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¿Unión y libertad? El intento de unión de El Petén a Yucatán en 1823

 

Laura Caso Barrera

 

Doctora en historia por El Colegio de México, Profesor-Investigador en el Colegio de Postgraduados-Campus Puebla, México. Temas de especialidad: Historia de la agricultura, sistemas agrícolas y comerciales en el área maya; Cartografía histórica; Relaciones entre Yucatán; El Petén y La Verapaz, Guatemala. Correo electrónico: lauracaso2004@yahoo.com, lcasobarrera@hotmail.com.

 

Enviado a dictamen: 22 de agosto de 2011
Aprobación: 10 de noviembre de 2011
Revisiones: 1

 

Resumen

Por medio del análisis de diversas fuentes documentales, se pretende dar a conocer cómo el distrito de El Petén, bajo la administración política de la Audiencia de Guatemala, intentó en 1823 formar parte de la provincia de Yucatán. Se analizan tanto el discurso original y los argumentos utilizados por la élite petenera para intentar unirse a Yucatán, así como la radical transformación del discurso cuando se inició la rebelión maya conocida como Guerra de Castas. El surgimiento de la rebelión indígena hizo que la élite petenera decidiera poner punto final a la idea de formar parte de Yucatán.

Palabras clave: Independencia, frontera sureste, relaciones México-Guatemala, Guerra de Castas.

 

Abstract

Through the analysis of various documentary sources, our aim is to study how the district of Peten, under the political administration of the Audiencia de Guatemala, attempted in 1823 to be part of the province of Yucatan. We analyze both the original discourse and the arguments used by the Petenero elite to try to be part of Yucatan, as well as the radically transformed discourse, consequence of the beginning of the Maya rebellion known as Caste War. The emergence of the indigenous rebellion led the Petenero elite to put an end to the idea of being part of Yucatan.

Keywords: Independence, southern frontier, relationships Mexico-Guatemala, Caste War.

 

El proceso de independencia y la frontera Sur

A mediados de 1821, el movimiento encabezado por Agustín de Iturbide avanzaba exitosamente, haciendo inminente la independencia de México de España. Una consecuencia fundamental de los movimientos independentistas de América Latina fue el cambio radical que sufrió la geografía política, dando paso a la conformación de nuevos Estados nacionales y a la preocupación por establecer límites y fronteras (Toussaint, Rodríguez y Vázquez, 2001: 23).

En 1821, los impulsores del Plan de Iguala intentaron unificar el gobierno de las antiguas posesiones españolas de la América del Norte, dando paso a la idea de conformar el Imperio del Septentrión. Los sentimientos fundamentales emanados de dicho plan eran los siguientes:

En el trasporte de vuestro júbilo decid: "Viva la religión santa que profesamos. Viva la América Septentrional independiente de todas las naciones del globo. Viva la unión que hizo nuestra felicidad" (AGN, México, Plan de Iguala, f.3, 1822).¹

En lo que fuera el Reino de Guatemala, el pronunciamiento de Iturbide contaba con un fuerte grupo de seguidores que conformaban la oligarquía y a quienes se conocía como la facción imperial. También existía un grupo opositor al cual se conocía como partido liberal o republicano, el cual impidió que al proclamarse la Independencia en la capital guatemalteca se estableciera la anexión inmediata al Imperio. Se acordó entre ambas facciones el dejar en sus puestos a las autoridades establecidas, transformar la Diputación Provisional en Junta Provisional Consultiva y la realización de un Congreso Constituyente. La facción imperial se impuso y decidieron no instalar dicho Congreso Constituyente, de modo que se llevara a cabo una consulta directa a los Ayuntamientos. Estos debían remitir sus votos al Alcalde primero de la cabecera de cada partido y éste, a su vez, debía enviarlos a la ciudad de Guatemala (Lujan, 1995: 3).

Los meses que tardó la facción imperial en imponerse y suscribir el Plan de Iguala fueron aprovechados por los dirigentes políticos de varias provincias, entre ellas la de Chiapas-Soconusco, que optaron por unirse al Imperio, desatando una oleada de pronunciamientos separatistas que fracturaron la unidad interna de la antigua capitanía de Guatemala. La unión de Chiapas y otras provincias al Imperio Mexicano, estableció un peligroso precedente al aceptar en los hechos que los ayuntamientos y diputaciones podían adoptar medidas tan trascendentes como el declararse independientes y decidir su propio destinto (Toussaint, Rodríguez y Vázquez, 2001: 33-35, Dym, 2006: XVII-XXXI).

En el caso de Yucatán, esta provincia que formaba parte de la Nueva España contempló la posibilidad de convertirse en un Estado independiente o bien unirse al Imperio Mexicano, opción que terminó suscribiendo en 1821. En el caso de El Petén, distrito bajo la administración política de la Audiencia de Guatemala, no hubo un pronunciamiento inmediato para unirse a Yucatán —y por ende al Imperio—; por el contrario, al parecer fue hasta que recibieron la circular donde se daban las instrucciones a los ayuntamientos para conocer su opinión, que se manifestaron por la unión. La circular llegó tardíamente a El Petén, debido a la gran distancia que existía hacia la ciudad de Guatemala y el pésimo estado de los caminos. Cuando fue recibida, se reunieron los ayuntamientos en la cabecera del distrito y, junto con "las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, vecinos capitalistas y hacendados de más consideración compusieron una junta general que pronunció solemnemente su voluntad de unirse a Yucatán", lo cual dieron a conocer mediante la firma de un acta el 30 de marzo de 1823 (AHGE, Ex. 4-24-7124, f. 200, 1829). En dicha acta firmada por sesenta individuos y "proclamada por el pueblo", se expresaban los motivos y la conveniencia de su decisión. Al mismo tiempo, los ayuntamientos, procediendo de manera común, instruyeron a un apoderado en la ciudad de Mérida para que elevara su representación al Imperio Mexicano.

El antiguo Reino de Guatemala se adhirió al Imperio Mexicano en 1822, pero dicha unión fue efímera, ya que para 1823 sus distritos se independizarían para formar las Provincias Unidas de Centro América (Toussaint, Rodríguez y Vázquez, 2001: 48). El experimento agregacionista no funcionó, debido a los conflictos internos entre el gobierno de Guatemala y las autoridades de las demás provincias, así como a los enfrentamientos entre diversos grupos rivales. La presencia de tropas mexicanas al mando del capitán Vicente Filisola que velaban por los intereses estratégicos del Estado mexicano, tampoco permitieron afianzar la anexión. Además, las tropas mexicanas representaban un fuerte gasto y el Imperio Mexicano impuso elevadas tarifas fiscales, así como una serie de medidas que afectaron fuertemente a la oligarquía de la capital guatemalteca (Toussaint, Rodríguez y Vázquez, 2001: 47-48). El gobierno de Iturbide no pudo sustituir a la antigua metrópoli como garante de unión y autoridad, así como tampoco pudo imponerse militarmente a las diversas facciones políticas en pugna. A principios de 1823 era claro el fracaso de este experimento anexionista, por lo que, finalmente, los dirigentes centroamericanos aprovecharon la caída del Imperio para dar por terminada la unión con México. El primero de julio de 1823, mientras el congreso mexicano intentaba reorganizar al país como república, Centroamérica proclamaba su propia independencia bajo el nombre de Provincias Unidas de Centro América (Castillo, Toussaint y Vázquez, 2006: 49).

Con el establecimiento de la república, México modificó sus expectativas sobre el control de su territorio y sobre el establecimiento de una política exterior; sin embargo, en algunos puntos no se modificó su postura original, como fue el caso de Chiapas, que para ese momento era ya considerada parte del territorio mexicano. Los políticos mexicanos vieron la importancia de la anexión permanente de Chiapas al territorio nacional, ya que esta provincia resultaba estratégica para el control y defensa de la frontera Sureste y el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, no tuvieron la misma reacción ante el distrito de El Petén y su petición de unirse a Yucatán. En el caso de El Petén su propuesta llegó demasiado tarde y no contó con el interés ni el apoyo de la oligarquía yucateca.

Tras la caída de Iturbide, Chiapas decidió asumir su autonomía y no sumarse ni a la República Mexicana ni a las Provincias Unidas de Centro América. Sin embargo, en 1824 se incorporaría de manera definitiva a la República Mexicana (Castillo, Toussaint y Vázquez, 2006: 49-50). El Soconusco, por su parte, había optado en 1824 por unirse a Centroamérica, pero el gobierno de México no aceptó su separación, pues podía propiciar la secesión de otros partidos de la provincia, lo que ponía en peligro la anexión misma de Chiapas. La posesión del Soconusco se volvió entonces un asunto prioritario para ambos gobiernos. Para las Provincias Unidas de Centro América, la reincorporación de esta región les permitiría continuar su causa por la reintegración de Chiapas (Toussaint, Rodríguez y Vázquez, 2001: 66).

La unión de Chiapas fue determinante para la conformación del territorio mexicano y para el establecimiento de una parte substancial de la frontera Sur. Sin embargo, su unión con México desencadenó una serie de conflictos; primero con las Provincias Unidas de Centro América y posteriormente con la República de Guatemala. La anexión de Chiapas planteó una serie de problemas en relación con los principios por los que se reconoció su independencia y su posterior unión a México. En la práctica, esos principios resultaban sumamente peligrosos, pues podían aplicarse de igual manera a provincias que decidieran declararse independientes de México o que pretendieran anexarse a otro país. En el caso de Chiapas, el gobierno mexicano le reconoció la libertad de separarse del Reino de Guatemala y anexarse al Imperio Mexicano "declarándolas en todo iguales a las provincias del Imperio" (AHGE, LE 2417, Carta Independencia Chiapa, 1821). Sin embargo, en cuanto al distrito de El Petén, que solicitó con argumentos similares a los utilizados por Chiapas separarse del Reino de Guatemala e incorporarse al Imperio, particularmente a la provincia de Yucatán, nunca se le reconoció el mismo derecho (ver figura 1).

Por su parte, las Provincias Unidas de Centro América no aceptaron la secesión de otro distrito cuando estaban tratando de constituirse en una república e intentando recuperar las provincias de Chiapas y Soconusco. México tampoco aceptó la petición del Soconusco de unirse nuevamente a Centroamérica bajo los mismos principios de libertad e igualdad. Estas situaciones hicieron que el trazado de la frontera y el establecimiento de los límites con Guatemala resultara un proceso lento y complicado (Castillo, Toussaint y Vázquez, 2006: 134-145, Valdez, 2008: 74-77).

 

El Petén y el intento de anexión a Yucatán

Para comprender por qué El Petén deseaba formar parte de Yucatán, tenemos que analizar el proceso de conquista y colonización que se desarrolló en esta región. La provincia de Yucatán, durante gran parte del período colonial, estuvo conformada por la parte norte de la península, la costa de la Bahía de Campeche y la provincia de Bacalar, al Sureste, enmarcada por la Bahía del Espíritu Santo, la Bahía de Bacalar y el Río Hondo (ver figura 1). La provincia de Bacalar se extendía hasta el actual Belice, pero, al igual que en la mayor parte de la península, el control hispano se concentraba únicamente en la población de Salamanca de Bacalar y sus alrededores. El sur y sureste de la península, hasta el norte del Petén (actualmente departamento de Guatemala), era una región que se encontraba fuera del dominio colonial, convirtiéndose en una zona de refugio para indígenas fugitivos principalmente del norte peninsular (Gerhard, 1991: 44-45, Caso, 2002: 155-172). En El Petén se encontraba el señorío de los itzaes, que actuaba como un centro político que frenó la dominación hispana en la región hasta la caída de su capital en 1697 a manos del conquistador Martín de Ursúa y Arizmendi.

Está región, fuera del dominio español, era culturalmente homogénea, puesto que los mayas yucatecos e itzaes compartían una misma cultura, lengua e historia. La conquista de El Petén a manos de Martín de Ursúa debió anexar dicho territorio al gobierno de la capitanía de Yucatán; sin embargo, por diferencias personales entre el conquistador y el gobernador de la península, Roque de Soberanis y Centeno, la administración política de esta región quedó a cargo de la Audiencia de Guatemala, mientras la religiosa bajo el Obispado de Yucatán. Esta doble administración político-religiosa continuó hasta 1863, cuando finalmente El Petén fue segregado del Obispado de Yucatán e incorporado al Arzobispado de Guatemala (Caso, 2002: 268-291).

El control administrativo de la Audiencia de Guatemala sobre la recién conquistada región de Itzá, perteneciente a El Petén, tuvo como resultado la ampliación del territorio del Reino de Guatemala, alcanzando casi la parte media de la península de Yucatán, ya que se señalaba que el límite entre Yucatán y El Petén era la aguada de Noh Becan, de donde partía el camino real (ver figura 1). La Audiencia de Guatemala obtuvo además doscientos cincuenta kilómetros de costa en el mar de las Antillas que posteriormente se perderían a manos de los ingleses (Caso, 2002: 311-320, Zorrilla, 1982: 51-52). En los hechos se puede decir que el control hispano en El Petén se limitaba a la isla principal llamada Nuestra Señora de los Remedios y las poblaciones indígenas de San Pablo del Petén Itzá, algunas aledañas a la laguna del Petén Itzá, otras situadas al Norte, a lo largo del camino hacia Yucatán y otras más hacia el Sur por el camino a Cobán, en La Verapaz (ver figura 1).

La doble administración a la que estaba sujeto el distrito de El Petén conllevaba serios problemas administrativos, jurisdiccionales e incluso judiciales. Sus gobernadores tenían enfrentamientos constantes y pugnas con los vicarios-jueces eclesiásticos y curas enviados desde Yucatán. Uno de los principales problemas era el control de la mano de obra indígena, que en El Petén era muy escasa, por lo que constantemente existían pugnas entre las autoridades civiles y eclesiásticas así como con los dueños de haciendas, principalmente ganaderas. En relación con estos problemas, el rey envío una Real Cédula en 1786, en donde se pedía a las autoridades de la Audiencia de Guatemala que se definiera una sola administración para la región, para lo cual se solicitaron las opiniones de personajes ilustres que conocían bien El Petén, así como la de su gobernador Guillermo Mace. Como era de esperarse, el castellano gobernador de El Petén señaló la importancia de que dicha región permaneciera sujeta a la Audiencia de Guatemala, argumentando las dificultades de comunicación y las distancias existentes, tanto con Yucatán, como con la capital de la Nueva España. Asimismo, sugería que fuera incorporada de manera definitiva al Arzobispado de Guatemala (AGCA, L. 5464, Ex. 46907, Real Cédula, 1786). Sin embargo, a pesar de las contundentes observaciones del gobernador de El Petén, la región continuó con una doble jurisdicción.

Por su parte, la élite petenera estaba compuesta en su mayoría por propietarios de haciendas ganaderas que tenían comercio constante con Yucatán y Tabasco. Unos de ellos eran los vicarios y curas yucatecos avecindados en El Petén, así como otras familias importantes que llegaron de la península de Yucatán (Soza, 1970, T.II: 468). En 1792 existían 14 haciendas ganaderas que concentraban a la escasa población indígena, ya que los hacendados les daban a los itzaes acceso a un pedazo de tierra y les adelantaban dinero para herramientas, maíz o ropa, lo cual se les cobraba a costa de su trabajo como criados y vaqueros. Los indígenas en las haciendas estaban libres de las cuotas y servicios que debían prestar en sus comunidades. Esto supuso un verdadero problema para los pueblos indios, que veían mermada su población, y la poca gente que quedaba debía prestar los mismos servicios que se le exigía a la población original. En 1792 el total de la población indígena en El Petén era de 1,827 personas (APS^-RJC, Visita al Petén, 1792). Para el gobernador y autoridades del presidio, la falta de mano de obra en los pueblos supuso también constantes problemas, pues a los indígenas se les obligaba a abrir y mantener caminos, cortar leña y realizar distintas actividades que no se podían cumplir si no había gente.

En 1817 el gobernador Antonio del Villar pensaba implementar en El Petén la imposición de alguna contribución a la población indígena, que hasta ese momento seguía considerándose como "gente recién convertida" y, por tanto, libre del pago de tributos y contribuciones eclesiásticas. En este sentido, intentó abolir el sistema de endeudamiento de las haciendas para que los indígenas volvieran a sus pueblos de origen, lo que lo confrontó con los hacendados españoles y criollos, que argumentaban que sin la mano de obra indígena desaparecerían sus haciendas "lo que causaría la ruina de la provincia" (AGCA L. 4061, Ex. 31578, 1817). El gobernador del Villar tuvo un conflicto directo con el vicario y juez eclesiástico del Petén, Domingo Fajardo y con los curas locales, pues les exigió el pago de alcabalas por sus haciendas ganaderas, lo que nunca antes se les había pedido y asimismo los privó de la mano de obra indígena al abolir el endeudamiento.

En 1819, en vísperas de la consumación de la Independencia, Fajardo presentó ante la Audiencia de Guatemala un escrito como reacción a los cambios implementados por el gobernador del Villar. En dicho escrito daba cuenta del estado ruinoso del territorio y sus habitantes, señalando además que la administración guatemalteca no se ocupaba de enviar dinero para pagar a los curas y mantener los servicios religiosos (AGCA, L. 188, Ex. 3843, 1819). En dicho documento el juez apuntaba todos los beneficios que resultarían de la incorporación definitiva del Petén a la administración política y religiosa de Yucatán, señalando que el camino hacia ese distrito era "más corto y llano" que el que iba a la capital de Guatemala. Además, decía que el comercio de El Petén, que se centraba en ganado vacuno y caballar, así como en la producción de tabaco, sólo se realizaba con Yucatán y Tabasco. En la opinión de Fajardo, la unión con la península conllevaría un incremento en la producción, tanto de la ganadería como del tabaco, así como de otros productos y riquezas del Petén que no eran debidamente valoradas y explotadas. Fajardo no menciona que una de las consecuencias de la incorporación del Petén a Yucatán, era la implementación de las contribuciones civiles y eclesiásticas que se pagaban en la península entre la población indígena itzá, aunadas a los servicios personales y hacendarios que prestaban en El Petén.

Además de las ventajas relacionadas con la administración religiosa, política y económica, Fajardo basaba su argumentación en la historia y cultura compartida por ambas regiones, así como por la lengua maya que hablaban itzaes y mayas yucatecos. Señalaba acertadamente que la lengua itzá no se hablaba en ninguna otra población de Guatemala, por lo que forzosamente se necesitaban ministros eclesiásticos de Yucatán, que eran los únicos que sabían la lengua (AGCA, L. 188, Ex. 3843, f. 31v, 1819). Posiblemente, gracias a este informe se solicitó nuevamente a la Corona la integración total de El Petén a la provincia de Yucatán; sin embargo, ni las autoridades de Guatemala, ni las de la península mostraron mayor interés en resolver la situación de este lejano territorio (Zorrilla, 1982: 209). Es obvio que los intereses personales de Fajardo lo llevaron a impulsar continuamente la anexión del Petén a Yucatán. Seguramente, este personaje trató de que la oligarquía yucateca abrazara la causa petenera, para lo cual finalmente no tuvo mucho éxito.

Con el surgimiento de movimientos pro-independentistas en Yucatán, la oligarquía empezó a cuestionar la postura que tomaría dicha provincia de conseguirse la emancipación de la metrópoli, pues había tres posibles opciones: a) cabía la posibilidad de convertirse en una "nación independiente", tal como se intentó años después en 1840 y 1846; b) unir su destino a México, o c) unirse a Centroamérica (Ancona, 1978, V. 3: 192-199, AHGE, L-E-1611 (2), 1821). En el caso de Yucatán, el proceso de independencia no estuvo marcado por la violencia que identifica el movimiento libertario en el centro de México. Yucatán decidió en 1821 unirse al Imperio mexicano, aunque no de total acuerdo con la oligarquía local. Existían intereses económicos encontrados entre Campeche y Mérida, las dos ciudades de importancia en la península. A Campeche la convenía la unión con México puesto que comerciaba con los puertos mexicanos del Golfo, mientras que Mérida lo hacía con Cuba, por lo que no tenía especial interés en ser parte de la nación mexicana. Mérida intentaba imponerse como capital a los intereses de la ciudad de Campeche, mientras ésta intentaba imponer los suyos a Mérida a través de su supremacía mercantil (González, 1979: 50).

Estas pugnas al interior de la élite peninsular tuvieron fuertes repercusiones: en primer lugar, a mediados de 1823 provocaron relaciones tirantes y difíciles con el gobierno de la República. En 1840 las autoridades yucatecas proclamaron su separación de México hasta que no se restableciera el régimen federal. Como consecuencia de esta separación, en 1842 se enviaron tropas mexicanas a la península, las cuales fueron derrotadas en Campeche, tras lo cual los yucatecos pudieron renegociar en 1844 su reincorporación a la República Mexicana de manera más ventajosa, obteniendo privilegios principalmente en materia de comercio (Castillo, Toussaint y Vázquez, 2006: 85). Sin embargo, en enero de 1846. Yucatán se separó nuevamente de territorio mexicano, bajo el argumento de que no se habían respetado los acuerdos, y no fue sino hasta meses más tarde que las autoridades yucatecas consideraron reintegrarse una vez restituido el sistema federal.. En este contexto, la facción campechana que encabezaba el ex gobernador Santiago Méndez decidió pronunciarse en contra de la reintegración, pues no les convenía a sus intereses comerciales involucrarse en una guerra con Estados Unidos. Las élites yucatecas, en sus luchas partidarias, acabaron involucrando a los indígenas mayas, reclutándolos como fuerzas armadas bajo las promesas de desaparecer las obvenciones, disminuir la contribución personal y la restitución de tierras. A la postre, el incumplimiento de estos ofrecimientos, junto con otras muchas causas, provocó el desarrollo de una exitosa rebelión indígena conocida como Guerra de Castas (González, 1979: 76-107, Caso, 2001: 149-177). La oligarquía peninsular, ocupada primero en sus disputas internas y posteriormente en la rebelión indígena, no mostró particular interés por incorporar El Petén a Yucatán, como sí lo hiciera en su momento la oligarquía chiapaneca con respecto al Soconusco (Toussaint, Rodríguez y Vázquez, 2001: 6).

A principios de 1823, el gobierno de Iturbide comisionó al regidor del Petén Anselmo Díaz para que obtuviera información sobre los límites de ese distrito. Este personaje sólo llegó a reconocer los ríos San Pedro y Candelaria. En tanto, Guadalupe Victoria, primer presidente de la República de México, comisionó a su vez el 21 de julio de 1827 al cura Domingo Fajardo, quien después de haber sido vicario y juez eclesiástico del Petén, se había convertido en diputado por el Congreso de Yucatán (Zorrilla, 1982: 210). Fajardo debía ir al Petén y a los territorios ocupados por los ingleses —lo que actualmente es Belice—, para indagar sobre sus avances y poder así exigir el cumplimiento del Artículo cuarto de la Convención de 1786, firmada entre España e Inglaterra, que establecía la rotunda prohibición a los ingleses de hacer fortificaciones, defensas o establecer cuerpo de tropa o pieza alguna de artillería. Para lograr frenar a los ingleses y pedir el cumplimiento de lo establecido con la Corona Española en 1783 y 1786, era sumamente importante la demarcación de los límites con el gobierno de las Provincias Unidas de Centro América. Además del establecimiento de linderos y derechos de México sobre El Petén y los territorios ocupados por los ingleses, se le pidió a Fajardo informar sobre "los frutos y productos naturales de comercio e industria", enviando muestras de lo que considerara más importante o notable (AHGE, Ex. 4-24-7124, 1827-1831).

Domingo Fajardo fue acusado por las autoridades de las provincias de Centro América de pretender "arrebatarles El Petén", por lo que en su defensa argumentó lo siguiente: "que cuando los distritos de la federación de Centro América estaban en libertad de decidir por la república que más les conviniera; el del Petén solicitó por medios legales su unión a la mexicana; pero el gobierno de Centro América de aquella época [1823] no convino" (AHGE, Ex- 4-24-7124, 1827-1831). Como lo señalaba Fajardo, los peteneros habían solicitado su anexión a México con poco éxito; en 1828, nuevamente reiteraron su petición de unirse a la República Mexicana y en particular a Yucatán, argumentando que el gobierno de Centroamérica tenía a la región abandonada y sin recursos. En un manifiesto fechado en 1828 y publicado el año siguiente en Campeche, la oligarquía petenera responsabilizaba los problemas que enfrentaba a la lejanía con Guatemala y a la falta de orden, policía y ayuda económica de dicho gobierno, por lo que presentaba nuevamente su pretensión de unirse a Yucatán (ver figura 3) (AHGE, Ex. 4-24-7124, ff. 198-209,1829).

Fajardo concluyó en su informe que los ingleses estaban contraviniendo los tratados de 1783 y 1786 y que ocupaban ilegalmente territorio mexicano. Su informe intentaba por todos los medios argumentar la importancia de anexar El Petén a México, para fortalecer además sus acciones de defensa, pues no contaba con los recursos financieros ni militares para enfrentar a los ingleses, que se localizaban muy cerca de sus poblados, ni a otras posibles potencias extranjeras en su calidad de puerta de entrada continental.

Asimismo, Fajardo añadió a sus razones sobre la importancia del proyecto anexionista, que la región del Petén estaba unida de manera natural a la provincia yucateca, pues incluso existían serranías y ríos caudalosos que impedían la comunicación con Guatemala. Para apoyar su informe, Fajardo hizo un mapa donde establecía, según sus conocimientos, los límites entre Yucatán y El Petén, incluyendo además los límites de los territorios ocupados por los ingleses que pertenecían a la jurisdicción de Yucatán (ver figura 2). Fajardo establecía que Noh Becan, una aguada en el camino real, era el límite de la jurisdicción del Petén y señalaba que era un corredor del propio camino real, pero que tanto Noh Becan como el pueblo de San Antonio, estaban rodeados por población bajo jurisdicción de Yucatán. Fajardo insistía en que ambos territorios compartían la lengua maya yucateca así como una historia común, por lo que solamente mediante la unión del Petén a Yucatán lograría ese distrito tener un desarrollo económico, político y comercial (AHGE, Ex. 4-24-7124, 1829).

Los argumentos esgrimidos por Fajardo en relación a la unión del Petén a Yucatán eran muy similares a los que utilizó el Imperio Mexicano para justificar la anexión de Chiapas a México. En este sentido, los peteneros, en su manifiesto de 1828, hacían ver la injusticia del caso y la falsedad en relación a los principios que habían sustentado la emancipación de España:

Los desgraciados Itzalanos: el miserable, infortunado distrito del Petén Itzá es el único, que no solo no disfruta del común general beneficio de la Independencia, sino que por el contrario, después de ella se han multiplicado sus padecimientos. El yugo español, era menos pesado y menos sensible, que el que actualmente gravita sobre los Itzalanos (AHGE, Ex. 4-24-7124, 1829).

Poco sirvieron estos argumentos, pues el gobierno de la República Mexicana aparentemente no consideraba al Petén como una región de importancia estratégica para la consolidación del territorio nacional, como lo era Chiapas, por lo que hizo caso omiso a las pretensiones peteneras. Más aún, se puede decir que el gobierno mexicano utilizó al Petén como carta de negociación en relación con las posteriores reclamaciones de Guatemala sobre el Soconusco y Chiapas. Por otra parte, como hemos señalado, la oligarquía yucateca tampoco presentó un interés verdadero por anexar a su estado a dicho distrito, al que veían como un territorio distante, empobrecido y lugar de refugio de los indígenas mayas fugitivos.

 

La Guerra de Castas y su impacto en El Petén

La percepción dl Petén como zona de refugio de mayas yucatecos fugitivos era real, pues a partir de la conquista hispana había servido a los indígenas para librarse del dominio español y continuó siéndolo hasta el siglo XIX (Caso, 2002: 351-367).

Entre 1734 y 1742 existían diecisiete pueblos en El Petén distribuidos de la siguiente forma: junto a la ribera y alrededor de la laguna de Petén Itzá estaban San Jerónimo, San Andrés, San José, San Bernabé y Concepción. Hacia el camino a Verapaz estaban Santa Ana, Santo Toribio, San Pedro, Los Dolores, San Francisco y San Luis. Por el camino real a Yucatán, hacia el Norte, se localizaban los pueblos de San Miguel, Santa Rita, San Martín, San Felipe, Concepción y San Antonio (ver figura 1). Los tres últimos estaban poblados por indígenas fugitivos de Yucatán. Para 1766 ya se habían despoblado Concepción, San Pedro, San Francisco, San Miguel, Santa Rita, San Martín y San Felipe (Caso, 2002: 351). Además de los pueblos que se conformaron con fugitivos y que fueron reconocidos por la administración del Petén, existían otras muchas poblaciones establecidas en la región fuera del dominio colonial.²

La población indígena del Petén, durante la segunda mitad del siglo XVIII, oscilaba de mil cuatrocientas a mil ochocientas personas. La población no indígena en la misma época fluctuó de quinientas a mil ciento noventa y tres personas (Caso, 2002: 351-352), lo que muestra que El Petén era un territorio inmenso con una escasa población concentrada en la laguna de Petén Itzá y sus alrededores. Fue precisamente la poca población indígena lo que convenció a las autoridades del Petén de aceptar la fundación de pueblos de mayas fugitivos de Yucatán, que se establecieron en el camino hacia Petén, pues permitían el avío de viajeros que utilizaban el camino real.

Los indígenas, por su parte, preferían estar bajo la jurisdicción del Petén, ya que no tenían que pagar tributos, obvenciones y tampoco debían prestar servicio personal, puesto que se encontraban bastante alejados del presidio. Además, debido a esta lejanía con las autoridades civiles y eclesiásticas del Petén, estas poblaciones gozaban de una gran autonomía que les permitía llevar a cabo su forma de vida y religiosidad sin mayor control y vigilancia (AGCA, L.28549 Ex. 1,1863-64). Estos pueblos tendían a desaparecer y volverse a formar de acuerdo a la conveniencia de sus habitantes. En 1753 se dispersaron los pueblos de San Martín y San Antonio durante la visita pastoral del obispo de Yucatán, Francisco de San Buenaventura y Tejada, que intentó que sus habitantes regresaran a la provincia (Caso, 2002: 345-347). San Antonio se repobló alrededor de 1790, siendo el primer pueblo bajo jurisdicción de El Petén, pero cuando se trataron de establecer en 1863 los límites entre Yucatán y este distrito, el gobierno mexicano no reconoció a este pueblo como el límite entre ambas entidades (AGCA, L.28549 Ex. 1,1863-64).

Finalmente, los peteneros debieron renunciar a la unión con Yucatán, pues no contaban con el suficiente apoyo por parte de la oligarquía yucateca, que estaba ocupada en sus luchas intestinas por alcanzar el control político y económico de la península. En 1847 estalló en el pueblo de Tepich, en Yucatán, una sublevación maya de proporciones insospechadas hasta ese momento, con lo cual la élite del Petén ya no estuvo tan convencida de unir sus destinos a los de esa provincia. Los indígenas mayas sublevados ocuparon rápidamente la parte suroriental de la península y llegaron a tomar Bacalar en 1858, con lo que la situación fronteriza cambió drásticamente, ya que los mayas alzados tenían bajo su control los territorios del Río Hondo del lado mexicano.

Los mayas pretendían obtener una total independencia de Yucatán y el control absoluto del territorio que tenían en su poder (Castillo, Toussaint y Vázquez, 2006: 89, AHGE, 1-1-248, 1850). Se dividieron en dos facciones: los cruzoob o "cruces", establecidos en Chan Santa Cruz (actualmente Carrillo Puerto, Quintana Roo) y los mayas de Icaiche y Chichanha (sur de Quintana Roo). Los primeros hicieron algunas incursiones armadas en los distritos del norte de Belice, pero a la postre prefirieron mantener relaciones armoniosas con los establecimientos ingleses que les suplían principalmente de armamento, municiones y otros pertrechos. Los segundos llegaron a someterse en 1853 a las autoridades mexicanas, por lo que se les reconoció como los "pacíficos del Sur" que estaban a cargo de frenar el comercio de armas entre ingleses y los cruzoob. Tanto los cruzoob como los "pacíficos del Sur", realizaron ataques constantes contra poblaciones en Belice y también en El Petén (Bolland, 1992: 147-154). La ocupación maya del sureste de la península y sus constantes avances sobre territorios ocupados por ingleses en Belice y poblaciones en El Petén, complicó la conformación de la frontera entre México y Guatemala.

En 1849 dos "morenos" de Belice, llamados George Fantizy y Pedro Mejía, habían comprado doscientas arrobas de pólvora del almacén de un inglés conocido como Mr. Guill y las llevaban por el río Black Creek hacia el Río Hondo, donde los esperaban los mayas sublevados de Chichanha, con quienes tenían tratos para pasar al pueblo de San Antonio en El Petén, que para entonces se les había unido. El hecho de que las poblaciones de mayas yucatecos fugitivos asentados en El Petén se unieran a los mayas rebeldes, estableció de hecho su posterior separación de dicha provincia. Los mayas sublevados de Yucatán asolaban a las poblaciones indígenas del Petén, intentando convencerlos que se unieran a su causa y, cuando no lo lograban, simplemente saqueaban los pueblos y de paso las estancias ganaderas (AGCA, L. 28548, ex. 291, 1849).

La élite petenera se encontraba alarmada ante la posibilidad de que la población indígena de este distrito se uniera a los sublevados. En 1849 se había mandado a las autoridades indígenas del pueblo de San Andrés que previnieran gente para limpiar los caminos y en particular el que iba a Yucatán, lo cual se les remuneraba con sal. El regidor Pedro Quixchán y José Cauich, "con expresiones alarmantes y amenazantes a la raza blanca", alteraron a más de sesenta indios y tiraron la sal que se les había llevado como paga. En respuesta a dicho acto de rebeldía, el corregidor coronel Modesto Méndez mando milicianos armados a arrestar a ambos individuos y llevarlos a la cárcel. Las autoridades y pueblo de San Andrés finalmente decidieron realizar la apertura de caminos que se les había ordenado y posteriormente solicitaron la liberación de ambos indígenas (AGCA, L.28549, Ex. 7, 1850). Al parecer, los pueblos indígenas del Petén optaron por mantenerse al margen de la rebelión de los mayas yucatecos, puesto que temían la reacción de las autoridades locales. Además, los sublevados tampoco los trataban muy bien, pues si no se les unían los atacaban y asolaban sus pueblos.

En 1851, ante la amenaza de que la sublevación indígena se generalizara en todos los pueblos del Petén, Modesto Méndez acudió a Chichanha para tratar de pactar con el líder indígena José María Tzuc (AHGE, 1-2-356,1853). Méndez y Tzuc lograron establecer una corta tregua; sin embargo, continuaron los ataques de los mayas yucatecos a los pueblos del Petén entre 1855 hasta 1866. El gobernador del pueblo de San José en 1866 informó que por la localidad del Remate había encontrado gente de Holmul y Tubelche, que habían sido agredidos por los sublevados, quienes se habían llevado a todos los hombres de dichas poblaciones. Esta gente declaró que los mayas de Yucatán habían ido a reclamar "asuntos de límites", pretexto que tomaban para "incendiar, robar y matar como lo habían hecho en el pueblo de San Andrés años antes" (APS-RJC, 1866).

La amenaza de que la Guerra de Castas se extendiera hasta El Petén, dio por concluida la idea de la élite petenera de unirse a Yucatán y, por el contrario, comenzaron a realizar peticiones a la Santa Sede para ser separados del Obispado de Yucatán y agregados de inmediato al Arzobispado de Guatemala. El Petén finalmente fue agregado al Arzobispado de Guatemala el 22 de septiembre de 1863, con lo cual se debían establecer los límites y jurisdicciones entre Yucatán y El Petén. Las causas esgrimidas para ser agregados al Arzobispado de Guatemala eran, en primer lugar, la sublevación indígena que asolaba a Yucatán y, en segundo lugar, la difícil situación que enfrentaba en ese momento el gobierno de la República de México debido a la Intervención Francesa (1861-1867). La oligarquía petenera finalmente decidió olvidar los lazos que unían al Petén con Yucatán:

La desastrosa guerra que ha sufrido el estado de Yucatán, la que hoy sufre la República Mexicana, la distancia que media entre dicho estado y el Petén, la incomunicación en que se ponen los vicarios con la silla episcopal a causa de lo intransitable de los caminos y la pobreza y falta de recursos de aquella M itra; necesariamente han de producir las peligrosas consecuencias que el visitador representa y que sólo pueden remediarse agregándose las parroquias del Petén a la arquidiócesis de Guatemala. (AGCA, B L.28549 E. 1,1863-1864).

 

Conclusiones

Podemos concluir que, como resultado de la Independencia y conformación del Imperio Mexicano en 1821, las demarcaciones que separaban las audiencias que constituían al Virreinato de la Nueva España sufrieron una serie de reacomodos geopolíticos, que a la postre darían lugar al establecimiento de los límites entre tres distintas naciones: México, Guatemala y Belice. En 1821, con la proclamación del Plan de Iguala y del Imperio Mexicano, se dieron una serie de pronunciamientos tempranos para la agregación al imperio de territorios que originalmente pertenecieron al Reino de Guatemala, como fue el caso de Chiapas. El Imperio Mexicano reconoció el derecho de estas provincias a unirse al territorio mexicano, argumentando su libertad de elegir el gobierno con el que tuvieran mayor afinidad, comercio y con el que compartieran una historia común. Sin embargo, el hecho de que el Imperio Mexicano legitimara que los ayuntamientos y diputaciones pudieran establecer su autonomía, así como su separación o anexión a la nación que mejor les pareciera, resultaba un principio sumamente peligroso.

El principio por el que Chiapas fue integrado a México no pudo ser aplicado a otras provincias que también optaron, en su momento, por la unión con el nuevo Estado. En la práctica, aceptar la unión de un territorio como El Petén, que utilizaba los mismos argumentos aceptados para el caso de Chiapas, establecía que también debía aceptarse una de las condiciones establecidas por dichos argumentos, a saber, la posibilidad de que las provincias se pudiesen independizar o separar de México, como fue el caso de Chiapas, Soconusco e incluso Yucatán después de 1823. Si bien los peteneros argumentaron originalmente en el mismo sentido que los chiapanecos para que se aceptara su incorporación a Yucatán, la República Mexicana prefirió no seguir legitimando las decisiones de los ayuntamientos y diputaciones y optaron por concentrarse en asegurar la anexión de Chiapas y Soconusco, lo que causo una serie de diferendos, primero con las Provincias Unidas de Centro América y posteriormente con la República de Guatemala.

En el manifiesto publicado en 1829, los peteneros se referían específicamente al caso chiapaneco y señalaban una contestación que el gobierno de Guatemala había formulado al de Chiapas, diciendo lo siguiente:

"Que si al fin las Chiapas quisieran agregarse a estas Provincias Unidas, se les recibiría con el mayor placer y que si las mismas Chiapas creyesen mas conforme a sus intereses continuar separadas, esto no obstará para que puedan y deban contar enteramente con la amistad, la fraternidad y servicios del Estado guatemalteco." Pero vista la determinación de Chiapas de agregarse a Méjico, bien sabidas son las quejas y el descontento de los altos poderes y autoridades de Guatemala, contra la separación de Chiapas de aquella federación y la desesperada esperanza de que vuelva a la unión Centro-Americana. (AHGE, Ex. 4-24-7124, f. 203v. 1829).³

En otras palabras, se señalaba que tanto el gobierno mexicano, como el guatemalteco, jugaron con la idea de "respetar la libertad y autonomía" de Chiapas siempre y cuando su decisión favoreciera la unión con cualquiera de las dos federaciones: la República Mexicana o las Provincias Unidas de Centro América.

Yucatán, por su parte, no mostró ningún interés por agregar El Petén a su jurisdicción, posiblemente por considerarla una región lejana donde se refugiaban los mayas fugitivos. El sureste de la península, el norte del Petén y el territorio en donde actualmente se localiza Belice, eran regiones que de facto estuvieron fuera del control y dominación hispana, convirtiéndose en zonas de refugio para los mayas rebeldes. A lo largo del período colonial, la Corona y las autoridades españolas lucharon por controlar esta vasta región y detener el flujo de indígenas que escapaban de Yucatán, Chiapas y Guatemala hacia esa zona, huyendo del sistema de explotación hispano. La conquista española del Petén en 1697, debió poner fin a la movilidad indígena; sin embargo, esta región continuó amparando a los mayas huidos hasta el siglo XIX.

A lo largo del período colonial El Petén estuvo sujeto a una doble administración, es decir, políticamente esta región estaba sujeta a la Audiencia de Guatemala y en lo religioso al Obispado de Yucatán. Esta doble administración creó una serie de problemas políticos, administrativos y judiciales, que impactaron fuertemente a esta región a lo largo de este período. Desde el siglo XVIII se intentó resolver la situación del Petén tratando de unificar ambas administraciones, ya fuera bajo la autoridad de la Audiencia y Arzobispado de Guatemala o de la gobernación y Obispado de Yucatán; sin embargo, no se llegó a resolver esta ambivalencia.

La élite petenera solicitó su unión a Yucatán y al Imperio Mexicano en marzo de 1823, unos meses antes de que el Imperio se extinguiera para convertirse en la República Mexicana. Suponían que su unión a Yucatán sería rápidamente aceptada y que con eso pondrían punto final a la doble administración que tantos problemas les causaba; sin embargo, su petición no contó con el apoyo de la oligarquía yucateca y tampoco fue apoyada por un gobierno imperial en crisis. En el manifiesto petenero de 1829, se hace un reclamo contundente a Yucatán por su falta de interés por El Petén:

Esta península de cuyo centro son los itzaes, en cuya área se halla el Petén en su parte meridional: Yucatán, sí; ese estado que por su propia seguridad, por su honor y por su propio interés debía volver los ojos y escuchar los lamentos de unos hijos que solo la arbitrariedad y la indiferencia del gobierno español pudo arrancar de los brazos y cuidados de su legitima madre, es el más obligado por los vínculos naturales a reclamar sus derechos sobre los pueblos itzalanos (AHGE, Ex. 4-24-7124, f.202, 1829).

El cura Domingo Fajardo, yucateco de nacimiento, quien había sido vicario y juez eclesiástico del Petén, hizo todo lo posible por que esta región se anexara a Yucatán. Después de 1821 Fajardo se convirtió en diputado del Congreso de Yucatán y continuó sin descanso su lucha por incorporar El Petén a la península. En 1827 fue comisionado por el primer presidente de México, Guadalupe Victoria para ir al Petén y a los territorios ocupados por los ingleses para indagar sobre sus avances y exigir así el cumplimiento del Artículo 4 de la Convención de 1786 firmado por España e Inglaterra. Así, en esta campaña decidió continuar su causa, haciendo de su informe una verdadera apología por la cual debía anexarse El Petén a Yucatán. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron vanos, pues ni el gobierno de México, ni el de Yucatán, estaban interesados por agregar El Petén al territorio mexicano.

El surgimiento en 1847de la rebelión maya conocida como Guerra de Castas, fue lo que finalmente resolvió la postura de la élite petenera de no unirse a Yucatán; por el contrario, hicieron lo necesario por romper los vínculos que los relacionaban con dicha provincia. Los mayas yucatecos rebeldes ocuparon casi todo el sureste de la península yucateca. Las poblaciones indígenas situadas en el camino real del Petén a Yucatán se unieron a la causa de los mayas rebeldes, pues eran poblaciones originalmente formadas por mayas yucatecos fugitivos. A partir de 1863 se empezaron a establecer los límites entre Yucatán y El Petén, dando así por terminada cualquier pretensión de unión a dicha provincia y a México. Con esto empezó la demarcación de la frontera con Guatemala, misma que se concretó con el establecimiento del Tratado de Límites entre México y Guatemala firmado en 1882. A partir de ese momento se conformaron dos comisiones científicas, una de Guatemala y otra de México, para delimitar la línea divisoria entre ambos países, lo cual en la práctica siguió creando tensiones, sobre todo porque los gobiernos liberales guatemaltecos no estaban muy convencidos de lo pactado en el Tratado de 1882. El trabajo de ambas comisiones se prolongó hasta 1895, cuando finalmente se lograron establecer los límites entre ambas naciones.

 

Agradecimientos

Agradezco al CONACYT por el apoyo financiero recibido a través del Proyecto 40088-H. La fundación Mellon me otorgó una beca de investigación para consultar la Colección Reina-Jiménez en la American Philosophical Society. Especialmente deseo agradecer al Archivo Histórico Genaro Estrada del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, por las facilidades otorgadas para consultar sus colecciones y reproducir las imágenes que aparecen en este artículo. Mi agradecimiento al Dr. Mario M. Aliphat por ayudarme en la investigación cartográfica y elaboración de la figura 1. Asimismo, deseo agradecer los comentarios y observaciones de los revisores que leyeron este trabajo y que me permitieron hacer una reflexión más profunda sobre el mismo.

 

Siglas

AHGE Archivo Histórico Genaro Estrada.

AGN Archivo General de la Nación.

AGCA Archivo General de Centroamérica.

APS-RJC American Philosophical Society-Reina-Jiménez Collection.

 

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Notas

¹ El énfasis es mío.

² A estas poblaciones fuera del dominio colonial se les menciona en las fuentes como "lacandones" o "caribes".

³ El énfasis es mío.