nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
“Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas,
que nada habría después;
que no se podría encontrar nada al otro lado,
al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos.
Pero sí, hay algo. Hay un pueblo.
Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo,
y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza”.
El llano en llamas, Juan Rulfo (1953)
INTRODUCCIÓN
A partir del estudio de tres experiencias de resistencia en el corredor suriano, este artículo tiene por objetivo analizar la manera en que los pueblos defienden su noción del territorio frente a las nuevas dinámicas de acumulación capitalista en el presente siglo XXI.1 Llamo corredor suriano a una región cuya historia ha estado marcada tanto por las estrategias de despojo y extracción de recursos primarios, como por un conjunto de procesos de resistencia popular que se sostiene por cientos de años con rasgos culturales comunes, de lo cual destaca como lo más evidente, la pervivencia de una identidad mesoamericana y revolucionaria-zapatista, que alimenta la radicalidad de sus demandas. Podría decirse que lo comprenden pueblos de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y una parte del Estado de México y la zona rural del sur de la Ciudad de México. Esta regionalización dialoga con la historia social y los estudios regionales del zapatismo histórico (Ávila 2001; Barreto 2018; Pineda 2014) y con las formas particulares de construcción identitaria que le pertenecen a los pueblos y su tradición oral (Heau 2006; Martínez 2019). Esta investigación se concentra solamente en algunos procesos de esta región, que mencionaré más adelante.
Este estudio interdisciplinario parte del marco teórico que brinda el marxismo crítico latinoamericano (Echeverría 2019; Marini 1991; Vega 2022) para analizar la coyuntura actual en términos históricos, económicos, políticos y culturales. A su vez, propone una lectura de la realidad desde distintas escalas (América Latina-México-corredor suriano) y un contraste entre las condiciones materiales impuestas por el despojo, así como el testimonio y la acción colectiva de las resistencias seleccionadas.
En cuanto a éstas, las que se presentan aquí han puesto en el centro elementos fundamentales con relación a la defensa de lo vivible (Garcés 2017) en la actualidad: la resistencia contra las distintas formas de privatización de la tierra en Tepoztlán, Morelos; la lucha por el agua como bien común y derecho humano en la región cholulteca de Puebla que dio origen a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI); y la defensa del territorio a partir de las lógicas de organización comunitaria en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala. La muestra representa las resistencias más significativas (por lo menos durante el tiempo que duró esta investigación) en torno a aquellas demandas fundamentales en la región seleccionada.
Las reflexiones aquí volcadas nacen de un trabajo de colaboración con los territorios y protagonistas de estas resistencias, relación que nace años atrás y que se fue alimentando a través de participación en encuentros regionales, instancias de formación y diálogos críticos, entre otros. Las entrevistas que se presentan en este artículo han sido realizadas entre el 2022 y el 2025 de manera presencial, durante el trabajo de campo, y a distancia.2 A su vez, para conocer más detalles sobre los debates actuales en torno a la situación del campo y sus habitantes, además de la bibliografía consultada, se entrevistó a expertos en el tema que a su vez tejen vínculos con organizaciones territoriales en distintas partes del país. Los más destacados fueron: el CECCAM (Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano) y el IALA (Instituto Agroecológico Latinoamericano) asociado a La Vía Campesina-México.
La hipótesis de trabajo fue que desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI el despojo capitalista acelerado ha empujado a las resistencias a poner en el centro de sus demandas la defensa del territorio, entendiéndolo - en términos generales- como un espacio geopolítico que define una identidad particular. A su vez, que estas demandas se han vuelto protagonistas de los procesos sociales más resonados en América Latina y que específicamente en el corredor suriano responden a una tradición histórica particular. En ellas la defensa del territorio se explicaría a partir de la particularidad asociada a la propiedad social de la tierra, la organización comunitaria que la sostiene y al pasado revolucionario-zapatista. ¿Cuáles son las características del modelo de acumulación capitalista en el nuevo siglo en América Latina, México y el corredor suriano en específico? ¿Cómo se han enfrentado los pueblos y cuáles son sus principales demandas hoy? ¿Qué nociones de territorio se defienden y cómo dialogan con sus raíces históricas?
Para responder a estas cuestiones, el artículo se estructura de la siguiente manera: una primera parte dedicada al análisis de la forma que adquiere el modelo de acumulación capitalista actual en América Latina así como a la presentación crítica de los conceptos centrales que atraviesan esta investigación; una siguiente parte que se enfoca en el estudio del despojo en el México contemporáneo y sus resistencias, para luego adentrarnos en la particularidad que adquiere este modelo en el corredor suriano; le sigue la presentación y análisis de las resistencias estudiadas así como el detalle del trabajo de campo y sus hallazgos; por último, las reflexiones finales dialogan con las distintas partes que componen el artículo: lo general, lo regional y los casos particulares, desde una mirada económica, histórica, política y cultural.
EL CONTEXTO LATINOAMERICANO: LA GUERRA POR LOS RECURSOS Y LAS DEMANDAS POPULARES
En cuanto a la forma que adquiere la dominación en la región latinoamericana en el presente siglo, la investigación ha identificado las siguientes características comunes:
Un capitalismo dependiente impuesto desde la época colonial y cuya matriz se basa en el extractivismo de recursos naturales, la superexplotación de la fuerza de trabajo y la imposición del subdesarrollo como condición de desarrollo de los países centrales (Bambirra 1978; Marini 1991; Wallerstein 1979).
Un capitalismo que, en términos acuñados por David Harvey (2004), ha tomado (desde la década de 1970 y con más fuerza desde el Consenso de Washington) el carácter de “acumulación por desposesión”. Esto implica una acumulación, para superar la crisis del capitalismo, a través de la mercantilización de “recursos” a gran escala que antes no estaban en la esfera del mercado, y que se implementa a través de la militarización de la vida social (Navarro; Composto 2014: 39).
En la actualidad, desde principios del presente siglo, esta acumulación a base del despojo se exacerbó y vinculó estrechamente con lo que la autora argentina Maristella Svampa (2019) llamó “Consenso de los Commodities” , en el cual las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por el alto precio de los productos primarios provocando un superávit fiscal, que dio lugar -en el caso de los gobiernos de corte “progresista”3 o parte del CINAL (Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina) como lo caracterizó Ouviña y Thwaites Rey (2019)- a una época de bonanza y de expansión de derechos sociales, aunque dependiente y vulnerable a los precios internacionales.
Los gobiernos alentaron esta dinámica, consolidando un “modelo de desarrollo” basado en la exportación de materias primas a gran escala, reprimarizando y desindustrializando las economías. El “Consenso de los Commodities” se tradujo en lo que Gudynas (2015), Seoane (2013) y Svampa (2019) -con matices diferentes- han caracterizado respectivamente como “extractivismos de tercera y cuarta generación”, “ofensiva extractivista” o “neoextractivismo”. Desde hidrocarburos, metales y minerales hasta productos ligados al nuevo paradigma agrario (soja, palma africana, caña de azúcar). Entre sus métodos de extracción incluye la megaminería, la expansión de la frontera petrolera, la construcción de gigantescas represas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, monocultivos y monoproducción ligados al agronegocio.
Desde el 2013 la crisis del “Consenso de los Commodities” (por la baja en la demanda internacional de los mismos) ha mostrado los límites en la super-renta extractivista de nuestras economías dependientes y, por ende, de muchos de los gobiernos del CINAL. Esto produjo un corte abrupto en el modelo de consumo masivo y medidas de bienestar social que aquellos gobiernos llamados “progresistas” habían propiciado gracias a aquel superávit fiscal. A su vez, contribuyó al crecimiento de expresiones antipopulares y la reaparición de gobiernos abiertamente neoliberales, afines a las demandas estadounidenses. A la par, una exacerbación del modelo neoextractivista liberando por completo los controles ambientales, criminalizando y asesinando a activistas territoriales,4 y dejando en manos privadas -legales e ilegales- el control de estos nuevos bienes esenciales mercantilizados.
En América Latina se encuentra el 25% de los bosques, el 40% de la biodiversidad y el 47% de las reservas de agua potable del mundo. México en particular es el quinto país en megadiversidad del mundo (con casi el 70% de la variedad de plantas y animales) y uno de los pocos países bioceánicos. Además, se encuentra dentro de los diez principales productores a nivel mundial de 17 minerales (entre ellos el oro, la plata, el cobre, el plomo, el zinc y el hierro). La región provee una cuarta parte de los recursos naturales y energéticos que necesita Estados Unidos. Por ende, algunos autores llaman a esta etapa de saqueo imperialista como “La Guerra Mundial por los recursos”, en la que América Latina es un blanco esencial (Vega 2022; Saxe-Fernández 2009).
Por otro lado, en cuanto a las demandas sociales y las resistencias actuales hay trabajos que proponen cambios de paradigma asociados a aquellas adecuaciones en la forma de acumulación capitalista. Maristella Svampa (2019) nota que ha habido un “giro ecoterritorial” en las demandas de las resistencias populares del siglo XXI, aquello que Enrique Leff (2004) había nombrado como “la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas” y que, según estos autores, dio como resultado la construcción de un pensamiento ambiental latinoamericano.
Las demandas que se identifican con este giro están vinculadas a la defensa del territorio, del “buen vivir” y de los bienes comunes, así como a la lucha por una justicia ambiental y de soberanía alimentaria. Según Svampa, estos lenguajes de valoración emergentes que ponen en el centro la territorialidad también propician debates en torno a la autonomía y los derechos colectivos que construyen una nueva institucionalidad ambiental (sanción de leyes, marco normativo y jurídico). Son todos elementos que han ido abonando a una subjetividad colectiva propia que se enmarca en un discurso común alternativo y una acción política particular. En la misma sintonía, Arturo Escobar (2017) propone desligarse de los esencialismos o romanticismos estáticos, así como de la lógica dominante occidental, para cuestionar los modelos extractivistas actuales y privilegiar las valoraciones de la naturaleza que pueblos indígenas organizados, movimientos ecoterritoriales, decoloniales o ecofeministas han puesto en el centro de la escena política.
Este cambio en el perfil de las demandas sociales ha devuelto protagonismo al sujeto indígena-campesino y los sectores populares del campo y las periferias urbanas, afectados por las consecuencias del desastre ambiental y la pérdida de derechos elementales, como el acceso al agua, a vivienda y a una alimentación digna. Sin embargo, también ha provocado un efecto descentralizador o fragmentario, producto de su naturaleza local. Esto alienta a pensar en los desafíos que se imponen a la hora de construir consensos y articulaciones en torno a proyectos plurales, colectivos y de confluencia popular.
En esta línea, Peter Rosset y Lía Pinheiro Barbosa, en su texto sobre Autonomía y Movimientos Sociales, apuntan a la dimensión territorial -“el derecho colectivo de pertenecer a un territorio como un espacio de reproducción social y material, de disputa de poder y construcción de poder popular” (2021:26)- como la posible síntesis de superación a la multiplicidad de demandas indígena-campesinas vigentes -“el desafío de transformar la lucha por la tierra en lucha por el territorio” (26)-.
Según ellos, la autonomía sería la alternativa popular que conjuga las múltiples demandas existentes y ha sido la propuesta política más radical en los albores del siglo XXI latinoamericano (los casos más paradigmáticos son el Movimiento Sin Tierra de Brasil y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México). Sin embargo, en la novedad de esta propuesta se esconde su larga tradición histórica: es en definitiva la demanda popular por el control de los territorios, que cobra sentido y se nombra distinto dependiendo del contexto. Pareciera que algo similar sucede con la idea del territorio: es un esfuerzo por resaltar el significado más profundo -en términos culturales y políticos- que tiene la tierra para quienes se enfrentan al despojo en todos los frentes. Veremos cómo en México esto se pone de manifiesto y entredicho.
EL DESPOJO EN MÉXICO Y EL CARÁCTER DE LAS DEMANDAS SOCIALES
El caso mexicano es paradigmático ya que aquí sucede una excepcionalidad: la mitad del territorio nacional está bajo el régimen de propiedad social (esto según datos recabados en 2023 por el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral y el RAN -Registro Agrario Nacional-, sintetizado en el Atlas de la propiedad social de la tierra en México publicado por SEDATU- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- en 2024).5 Según estos datos, más de 5 millones de personas son consideradas sujetos agrarios, vinculadas directamente a ejidos o comunidades. En este sentido, la propiedad social arrastra una condición organizativa que es imposible eludir: en esos territorios, la reproducción de la vida bajo formas comunitarias de gestión.
En una entrevista realizada en abril de 2024 al agroecólogo mexicano Álvaro Salgado -miembro del IALA-México y de Comunarr (Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles)- reflexiona en torno al vínculo con la propiedad social y la gestión comunitaria que: “Sembrar maíz, tener tus propias semillas, no depender de insumos externas es una resistencia contra una hegemonía técnica, civilizatoria, capitalista. Acá hay una subversión. Entonces, el Estado responde a esta subversión con dinámicas de contrainsurgencia no declaradas” (Salgado, Álvaro. Comunicación personal, 3 abr. 2024).
Las resistencias actuales, asociadas a la defensa de los territorios, se enfrentan a estas dinámicas y demuestran aquella hipótesis: la subversión está directamente asociada a la pertenencia territorial (que, como mencionábamos anteriormente, responde a un tejido cultural, histórico, comunitario y económico que no sólo involucra a quienes habitan la parcela, sino a las redes y relaciones humanas que sostienen la reproducción de la vida en el territorio) y reacciona contra los mecanismos de despojo del modelo neoextractivista actual, que a su vez se vinculan estrechamente con los procesos de descampesinización (de Ita 2019; Rubio 2006) o desagrarización (Carton de Grammont 2009) que se llevan adelante -en México y a nivel mundial- desde la década de los años ochenta6 y que ha implicado la reversión del reparto agrario, uno de los legados más radicales de la revolución de inicios del siglo XX.
En términos estructurales, los tratados de Libre Comercio -en general, pero particularmente los firmados con Estados Unidos y Canadá, primero el TLCAN y después el TMEC- significaron para México un sometimiento económico evidente para el campo: el abaratamiento artificial y extraeconómico de los productos básicos estadounidenses, por ejemplo, tiene la función de competir y quebrar las agriculturas de los países dependientes (Hernández 2021). La descampesinización ha sido una constante en las cláusulas del TLCAN, vinculadas estrechamente a la reforma del Artículo 27 constitucional, y que continúan con el TMEC según Hernández. De acuerdo con lo anterior, podemos pensar que estos procesos tienen un objetivo político central: quebrar la posesión territorial colectiva para avanzar en la extracción de recursos y desplazar a pequeños campesinos a fin de transformarlos en mano de obra desposeída y superexplotable.
A pesar de esta constante, como mencionamos anteriormente, la propiedad social de la tierra pervive. Según el Atlas confeccionado por el RAN: “la propiedad social abarca 99,593,670 hectáreas (más del 50% de la superficie nacional)” (2024:14). Esto es importante porque allí radica casi el 80% de aquellos bienes esenciales, vitales y no convencionales que el modelo de acumulación capitalista actual necesita. Aunado a esto, Ana de Ita (2019) -actual directora del CECCAM e investigadora del campo mexicano desde hace décadas- ha encontrado que la mayoría de las comunidades que no accedieron a las formas pautadas por el Estado para llevar adelante el proceso de privatización de la tierra, son de origen indígena.7 Esta pervivencia demuestra la resistencia frente al recrudecimiento de las estrategias de despojo en el presente siglo bajo la ecuación tierra-territorio-comunidad.
Las técnicas del despojo se van actualizando, aunque producen problemas y conflictos de larga duración que abonan al deterioro de la vida social en el mundo rural y de la naturaleza. La pérdida de la identidad campesina es uno de ellos. La antropóloga Giovanna Gasparello (2020) reconoce que el despojo también sucede en la vida política de las comunidades, a través del “rechazo hacia el modo de vida campesino y la homogeneización en los hábitos de consumos - despojo o erosión cultural” (2020:55). En este sentido, y en sintonía con los análisis mencionados anteriormente, las resistencias han complejizado el carácter de sus demandas haciendo un especial énfasis en la significación profunda de la noción de territorio. Significación que remite a una identidad contrahegemónica con relación a la tierra y su cultura.
Repensar los conceptos y sentidos, historizar las nociones y analizar carácter de las demandas son piezas claves para el estudio de la organización colectiva y comunitaria frente al despojo territorial. El caso del corredor suriano puede ayudarnos a comprender cómo actúan las formas de explotación capitalista en un contexto particular y cómo se manifiestan las demandas sociales con relación al giro ecoterritorial del nuevo siglo.
EL CORREDOR SURIANO ENTRE LA DOMINACIÓN Y LA RESISTENCIA
Como se mencionó al inicio, por corredor suriano nos referimos a una región geopolítica estratégica para el capital y, a su vez, una zona cultural y política con una identidad de resistencia histórica. Se trata de un corredor cultural común, con una identidad propia y una historia común. En los últimos 30 años, la vida de estos pueblos ha estado marcada por los procesos de despojo mencionados previamente. En esta región en particular, además de enfrentarse al PIM (Proyecto Integral Morelos),8 los pueblos se opusieron a la Carretera Siglo XXI a fines de los años noventa, construyeron sus uniones campesinas independientes (como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Unión Campesina Independiente en Puebla, la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, o el Consejo Nacional Urbano y Campesino en Tlaxcala) así como organizaciones sociales que hicieron un esfuerzo por conjugar distintas expresiones políticas locales, como la UPM (Unión de Pueblos de Morelos) y el FPDTA-MPT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos, Puebla, Tlaxcala).
En cuanto a las formas de dominación, el despojo en esta región se ha manifestado a través de distintas estrategias, en su mayoría ligadas a la atracción por parte de los Estados de capitales norteamericanos y españoles. Siguiendo la investigación a cargo de Iván Martínez y Magdiel Sánchez (2014) podemos identificar los siguientes ejes sobre los que se estructura aquella estrategia de acaparamiento en esta región: el industrial-maquilador-energético; el de infraestructura y servicios; y el del turismo y la especulación inmobiliaria. Los tres ejes implican un reordenamiento territorial de la población indígena-campesina para disponer de ella como mano de obra super-explotable, la construcción de corredores multimodales en función de la demanda logística de las empresas multinacionales y el acaparamiento o expropiación de bienes comunes.
Hace diez años, los autores Martínez y Sánchez (2014: 9) avizoraban un riesgo latente: “De llevarse a cabo estos proyectos en la región, es inminente la profundización de la ruptura de lo comunitario; la proletarización de campesinos antes autosuficientes ahora condenados a ser dependientes del mercado y de trabajos precarios para sobrevivir” (Martínez; Sánchez 2014: 9). Hoy aquella advertencia describe en cierta medida la realidad.
Las demandas frente al despojo muestran diversas aristas relacionadas a estas problemáticas puntuales en el corredor suriano: se enfrentan a las lógicas de privatización de las tierras y las aguas, al mismo tiempo que al ataque contra sus formas de organización popular. Las resistencias que analizaremos a continuación han ido orientando sus demandas en torno a la defensa del territorio y la vida, reafirmando que la tierra es más que un pedazo de terreno, y reconociendo que su identidad histórica y cultural se arraiga en un entramado común: la cultura indígena-campesina, mesoamericana, zapatista y comunitaria.
LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN CONTRADICCIÓN: TEPOZTLÁN, MORELOS
El Municipio de Tepoztlán (ubicado al norte del estado de Morelos e inmerso en el Corredor Biológico Chichinautzin del que es parte el Parque Nacional del Tepozteco) se localiza en el cruce de dos grandes corredores económicos: el que conecta a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco y el que conecta el puerto de Veracruz con el golfo de México, pasando por Puebla. Además, se encuentra dentro de la corona regional del centro de México (Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla y el Estado de México), región con mayor concentración demográfica de América Latina. La autopista La Pera-Cuautla es la principal articuladora de los ?ujos económicos y del crecimiento urbano en la región. Su ampliación, impulsada desde hace 12 años, se proyectó con base en la necesidad de crear y expandir el tránsito de carga hacia el corredor industrial Ciudad de México-Puebla, y para el PIM, enmarcados éstos en la apuesta de multiplicar la actividad económica de la articulación de los corredores intermodales México-Acapulco con el Veracruz-Acapulco.
A su vez, a partir del nombramiento de “Pueblo Mágico” (entre 2002 y 2003) junto a una fuerte promoción turística se fue acelerando el proceso de turistificación, urbanización y gentrificación que al día de hoy tiene como consecuencias el desabasto de agua, un incremento de la delincuencia, conflictos internos en torno a la privatización “de hecho” de tierras comunales, cambio de uso de suelo, y la pérdida de la tradición agrícola campesina-indígena debido a la poca rentabilidad que esta actividad conlleva en relación a la atención al turismo (Casa Tecmilco 2024; Plan Municipal de Desarrollo Tepoztlán 2025). Esta pérdida de facto de los derechos comunales está generando un volcán de conflictos internos entre quienes ostentan los títulos históricos y los avecindados “sin derechos”.
Este proceso de despojo no se ha dado de manera lineal y sin resistencia. De hecho, el pueblo tepozteco es conocido por su larga tradición de lucha y organización que en plena era privatizadora ha frenado proyectos como el del tren escénico, del Club de Golf en las faldas del Tepozteco, la ampliación de la autopista y se reusó a certificar sus tierras ante los programas estatales de comienzos de los años 90 que alentaban la privatización de las mismas (Rosas 1997; Salazar 2014). Podemos decir que las demandas históricas en esta región del corredor suriano se han identificado en gran medida con la defensa de los derechos comunes en torno a la propiedad social de la tierra (Tepoztlán es uno de los pocos Municipios de Morelos que ostenta alrededor del 80% de tierras de propiedad comunal). Aquí es donde la demanda por la tierra cobra un sentido complejo, histórico, económico y cultural. En una entrevista Osbelia Quiroz, tepozteca, maestra y delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), dice al respecto:
Nuestra lucha es contra el gobierno porque son “entreguistas”, están del lado del neoliberalismo, del capitalismo: eso es lo que está acabando a los pueblos. ¿Y quienes están llevando las luchas? Los pueblos originarios, porque son los que trabajan la tierra. Nos la quieren arrebatar de las manos, las compañías trasnacionales. Pues ahorita lo estamos viendo aquí en Morelos con la Termoeléctrica y el acueducto. Y con las minas. ¿Qué es lo que traen aquí́ en los pueblos? Traen pobreza definitivamente. Quieren acabar con los pueblos originarios. Nomás los quieren utilizar como sus sirvientes, pagarles lo mínimo y quedarse con el beneficio (Quiroz, Osbelia. Comunicación personal, 19 jul. de 2019).
La geohistoria que se realizó en Casa Tecmilco entre 2023 y 2024 como parte de un proceso crítico y comunitario, da cuenta del profundo conocimiento que yace en los habitantes de Tepoztlán. Allí participaron constantemente alrededor de 20 representantes de distintos barrios, colonias y pueblos del Municipio que fueron construyendo colectivamente un diagnóstico común de las problemáticas de los últimos 30 años. Entre sus conclusiones hay una sentencia implacable -argumentada en un profundo trabajo de geolocalización-: “La superficie de pastos siempre verdes actualmente existentes equivale a poco más del tamaño de un Club de Golf de 18 hoyos” (Casa Tecmilco 2024).
El triunfo en las últimas elecciones de 2024 de un candidato independiente para Presidente Municipal -perteneciente a una de las familias más antiguas del pueblo que a su vez han participado activamente en las históricas resistencias- da cuenta, por un lado, del agotamiento social en relación a esta dinámica de acumulación que está expoliando los recursos naturales y sociales del Municipio; por el otro, de un acumulado político popular que (re) emerge en contra de la política partidaria que ha sostenido la devastación durante, por lo menos, los últimos 30 años. La tradición zapatista, así como el fuerte arraigo de una cultura mesoamericana en general y suriana en particular, ha dado sustento a la unidad de sus luchas. El resultado está por verse.
EL AGUA COMO BIEN COMÚN Y DERECHO HUMANO: LA EXPERIENCIA DE LA ANAVI
El caso de sobreexplotación en la región cholulteca de Puebla ha sido investigado por algunos autores (Acosta 2020a; Acosta 2020b; Quiroz 2023). Las autoras afirman que en específico el Municipio de Juan Crisóstomo Bonilla -clave en la historia de resistencia reciente en contra de la privatización del agua- se ha visto afectado por el acaparamiento y contaminación del agua del Parque Industrial Ciudad Textil y de la empresa embotelladora Bonafont (instalada allí desde hace más de 30 años). A su vez, en dicho Municipio el pueblo de Santa María Zacatepec ha sido protagonista histórico de las resistencias, en especial contra el PIM y la construcción de un colector pluvial y sanitario que desembocaría en el río Metlapanapa arrojando los desechos de la Ciudad Textil. Por otro lado, la organización popular (liderada principalmente por Las Guardianas y Guardianes del río) ha dado origen a la Radio Comunitaria Zacatepec, un instrumento fundamental para la organización y la comunicación de los sectores populares.
A propósito del Día Mundial del Agua, un 22 de marzo de 2021, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes9 (que son producto de la organización comunitaria mencionada anteriormente) iniciaron un plantón frente a las instalaciones de la planta de Bonafont. Unos meses después, tras infructuosos diálogos con el Estado y en el contexto del aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, se llevó a cabo un juicio popular contra los responsables del despojo y se decidió tomar la planta e instalar allí “la Casa de los Pueblos”: el Altepelmecalli. Este espacio congregó a miles de simpatizantes y representantes de organizaciones, intelectuales, comunidades que decidieron no sólo apoyar la toma, sino también construir colectivamente una fuerza común y alternativa a la modernidad capitalista.
Se nombran “Zapatistas del agua” en una clara vocación por unir generaciones y dar cuenta de ese tejido histórico común: la lucha por el agua viene desde sus abuelos contra las haciendas españolas. Tal y como enunciaba en 1911 el Plan de Ayala, sus demandas siguen siendo por “las tierras, montes y aguas”, esa es la idea de territorio que enarbolan los pueblos surianos. A su vez, siguiendo a Acosta, el binomio agua-cerro (podríamos hablar de aquel binomio como altépetl, en náhuatl) está estrechamente relacionado a la concepción territorial y la definición identitaria de las comunidades indígenas-campesinas, sobre todo las que componen el corredor suriano analizadas en este trabajo.
A mediados de febrero de 2022, el Altepelmecalli fue desalojado por la Guardia Nacional y devuelta a la empresa para restablecer su servicio. En septiembre de 2022 la planta de Bonafont reabría sus puertas, ya no como embotelladora, sino como centro de distribución hacia todo Puebla y Tlaxcala. En el acto de reapertura el vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Danone afirmaba que, si bien los pozos de extracción se habían cerrado definitivamente, la producción del vital líquido embotellado será absorbido por las plantas de Ciudad de México y el Estado de México.
Aún así, la resistencia en estas comunidades ha posibilitado la creación de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) que reúne regularmente a distintos pueblos y resistencias de todo el país, y se vincula con otros procesos de América Latina. La ANAVI tuvo su primer encuentro en agosto de 2022 en la región Cholulteca. A partir de la organización de Pueblos Unidos y del CNI se convocó a organizaciones, comunidades, pueblos y personas que estén en lucha por “la defensa del Agua, la Vida y el Territorio” a que participaran de este encuentro. Desde entonces, la ANAVI se declaró “autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir” (CNI 2025).
En agosto de 2024 se llevó a cabo la Quinta ANAVI en la Ciudad de México. Contó con la participación de 200 delegados del CNI y de diversas organizaciones, pueblos y colectivos de distintas partes del país, de América Latina y el mundo, haciendo un total de alrededor de 800 personas. En su comunicado final afirman que: “Para los pueblos el agua es sagrada, porque nos da vida, nos da existencia, nos da comida, nos da medicina. Por eso pedimos permiso al territorio, por eso no lo traicionamos, no lo vendemos. Si la tierra y el agua enferman nosotros también, si el agua muere, nosotros y la vida toda se acaba” (CNI 2024).
Una vez más la noción de territorio aparece como sinónimo de agua-cerro (altépetl) a partir de un significado contrario al sistema de dominación actual: “La lucha por el Agua, la Vida y el Territorio sigue, porque luchar por la Vida es luchar contra el capitalismo” (ANAVI, 24 de agosto de 2024). Es una reedición de las demandas históricas que el zapatismo había enunciado allí por 1911 en la firma del Plan de Ayala: “nuestra lucha es por las tierras, los montes y las aguas”.10 La herencia y continuidad de las demandas históricas refuerzan en la actualidad el peso de las demandas territoriales: por todo lo que habita en el espacio territorial, incluyendo los bienes comunes y las relaciones político-sociales.
DEFENDER EL TERRITORIO DESDE LA COMUNIDAD: SAN PEDRO TLALCUAPAN, TLAXCALA
En el bosque del volcán Malintzi, en el estado de Tlaxcala, un grupo originario de campesinos indígenas de San Pedro Tlalcuapan defiende su población de la tala ilegal y el abandono estatal. Se organizan como pueblo indígena, a través del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Matlalcueyetl.11 Se enfrentan a la lógica extractivista amparada en poderes locales, violencia paraestatal y procesos de criminalización jurídica.
Desde la década de los noventa, el bosque de “La Malinche” está siendo afectado por la tala clandestina, respaldada -según las denuncias de los propios habitantes- por las autoridades municipales. Como consecuencia de la tala, el cambio abrupto de las temperaturas provocó en 2019 la llegada del escarabajo descortezador y la pérdida de gran parte del bosque nativo.
Unos años después, aunado a una ola de violencia sufrida en la región -Tlaxcala ocupa uno de los primeros lugares de violencia relacionada a la trata de personas (de Ita; Hernández 2014)-, dos de los principales líderes de la resistencia contra el despojo y cuidadores del bosque, fueron apresados por ser considerados responsables del linchamiento de un hombre. Ambos permanecieron privados de su libertad durante 19 meses sin sentencia. Actualmente, Raymundo Cahuantzi Meléndez fue exonerado, mientras que Saúl Meléndez, quien entonces era presidente de comunidad -un cargo de origen indígena-comunitario- ha sido sentenciado a 20 años de prisión. Aunque ni siquiera estuvo presente en el lugar de los hechos, se le acusa de ser responsable de “no velar por la seguridad de su pueblo”.
La Cuarta ANAVI se realizó en La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala y el Colectivo fue parte esencial de su organización, allí además de denunciar la arbitrariedad del Estado y la criminalización de su lucha, realizaron una genealogía de la resistencia de su pueblo (por lo menos desde inicio de la década de 1990) y dialogaron con resistencias muy similares en otras partes del territorio nacional.
Al entrevistar a una de las más activas participantes del Colectivo -colectivo formado a partir de la plaga de 2019 y del que forman parte Saúl y Raymundo- aparece aquella contradicción entre la visión dominante-estatal del territorio (como mercancía expropiable) y la visión indígena-campesina: “Para nosotros el bosque es un espacio que nos lo da todo. No solamente son los árboles, también nos da comida, nos da hongos, plantas medicinales, animales. Para nosotros es más que madera, es ese bien común, con el que siempre hemos convivido, el que nos da la vida” (Colectivo. Comunicación personal, 28 jun. 2024).
Este mecanismo de privatización de lo común propio de la lógica capitalista de acumulación por desposesión trae aparejada la destrucción de las formas populares de organización comunitaria: “Lo primero es desarticular -dice ella- posteriormente es quitarnos la autonomía que nosotros como pueblos originarios tenemos, nuestro sistema de gobierno. Al quitarnos la autonomía y la organización pues eso les facilita explotar todos los bienes que tenemos” (Colectivo. Comunicación personal, 28 jun. 2024).
El Colectivo nombra a Zapata y su concepción del territorio. También se reconoce heredero de la lucha política del neozapatismo: “Cuando los zapatistas hablaban de defender la tierra no solamente hablaban de un espacio […] defendían todo lo que se hacía, lo que vivía en ese espacio. Yo creo que es muy similar a lo que decimos nosotros” (Colectivo. Comunicación personal, 24 abr. 2025). Se nombra al territorio como un esfuerzo por resaltar lo que significa la tierra -y ha significado a lo largo de su historia- para estos pueblos. Un esfuerzo de traducción que se adecua a las transformaciones del modo de acumulación capitalista actual para impugnarlas.
Según ellos -y este término se encuentra presente, por ejemplo, en los manifiestos en náhuatl que Emiliano Zapata pronunció en 1918 al pueblo de Tlaxcala12-si hubiese que recurrir a las definiciones específicas: “quizás sea Tonantzin Tlalli una forma propia de nombrar al territorio”. Otra pudiese ser -recurriendo a la memoria de “los abuelitos”- Yoloaltepetl “que es el alma del pueblo, del cerro, eso que no se ve, pero se siente”.
Estas tres experiencias retratadas son una muestra de los procesos de resistencia que actualmente se están enfrentando al despojo que implica “la guerra mundial por los recursos”: por la tierra, por el agua y en defensa de las formas de organización comunitaria que han regido el territorio históricamente. Sus participantes se reconocen como parte de un entramado cultural común -indígena y campesino, nahua, zapatista, suriano-, así como parte de una historia de lucha ancestral y que tiene como momento excepcional la lucha zapatista de principios del siglo pasado y la neozapatista de finales. Además, sus mecanismos de resonancia actual están dinamizados por jóvenes que retoman esta subjetividad y dialogan con las generaciones pasadas buscando vincularlas con demandas políticas, sociales y culturales que se desatan en otras regiones del país y del continente.
CONCLUSIONES
Tal y como lo analizan los autores mencionados al inicio, el proceso de acumulación por desposesión y su forma neoextractivista también dio paso a un cambio de paradigma en las demandas sociales, distintas en cierto sentido a las planteadas por las organizaciones políticas tradicionales del siglo XX.
Ese contraste marca una transformación, que puede responder a la exacerbación de las formas de explotación actual y un intento de traducción por parte de los procesos de resistencia de aquella defensa de lo vivible (del tiempo humano, aquel último reducto en el que es posible la reproducción de la vida diría Marina Garcés). Sin embargo, la traducción puede partir de una reactualización de demandas históricas que por lo menos en el territorio mexicano matizan las rupturas y señalan las continuidades: Los pueblos siempre han pensado en el territorio más allá de la tierra.
“El territorio es la base de la autonomía económica, pero también cultural. Donde se hace pueblo, o el territorio hace al pueblo. Esos territorios no son espacios agraristas, de asentamiento, sino espacios de relación” (Salgado, Álvaro. Comunicación personal, 3 abr. 2024). Así como los zapatistas de principio de siglo hablaban de la tierra como madre y como patria, hoy en día la defensa del territorio y la vida aparece como la apuesta radical frente a la acumulación por despojo.
El corredor suriano es parte esencial de este entramado. Las demandas actuales que aparecen centradas en el territorio siempre han tenido ese componente que se enfrenta a la modernidad capitalista y propone una forma propia de organizar la vida: desde la lucha por el control de los bienes comunes, hasta la defensa de los modos de organización política-comunitaria del territorio. El componente histórico que une las resistencias es innegable, aunque no necesariamente evidente. Esta investigación busca tender puentes entre aquello aparentemente novedoso y la perseverancia del pasado.
Es innegable el protagonismo político actual de estos procesos de resistencia que se sostienen desde hace siglos, así como la necesidad reconocida desde las múltiples izquierdas contemporáneas de embeberse y compartir los sentires y pensares de aquéllos.
Falta quizás una apuesta crítica que una todos estos esfuerzos de reflexión y de acción para allanar los caminos tallados antiguamente, de eso se trata el esfuerzo de trabajos como este (y por esta línea invito a seguir). Ante los estragos que está dejando la guerra mundial por los recursos, sorprendámonos por encontrar, como decía Rulfo, “al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos” un pueblo que siga enfrentando el despojo y defienda lo vivible.
