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Introducción1
La migración de más de siete millones de personas de Venezuela hacia América Latina y el Caribe en el último lustro (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2021) se conformó como un hecho social total, a la manera descrita por Mauss (2009). Esto se debe a que son múltiples las causas y las fuerzas políticas, sociales, legales, económicas, así como las narrativas científicas que la configuran. Por un lado, existen marcos legales y medidas gubernamentales que restringen o contienen la movilidad venezolana en el continente latinoamericano y que han dejado su impronta en las trayectorias de vida de estos migrantes ante la imposibilidad de regularizar su situación migratoria y obtener contratos de trabajo que les permitan acceder a la protección social. Por otro lado, existen discursos políticos que criminalizan la migración venezolana y, sin base empírica, la responsabilizan del incremento de los índices delictivos en ciudades como Bogotá , Lima y Santiago (Perilla, 2020).
También existen factores económicos y políticos inherentes al contexto de salida y de llegada que influyeron en la decisión de emigrar. Entre los factores desencadenantes de la crisis del modelo extractivista durante la administración de Maduro estarían el descenso de la producción petrolera (Organization of the Petroleum Exporting Countries [OPEC], 2019), las sanciones internacionales que impidieron al Estado venezolano disponer de sus activos en el exterior (oro, dólares y refinerías petroleras) y vender petróleo en el mercado internacional, así como la caída abrupta de los precios del petróleo, que a finales de 2016 se cotizaba en 35.15 dólares por barril (Reuters, 2016).
En el caso chileno, el ingreso de venezolanos por pasos no habilitados motivó la militarización de la frontera chilena, lo que ocasionó tensiones diplomáticas con Perú y Bolivia. También se produjeron ataques xenofóbicos como los registrados en la ciudad de Iquique durante 2021, donde un grupo de manifestantes quemó las carpas que los venezolanos utilizaban para pernoctar en plazas y playas. Este clima hostil hacia la migración venezolana se manifestó en la encuesta Cadem, donde 77 por ciento de los participantes consideró que la llegada de inmigrantes a Chile es mala para el país (García, 2023).
Por lo tanto, estudiar la migración venezolana en Chile desde un enfoque de migración forzada busca, por un lado, sensibilizar al Estado chileno sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos de más de 440 000 venezolanos que habían migrado a ese país hasta agosto de 2023 (Plataforma de Coordinación Interregional para Migrantes y Refugiados, 2023). Y, por otro lado, también pretende visibilizar la responsabilidad del Estado venezolano en la vulneración de derechos humanos de sus connacionales, al no poder garantizar los modos de vida ni la dignidad de las personas en un contexto donde el gobierno de Maduro insiste en calificar la diáspora venezolana como una migración económica atribuida exclusivamente a las sanciones internacionales impuestas a su administración (EFE, 2023). De allí, la importancia de examinar, desde una perspectiva sociohistórica, los factores estructurales y coyunturales que configuraron la crisis sociopolítica durante la presidencia de dicho mandatario.
La investigación es de tipo cualitativo y tiene como objetivo examinar las incidencias del colapso del extractivismo petrolero en las trayectorias de vida de los venezolanos que emigraron a Santiago de Chile entre 2017 y 2020. El artículo está estructurado en cinco secciones. En la primera se emplea el concepto de migración forzada para distinguir los dos flujos migratorios que se configuraron en Venezuela durante los últimos 20 años. En la segunda se definen las categorías conceptuales para construir el objeto de estudio. La tercera sección está constituida por el apartado metodológico de la investigación, donde se señala la perspectiva, así como las técnicas de recolección y análisis de la información. En la cuarta se analizan los resultados de la investigación, mientras que en el quinto y último apartado se presentan las conclusiones elaboradas a partir de los resultados y su relación con el objetivo y las categorías conceptuales empleadas para construir el objeto de estudio.
El concepto de migración forzada
Si se acepta como premisa que la migración venezolana es un hecho social total que se encuentra en pleno desarrollo, entonces se debe aceptar también que el uso de las categorías conceptuales para construir el objeto de estudio ha de ser geolocalizado y acotado en el tiempo. Ello implica reconocer el hecho de que en los últimos 20 años se conformaron en Venezuela dos grupos migratorios. El primero se originó en el ciclo de auge de los precios petroleros que se experimentó en tiempos de Chávez y se corresponde con un perfil de clase media profesional que emigró motivada por la inseguridad, la polarización social, la discriminación política y el rechazo al proyecto político chavista (Dekocker, 2017).
A diferencia del primero, el segundo flujo migratorio se configuró en tiempos de Nicolás Maduro, y su perfil sociodemográfico y motivaciones son más diversas, pues incluye clase media empobrecida (Universidad Católica Andrés Bello, 2019), individuos de sectores vulnerables y jóvenes que debido a la crisis no empezaron o no culminaron sus estudios universitarios (Yajure, 2022). La diferencia entre ambos flujos se puede apreciar con claridad en el Cuadro 1.
Cuadro 1 Caracterización sociodemográfica de la migración venezolana de acuerdo con la literatura especializada
| Características | Flujo migratorio venezolano entre 1980-2016 | Flujo migratorio venezolano entre 2017-2022 |
|---|---|---|
| Destinos | España, EE. UU., Canadá, Australia, Panamá | Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Bolivia, Argentina, Uruguay |
| Medios de transporte | Aéreo | Aéreo, terrestre, marítimo |
| Nivel educativo | Profesional universitario | Profesional universitario, técnicos, bachilleres |
| Edad | Entre 25 y 35 años | Entre 25 y 35 años |
| Factores que inciden en la decisión de emigrar | Inseguridad, expropiaciones, rechazo al proyecto político chavista | Deterioro tanto institucional como de las condiciones materiales de existencia |
| Categorías conceptuales para construir el objeto de estudio | Migración calificada, fuga de cerebros | Migración forzada, refugio, migración económica |
Fuente: Elaboración propia a partir de Clark, 2011; Dekocker, 2017; De la Vega, 2005; Yajure, 2022.
Al considerar las motivaciones que desencadenaron la decisión de emigrar, el perfil sociodemográfico y las rutas de la emigración venezolana en tiempos de Nicolás Maduro, la migración forzada puede definirse como un movimiento de personas externo o interno generado por una coacción que incluye amenazas a la vida y a la subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. Es decir, esta migración implica una coerción que obliga a los sujetos a huir de un escenario donde sus vidas y sus bienes son amenazados (Alcalá et al., 2007). Esta coerción externa reduciría el campo de opciones al momento de tomar la decisión de permanecer o salir de su lugar habitual de residencia. Por lo tanto, factores como la inseguridad ciudadana junto a la pobreza y la desigualdad amenazan los modos de vida y la dignidad de las personas (Betts, 2013). De allí que la migración forzada sea la expresión de la vulnerabilidad humana en un contexto de precarización económica y violación de derechos humanos (Delgado et al., 2009).
Basándose en esta argumentación, el concepto de migración forzada (Castles, 2003; Gzesh, 2008) o migración de supervivencia (Betts, 2013; Lester, 2010), utilizado aquí de manera acotada y geolocalizada para caracterizar y analizar el flujo migratorio masivo que se configuró en Venezuela a partir de 2016, resulta esclarecedor para entender cómo los sujetos transforman y significan sus trayectorias de vida desde la subjetividad. Esto a partir de cambios y acontecimientos que se van dando en la esfera política institucional y económica dentro de contextos históricos específicos para develar la vulneración simultánea de derechos políticos, económicos y sociales por parte del Estado venezolano, quien en plena crisis del modelo extractivista dejó de garantizar los modos de vida y la dignidad de las personas (Bachelet, 2019; Gzesh, 2008).
Crisis del modelo extractivista petrolero y la migración forzada en la Venezuela gobernada por Maduro
Desde la década de 1920, la economía venezolana es esencialmente rentista, pues la explotación y venta de petróleo en los mercados internacionales no dependen de factores de producción como capital o trabajo. Al no tener contrapartida productiva, el modelo rentista descansa exclusivamente en la condición ejercida por el Estado venezolano como único dueño de las riquezas que se encuentran en el subsuelo (Mommer, 2003). De allí que “la renta petrolera representa una cortina de humo con respecto al rezago en la industrialización, en la competitividad, y aún en la producción de bienes y salario” (Jeannot, 2010, p. 274). Entre las características de este modelo destacan una excesiva burocracia y falta de equilibrio estable -ya que el modelo depende de factores externos como demanda, capital y la cotización de hidrocarburos en los mercados internacionales-, así como un desbalance en las relaciones de poder que le otorga un rol dominante al Estado sobre la sociedad civil y el mercado (Baptista, 2005; Lander, 2018).
A estos factores habría que sumarle un aparato productivo escasamente diversificado, la exportación de bienes primarios con poco o ningún procesamiento, el gran peso que tiene el petróleo en las exportaciones y un rol más activo del Estado sobre la industria petrolera (Gudynas, 2017).
A diferencia de otros extractivismos en América Latina, el caso venezolano se distingue en el ámbito económico por mayor regulación estatal sobre la actividad económica, concentración de un solo producto (hidrocarburos), y exportaciones de materias primas en torno a 90 por ciento (Gudynas, 2017). De hecho, en Venezuela, el petróleo proporciona 90 por ciento de las divisas que ingresan al país, 50 por ciento de la recaudación tributaria y 96 por ciento de las exportaciones (Carmona, 2010).
Después del viernes negro de 1983, que marcó el fin del tipo de cambio de 4.30 Bs. (bolívares soberanos) por dólar estadounidense, anclado inexorablemente en el mito de la Venezuela saudita, el país caribeño se sumergió en una larga crisis económica producto de las devaluaciones, controles de cambio, pago de deuda externa, inflación y aumento de la pobreza, que a finales de la década de 1990 se situaba en torno a 75 por ciento de la población (Riutort, 1999; Silva y Schliesser, 1997).
El fin del mito de la Venezuela saudita, además, vino acompañado de una pérdida progresiva de credibilidad del sistema bipartidista heredado del pacto de Punto Fijo (Maya, 2005), que consistió en un acuerdo firmado en 1958 por los partidos políticos Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), para asegurar la gobernabilidad posterior al derrocamiento del gobierno militar del general Marcos Pérez Jiménez.
La combinación de crisis política y económica alcanzó su cenit en el estallido social de 1989 conocido como el Caracazo y en la posterior destitución vía Tribunal Supremo de Justicia del otrora presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, durante la primera crisis del modelo extractivista, el stock de migrantes en Venezuela se mantuvo estable en un poco más de un millón de extranjeros (Berglund, 2005; Pellegrino, 2003) y se produjo una reducida emigración de venezolanos de clase media profesional, principalmente hacia Estados Unidos (Pellegrino, 2003).
Si bien en la década de 1980 Venezuela había dejado de ser un país atractivo para la migración internacional, no se registró un incremento significativo de la movilidad humana hacia el exterior. Y esto ocurrió básicamente porque la compañía estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), adoptó en aquella época una estrategia que privilegiaba los volúmenes de producción sobre el precio final del barril de petróleo. Venezuela producía más de tres millones de barriles de petróleo diario (Monaldi, 2007). Tal estrategia, si bien no le permitía al Estado obtener grandes ganancias por la venta de los mismos, fue de utilidad para lograr satisfacer medianamente los requerimientos del proceso social en un prolongado ciclo de declive de los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales que se extendió por más de 17 años.
Sin embargo, este período no estuvo exento de inestabilidad política como los intentos golpistas y el estallido social de 1989, vividos durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). Todo ello, inmerso en un largo ciclo de bajos precios de los hidrocarburos (1980-1999) que había mermado la capacidad del Estado para reducir la pobreza y reflotar la economía.
Una vez legitimado su proyecto político a través de la promulgación de la Constitución de 1999, Hugo Chávez Frías capitalizó un ciclo de altos precios del petróleo (1999-2013) para implementar programas sociales destinados a cooptar las bases populares a través de las misiones sociales y la transferencia directa de recursos. Según Elías Jaua (vicepresidente, ministro en tiempos de Chávez), entre 1999 y 2012 se empleó 62.46 por ciento del presupuesto nacional en gasto social, lo que equivale a invertir 551 639 millones de dólares en programas sociales (Jaua, 2015).
Solo entre 2011 y 2012 hubo un incremento aproximado de 45 por ciento del gasto real del gobierno central y un gasto público de alrededor de 52 por ciento del producto interno bruto (PIB), teniendo un déficit fiscal cercano a 15 por ciento del mismo (Bandler, 2013). Todo ello, alimentado por un barril de petróleo que llegó a cotizarse en 103.4 dólares en los mercados internacionales (Pérez, 2014). Bajo el gobierno de Chávez, también se instaló en Venezuela un régimen autoritario competitivo de estirpe militar2 (Levitsky y Way, 2004) mediante el establecimiento de redes clientelares destinadas a ganar la lealtad de organizaciones sociales, consejos comunales y fuerzas armadas.
A pesar del nuevo ciclo de bonanza petrolera experimentado por Venezuela en tiempos de Chávez, factores como la inseguridad ciudadana (Dekocker, 2017), la polarización política (Clark, 2011), el rechazo al proyecto político chavista (De la Vega, 2005) y la conflictividad social (Dekocker, 2017) contribuyeron a configurar un flujo migratorio de clase media similar en sus características sociodemográficas al que salió de Venezuela durante la década de 1980 (Pellegrino, 2003), tal como se refleja en la Figura 1.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1 Nueva bonanza petrolera y emigración de clase media durante el gobierno de Hugo Chávez Frías (1999-2013)
Caso contrario sucedió durante el gobierno de Nicolás Maduro cuando la combinación de factores estructurales y coyunturales se combinaron para implosionar el modelo extractivista petrolero que ha estado vigente en Venezuela desde hace un siglo (Figura 2). Entre esos factores estructurales estarían la excesiva dependencia de la economía venezolana de las exportaciones petroleras; el crecimiento del consumo suntuario y la corrupción administrativa en tiempos de bonanza petrolera; una economía monoproductora y, por tanto, escasamente diversificada; marcos jurídicos dirigidos a garantizar beneficios sociales y niveles de salario basados no en la productividad y competitividad de las empresas, sino en el ingreso petrolero distribuido por el Estado (Romero, 1988).
Fuente: Elaboración propia.
Figura 2 Nuevo colapso del modelo extractivista petrolero en época de Maduro
Entre los factores coyunturales que propiciaron la crisis del modelo extractivista destacan sanciones internacionales contra la economía venezolana, una caída abrupta de la producción petrolera de 3.2 millones de barriles diarios en 1998 a 700 000 barriles diarios en 2019 y un nuevo ciclo de bajos precios del petróleo que se extendió hasta la guerra de Ucrania (OPEC, 2019; Pérez, 2014). Todo ello, dentro de un contexto político signado por la militarización de la administración pública, por la corrupción y por la desinstitucionalización ocasionada por la instauración de un régimen autoritario competitivo (Levitsky y Way, 2004).
En consecuencia, la crisis sociopolítica venezolana del siglo XXI puede explicarse por la incapacidad del estamento político del pasado y del presente para subvertir la dependencia histórica que el Estado y la sociedad venezolana han tenido en relación con la renta petrolera (Baptista, 2005), por la imposibilidad de dicho Estado de gestionar y regular su economía frente a desequilibrios externos y por la deficiente gestión del modelo extractivista que hicieron los gobiernos de Chávez y Maduro, la cual se manifestó en el incremento de la corrupción gubernamental (The Economist, 2020), el uso de los recursos públicos para financiar campañas electorales, y la politización de PDVSA, que causó el despido de más de 18 000 trabajadores. De allí que la baja que experimentó la cotización de los precios de los hidrocarburos, a partir de 2014, fue simplemente el catalizador que precipitó el declive del modelo rentista petrolero en Venezuela (Rosales, 2018).
Frente a la disminución de los ingresos petroleros, el gobierno de Nicolás Maduro decretó la emergencia económica en 2016, la cual le otorgó plenos poderes para reorganizar las finanzas públicas, evitar la evasión fiscal, elevar la producción y agilizar trámites para importar productos necesarios para el consumo (Meza, 2016). A comienzos de 2017, el mandatario venezolano decretó por segunda vez la emergencia económica para contrarrestar los efectos de la baja de los precios del petróleo en los mercados internacionales. En aquella oportunidad, Maduro alertó ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre la inviabilidad del modelo rentista, debido a que durante 2008 Venezuela había recibido 48.325 millones de dólares por la exportación del crudo, mientras que en 2016 apenas fueron 5.291 millones de dólares (El País Uruguay, 2017).
Esta crisis del modelo extractivista advertida por Maduro vino acompañada por una caída acumulada del PIB de 43.7 en los últimos cinco años (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2019) y un salario mínimo de siete dólares al mes, que en 2019 tan solo cubría 4.7 por ciento del costo de la canasta básica de alimentos (Bachelet, 2019). Este deterioro de las condiciones materiales de existencia, junto a la implantación de un régimen autoritario competitivo (Levitsky y Way, 2004), provocó un desplazamiento forzado de personas durante la administración Maduro (Freitez, 2019), tal como se ilustra en la Figura 3.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas.
Figura 3 Relación entre el nuevo quiebre del modelo extractivista petrolero en el gobierno de Maduro y la migración forzada
Por lo tanto, la migración forzada, la crisis sociopolítica actual y su relación con el modelo extractivista sirven como argumento para comprender cómo en la Venezuela gobernada por Maduro, más de siete millones de personas (ACNUR, 2021) tomaron la decisión de emigrar “dentro del marco constrictivo de un conjunto de factores estructurales que ofrecen a las personas tan solo un rango restringido de opciones para su supervivencia personal y familiar” (Parella, 2022, p. 42).
Metodología de la investigación
La investigación es de tipo cualitativo, teniendo como técnica de recolección de información la entrevista semiestructurada. La selección de la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de información se debió a que ella, no solo permite entender cómo la realidad social se construye mediante un conjunto de reglas, valores y distinciones simbólicas que nos permiten manejarnos en nuestra vida cotidiana (Bauman, 2007), sino también porque contribuye “a desarrollar al máximo el potencial informacional de las conversaciones, como objeto de investigación” (Canales, 2000, p. 36).
Las diecinueve entrevistas que componen esta investigación se realizaron entre junio y diciembre de 2020, en pleno contexto de la pandemia generada por el coronavirus. Como dispositivos de recolección de información se utilizaron: teléfono celular, grabadora digital y una libreta para hacer anotaciones (Cuadro 2).
Cuadro 2 Datos sociodemográficos de los sujetos entrevistados
| Entrevistado/a | Género | Edad | Nivel educativo | Estado civil | Lugar de residencia en Santiago |
Año de llegada a Chile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 38 | Magíster | Casada | Independencia | 2017 |
| 2 | M | 51 | Universitario | Casado | Santiago Centro | 2017 |
| 3 | F | 60 | Magíster | Casada | La Florida | 2019 |
| 4 | M | 69 | Bachiller | Casado | San Miguel | 2018 |
| 5 | M | 29 | Bachiller | Soltero | Vitacura | 2019 |
| 6 | F | 57 | Bachiller | Separada | Santiago Centro | 2018 |
| 7 | M | 65 | Bachiller | Casado | Santiago Centro | 2018 |
| 8 | F | 33 | Universitario | Soltera | Independencia | 2019 |
| 9 | F | 48 | Técnico superior | Casada | Santiago Centro | 2017 |
| 10 | F | 70 | Universitario | Casada | Santiago Centro | 2018 |
| 11 | F | 38 | Universitario | Concubinato | La Reina | 2019 |
| 12 | F | 33 | Técnico superior | Soltera | Santiago Centro | 2019 |
| 13 | F | 49 | Bachiller | Casada | Santiago Centro | 2018 |
| 14 | F | 66 | Universitario | Separada | La Reina | 2019 |
| 15 | M | 25 | Bachiller | Soltero | Santiago Centro | 2019 |
| 16 | M | 45 | Bachiller | Concubinato | Santiago Centro | 2019 |
| 17 | F | 53 | Doctorado | Separada | Providencia | 2018 |
| 18 | No binario | 39 | Técnico superior | Concubinato | Santiago Centro | 2017 |
| 19 | F | 69 | Universitario | Casada | Santiago Centro | 2018 |
Fuente: Elaboración propia.
En relación con la selección de la muestra se empleó un muestreo conocido como bola de nieve, que consiste en pedir a los informantes que recomienden a posibles participantes que sean relevantes para el estudio, dada su condición de sujetos que emigraron durante la crisis del extractivismo petrolero que tuvo lugar en el gobierno de Nicolás Maduro (Flick, 2015). La decisión de utilizar este tipo de muestreo se debió a la dificultad para encontrar potenciales entrevistados dentro de un contexto general marcado por las restricciones de movilidad, derivadas de la pandemia y por las medidas de autocuidado que implantaron algunos sujetos para protegerse de un posible contagio. Por lo tanto, el criterio que se aplicó para seleccionar la muestra consistió en la selección de: 1) sujetos mayores de edad; 2) sujetos que hayan migrado a Chile durante 2017 y 2020, período en que hubo un incremento exponencial de la migración venezolana hacia otros países de la región.
La muestra estuvo compuesta por seis sujetos pertenecientes al género masculino y 13 del género femenino; todos ellos, residentes en la ciudad de Santiago y con rangos de edad que oscilaron entre 25 y 70 años al momento de realizar la entrevista.
En la investigación se utilizó el análisis temático (Braun y Clarke, 2006) para sistematizar la información obtenida a partir de las entrevistas, para luego examinar la posición del entrevistado como autor, respecto de lo que cuenta a partir de reflexiones y metacomentarios. Por último, se empleó el software Atlas Ti para analizar los resultados. A través de esta tarea de sistematización se logró identificar un total de 19 códigos asociados a sus respectivas citas.
Nuevo quiebre del modelo extractivista petrolero y sus incidencias en la migración venezolana a Chile
La red de códigos Decadencia y declive generalizado fue construida mediante la percepción que tenían los entrevistados en torno a la gestión gubernamental en tiempos de Nicolás Maduro. Esta red es de suma de relevancia para la presente investigación, pues permitió abordar, desde el concepto de migración forzada y modelo extractivista petrolero, las causas estructurales que desencadenaron la migración venezolana hacia Chile en el período 2017-2020, así como preguntarnos cómo el segundo colapso del modelo extractivista afectó la vida de las personas.
Para responder a esta interrogante se conformó una red a partir de 19 códigos generados a través de las funciones codificación lista y codificación abierta, presente en el menú de Atlas Ti 8, tal como se observa en la Figura 4.
Fuente: Elaboración propia a partir de software Atlas Ti 8.
Figura 4 Colapso del modelo rentista petrolero y dificultad para gestionar la vida cotidiana
De acuerdo con el testimonio de algunos entrevistados, la decadencia y el declive generalizado del modelo extractivista petrolero se inicia con el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013 y fue percibida como un fenómeno que se gestó en un lapso de tiempo corto, tal como se evidencia en el siguiente fragmento de entrevista:
Bueno, sí, ya había empezado la decadencia cuando él se muere y Maduro agarra el poder, o sea, sí ya había decadencia […] el tema fue la velocidad en la que pasó todo. Caímos en la decadencia, pero de un día para otro (Fiorela, comunicación personal, 21 de junio de 2020).
Frente a la pregunta ¿Cómo afectó la crisis, tu vida personal, familiar y laboral?, el código decadencia y declive generalizado emerge desde el imaginario de los entrevistados para conocer el efecto que tuvo el colapso del modelo extractivista en la vida de las personas y para hilvanar, a través de sus relatos, el escenario sociopolítico que impulsó a los sujetos a tomar la decisión de emigrar. El deterioro de las condiciones materiales de existencia comenzó a sentirse cuando: “Empiezan a escasear las cosas, la comida, los medicamentos, los repuestos, y todo eso afectó” (María, comunicación personal, 2 de junio de 2020).
Modo supervivencia
A través del código modo supervivencia, los entrevistados también describen una sensación de alerta ante el deterioro progresivo de la situación humanitaria y las amenazas a sus modos de vida, tal como se evidencia en el siguiente relato.
Si me hubiera quedado, ya me hubiese muerto, no tenía qué comer, con la suerte que entre los vecinos nos ayudábamos, uno de ellos tenía familiares que tenían fincas y nos vendían carne y me fiaban. En mi cuadra donde yo vivo, si quedan tres familias es mucho, todas se fueron (Ifigenia, comunicación personal, 16 de julio de 2020).
Esta mujer, oriunda de Acarigua (Estado Portuguesa), afirma en su relato que, de haberse quedado, hubiese muerto por la falta de alimentos. Como ella misma comenta, su situación era precaria en Venezuela y tenía que recurrir a redes de amigos y vecinos para acceder a proteínas de origen animal. Sin embargo, el trueque y las redes de contacto no eran suficientes para sobrevivir en medio del colapso del extractivismo petrolero, ya que los habitantes tenían que ingeniárselas para hacer rendir la comida en el día a día.
Tenías que inventar cosas. Por ejemplo, para hacer las arepas la rendíamos con betarraga, con zapallo italiano, con yuca, con papa. Hacíamos la mezcla de harina con eso rallado y así era que rendíamos la harina y nos rendía un mes (Héctor, comunicación personal, 6 de agosto de 2020).
Por ello, estar o sentirse en modo de supervivencia fue crucial al momento de tomar la decisión de emigrar: “Yo estaba en modo supervivencia, la inseguridad y el tema de salud. Ya esas son razones para tú salir corriendo” (Fiorela, comunicación personal, 21 de junio de 2020).
La dicotomía entre irse o quedarse ante la imposibilidad de acceder a bienes básicos también es compartida por una de las entrevistadas, quien afirma: “Salí de forma forzada. Tenía que salir por el bienestar de mis hijos, para que pudieran comer bien, vestir bien” (Ismelda, comunicación personal, 15 de septiembre de 2020).
Desabastecimiento de alimentos
Como se observó en el apartado anterior, el código modo supervivencia se encuentra asociado en los relatos de los sujetos con los códigos desabastecimiento de alimentos y desabastecimiento de medicamentos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) (Universidad Católica Andrés Bello, 2019), realizada por las principales universidades del país caribeño, la población venezolana perdió, en promedio, 11.4 kilos, como consecuencia de la escasez de alimentos. Este estudio también alerta que al menos 8.2 millones de venezolanos consumieron dos o menos raciones de comida al día durante 2017. Con respecto a esta situación, un entrevistado relata que tenía que hacer fila desde la noche anterior para poder conseguir alimentos.
Mira, la cosa se puso ruda, ruda, porque no se conseguían las cosas. Es más, se me había olvidado, a finales del 2016, yo haciendo una cola en un supermercado, me bajó la tensión, yo no sabía nada de eso. […] En una de esas, haciendo mi cola en el supermercado, me fui a las 12 de la noche y como a las 3 de la mañana me dio un beriberi. Gracias a Dios que en esa cola estaban un compadre mío y un conocido mío, gracias a Dios, entre ellos en un carro me llevaron a mi casa (Adriano, comunicación personal, 23 de septiembre de 2020).
La escasez de alimentos, sin duda, refleja la parte más dura del colapso del extractivismo petrolero en Venezuela, puesto que afectó la cotidianidad, la salud mental y física de los venezolanos, e incluso los colocó en disyuntivas como la que se narra a continuación: “Ya no le podía comprar la perrarina a mi perro, o comía yo, o comía mi perro” (Fernanda, comunicación personal, 2 de junio de 2020).
A veces, las personas guardaban parte de menú del almuerzo para consumirlo en la cena, tal como se evidencia en el siguiente testimonial: “Había tres cosas para el almuerzo, cómete dos para guardar para la cena” (Karla, comunicación personal, 17 de junio de 2020).
Desabastecimiento de medicamentos
Según la carta magna de 1999, el Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud como parte del derecho a la vida. Bajo este mandato constitucional, en la Venezuela de Hugo Chávez se crearon diversas iniciativas gubernamentales para garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Entre esas iniciativas se encuentran la Red de Farmacias Públicas Farmapatria -que nació con el objetivo de garantizar a la población el acceso a medicamentos a precios justos- y las Farmacias de Alto Costo -que tenían como finalidad garantizar medicamentos a los pacientes que padecen enfermedades como cáncer, hemofilia, lupus, osteoporosis, hepatitis, artritis e insuficiencia renal-. Y si bien ambos programas se mantienen funcionando, diversas organizaciones han denunciado, desde 2014, fallas en el suministro y la distribución de medicamentos. En relación con esta problemática, la Encuesta Nacional de Hospitales reportó que en 86 hospitales ubicados en 38 ciudades venezolanas, el desabastecimiento de medicamentos y materiales quirúrgicos se ubicaba en torno a 80 por ciento (Médicos por la salud, 2018).
En este escenario, para 2018, la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) estimaba que ocho de cada diez medicamentos no estaban disponibles en las farmacias, mientras que la escasez se ubicaba alrededor de 90 por ciento en el caso de los fármacos de alto costo para enfermedades como cáncer, diabetes, tiroides, hipertensión, y VIH (Fuente, 2018). El informe sobre Venezuela elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaba que el Estado venezolano había vulnerado el derecho a la salud debido al desabastecimiento de medicamentos y deterioro de la infraestructura clínica y hospitalaria. A estas carencias habría que sumarle la falta de métodos anticonceptivos y retrovirales (Bachelet, 2019).
Como se desprende de las denuncias de diversas organizaciones, quienes más afectados resultaron por la falta de fármacos fueron las mujeres embarazadas (Bachelet, 2019), los adultos mayores y los pacientes crónicos (Médicos por la salud, 2018). Al respecto, existe una concordancia entre los informes de organismos internacionales y los relatos de las personas entrevistadas, tal como se evidencia en el siguiente fragmento de entrevista.
Se me enfermó mi esposo, y lo tuve que llevar a Barquisimeto, yo me desesperé y los muchachos también, no conseguía los antibióticos para combatir la enfermedad, porque ya escaseaban, había que pedirlo a la gente que viajaba a Colombia. Me acuerdo de que me mandaron azitromicina, porque le dio neumonía y fue fuerte conseguirlo, ya tenía a los dos hijos aquí, y bueno, ellos me convencieron de venirme (María, comunicación personal, 2 de junio de 2020).
La falta de medicamentos fue percibida por organismos internacionales y por algunos entrevistados como una violación a los derechos sociales fundamentales por parte del Estado venezolano, que incluso amenazaba a la vida misma; así lo refleja el siguiente testimonial: “Yo tengo que tener derecho a tener unas medicinas básicas en una farmacia. Incluso hasta la comida, estamos hablando de comida, de medicinas, me están vulnerando hasta mi vida” (Mirna, comunicación personal, 25 de junio de 2020).
Inflación y pérdida del poder adquisitivo
En el pasado reciente, la pobreza en Venezuela se asociaba a la falta de oportunidades, la informalidad, los bajos niveles de escolaridad, la ruralidad y el trabajo agrícola (Riutort, 1999). En la actualidad, se encuentra relacionada con la pobreza de ingresos, puesto que este fenómeno afecta a 96 por ciento de la población (Universidad Católica Andrés Bello, 2019). En relación con la pérdida del poder adquisitivo, producto de la hiperinflación, los entrevistados experimentaron una disminución del consumo en rubros como vestuario, calzado y recreación.
Tenía un buen poder adquisitivo, compraba ropa, me iba de fiesta, hacía tantas cosas. Y después, con Maduro, no podía hacer nada de eso. De hecho, mandaba a reparar mucho mis jeans, mandaba a reparar mucho mis zapatos, o le decía a mi hermana que estaba en Estados Unidos que me mandara ropa, porque ya ese tipo de cosas no se podía hacer. Ya no eran miles, eran millones para tú poder comprar algo (Héctor, comunicación personal, 6 de agosto de 2020).
Como era de esperarse, la hiperinflación produjo, además, un cambio en los patrones de consumo en los hogares venezolanos, cuyo presupuesto en su mayoría estaba destinado a lo básico: “Todo se iba en comida y el pasaje, la vivienda, no había derecho a más nada” (Pedro, comunicación personal, 27 de junio de 2020).
En la Venezuela de Maduro, 62 por ciento de la población se autoclasificaba como clase baja (Latinobarómetro, 2018). Para los adultos mayores, la hiperinflación acabó con el sueño de obtener una jubilación digna, tal como se revela en el siguiente testimonial.
El sueldo, los tíquet no alcanzaban; cuando yo me vine, ya mi sueldo alcanzaba para un paquete de harina y a lo mucho para un cartón de huevos, porque ahorita me llama el ingeniero que trabajó conmigo que está jubilado, me dice que su sueldo alcanza para un paquete de salchichas hoy día, y me dice que mis compañeras de trabajo andan deprimidas porque el sueldo les alcanza para un paquete de harina. Me dicen que en el hospital ya no hay personal, todo el mundo se ha ido. Estando aquí ella me llama para decirme que me salió el cheque de las prestaciones, con 25 años de servicio fue 80 000 soberanos, que no alcanzaba ni para un cartón de huevos, cuando antes uno esperaba su jubilación para comprarse un carro, para hacer remodelaciones a la casa, eso es horrible (Ifigenia, comunicación personal, 16 de julio de 2020).
Y las personas que habían alcanzado a jubilarse antes de emigrar a Chile vieron su pensión convertirse en sal y agua: “Bueno, yo me jubilé, quedé con mi jubilación, quedas jubilado de por vida, pero el sueldo no me empezó alcanzar […] entonces uno cobraba y no le alcanzaba el sueldo, llegabas a fin de mes pero muy recortada” (María, comunicación personal, 2 de junio de 2020).
Dolarización de la economía y escasez de dinero efectivo
El modo supervivencia en que se encontraban los venezolanos se vio exacerbado durante 2017 y 2019 con la aparición de dos nuevos problemas que debían enfrentar en su vida cotidiana. El primero fue una dolarización de facto de la economía, que ocurrió con la aprobación del gobierno al flexibilizar el control de cambio vigente desde 2003 y permitir a la banca privada abrir mesas de cambio para facilitar las transacciones de divisas entre particulares. Según Maduro, esta medida “puede servir para la recuperación y el despliegue de las fuerzas del país. Es una válvula de escape. Gracias a Dios que existe” (El Nacional, 2019).
El segundo fenómeno fue la escasez de efectivo que dificultaba las transacciones económicas, tales como retiro de dinero en cajeros, pago de transporte, pago de pensiones, compra de bienes y servicios. De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Jubilados, Emilio Lozada, los adultos mayores necesitaban realizar hasta seis viajes para cobrar la totalidad de la pensión, la cual en 2018 apenas equivalía a 1.5 dólares mensuales (AFP, 2018; El Emprendedor, 2020). Por lo tanto, la falta de efectivo en Venezuela volvió más difícil la gestión de la vida diaria. Ya no solo había que hacer fila para comprar alimentos, sino que también tenían que comprar efectivo a tasas de 20 y 30 por ciento, debido a que el cono monetario había perdido vigencia, como consecuencia del proceso inflacionario y las sucesivas devaluaciones. Sobre esta problemática que afectó la rutina diaria de las personas, uno de los entrevistados, recuerda lo siguiente: “Viví cuando no había efectivo, cuando no había punto de venta en los comercios y en el banco limitaban sacar efectivo. Los chinos vendían el efectivo bien costoso, te quitaban el veinte o el treinta por ciento” (Juan, comunicación personal, 14 de diciembre de 2020).
Se observa una experiencia similar en el siguiente fragmento de entrevista:
Comenzó a desaparecer el efectivo, no había transporte, había cola para la gasolina, hacer la cola para el gas, a mí me tocó hacer eso […] Te tocaba hacer cola en un banco y no te daban lo que querías, te daban una cantidad limitada. Durabas tres días en un banco y no llegaba el carro que trasladaba la plata. No, no hay dinero, entonces te ibas a la casa y al otro día ibas hasta que llegaba la plata, no era mucho, pero era alguito para resolver lo de los pasajes (Karla, comunicación personal, 17 de junio de 2020).
Colapso de los servicios públicos
Las constantes interrupciones del suministro eléctrico afectaron la vida cotidiana al punto de generar trastornos de ánimo y activar el deseo de querer emigrar fuera de Venezuela, tal como lo relata una de las entrevistadas, quien estuvo sin servicio eléctrico siete días continuos:
Cada día el país se iba quebrantando. La luz se fue una semana completa. Te podrás imaginar una semana sin luz. Esa semana me marcó mucho, porque yo lloraba, en el día todo bien, pero cuando ya llegaba la noche, no podías comprar comida, porque no había cómo pasar el punto, nos mandaron a encerrar también por la inseguridad en esos sectores. Eso me marcó a mí, que ya el domingo, séptimo día, ese fue un domingo, eso me marcó y ya pensé me tengo que ir, eso ya no era justo. Sabes qué son siete días sin luz (Karla, comunicación personal, 17 de junio de 2020).
En el caso del agua, los sujetos experimentaron una reacción similar, por lo que la falta del vital líquido se constituyó como un factor determinante al momento de tomar la decisión de emigrar:
El tema de los servicios, del agua por donde yo vivía, era una pesadilla. Yo tengo dos niños pequeños y ya después mi vida era en base al agua. Es decir, si llegaba el agua yo no podía salir, no, yo no puedo salir porque ya va a llegar el agua, o sea, mi vida era en base a cuando tuviera agua […] ya se estaba viendo, fue una cosa que se desató ya en la locura. Las dos cosas que a mí me hicieron salir corriendo fue mi pelea con el agua […] Ya yo estaba obstinada de eso (Mirna, comunicación personal, 25 de junio de 2020).
En ambos testimonios se evidencian todas las carencias que padecieron los entrevistados antes de tomar la decisión de emigrar a Chile y cómo fueron confluyendo problemas como la falta de agua, de luz, de medicinas y de alimento en la decisión de querer migrar.
Deterioro del sistema de trasporte y escasez de gasolina
En los relatos de los entrevistados, los códigos colapso del sistema de trasporte y escasez de gasolina se encuentran asociados, por un lado, a una percepción de incredulidad ante la paradoja de ser un país petrolero sin combustible y, por otro, a una crítica hacia la administración de Maduro, a quien los entrevistados responsabilizan de la debacle de la industria petrolera, la cual pasó de producir 3 120 000 barriles diarios a 712 000 barriles al día como consecuencia del deterioro operativo y financiero de la industria petrolera (OPEC, 2019).
Como se abordó anteriormente (ver Figura 2), esta caída abrupta de la producción, combinada con los bajos precios del petróleo, las sanciones internacionales, la burocratización de PDVSA y la excesiva dependencia de los programas sociales de los ingresos petroleros, precipitaron el quiebre del modelo extractivista. Además, hubo una deficiente gestión de dicho modelo y una responsabilidad de gobierno para la configuración de la crisis actual; por lo menos así lo perciben la mayoría de los entrevistados.
Antes que llegara Chávez, las refinerías funcionaban bien; de hecho, la refinería de Paraguaná pasó a ser el primer complejo refinador del mundo. ¿Y qué pasó? Dejaron de hacer los mantenimientos, se vinieron abajo las refinerías; es más, Venezuela importaba gasolina, Venezuela no tiene gasolina ni para autoabastecerse y eso por las políticas de Estado, el gobierno tiene un porcentaje muy alto de culpabilidad en la situación actual de Venezuela (Jesús, comunicación personal, 11 de julio de 2020).
Esta percepción en torno al rol del Estado en la configuración de la crisis es también compartida por otra de las entrevistadas.
De un país tan rico, de tener petróleo, no se conseguía gasolina, el transporte ya hacía lo que quería, dejaban de trabajar a las 11 de la mañana, no quería ir, porque para allá la ruta era mala, las cosas se fueron quebrantando cada día más y más. Había que mojarse porque el transporte no subía, uno tenía que caminar. Y uno tenía que ser responsable en su trabajo […] Antes de venirme, el otro año, ya no había transporte, había camiones y uno se montaba en la parte de arriba, pero ya no, ahora no hay transporte, ya la gente se va a pie a comprar comida al centro (Karla, comunicación personal, 17 de junio de 2020).
En este testimonio se evidencia cómo la gestión de la vida cotidiana se fue complejizando a medida que colapsaban los servicios públicos, el sistema del transporte, y se hacía patente la escasez de gasolina en un país productor de petróleo y con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo.
Inseguridad ciudadana
En los relatos, el código inseguridad ciudadana aparece vinculado a los códigos miedo a perder la vida, temor a salir a la calle y toque de queda autoimpuesto. Todo ello, en un contexto donde Venezuela, desde los tiempos de Chávez, se ubicaba entre los países más violentos del mundo y de Latinoamérica, con una tasa de homicidio de 89 muertes violentas por cada 100 000 habitantes (Briceño et al., 2009). En este escenario, la inseguridad ciudadana fue experimentada por los sujetos como una sensación de temor constante que limitó horarios, movilidad y la vida social, tal como se refleja en el siguiente testimonial:
Yo, como mujer jubilada con mis hijos grandes, cuando todavía estábamos bien, yo andaba para todas partes […] pero después empezó que ni siquiera se podía salir en Caracas con la inseguridad, ya llegó un momento en que yo antes me reunía con mis amigas y llegaba de madrugada porque no tengo muchacho chiquito y lo dejé de hacer desde hace mucho tiempo y tenía miedo de salir sola de día (Amelia, comunicación personal, 14 de julio de 2020).
Así, ese miedo a ser víctima de la delincuencia se tradujo en pérdida de libertad, así como imposibilidad para disfrutar de la vida urbana y de los espacios públicos destinados a la recreación.
Quiebre del Estado de Derecho
Bajo este código se agrupan las percepciones que tienen los entrevistados sobre la gestión gubernamental en ámbitos tan disímiles como el accionar de los cuerpos policiales y el poder electoral. En Venezuela existe un clima de desconfianza institucional, como lo revelan la encuesta Latinobarómetro (2018) y el índice de democracia (Democracy Index) elaborado por The Economist (2020), en el cual Venezuela ocupó el lugar 143 de 167 países evaluados en 2020.
La desconfianza institucional se encarnó en los entrevistados en forma de temor, tanto hacia la policía como hacia otros ciudadanos: “Me daba tanto miedo que se me acercara un malandro o que se me acercara un policía” (Mirna, comunicación personal, 25 de junio de 2020).
Esa desconfianza institucional también se dirigió hacia el Concejo Nacional Electoral, organismo señalado por la comunidad internacional y la oposición venezolana por su falta de garantías y de transparencia en las elecciones presidenciales de 2018. Esta percepción negativa es compartida por uno de los entrevistados, quien se refiere al accionar del Poder Electoral.
La corrupción y los manejos a nivel de gobierno fueron peores, con todas esas trampas y con las elecciones, no había forma ni manera que se ganase una elección, el Consejo Nacional Electoral era 100 por ciento del gobierno, allí no había opción para más nadie (Jesús, comunicación personal, 11 de julio de 2020).
En los relatos de los entrevistados, el código desconfianza institucional también aparece vinculado a una percepción desfavorable de la gestión gubernamental originada por la incapacidad de la administración de Maduro para gestionar y revolver la crisis sociopolítica.
Conclusiones
El expediente de crisis o deterioro de la situación humanitaria impulsada por organismos internacionales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR; Organización de las Naciones Unidas, ONU; Organización de los Estados Americanos, OEA) para caracterizar la situación en Venezuela resulta de utilidad para describir los efectos de dicha crisis en la vida de las personas. Sin embargo, es insuficiente para develar la relación existente entre ciclos de auge y declive de los precios del petróleo y flujos migratorios dentro de un modelo de desarrollo vigente desde la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Por lo tanto, el concepto de extractivismo petrolero resultó de utilidad en esta investigación para definir, desde una perspectiva sociohistórica, el trasfondo histórico institucional donde se configuró la emigración venezolana en el último lustro y revitalizar el debate sobre el papel del Estado en la vida de las personas, para revelar la condición estructural de la crisis y evidenciar el efecto de las sanciones internacionales en la economía venezolana.
Teniendo en cuenta la condición monoproductora de la economía venezolana, la noción de extractivismo petrolero también resultó valiosa para relacionar un conjunto de fenómenos aparentemente inconexos entre sí: desabastecimiento, hiperinflación y colapso de los servicios básicos con las debilidades intrínsecas del modelo de desarrollo, las cuales se potenciaron en tiempos de Nicolás Maduro por la combinación de factores externos, estructurales y coyunturales. Por lo tanto, la actual crisis del extractivismo en Venezuela tiene múltiples causas que la distinguen de la crisis de las décadas de 1980 y 1990, cuando un largo ciclo de declive de los precios del petróleo fue el principal catalizador que propició el fin del Pacto de Punto Fijo y la llegada de Chávez al poder.
Esta relación entre los factores externos e internos que configuraron la crisis estaría determinada, en primer lugar, por la misma naturaleza del modelo extractivista, que sitúa al Estado como único perceptor de la renta petrolera, quien además se vale del gasto público para transferir los petrodólares a la economía no petrolera. Entre 1999 y 2018, los gobiernos de Chávez y Maduro incrementaron la base monetaria aproximadamente en 2 500 000 por ciento, como estrategia para sostener el gasto público (Sutherland, 2018). También en ambos gobiernos hubo negligencia en el manejo de la renta petrolera, pues los diversos fondos creados para administrar los excedentes derivados de los altos precios del petróleo en los mercados internacionales (Fondo de Desarrollo Nacional, Fondo Chino Venezolano) fueron utilizados para exacerbar el gasto público en tiempos de campaña electoral y financiar el gasto militar sin ningún tipo de auditoría (Transparencia Venezuela, 2021).
En segundo lugar, estaría el escaso tejido industrial y la excesiva dependencia de los ingresos petroleros por parte del Estado. Basta recordar que el petróleo representa 96 por ciento de las exportaciones y 90 por ciento de las divisas que ingresan al país. En tercer lugar, se encontraría la incapacidad del Estado de regular su economía frente a desequilibrios externos como las sanciones internacionales y la disminución de los precios del petróleo.
De este modo, las debilidades intrínsecas del extractivismo petrolero y los factores coyunturales que provocaron el declive sirven de referencia para examinar y evaluar cómo el gobierno de Maduro gestionó la crisis del modelo mediante la aplicación de seis estrategias: devaluar, dolarizar, flexibilizar el control cambiario, subir el precio de la gasolina, levantar el control de precios e imprimir dinero inorgánico. Como se evidencia en los relatos de los entrevistados, la implantación de esas medidas generó un proceso hiperinflacionario que repercutió considerablemente en las trayectorias de vida de los sujetos, quienes relataban que su salario y pensiones apenas alcanzaban para comprar un cartón de huevos o un paquete de harina.
El colapso de los servicios básicos en los relatos de los entrevistados fue una de las principales causas que desencadenaron la decisión de emigrar. Frente a esta problemática, el Estado también tuvo un rol crucial, ya que en Venezuela los servicios básicos (agua, luz, telefonía, internet, gas) se encuentran en manos del Estado. Esta propiedad estatal fue reforzada durante el gobierno de Chávez a través de un proceso de nacionalizaciones. Sin embargo, durante el gobierno de Maduro estos servicios no han sido gestionados con eficiencia, debido a la falta de inversión, mantenimiento y corrupción (Altez, 2019).
Bajo este argumento, el colapso del extractivismo durante el gobierno de Nicolás Maduro no solo afectó de manera dramática los modos de vida de las personas, sino que además propició que el Estado venezolano vulnerara los derechos sociales y económicos estipulados en la Constitución de 1999, tal como lo reflejan algunos entrevistados, quienes afirman que la falta de medicamentos y alimentos atentó contra el derecho a la salud y el derecho a la vida.
Gracias a los relatos obtenidos, se develaron fenómenos ocultos en las narrativas científicas sobre migración venezolana, como lo es el deterioro institucional, cuyas consecuencias más evidentes son la falta de independencia de los poderes públicos, la desconfianza institucional y la corrupción. Por lo tanto, los testimoniales no solo muestran el deterioro del tejido democrático, producto de la instauración de un régimen autoritario competitivo, sino que también revelan la situación de vulnerabilidad extrema y las presiones de índole social, económica y política a las que estaban sometidos los sujetos antes de tomar la decisión de emigrar.
Desde esta perspectiva, el modo de supervivencia en los entrevistados representa, por un lado, las estrategias para gestionar la vida cotidiana y tratar de suplir las necesidades básicas a través del trueque, redes de apoyo y racionamiento, y por otro lado, describe los obstáculos y carencias que tuvieron que afrontar los sujetos en Venezuela. Esto también se manifestó en los sujetos como un estado anímico que los impulsó a emigrar ante coacciones externas que amenazaron o pusieron en riesgo sus modos de vida. De allí, entender la emigración venezolana bajo el alero de la migración forzada busca consolidar una nueva narrativa científica que permita demostrar, por la vía de los hechos, que la movilidad de venezolanos hacia el exterior durante el gobierno de Nicolás Maduro fue forzada, involuntaria y motivada por razones humanitarias. Por lo tanto, sería posible que los países firmantes de la Declaración de Cartagena les concedan a los migrantes venezolanos el estatus de refugio y hagan lo posible por garantizar sus derechos humanos.
