Introducción

Han pasado más de 45 años desde el golpe militar en Chile. Durante la dictadura, las violaciones a los derechos humanos arraigaron percepciones generalizadas de amenaza a la vida e integridad personal que parecían incluir a casi toda la sociedad. La muerte violenta de algunos reforzaba el temor de muchos a perder la vida, el exilio de miles profundizaba el temor de sustentar y expresar ideas y proyectos políticos, y tener que dejar el país para proteger la vida. Las detenciones arbitrarias, la represión violenta y la tortura intensificaron el miedo social. Estas vivencias y percepciones daban lugar a un silencio desconfiado entre casi todos. Las relaciones sociales de un sector de la sociedad se impregnaron de amenazas y miedos, lo que motivó el sometimiento de la mayoría. Tomó muchos años reconocer estos efectos en la convivencia cotidiana y más aún modificar las actitudes y percepciones enraizadas en esas experiencias.

Miles de personas fueron amenazadas de muerte y atropelladas en su dignidad, se violaron sus derechos a causa de sus ideas y participación política, y se convirtieron en víctimas. Cientos de miles sufrieron redadas violentas en sus barrios, el allanamiento de sus viviendas, fueron maltratados y golpeados ante sus familias. Decenas de miles fueron detenidos y torturados, otros tantos perdieron su empleo por motivos políticos o debieron partir al exilio. Más de 3 000 personas fueron asesinadas o desaparecieron, y algunos fueron privados de su nacionalidad como castigo ejemplar. Los sobrevivientes y sus familiares han reconocido haber sido víctimas de experiencias represivas, muchas veces acumulativas. Utilizo la expresión “víctima” para subrayar la violación de derechos de personas por la acción de victimarios, en su mayoría agentes del Estado.

El gobierno elegido de manera democrática empezó la transición política en marzo de 1990. Para responder a la obligación moral, legal y política del Estado, de reconocer a quienes fueron víctimas -comprometida en tratados y convenciones internacionales-, se tramitaron en el Congreso varias leyes relacionadas con el retorno de exilados (^{Ministerio de Justicia, 1990}; ^{Ministerio de Educación Pública, 1991}; ^{Ministerio de Hacienda, 1992}), el reconocimiento y reparación de víctimas de desaparición forzada, ejecutados políticos y víctimas de violencia de particulares por motivos políticos (^{Ministerio del Interior, 1992}; ^2004a), para asegurar medidas de reparación materiales y simbólicas, individuales y colectivas. Después se tramitaron leyes de reconocimiento de los exonerados políticos (^{Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 1993}; ¹⁹⁹⁸; ²⁰⁰³) y de restitución de bienes confiscados a organizaciones sindicales y partidos políticos (^{Ministerio de Bienes Nacionales, 1998}). Algunas de estas leyes establecieron medidas de reparación administrativa, entre ellas, pensiones compensatorias vitalicias y acceso a educación y salud especializada para quienes fueron reconocidos por el Estado.

Las pensiones se fijaron por ley en rangos similares para todos, sin considerar diferencias relacionadas con los daños y padecimientos específicos de las víctimas. Un número creciente de procesos judiciales ha permitido la reconstitución particularizada de los hechos que afectaron a los denunciantes, la identificación y sanción de los victimarios y la precisión de las consecuencias padecidas por las víctimas, para determinar indemnizaciones y cumplir con la obligación del Estado de reparar las consecuencias (^{Brito, 2019: 3}).¹

Las voces de las víctimas se han hecho escuchar a lo largo de los años. Por medio de investigaciones periodísticas y académicas, ensayos y novelas, cine, teatro, documentales y diversas expresiones artísticas, se han reconstruido los hechos y la experiencia vivida por miles de personas. Las denuncias en los organismos de derechos humanos se documentaron en varios archivos. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, creado en 2010, los ha reunido y también ha recibido documentos de particulares.

Poco a poco se han removido los silencios públicos para abrir paso al reconocimiento oficial de las consecuencias de la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los efectos del miedo, los exilios y retornos de miles de personas, familias y comunidades. Los relatos evocan vivencias muy dolorosas de pérdidas y daños irreparables; los testimonios hacen posible compartir sentimientos y emociones escondidas, que todavía duelen, y habilitar conversaciones evitadas o suspendidas durante años entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, entre amigos y compañeros, sobre las experiencias de represión y tortura.

Las huellas de la represión política han persistido en los resquicios más íntimos del dolor y el miedo, se tornan indelebles en la memoria de miles de hombres y mujeres. Sin embargo, la brecha entre la memoria y la palabra, ocupada por el silencio, no ha sido superada del todo. La paz social y la convivencia democrática de toda la sociedad se fundamentan en la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y el compromiso de no repetición, basado en el conocimiento de lo ocurrido.

En este artículo, el testimonio se entiende como el relato, en muchos aspectos autobiográfico, de una persona que ha sido protagonista o testigo presencial de acontecimientos que violan sus derechos humanos o de sus cercanos, en un contexto político represivo. El testimonio se despliega en la subjetividad del hablante y se construye en la relación con otro y para otros. El testimonio es resultado de una relación entre quien habla de sí y su experiencia, y otro que escucha, en su condición de representante de una función profesional, una función pública de reconocimiento, y en ocasiones, de reparación en contextos estatales o judiciales.

Las declaraciones individuales ante instancias judiciales, comisiones nacionales o internacionales se conocen como testimonios y deben cumplir ciertas formalidades, de manera habitual la promesa o juramento de decir la verdad. En todos los casos, el encuadre institucional regula formalmente sus contenidos.

En décadas recientes, el testimonio se ha utilizado para reconstituir las experiencias de personas y grupos con propósitos diversos, con el objetivo principal de documentar vivencias y emociones asociadas a acontecimientos biográficos, prácticas sociales, o simplemente la vida cotidiana de personas y comunidades en contextos de investigación social.

En contextos políticos represivos, los testimonios han sido esenciales para reconstruir lo ocurrido a las víctimas; y en los procesos de memoria social y política, para recuperar los recuerdos de experiencias compartidas en varias instancias sociales. Un ejemplo son los informes del Centro de Memoria Histórica de Colombia, basados en ejercicios de memoria con personas, familias, grupos y comunidades. Esos miles de testimonios han permitido reconstruir los efectos de la guerra en sus aspectos destructivos, sus formas de resistencia y la lucha por alcanzar la paz (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019}).

Este trabajo se refiere al uso del testimonio de tortura en dos contextos. En la primera parte, se describe el uso del testimonio como herramienta terapéutica con pacientes torturados durante la dictadura militar en Chile (1973-1990). Los extractos seleccionados son de algunos de mis pacientes entre 1978 y 1989. En la segunda parte, se identifica el uso del testimonio de víctimas que denunciaron ante la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en Chile, entre 2003 y 2005, de la que fui parte. Los extractos seleccionados pertenecen a testimonios de mujeres que denunciaron el abuso sexual y la violación como tortura, para ilustrar prácticas represivas política y culturalmente silenciadas.

En ambos casos, el testimonio contribuye a convocar a los sujetos, como protagonistas de su historia, a recordar y pensar en su vida y las experiencias represivas, casi siempre traumáticas, que muchas veces han perdurado como síntomas. Se observan mecanismos disociativos como intentos para controlar la angustia a costa de la fragmentación y desintegración de la experiencia. En un ámbito terapéutico, el testimonio contribuyó a integrar la continuidad de la vida en términos psicológicos, a pesar de las experiencias denigrantes que atentaron contra su identidad, sus vínculos, sus creencias y valores, para recuperar de manera progresiva el sentido de su vida. En un ámbito de denuncia, el testimonio podía retraumatizar o habilitar al sujeto para reelaborar el significado de lo vivido y valorar la posibilidad de un proceso terapéutico posterior, que considere el sentido de su historia individual en la historia del país.

Tortura. Testimonio y experiencias terapéuticas

La tortura contra opositores y “enemigos” de la patria fue una política de la dictadura. Las autoridades negaron esas prácticas y la desaparición forzada, resultado de decisiones políticas de exterminio. En la mayoría de los casos, se deconoce el paradero y destino final de los desaparecidos hasta hoy.

En octubre de 1973 se creó el Comité para la Paz en Chile (Copachi), con el apoyo de las Iglesias luterana, metodista, católica y la comunidad judía, para la atención legal y social de las personas perseguidas por motivos políticos. El Comité cerró a finales de 1975, cuando la dictadura impidió el ingreso al país del obispo luterano Helmut Frenz y detuvo a 16 miembros, entre ellos dos abogados y cuatro sacerdotes. La Iglesia católica creó la Vicaría de la Solidaridad, de 1976 a 1992, para continuar con los servicios de atención a las víctimas. A principios de abril de 1975 se había creado la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), organismo ecuménico que prestó ayuda legal, social y médico-psicológica a los perseguidos y sus familias (^{Orellana y Hutchinson, 1991}).

Miles de detenidos fueron torturados. Muchos familiares solicitaron ayuda en las instancias mencionadas, cuyos programas se concibieron en un comienzo como respuestas ante la emergencia y generaron requerimientos específicos ante circunstancias y problemas desconocidos para los profesionales en Chile, en un contexto de amenaza e incertidumbre, que también los incluía.

Ricardo Ramírez Arriola/360° Ex Casino de los Oficiales de la Ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de Argentina. Buenos Aires, octubre de 2011. 

Los relatos de las víctimas describían situaciones de sufrimiento y pérdidas. La narración más difícil y dolorosa era sobre la tortura, una práctica habitual durante siglos en Chile, que bajo la dictadura militar se transformó en un recurso represivo de rutina, con el que se sometió a miles de personas a tratos crueles, inhumanos y degradantes y a tormentos indescriptibles durante incomunicaciones prologadas en recintos secretos de detención (^{Lira y Loveman, 2013}). Estas situaciones también afectaban moral y emocionalmente a los profesionales que trabajaban en estos programas. El saber profesional que se desarrolló en los equipos institucionales se basaba en los conocimientos clásicos de la profesión y en respuestas construidas en colectivo ante los requerimientos de las víctimas. De esta manera, abogados, trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y otros profesionales desarrollaron recursos y estrategias para actuar de manera eficaz, en un contexto político represivo, desconocido e imprevisto, y aprendieron a trabajar de manera interdisciplinaria en función de las necesidades de las víctimas.

En la FASIC, la atención de salud mental fue proporcionada en el Programa Médico Psiquiátrico, creado en los últimos meses de 1977, con cuatro psiquiatras, cuatro psicólogas, dos asistentes sociales y una asistente social psiquiátrica. Ingresé a trabajar a ese equipo. Disponíamos de algunas horas semanales para atender a las víctimas, principalmente bajo la perspectiva de intervención en crisis. Este trabajo se fue proyectando ante la demanda creciente y compleja de cientos de consultantes. El equipo debió discutir y definir sus enfoques terapéuticos, los criterios diagnósticos, las modalidades de intervención y las formas de integración de la atención médica, el apoyo social y la psicoterapia (^{Garcés y Nicholls, 2005}). Las modalidades de intervención se adaptaban a las necesidades de los consultantes y el tiempo disponible; se consideraba la dimensión político-social del hecho represivo, se identificaban los daños psicológicos específicos causados por las experiencias represivas y se observaba que la mayoría de los consultantes presentaban cuadros traumáticos; se conceptualizaba el proceso terapéutico, el papel del terapeuta y la comprensión de los límites y alcances de la psicoterapia con víctimas de represión política. A partir de ello, definimos que el propósito de las intervenciones que se diseñaron era el siguiente:

Reparar las repercusiones de los impactos traumáticos de la violencia ligada a la represión política en el sujeto dañado. Lo que se intenta restablecer es la relación del sujeto con la realidad, recuperando su capacidad de vincularse a las personas y las cosas, su capacidad de proyectar su quehacer y su futuro, mediante un mejor conocimiento de sí mismo y de sus propios recursos y también mediante la ampliación de su conciencia respecto a la realidad que le ha tocado vivir (^{Lira y Weinstein, 1984: 13}).

Acudían a la consulta hombres y mujeres que habían estado detenidos y habían sido torturados. Llegaban también familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. La mayoría señalaba que experimentaba trastornos del sueño, síntomas angustiosos y depresivos, o preguntaban por sus hijos que presentaban trastornos de conducta y síntomas diversos que perturbaban sus vidas y la de sus familias. El espacio terapéutico se basaba en un vínculo solidario y no neutral en términos éticos, en una relación de confianza con la institución en la que se prestaban estos servicios y la percepción de que era un sitio de amparo en un contexto social muy amenazante, no obstante lo ilusoria que pueda ser esta apreciación. Las actuaciones profesionales salvaron miles de vidas, pero los organismos de derechos humanos eran instancias vigiladas y asediadas. Abogados, sacerdotes, médicos y otros profesionales fueron detenidos y torturados, expulsados del país o asesinados. Un caso ejemplar fue el de José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, secuestrado y degollado en marzo de 1985 (^{Caucoto y Salazar, 2013}).

En la mayoría de los casos, la represión política implicaba, además de la detención y tortura, la pérdida del empleo y los medios de subsistencia, lo que afectaba gravemente al grupo familiar. El tratamiento terapéutico se basaba en la búsqueda de metodologías que permitieran reconocer a las víctimas y que éstas desplegaran sus recursos para enfrentar experiencias -para muchos- casi cataclísmicas. En los primeros años trabajamos con el testimonio como herramienta terapéutica, inspirados en metodologías propias de las ciencias sociales (^{Lewis, 1966}; ¹⁹⁸²). En 1978 empezamos a documentar testimonios para recoger en forma textual algunas situaciones, en particular extremas y brutales, de sufrimientos por torturas, con fines de denuncia legal, a solicitud de los consultantes. Poco a poco este trabajo se amplió para incluir otros aspectos de la vida personal. Paciente y terapeuta acordaban el propósito del trabajo de registro. El relato se grababa y transcribía, luego se revisaba y editaba con el paciente. El texto alcanzaba entre 50 y 80 páginas. Recoger el relato tomaba entre tres y cinco sesiones, pero su elaboración podía requerir más tiempo. La grabación garantizaba el registro y dejaba que la atención se centrara en la escucha. La relación entre paciente y terapeuta sucedía en un contexto que requería apoyo emocional y social sostenido, que en algunos casos ponía a prueba el vínculo solidario comprometido con las vidas y la integridad física y psicológica de las víctimas, principalmente cuando las amenazas eran muy cercanas.

La junta militar había declarado ilegales a los partidos y organizaciones que formaban parte de la Unidad Popular, la coalición política que había gobernado, encabezada por el presidente Salvador Allende. Los dirigentes y militantes fueron detenidos y torturados de manera selectiva, acusados por sus actuaciones políticas anteriores y por delitos inexistentes en casi todos los casos. El testimonio permitía hablar de la denigración vivida en el contexto de un vínculo profesional basado en el reconocimiento y la valoración de la dignidad de la víctima. El relato autobiográfico incluía su infancia, familia de origen, vínculos afectivos, trayectoria política y social, aprendizajes en esa práctica política y la ruptura de su proyecto vital en un contexto de persecución por ideas y conductas que habían sido legítimas hasta el golpe de Estado.

Ricardo Ramírez Arriola/360° En la ex Escuela de Mecánica de la Armada fueron asesinadas más de 5 000 personas durante la dictadura cívico-militar que asumió el poder en Argentina tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Buenos Aires, octubre de 2011. 

Cada historia se situaba en una línea de tiempo de la vida de la persona, la experiencia traumática y el presente, el momento de la consulta. Esa mirada ayudaba a recuperar el sentido que el declarante otorgaba a lo que había vivido y estaba viviendo. El testimonio era el resultado de un proceso, la expresión material de una etapa de trabajo, al revivir, elaborar y pensar en la vida, no sólo en las experiencias traumáticas de la represión. El texto tenía la estructura propia de cada relato personal, incluía las observaciones, reflexiones y emociones asociadas que surgían en el proceso de elaboración (^{Lira y Weinstein, 1984: 29-31}).

El testimonio era una herramienta metodológica que formaba parte del proceso terapéutico, lo que nos llevó a discutir su eficacia dentro de las limitadas condiciones de trabajo de los espacios solidarios. Aquí no debatiremos sobre la complejidad de los procesos terapéuticos, que no sólo abarcaban las consecuencias de la tortura. En muchos casos, las experiencias traumáticas previas agravaban las consecuencias y se observaban manifestaciones somáticas complejas y sintomatologías resistentes a los tratamientos habituales. La gravedad del padecimiento hacía necesario reflexionar sobre lo que hacíamos y cómo el testimonio contribuía al alivio de los pacientes. Tuvimos reuniones clínicas semanales para analizar y comprender las situaciones que enfrentábamos. Observamos que la tortura alteraba las funciones del yo cuando emergían fantasías desintegradoras, persecutorias y autodestructivas, y que poner en palabras la experiencia facilitaba ordenar los fragmentos de una historia desintegrada, al mismo tiempo que permitía nombrar situaciones aterradoras, silenciadas, comunicar situaciones humillantes, hablar del sometimiento a experiencias y prácticas sexuales aberrantes. También hacía posible expresar la experiencia de “haber hablado bajo tortura”. Las palabras facilitaban nombrar situaciones muy temidas, las angustias y el horror experimentado; posibilitaban sentir la contención emocional progresiva mediante un vínculo terapéutico basado en la confianza, que apuntaba a restaurar el vínculo humano destruido por la experiencia de tortura, en la que otros humanos -en nombre del Estado- habían buscado su destrucción y sufrimiento extremos.

La tortura era casi siempre una experiencia traumática. Por eso su reconstitución era progresiva y cuidadosa, para dar lugar a un proceso de elaboración subjetiva en un contexto histórico y biográfico particular. Esta aproximación sostenía la comunicación a pesar de la irrupción de una emocionalidad cargada de angustia. En la mayoría de los casos, el relato operaba como una catarsis de experiencias muy intensas. Observamos que las personas se sentían aliviadas después relatar lo que les había ocurrido.

Los testimonios elaborados en el proceso terapéutico informaban sobre la vida de las personas y las organizaciones a las que pertenecían. Algunos ilustraban el agobio que los acompañó durante años, vinculado a condiciones de carencia, abusos y violencia en la infancia. Los extractos incluidos en este texto son muy breves, ejemplifican apenas los contextos y las vivencias de sus autores, hombres de edades diversas, ex presos políticos, dirigentes políticos y sindicales detenidos en septiembre de 1973.² Reflexionar sobre su vida tenía efectos aliviadores y ayudaba a descubrir recursos personales para darse cuenta de cómo enfrentaban sus problemas y relaciones afectivas. El aprendizaje emocional alcanzado con el proceso terapéutico se refleja en algunas de sus observaciones:

No puedo olvidarme de las cosas que a mí me hicieron, ni puedo olvidarme tampoco de los cuatro años y siete meses que pasé en la cárcel. Es una cuestión que va a permanecer latente, en mí, pero lo que yo puedo hacer es tomarlo con calma, analizarlo y que eso no destruya mi vida futura […] para que yo pueda continuar más adelante, continuar vivo, continuar con ideales, continuar conviviendo, continuar sirviendo y continuar siendo mejor de lo que soy, en ese sentido yo creo que los sufrimientos […] ni el trauma se olvidan (Manuel, 30 años de edad, dirigente poblacional, Santiago, 1978).

Sin los remedios tengo un apuro en el corazón tremendo. No sé por qué el apuro se siente en el pecho, si los nervios los tiene uno en todas partes del cuerpo […]. Estoy en tratamiento médico desde que salí de la cárcel, pero con calmantes, ¿hasta cuándo va a ser así? Empecé a encontrarme raro, insoportable, hace dos años más o menos. Después que estuve detenido no fue nunca normal la vida (José Segundo, 56 años de edad, dirigente sindical campesino, Santiago, 1980).

Me detuvieron el 13 de septiembre. Me llevaron en un Jeep. Íbamos encapuchados. Los interrogatorios fueron siempre con capucha […]. Me detuvieron por un discurso del día 8 de septiembre de 1973. Una concentración de los jubilados y fui el orador de fondo. Me destruyeron en la casa unos libros que ordenaron que los quemaran en el patio de mi casa “para que no quedara constancia” […]. Me pusieron en la parrilla. Preguntas por allá y preguntas para acá […].

Después de los interrogatorios los compañeros llegaban completamente destruidos, ensangrentados. Tengo 76 años ahora. Nos pusieron los milicos al cuidado de las compañeras y compañeros que venían del castigo. Trajeron un lote de gente de Santiago, eran argentinos, uruguayos y chilenos. Se nos encargó que les lleváramos agua y no habláramos con ellos. A uno se le queda en la memoria el nombre. Una noche los sentimos cantar y después no supimos más de esa gente. Los compañeros estaban bastante masacrados [llora]. Uno estaba tan torturado que ya no podía andar […]. Fueron asesinados el 22 de septiembre […]. Tuve que cuidar en la enfermería a mi propio hijo, que era una barbaridad lo que botaba sangre. Con él quedamos de acuerdo de no conversar las cosas con nadie […]. Cuando yo salí de la prisión vi que la familia sufrió más. Uno sufría internamente porque nunca le dijimos a los hijos, nietos, a la señora lo que habíamos vivido en el campo de concentración [llora]. Todos hemos sufrido humillaciones, da rabia, da pena, una apatía tan grande de compañeros frente a los problemas de uno (Juan, 76 años de edad, San Antonio, región de Valparaíso, 1989).

La comunicación implicaba confirmar la experiencia vivida -negada y desmentida por las autoridades- y pensar en ella, procesarla en la revisión y relectura del testimonio. El documento pertenecía a su autor. Durante la elaboración, el texto se hacía anónimo, se modificaban detalles, se reemplazaba el nombre por un seudónimo escogido por el declarante, quien se llevaba su texto y decidía si dejaba una copia en la institución para denunciar. El testimonio no se incluía en su ficha clínica. Algunos usaron sus textos para presentar querellas por torturas en los tribunales. Las denuncias canalizaban la rabia y la frustración generadas por la impunidad de esos delitos. Las condenas anuales de Chile en Naciones Unidas a causa de las violaciones a los derechos humanos eran comentadas por los pacientes, señalaban que se sentían aliviados, percibían que se reducía la vivencia de injusticia y abuso con la que cargaban.

En esa época documentamos nuestras reflexiones sobre lo que ocurría con los pacientes, publicamos artículos y libros bajo seudónimo (^{Cienfuegos y Monelli, 1983}; ^{Cienfuegos y Ramírez, 1982}). Observamos que relatar lo vivido era un proceso doloroso y aliviador al mismo tiempo. En muchos casos se abría la posibilidad de un proceso terapéutico, aunque en la mayoría era posible una elaboración parcial en el ámbito psicosocial. La mayoría de los ex presos políticos necesitaba reivindicar su dignidad y su verdad. Acusados como criminales y traidores a la patria, condenados por sus declaraciones bajo tortura y juzgados sin las garantías de un debido proceso, la terapia se constituía como un espacio simbólico de reconocimiento de su dignidad y sus derechos. Muchos pacientes entregaron su testimonio escrito a su familia, amigos y compañeros en varias instancias y sí abrieron conversaciones sobre lo ocurrido.

El marco ético de la relación terapéutica era fundamental para proteger la integridad psicológica de la persona y evitar una retraumatización, porque el testimonio podía reactivar angustias sumergidas. Nuestra práctica clínica mostró que la catarsis producía alivio, casi siempre transitorio, porque los mecanismos disociativos desplegados para procesar el trauma dificultaban conectar la experiencia y las emociones asociadas, y el relato era apenas el comienzo de un proceso de elaboración emocional.

Cuando el testimonio opera como catarsis en contextos no terapéuticos, produce la impresión de un alivio emocional, valorado en las audiencias públicas de víctimas en algunas comisiones de la verdad. Sin embargo, los testimonios de experiencias traumáticas muestran ambas dimensiones al mismo tiempo: el alivio que se produce mediante la comunicación y la vulnerabilidad causada al reactivar la memoria traumática, lo que obliga éticamente a diseñar encuadres institucionales que vigilen esos riesgos.³ La generalización del uso del testimonio sin los resguardos éticos y psicológicos apropiados en comisiones de la verdad y archivos orales, entre otros, arriesga la retraumatización de las víctimas, en especial en contextos de denuncia, ya que el alivio catártico inicial puede confundir sobre la inocuidad de la experiencia de revivir y relatar experiencias atroces, sin el debido cuidado y acompañamiento psicológico.

Los testimonios recogidos en los espacios solidarios en esa época contribuyeron a la denuncia judicial y la formación de archivos que hoy permiten investigar numerosos aspectos de esa experiencia (^{Bernasconi, Ruiz y Lira, 2018}). Los testimonios que hemos descrito como parte de tratamientos psicológicos ampliaron las denuncias cuando el paciente decidió utilizarlos con ese propósito. Años después, algunas revistas de oposición valoraron difundir algunos testimonios, lo que facilitaba movilizar mecanismos de identificación y proyección en los lectores, generar juicios morales críticos e identificar formas de resistencia a los abusos. La memoria histórica y política de la represión de la dictadura en Chile se ha basado en los testimonios individuales de las personas perseguidas y sus familiares. Los testimonios que se difundieron en los medios de comunicación expandieron la información sobre lo que ocurría en el país mediante las voces de las víctimas.

Los testimonios de las víctimas ocuparon un lugar relevante en las denuncias internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se reflejaron en sus informes anuales y en los reportes del país de 1974, 1976, 1977 y 1985, así como en las denuncias ante las instancias de Naciones Unidas que resultaron en la condena de Chile en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1989, por las violaciones a los derechos humanos (^{Vargas, 1990}).

Mi experiencia clínica con esas víctimas fue muy difícil. Era abrumador escuchar el relato de las torturas y constatar su impacto devastador en las personas. Carecíamos de entrenamiento profesional apropiado para tratar ese tipo de situaciones. En cierta forma, el testimonio fue una herramienta útil también para mí como terapeuta. Al ordenar y nombrar las experiencias se ampliaba la capacidad tanto de las víctimas como la mía de procesarlas emocionalmente. El testimonio fue un recurso eficaz para integrar experiencias fragmentadas y aterradoras, expresadas muchas veces como catarsis, es decir, con una intensidad emocional desbordada. Sin embargo, el encuadre del proceso implicaba leer y analizar el texto, pensar en lo vivido y tramitarlo como algo que “me ocurrió”, que pretendía arrasar con “lo que fui y lo que soy”, pero nombrarlo y reflexionarlo daba al paciente la posibilidad de retomar poco a poco el control de su vida.

Casi siempre las víctimas perciben la impunidad de los crímenes como una prolongación de la violencia, que intensifica el agravio y acrecienta el miedo de todos. ¿Cómo podría traducirse ese sufrimiento en procesos judiciales que sancionaran los delitos? ¿Cómo podría quedar en la impunidad la aplicación de torturas atroces? ¿Cómo integrar los aprendizajes de la práctica psicológica profesional y la reparación de las víctimas en la posdictadura? En el caso de la atención psicológica, este saber se conceptualizaría como fundamento de las formas de intervención en salud mental para las víctimas y en las propuestas para una política de reparación y de reparación en salud (^{Lira y Loveman, 2005: 373-405}).

Los testimonios en la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura

Después de 1990, los ex presos políticos se organizaron y demandaron su reconocimiento como víctimas en cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el país, principalmente la Convención contra la Tortura. En 2003, el gobierno creó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (CNPPT), que funcionó hasta 2005. Bajo el concepto de que la tortura es un delito contra la humanidad, en 2004 dio a conocer un informe basado en los testimonios de las personas que concurrieron a denunciar:

La prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos, leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito […] de la judicatura (^{CNPPT, 2004: 171-177}).

De 2010 a 2011 se abrió un nuevo periodo de recepción de testimonios con el mandato de calificar a personas que sufirieron prisión política y tortura, ejecución por motivos políticos y víctimas de desaparición forzada. Más de 18 364 personas denunciaron detenciones entre septiembre y diciembre de 1973. Esa cifra equivale a 64% de los casos calificados (^{CNPPT, 2004: 72}). Se identificaron 1 132 recintos de detención y 28 459 ex presos políticos en 2005. En el informe de 2011 se agregaron 9 795 personas.

Los métodos de tortura denunciados fueron, entre otros, aplicación de electricidad, golpizas y simulacros de fusilamiento, privación de agua y alimentos, exposición al frío o el calor extremo, abusos y violación sexual. Los testimonios fueron recogidos por profesionales en entrevistas individuales de una hora de duración, con el claro propósito de denunciar lo ocurrido a instancias del Estado.

Participé en las dos comisiones. En el informe, nos pareció importante destacar que recibimos:

Numerosos testimonios de violaciones sexuales. Especialmente mujeres, pero también hombres, han relatado haber sido objeto de tales abusos, en muchos casos de manera reiterada. De acuerdo con los testimonios, las violaciones hetero y homosexuales se cometieron de manera individual o colectiva. En algunos casos se ha denunciado además que dicha violación se produjo ante familiares, como un recurso para obligarlos a hablar. [Sobre] la violación y la violación sodomítica […] se ha impuesto un silencio personal y social en respuesta al fuerte impacto emocional asociado a esa forma de tortura, así como por el temor de las víctimas a ser denigradas por ello o que se cuestione su condición sexual. Todas estas experiencias causaron efectos profundamente negativos, debido a la significación de la sexualidad en la vida psíquica y relacional de las personas (^{CNPPT, 2004: 242}).

La CNPPT señaló que los abusos sexuales habían constituido una forma generalizada de tortura. Decidimos reproducir en el informe algunos de los testimonios que ilustraban las atrocidades sufridas por las víctimas, en especial las mujeres. Esas prácticas, ocurridas en varios lugares del país contra mujeres de todas las edades, en particular contra menores de edad, no pueden calificarse como excesos individuales de los agentes del Estado. En las instituciones armadas y policiales no hubo sumarios internos ni sanciones:

Me condujeron a una sala, al entrar sentí mucho olor a sangre [...], escuchaba individuos que hablaban bajo, uno de ellos me desató las manos y me ordenó que me desnudara, les dije que por favor no lo hicieran, pero luego en forma violenta me desvistieron, dejándome sólo la capucha puesta, me pusieron en una especie de camilla amarrada de manos y pies con las piernas abiertas, sentí una luz muy potente que casi me quemaba la piel. Escuché que estos individuos se reían, luego un hombre comenzó a darme pequeños golpes con su pene sobre mi cuerpo, me preguntó de qué porte me gustaba, otro hombre escribía cosas sobre mi cuerpo con un lápiz de pasta. Luego vino el interrogatorio [...], en seguida ordenó que me pusieran corriente en los senos, vagina y rodillas [...]. Luego de las descargas pararon un rato, mientras sentía que hablaban entre ellos. Nuevamente retomaron el interrogatorio, esta vez me dijeron que me habían conectado a la máquina de la verdad [...], por cada respuesta que daba sonaba un pito de esta máquina, por cuanto me decían que yo estaba mintiendo [...], el pito de ese aparato se transformó en un infierno [...], vinieron nuevamente los golpes y las descargas eléctricas, cuando casi estaba inconsciente me levantaron la capucha hasta la nariz, me pusieron un vaso en la boca haciéndome ingerir un líquido, no supe qué pasó conmigo hasta el día siguiente que me devolvieron al campo de prisioneros. En el campo fui recibida por el suboficial [...], el que al verme comentó que si se diera vuelta la tortilla no querría que esto le pasara a su hija, le pregunté qué me había pasado, pero enseguida llamó a las enfermeras militares [...], sentía dolor en la vagina y en todo mi cuerpo [...], estaba muy deteriorada sin poder defecar [...] (mujer, 16 años de edad, detenida en el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, V Región, septiembre de 1973, citado en ^{CNPPT, 2004: 243}).

Ricardo Ramírez Arriola/360° En 2004, la ex Escuela de Mecánica de la Armada se convirtió en el Espacio Memoria y Derechos Humanos , que busca ayudar a comprender la planificación y ejecución del terrorismo de Estado en Argentina y sus consecuencias en el presente. Buenos Aires, octubre de 2011. 

Esta declaración, relatada 30 años después de los hechos, recoge con toda su crudeza la dimensión imborrable de esas experiencias:

Llegaron dos hombres y una mujer a buscarme. Yo corrí a la oficina del médico jefe para dejar una prueba de mi detención. En efecto, les pidió que se identificaran y ellos mostraron sus placas como agentes de la DINA [Dirección de Inteligencia Nacional, policía secreta]. Me llevaron con mi delantal de servicio sin dejarme tiempo de tomar mis ropas. Me subieron a una camioneta de la DINA, me pusieron una venda sobre los ojos, me golpearon [...], me dejaron sola en una oficina sentada en un banquillo de poca altura, siempre con la venda en los ojos. Pasé largo tiempo en ese lugar. Luego me hicieron subir una escalera, llegamos a una pieza donde me pidieron que me desnudara. Había una persona que escribía a máquina mi identificación. Luego me instalaron electrodos en la cabeza y en las manos y me enviaron electricidad repetidas veces [...], vino un médico que me examinó ginecológicamente [...], violación, masturbación sobre mi cuerpo, me fotografiaron desnuda, todo esto interrumpido con descargas eléctricas (mujer detenida, Venda Sexy, DINA, Región Metropolitana, noviembre de 1974, citado en ^{CNPPT, 2004: 244}).⁴

Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían “chupones”, me pusieron ratas, me metían en frigoríficos llenos de ratas. Me colgaron de las muñecas, desnuda, “me rompieron estos huesitos” [los muestra]. Creo que estuve [en el recinto DINA], me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Me tiraron de una escalera […] de caracol, me empujaban dentro de un saco y rodaba hasta caer a una piscina llena de excrementos. Estaba siempre con Scotch [cinta adhesiva], después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo […]. Fue expulsada del país, sola, sin su familia (mujer, estudiante, 16 años de edad, detenida, 1975, Región Metropolitana, citado en ^{CNPPT, 2004: 253}).

La CNPPT recibió en 2004 el testimonio de 3 399 mujeres, 12.5% del total de declarantes. La mayoría fue detenida durante 1973; de ellas, 316 dijeron haber sido violadas, 11 estaban embarazadas cuando eso ocurrió. Casi todas declararon expresamente haber sufrido varias formas de abuso sexual. Las adolescentes fueron abusadas con ensañamiento, como se observa en los extractos de los testimonios seleccionados.

Una mujer de 29 años de edad declaró ser producto de la violación de su madre, quien quedó embarazada a los 15 años de edad durante la detención:

Yo represento la prueba gráfica, represento el dolor más grande, lo más fuerte que ha vivido mi mamá en su vida […]. Esto ha marcado mi vida y es para siempre, no puedo nacer en otra familia, ni cambiar mis antecedentes. Yo tuve que lidiar con la rabia, la frustración de mi mamá, pero yo también tuve rabia, yo no tuve espacio para mi situación, mi mamá iba a la Vicaría y ¿yo? ¡Me costaba contárselo a mi mejor amiga!

He tenido que cargar con una mochila eterna... Después que me contaron, empecé a tomar, tomaba todo el fin de semana, escondida. Por eso siento que tengo muchas lagunas de mi adolescencia […]. Al principio traté de apoyarla a ella, pero me di cuenta de que aquí hubo dos víctimas, no una. Durante años hablamos con mi mamá de ella, de su dolor, creo que recién está entendiendo que yo sufrí también. Me di cuenta y dije: ¿qué pasa conmigo? Vi cómo yo fui forjada. Su embarazo... mi mamá fue la hija de la vergüenza, sus padres nunca la perdonaron por haber sido detenida […]. Me ha costado muchos años poder contarlo, mantener este secreto me dio angustia […]. Yo soy una persona a la que le pasó algo a partir del golpe. Siento que nosotros, los niños nacidos igual que yo, fuimos tan prisioneros y torturados como los que estuvieron presos […]. Eres víctima y no lo ven. Porque no está en ninguna parte clasificada. Cuántas madres ven en sus hijos los gestos de sus violadores (y los rechazan). Hay personas que cargan con sus desaparecidos, otros cargan con sus torturas, yo también cargo mi mochila, fui detenida inconscientemente. Ni siquiera puedo definir el espacio que generó dentro mío […]. Todo el daño que me hicieron es interno, no tengo marcas físicas. Los ojos con que mira una torturada, son muy distintos a los ojos con que yo lo miro. Es el mismo problema desde otro prisma, esa visión no está presente en esta Comisión, no hay que taparla con tierra, hay que mostrarla (mujer, VII Región, citado en ^{CNPPT, 2004: 255-256}).

La CNPPT se constituyó para recibir las denuncias con un encuadre institucional específico y acotado. La denuncia de torturas tenía un efecto aterrador en quienes las escucharon durante la dictadura. Las autoridades las desmintieron, confirmaron la incredulidad de muchos y profundizaron los temores y desamparo de las víctimas. En ese lugar de silenciamiento irrumpieron las denuncias en los tribunales y la prensa, pero se procesaron en los medios de comunicación como si se tratara de casos excepcionales. Ante las pruebas irrefutables, las autoridades declararon de manera reiterada que los casos denunciados correspondían a “excesos individuales”. Sin embargo, el gran número de víctimas registrado por la CNPPT demostró que la práctica de la tortura fue una política sistemática ejercida hasta el final del régimen, aunque durante años los silencios de las víctimas y la negación de los victimarios la habían invisibilizado, en particular la tortura sexual.

Después de la entrega del informe, en 2004, la mayoría de los medios de comunicación entrevistó a las víctimas y eso tuvo un gran impacto en la sociedad. Poco después, mediante la ley 19.992 del 24 diciembre de 2004 (^{Ministerio del Interior, 2004b}), se definieron las medidas de reparación y se estableció que “los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura […] son secretos durante el plazo de 50 años” (art. 15), lo que prohíbe el acceso, incluso al poder judicial, no sólo a los testimonios sino a toda la documentación reunida. Los testimonios disponibles son los publicados en el informe. La autoridad de la época fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar la privacidad de las víctimas. Sin embargo, la ley 19.628 de 1999 regula el acceso público a los datos privados entregados a las instituciones públicas y hace innecesaria la prohibición de acceso a los testimonios por ese motivo (^{Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1999}). La misma ley 19.992 señaló que el secreto estaba limitado por “el derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia” (art. 15). La prohibición de acceso se estableció por ley, sin consultar a los declarantes y sin proporcionar alternativa alguna de desclasificación.

Como respuesta, la Agrupación Metropolitana de Ex Presas y Ex Presos Políticos publicó 100 testimonios de los que fueron presentados a la CNPPT (^{Kunstman y Torres, 2008}) para rechazar el silenciamiento de sus voces que la ley imponía. Años después, algunas organizaciones y grupos de víctimas emprendieron acciones legales para desclasificar sus testimonios y utilizarlos en denuncias judiciales. La Contraloría General de la República y los tribunales de justicia han reconocido el derecho a su desclasificación. Hasta abril de 2018 se habían desclasificado 394 testimonios (^{Desclasificación Popular, 2018}). Para reivindicar que sus voces forman parte de la memoria política del país y la lucha contra la impunidad, las víctimas organizadas han exigido que sus testimonios, entregados como denuncia a la CNPPT, no sean tratados como documentos privados.

Trauma y testimonio

El testimonio de las víctimas denuncia el intento de deshumanización ejercido en su contra e identifica y caracteriza a los victimarios que se han ocultado por décadas, amparados en el poder que ostentaron y las instituciones que los han protegido. Hacer memoria de experiencias políticas traumáticas en los espacios terapéuticos, así como en las comisiones de la verdad, genera angustia en las víctimas y casi siempre reactiva la traumatización. A pesar de ello, las víctimas buscaron divulgar el abuso padecido y esperaron una reacción social de indignación moral que sustentara el final de la impunidad, el procesamiento judicial y la condena de los culpables.

El trauma constituye una línea principal en las teorías científicas sobre el psiquismo y la conducta humana desde el siglo XIX. Investigaciones recientes han identificado las alteraciones neurobiológicas causadas por las experiencias traumáticas, lo que explica la persistencia de algunos síntomas durante décadas a pesar de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos. Las investigaciones demuestran que la parte del cerebro que asegura la supervivencia mantiene el registro inconsciente del trauma. El cerebro reacciona al menor signo que activa la memoria del trauma, aunque haya pasado mucho tiempo. La señal de peligro moviliza los circuitos cerebrales alterados y se descargan grandes cantidades de hormonas de estrés. Eso precipita emociones, sensaciones físicas desagradables y acciones impulsivas y agresivas. Esas reacciones postraumáticas perturban y abruman a los sobrevivientes, que temen que el daño traumático percibido sea irreversible (^{Van der Kolk, 2014}).

El abuso sexual, el incesto, la violación y la tortura son experiencias traumáticas y ponen en marcha mecanismos de defensa disociativos. Las propias víctimas han descrito alteraciones de conciencia, como algo que le ha ocurrido a “alguien que no soy yo”, cuando perciben su cuerpo como algo ajeno. Esta distorsión posibilita que la persona siga funcionando bajo condiciones, en muchos casos, desquiciantes.

Como mecanismo de defensa, la disociación afecta la integración de los pensamientos y los sentimientos respecto de las experiencias traumáticas, que se intentan mantener fuera de la conciencia y la memoria. Este mecanismo posibilita sobrevivir y mantener una adaptación que parezca adecuada. En los cuadros agudos se observan amnesias selectivas o una memoria ineludible que no da tregua. Los recuerdos traumáticos se pueden “olvidar” de manera total o parcial, y se conservan memorias fragmentadas que se diluyen como si se tratara de asuntos irrelevantes.

Las memorias traumáticas no se borran por la voluntad de sus portadores. El tratamiento de personas traumatizadas requiere reconocer la aflicción y el sufrimiento padecidos. En las comisiones de la verdad, la escucha de los testimonios permite el reconocimiento político y personal de las víctimas, pero en ese contexto, la relación no puede ir más allá de proporcionar apoyo moral y emocional en el momento. En algunos casos, las personas son llevadas a atención especializada. En contextos terapéuticos, la escucha da lugar a un proceso complejo sostenido por el vínculo, por el soporte afectivo que hace posible procesar la experiencia a pesar de sus dimensiones irreparables. En ambos casos, el testimonio cumple un papel social para quien declara. Hemos observado que las acciones públicas que contribuyen en términos concretos y simbólicos a confirmar la experiencia de las víctimas e impedir la impunidad social de estos crímenes han tenido efectos emocionales positivos e incluso terapéuticos sobre ellas.

Reflexiones finales

Los hechos de violencia y muerte de origen y motivación política alteraron las relaciones sociales y la convivencia política en Chile. Los testimonios de las víctimas han reconstruido los hechos a partir de la subjetividad de quienes sufrieron en sus cuerpos y vidas las consecuencias de la violencia del Estado. Han dado lugar a la construcción progresiva de la memoria de ese pasado, que se ha expresado en archivos orales, memoriales, sitios de memoria y otras formas de memoria política. Muchas víctimas se sienten reconocidas en esas instancias. Algunas son miembros activos de iniciativas para recuperar recintos de tortura y convertirlos en sitios de memoria y educación sobre ese pasado.

La tecnología permite revivir el pasado y las voces de las víctimas impiden su anulación material. Es inevitable la tensión entre la memoria de las víctimas -la memoria política al servicio de los procesos democráticos- y el olvido jurídico y político, pero no psicológico, que ha garantizado la impunidad como fundamento de la paz social durante siglos. La existencia de una pluralidad de memorias se expresa en visiones históricas, éticas y políticas contradictorias que aún permanecen vigentes y cuyo desenlace está en desarrollo.

La sociedad chilena todavía está dividida por la tragedia de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, en ella convive una pluralidad conflictiva de memorias personales y colectivas que pueden ser antagónicas en momentos críticos. Sin embargo, los testimonios de las víctimas han establecido un consenso básico e irrefutable sobre los hechos, confirmado por las sentencias judiciales, que constituye el fundamento de las políticas de verdad y reparación en los años de la posdictadura. Las interpretaciones políticas que justificaron las violaciones a los derechos humanos no han prevalecido y se ha afianzado la convicción de que el respeto por los derechos humanos es el fundamento de la convivencia democrática.