, niños, niñas y adolescentes. Otra interrogante para seguir indagando es la del incremento de la inmigración en México derivado de este escenario de externalización de las políticas inmigratorias estadounidenses y de detención-contención mexicanas (^{Calva y Carrión, 2022}).

Aunque se ha observado un cambio en el paradigma securitario, con la disminución de las deportaciones y el auge de otras formas de control migratorio, esto no implica que las expulsiones de migrantes vayan a tener un papel secundario en el futuro. A lo largo del sexenio de López Obrador, las presiones de Estados Unidos para externalizar sus políticas y fronteras a México han sido una constante. Así, durante un posible segundo mandato de Trump se espera que dichas presiones aumenten considerablemente. Por lo tanto, es previsible que la administración de Claudia Sheinbaum reactive la estrategia de detención-deportación, tal como ocurrió en 2019 tras la primera amenaza arancelaria, con el fin de satisfacer las exigencias del gobierno republicano.

En este escenario, México posiblemente incremente las expulsiones de migrantes cuya deportación implique un menor costo y menos dificultades operativas, como los centroamericanos, con quienes ya existen acuerdos de repatriación y que pueden ser transportados por tierra. Al mismo tiempo, es probable que estas deportaciones se combinen con medidas de detención-contención al interior del territorio para el resto de las nacionalidades.