Artículos

 

Panorama regional de las remesas durante los años noventa y sus impactos macrosociales en América Latina

 

Jorge Martínez Pizarro *

 

* Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía

 

Fecha de recepción: 7 de marzo de 2003
Fecha de aceptación: 13 de octubre de 2003

 

Resumen

Luego de una década de intenso crecimiento de las remesas, cuya magnitud relativa es insoslayable en varios países, se evalúan sus posibles impactos macrosociales a nivel nacional en países de América Latina. Se presenta una breve alusión teórica al fenómeno de las remesas y se sintetizan las inquietudes que rodean a este fenómeno en la región: la estimación de su volumen, los costos de transferencia y las posibilidades para generar externalidades productivas en las áreas de recepción de estos recursos. Además, se pone atención en las asociaciones de migrantes que envían remesas colectivamente. Después se examinan sus impactos macrosociales contrastados con información empírica disponible sobre la pobreza, la distribución del ingreso y el gasto social en países seleccionados. Al hablar de "migración", "remesas" y "desarrollo" conviene examinar científicamente esas relaciones con el bienestar y no únicamente emplear una visión optimista en función de su aumento y la magnitud absoluta y relativa que han alcanzado.

Palabras clave: migración internacional, remesas, desarrollo económico, pobreza, América Latina.

 

Abstract

After a decade of intense growth in remittances, the relative importance of which is undeniable in several countries, the possible macro-social impacts of remittances are evaluated at the national level in Latin American countries. Brief reference is made to the remittance phenomenon theory, and the regional concerns about it are summarized: assessment of its volume, transfer costs, and possibilities for generating productive externalities in the areas receiving these resources. Additionally, attention is given to hometown associations that collectively send remittances. Next, its macro-social impacts are examined, contrasted with available empirical information on poverty, income distribution, and social expenditures in the selected countries. When speaking of "migration, remittances, and development," it is appropriate to examine scientifically their connections to well-being rather than merely taking an optimistic view based on the increase in remittances and the absolute and relative importance that they have attained.

Keywords: international migration, remittances, economic development, poverty, Latin America.

 

Introducción¹

Las remesas son una realidad palpable en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y desde el punto de vista macroeconómico, sus montos son el rasgo más conocido y profusamente destacado en los últimos años: según las cuentas nacionales, más de 20 mil millones de dólares ingresan anualmente a la región por este concepto, cifra superior a la que se recibe por varios rubros de exportaciones, y se sabe que existe una estimación mínima de las remesas debido a las dificultades que entraña su medición. A escala microsocial, se identifican también rasgos notorios y que son objeto de iniciativas diversas, dadas la potencialidad que ofrecen las remesas familiares para aliviar las condiciones de pobreza en los hogares, el eventual respaldo para generar ahorros dirigidos a costear la salud y educación de los niños, y el efecto multiplicador de la adquisición de diversos bienes y del establecimiento de pequeños negocios, y en el caso de las remesas colectivas, el potencial productivo para el desarrollo local concita un interés central luego de algunos años de experiencias de inversión social en obras comunitarias auspiciadas por las organizaciones de emigrantes.

Los impactos macroeconómicos y microsociales de las remesas indican, sin duda, que las balanzas de pagos de los países y las familias receptoras se ven beneficiadas, haciendo pensar, como contrapartida de la emigración, en las bondades de la movilidad internacional contemporánea, por lo que la existencia de las remesas puede ser vista como un estímulo para promover la emigración desde los países en desarrollo, en el entendido de que los costos involucrados serían menores que los beneficios. La evaluación no es fácil dadas las enormes restricciones a la movilidad de las personas que imponen muchos países receptores, sea por las limitaciones a la integración ciudadana, por criterios estrictos de selectividad, por cuotas de aceptación de trabajadores o por prácticas de control fronterizo. La evaluación se complica si se consideran las escasas iniciativas entre países receptores y emisores de migrantes para facilitar el flujo de remesas, así como la evidente vulnerabilidad de los migrantes y los riesgos de todo tipo que encaran en sus estrategias de inserción en las sociedades de destino. Al referirnos a los costos no pensamos únicamente en las transferencias y en los tipos de cambio que representan otro de los aspectos más debatidos sobre las remesas; más bien, nos interesamos en los costos sociales que asumen los emigrantes para, en una estrategia individual o familiar, poder enviar finalmente parte de su dinero salarios o ahorros a los lugares de origen y, de manera más general, en los costos que conlleva la emigración de capital humano.

Por otra parte, a diferencia de la evaluación macroeconómica y microsocial de los impactos de las remesas que es objeto de creciente teorización y con la que se ha encontrado un sinfín de evidencias, no existe aún un cuadro comparativo del efecto de esos recursos a escala social agregada como una forma de evaluar los costos o beneficios sociales que pudieran afectar a los países de origen. Es cierto que ya se cuenta con diagnósticos completos a nivel de subregiones y localidades menores en algunos países, los que han permitido avanzar en el conocimiento de los potenciales beneficios de las remesas y en cuanto a las posibilidades de que éstas se orienten a programas y políticas destinadas a fines productivos. Pero también se sabe, entre otras, de las contradicciones que se presentan entre el aumento del consumo y el ahorro y el incremento de la dependencia de una fuente externa de recursos sometida a las etapas del ciclo familiar. Las dificultades para que esos recursos tengan un uso productivo persiste, pese a la existencia de algunas experiencias exitosas, por lo general muy específicas. Una inquietud que es clásica en todo fenómeno social y económico se entrecruza en la investigación: que las remesas tengan algún correlato con el mejoramiento de las condiciones sociales a escala agregada (por ejemplo, frente a la pobreza, la estructura distributiva y la evolución del gasto social), más allá de las consecuencias directas e indirectas en las localidades y regiones de los países.

Transcurrida una década de gran crecimiento de las remesas, en este trabajo intentamos evaluar, de manera muy preliminar, si existen y cuáles pueden ser algunos de sus impactos macrosociales más evidentes en los países de América Latina. Presentamos primero una breve alusión teórica al fenómeno de las remesas; a continuación destacamos las inquietudes generales que suscitan en la región, y luego abordamos el panorama regional observado durante el decenio de 1990 con un examen descriptivo de sus impactos macrosociales en contraste con la información empírica disponible en los países seleccionados. El propósito de este trabajo es destacar que el asunto de las remesas debe inscribirse, necesariamente, en un examen más amplio de las relaciones entre migración y desarrollo social y económico, y no solamente considerarse como una contrapartida de la emigración.

 

1. De los impactos de la migración a las remesas como objeto de estudio

El tema de las remesas es una inagotable fuente de atención, inquietud y debates. Puede decirse que se instaló por cuenta propia y quizá por largo tiempo entre los asuntos más llamativos de la migración internacional contemporánea. Cuando se habla de la migración, en ninguna parte del mundo se omite a las remesas, ya sea en los diagnósticos, en las perspectivas o en las propuestas de intervención. La literatura sobre ellas es creciente, y en tan sólo un decenio se han sobrepasado los primeros intentos interpretativos, que insertaron el fenómeno entre los efectos más importantes de la migración y cuyo interés radicaba en la idea de problematizar al respecto aun cuando los flujos de estos recursos eran bastante más reducidos que los actuales. En general, en esos análisis se les incluyó en la figura de las "tres r" que caracterizan a los impactos de la migración: reclutamiento de trabajadores, remesas de los emigrados y retorno a los lugares de origen (Ghosh, 1997; Papademetriou, 1991).

Hay que destacar que en la literatura sobre el tema se reconoce que las consecuencias de las remesas no son sólo macroeconómicas; a nivel microsocial, en algunas comunidades parecen haber constituido una verdadera política social autocreada, y por ello son vistas a menudo como el test de tornasol de los beneficios de la migración (Ghosh, 1997). Por otra parte, los impactos en áreas rurales, localidades y regiones específicas de algunos países pueden ser decisivos para las economías, tal como se ha observado en casos como el de México (García Zamora, 2000; Lozano, 2002; Tuirán, 2002). Aunque insuficientes, en los últimos años las evaluaciones del impacto de las remesas en el desarrollo de varios países del mundo tienden a alinearse en torno de sus efectos positivos netos, especialmente en el consumo y la formación de capital —Dossier Statistico Immigrazione (DSI), 2002—. Al mismo tiempo, esto ha sido identificado como el acercamiento a una interpretación "optimista" de las remesas, luego de la acumulación de evidencias sobre sus efectos multiplicadores, la cada vez más nítida distinción entre remesas familiares y colectivas, y la incorporación de nuevos actores en la migración internacional (Lozano, 2000).

Desde un punto de vista teórico, se ha sostenido que las remesas son parte de un arreglo contractual —diferido en el tiempo— en busca de beneficios tanto para el migrante como para su hogar en el país de origen. En este arreglo se considera una inversión destinada a obtener beneficios; la inversión sería hecha por la familia en uno de sus miembros —cuando afronta los costos de su educación— con la expectativa de que su migración permitirá obtener una compensación mediante las remesas. Bajo esta perspectiva, la inversión es un riesgo cuya incertidumbre disminuirá en la medida en que ese miembro de la familia migre (Samuel, 2000; Villa y Martínez, 2002). Los estudios de la CEPAL (2000a) en Centroamérica, realizados al comienzo y al término del decenio de 1990, hacen una sugerencia acerca de esa compensación. Ellos revelan que la mayor parte de las remesas se destina al consumo y a cubrir las necesidades básicas de las familias, y una parte marginal se dirige a diversas formas de inversión (como el mejoramiento de la vivienda y la compra de tierras y capital de trabajo) y al ahorro. En México y en países del Caribe las conclusiones no han sido muy diferentes, y esto es lo que da pie para sostener que las remesas juegan un papel importante en el sostenimiento de las familias y permiten superar una situación de infraconsumo en los hogares receptores.

Ahora bien, dado este fuerte énfasis en el consumo, muchas veces se subestima el significado que las remesas pueden tener en la demanda local, o lo que es lo mismo, se suele desestimar el impacto económico y social que estas transferencias tienen más allá del ámbito familiar, como, por ejemplo, en el comercio (Conapo, 2002; Torres, 2000). Como destaca Chandavarkar (1980; citado por Tuirán, 2002), hay que evitar la falacia de tratar todo consumo como necesariamente improductivo y bien puede considerarse tan deseable como la inversión en activos fijos. García Zamora (2000) señala que la adquisición de bienes de consumo básico y duradero estimula la demanda de esos bienes en los mercados regionales y locales de un país, con el consiguiente efecto en el empleo. La compra de bienes y servicios estimula la recaudación tributaria, como se puede constatar en las sumas obtenidas por este concepto, que han sido cuantiosas.²

Teóricamente, si el consumo fuese únicamente superfluo, el aporte al desarrollo local sería escaso, lo que incrementaría en gran medida la dependencia de los hogares receptores (y, si éstos son numerosos, de las comunidades locales) de una fuente de ahorro externa. El problema se hace evidente cuando se evalúa la regularidad en los montos y la continuidad temporal de los flujos, que estarán siempre en función del ciclo del hogar (Canales, 2002); ello probablemente redunda en una fuente de inestabilidad cuya sostenibilidad resulta ampliamente imprevisible (Conapo, 2002). Por eso es que se reconoce que si las remesas pudieran emplearse para costear una educación de mayor calidad, para mejorar la salud o para elevar el nivel de vida, y especialmente si tuviesen un destino productivo mediante la creación de microempresas, el apoyo a iniciativas agropecuarias y ganaderas, y otras formas específicas de aprovechamiento en función de las características de las comunidades que las reciben, su contribución al desarrollo local sería significativa (CEPAL, 2000b). Claro está que estas iniciativas exigen el apoyo explícito de los gobiernos bajo la forma de políticas y programas contextualizados en cada caso nacional y migratorio: no existen mecanismos automáticos universales por los cuales la migración y las remesas contribuirán a impulsar el desarrollo de las regiones de origen de los migrantes (Conapo, 2002).

A riesgo de ser sintéticos, hay que reconocer que el legado de estos enfoques teóricos consiste en no olvidar que las remesas forman parte de un fenómeno amplio inserto en el campo de la migración y el desarrollo. La mera identificación de los impactos de las remesas en los receptores y su entorno puede brindar una imagen parcial del significado de estos flujos, olvidando a los actores que las generan y el contexto en el que se desenvuelve la migración.

Si la migración puede contribuir a aliviar el efecto de las tensiones entre las tendencias demográficas y la generación de empleo, de las originadas en conflictos sociopolíticos, étnicos y religiosos, y de las asociadas a formas agudas de degradación ambiental, entonces las remesas deben ser bien evaluadas. No obstante, como hemos señalado reiteradamente (Villa y Martínez, 2002), la hipótesis de la "válvula de escape" debe confrontarse con la erosión de recursos humanos que significa la emigración de capital humano, que puede tener consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los países de origen.

Si para los individuos emigrar representa una opción efectiva en su búsqueda de las oportunidades laborales y de formación personal que no le han brindado sus países de origen, hay razones para cuestionar la existencia de un interés altruista de los migrantes por ayudar a sus localidades. Además, el migrante enfrenta dificultades por la irregularidad en que se encuentra, lo que es objetivamente una fuente de vulnerabilidad, frustración y trato discriminatorio. Ello refuerza las percepciones negativas de la inmigración en los países receptores, ante los costos de la utilización de los inmigrantes de servicios sociales subsidiados (salud, educación, seguridad social) o respecto de la competencia "desleal" por puestos de trabajo (Villa y Martínez, 2002).

Por otra parte, la atención creciente hacia los emisores de las remesas no es un hecho aislado, pues se inscribe en la fuerte dinámica y visibilidad de las diásporas, redes y comunidades de migrantes. Mucho se ha escrito también sobre esta temática, y sin embargo el conocimiento de las comunidades transnacionales en que se involucran los latinoamericanos y caribeños es todavía insuficiente, lo que contrasta con el que se dispone en el caso de los asiáticos. En teoría, se sabe que tales comunidades cumplen un papel central en la acción afirmativa de los propios migrantes frente a las prácticas de rechazo social que sufren en las sociedades de destino. Esas comunidades conforman diversas modalidades de defensa de la identidad cultural, hacen viables las relaciones continuas y sostenidas de los migrantes con sus áreas de origen, facilitan la acumulación de capital social y de iniciativas de emprendimiento, y generan impulsos retroalimentadores de los flujos migratorios (CEPAL, 2002a; Portes, 1997; Villa y Martínez, 2002). Su papel potencial en la transferencia de remesas colectivas es uno de los elementos que las caracterizan, y es claro que tienen una relación sinérgica con la complejización de su organización. En otros términos, para abordar las remesas colectivas no puede prescindirse de un análisis de las comunidades transnacionales en situaciones concretas (estudiando las organizaciones de tipo asociativo, por ejemplo).³ Uno de los cuidados básicos que hay que tener es la distinción necesaria del origen de las comunidades, incluso el de las comunidades cuyos miembros proceden del mismo país. Hasta ahora, además, es muy precario el conocimiento que se tiene de las comunidades de sudamericanos en países de Europa y en el Japón, por lo menos si se le compara con el conocimiento acerca de los mexicanos y sus descendientes en los Estados Unidos.

En síntesis, estos antecedentes ilustran la necesidad de situar el examen de las remesas como objeto de estudio en un conjunto amplio de aspectos interrelacionados, que comprenden tanto sus impactos sobre el bienestar de las familias, comunidades y países receptores, sus consecuencias macroeconómicas y macrosociales, sus potencialidades para el desarrollo local y nacional y la identificación de iniciativas en su apoyo, como el papel de las remesas colectivas y de los actores colectivos que las generan y que serán sus receptores, entre otras muchas dimensiones. No deben olvidarse tampoco la evaluación de los costos sociales que representa para el migrante el envío de remesas familiares y la evaluación constante del significado de la migración internacional para una sociedad determinada (incluyendo los efectos en la desestructuración familiar). En este contexto es en el que puede prestarse debida atención a la utilización actual y potencial de las remesas en beneficio de las comunidades que las reciben, teniendo en cuenta las particularidades nacionales y regionales, debidas a factores como la diversidad de las transferencias (familiares o colectivas), los canales de remisión (formales e informales), los costos de los envíos y las formas de utilización (consumo, ahorro o inversión) (CEPAL, 2002a). De cualquier manera, es necesario propiciar intervenciones que contribuyan tanto al aumento de los flujos —minimizando los costos de las transferencias— como a su utilización productiva. En materia de promoción del uso productivo de las remesas hay un amplio campo por explorar, que incluye desde la generación de incentivos —mediante medidas para brindar apoyo técnico y crediticio, reducir riesgos o liberar tributos— hasta la conformación de asociaciones entre emigrantes, receptores, comunidades, organismos públicos (nacionales y locales) y agentes privados.

Cuando se discuten estas posibilidades puede ser necesario rescatar experiencias de países asiáticos y de Europa oriental, siempre y cuando se reconozcan las especificidades de la migración en cada contexto, partiendo de la base de que en algunos países han existido esfuerzos deliberados para promover la emigración y de que sus estrategias económicas nacionales han propiciado un importante crecimiento económico, por lo que los migrantes han sido descritos como los "intermediarios del desarrollo" (DSI, 2002). En Asia, por ejemplo, los patrones migratorios involucran la feminización de los flujos, su fuerte orientación hacia las economías petroleras y el reciente protagonismo de las naciones del este y sudeste del continente; se componen, además, por un elevado número de refugiados e incluyen largas distancias en los desplazamientos, en el marco de una significativa participación de movimientos temporales (Naciones Unidas, 2003). Varias de estas características no se presentan en la migración latinoamericana y caribeña. Con todo, se conoce que los esfuerzos por estimular el envío de remesas no necesariamente han logrado canalizarlas por vías formales, a pesar de las disposiciones que han obligado a los migrantes a repatriar gran parte de sus ingresos (como en China) o a abrir cuentas bancarias como condición para obtener sus contratos de trabajo (el caso de las Filipinas). En otros países, como Grecia, Turquía y la India, se ha ofrecido la tenencia de cuentas bancarias en moneda extranjera y tipos de cambio preferencial, y en Egipto se ha eximido de impuestos a los intereses generados por los depósitos en moneda extranjera (Lozano, 2000).

No todas estas experiencias son replicables y otras ya son conocidas en los países de la región —el ejemplo de las cuentas bancarias en dólares en El Salvador—, y es claro que su éxito exige seguridad económica. Aunque en teoría las remesas dejarían de fluir una vez que se produzca la migración de las familias, si en la sociedad de origen hay estímulos apropiados, que combinen transparencia, confianza, estabilidad y utilidad, todavía quedará espacio para iniciativas de carácter asociativo dirigidas a la canalización de las remesas colectivas. La existencia de las redes, comunidades, asociaciones y clubes de migrantes latinoamericanos y caribeños es un buen ejemplo de estas posibilidades (Tuirán, 2002; Villa y Martínez, 2002).

 

2. Las inquietudes actuales sobre las remesas: costos de envío, uso productivo y apoyo a los emisores

Además de la cuantía de las remesas, en los últimos años tres temas han acaparado la atención de los analistas y organizaciones internacionales en la región: los costos de transferencia, las posibilidades para generar externalidades productivas en las áreas de recepción de los recursos y la atención en los emisores colectivos de las remesas.

 

Los costos de transferencia

El costo de las transferencias es un efecto combinado de las comisiones que cobran las empresas especializadas y los tipos de cambio desfavorables al momento de la conversión en moneda local (si la economía no está dolarizada). El costo será mayor cuanto menor sea el monto de las remesas.

Años atrás, los giros postales y telegráficos canalizaban buena parte de los flujos, pero hoy en día se cuenta con el recurso de las transferencias electrónicas que ofrecen instituciones financieras bancarias y no bancarias, alternativa que ocupa crecientemente el espacio de los envíos. Por ejemplo, las transferencias electrónicas hacia México entre 1994 y el 2000 se incrementaron desde 43 a 70 por ciento del total de los envíos (CEPAL, 2002a; Orozco, 2001).

La gradual generalización de los despachos electrónicos y la creciente competencia en la provisión del servicio de transferencias han propiciado la reducción de los costos, luego de la constatación de abusos en los cobros, falta de transparencia y mucha desinformación entre los usuarios. A comienzos del decenio del 2000 una transferencia electrónica de 300 dólares tenía un costo de entre 6 y 15 por ciento del envío, y por un giro postal de alrededor de 100 dólares se cobraba una comisión de hasta casi ocho dólares, con el riesgo latente de que se extraviara en su trayecto, como lo muestran algunos casos (CEPAL, 2000b). No obstante, es de destacar que estos costos no son homogéneos en todos los países. Se ha insistido en que los costos de envío a México son más altos que los que operan para Centroamérica y la República Dominicana. La dolarización formal o informal de las economías pudiera influir en esto. En todo caso, la desregulación del sistema financiero impide intervenir en las comisiones y en el tipo de cambio pagado, lo que hace que las transferencias terminen siendo una función de las fuerzas de la oferta y la demanda, es decir, un área de difícil control. Por esta razón, y en estos casos en especial, la transparencia de los mercados parece ser un imperativo a futuro, lo cual puede alimentar una reducción mayor de los costos (recuérdese la campaña "¿Quién es Quién en el Envío de Dinero", que implementó México recientemente a fin de difundir las principales características y condiciones de las mayores empresas que transfieren remesas) (CEPAL, 2000b).

Ante las dificultades derivadas de las distorsiones en el tipo de cambio, se argumenta que las familias deberían tener la opción de recibir su dinero en dólares. Esto otorgaría confianza al emigrante —permitiría, además, medir mejor los flujos de dinero—, pero exige cambios legislativos si se trata de convenios entre bancos de dos países. El método más seguro, rápido y económico que se ha propuesto son las tarjetas de débito, con las que los beneficiarios pueden utilizar cajeros automáticos para recibir el dinero depositado por el migrante en una cuenta bancaria. Esta alternativa representa un claro desafío para los bancos, en especial por la dificultad que entraña llegar a comunidades donde los cajeros automáticos no existen (CEPAL, 2000b).

Puede decirse, en síntesis, que los costos de envío de las remesas tendrían todavía que seguir reduciéndose, si bien resulta difícil conjeturar un pronóstico para los próximos años, pues en este imperfecto mercado ha habido muchas iniciativas que han terminado en fracasos. Mientras tanto, la ampliación de las operaciones de bancos nacionales en los países receptores de migrantes, el establecimiento de nuevas sucursales bancarias donde las remesas se reciben en alto número y las alianzas estratégicas entre instituciones bancarias de los países involucrados constituyen algunas formas novedosas que se sugiere implementar en los países de origen de los migrantes (CEPAL, 2000b). Desde este punto de vista, las remesas tendrían que seguir aumentando, al tiempo que se tendría una medición más precisa de los envíos.⁴

No puede dejar de mencionarse que los costos de envío constituyen apenas un aspecto del fenómeno de las remesas. En tal sentido, es prudente escuchar a los propios actores. Los altos costos de envío han evitado que lleguen a su destino varios miles de millones de dólares, de lo que se quejan con frecuencia los migrantes, lo que sugiere el estudio de iniciativas destinadas a establecer alianzas estratégicas entre bancos, instituciones financieras y los propios migrantes. Esto hace pensar que la condición de mayor competencia en el mercado, a su vez, es insuficiente si no va acompañada de la consideración de factores idiosincrásicos (cultura, costumbres) (Conapo, 2002), que se refleja en la vigencia de la institución de los "viajeros" en quienes se depositan los dineros y la confianza. Además, tratándose de migrantes temporales, cabe preguntarse hasta dónde es posible esperar de ellos unas transferencias sostenidas y cuál es el riesgo de que no puedan ser captadas en las balanzas de pagos. Con la tendencia a la permanencia de los migrantes en países como los Estados Unidos —y, al parecer, más recientemente en países europeos como España—, el flujo de remesas pudiera seguir canales más regulares, aunque la incertidumbre será su continuidad en el mediano plazo una vez que el migrante ha reunido o formado a su familia. ¿Están dispuestos los migrantes a mantener el flujo de dinero una vez que sus familiares directos ya no permanecen en sus localidades de origen? ¿Bajo qué condiciones?

 

Las externalidades productivas

A pesar de la creciente sensibilidad que despierta el tema, todavía no existe en la región un apoyo explícito y generalizado a la utilización productiva de las remesas. Salvo excepciones, la regla es ésa, y tampoco cabe exportar mecánicamente experiencias de otras regiones. Por una parte, el uso productivo de las remesas guarda relación con los fondos colectivos que generan y envían organizaciones de migrantes a sus comunidades de origen. Estas colectas y donaciones voluntarias tienen lugar en las redes sociales que vinculan a las áreas de origen y de destino de los migrantes. Tales vinculaciones se han intensificado, como lo prueba una prolífica creación de clubes y asociaciones (hometown associations) de migrantes latinoamericanos y caribeños en países como los Estados Unidos, que se unieron a otras iniciativas anteriores y dieron consolidación a un proceso de vinculación institucional sostenida entre los emigrantes y sus comunidades de origen.⁵ La utilización productiva de las remesas también cabe reconocerse a título individual, como, por ejemplo, a través de la inversión en capital humano, la adquisición, ampliación y mejoramiento de vivienda, la participación en el mercado inmobiliario, la compra de tierras y ganado, y la inversión en pequeños negocios, entre otras opciones que pueden escoger las familias receptoras o los propios migrantes al momento de retornar (CEPAL, 2000b).

Las colectividades organizadas ponen de manifiesto su singular potencialidad política y económica no sólo en los países de destino de la migración —de acuerdo con las características que se les atribuye a las comunidades de migrantes—, sino especialmente en sus áreas de origen a través del financiamiento solidario de proyectos de desarrollo comunitario y de la participación en diversos programas gubernamentales. Las remesas colectivas se han venido destinando progresivamente tanto a proyectos comunitarios como a iniciativas productivas, mostrando un potencial mucho mayor que las remesas familiares, si bien sus montos son menores y no son completamente conocidos. Algunos estudios han registrado que algunas asociaciones envían en promedio cerca de 20 mil dólares anuales, lo que redundaría en unos 250 millones de dólares para toda la región, que se destinarían exclusivamente a infraestructura social y a inversiones productivas. Muchos emigrantes en los Estados Unidos y en otros países han desarrollado habilidades empresariales y han tenido éxito en los negocios. Los más conocidos ejemplos son los zacatecanos en California, los empresarios salvadoreños y algunas familias hondureñas en Louisiana. En estos casos, en forma individual o, especialmente, por medio de las hometown associations, los migrantes invierten en sus comunidades de origen en infraestructura comunitaria o bien creando negocios (principalmente dedicados a la venta y comercialización de productos alimenticios e idiosincrásicos) (CEPAL, 2000a).

Las remesas colectivas, aunque aún muy minoritarias, son recursos de calidad y de mucho potencial para el desarrollo de las localidades. Pero para su utilización productiva se requieren condiciones que todavía son difíciles de cumplir. Por ejemplo, como acontecería por lo demás con casi cualquier agente económico, cuando los migrantes perciben riesgos en sus inversiones debido a la inestabilidad económica, o cuando se sienten inseguros ante la corrupción y la falta de apoyo de los gobiernos locales, restringen el envío de sus donaciones (CEPAL, 2000b). Por otro lado, la eficiencia de los proyectos que diseñan las asociaciones de migrantes puede verse amenazada por la falta de preparación y organización de los receptores locales para instrumentar los proyectos que se les proponen, razón por la que se genera un efecto acumulativo de desaliento entre los migrantes para desplegar iniciativas de desarrollo local. En efecto, los resultados de diversos estudios y el análisis de experiencias en México han mostrado que el uso productivo de las remesas se ve restringido ante la ausencia de capacidades locales para llevar a cabo los proyectos patrocinados por las hometown associations. Además, en ocasiones la población nativa y los líderes locales se ponen reacios a reconocer los éxitos de los emigrados, lo que debilita toda iniciativa (CEPAL, 2000a). El fomento de la confianza mutua y el sentido de solidaridad están en la base del fortalecimiento de iniciativas de carácter asociativo (Conapo, 2002).

Éste es un campo que, sin duda, exige mayores esfuerzos, habida cuenta que entre las organizaciones de migrantes existen hábitos de disciplina acerca de las decisiones de inversión, por lo que han desarrollado un elevado sentido de la responsabilidad en el manejo de los fondos. La existencia de contrapartes políticas locales es un requisito fundamental para estimular la canalización de las remesas colectivas, siempre y cuando se tenga en cuenta que estas inversiones no son un sustituto de las obligaciones que deben asumir los gobiernos locales en la atención de sus poblaciones.

Ahora bien, se ha señalado con insistencia que las experiencias exitosas deberían replicarse con arreglo a las especificidades nacionales y locales. Tales experiencias se han dado principalmente en áreas de densa emigración y donde los apoyos institucionales han sido importantes, como en los casos de Zacatecas y Guanajuato, en México, y de San Miguel y Chirilagua, en El Salvador. En esos lugares se han implementado programas gubernamentales, como el Programa Tres por Uno (el más conocido) en Zacatecas, con la participación de los gobiernos federal, estatal y local, que proveen un dólar cada uno por cada dólar invertido por los emigrados. El programa promueve obras de infraestructura y de desarrollo en zonas rurales e involucra a la comunidad en la toma de decisiones y en la aportación de recursos municipales, lo que crea una sinergia positiva de inversiones que contribuye a fomentar el arraigo. Su éxito radica en la notable organización de los clubes de emigrantes en los Estados Unidos (Alarcón, 2002), aunque no está exento de las limitaciones que originan el atraso económico de la entidad, la escasa cultura empresarial de los migrantes y el corporativismo que ejercen los gobiernos sobre los clubes de zacatecanos (García Zamora, 2000).

En El Salvador, el Programa de Competitividad, patrocinado por el gobierno, busca crear vínculos financieros, comerciales y culturales entre los salvadoreños residentes en el exterior y sus comunidades de origen, reconociendo el carácter transnacional de las organizaciones de migrantes.

Deberían fomentarse las inversiones productivas para asegurar el interés de los emigrados por mantener los flujos de remesas colectivas, aun cuando por razones del ciclo de vida familiar ya no tengan motivaciones para mantener vínculos con sus comunidades de origen. Es inútil, en este sentido, pretender que la utilización productiva recaiga exclusivamente en las familias que reciben las remesas en forma individual, si no cuentan con capacidad empresarial alguna que hayan desarrollado para emprender inversiones ni con el respaldo de los gobiernos e instituciones locales, condiciones mínimas para asegurar emprendimientos. Por lo mismo, se destaca que aquellas iniciativas que involucran a migrantes y actores locales —como en el área agropecuaria— pueden tener una alta tasa de éxito en la medida en que los esfuerzos son mayores, se asimila tecnología más rápidamente y la transmisión de habilidades puede ser más directa (CEPAL, 2000b).

¿Qué experiencia puede extraerse de otras regiones en el fomento productivo de las remesas, más allá de los estímulos asociativos? Como señala Lozano (2000), se han ofrecido diversos incentivos para promover la inversión de los migrantes en actividades empresariales, incluyendo programas de bienestar social, información sobre inversiones, exenciones tributarias e intereses preferenciales. Sin embargo, los resultados han sido contradictorios, pues la inversión productiva de las remesas ha sido, en general, pequeña. Precisamente, congruente con lo que se concluye en la región, se identifica que existen condicionantes básicas que escapan a los incentivos: se trata de las capacidades empresariales previas y del conocimiento oportuno de las oportunidades de inversión.

 

El apoyo a la organización de los migrantes

En la actualidad se reconoce unánimemente que la organización de los migrantes en los países de destino es un medio potencialmente eficaz para enfrentar la vulnerabilidad social que afecta a grupos específicos, como las mujeres, los niños y los trabajadores indocumentados, al mismo tiempo que favorece la generación de fondos colectivos y una vinculación sostenida con las comunidades de origen.

La presencia en los Estados Unidos de más de 15 millones de personas nacidas en países latinoamericanos y caribeños y la intensificación de los esfuerzos de organización durante los años noventa han puesto de relieve que existen fuerzas latentes de interés colectivo —teorizadas bajo el concepto de comunidades transnacionales—, aun teniendo en cuenta importantes cuotas de heterogeneidad y contradicciones en la medida en que conforman el seno de la reproducción social de los migrantes. La reciente, importante y creciente emigración sudamericana a países como España plantea un reto de envergadura para la organización de las colectividades de migrantes, puesto que éstos carecen ostensiblemente de niveles avanzados de organización, previéndose que se irán haciendo cada vez más necesarios conforme se produzcan nuevos flujos.⁶

Las organizaciones de migrantes también han desempeñado un papel decisivo en la formación de capital social con las estrategias afirmativas que desarrollan para la defensa solidaria de los intereses socioeconómicos, identidades culturales y derechos ciudadanos de los migrantes en los Estados Unidos y otros países; para decirlo en breve, mediante las estrategias que tienen que adoptar ante las amenazas que, cada cierto tiempo, ciernen sobre sus vidas las instituciones, los medios de comunicación y las conductas de algunos sectores de la opinión pública de las sociedades receptoras.

Se entiende que el apoyo a las organizaciones proviene esencialmente de los gobiernos, puesto que compromete decisiones y recursos institucionales, sin desmerecer el importante papel que de hecho desempeñan organizaciones de la sociedad civil en forma directa. El apoyo comprende un amplio campo de tareas que, en nuestra opinión, comienza por el reconocimiento efectivo de los derechos ciudadanos de los emigrados, incluyendo, por supuesto, los derechos políticos (esta discusión parece no asumirse aún en algunos países de la región). En tal circunstancia, los países de origen están en condiciones de exigir vínculos a través de las remesas colectivas de las organizaciones. Por lo tanto, el apoyo a ellas, buscando esta finalidad, debe entenderse en un contexto mayor que incluya también la atención de los requerimientos de las colectividades en materia de salud, educación y prestaciones de seguridad social. Sólo así será posible esperar como retribución el aumento y la continuidad del flujo de remesas colectivas.

El apoyo a las organizaciones de migrantes forma parte de un enfoque de la migración centrado en los actores colectivos. Al incluir a las remesas se da prioridad, necesariamente, a los propios emisores, situación que obliga a considerar un mayor conocimiento de las redes sociales. Es urgente, por lo tanto, lograr una comprensión básica de esas redes —incluyendo las redes de negocios de inversionistas— que están detrás de los movimientos migratorios y de las remesas, evaluando, por ejemplo, sus potencialidades, la participación de empresarios y las capacidades de generalización de las remesas colectivas como mecanismo de vinculación con las sociedades de origen. El apoyo a las organizaciones de migrantes permitiría orientar recursos hacia sus comunidades de origen y disminuir los riesgos de su dilución a otras zonas cuando se generan individualmente.

 

3. Las remesas en América Latina: contrastes macrosociales

En la región, las remesas registraron un espectacular dinamismo en los años noventa, cuando su monto casi se cuadruplicó hacia el 2000 hasta llegar a cerca de 20 mil millones de dólares anuales —México aglutina más de un tercio—, lo que equivale a 1 por ciento del PIB y a más de 4 por ciento de las exportaciones regionales.⁷ Estos impactos son muy variables según los países. En El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador y Jamaica representan entre 8 y 14 por ciento del PIB y equivalen a 48 por ciento del valor de las exportaciones salvadoreñas y a 34 por ciento de las de Nicaragua. También son elevados los montos remesados a Brasil, Colombia y Perú, si bien su efecto en el PIB de estos países es menor (0.2, 1.3 y 1.3 por ciento, respectivamente) (cuadro 1). Con posterioridad, la magnitud de las remesas ha seguido creciendo, superando los 23 mil millones de dólares anuales hacia 2002 (Orozco, 2001),⁸ aunque esta tendencia obedece también a un factor externo: el mejoramiento de su medición.

Hay que destacar que las remesas dirigidas a los países de la región representan cerca de 27 por ciento de los flujos a escala mundial, cifra que era menos de la mitad hacia 1980 y no alcanzaba 20 por ciento en 1990. Junto con los recursos recibidos por países de Europa oriental y Asia central, las remesas de la región han sido las de mayor crecimiento (Gammeltoft, 2002).

El mayor dinamismo de las remesas observado durante el decenio de 1990 se registró en Nicaragua, Ecuador, Perú, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Guatemala y El Salvador. De acuerdo con las evidencias disponibles, la mayoría de estos recursos constituyen remesas familiares. La información sobre el uso de éstas no es sistemática y presenta, en ocasiones, algunas ambivalencias; con todo, varios estudios realizados en Centroamérica, México y República Dominicana hacia finales de los años noventa revelan que la parte destinada a inversión puede llegar hasta 23 por ciento del total de los recursos enviados por los emigrantes a sus familias (CEPAL, 1993 y 2000a; Conapo, 2002; Torres, 2000).

Junto con el examen de los impactos macroeconómicos habituales, es conveniente revisar otros de nivel agregado. Al cotejar las remesas con el total de emigrados de los 11 países seleccionados, se descubre que hacia el2000 en varios casos las remesas superan los mil dólares por migrante (cuadro 2). Tal situación es expresiva de un cambio notorio durante los años noventa, ya que al comienzo de la década solamente los emigrantes de un país (Brasil) registraban un valor promedio superior a dicha cifra. En realidad, en el 2000 sólo los promedios de los emigrantes de México, Colombia, Cuba y Nicaragua eran menores a los mil dólares. Sin duda, el rasgo destacable es el enorme crecimiento de las remesas por emigrado en casi todos los países del estudio (gráfica 1).

Por otra parte, las remesas se distribuyen de manera muy variable entre la población de cada país, si se considera su monto promedio por habitante (cuadro 3). Hacia el 2000 el valor fluctuaba entre cerca de siete dólares en Brasil y más de 300 en El Salvador, lo que revela que el tamaño demográfico de los países es una variable que no debe olvidarse en el momento de evaluar los impactos a nivel agregado. Es también significativo que durante el decenio de 1990 las remesas por habitante experimentaron una variación superior a 100 por ciento en ocho de los diez países consignados, variación notoria en los casos de Nicaragua y Ecuador, como se detalla en el cuadro 4.

Mientras el PIB por habitante registró aumentos en casi todos los países, llama la atención que, justamente, en Nicaragua se observa uno de los menores aumentos y en Ecuador se presentó una disminución. Esto es, mientras que las remesas por habitante se multiplicaron varias veces, en algunos países el PIB por habitante apenas se expandió o bien retrocedió.

Al contrastar ambos indicadores (índice de eficacia de las remesas), se observa que sólo en los casos de El Salvador y Nicaragua las remesas por habitante sobrepasan el 10 por ciento del PIB por habitante (cuadro 5) y que, en general, los impactos son pequeños, aunque en todos los países seleccionados han aumentado desde 1990 (gráfica 2).

En síntesis, puede decirse que en el espectacular aumento de las remesas durante los años noventa se esconden impactos macroeconómicos variables, más notorios en algunos países con menores tamaños demográficos. Con la salvedad de tratarse de muy pocos casos, las gráficas 3 y 4 muestran cómo en el 2000 existía la tendencia hacia una relación negativa relativamente visible entre el PIB por habitante y las remesas por habitante, hecho que no se registraba diez años antes.

Las remesas y la pobreza

Como lo señalan varios estudios, parece ser que las remesas familiares brindan un sustancial apoyo a las familias receptoras que no son la mayoría de los hogares en ningún país, y esto es especialmente válido en aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza, y que hay casos en que el grueso de los hogares receptores vive en tal situación, si bien esta evidencia no es concluyente y en Centroamérica los estudios indican que la mayor parte de las remesas familiares se utiliza en alimentación (CEPAL, 1993 y 2000a; Perdomo, 1999). También es muy conocido que los hogares receptores que combinan fuentes de ingreso son los más beneficiados, pues además de diversificar su consumo están en condiciones de generar ahorros y destinar recursos a la inversión de capital y a la apertura de negocios. En algunos estudios realizados en México se ha descubierto que los hogares receptores llegan a tener una propensión al ahorro, en promedio, de 14 por ciento del gasto monetario y que las remesas representan alrededor de la mitad del ingreso (García Zamora, 2000; Tuirán, 2002).

Como quiera que sea, la identificación de los patrones de gasto de las remesas es una tarea poco asumida, pues demanda una exploración longitudinal y no meramente estática, y exige tener en cuenta las características sociodemográficas de los hogares receptores (Lozano, 2000). Esta misma exploración se requeriría para abordar las relaciones entre pobreza y remesas a nivel microsocial.

Ahora bien, en la escala macrosocial la pobreza afecta todavía a más de 40 por ciento de la población de la mayoría de los principales países receptores de las remesas, aunque disminuyó ligeramente en varios de ellos durante el decenio de 1990 (y en Ecuador registró un aumento). Sin embargo, las mayores incidencias de pobreza en el 2000 corresponden casi sistemáticamente a aquellos países donde la variación de las remesas por habitante fue más holgada: los centroamericanos y Ecuador (cuadro 3). Por último, entre los diez países considerados existe una ligera tendencia a que las remesas por habitante sean mayores justamente cuando más altos son los índices de pobreza (gráficas 5 y 6), si bien la mayoría de los países registra un monto de remesas por habitante inferior a 100 dólares.

Sin duda, si los hogares receptores destinan fundamentalmente sus remesas a la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros, ello no significa necesariamente que se trate de hogares pobres ni que superen la pobreza si lo son. Por ello es necesario explorar mucho más sobre el papel de las remesas como factor reductor o atenuador de la pobreza y no existen antecedentes unívocos para adoptar conclusiones contundentes. El análisis debería considerar con detenimiento el vínculo entre las estrategias gubernamentales de reducción de la pobreza (normalmente, de mediano o largo plazo) y las estrategias familiares de utilización de las remesas (quizá de más corto plazo), distinguiendo en cada caso, necesariamente, las diferencias entre tales estrategias en las distintas localidades, regiones y países. Esto será más evidente si, con base en la continuidad de la emigración, el flujo de las remesas familiares y colectivas fuera objeto de mayor estímulo, si los recursos movilizados se canalizaran hacia usos productivos y sustentables, y si con ellos se fortaleciera la capacidad de las micro y pequeñas empresas en las comunidades de origen. Esto cobrará mayor realce en las escalas subregionales de los países, pero será mucho más complejo a nivel nacional y exigirá, por último, la especificación de cada contexto, que determina, en definitiva, los efectos multiplicadores que puedan traer las remesas.

En cualquier caso, persistirá la necesidad de reconocer a toda costa que el crecimiento económico, el aumento del gasto social y la recuperación de cuotas de universalidad en las políticas sociales son las verdaderas tareas prioritarias de todo gobierno en cualquier escala que se considere. Estas exigencias del desarrollo nacional son todavía más urgentes en una época en que la estratificación ocupacional no favorece la movilidad social, en que la precariedad del empleo es más generalizada y en que, junto con la persistente exclusión de grupos significativos de la población, emerge una vulnerabilidad social que, más allá de las percepciones de incertidumbre, encuentra bases objetivas en la desprotección y en la inseguridad. En este contexto, creemos, corresponde también evaluar las potencialidades de las remesas para la reducción de la pobreza, en ningún caso en forma desvinculada de ese objetivo.

 

Las remesas y la distribución del ingreso

El perfil de la distribución del ingreso en la región sigue presentando altos niveles de desigualdad, y esto se demuestra con la abultada fracción de los ingresos totales que concentra el 10 por ciento de los hogares de mayores recursos, que supera el 30 por ciento en la mayoría de los países (CEPAL, 2001). Sin entrar en un análisis detallado de esta situación y remitiéndonos a los países seleccionados, se constata que en todos se presenta tal condición y que, incluso, en cuatro de ellos los hogares más ricos aglutinan más de 40 por ciento del ingreso en el 2000; además, tal concentración aumentó o se mantuvo en la mayoría de los países con respecto a 1990 (cuadro 3). Esto sugeriría que, en el mejor de los casos, las remesas tienen un impacto nulo y hasta regresivo en la distribución del ingreso a nivel nacional. Dicho de otro modo, la migración y las remesas en América Latina y el Caribe se desenvuelven en contextos de aguda desigualdad.

Al relacionar las remesas por habitante con la concentración del ingreso no se observan tendencias claras (gráficas 7 y 8), aunque es de destacar que en Ecuador y Nicaragua (que registraron las mayores variaciones por habitante) el deterioro redistributivo fue manifiesto (cuadros 3 y 4).

En realidad, la incidencia de las remesas en los patrones de distribución del ingreso es un tema tan complejo como el de su relación con la pobreza. Si teóricamente las remesas fuesen mayores en los hogares pobres, como afirma Samuel (2000), debería esperarse, directamente, una mejoría en la distribución del ingreso. Los fragmentarios antecedentes presentados y las evidencias de los estudios de caso no siempre parecen apoyar este aserto. Hay efectos indirectos como los que resultan sobre el comercio minorista, y por lo demás, si bien se han propuesto modelos probabilísticos para estimar el impacto de las remesas en la distribución del ingreso a nivel nacional, los resultados no han sido concluyentes (Canales, 2002).⁹ Las remesas colectivas pudieran atenuar los efectos regresivos a nivel local o entre áreas rurales y urbanas, siempre y cuando existan mecanismos en su apoyo. Sin embargo, el aislamiento y el atraso de ciertas comunidades de origen son condiciones propicias para que los eventuales ahorros y la inversión se desvíen a otras zonas: éste sería un mecanismo pertinaz de desigualdad entre las regiones que se ha visto también en otras latitudes.

De otro lado, si se acepta que la propensión migratoria es más alta entre los grupos no pobres y que ellos son los que reciben mayores montos de remesas, debe colegirse que estas transferencias no contribuirán a un mayor grado de equidad socioeconómica en los países de origen. Como hemos señalado en varias ocasiones, el debate acerca de los efectos de las remesas y, en general, de la migración en la distribución del ingreso todavía está lejos de cerrarse (Villa y Martínez, 2002).

En síntesis, la inequitativa distribución del ingreso en la región no parece verse afectada todavía por las remesas, si es que éstas no contribuyen a mantenerla. Aun si tal contribución fuese efectiva en determinadas subregiones de los países, las evidencias disponibles sugieren que no basta con el horizonte temporal de una década para que sus efectos se expresen. Frente a esta obstinada persistencia de la inequidad distributiva en la región puede señalarse, cuando menos, que las características del patrón de desarrollo difícilmente se verán afectadas por la afluencia de las remesas, y ésta es una tarea que excede su fomento productivo.

 

Las remesas y el gasto social

Se reconoce en ocasiones que el flujo de remesas entraña el riesgo de desestimular a los gobiernos locales en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en cuanto a la atención de los sectores sociales. La inversión de los migrantes en obras comunitarias es un ejemplo de tal riesgo. Sin embargo, a nivel nacional, en la mayoría de los países de la región el gasto social por habitante creció durante los años noventa en función del crecimiento económico de la primera mitad y del aumento de la prioridad fiscal otorgada a dicho gasto. En promedio, la región pasó de 360 a 540 dólares por habitante (CEPAL, 2001).

Aunque en casi todos los países seleccionados se registró un aumento del gasto social per cápita heterogéneo, como se advierte en el cuadro 5 durante los años noventa (excepto en Honduras), existe una correlación más bien negativa con las remesas por habitante (gráficas 9 y 10). Además, éstas alcanzan valores mayores que dicho gasto en cuatro países (entre los que destacan El Salvador y República Dominicana), justamente donde el gasto social per cápita es muy bajo.

Tal vez lo más destacable sea el hecho de que el gasto social por habitante en los países seleccionados sólo sea superior al promedio en el caso de Brasil (gráfica 11). Los demás países registran guarismos que llegan a equivaler casi una décima parte de ese valor (Honduras y Nicaragua), lo que representa apenas un cuarto del promedio regional.

Si empíricamente hay argumentos para estimular la recepción de las remesas, en especial donde superan al gasto social per cápita, puesto que cumplirían un papel supletorio, también existe la necesidad de aumentar dicho gasto. Esto remite a la discusión de hasta qué punto los gobiernos pueden transferir parte de sus obligaciones a la migración.

Con todo, no hay duda de que el incremento del gasto social ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades de amplios sectores de la población. También cabe reconocer que, como el gasto social tiene comportamientos procíclicos se expande y contrae en función de cómo evolucionen los recursos públicos, es imperioso asegurar un mínimo de estabilidad para garantizar su efecto redistributivo (en materia de salud, educación y alimentación) o, por lo menos, su condición de freno al deterioro. Las remesas, entonces, sólo pueden paliar parcialmente esta situación y en ningún caso revertirla.

 

Conclusiones

Las remesas se inscriben en el amplio campo de las relaciones de la migración con el desarrollo social y económico. Cuando se habla de migración, remesas y desarrollo, convendría examinar esas relaciones mucho más allá de la contrapartida que significan las remesas frente a la emigración y verificar si, efectivamente, se traducen en beneficios directos —especialmente macroeconómicos y en el consumo, el empleo y la infraestructura— e indirectos —como el aumento de la recaudación fiscal, el desarrollo inmobiliario y la visibilización de las comunidades de emigrantes—. El solo hecho de su aumento y la magnitud absoluta y relativa que han alcanzado no autorizan una visión optimista sobre el "desarrollo"; lo que se requiere es una visión científica.

Puede también ser insuficiente concentrarse en los impactos subregionales si ello va en detrimento de la dinámica de otras regiones de un territorio. No se trata de sostener que todo examen debe necesariamente abarcar el amplio espectro de dimensiones involucradas en los procesos de desarrollo y, además, hacerse a escala nacional, pero hay que evitar que el fomento de las remesas se desligue de tales esfuerzos a que los gobiernos están obligados. Los estudios de caso dominan la investigación sobre las remesas y es probable que esta tendencia persista, más aún en la medida en que los países sudamericanos, con una emigración relativamente diferente de la centroamericana y mexicana, se incorporen más intensamente a la movilidad contemporánea.

Hacia el 2000 las remesas superan los mil dólares por migrante en varios de los países estudiados, luego de que al comienzo de la década de 1990 este guarismo se registraba tan sólo entre los emigrantes de un país. Conjuntamente, creció en gran forma el dinero enviado por cada emigrado, lo que sugiere que no es únicamente el aumento de la migración lo que conlleva un mayor flujo de remesas. El promedio de estos recursos por habitante en los países que los reciben tiende a ser más elevado cuando menor es el tamaño demográfico y guarda cierta correlación negativa con el PIB per cápita. Como consecuencia, la eficacia de las remesas puede elevarse.

Con las limitaciones propias de un análisis preliminar y de carácter agregado, en este trabajo se ha procurado mostrar que los beneficios sociales de las remesas a nivel nacional siguen siendo más potenciales que reales, frente a la marcada incidencia de la pobreza, la pertinaz distribución inequitativa del ingreso y el menguado gasto social per cápita que caracterizan a los principales países receptores. Esto vuelve muy difícil hacer una evaluación positiva de las remesas respecto de los países de origen de los migrantes. El análisis deberá continuar realizándose, toda vez que las remesas han seguido creciendo —junto con la migración— y factores como la disminución de los costos de transferencia de las remesas familiares y la voluntad de apoyar a las organizaciones de migrantes en la generación de remesas colectivas plantean retos insoslayables para aprovechar las oportunidades que se crean.

Por consiguiente, cuando se habla de aprovechar las oportunidades que brinda la migración por medio de las remesas, también hay que identificar las estrategias empleadas y los diversos costos que deben enfrentar los emigrantes para ahorrar y remitir dinero a sus países de origen. La alteración de las estructuras familiares que resulta del desplazamiento de uno de sus miembros, las condiciones de inserción laboral en el país de destino, el proceso de adaptación a una cultura diferente y, en general, la situación de vida cotidiana, no pocas veces afectada por vulnerabilidad, desprotección y discriminaciones que violan sus derechos fundamentales y menoscaban sus contribuciones, son algunos de ellos.

 

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Notas

¹ Una versión original de este documento fue presentada en el Primer Foro Internacional "Diáspora Latinoamericana a Estados Unidos y Canadá", efectuado en Puebla, México, del 23 al 25 de enero de 2003. Las opiniones expresadas en él son de exclusiva responsabilidad del autor.

² Este autor estima que en México, a finales de los años noventa, casi 600 millones de dólares fueron recaudados por concepto fiscal, directamente derivados del flujo de remesas destinado a la compra de bienes y servicios.

³ Así como tampoco puede obviarse la atención en los receptores claves y beneficiarios de tales recursos, que por definición constituyen también actores colectivos.

⁴ Si los migrantes indocumentados logran abrir cuentas bancarias, la magnitud y la medición se verán favorecidas.

⁵ Similares formas de organización y de potenciales vínculos podrían encontrarse entre los emigrantes sudamericanos en países europeos, pero el conocimiento disponible es muy escaso.

⁶ España es el segundo destino de la emigración regional. La presencia de estos migrantes —predominantemente mujeres— ha experimentado un aumento sin precedentes en los últimos años. Datos oficiales revelan que en 2001 cerca de 800 mil personas inmigrantes latinoamericanas y caribeñas residen en este país (www.ine.es). Hoy por hoy, América Latina y el Caribe representan la primera mayoría entre las regiones de origen de los migrantes, superando por primera vez a los países africanos. Tan elevado dinamismo —que ha llevado a acuñar el término latinoamericanización de la inmigración— se ha acompañado de una diversificación de los orígenes de los migrantes; así, han adquirido gran protagonismo los nacionales de Ecuador (más de 200 mil personas) y Colombia (cerca de 175 mil), luego de un claro predominio de emigrantes procedentes de Argentina, Venezuela y República Dominicana a comienzos de 1990 (Martínez, 2003).

⁷ Debe reiterarse que esta magnitud no incluye ni el dinero ni los bienes en especie que llevan los migrantes a sus países. Se ha estimado que hasta 15 por ciento de las remesas ingresarían en el bolsillo de los migrantes al retornar (CEPAL, 2000b).

⁸ Pueden compararse estas cifras con el monto total de las corrientes de capital hacia América Latina, que en 2001 fue de alrededor de 70 mil millones de dólares, o con las donaciones oficiales que recibió la región, que fueron de alrededor de tres mil millones de dólares (CEPAL, 2002a; OIT, 2002).

⁹ Sin embargo, este autor señala que en el occidente de México el flujo de remesas contribuyó a mejorar la distribución del ingreso entre 5 y 15 por ciento, dependiendo del indicador empleado para medir la concentración.