En este momento resulta oportuno reflexionar en torno a la ciudadanía, dados los desafíos que presenta el nuevo escenario mundial del siglo XXI, signado por el despliegue de la globalización y el avance irremediable de la economía neoliberal, perfilada ya desde los años ochenta como el nuevo modelo económico, político y cultural hegemónico, que ha puesto en cuestión la viabilidad y permanencia de la ciudadanía como estatus jurídico-político y como referente político sustentado en la idea de inclusión. En sí mismas, las coordenadas delineadas por este proceso -desregulación estatal, privatización de bienes públicos, reducción del gasto social, pérdida de derechos ciudadanos- han debilitado de manera tangible las bases normativas, políticas y sociales que medianamente habían dado soporte a la condición ciudadana en los regímenes democráticos del siglo XX. En el seno de este proceso de largo aliento, la idea de ciudadanía también ha sido problematizada y puesta a prueba por distintos fenómenos que, sin ser propiamente nuevos, han cobrado intenso vigor en el arranque del siglo por el que ahora transitamos; me refiero, por ejemplo, a la globalización-urbanización, los flujos migratorios, la diversidad y la informalidad.

La presencia de estos procesos ha socavado algunos de los referentes clásicos de la ciudadanía, entre otros, el anclaje de este estatus en un territorio y en una nación; el vínculo tradicional entre el ciudadano y el Estado-nación; la adscripción a una comunidad política; la vigencia de derechos a partir de la acreditación de una ciudadanía formal, y el imaginario de la ciudadanía sobre el supuesto de una sociedad universal y homogénea. De aquí que hoy sea pertinente reflexionar sobre aquello que tales fenómenos han cuestionado y movido de su sitio en tanto premisas “clásicas” asociadas a la idea hegemónica moderna de ciudadanía: por una parte, la pertenencia -a una comunidad política, una nación, una cultura política y un territorio-, la comunidad política, entendida como unidad político-jurídica estructurada, acotada y sujeta a reglas propias, y la institucionalidad como ámbito de expresión de esta comunidad política; por la otra, el marco en el que esta idea de ciudadanía se acredita, valida y ejerce, principalmente en lo tocante a la territorialidad, en tanto dimensión espacial que establece los márgenes geográficos y jurisdiccionales al tiempo que constituye el lugar tangible en el que la ciudadanía se realiza. A lo anterior se agrega el tema de la universalidad, en tanto cualidad que toca, afecta e involucra al conjunto de individuos en un mismo reconocimiento jurídico-político -con las mismas exigencias, reglas y códigos-, sin distinción de raza, clase, cultura y preferencias sexuales. Cada una de estas premisas ha sido discutida en su especificidad; sin embargo, dado que todas remiten en última instancia al Estado-nación, en tanto entidad que continúa siendo el principal referente formal de la ciudadanía, es claro que éste ha sido también puesto en duda y sometido a debate.

En este marco, la discusión sobre la ciudadanía se plantea al menos en dos dimensiones: la que ocurre en el plano teórico-conceptual, que alude primordialmente al significado -o significados- que esta categoría y este referente condensan en la actualidad, y la que corresponde al ámbito propiamente político, que se coloca de lleno en los desafíos del ejercicio de la condición ciudadana en el complejo entrecruce de los procesos políticos, sociales y culturales que caracterizan a las sociedades del siglo XXI. Esta doble dimensión ha abierto distintas líneas de reflexión y problematización que ponen de relieve algunos de los desafíos más evidentes, en especial en lo que refiere a la ciudadanía realmente existente.

En estas circunstancias, ¿qué significa hoy la ciudadanía?, y más precisamente, ¿qué significa para las personas comunes, para los millones que se mantienen en tránsito permanente de país en país, de ciudad en ciudad, de poblado en poblado, sin arraigo y respaldo legal que los ampare; para aquellos que habitan en las periferias metropolitanas precarizadas e inseguras; para quienes han perdido toda protección laboral y toda certeza sobre el devenir de su supervivencia; para los que viven a salto de mata al sortear cada día la homofobia, el racismo y la violencia intrafamiliar? Interrogarse sobre la ciudadanía hoy tiene mucho sentido, sobre todo si nos referimos a la experiencia real de los individuos, grupos sociales y poblaciones que en las llamadas sociedades democráticas y el mundo democrático se denominan ciudadanos. En la vida cotidiana de estas sociedades, ¿cómo empata la igualdad formal de la ciudadanía con la desigualdad real en pleno ascenso?, ¿cómo se compatibiliza el preciado principio democrático de la libertad con el autoritarismo y la censura, y el lenguaje de los derechos con las crecientes exclusiones?

También tiene sentido si formulamos la pregunta en relación con la entidad estatal y las instituciones oficiales garantes de la condición ciudadana: ¿a quiénes se acredita hoy como ciudadanos?, ¿quiénes tienen acceso a los derechos y quiénes no?, ¿cuál es el horizonte real de la inclusión que avalan los regímenes democráticos, cuyo sustento formal radica en la soberanía popular y la ciudadanía?, ¿estamos ante democracias y ciudadanías vacías?

Pese a estas interrogantes, la ciudadanía permanece como recurso discursivo aglutinador para los Estados-nación -pragmatismo político-; como referente para invocar nuevos estándares acreditables sobre la condición humana en los organismos internacionales -discurso de derechos humanos-, y como referente identitario para numerosos actores sociales que depositan en la ciudadanía sus aspiraciones de pertenencia a una comunidad y ven en el discurso de los derechos la posibilidad de hacer realidad la utopía de ser incluidos. En este sentido, la evocación de la ciudadanía continúa siendo un recurso de expresión, identidad y horizonte de futuro para importantes y muy diversos sujetos políticos y sociales.

Rodrigo González Marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Ciudad de México, 12 de septiembre de 2013.

Por otra parte, como muchos otros términos - pueblo, democracia, sociedad civil, etcétera-, el de ciudadanía ha sido objeto de múltiples interpretaciones y ha sido referido también a variados actores, fenómenos y procesos; de aquí que en distintos momentos y contextos haya sido objeto de intensas polémicas y haya generado incluso cierta confusión. Su contenido conceptual y normativo está lejos de ser unívoco, y por lo tanto, ha dado lugar a una polisemia que lo ha dotado a veces de cierta ambigüedad.

Esto se debe en buena medida a una cualidad particular de este término, el cual, al ser el referente de un estatus jurídico-político en los regímenes democráticos, se inscribe tanto en una dimensión conceptual como en una dimensión inmersa en el ejercicio real de la práctica política, lo que lo ubica simultáneamente en el lenguaje y la reflexión académica y en el discurso político. Este paralelismo con frecuencia da lugar a significados que no siempre coinciden, sino, por el contrario, abonan a la dificultad de definir con claridad sus contenidos.

La versatilidad del concepto tiene que ver también con la transformación de sus significados en el tiempo y la condensación en él de numerosas experiencias político-sociales. Ha experimentado una suerte de desdoblamiento entre una dimensión externa, oficial e institucional, que nombra y define a una entidad de referencia -el ciudadano-, y una dimensión interna, producto de las subjetividades sociales, que se expresa como identidad propia. La dinámica del desdoblamiento da lugar a numerosos usos del término, con cargas políticas e ideológicas muy variadas, que no sólo diversifican sus significados, sino también los ponen en conflicto: la ciudadanía del discurso político liberal -protección jurídica, legal, formal-; la ciudadanía del régimen neoliberal -individuo emprendedor, “autónomo”, consumidor y autosustentable-; la ciudadanía para los organismos internacionales -corresponsabilidad y competencia-; la ciudadanía en el discurso académico -expresión de las prácticas sociales-; la de los ilegales y excluidos -reclamo de inclusión y pertenencia-; la cívica, de los sectores medios -convivencia, civilidad, tolerancia-; entre otras.

Lo que salta a la vista con todo esto es que no existe una versión oficial y universal de la ciudadanía. Difícilmente se puede hablar de una verdad histórica o un deber ser referencial y unívoco sobre el significado y el uso apropiado del término. La hegemonía alcanzada por la visión liberal en los dos últimos siglos ha perdido solvencia y hoy no resulta suficiente para sostener que alguien -una entidad, un sujeto, un discurso, etcétera- detente la propiedad sobre el uso y el significado legítimo de la ciudadanía. En buena medida, es parte del dominio público, dado que su legitimación no depende únicamente del discurso institucional sino también de entidades externas a éste, que al apropiarse y hacer eco del término, enriquecen, modifican y actualizan sus contenidos.

De aquí que exista una permanente disputa por el significado de la ciudadanía y por la validez que se le puede atribuir en la actualidad. Esto es algo que flota en el ambiente, en el día a día, y se pone en juego en las interacciones cotidianas, así como en los grandes procesos de gestión y negociación, en la relación Estado-sociedad dentro de los Estados-nación y en la relación de los individuos y grupos sociales con entidades estatales y supraestatales, como ocurre en el caso emblemático de los migrantes. Con frecuencia, la visión normativa institucional choca con las visiones generadas desde las prácticas sociales, y éstas, a su vez, son sometidas a juicio por el discurso académico.

En este marco, los cuatro trabajos que integran este dosier abonan a la reflexión sobre la ciudadanía y apuntan a su problematización en contextos y marcos analíticos específicos, anclados en la realidad contemporánea. Los cuatro textos se sitúan primordialmente en la dimensión política, más que en la conceptual, y desde distintos ámbitos tocan los muy diversos problemas que enfrenta la condición ciudadana en procesos específicos de la actualidad; en unos casos, en el ámbito internacional/transnacional de la relación entre Estados-nación, como en el artículo de Pablo Yanes sobre los migrantes; en otros, en distintos planos de ciertas realidades internas del ámbito nacional o local, como en los artículos de Sergio Tamayo e Isidro Navarro, sobre México; Andrés Besserer, sobre Estados Unidos de América, y Alejandra Leal Martínez, sobre la Ciudad de México.