Los principios consagrados en la Constitución federal de 1988 presentan un Brasil multiétnico y pluricultural que muestra la necesidad de que su geografía lo refleje. En este sentido, los dictámenes constitucionales, unidos a legislaciones internacionales de las que Brasil es signatario como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponen al Estado y los gobiernos federales que se suceden reconocer y aplicar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, en particular, en relación con las tierras para su reproducción física y cultural. Una vez identificadas, mensuradas y demarcadas, esas tierras deben ser protegidas, si es necesario, hasta con políticas públicas de asistencia para las Poblaciones que las habitan.

Estos dispositivos legales han encontrado, hasta la fecha, una profunda resistencia en sus aplicaciones prácticas. Los segmentos contrarios al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país con frecuencia amenazan con revocarlos. Esto ocurre porque Brasil es un país con enormes desigualdades socioeconómicas, derivadas de un proceso colonial que dejó herencias significativas que aún siglos después impactan los pueblos y poblaciones dominadas, por más que en la Constitución se reconozca como una nación multiétnica y pluricultural. En este sentido, los derechos relacionados con la diversidad son resultado de importantes luchas de las minorías, cuyo protagonismo después de la redemocratización del país, en la década de 1980, ha crecido hasta hoy.

Los artículos presentados en este número de Desacatos tienen como eje analítico dar testimonio de la acometida permanente a la que han sido sometidos los pueblos indígenas y afrodescendientes, o quilombolas, de Brasil, como resultado de la relación colonial establecida desde el siglo XVI y su renovación constante, al reinventarse nuevas formas de opresión en la contemporaneidad, en una dialéctica que parece un patrón de retrocesos sistemáticos. Frente a los avances logrados por las luchas históricas y recientes, los esfuerzos de los agentes opresores, el Estado y los intereses capitalistas se renuevan sin cesar.

Esa opresión se manifiesta de múltiples formas. Una de ellas es la exclusión, no sólo de lo tangible de las relaciones humanas, sino también de las representaciones del lugar social en las narrativas sobre la formación nacional. Así lo documentan João Pacheco de Oliveira y Rita de Cássia Melo Santos en su texto “Repoblar de indígenas la memoria nacional. Relatos biográficos y descolonización”. El colonialismo interno ha creado las historias nacionales como narrativas para poder sostenerse y reproducirse. En toda Latinoamérica, estos relatos contienen una perspectiva étnica y de clase. La historia nacional ha sido escrita a espaldas de los indígenas y contra ellos.

En el acto colonial se crea el colonizado y el colonizador, y se instituyen las relaciones sociales que lo producen y reproducen, y permanecen en la memoria de corta, media y larga duración. La negación de su presencia en la vida nacional es una de las consecuencias de mayor calado de esa relación porque los ha borrado de la historia. Para contribuir a superar esta situación y construir una narrativa nueva sobre la formación nacional de Brasil, se des- plegó una novedosa investigación colaborativa que recupera la memoria indígena en su propia escritura.

Una de las fortalezas del proyecto que Pacheco de Oliveira y Melo Santos presentan en su artículo es la aportación metodológica de la biografía como recurso de indagación para construir microhistorias. La propuesta fue que en conjunto, articuladas, las biografías hicieran visibles a las personas y pueblos antes negados, en una narrativa que tiene la virtud de ser contada, sistematizada, analizada y producida por profesionales y liderazgos indígenas, protagonistas de la historia nacional, una suerte de “etnobiografías” que dan luz a otro capítulo del devenir de Brasil. El artículo concluye con una llamada de atención sobre la relevancia de la memoria indígena como patrimonio nacional que debe ser potenciado, no como memoria muerta, sino como plataforma de lucha y legitimidad. Hoy la presencia indígena en la vida pública es más protagónica que nunca, ocupa espacios de representación pública, como se documenta en las otras contribuciones.

Este trabajo se encuadra en el marco más amplio de una antropología histórica (^{Wolf, 2005}; ^{Oliveira, 1988}; ¹⁹⁹⁸; ¹⁹⁹⁹; ^{Monteiro, 1994}; ^{Lima, 1995}; ^{Bensa, 2006}), cuya finalidad específica es evitar la producción de informaciones y análisis de los indígenas como si sus organizaciones sociales y culturales se desarrollaran aparte de los procesos históricos del Estadonación, en los territorios en los que viven y sufren los efectos de la dominación colonial y poscolonial.

En un análisis de antropología histórica, estas preocupaciones teórico-metodológicas se revelan fundamentales cuando la mirada se dirige hacia los pueblos indígenas del Nordeste de Brasil, impactados en profundidad por el proceso colonial desde los primeros momentos de la Conquista europea. En este sentido, en un célebre artículo, ^{Pacheco de Oliveira (1998)} delinea una etnología de los indígenas de esta región del país e identifica dos procesos que define a partir de la territorialización de los pueblos por los Estados coloniales y poscoloniales en espacios que se transforman en unidades político-administrativas. El primer proceso abarca tres etapas y habría llevado a una mezcla progresiva: en un principio, con la gestión de los jesuitas, en la que familias indígenas procedentes de varios pueblos eran conducidas a esas unidades territoriales; después, con la expulsión de la orden ignaciana de Latinoamérica, en la segunda mitad del siglo XVIII, y la consecuente introducción de una política centrada en el uso obligatorio de la lengua portuguesa y el incentivo a los casamientos entre indígenas, afro-descendientes y blancos denominados “hombres libres pobres”; por último, la extinción de esas unidades político-administrativas en la segunda mitad del siglo XIX por efecto de la Ley de Tierras de 1850. Este primer proceso de territorialización, con una duración aproximada de tres siglos, condujo a la fragilización e invisibilidad extrema de muchos pueblos indígenas de la región nordeste. Apenas uno de ellos, el pueblo fulniô, consiguió conservar, en pleno siglo XX, el uso de su lengua nativa, pues muchos de estos grupos perdieron el uso exclusivo de las tierras y una organización político- territorial y étnica diferenciadora.

El segundo proceso de territorialización parte de las acciones del Estado brasileño, por medio del Servicio de Protección a los Indios. Instituido en 1910, este organismo indigenista permitió una reversión progresiva y creciente de los efectos del proceso anterior. Los pueblos indígenas del Nordeste de Brasil, que hasta la década de 1990 eran considerados extintos o poblaciones residuales en la literatura antropológica, empezaron a ser vistos con ojos analíticos que se acercaron a sus características peculiares a la luz de procesos de etnogénesis y organización político-territorial.¹

Al poner énfasis en estas características, Pacheco de Oliveira considera el proceso de territorialización como un movimiento de doble mano, no sólo como una acción vertical del Estado concentrada en administrar segmentos de la población nacional en unidades político-administrativas hoy llamadas Tierras Indígenas (TI)-, sino también como un momento de transformación de las comunidades indígenas “en una colectividad organizada, formulando una identidad propia, instituyendo mecanismos de toma de decisión y representación, y reestructurando sus formas culturales (incluso las que lo relacionan con el medio ambiente y el universo religioso)” (^{1998: 56}).

En el marco de la atención renovada hacia los pueblos indígenas del Nordeste brasileño por su relevancia en la lucha por el reconocimiento de los derechos étnicos, la manifestación de sus etnicidades, territorialidades y modos de relacionarse con el medio ambiente, y el desarrollo sus peculiares formas de vida y tradiciones de conocimiento, destacan en este número de Desacatos dos artículos dedicados a los potiguara, el pueblo indígena más numeroso de esta región del país.

En general, todos los artículos del dosier retratan los obstáculos a los que se han enfrentado los indígenas de Brasil para materializar los derechos que han conquistado en los últimos años. Un ejemplo claro se expone en un texto dedicado a los potiguara, intitulado “Conflictos socioambientales en áreas de conservación y tierras indígenas en el Nordeste brasileño: racionalidades confrontadas”, de Ivys Medeiros da Costa, Maristela Oliveira de Andrade y Alicia Ferreira Gonçalves.

Las reformas incorporadas a la Constitución federal de 1988 fueron de gran trascendencia, en particular el artículo 231, relativo a las TI, que las reconoce como tradicional y permanentemente habitadas por pueblos indígenas, a los que otorga el usufructo exclusivo. Ese mismo año se hicieron otras reformas, por ejemplo, el principio de desarrollo sustentable en el artículo 225, que crea unidades de conservación y da lugar a políticas públicas de demarcación de territorios indígenas y áreas de protección ambiental. En algunas zonas, estos dos tipos de espacio se superpusieron. En algunos casos, como el de los potiguara que se documenta en el texto, hubo tensiones entre las lógicas de gestión de ambos marcos regulatorios, que se convirtieron en antagónicos.

Brasil fue pionero en la implementación de políticas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que sería tendencia en Latinoamérica en la última década del siglo XX. Los Estados nacionales se reconfiguraron como Estados multiétnicos o pluriculturales mediante reformas en sus cartas constitucionales y reconocieron la integración pluricultural de sus sociedades. Esto dio lugar al reconocimiento de derechos colectivos de distinto calado en los países latinoamericanos, en el contexto de un nuevo constitucionalismo pluralista, con una intención de ruptura con la historia colonial.

Felipe Bandeira Netto ► Niños juegan en la arena antes de que comience el torneo de lucha quilombola en los Juegos de la Identidad Quilombola, organizados por las mismas comunidades como un acto festivo, político, afirmativo y apartidista, que busca enlistar demandas y debatir los problemas que la gente del quilombo sufre a diario. Comunidad Quilombola de Boa Vista, isla de Marajó, Salvaterra, Pará, Brasil, 2019. 

Sin embargo, como ^{Willem Assies, Gemma Van der Haar y André J. Hoekema (2002)} notaron, estas reformas arribaron cuando ocurría también un ajuste estructural y una apertura hacia las democracias liberables. Por un lado, favorecidos por los discursos de apertura democrática y derechos humanos, los pueblos indígenas avanzaron en el reconocimiento, pero, por el otro, se enfrentarían al nuevo modelo de desarrollo que instauró el capitalismo neoliberal y los cambios económicos asociados. Desde entonces, los territorios indígenas han estado en disputa y han sido el escenario de conflictos entre ambos paradigmas, que han entrado en una contradicción permanente.

Para exponer esta relación, Medeiros da Costa, de Oliveira Andrade y Ferreira Gonçalves se enfocaron en la TI Potiguara y documentaron los usos del territorio y formas de relación entre los indígenas y otros actores presentes en el aprovechamiento de los recursos ecosistémicos. Concluyeron que la conflictividad tiene su origen en las lógicas e intereses alrededor del territorio potiguara, pero dada la diversidad interna que le caracteriza, el perfil y los intereses de los usuarios indígenas se inclinan por ambos aprovechamientos. Mientras algunos usan los recursos naturales en actividades consideradas tradicionales para su reproducción física y cultural, otros grupos potiguara se asocian con los grandes emprendimientos capitalistas y el Estado.

Ambas políticas se contradicen en su ejecución Al mismo tiempo que aseguran el usufructo exclusivo del territorio a los indígenas, imponen un plan de manejo que somete las actividades indígenas a la regulación y vigilancia de la agencia ambiental. Esta superposición se ha convertido en un obstáculo para consolidar los derechos asociados a las TI de los potiguara. En realidad, esta tensión es un conflicto de fondo que se produce por la confrontación de proyectos civilizatorios. Los valores del modelo occidental resultan invasivos y dificultan la materialización de los derechos a la TI, reconocidos en el ya distante 1988.

Uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos, que impactó la vida indígena en Brasil en la década de 1970, fue el de la Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, iniciativa de la antigua Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, en el sur del país. La reserva se creó en pleno territorio de ocupación tradicional de los indígenas xokleng, en los márgenes de la TI Ibirama-La Klãnõ, cuyos lí- mites serían modificados para incluir los espacios del parque (^{Mura, Barbosa da Silva y Moreira, 2020}). Debido a esta redefinición de límites por medio del trabajo de la Fundação Nacional do Índio (Funai), a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, el estado de Santa Catarina apeló el proceso de mensura en la justicia federal con el argumento de la tradicionalidad de ocupación de ese territorio. Los indígenas de Santa Catarina han sobrevivido a un proceso de extermino impulsado por las políticas de ocupación de los colonos europeos en el sur de Brasil desde la segunda mitad del siglo XIX.

Este caso fue de los pocos que adquirió relevancia nacional cuando llegó al Superior Tribunal Federal, después de pasar por todas las instancias de la justicia, y dejó de ser un juicio de carácter específico para adquirir el estatus de “repercusión general”. Esto significa que se considera un juicio cuyos resultados definirán el modo de interpretar el artículo 231 de la Constitución de 1988, que define la “tierra tradicionalmente ocupada”. En el juicio, de suma importancia para el destino de los pueblos indígenas de Brasil y para garantizar los derechos sobre sus territorios, se discutió la posibilidad de introducir como criterio general para las mensuras de las TI el denominado marco temporal, que estipula la mensura y demarcación de las tierras que estuvieran ocupadas físicamente por los indígenas el 5 de octubre de 1988, día de promulgación de la Constitución brasileña.

Esa tesis jurídica, apoyada por varios sectores antiindígenas del país, incluso por organismos del Estado, contradice tanto el espíritu de reparación de la deuda histórica con los pueblos indígenas, afectados por políticas coloniales y poscoloniales, como los tratados internacionales sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Tampoco lleva en debida cuenta las características de las territorialidades indígenas y las dinámicas territoriales que promueven, basadas en estilos de vida indígenas, ecologías de los grupos domésticos, cosmovisiones, tradiciones de conocimiento, regímenes de memoria y de relación con el pasado, que definen modos específicos de construir los territorios. La gran mayoría de las veces, esas dinámicas territoriales y sus territorialidades proceden de luchas intensas de los indígenas contra preconceptos y por la autoafirmación.

Sobre estos procesos de afirmación étnica y definición de una territorialidad potiguara se desarrolla la reflexión del artículo de Estêvão Martins Palitot y María Elena Martínez Torres, “Procesos territoriales de los Potiguara de Paraíba, Brasil”. Destaca la revisión del estado del arte sobre el concepto de territorialidad en relación con los ancestros, ponderado como la dimensión cultural de la apropiación histórica del territorio, cuyo origen está en los asentamientos que se remontan al pasado. Se alimenta de narrativas de seres que habitan el territorio y lo sacralizan, mientras las relaciones de parentesco, asociadas a historias de fundación de los más antiguos, han cumplido un papel central en la significación y legitimidad de la apropiación del espacio.

Por otro lado, un nuevo momento en la lucha por la TI Potiguara irrumpió en la década de 1980, alentado por la flama autonómica de los derechos constitucionales ganados en 1988. Esta estrategia política de reocupación de las tierras de los que habían sido despojados ha sido denominada “retomada”. Activistas potiguara participaron en las movilizaciones indígenas para garantizar la conquista de espacios importantes en la demarcación de sus tierras. Recurrieron a la reetnización de sus territorios y recuperaron su relación con lo ancestral por medio de procesos rituales que producen una rica cosmovisión centrada en los sueños, personajes míticos y seres que pueblan los ambientes que habitan, para volver a significar sus territorios como propios.

La segunda categoría a la que se recurre, de acuerdo con la formulación de ^{Pacheco de Oliveira (1998)}, es la territorialización. El Estado se encargó de la delimitación y gestión de los territorios mediante las acciones de la intervención colonial, y después del Estado republicano, que delinearon las políticas de apropiación de la tierra. Se implantó una visión desarrollista, expansiva, de privatización de la tierra, asociada al despojo y ocupación de los territorios habitados tradicionalmente por los indígenas. Así, se considera la territorialización como la acción, en este caso estatal, de producción de territorios regulados.

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, los potiguara han protagonizado la contienda por dar nuevos significados a la territorialización de sus territorios y han producido una territorialidad que se aproxima cada vez más a la que consideran de sus ancestros en sus antiguos asentamientos. En esta lucha por resignificar la territorialización de las TI en Brasil, los jóvenes, muchos de ellos universitarios, tienen un lugar relevante en la confrontación con los intereses económicos, comerciales, colonizadores, industriales, misionales y del Estado y sus instituciones, que quieren imponer su lógica en los territorios. Ahí se produce una disputa por los significados, porque los potiguara se encuentran en procesos masivos de reorganización social y recuperación territorial por medio de las retomadas, que en los hechos, y a partir de la cultura y la cosmovisión, atribuyen a la tierra su carácter de indígena y pugnan por materializarlo y garantizarlo en términos jurídicos.

El artículo “El lugar de los peritajes antropológicos para derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Brasil”, de Alexandra Barbosa da Silva y Patrícia dos Santos Pinheiro, se enfoca en esa batalla en las normas y los tribunales para poner de relieve el papel de los peritajes antropológicos en la consolidación del territorio indígena y afrodescendiente, y para mostrar cómo, hoy más que antes, los profesionales de la antropología comprometidos con esto son vigilados y amedrentados, no se reconocen los resultados de sus investigaciones y se impide de esta forma el re- conocimiento legal de las tierras ocupadas.

Barbosa da Silva y Santos Pinheiro reconocen el cuestionamiento del que suelen ser objeto los peritajes antropológicos por parte del mismo gremio de especialistas o de representantes y líderes indígenas, que los califican como instrumentos coloniales del Estado, espacios de habla de antropólogos o intermediarios para lidiar con las colectividades étnicas, entre otras valoraciones. Sin embargo, en el contexto brasileño y de lucha por la tierra, los informes periciales son recursos puestos a favor de los derechos de los pueblos, que se constituyen en herramientas para intentar contener el despojo.

Felipe Bandeira Netto ► El quilombo de Mangueiras celebra su victoria en los Juegos de la Identidad Quilombola, organizados para conmemorar el Día de la Conciencia Negra. Comunidad Quilombola de Boa Vista, isla de Marajó, Salvaterra, Pará, Brasil, 2019. 

Los peritajes antropológicos son dictámenes o estudios técnicos elaborados a partir del conocimientoantropológico, que en el caso de Brasil han tenido un desarrollo especial y han sido recursos fundamentales para que tanto los pueblos indígenas como las comunidades quilombolas logren la titulación de las tierras a su favor, sobre todo las reconquistadas mediante retomadas. En la actualidad, estos peritajes han entrado en el terreno de la judicialización. Por cambios en la legislación y la Política, se enfrentan a litigantes de los intereses privados y actores económicos poderosos.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la legislación brasileña estableció la responsabilidad del Estado de delimitar y demarcar los territorios étnicos a partir de un proceso administrativo y mediante una estructura amplia de instituciones, entre ellas, la Funai, para los indígenas, y el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) y la Fundação Cultural Palmares, para los quilombolas. Para que el Estado avance en los reconocimientos legales es necesario hacer estudios antropológicos e informes. El objetivo de la indagación es demostrar los vínculos de las comunidades con el territorio y sus formas de ocupación. La Funai y el INCRA son los encargados de los trámites para crear los grupos técnicos legalmente coordinados por profesionales de la antropología, analizar los informes producidos y aprobarlos o no, demarcar los límites del territorio y hacer el registro formal, entre otros.

Hasta 2019 esos procedimientos avanzaron con regularidad, aunque siempre con lentitud. Sin embargo, a partir de 2020 los peritajes no avanzaron más debido a una serie de obstáculos para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades étnicas, en especial el derecho territorial. Además, los terratenientes del agronegocio han cuestionado la legitimidad de los peritajes antropológicos y la especialización técnica de sus autores, y han judicializado el proceso como partes inconformes. Esto incluye denuncias a las antropólogas que trabajan con las comunidades y pueblos, lo que crea un clima de desprestigio para los profesionales, acompañado de intimidación en el terreno. Estos comportamientos no son aislados, al contrario, están legitimados por las acciones estatales, pues el Estado ha dejado de financiar los procedimientos y desde 2015 se observa un proceso virtual de liquidación.

Cada artículo del dosier relata un fragmento de la situación crítica que atraviesa la materialización de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas. El marcador es claro: se relaciona directamente con el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, en enero de 2019. Una de las primeras medidas de su gobierno fue intentar quitarle la responsabilidad de la demarcación de las TI a la Funai y otorgársela al Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lo que mutila los procedimientos para el reconocimiento de los derechos territoriales y apoya la expansión de la agricultura comercial en estos territorios.

Frente a las críticas a estos procedimientos y las protestas significativas de los pueblos indígenas, segmentos de la sociedad civil y el mundo jurídico, la iniciativa tuvo que ser revisada por el gobierno y la Funai sigue atendiendo las demarcaciones. Sin embargo, durante el actual gobierno esta instancia empezó a actuar más con el propósito de dificultar el reconocimiento de los derechos a la tierra indígena, que de promoverlos, como dicta su obligación constitucional. De hecho, el ^{Ministério da Justiça e Segurança Pública y la Funai (2020)} emitieron la instrucción normativa 9, que reconoce sólo las tierras homologadas y registradas, entre otras medidas. Esto ha creado inseguridad jurídica para las que siguen en proceso de reconocimiento, identificación y demarcación. Por otro lado, se han producido documentos que buscan introducir lógicas de identificación étnica externas a las promovidas por los grupos indígenas, lo que contradice los dictámenes del Convenio 169 de la OIT, que garantiza que los pueblos definan sus identidades por sí mismos. En la actual coyuntura política, la instrucción normativa 9 despierta dudas acerca de la existencia y legitimidad de la mayoría de los pueblos indígenas del Nordeste brasileño, entre ellos, los potiguara.

Los pueblos indígenas no esperan de forma pasiva el avasallamiento de los territorios que han reconstituido, acompañados de los seres que lo habitan. Con la fuerza de su memoria, han estado siempre en lucha, antes y ahora. En abril de 2022 salieron de nuevo a la calle para hacer notar su presencia y sus exigencias. Comprenden que no pueden detenerse porque la amenaza es latente y creciente.

No es casualidad que en los últimos años las organizaciones indígenas de todo el país estén más activas que nunca. Destacamos la movilización de la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil en varios niveles de lucha y procesos jurídicos, con el respaldo de grupos de la sociedad civil que defienden los derechos indígenas y quilombolas, y de asociaciones científicas como la Associação Brasileira de Antropologia (ABA), la Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais y la Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. La ABA, en específico, echa raíces en su formación en prácticas indigenistas y mantiene una vocación que le otorga un papel central en el reconocimiento de los Derechos de las minorías. Esta asociación científica, La más antigua del país en la área de humanidades, recibe numerosas solicitudes para elaborar informes periciales y produce reflexiones significativas sobre la situación de indígenas y quilombolas en Brasil.² En ese marco situamos las contribuciones que se presentan en este número de Desacatos.