Introducción

Argentina es considerada un caso modelo de consolidación de las demandas del movimiento por los derechos humanos (DDHH) entre los países de Latinoamérica. A lo largo de 30 años de democracia, el país adoptó innumerables e imprescindibles políticas de justicia transicional destinadas a juzgar y condenar a los integrantes de las Fuerzas Armadas, responsables de delitos aberrantes y violaciones masivas a los DDHH cometidos durante la dictadura, de 1976 a 1983.¹

Ya en el siglo XXI, estos dispositivos a favor de la promoción de la memoria, la verdad y la justicia produjeron un efecto impensado: la movilización de grupos de militares retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad juzgados por delitos de lesa humanidad, sus camaradas y compañeros de promoción, familiares, periodistas, profesionales del derecho, historiadores e intelectuales, que reivindican la bandera de los DDHH en defensa de los llamados “presos políticos”, una “memoria completa”, una “justicia independiente” y el reconocimiento de “todas las víctimas” del conflictivo pasado nacional. Aglutinados en asociaciones civiles como Justicia y Concordia, Unión de Promociones e Hijos y Nietos de Presos Políticos, implementan un extenso repertorio de movilización con el cual reivindican la consigna “Verdad, memoria y justicia” creada por el movimiento por los DDHH.²

Quienes impugnan los juicios seguidos en su contra por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la última dictadura militar hacen visibles sus demandas por medio de la publicación periódica de cartas de lectores que envían al diario La Nación. Este espacio importa, pues mientras los blogs, páginas web, programas de radio, perfiles de Facebook y periódicos en línea limitan su alcance al círculo estrecho de quienes adhieren a la causa, las páginas del diario constituyen un escenario privilegiado por su alcance masivo y la posibilidad de convertir a sus lectores en testigos auténticos de pretendidas injusticias y quiebres del Estado de derecho. Estos materiales, a primera vista triviales y efímeros, evidencian su importancia si consideramos que por medio de la escritura permanente de cartas los lectores exponen su testimonio y reivindican su posición sobre el pasado reciente.³

Escritas desde los primeros días de la democracia y a lo largo de 35 años, la perdurabilidad de esta estrategia revela su importancia porque mientras los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado gozan de legitimidad en el espacio público, el testimonio público de estos sectores castrenses o afines a la causa de los militares ha sido impugnado y condenado. Las Fuerzas Armadas han rechazado sus demandas⁴ y ninguna comisión de verdad se creó para investigar las muertes de civiles y militares a manos de la guerrilla, porque sus crímenes se consideran prescritos por la ley penal ordinaria.⁵ La memoria emblemática del pasado reciente no los incluye porque prescinde de la violencia política previa al golpe de 1976 (^{Vezzetti, 2002: 28}).

La movilización a favor de estos “presos políticos” y “víctimas del terrorismo” en nombre de los DDHH plantea desafíos políticos indudables para la sociedad argentina y representa un auténtico reto académico: ¿cómo dar sentido a estas prácticas desde un punto de vista sociológico? ¿Qué significados nuevos adquieren las demandas de memoria, DDHH y justicia cuando se activan para reivindicar a quienes ejecutaron el exterminio masivo de personas? ¿Qué implicaciones tienen la apropiación del lenguaje y las formas de reivindicación propias del movimiento por los DDHH en la defensa de los responsables del terrorismo de Estado?

En este trabajo se analizan las cartas de los lectores del diario La Nación con el propósito de explicar los reclamos, la retórica que utilizan para reivindicar a las “víctimas” y los “presos políticos”, y los recursos de los que se valen para engrandecer la causa, con la expectativa de hacer que amplios sectores de la sociedad se identifiquen con ella. Si la literatura especializada ha tratado en gran medida el significado del testimonio en el caso de las víctimas del terrorismo de Estado (^{Sutton, 2018}; ^{Calveiro, 1998}), aquí indagamos sobre el uso político del testimonio para visibilizar las demandas del sector castrense y reflexionar sobre el lugar y significado de estas cartas en la construcción de un testimonio que disputa su legitimidad con el movimiento por los DDHH.

Se trata del testimonio de actores poco estudiados por la academia. El trabajo pionero de ^{Valentina Salvi (2012)} describe los contornos de esta causa y las condiciones que hicieron posible el giro hacia la memoria y la producción de la figura de la víctima. Otros trabajos hablan de la formación militar y su importancia en la construcción de los valores de la fuerza (^{Badaró, 2009}), el surgimiento de una vocación militar (^{Soprano, 2013}) y los dilemas de su incorporación a la vida en democracia (^{Frederic, 2013}). Trabajos más recientes examinan las experiencias de las familias de militares durante y después de la dictadura (^{Natale, 2018}; ^{Stockwell, 2014}), el activismo de familiares de militares luego de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad (^{Fioravanti, 2018}), el testimonio de los militares en el marco de las causas judiciales que se siguen en su contra (^{Frederic, 2017}) y la situación de los militares que cumplen condena (^{Ojeda, 2015}).

Nuestro análisis se apoya en esta literatura para mostrar en específico la construcción pública del testimonio en tanto performance político centrado en las figuras de la víctima y el preso político, que hace uso de las emociones y sentimientos que éstas suscitan como uno de sus recursos privilegiados. La importancia de trabajar con las cartas reside en la posibilidad de presentar el uso específico del testimonio escrito en un medio de comunicación de circulación nacional para llevar adelante un trabajo político que aspira a reconfigurar el sentido de las categorías consagradas memoria, verdad y justicia, y crear políticas en correspondencia con su visión del mundo.

Si estas cartas se publican desde 1984, analizamos un corpus de 204, escritas por lectores y publicadas en el diario La Nación durante los años 2002, 2003, 2014, 2015, 2016 y 2017, que incluye la totalidad de las cartas publicadas en 2003 y 2017, y una selección de los años restantes,⁶ referidas al pasado reciente y las políticas actuales de DDHH. Se identificaron los datos sociográficos de los autores -sexo, edad, grado militar-, el tipo de presentación de sí -preso político, familiar, camarada, víctima del terrorismo-, el tipo de interlocutor -jueces, gente, camaradas- y la frecuencia de su aparición. La retórica, las categorías utilizadas y su contenido interno se organizaron en una serie de temas recurrentes: memoria, víctimas, presos políticos y DDHH, e institución de nuevos emblemas sobre el pasado reciente.⁷ Como se verá en el análisis, la revisión del pasado implica la inclusión del periodo anterior al golpe de 1976, un desplazamiento temporal crucial a la hora de mostrar: a) que “la subversión” comenzó la violencia en 1969, y b) que la responsabilidad de la represión recae en el gobierno peronista anterior, que ordenó a las Fuerzas Armadas “aniquilar a la subversión” en 1975.⁸ También se examinó un conjunto de solicitadas y recordatorios, aniversarios, homenajes e invitaciones incluidas en la sección de “Notas sociales”.

Los periodos privilegiados, los años 2003 y 2017, corresponden a momentos de cambios institucionales clave para este universo de actores. En 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia y se eliminan las barreras legales que impedían el juicio de los responsables de las violaciones a los DDHH, al mismo tiempo que se implementa un conjunto amplio de políticas de Estado en materia de DDHH. Las cartas son una respuesta a esta coyuntura jurídica y política. En 2017, las cartas reclaman al entonces presidente Mauricio Macri (2015) el cumplimiento de sus promesas de poner fin a las políticas de DDHH del gobierno anterior.

Las cartas de los lectores han sido un objeto poco explorado en la academia. La literatura especializada es escasa y se ha concentrado en la relación entre los lectores, los medios de comunicación y la construcción de una esfera pública (^{Harzimont, 2004}; ^{Widart y Antoine, 2004}). El enfoque que adoptamos aquí pone énfasis en la dimensión testimonial y performativa de estas cartas, al considerar a los medios de prensa como agentes especializados de la representación política (^{Gaxie, 1978}) y la publicación de cartas como un recurso que hace existir socialmente el agravio, la injuria y el dolor, al nombrarlos ante la opinión pública. Nos interesa comprender la construcción de un testimonio público que se pretende legítimo, y al hacerlo, construir una causa colectiva y un colectivo de actores que se reconoce en esa causa (^{Boltanski, Darré y Schiltz, 1984}). Las cartas exhiben las formas de participación y expresión de competencias políticas que se exponen al juicio de la opinión pública una vez que son incluidas en un medio de circulación nacional (^{Hubé, 2008}).

Buscamos comprender el trabajo de construcción de estos testimonios al interrogarnos sobre el lugar de las figuras de testigo-lector y testigosobreviviente directo de los hechos y el tipo de retórica escogida en tanto “se trata de la narración de la experiencia individual y/o colectiva del evento traumático, que integra también a quien lo escucha, quien se convierte, quiera o no, en testigo del suceso” (^{De Marinis, 2017: 18}). A diferencia de la abundante literatura sobre testimonios de grupos oprimidos y subalternos, aquí analizamos la construcción de testimonios que carecen de legitimidad, producidos por actores y grupos que ocuparon una posición dominante en la vida nacional, que expresan sentimientos de dolor ante la pérdida de vidas en manos de las organizaciones armadas de la izquierda en la década de 1970 y el sufrimiento por las condenas recibidas, que consideran injustas.

El análisis de estos testimonios es una tarea delicada porque requiere un distanciamiento difícil de lograr, si se tiene en cuenta el dolor que atraviesan las víctimas de la dictadura y sus familiares, que en algunos casos aún esperan justicia y reparación. En palabras de Cynthia Sarti, se trata de “pensar lo impensable” (2014: 80): comprender los recursos que se utilizan para intentar instituir a los victimarios como víctimas y tornar socialmente aceptable el punto de vista expresado en estos testimonios.

La intención de comprender las lógicas de estos actores y su modo de desplegar argumentos y construir su causa pública no significa justificarlos ni adscribirse a ellos o querer dar voz a sus reivindicaciones. Gran parte de los argumentos analizados niegan o relativizan los crímenes cometidos por el Estado durante la última dictadura cívico-militar, una posición que se encuentra en las antípodas de nuestras convicciones ciudadanas. Sin embargo, esto no imposibilita ni invalida la producción de un saber sobre estos actores y sus reivindicaciones, ya que:

Pensar que buscar […] las condiciones de posibilidad de un fenómeno equivalen a excusar, en el sentido de disculpar o absolver a los individuos, es el resultado de una confusión de perspectivas. El hecho de entender pertenece al ámbito del conocimiento. Juzgar y sancionar son propios de la acción normativa. Afirmar que entender desresponsabiliza […] es reducir indebidamente la ciencia al derecho (^{Lahire, 2017: 16}).

“Señor director”

La sección “De los lectores. Cartas y mails” ocupa un espacio destacado en el diario, entre las notas editoriales -su voz oficial- y las de opinión, publicadas con autoría. Las cartas son producidas por el diario: se exige la identificación de su autor como condición que autoriza el intercambio de ideas y se interviene en la dinámica de su publicación (^{Amey, 2002}). Su selección aspira a representar la cantidad de cartas recibidas sobre un mismo tema en coyunturas específicas y balancear los intereses del diario.⁹

Si la sección aspira a consolidar un espacio de discusión sobre temas clave para la sociedad (^{Amey, 2002}; ^{Hubé, 2008: 108}), esto no se verifica en las cartas que se refieren a la dictadura. Al contrario, revelan un punto de vista exclusivo: de las 83 cartas publicadas durante 2003, sólo cuatro expresan un punto de vista afín al del movimiento por los DDHH.

Dar cabida al testimonio de protagonistas de aquellos años devino en una actividad central de los editores del diario y las cartas ocupan un lugar primordial para el éxito de la empresa que llevan adelante estos activistas. A medida que se profundizaron las políticas en materia de DDHH, el diario abandonó de manera progresiva su pretensión de erguirse como una “tribuna de doctrina”¹⁰ para actuar como una suerte de puesto de combate a favor del sector que representan las Fuerzas Armadas y sus grupos afines. Como señala Ricardo Sidicaro en relación con otros momentos de la historia, “el diario perdió su capacidad de actuar pedagógicamente presentando una doctrina con valor universal para instituirse en una caja de resonancia de reclamos corporativos” (1997: 87).

El compromiso de dar lugar a los testimonios de quienes se adhieren a una visión del terrorismo de Estado como guerra antisubversiva y señalan las políticas de DDHH como formas de persecución contra las Fuerzas Armadas se hace evidente en el contenido de las notas editoriales, que incluyen muchas de estas reivindicaciones, pero también en: a) la sistematicidad con la que estas cartas se publican -casi una o más, a diario-; b) su extensión, pues muchas exceden con creces los límites establecidos, y c) la selección de su contenido. En la lectura del diario se manifiesta la alternancia entre lectores que publican cartas y son autores de notas que llevan su firma, y la correspondencia entre la publicación de una carta, una nota periodística y un recordatorio sobre el mismo asunto el mismo día, lo que exhibe las homologías entre los lectores y los periodistas del diario, que no necesitan ponerse de acuerdo de manera explícita para que esas coincidencias ocurran de hecho.

La publicación de cartas que exponen un punto de vista único sobre el pasado contribuye a homogeneizar las ideas de sus lectores y ofrece una matriz de inteligibilidad sobre la década de 1970 y las políticas adoptadas para gestionar sus dolorosas consecuencias. Al reunir a sus lectores en la lectura y escritura cotidiana, La Nación hace existir una “comunidad imaginada de lectores” que se afirma en sus convicciones políticas y valores morales (^{Amey, 2002}), y ayuda a sensibilizar a los individuos para que emprendan acciones colectivas (^{Sidicaro, 1993: 8}), como se manifiesta en una carta de 2003 que pide a los lectores, como “obligación patriótica”, que voten por “el mal menor” en el ballotage entre los candidatos a la presidencia, Carlos Menem y Néstor Kirchner:

Todo indica que, tras la próxima elección, y más allá de nuestras preferencias, de ganar Néstor Kirchner iremos directamente a un punto en el cual el desencuentro de los argentinos se ahondará profundamente. Sería difícil […] soportar un gobierno ejercido en gran medida por un sector de los enemigos de ayer que nunca aceptaron el fin del enfrentamiento […]. En el país subsisten procesos judiciales abiertos en los cuales se encuentran arbitrariamente detenidos miembros de las FF. AA. [Fuerzas Armadas]. Menem nos asegura la vigencia de la libertad, la recuperación del orden y la seguridad personal (“El mal menor”, 2003).¹¹

La exposición de un único punto de vista justifica el tratamiento de estos materiales como testimonio público de una visión del mundo compartida por lectores y editores. Al dar voz a un conjunto de actores que ocupa una posición dominada en el espacio público, en el que no se reconoce a las víctimas del terrorismo ni el estatus de presos políticos de los militares condenados o una memoria completa de la década de 1970, el diario, como actor político dotado de una posición dominante en el campo del periodismo, contribuye de manera decisiva a hacer existir a estos actores, y con ellos, a su propia causa, en el espacio público.

“La guerra contra la subversión”: el testimonio de sus protagonistas

Los lectores usan las cartas para expresar su fidelidad al diario, identificarse con él o discutir sus editoriales. En este diálogo introducen su propia agenda al modelar los estilos enunciativos y estrategias de presentación, y escribir cartas de apoyo y solidaridad hacia otros lectores. Al analizar los atributos sociográficos de los autores, se advierte que hay distinciones dentro de esta comunidad imaginada: en las cartas publicadas en 2003 se percibe la preponderancia de varones que hoy tienen más de 80 años de edad. En las misivas publicadas en 2017 se impone una novedad: la presencia de una segunda generación, nacida en democracia, que no fue protagonista directa de los sucesos de la década de 1970 pero que se relaciona con el pasado reciente en función de sus vínculos de parentesco con muchos de sus protagonistas.

En todos los autores de las cartas se constata que la propensión a tomar la palabra es proporcional al “sentimiento de tener derecho a la palabra” (^{Bourdieu, 1979: 480}; ^{Gaxie, 1978}), en particular en los casos de militares retirados de la fuerza antes de la dictadura, que se colocan en el doble registro de conocer desde adentro el universo militar pero no haber formado parte de la “guerra contra la subversión”, una condición que incentiva su reconocimiento público como actores que estarían dotados de una visión imparcial y desinteresada de los hechos.

El sentimiento de tener derecho a la palabra llega al extremo en el caso de quienes están presos hoy, condición que lejos de dificultar la publicación de sus cartas o minar su prestigio personal, los enaltece. En las cartas se usa con profusión la adjetivación para exponer sus cualidades. Se les nombra “héroes de las gloriosas Fuerzas Armadas que defendieron a la patria del avance terrorista”, “personas con un claro sentimiento del deber”, hoy “víctimas de los jueces federales”, “chivos expiatorios con menos derechos que el peor de los delincuentes” (“Chivos expiatorios”, 2017).

La significación de la palabra hecha pública y sus implicaciones se muestran con contundencia en el caso del capitán retirado Federico Cornejo Castellanos, amonestado por el presidente Kirchner con 15 días de arresto luego de la publicación de su carta (“Discurso y Bonafini”, 2003). A ésta le sucedieron otras que reivindicaban su “valiente” acción. Este diálogo epistolar llegó a su cúspide 12 días después, con la publicación de una carta firmada por 100 brigadieres retirados. La escena muestra que la puja de poder entre sectores castrenses y el poder ejecutivo tuvo como uno de sus escenarios privilegiados la sección de cartas de lectores del diario.

El testimonio de “las víctimas olvidadas”

Al presentarse en público, los autores de las cartas apelan a varios recursos para fundar una posición de autoridad. Entre ellos, ocupa un lugar importante la condición de “víctima del terrorismo”, “familiar” o “sobreviviente” de “atentados subversivos”. Su testimonio en primera persona reconstruye los detalles del hecho que justifica esta condición, al mismo tiempo que aspira a producir una perspectiva alternativa sobre el pasado reciente y un relato compasivo sobre estas víctimas y sus familiares. En las cartas, la muerte es narrada por los testigos como una experiencia fáctica y descarnada, y se destaca el dramatismo de hechos que se consideran olvidados por el relato oficial actual: “mi padre fue secuestrado, herido de dos balazos y luego de una semana de tormentos fue ejecutado en un baldío […] en plena vigencia de un gobierno constitucional” (“Víctimas olvidadas”, 2011).

La intensidad del testimonio irrumpe al eliminar las fronteras entre lo político y lo privado, la experiencia personal de haber sufrido un atentado o perder un familiar se entrelaza con la construcción de un relato sobre la historia nacional:

Él no pudo estar en los momentos difíciles de mi vida, cuando más lo necesitaba […]. Al ver a Macri y Obama en el Parque de la Memoria¹² […] sin hacer mención alguna a los miles de personas que han sido asesinadas, heridas y secuestradas por grupos terroristas, siento que se reabre un profundo dolor (“Derecho a la verdad”, 2016).

La apelación a los lazos filiales y de parentesco, tanto como a los sentimientos que unen a las víctimas con sus familiares, se entretejen con una reivindicación moral de la víctima y una exaltación de sus cualidades: los familiares las hacen existir como víctimas al mismo tiempo que se esfuerzan por dotarlas de cualidades positivas: “hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de mi padre […], ingeniero recibido con uno de los mejores promedios” (“Cerremos la herida”, 2016).

Muchas cartas apelan a una construcción heroica de estas víctimas y rescatan su sacrificio por sus camaradas y la patria. Su reivindicación tiene un carácter genérico, incluso se han elaborado nóminas de caídos y de víctimas y se han cuantificado los casos. También se apela a un relato que instituye a la víctima como un caso único, pero modelo, un testimonio de vida que rescata moralmente a sus familiares y la restituye a la escena pública como un ser querido y honorable: “Mi padre, capitán […], murió en el enfrentamiento armado […] en manos del grupo terrorista ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo], dio su propia vida al ir en rescate de su compañero, Rodolfo Ritchter, quien se encontraba gravemente herido en el suelo. Yo tenía tan sólo siete meses cuando esto ocurrió. Nunca lo llegué a conocer” (“Derecho a la verdad”, 2016).

Las cartas son la ocasión para denunciar, a su vez, una jerarquía moral entendida como injusta, que instituye sólo a unas víctimas como legítimas. Así lo expresa la hija de un militar asesinado por el ERP: “curioso país éste en donde existen categorías de víctimas: víctimas buenas y malas. Víctimas de primera y de segunda. Víctimas premeditadamente olvidadas por la historia oficial” (“Derechos humanos”, 2014). Quien se identifica como sobreviviente de un atentado terrorista testimonia su dolor: “en la Argentina somos muchos los que hemos sufrido, no solamente el sector ideológico que representa el señor presidente [Kirchner]” (“Viejas heridas”, 2003).

Las cartas ponen en evidencia el lugar privilegiado que ocupa el testimonio de los hijos que perdieron temprano a sus padres, así como el lugar de los militares muertos antes del golpe de Estado de 1976, en tanto víctimas. Se evoca la doble figura del testigo y la víctima inocente como vía recurrente para la construcción de una posición que aspira a ser reconocida como legítima. Quien se identifica como hijo de un militar afirma: “[mi padre] fue secuestrado, torturado y luego ejecutado, como muchos otros argentinos que sufrieron la agresión terrorista” (“Respuesta”, 2003). Otro hijo denuncia: “un día se encargaron de matarlo, como a una rata, en la puerta de nuestra casa cuando salía temprano al trabajo” (“Cerremos la herida”, 2016). La adopción de la posición de testigo, víctima y sobreviviente tiende a engrandecer el caso porque cada uno remite a otros que, en su conjunto, conforman una causa colectiva (^{Boltanski, Darré y Schiltz, 1984: 22}).

La exaltación de estas figuras se comprende como parte de un inmenso esfuerzo colectivo orientado a habilitar una reivindicación de las Fuerzas Armadas, ampliamente condenadas por su actuación durante la dictadura, ya que estas trayectorias no estarían manchadas con la sangre de los desaparecidos. Lo mismo ocurre con las víctimas civiles, en especial los niños, que pueden ser reivindicados como víctimas “puras”, como María Cristina, hija del comandante Humberto Antonio Viola, muerta a los tres años de edad, con su padre, en un asalto comandado por grupos revolucionarios en 1974, y de Paula, hija del almirante Armando Lambruschini, que tenía 15 años en 1978, cuando explotó una bomba en su casa.

El testimonio de “los presos políticos”

Hoy en nuestro país existen unos 2 000 militares, policías, gendarmes y civiles presos a los que la Justicia les niega en forma sistemática una defensa justa. Los llamo presos políticos porque su detención viola el artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Les aplican en forma inconstitucional la retroactividad de la ley. Los llamo presos políticos porque la responsabilidad de los imputados debe ser demostrada con pruebas, cosa que no sucede, y se apela a la asociación ilícita o a la frase “algo deberían saber” para condenarlos, quitándoles el derecho a la inocencia hasta que se demuestre lo contrario […]. Los llamo así ya que a pesar de tener muchos de ellos más de 70 años, no tener condena firme y en algunos casos padecer enfermedades terminales, se les niega la prisión domiciliaria (“Presos políticos”, 2015c).

La publicación de las cartas escritas por los propios militares que cumplen condena permite pasar de un interés percibido como particular y privado a una causa colectiva que reivindica intereses comunes, en los que todos pueden reconocerse. La cristalización de esta comunidad de intereses se evidencia en este testimonio público:

Mi detención no fue un caso aislado, al mismo tiempo fueron encarcelados varios militares, policías y civiles, como parte de otra ofensiva de la izquierda violenta y cerril […]. La prisión, como la muerte o las heridas en combate, son contingencias que el soldado tiene asumidas […], seguiré luchando desde esta nueva trinchera […]. Mi orgullo está intacto, incólume, fortalecido por la adversidad, como lo está el de mis camaradas de todas las fuerzas de defensa y seguridad y amigos civiles presos y sus familias, unidos en el recuerdo de las miles de víctimas del terrorismo en la década de los 70, los 649 caídos en la Guerra del Atlántico Sur y los más de 450 ya muertos en injusto cautiverio (“Soy otro preso político”, 2017).¹³

Las cartas dan testimonio de la situación de detención y los motivos por los cuales entienden que son condenados, y exponen una ética compartida que expresa el modo en el que perciben su cautiverio. La apelación a la camaradería y la utilización de un lenguaje castrense se incorporan como explicación de la situación actual que los lleva a equiparar la cárcel con una trinchera y asumir la prisión como un acto de solidaridad con sus camaradas: “estoicamente nos encontramos desde hace muchos años viviendo privados de nuestra libertad […]. Deseo aclarar que, pudiendo estar en prisión domiciliaria, preferí quedarme a compartir la cárcel con mis subalternos. No soy ejemplo de nada, simplemente creo que es obligación de todo soldado” (“Presos políticos”, 2015b).

Las cartas también son soporte para hacer denuncias sobre sus condiciones de detención e inscribir sus reivindicaciones dentro del plexo normativo de los DDHH: “el que suscribe, de 74 años, preso político, inicia una huelga de hambre […]. Se comete un crimen de Estado por no proteger ni garantizar los derechos humanos de los prisioneros, sólo por odio y venganza del gobierno pasado” (“Huelga de hambre”, 2016).

El relato de los detenidos apela al humanitarismo y la compasión con descripciones tanto de lo que consideran arbitrariedades en sus detenciones, como “ensañamiento” contra los que superan los 70 años de edad. La mención de los pormenores del sufrimiento padecido por el cuerpo actúa como prueba de verdad ante los lectores-testigos. Se apela de manera reiterada a los sentimientos humanitarios con la aspiración de que sus demandas sean reconocidas por una comunidad más amplia: “duele la indiferencia hacia los desprotegidos, la falta de verdaderos derechos humanos y justicia. Estoy viendo cómo mueren a diario nuestros presos políticos como si fueran delincuentes” (“Presos políticos”, 2015a).¹⁴

Esta denuncia tiene su expresión límite y dramática en las huelgas de hambre, cuando el propio cuerpo testimonia el sufrimiento vivido por este colectivo de actores. Se trata de una acción que integra el repertorio clásico de movilización de los presos políticos, cuando lo que está en juego es una lucha por el reconocimiento de su estatus y no se dispone de otro recurso más que el propio cuerpo para existir públicamente (^{Siméant, 2009}).

Las cartas de los lectores sirven para dar testimonio del dramatismo de esta situación, hacer visibles los recursos que implementan en el espacio cerrado de la cárcel e interpelar a los poderes públicos al apelar a una sensibilidad humanitaria. En la carta de la hija de un coronel condenado se expresa: “presidente Macri, hay más de dos mil militares presos sin juicio, sin sentencia, tratados de manera inhumana que creyeron en usted […], yo lo voté […]. Sólo le pido que no siga mirando con el ojo izquierdo” (“Militares presos”, 2017).

Engrandecer la causa: “los terrorismos”

Las cartas también hacen referencia a hechos de la actualidad que se convierten en escenas destacadas a la hora de engrandecer el propio caso, en una mecánica recurrente: el hecho del presente, cuyo valor se presupone ampliamente consensuado, suele utilizarse como soporte para sus propias reivindicaciones y se le remite a un hecho controversial del pasado: “es un espanto lo que pasó en Manchester.¹⁵ Todos repudiamos actos terroristas como éste […]. Lo curioso es que en la Argentina hubo muchos de estos atentados en la década del 70, y parecería que a muy pocos […] se les mueve un pelo” (“Justicia para todos”, 2017).

Si bien en Argentina existe consenso en clasificar como terroristas hechos como los atentados del 11S¹⁶ o el de Manchester, no ocurre lo mismo en relación con las acciones armadas de la izquierda revolucionaria durante la década de 1970. Mediante la comparación se intenta dotar de legitimidad a una caracterización negativa sobre las acciones de las organizaciones políticas de esos años: “si la masacre de Manchester hubiera ocurrido en la Argentina entre 1973 y 1975, el suicida asesino sería recordado, más de 40 años después, como un héroe, un valiente combatiente integrante de una juventud maravillosa dispuesta a inmolarse por sus ideales y por un mundo mejor” (“Manchester argentino”, 2017).¹⁷

La dinámica de los relatos suele cobrar un matiz pedagógico con el propósito de generar una mayor adhesión a la causa que reivindican.

Representar la causa: las firmas colectivas

Si bien predominan las cartas firmadas a título personal, en otras la firma aparece acompañada por el cargo o función de su autor. Esto se registra en 25% de las cartas publicadas en 2003 y en 16% de las publicadas en 2017. Predominan los lectores que se presentan como militares retirados, representantes de asociaciones civiles o que añaden un título a su nombre, como diputado nacional, abogado, director de instituto, arzobispo, profesor universitario, director de revista, etc. Este tipo de firmas aspira a conferir credibilidad e instituir a su autor en lo alto de una escala de prestigio al exhibir las relaciones de fuerza entre los lectores del diario. Al mencionar su estatus socioprofesional o sus títulos, el autor busca trascender la idea de que la carta expresa su punto de vista personal, sino que se refiere a una comunidad mayor.

Este tipo de firma sugiere la presencia de una delegación de la opinión más influyente que sólo el signatario de la carta y aspira a ejercer más poder de coerción social (^{Harzimont, 2004: 8}), como se expone de manera magistral en la carta publicada dos meses después de que Kirchner asumiera la presidencia. Firmada como el “Grupo de Brigadieres Retirados” y titulada “Brigadieres piden ‘signos de sensatez’”, llevaba la firma de 100 militares que se manifestaban contra la inminente apertura de los juicios contra sus camaradas (La Nación, 2003). Además de lo expresivo del número, importa también la autoridad de los nombres que encabezan la carta: militares retirados antes del golpe de 1976, que no tienen acusaciones por delitos de lesa humanidad. Este ejercicio colectivo en el que se exhorta a “superar ese ayer” responde a la exigencia de convertir los juicios individuales contra integrantes retirados de las fuerzas armadas en una causa pública colectiva. Una forma inequívoca de hacer de la escritura un acto político.

Producir emblemas del pasado reciente

Los diarios son empresas de representación política (^{Gaxie, 1978}). El ritual de su lectura implica “adquirir una matriz de decodificación de los hechos sociales que organiza el conocimiento sobre una realidad que al mismo tiempo construye” (^{Sidicaro, 1993: 7}). Si en el campo político decir es hacer (^{Bourdieu, 1981: 185}), las cartas no son apenas una descripción de hechos, sino que devienen verdaderos actos performativos que aspiran a crear la realidad que describen, y con ello hacer existir al grupo que la enuncia. Esta batalla por instituir otra forma de representar el pasado reciente se apoya en la posición autorizada del diario dentro del campo periodístico, y de manera paradójica, en la legitimidad del movimiento por los DDHH en el campo político.

Al reivindicar una “memoria completa”, las cartas contribuyen a instituir una periodización alternativa a la historia oficial actual, considerada sesgada, incompleta y mentirosa. En este contexto, la fecha emblemática del 24 de marzo, aniversario del golpe, que integra el calendario oficial de conmemoraciones, es calificada como “el día oficial de la memoria parcial”: “en este 24 de marzo elijo acordarme de las víctimas del terrorismo […]. Elijo acordarme de los miembros de las fuerzas de seguridad que lo combatieron y que murieron en prisión, y también de los que hoy, vivos, están injustamente presos” (“Yo elijo”, 2017).

Si el movimiento por los DDHH logró hacer que se reconociera un conjunto de formas de recordar el pasado y homenajear a sus víctimas, las cartas impugnan esta memoria para proponer otras fechas de conmemoración e impulsar otros principios de visión sobre el pasado reciente: “nuestros legisladores realizarían una gran contribución a la verdad, la pacificación y la concordia si se instituyera un Día de las víctimas del terrorismo. Y qué mejor que el 12 de marzo, para que en nuestra memoria colectiva siempre recordemos […] a la primera víctima: Guillermina Cabrera, una niña de tres años” (“La primera víctima”, 2017).

Esta operación memorial instituye un calendario conmemorativo alternativo en el que las cartas publicadas en los aniversarios de las víctimas del terrorismo ocupan un lugar clave. Desde 1984 y a lo largo de 34 años, se han publicado cartas en memoria de Argentino del Valle Larrabure, recordado como un “soldado mártir” por haber sido ejecutado durante un gobierno democrático: “se lo torturó durante largos 372 días. Su cárcel fue un estrecho pozo […] donde no llegaba la luz. Una verdadera cueva convertida en sepultura” (“Coronel Larrabure”, 2003). Por medio de la reiteración,¹⁸ estas misivas se instituyen como un ritual conmemorativo, como tributos y homenajes públicos a las víctimas del terrorismo y ocasiones para exaltar la necesidad de redoblar el compromiso con la causa.

En este ejercicio de memoria se instituye también un conjunto de víctimas modelo, figuras olvidadas en el relato hegemónico sobre el pasado reciente, que se consideran merecedoras de reconocimiento público: “dada la forma sesgada como se relata nuestra historia reciente y pasada, considero que para llegar a la ‘verdad’ y a la ‘justicia’, la ‘memoria’ debería ser completa y […] no debería prescindir de la realidad y olvidar que desde 1969 se produjeron en el país numerosos actos terroristas” (“Memoria completa”, 2014).

Esta carta continúa con la enumeración de las víctimas, entre ellas, las hijas de Viola y Lambruschini. Así se construyen nóminas alternativas de víctimas que hacen de ellas verdaderos estandartes en el combate contra la injusta jerarquía moral que las mantiene en el olvido. Estas nóminas y aniversarios se convierten en emblemas de un modo de representar el pasado. Éste es el sentido de la carta de Ana Lambruschini, publicada en el 25 aniversario de la muerte de su hermana Paula, en la que exalta la inmensidad del dolor padecido por una familia que reúne en su seno a una víctima del terrorismo y un preso político, e incita al lector a adherirse a esta perspectiva a partir de la compasión del relato:

En esa guerra mi padre sufrió la pérdida de una hija […]. Fue enjuiciado por jueces que no eran los suyos, condenado y destituido,¹⁹ y más de quince años después, ya cumplida su condena, debe repetir la misma historia que ya tuvo que soportar antes. ¿De qué derechos humanos se habla? ¿De los derechos de los terroristas que asesinaron a mi hermana Paula? Todos están libres y sin cuestionamiento alguno. ¿Qué derechos tenía Paula que, como tantísimas otras víctimas, parece haber muerto en vano? (“Mi hermana Paula”, 2003).

Los lectores también participan en el diario con la publicación de recordatorios y solicitadas. Una de éstas representa la condensación del trabajo colectivo que persigue el objetivo de reivindicar a las víctimas olvidadas del relato oficial: la composición de una nómina de víctimas, la publicación de fotos a modo de pruebas de una verdad no reconocida en el espacio judicial, el uso de expresiones emblemáticas del movimiento de DDHH, como el “nunca más” utilizado en el nombre de la Asociación, y la reiteración de sus demandas más representativas: la verdad y la memoria “completas” (véase la figura 1).

Figura 1: Solicitada publicada en la versión impresa de ^{La Nación, 1 de junio de 2006}. 

Esta solicitada sirve de homenaje e instituye una nómina ejemplar de víctimas, en su mayoría militares muertos durante gobiernos democráticos o civiles muertos en la dictadura. Las nóminas actuales incluyen a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad que fallecieron durante su detención, víctimas con las que todos los lectores podrían identificarse por su inocencia pasada o su vulnerabilidad en el presente.

Si las asociaciones de familiares de desaparecidos publicaron durante décadas una pequeña efeméride con una foto y un mensaje de recuerdo del desaparecido en el diario Página/12, los familiares de muertos por el terrorismo, camaradas y compañeros de promoción también publican sus recordatorios, como se aprecia en las figuras 2 y 3. A lo largo de los años, éstos se repiten con el mismo texto y las mismas firmas, lo que evidencia un trabajo sostenido de articulación entre los lectores. Las formas de recordar y las disputas de sentido en relación con el pasado reciente incluyen también el esfuerzo por establecer homenajes a las víctimas en el espacio público.

Figuras 2 y 3 Recordatorios publicados en la versión impresa del diario La Nación, sección “Notas sociales”, 17 de diciembre de 2011 y 19 de enero de 2013. 

La retórica privilegia la posibilidad de crear un vínculo de empatía con el lector por medio de la expresión en primera persona de los sentimientos de pérdida y dolor, y la pretensión de autorizar el uso público de la palabra en representación de un colectivo que se hace reconocer por los vínculos de sangre, los familiares de las víctimas del terrorismo.

Conclusión

Las cartas de los lectores permiten analizar y comprender el trabajo crítico de este conjunto de actores que busca objetivar un tipo de visión del mundo a partir del testimonio en primera persona de los protagonistas de “la guerra contra la subversión”. En esta operación conservan las categorías emblemáticas del movimiento por los DDHH, pero modifican su sentido con una reconversión sutil: en lugar de memoria y víctimas del terrorismo de Estado, se reivindican la “memoria completa”, las “víctimas del terrorismo” y la figura del “preso político” para designar a los responsables de cometer crímenes aberrantes desde las estructuras del Estado, y se impugnan los juicios de lesa humanidad al calificarlos como “juicios de venganza”. Estas cartas son registros de los testimonios de outsiders que ocupan la tribuna pública en pocas ocasiones. Quienes firman lo hacen con frecuencia como representantes de una categoría profesional, una asociación o como pariente de una “víctima del terrorismo” o un “preso político”. En este caso, se trata de actores que se posicionan en el espacio público por su condición moral -y no política-, y según un relato que abunda en referencias a los sentimientos humanitarios.

Las cartas invisten al lector del diario como testigo de esta disputa por el reconocimiento. Con un registro estereotipado, exponen una experiencia personal límite y despliegan un conjunto de sentimientos morales. Su pretendida eficacia reside en la presentación combinada de argumentos razonados y pedagógicamente explicados al público lector junto a la posibilidad de despertar sentimientos de empatía y compasión a partir del testimonio de sus experiencias de sufrimiento y dolor. La exposición de sus infortunios aspira a ganar la empatía de los lectores y provocar una indignación moral, susceptible de crear acciones destinadas a hacerlos cesar (^{Fassin, 2010}).

Los testimonios analizados corroboran los análisis previos sobre el tema, en especial el trabajo de Salvi, que analiza con detalle el contenido de las narrativas memoriales del sector castrense y “el uso de los símbolos, figuras y lenguajes provenientes de los organismos de derechos humanos para trasmitir una narrativa que pueda ser aceptada por la sociedad civil” (2012: 139). Al mismo tiempo, se distingue de la literatura anterior por poner atención, no tanto en el análisis del contenido de las nociones utilizadas por estos sectores, sino en los recursos con los que se busca otorgar a este punto de vista una posición legítima que permita sumar adherentes a la causa. Al hacerlo, nos desplazamos del énfasis en el contenido a un análisis que muestra el testimonio expuesto en las cartas de los lectores como el resultado de un inmenso esfuerzo colectivo para hacer de un caso singular un caso del interés de todos. A diferencia de la literatura anterior, nos centramos en la puesta en circulación de este testimonio fuera del núcleo de los creyentes y adherentes a la causa para mostrar las condiciones en las que el testimonio se moviliza en un diario de circulación nacional. En palabras de ^{Luc Boltanski, Yann Darré y Marie-Ange Schiltz (1984)}, el artículo demuestra la capacidad de estos actores para establecer equivalencias entre casos en apariencia “similares”, hacerlos “ejemplares” y movilizarlos al servicio de una causa “general” que permita colocar sus problemas particulares como un problema común. En este contexto, el testimonio en primera persona es una de las formas privilegiadas de narración del pasado reciente y de impugnación de las políticas de Estado actuales; configura un espacio clave como posibilidad de hacer escuchar y conocer los dolores silenciosos de las víctimas, las injurias y los agravios a los camaradas y las demandas de los familiares de militares presos. Por medio de la escritura, se reivindica la subjetividad de la experiencia de sufrimiento, del sacrificio, como una manera de dar legitimidad al testimonio y su punto de vista, y de apelar al compromiso humanitario del testigo (^{Fassin, 2010: 331}). Los testimonios expuestos en la prensa son parte indispensable en la producción de nuevas subjetividades y categorías socialmente pertinentes, que hacen de los responsables del terrorismo de Estado presos políticos. Es decir, actores hacia los que deben orientarse acciones de cuidado, afecto y compasión.

Los testimonios son parte del repertorio de movilización puesto en juego por estos actores en la batalla por imponer su visión del mundo e instituir juicios de valor legítimos sobre el pasado. Son un espacio de lucha simbólica diaria y expresan una acción común que tiene cierto grado de organización y continuidad en el tiempo. La interpelación a un destinatario-lector testimonia la vocación militante entre los lectores y convierte a las cartas en verdaderas herramientas políticas en tanto funcionan como portavoz para las asociaciones y organizaciones (^{Amey, 2002: 92}).