Liberalismo jurídico y liberalismo político

Durante las últimas décadas del siglo XX, el concepto de justicia fue considerado el punto focal de dos tipos de tareas para la filosofía política: la definición de un contrato social, derivado de la constitución de una voluntad política común, y la fundamentación de la estructura de las instituciones públicas, políticas y sociales que irían a conformar lo que John Rawls llama -, en su trabajo seminal de ¹⁹⁷¹, la Teoría de la Justicia-, una sociedad bien ordenada. Él piensa este proyecto, por lo menos al inicio, no como filósofo político, sino como abogado constitucionalista y profesor de filosofía del derecho. Inmediatamente después, tal vez para su gran sorpresa, los filósofos, en particular los estudiosos de la ética y la política, saludaron su propuesta como una fundamentación original de la moral. Esta obra pone sobre la mesa, de nuevo, la idea de una moral basada en la razón en sentido kantiano, es decir, como un modelo para la reflexión que haga evidente al individuo que delibera la validez universal de los juicios que examina. Al mismo tiempo, el libro de Rawls es una toma de postura crítica y un proyecto de ampliación de la filosofía del derecho de Hans Kelsen, cuyo positivismo jurídico fue determinante para la jurisprudencia norteamericana y europea del siglo XX.

Desde el punto de vista de una fundamentación del contrato social, la teoría de la justicia rawlsiana se pregunta cómo el contrato suscrito por dos partes en un contexto de justicia de carácter positivista adquiere validez. Kelsen había argumentado persuasivamente contra la idea de que intuiciones morales, sobre todo de tipo religioso, ausentes en la letra del código jurídico, debieran influenciar la decisión de un juez a favor de la validez de un con- trato. Por contraste, Rawls piensa que algún tipo de intuición respecto de lo que sería justo es necesaria o inevitable de todos modos, no sólo para un juez particular o un magistrado en una corte suprema de justicia, sino también para garantizar la convivencia pacífica de los miembros de una sociedad, es decir, la vigencia de su contrato social, en primer lugar, y, en segundo lugar, la validez de los principios de justicia que presiden el diseño de las instituciones públicas que acogen los distintos proyectos de vida individuales de los miembros de esa sociedad.

La idea que Rawls lanza de nuevo a la palestra de la filosofía del derecho, en continuidad, pero también en contraposición con Kelsen, es que en las demandas de justicia residen las intuiciones últimas que han de presidir todos los contratos, y que si estas intuiciones requieren una toma de posición moral, mala suerte para los filósofos del derecho kelsenianos: no tienen más remedio que adaptarse. En particular, la función de la intuición de la justicia como equidad intenta ofrecer un nuevo fundamento a todos los contratos, incluyendo el contrato social, más allá de lo que habría sido acordado por una asamblea que define principios en forma positiva, es decir, en atención a la pregunta de si son válidos o no desde el punto de vista contingente de parlamentos o asambleas efectivas o actuales. Lo hace desde una posición imparcial que requeriría alguna idea sustantiva de lo que sería justo o correcto para los miembros de una sociedad tomados como ciudadanos de una república ideal y en tanto que individuos con preferencias y metas singulares que serían potencialmente universalizables.

La idea de justicia como equidad en el centro de la fundamentación rawlsiana del contrato social y de las instituciones públicas marca un hito en el siglo XX, tanto para la filosofía política como para la del derecho, pues supone la asunción de un punto de vista universal para la reflexión sobre las demandas y expectativas racionales de los miembros de una sociedad. La concepción de que la tolerancia liberal a todas las preferencias individuales es suficiente para honrar las demandas de justicia de las personas queda así subordinada a la intuicion de la equidad.

No obstante, debería considerarse también que el éxito del positivismo jurídico antes de la Segunda Guerra Mundial (1940-1945) tal vez corre paralelo con la vigencia del paradigma neoclásico de la economía durante las primeras décadas del siglo XX y lo complementa a su manera en las instituciones públicas. A grandes rasgos, ambos descansan en la confianza de que cada individuo racional siempre será capaz de coordinar de manera eficaz sus acciones con otros, sin necesidad de ponerse de acuerdo sobre principios generales que guíen la acción recíproca, porque todas las acciones individuales mágicamente podrán compaginarse unas con otras.

En mi opinión, es esta esperanza también la que subyace al positivismo kelseniano. Este descarta la apelación a condiciones de principio moral o sustantivas en la definición de las normas para la convivencia recíproca por- que abraza a priori un liberalismo tolerante a lo que una sociedad pueda convenir de modo contingente o positivo. Este liberalismo jurídico total- mente confiado en el criterio de cualquier asamblea parlamentaria, que es típico del positivismo, incluso tal vez pudiera explicarse por la condición de Kelsen de judío asimilado en la Viena de principios del siglo XX. Como ha sugerido la filósofa venezolana Marianne Kohn Beker, en su crítica general a los resultados de la “emancipación” o “asimilación” judía -un movimiento ilustrado que, en acuerdo con los gobiernos de las Estados nacionales modernos, prometía el cese de la discriminación y atropellos sufridos por la comunidad judía europea con la condición de su plena integración como ciudadanos laicos en la vida institucional y política-, ésta terminó siendo un engaño, un espejismo que no impidió el Holocausto perpetrado por los nazis en contra de una comunidad que se pensaba libre de peligro dentro del marco institucional y político de aquellas naciones (^{Kohn Beker, 2023}). En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, Kelsen desarrolla una filosofía jurídica que, al estar basada en un paradigma positivista, elimina programáticamente todo residuo derivado de las intuiciones morales -entre otras respetables tradiciones reflexivas de Occidente, incluyendo las tradiciones religiosas de su pueblo- de los fundamentos de los juicios de carácter jurídico o parlamentario.

Kelsen no pudo predecir que Carl Schmidt, utilizando el mismo espíritu tolerante a todo, torcería el paradigma positivista para hacer posible la aprobación de las leyes nazis. Por su parte, el esquema neoclásico de la economía confiaba en que el liberalismo del libre mercado coordinaría eficazmente las acciones de actores racionales de modo que el interés particular de cada uno se viera satisfecho sin necesidad de ponerse de acuerdo con una visión sustantiva del contrato social o de la estructura última de las instituciones públicas.

El declive de la reflexión sobre principios sustantivos del contrato social y el triunfo del positivismo jurídico desdibujaron, en las primeras décadas del siglo XX, las fronteras entre los fines de la economía y los de la teoría política. Con ello, se contaminó igualmente la definición de lo que ha de ser considerado como una contribución valiosa a una sociedad por parte de sus ciudadanos y una retribución justa para ellos.

La tiranía de la meritocracia

En su libro La tiranía del mérito, Michael Sandel critica el carácter abstracto que anima el concepto liberal de justicia de Rawls. Esta crítica está presente a lo largo del libro, pero es especialmente oportuna cuando compara los intentos de definición de Hayek, un liberal del libre mercado, y Rawls, un liberal del Estado de bienestar, de lo que sería una contribución valiosa de un individuo o agente económico a una sociedad dada y la retribución justa a esa contribución. En su opinión, ninguna de las dos visiones es, en realidad, muy distinta. A Sandel le parece cuestionable que, en ambos, lo valorado por una persona o grupos de personas, dependa de lo que el individuo considera su mejor preferencia o, en la terminología de una teoría de las decisiones, su utilidad, el fin preferido de su acción para un agente racional, sin que esos fines puedan considerarse valiosos en un sentido objetivo, sustantivo o verdadero. En teoría de la economía, esta concepción del origen del valor tasa la contribución social de cada individuo conforme a su producto marginal o el valor de su contribución individual en un mercado como agente racional (se llama “marginal” porque el resultado final de todas las contribuciones económicas se suma al margen de una hoja contable y se define sólo como una variable numérica). La suma de todos los valores marginales de una sociedad define su dinámica económica y el peso de la intervención de cada persona en un mercado, con independencia de si la retribución que recibe pueda considerarse justa en un sentido filosófico o sustantivo.

El enfoque marginalista en economía, también conocido como el paradigma neoclásico y, más recientemente, como neoliberalismo, determina una concepción de justicia coherente y al mismo tiempo sesgada. En 1971, Rawls irrumpe en la escena filosófica con una fundamentación de la teoría política y del derecho que, apoyándose en las mismas intuiciones antropológicas de la teoría neoclásica (en donde la gente valora lo que prefiere) y el utilitarismo, saca conclusiones diferentes: en virtud de la racionalidad de los actores sociales, ningún individuo racional consentiría aprobar un contrato social y una estructura de las instituciones públicas que lo perjudique en la persecución de sus preferencias, es decir, que sea inequitativo en el acceso a las oportunidades de avance personal que ofrece una sociedad, y que tolere diferencias que disminuyan sus ventajas comparativas. Por esta razón, la intuición de la equidad, en la cual Rawls basa su concepción de la justicia, fundamentará las normas que presiden el contrato social con dos principios de justicia: el principio de la igualdad y el principio de la diferencia, en virtud de los cuales, primero, todos deben gozar de iguales oportunidades para disfrutar de las ventajas ofrecidas por las instituciones públicas y, segundo, las diferencias de posición que emergen de las dotes naturales y la suerte de cada uno deben, en último término, siempre ponerse al servicio de los menos favorecidos en esa sociedad. Como señala Sandel, este último principio compromete a Rawls con un esquema fiscal distinto del que avizoraba Hayek, en donde, al contrario de éste, quienes más contribuyen con su producto marginal al mercado deberían pagar más impuestos. De todos modos, sin embargo, de acuerdo con Sandel, Rawls tampoco cuestiona, en última instancia, la idea de que la justicia se predica de lo que cada quien se merece conforme a su contribución marginal a una sociedad.

A Sandel le parecen insuficientes estas concepciones de la justicia para definir los fines hacia los cuales debería avanzar una sociedad basada en un contrato social justo, pues no quedan suficientemente cubiertas las fuentes de la estima social como bien común o primario en una sociedad. En su Tiranía del mérito, Sandel reprocha al proyecto liberal de justicia, en general, el haber perdido de vista que los méritos necesarios para poder acceder a los beneficios, en una sociedad cuyas instituciones ofrecen oportunidades equitativas a sus miembros, pudieran deberse a ventajas injustamente obtenidas, ya sea por dotes naturales o por suerte, por haber “estado en el lugar justo en el momento justo”.

En concordancia con esto, Sandel reprocha a las instituciones públicas estadounidenses exagerar la importancia de lo que pudiera ser considerado una contribución meritoria, al medirla únicamente por las credenciales académicas de quienes han obtenido un título en alguna universidad de la Ivy League (Harvard, Yale o Stanford, entre otras), sólo accesibles a familias de ciertos recursos o estrato social. Esto discrimina a muchos, pues la cuestión de la distribución merecida de salarios y riqueza personal se separa de su distribución justa. Reprocha al discurso político contemporáneo, como se expresa entre los hacedores de políticas públicas y sus asesores dentro de los dos grandes partidos estadounidenses, el demócrata y el republicano, de exagerar la importancia del mérito personal, obtenido gracias a esas credenciales académicas, como única justificación de la demanda de salarios elevados y distribución justa de la riqueza. Claramente, si los méritos para gozar de una buena posición económica en una sociedad desarrollada dependen sólo de estas credenciales, este tipo de meritocracia es muy injusta, ya que requiere el poseer una serie de ventajas previas que le han sido negadas a la mayoría de los miembros de una sociedad, profundizando con ello la brecha de desigualdades que hacen posibles todos los populismos y, dicho sea de paso, continúa Sandel, el ascenso de Donald Trump al poder, en la medida en que el votante de Trump proviene de un segmento de la población estadounidense alejado de las élites universitarias de la costa este de los EEUU y que se sentía humillado por ellas.

Sandel atribuye esta deformación de lo justo al olvido de una filosofía política tradicional centrada en el bien común, en virtudes cívicas compartidas, y a la renuncia de un concepto de justicia entendida como satisfacción no sólo de bienes materiales, sino también inmateriales, por ejemplo, la estima social. Por ello, él trata de impulsar una idea de justicia “contributiva”, que resalte la dignidad del trabajo y la contribución efectiva de una persona al bien común con independencia del valor marginal que el producto de su trabajo pueda tener en la sociedad de consumo.

De acuerdo con Sandel, en efecto, la meritocracia nació como una manera de abolir los privilegios de la aristocracia y otras clases altas para sustituirlos por los ganados a través de las capacidades personales, inteligencia y trabajo duro, que suelen venir ligados a un título universitario. En el argumento central de Sandel, esta intuición -surgida en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos de Norteamérica para ayudar a impulsar el aparato productivo y económico del país, quitándoselo de las manos a una aristocracia de clase que no hacía nada realmente y desplazaba a los jóvenes mejor capacitados para las tareas urgentes que requería el país- terminó creando una nueva clase privilegiada graduada de universidades de élite cuyas ventajas son tan injustas como las de la antigua aristocracia que quería sustituir. Según Sandel, es este fenómeno el que está produciendo la polarización de la política estadounidense.

La economía política de posguerra y los cimientos del contrato social

Ahora bien, con esa idea tengo el siguiente problema: ¿estamos seguros de que los méritos en una sociedad se limitan de manera injusta a los graduados de universidades de élite o no será más bien que los cimientos del contrato social que adjudicaban los mejores puestos de trabajo, y con ello la mayor estima social, a los graduados universitarios en general se han reducido o desaparecido tanto que sólo pueden competir ahora por ellos los egresados de las universidades más elitistas? Como es obvio, mientras más escaso es el premio, menor es la posibilidad de obtenerlo. Es decir: aun cuando no dudo de que sea verdad que se intentó una justificación de los nuevos modos de adjudicación de las ventajas sociales en la idea del contrato social liberal que ofrecía acceso equitativo a las oportunidades a través de un paradigma meritocrático basado en la educación, como sugiere Sandel, creo también que el modelo de la economía política que se consolidó en la primera mitad del siglo XX sencillamente ungió a las élites universitarias como los destinatarios preferidos de las nuevas políticas monetarias implementadas después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

Como se recordará, la Gran Depresión fue un periodo de la historia estadounidense que abarca de 1929 a 1939 y que se caracterizó por una profunda recesión económica y pérdida de empleos. El consenso general coincide en que la Gran Depresión se produjo por el inadecuado manejo del oro como patrón de intercambio que sostenía el valor del dólar, así como el de la libra esterlina y el marco alemán, en un entorno competitivo feroz en donde cada una de estas tres grandes economías o bloques dominantes -los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido y el centro y este de Europa con Alemania a la cabeza- trataban de mantener el valor de sus monedas a flote revaluándolas en relación con el oro para hacerlas competitivas financieramente frente a los bloques restantes y empobrecerlos, o devaluándolas para satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Una escena de la película Shanghai Express, de 1932, dirigida por Josef von Sternberg y protagonizada por Marlene Dietrich, evoca ese entorno económico de incertidumbre y locura monetaria. La película narra un peligroso viaje en tren a través de China durante su guerra civil, que estalló en 1927. Allí, un personaje desafía la incredulidad de otro apostándole “en cualquier moneda que él decida, incluso en pesos mexicanos si quiere” que tiene razón.

En ese contexto, las inversiones se desplazaron del sector productivo al sector financiero ligado al oro, que se intentó acumular a toda costa, provocando el deterioro de las fuentes de riqueza reales que se derivan de un intercambio internacional robusto de bienes que promueve la creación de empleos bien remunerados. Atar una moneda nacional a la unidad de valor basada en el oro es recesivo porque dificulta la capacidad de crear dinero fiat, lo que impide flexibilizar el régimen financiero y de créditos de un país. En un sistema de este tipo, quien no tiene oro estará en mucha desventaja desde el inicio. Si a ello se une la debacle del sistema productivo real, lo único que era posible para alguno de estos tres bloques era devaluar o revaluar la moneda en relación con el oro, entre otras medidas proteccionistas, lo que, en ausencia de un sistema productivo real de colaboración e intercambio entre bloques económicos, produjo los procesos hiperinflacionarios que caracterizaron las primeras décadas del siglo XX y condujeron, finalmente, a la Segunda Guerra Mundial.

Los EE.UU. emergen triunfantes de esta guerra y ahora se plantean qué tipo de política económica internacional llevará adelante la nueva “pax americana”. Quisiera ahora desarrollar un argumento basado en un punto que Sandel no toma en cuenta para criticar la meritocracia en las sociedades liberales. Los EE.UU., como país triunfante, necesitaba también poder dominar en la arena económica mundial para evitar una nueva “Gran Depresión” que pudiera resultar de apagar los motores de la maquinaria bélica que mantuvo su economía a flote durante la guerra. Necesitaba, pues, crear otras nuevas fuentes de productividad y empleo para sus ciudadanos. Robert A. Pollard, en su Economic Security and the Origins of the Cold War, 1945-1950 (¹⁹⁸⁵), sugiere que la administración del presidente Harry S. Truman, un demócrata que siguió los pasos de quien gobernó durante casi cuatro periodos, el entonces fallecido Franklin Delano Roosevelt, otro demócrata, no sólo quiere que sus industrias dominen globalmente, sino que también es consciente de que si no se toman medidas preventivas para evitar un escenario como el previo a la Segunda Guerra Mundial -caracterizado por bloques de influencia económica que compiten entre sí devaluando sus monedas o protegiendo sus productos y mercados, causando el enorme sufrimiento a sus ciudadanos y desesperación- la paz obtenida no será duradera.

El proyecto demócrata liderado por Truman se propone realizar una serie de ideas económicas que habían venido ganando momentum desde los años anteriores y que desembocan en los acuerdos de Bretton Woods, la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Emerge el dólar como moneda dominante, ligada ahora al patrón oro, y se acuerda que los países aliados -y muchos que se anexan después, incluyendo mi país, Venezuela, donde varias empresas norteamericanas explotan petróleo desde la década de 1930- podrán hacer fluctuar el valor de sus monedas alrededor de un 1% máximo antes de que deba intervenir el FMI para estabilizarlas. La idea es garantizar el valor de las inversiones extranjeras de las empresas estadounidenses, pero también hay un motivo político: evitar el escenario caótico e hiperinflacionario que la competencia entre bloques económicos produjo en la primera mitad del siglo XX y que, según esa administración, provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

En ese momento, la administración ligada al partido demócrata es consciente de la responsabilidad histórica y moral de los Estados Unidos de Norteamérica como país ganador de la guerra y sabe que la estabilidad política del nuevo orden mundial dependerá de la disciplina monetaria y fiscal de los países que integran el bloque ganador. El punto clave aquí es atar las monedas nacionales a una nueva moneda de reserva, el dólar. Y la gran pregunta que surge entonces, muy naturalmente, de la implantación del sistema de Bretton Woods, es quiénes serán las élites que dinamizarán la economía con las distintas monedas nacionales que se vincularán al patrón oro a través del dólar. Está claro que no puede ser la industria bélica, terminada la guerra y con un consenso negado a resolver diferencias de manera tan dolorosa para todo el mundo, vencedores y vencidos, pero tampoco una plutocracia ligada a clases poderosas tradicionales, que muy poco pueden contribuir a una economía apoyada ahora en desarrollos científicos.

De este modo, y éste es el núcleo de mi argumento, considero que los acuerdos de Bretton Woods, liderados por un partido demócrata influenciado por las políticas de Roosevelt y el keynesianismo, resolvieron ampliar la base de contribuyentes y agentes económicos activos, en muchos de los países que se alinean con los Estados Unidos de Norteamérica, conviniendo que sectores con grado universitario serían aquellos con derechos o privilegios suficientes para aspirar a sueldos elevados y acordados de manera política. A mediados del siglo XX, los médicos, abogados, ingenieros, profesores, diputados, jueces, etcétera, se convierten en los destinatarios de la nueva política monetaria expansionista occidental de carácter nacional, anclada a una moneda fuerte como el dólar, por la única razón de que alguien tenía que formar parte de una élite lo suficientemente amplia como para crear una base imponible que dinamizara cada economía local.

Sandel parece pensar que el grado universitario como fuente de estima social y privilegios o titularidad basados en el mérito es nada más una suerte de ideología que termina imponiéndose con resultados injustos para la sociedad en general. Sin embargo, no es simplemente una ideología: es el modo como los acuerdos de Bretton Woods se implementaron y resolvieron de modo concreto el problema de cómo mejorar las condiciones económicas de la gente al interior de cada país aliado e impulsar las relaciones entre ellos, con el fin de evitar así el prospecto de una nueva guerra, y en principio su objetivo no era conferir a los universitarios estima social, como piensa Sandel, sino sueldos convenidos de forma política, lo cual es algo muy distinto.

Un segmento de la generación de mis padres, y de los abuelos de muchos de los que me leen ahora, conformó de hecho, en nuestros países latinoamericanos, una élite académico-profesional que, al salir de una universidad, entró a trabajar en una institución pública con sueldos convenidos política- mente. Esa élite era tan amplia como la riqueza de un país lo permitiera. En el caso de mi país, esa élite fue muy, muy amplia. De este modo, en contra de Sandel, pudiéramos decir que no se trató de una élite que ganara dinero porque tenía el mérito de haber obtenido un grado universitario; sino que fue a la universidad porque fue ungida por Bretton Woods y el gobierno demócrata de Truman y sus asesores como la élite destinada a ganar dinero y contribuir con ello al erario público.

Nuestros padres y abuelos conforman ahora el segmento de la población que está muy descontenta, o más bien furiosa, porque con el paso del tiempo, sin que ellos supieran muy bien qué pasó o por qué (la globalización, el abandono del patrón oro por parte de los Estados Unidos de Norteamérica en 1971), comenzaron a ignorarse cada vez más los presupuestos de ese contrato social de posguerra basado en una interpretación de la economía política que es, en el fondo, una aplicación de las intuiciones del keynesianismo sobre el modelo neoclásico de la economía. Las bases de este contrato se dan tan por supuestas que, todavía hoy en día en Venezuela, una generación de boomers exige que su sueldo sea indexado a un dólar fluctuante o ganar directamente en dólares. En la memoria de una serie de generaciones, la de mis padres, la de nosotros los boomers, está profundamente arraigada la idea de que su bienestar está inextricablemente ligado a la política monetaria de un país, a la moneda que el país imprime, y no al crecimiento de su Producto Interno Bruto, por ejemplo. La generación de venezolanos que votó a Hugo Chávez a inicios del siglo XXI, por ejemplo, estaba conformada en su mayo- ría por esa élite de profesionales de todo tipo que había sido destituida y que recordaba todavía sueldos convenidos políticamente con valor de cambio internacional. El chavismo pudo satisfacer esas demandas hasta que la derecha nacional, creyendo avisparse, logró que el gobierno republicano de Trump -aunque empezando con Obama, quien le pavimentó el camino- implementara las sanciones que sacaron a los venezolanos del sistema financiero y comercial internacional, con resultados desastrosos para todos nosotros, pero también para los actores políticos que las pidieron.

Tal vez esto explica igualmente por qué el gobierno demócrata de Joe Biden ha suavizado las sanciones, si no de iure, por lo menos sí de facto, contra nuestro país. Las bases del partido demócrata -que llevó adelante los acuerdos de Bretton Woods y que seguramente los demócratas de la vieja guardia aún recuerdan con respeto- pensaban que se podía construir un nuevo orden económico mundial liderado por los Estados Unidos de Norteamérica que no hiciera tanto énfasis en la pureza ideológica de los gobiernos aliados, sino más bien en la implementación de políticas económicas que regularan eficazmente los intercambios económicos entre países, permitiendo la expansión de las empresas norteamericanas sin perjudicar a los ciudadanos y a las economías locales, o a los intereses norteamericanos, devaluando sus monedas en relación con el dólar, como había sucedido antes de la Segunda Guerra Mundial con una mala implementación del patrón oro. De nuevo de acuerdo con Pollard, oficiales en la administración de Truman estaban convencidos de que la competencia entre grandes bloques eco- nómicos había causado la guerra, a causa del sufrimiento que produjeron los procesos inflacionarios entre los ciudadanos de los países que participaron en la conflagración y, de hecho, incluso el Reino Unido sólo a regañadientes aceptó los argumentos sugeridos por los Estados Unidos de Norteamérica para desmantelar los aspectos discriminatorios que caracterizaban su sistema imperial de tarifas preferenciales. Para apuntalar el argumento, vale la pena señalar que, recientemente, la Directora del FMI, Kristalina Giorgieva, advertía que el mismo ominoso escenario de creciente fragmentación entre bloques enfrentados amenaza la estabilidad del sistema económico mundial y la paz (cfr. ^{Elliot, 2023}).

Al nuevo orden económico que emergió después de la Segunda Guerra Mundial debía contribuir ahora también una nueva clase nacional educada en universidades, que incluía también militares de alto rango y políticos, que se integraría, con su trabajo y sueldos políticamente convenidos, a la modernización de muchos países después de la guerra. Los miembros de esa clase serían los primeros receptores, entre la población general, de la riqueza generada por un país.

No obstante, Estados Unidos de Norteamérica no contaba con la oposición de la Unión Soviética a este plan, la cual, de acuerdo con Pollard, está directamente en el origen de la Guerra Fría. De todos modos, Bretton Woods culmina cuando el gobierno del republicano Richard Nixon pone al dólar a flotar libremente, sacándolo de su anclaje en el patrón oro, a la vez que daba la espalda a la gran visión que tenían los demócratas de posguerra de una economía mundial ordenada. Desde entonces, lo que sigue es una historia que muchos de mis lectores ya conocen: el advenimiento de la globalización, sin duda, pero se trata de una globalización que vuelve a hacer competir bloques económicos y de poder, es decir, la misma situación que llevó a Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica a la Segunda Guerra Mundial. El mercantilismo nacional -que llevó a una competencia feroz entre bloques y países- y los procesos hiperinflacionarios -desatados porque cada uno trataba de mantener su economía funcionando y competitiva frente al vecino- es lo que pareciera que tenemos ahora, a lo que se suma la globalización del sistema financiero. El fin de la “pax americana” lograda por los demócratas después de la guerra condujo a un sector del partido republicano de los Estados Unidos de Norteamérica a practicar de nuevo el juego de derrotar al vecino para mejorar su posición en el tablero económico internacional. En ese juego estamos todos inmersos ahora.

Lo que parece que viene

En mi opinión, eso ha removido los cimientos del contrato social en los Estados que emergieron de la posguerra mucho más que una meritocracia resentida por quienes no pudieron ir a la universidad, como piensa Sandel. El problema no es que sea muy difícil adquirir el mérito derivado de haber ido a la universidad y que éste sea, en definitiva, injusto por razones que él explica muy bien en su libro; el problema es que las élites profesionales fueron destituidas de su posición como motores de la dinámica económica y fiscal de los países en un proyecto económico global que tenía a los Estados Unidos de Norteamérica y al dólar, en virtud de los acuerdos de Bretton Woods, en la primera línea de ese proceso.

Por esta razón, aunque coincido con Sandel en que es necesario encontrar fuentes de estima social fuera de las usuales que dependían del trabajo académico-profesional, no creo que ello sea posible cambiando simplemente de mentalidad o que el punto más importante sea reinventar las fuentes de la estima social. Más bien debería producirse algo más profundo que pasa por un acuerdo en favor de un sistema económico internacional respetuoso, no imperialista y multilateral, que garantice la estabilidad económica de los países y el bienestar de cada uno de sus pueblos. Para ello, el juego económico debe ser cooperativo y no competitivo, como lo vieron precisamente quienes diseñaron Bretton Woods. La ceguera de muchos políticos norteamericanos de uno u otro bando, y de muchas élites y hacedores de políticas públicas venezolanos y latinoamericanos, no pueden hacernos perder de vista que, en la construcción de la voluntad política común que conduzca a un contrato social justo, se trata de crear condiciones para que todos los ciudadanos de un país tengan un acceso adecuado a bienes primarios, incluyendo la estima social. Esto no puede lograrse mientras se interpreten las demandas de justicia como si fueran meramente un asunto de ideología política o mientras existan personas que defienden sus intereses económicos con total insensibilidad a los intereses genuinos de los demás; o mientras cierto cortoplacismo, abocado en galvanizar al electorado alrededor de una ideología política radical en desmedro de una visión de largo alcance que arrope a todos los ciudadanos, impere como el objetivo político de muchos grupos de presión.

Por esta razón, reconfigurar el espacio público que conduzca a un contrato social justo pasa necesariamente por definir, desde una voluntad política común basada en el consenso, cuáles son las demandas de justicia de los ciudadanos y en qué consiste exactamente la titularidad de los privilegios que marcarán diferencias de estatus entre ellos. El declive de un derecho basado en el mérito académico-profesional es un punto de verdadera inflexión en las sociedades complejas contemporáneas y hay que entenderlo bien por lo que representa realmente, a saber, como el surgimiento de un orden económico internacional que, en vez de velar por la adecuada cooperación económica entre estados soberanos y autónomos, apuesta por la subordinación de unos a los intereses de otros estados nacionales y sus élites privilegiadas, con los desafortunados resultados de los cuales todos somos testigos ahora.

Contrato social 2.0

Klaus Schwab, el Director del World Economic Forum (WEF), al igual que un poderoso conjunto de empresarios aglutinados alrededor de esta organización de presión e influencia internacional que se reúne todos los años en Davos, considera que las alteraciones económicas provocadas por la pandemia de la Covid 19 -entre las que destacan la desaparición de empleos, una crisis general productiva donde se afecta la cadena de suministros, el cierre de fronteras y la cuarentena forzada- pueden pensarse en analogía con el fin de la Segunda Guerra Mundial y obligar a los gobiernos a concebir una solución de alcance internacional similar a los acuerdos de Bretton Woods. Se trata de considerar los estragos provocados por la pandemia de la Covid 19 como una nueva oportunidad para la reconstrucción económica ordenada y capaz de contrarrestar el declive de Bretton Woods a finales del siglo XX.

Un examen somero de las opiniones expresadas en algunos documentos que desarrollan la idea de un Big Reset o gran reseteo del sistema económico mundial después de la pandemia pareciera evidenciar que, para el director del WEF, no se debería promover un acuerdo dinamizador de la economía en el nivel de los estados nacionales, sino que ese acuerdo e impulso renovador deberían provenir de las corporaciones transnacionales que, según parece creer, sostendrían en realidad la dinámica económica en cada uno de los países donde emplean trabajadores locales.

De acuerdo con esa idea, resetear la economía implica asumir el hecho de que, tal vez como resultado de la globalización anárquica característica de la economía internacional en las últimas décadas, muchas corporaciones transnacionales se han instalado ya en los países del tercer mundo en busca de mano de obra barata, mientras siguen cotizando en la Bolsa de Nueva York, y que son ellas quienes proveen en definitiva al crecimiento económico de un país. Esto se desprende de un video de 8 minutos en el canal oficial del wef de Youtube, titulado Six leaders discuss why we must reform the social contract after Covid-19, que consulté pensando en que podía encontrar allí qué entiende el WEF por un contrato social.

Este video sostiene, en el sentido de que las entrevistas a personalidades están editadas y dirigidas para sugerir esta idea en el espectador, que los garantes del contrato social en un estado nacional ya no pueden ser los representantes en quienes los ciudadanos habrían delegado su voluntad política común al interior de un Estado nacional-republicano, una voluntad que debería haber sido negociada en parlamentos, asambleas, congresos o cámaras de representantes, como lo definió la jurisprudencia positivista en el último siglo, sino más bien las corporaciones transnacionales que dan trabajo a los habitantes de un país, sin importar cuán precario sea éste, que muchas veces se limita a ser un contrato temporal fuera de una regulación estatal eficaz, como sucede con los conductores de Uber o las costureras que trabajan en Asia para distintas marcas de ropa. Según este video, las corporaciones, y no las instituciones del Estado, deben convertirse ahora en las garantes de la voluntad política de los ciudadanos de un país.

Entre los líderes entrevistados se encuentra John Kerry, antiguo Secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y destacado miembro del partido demócrata; en suma, un liberal de la vieja guardia. Kerry denuncia que el viejo orden económico, emanado de la Segunda Guerra Mundial, no ha funcionado para millones de seres humanos sobre el planeta, en especial porque les impediría “participar”. Pero justo antes de señalar en dónde esa participación debería hacerse efectiva o visible, y en qué consiste exactamente, la edición del video lo corta de manera abrupta. Luego se da paso a la opinión de Phillip Atiba Goff, un profesor de psicología de Harvard especializado en asuntos raciales, para quien un nuevo orden económico es la oportunidad para que los líderes de las corporaciones presionen a los países en donde operan a dar cumplimiento de los derechos de los individuos que trabajan para ellos, en el entendido de que está también en el interés de tales corporaciones que sus trabajadores locales estén o se sientan bien.

La argumentación sobre los fundamentos antropológicos y filosóficos del contrato social se desplaza en seguida a una reflexión de cómo los negocios y las empresas pudieran cumplir el papel de garantes de ese contrato social, en contraste con las intuiciones y jurisprudencia que caracterizan y definen el republicanismo moderno. De acuerdo con otro líder presentado en el video, Bob Moritz, un importante empresario privado, la compañía o corporación que no esté dispuesta a contribuir con los desafíos presentados en los distintos países donde opera perderá relevancia o quebrará. Por ejemplo, prosigue, las instituciones educativas que, en los distintos países, no aporten nada a dichas empresas y corporaciones, se expondrán a la posibilidad de que otras nuevas, lideradas por empresas transnacionales, tomen su lugar en la enseñanza de competencias “pertinentes a los nuevos tiempos”. Y así sucesivamente.

En general, un tema que atraviesa esta visión del contrato social, que sería hecho cumplir o reforzado legalmente desde arriba por individuos no electos por los ciudadanos de un país y carentes de toda representación legítima, sería el que corporaciones transnacionales que ofrecen empleos a trabajadores locales sostienen en realidad el tejido social de una nación. El otro tema que se aborda allí es que trabajadores ubicados en cualquier lugar del mundo pueden ahora conectarse a internet y, por lo tanto, no es un Estado nacional quien garantizaría el acceso y la protección de su empleo, sino la corporación transnacional que tendría su sede en cualquier lugar desde donde se gestione su plataforma online. Con esta idea, se da la espalda a los consensos políticos característicos de la primera mitad del siglo XX, pues ahora serían las empresas y corporaciones transnacionales quienes terminarían satisfaciendo las demandas de justicia y estima social que tradicionalmente, como lo hemos visto, dependían del contrato social emanado de la ciudadanía que, en un país cualquiera, había deliberado sobre los elementos de su voluntad política común y la había adjudicado a una cámara de representantes o parlamento nacional.

La idea que subyace a la nueva visión del contrato social es que la conexión a internet de millones de trabajadores, que la pandemia supuestamente habría adaptado a un ecosistema enteramente online, lideraría una “cuarta revolución industrial” en donde la conexión a internet representaría una nueva herramienta que, como la invención de la máquina de vapor, tendría un efecto revolucionario sobre el trabajo humano, al liberar a los ciudadanos de su entorno nacional y conectarlos con un jefe y colegas ubicados a miles de kilómetros de distancia. El trabajo online, se sugiere, daría el golpe de gracia al papel tradicional del Estado republicano en sociedades democráticas para la regulación del contrato de trabajo.

Sin embargo, a menos de tres años de la publicación del “gran reseteo”, las mismas páginas que celebraban la universalización del trabajo online ahora celebran como la verdadera cuarta revolución industrial el advenimiento de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, un sistema de diálogo automatizado basado en modelos probabilísticos y generativos de lenguaje natural. Es irónico, porque con esto el contrato social se les escapa por la puerta trasera a quienes se suponía debían protegerlo y garantizarlo, pues los desarrollos recientes de inteligencia artificial también abaratarán y permitirán a muchas de las corporaciones transnacionales que cuenten con suficiente energía y poder computacional monopolizar y sustituir los servicios que hacían egresados de las carreras llamadas STEM (científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemática). Un escenario de este tipo, en donde las fuentes de la meritocracia y la estima social que preocupaban a Sandel quedarían completamente alteradas, al desaparecer la credencial universitaria como fuente de las mismas, bien pudiera ser una realidad en el futuro.

Con ello, se abriría de nuevo el debate respecto de cuál es la legitimidad del Estado nacional democrático y republicano como fuente de satisfacción y protección de las expectativas de los ciudadanos en cuanto a sus demandas de justicia social.

Conclusiones

Desaparecido el consenso de posguerra, que ordenaba la economía internacional conforme a los acuerdos de Bretton Woods, y con la amenaza que se cierne sobre nosotros, en tanto las funciones de eficacia reproductiva del sistema económico internacional pudieran ser fácil y enteramente automatizadas, desplazando a un número importante de trabajadores cualificados de nivel alto y medio, debemos preguntar a qué tipo de contrato social aspiramos.

En primer lugar, es importante recuperar la idea de que un contrato social debería renovar la conciencia de pertenencia a un suelo patrio, el cual es una extensión natural de la propia familia, como punto de partida ineludible para formular, junto con aquellos que forman con nosotros parte de un mismo Estado-nación, nuestras expectativas para una vida buena, feliz y lograda. En este sentido, tendría cuidado con quienes piensan que es posible o deseable privatizar los recursos y el entorno natural donde las personas viven y se alimentan, obligándoles a comprarlo todo, salvo su propio cuerpo, que, por el momento, todavía no puede ser “privatizado”. De forma más o menos velada, esto proponen quienes piensan que las expectativas hechas a un contrato social pueden ser satisfechas por corporaciones cuyos accionistas y juntas directivas, con sus propios intereses, están asentadas a miles de kilómetros del lugar en donde uno se encuentra tratando de ponerse de acuerdo con los demás.

El declive de la idea de que un Estado nacional debería ser el portavoz de las expectativas de sus ciudadanos de cara al concierto internacional de naciones, teniendo el deber de ampararlos y protegerlos civil y económicamente hasta su muerte, se está cobrando millones de vidas anualmente. Un sinnúmero de personas tienen dificultades para hacer valer sus demandas de justicia al Estado que los vio nacer y donde viven o han trabajado toda su vida. Por otro lado, se ha impuesto poco a poco, por accidente y tal vez por diseño, en las redes sociales y en chats de whatsapp, la indiferencia o el desinterés por estas personas, a quienes se las culpa de sus predicamentos con una mentalidad punitiva que afirma que esas personas se lo tienen merecido por no estar a la altura de las demandas laborales de los actores empresariales.

Que en internet puedan converger y encontrar eco todo tipo de ideas, algunas de ellas caracterizadas incluso por una ferocidad cruel, aunado a otros problemas asociados a la falta de carácter moral, contribuye a la decadencia de la calidad de la discusión política en muchos lugares del mundo.

Sin embargo, la discusión abierta y franca sobre cómo hemos de ser acogidos en tanto que individuos por nuestros compatriotas, y qué tipo de deberes y derechos en relación con ellos consideramos razonables, conforman una deliberación ineludible que atañe al contrato social bajo el cual todos queremos vivir, tanto quienes piensan como nosotros como los que no. Renunciar a esta deliberación -que implica una ardua negociación en la que debemos tratar de armonizar nuestras preferencias con las de los demás, o ser despojados de ella por los que nos han exhortado incluso, en años recientes, a no ejercer el grado mínimo de reflexión que se expresa en el voto universal y secreto- es quitarnos la oportunidad de contar con la protección de una nación cuyas instituciones públicas todos debemos ayudar a construir en diálogo conjunto y permanente.

En Venezuela, en particular, la erosión del consenso internacional de posguerra a mediados del siglo XX y una entrada anárquica en los procesos de globalización que fue interrumpida por el intento extemporáneo, por parte del chavismo, de prolongar el bienestar derivado de unos acuerdos que en el fondo nunca entendieron y siguen sin entender, han provocado un clima político de no participación en el debate público y una suerte de penoso complejo de inferioridad nacional. Sin embargo, no debemos renunciar al debate franco y abierto acerca de cómo queremos armonizar nuestras vidas con los demás, sean quienes sean. En el discurso político actual, por razones que tienen que ver con el diseño de los algoritmos en redes sociales, incluyendo chats de whatsapp, dominan siempre las voces más agresivas y vulgares que intimidan a una mayoría casi inerme que no se atreve a expresar su opinión y guarda silencio. Esas voces parecen querer convencernos de que la deliberación conjunta sobre problemas de justicia en sociedades contemporáneas es imposible y su solución pasa por la imposición violenta de la voluntad de un grupo político sobre otro. Se trata de una manipulación que busca crear un vacío para que los ciudadanos de un país no discutan sobre sus expectativas de justicia de cara a la constitución de un contrato social que beneficie a todos.

Finalmente, en el ámbito internacional, sólo un conjunto de naciones que respeten el derecho de los ciudadanos de otras naciones a vivir dignamente, para lo cual es fundamental preservar la estabilidad de sus monedas y no socavarla con sanciones de tipo financiero, puede evitar el espectro de una siguiente guerra mundial y, en general, la solución de conflictos a través de la violencia.