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Presentación
En Latinoamérica estamos habituados a las críticas políticas y académicas hacia la militarización de las policías y la seguridad en tiempos democráticos. En Argentina, la militarización se ha imputado a la participación creciente de una fuerza militar, la Gendarmería, en tareas policiales. Pero ¿en qué medida este proceso no denota lo contrario, la policiación extrema de una fuerza militar? ¿De qué manera experimentan los gendarmes ese desplazamiento de sus funciones tradicionales? ¿Sus manifestaciones de resistencia, rebeldía y desobediencia a esa supuesta mutación de su naturaleza militar no serán condición de su policiación o desmilitarización?
La democratización de las fuerzas de seguridad dejó en Argentina una sola fuerza federal con régimen militar y empujó a las otras cuatro fuerzas federales1 y 24 provinciales a su desmilitarización. Con injerencia en todo el territorio, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) dispone de disciplina, organización y estatus militar al regirse por la Ley para el Personal Militar (Poder Ejecutivo Nacional, 1971); la Ley de Justicia Militar (Congreso de la Nación Argentina, 2008), que regula el código de disciplina militar de estas fuerzas, y una doctrina del mando que se enseña y practica según el Manual de ejercicio del mando (Ejército Argentino, 1971). La modalidad de instrucción permanente en sus escuadrones y destacamentos móviles,2 el entrenamiento y uso de armas de guerra, la vida cotidiana en los cuarteles y su despliegue desde y hacia ellos, más su bautismo de fuego en la Guerra de Malvinas, son algunos aspectos que, desde su visión, reafirman su “naturaleza militar”. Desde su creación en 1938, su misión fue el control de la frontera y la seguridad en poblaciones aisladas y rutas nacionales, como reemplazo del Ejército. La GNA debe su impronta militar, que su personal defiende, a su pertenencia al Ejército argentino entre 1958 y 1984,3 y a que las leyes de Defensa, de 1987, y de Seguridad Interior, de 1991, establecieron su carácter de fuerza intermedia y mantuvieron sus funciones en la Defensa Nacional, de apoyo a la fuerza terrestre en tiempos de guerra; también a su participación en misiones de paz, como en Haití y Kosovo. La GNA cuenta con tres estamentos: gendarmes, suboficiales -gendarmes egresados del curso de cabo- y oficiales.
Sin embargo, desde 2004 su naturaleza militar asociada al control de fronteras y rutas nacionales y persecución de delitos federales -narcotráfico, tráfico de personas, etc.- quedó impugnada por la ampliación de sus funciones policiales, ordenada por el gobierno nacional, para que ofreciera los servicios de seguridad ciudadana y prevención y represión del crimen en barrios conflictivos del área metropolitana de Buenos Aires.4 Si bien no es nuestro objetivo dilucidar las razones que motivaron esta decisión, podemos enlistar algunos factores: la demanda social de seguridad, el incremento de la violencia interpersonal y de la tasa de victimización o cifra negra del delito, y sobre todo, la profunda desconfianza y descrédito de gobernantes y ciudadanos en las policías con jurisdicción en esos territorios -la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires-.5 A partir de 2011 y hasta 2017, esa tendencia se intensificó a un ritmo acelerado y comprometió alrededor de un tercio del personal, lo que empujó el crecimiento de su planta de 17 000 efectivos en 2002 a 38 000 en 2017.
En octubre de 2012, una protesta masiva de gendarmes, la primera en la historia, conmovió los escenarios político y mediático. Marcó un antes y un después, según coincidieron los oficiales jefes. Hubo acuartelamientos, abandono del servicio, episodios de desobediencia masiva y manifestaciones pacíficas del personal desarmado en la escalinata del edificio central, el Centinela, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El epicentro fue el personal de la GNA que cumplía tareas policiales o de seguridad ciudadana en la capital, ya sea que estuviera en funciones o lo hubiera estado.6 Se aplicaron sanciones administrativas y se expulsó a una centena de gendarmes. Los integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y armadas en actividad tienen prohibido por la Ley para el Personal Militar (Poder Ejecutivo Nacional, 1971) y el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas la sindicalización, la representación política y la manifestación pública.7 Cinco años después, esta fuerza militar continuaba incrementando su presencia con funciones policiales, pero en la memoria de los gendarmes esa rebelión se tornaba en un hecho insoslayable. Sin ella, dicen, no puede entenderse cierta mejora en el trato y la remuneración al personal subalterno por cumplir tareas policiales, ni la amenaza latente para los altos mandos de que se produzca de nuevo una protesta semejante.
Los debates sobre la militarización de la seguridad en Estados Unidos (Kraska, 2007; Campbell y Campbell, 2010), México (Moloeznik y Suárez, 2012) o Argentina (Salles, 2012; Hathazy, 2016; Battaglino, 2016; Escolar, 2017) han subrayado las características de esa tendencia y determinado sus alcances. En general, los análisis reprueban la militarización, concebida como un retroceso en el proceso de democratización policial, pues se considera que la impronta militar no es sinónimo de eficiencia e introduce un trato represivo, despojado de las garantías de protección de derechos humanos.8 No obstante, en ningún caso se estudian las consecuencias que el proceso de policiación de una fuerza militar tiene sobre el personal activo. Es decir, cómo los integrantes de las corporaciones militares sobrellevan su intervención sistemática en funciones policiales en áreas urbanas concentradas. Por consiguiente, no adoptamos una perspectiva normativa orientada a la crítica de la militarización per se o a sus efectos sobre la población civil. Nuestra perspectiva etnográfica se apoya en trabajos como el de Peter Kraska (2007), quien argumenta que la dicotomía militar-policial no contribuye a la comprensión del modo en que ambas se solapan en un continuum y en prácticas concretas.9 Por eso nos preguntamos cómo los gendarmes -hombres y mujeres- explican las consecuencias que tiene sobre ellos el trabajo policial y cómo la policiación y desmilitarización de una fuerza militar se expresa en formas cotidianas de resistencia y desobediencia de los uniformados. Si bien contamos con estudios sobre la capacidad o disposición de los involucrados para reconvertirse, adaptarse o resignarse (Frederic, 2015; Battaglino, 2016), no hay investigaciones sobre cómo la resistencia, el rechazo, la desaprobación o desobediencia acompañan la consolidación del proceso.
Por lo tanto, nos interesa poner en evidencia el arco de conductas, ya sean justificaciones, evaluaciones o acciones, que expresan rechazo, intolerancia y disconformidad acerca del abandono del control fronterizo para desempeñar funciones policiales en Buenos Aires, hasta aquellas que se vuelven contra ellos mismos y adoptan una forma de la resistencia autodestructiva (Bourgois, 2010). Destacamos los niveles de publicidad que alcanzan esas manifestaciones de resistencia y el carácter relativo de lo oculto y lo público de su expresión (Scott, 1990). De acuerdo con el concepto de “infrapolítica de los subordinados”, de James Scott (1990), queremos subrayar que la resistencia contiene una ambivalencia en este ámbito jerárquico. Implica aceptar y padecer órdenes que se imponen, sin manifestarse de manera abierta contra ellas. Entonces, según las circunstancias, las formas nativas de la resistencia contienen la posibilidad de tolerar, aguantar, soportar, sobrellevar, sufrir, sacrificarse, admitir, resignarse. También pueden incluir señales que expresen el peso de cumplir la orden, el disgusto o la privación. ¿Cómo expresan los gendarmes el componente de rechazo, oposición, enfrentamiento u obstrucción? ¿Cuál es su forma de resistir sin ser sancionados? Esa ambivalencia puede expresarse de manera involuntaria y sin mediar palabras en enfermedades, accidentes y suicidios -como autodestrucción-, o verbalmente. Algunos rechazan de tajo la policiación de su fuerza -concebida como desmilitarización- por estas vías y otros, por el contrario, consideran que cierta rigidez militar no permite cumplir la función policial. Indagaremos este abanico de conductas para mostrar los conflictos de intensidad diversa por los que transita el personal frente a una tendencia que se ve más como militarización de la seguridad, cuando se trata de la policiación o desmilitarización de una fuerza militar.
No pensamos en estas conductas como rechazos radicales al sometimiento a reglas, órdenes, disciplinas y jerarquías. La obediencia no se expresa como subordinación automática, ciega e inflexible. Por eso compartimos la advertencia de Michael Brown (1996), dada la proliferación de estudios antropológicos interesados en detectar los signos contrahegemónicos de la resistencia. Más que subversión o transgresión, encontramos aguante, adaptación y tolerancia, que coexisten con quejas, denuncias, enfermedades, accidentes y suicidios, interpretados por los efectivos como reacciones involuntarias de rechazo a las condiciones del servicio. La naturaleza militar contiene fisuras, flexibilidades y debilidades, sin las cuales, de modo paradójico, la disciplina no se sostendría. Así, nos adherimos a las perspectivas que advierten cómo las personas se entregan a estos mundos militares de vida, se adecuan y adecuan el modo de entenderlo para pertenecer ya sea al Ejército brasileño (Castro, 1990), la policía militar brasileña (Sá, 2002), el Ejército argentino (Badaró, 2008) o la GNA (Melotto, 2017).
Los datos etnográficos que presentamos son resultado del trabajo de campo en unidades de la CABA, una ciudad argentina en la frontera con Bolivia, dos de las tres escuelas de formación de gendarmes y dos destacamentos móviles, uno en Buenos Aires y otro en el noreste del país. Hicimos más de 50 entrevistas con guías abiertas a integrantes de varios niveles de jerarquía, en su mayoría varones, pues la incorporación de las mujeres ha sido lenta y reciente. También participamos en conversaciones informales y desarrollamos observación participante de patrullajes, controles de ruta, instrucción y capacitación.10
Resistencias de los “más militares”: la unidad antidisturbios
Los Destacamentos Móviles Antidisturbios de la GNA se encargan de la contención y represión de alteraciones al orden público, en particular manifestaciones. De los seis distribuidos en todo el país, dos se asientan en el área metropolitana de Buenos Aires, donde la intensidad y cantidad de protestas en la vía pública es mayor. Si bien están a más de 30 km de la CABA, pueden llegar en poco tiempo al lugar del conflicto. Hicimos trabajo de campo con uno de ellos. Los gendarmes de las más altas jerarquías los consideran los “más militares”, distintos a otras unidades de la GNA por su disciplina, su actuación colectiva y porque fortalecen a diario su unidad cuando sus efectivos están en apresto en el cuartel, o sea, a la espera de órdenes. Cada móvil tiene cuatro escuadrones de entre 70 y 90 elementos, y una Sección de Empleo Inmediato de alrededor de 20 personas, armadas con lanzagases y escopetas con municiones de goma. Tanto sus integrantes como los del resto del móvil perciben a la Sección como “más militar”, porque su función y armamento exigen una disciplina más rígida y porque es el recurso antidisturbios de alzada, cuando las primeras líneas de bastoneros y escuderos han sido superadas.
Juan Carlos Cruz/Contraluz ( Desfile de elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar, que arribaron a Sinaloa para integrarse a las labores de seguridad, Culiacán, noviembre de 2018.
Una mitad de cada escuadrón ejerce la función de bastoneros y la otra de escuderos. En un procedimiento, los escuderos van delante y en seguida los bastoneros, como apoyo. Entre ellos se cuidan, se protegen, se sostienen y contienen a quien flaquea o se paraliza, cuando advierten que el estado emocional de un compañero no lo deja actuar. La interpretación de sus emociones y las de los manifestantes es parte de sus destrezas, como ocurre en otras fuerzas del orden (Paperman, 2003). Cuando alguien herido se cae, tratan de sacarlo del procedimiento y asistirlo para que siga actuando. A veces, la agresividad de los manifestantes no cede y las filas de escuderos y bastoneros se debilitan, entonces el jefe de la operación recurre a movimientos de disuasión para amedrentar a los manifestantes. Se colocan las máscaras antigases y comienzan a mover el camión hidrante preparado para lanzar agua mezclada con gas pimienta. Cuando esto no atemoriza a los manifestantes, opera la Sección de Empleo Inmediato, que evita el contacto cuerpo a cuerpo, porque cuando eso ocurre llegan los golpes. Disparan las escopetas hacia el piso, para que las balas reboten, y avanzan con el camión hidrante para dispersar a los manifestantes.
Rodrigo Berna, un cabo de 30 años de edad, con diez años de antigüedad en la GNA, pertenece a una Sección.11 Fue sancionado con diez días de arresto por desobedecer a sus superiores durante la protesta del octubre negro en 2012, cinco años antes de nuestro encuentro.12 Él y sus compañeros, enterados de la protesta de gendarmes en Buenos Aires, no obedecieron la orden de no abandonar la escuela donde estudiaban para ascender a cabos. Salieron igual y caminaron hacia el centro de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, para reclamar un salario digno y apoyar a sus compañeros de Buenos Aires.
Como todos sus camaradas, Rodrigo consideraba que la protesta estaba justificada por un reclamo legítimo: “estábamos muy mal pagos, los salarios eran bajos, compensábamos con las comisiones por servicios adicionales que nos pagaban estando en Buenos Aires” (entrevista con Rodrigo Berna, Provincia de Buenos Aires, 22 de octubre de 2017).13 Él no percibía desobediencia, pedían una compensación salarial justa, que no se les exigieran más sacrificios; entendía que había límites, por más militares que fueran. Me mostró las dos hojas que llevaba, en las que le avisaban de una sanción leve por haber faltado al servicio sin aviso. Él sabía que lo sancionarían. Su familia había necesitado su presencia en una emergencia y no quiso sacrificarla en pos del servicio. La primera hoja tenía su descargo, el informe en el que explicaba que había solicitado permiso y se lo habían negado. Por el cuadro de anemia de su mujer embarazada, había decidido acompañarla, aunque tuviera que faltar sin permiso. Cuando se le notificó de la sanción, Rodrigo no quiso insistir en el ejercicio de su derecho a otro descargo escrito. Temía que su superior incrementara las sanciones: “me pueden dar más días por no cumplir una orden”. Le pregunté si lo enojaba y respondió: “por una parte, molesta, porque cuando hay que estar y trabajar, uno está. Finalmente, sólo estuve ausente dos horas y no afecté al servicio. También me molesta porque me afecta en mi carrera. En mi promoción somos 800, uno o dos puntos juegan en el ascenso”. Los ojos de Rodrigo estaban enrojecidos de cansancio: “éste es un móvil muy especial, tenemos mucha sobrecarga, se hace difícil estar con la familia” (entrevista con Rodrigo Berna, Provincia de Buenos Aires, 22 de octubre de 2017).
Gabriel, con el grado de cabo y camarada de Rodrigo, bastonero del Escuadrón 1, compartía la visión según la cual el trabajo en ese móvil atentaba contra la familia del gendarme:
Éste es un móvil muy particular, hay mucha exigencia. Estoy más acá que con mi familia. Hoy entramos a las 7:00 de la mañana y nos vamos a las 11:00 de la noche y yo mañana tengo que estar en un servicio en Lomas. Tuve muchos problemas con mi mujer, ella no quería venir, pero yo le dije que tenía que acompañarme, que quería estar con mis hijos [una niña de 6 años y un niño de 1 año de edad]. Acá tenemos muchas discusiones porque no estoy nunca en mi casa. Acá vivís trabajando, sos un esclavo laboral. Mi suegro y mi mujer no querían que viniese a este móvil, conocían a un gendarme que había perdido su familia por este destino (entrevista con Gabriel, Provincia de Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017).14
Gabriel se quejaba de las condiciones del móvil, porque no había dónde descansar mientras esperaban a que los movilizaran, por lo regular, para despejar los piquetes o cortes de autopistas o rutas. Decía que había colchones tan deteriorados que sólo los usaban cuando estaban agotados. Si prestaban servicio en un escuadrón en una ciudad próxima, las condiciones eran peores: “dormimos en carpa, es inhumano, andá a verlo cuando puedas” (entrevista con Gabriel, Provincia de Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017). En este móvil habían dejado de cobrar racionamiento, un dinero que apenas cubría gastos de alimentación para el día en que los desplazaban y que recibían con una demora de tres meses.
Por eso, y por asesorar a los gendarmes menos antiguos, a Gabriel lo llamaban gremialista. Estaba marcado por haber sido sancionado durante la protesta del octubre negro. No quería que maltrataran a los gendarmes más jóvenes, como le ocurrió a él: “yo les digo, cuando algo es injusto, que lo hagan saber con respeto, para que no les pase lo que a mí, que una vez recibí una sanción por limpiar la habitación equivocada” (entrevista con Gabriel, Provincia de Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017). No sólo él, toda su promoción era identificada por su participación en la protesta. Gabriel recurrió a una psicóloga particular y decidió tomar tranquilizantes para sobrellevar la situación de tensión con su familia y las demandas del servicio.
Sin embargo, había quienes estaban tan adaptados que no se resistían. No aguantaban ni toleraban ni se oponían a quienes expresaban, como Gabriel y Rodrigo, la ambivalencia de este estado de tolerancia y queja; soportaban y reclamaban de manera solapada, sólo avizoraban un servicio en un destino mejor. Pablo, un cabo de 30 años de edad y cinco de antigüedad, había sido soldado en el Ejército por cuatro años antes de ingresar a la GNA. En su grupo era escudero, iba en la línea de choque en las operaciones antidisturbios. Era oriundo de una región campesina en la provincia de Santiago del Estero. Veía a sus hijos dos veces al año, pues su familia se había quedado allá porque su esposa era maestra rural. Como ella estaba toda la semana en el campo, los niños vivían con sus suegros. Con su salario de gendarme, tenía que mantener tres casas: la de sus suegros, la suya y la de sus padres, que vivían en un pueblo sin energía eléctrica. Él se arreglaba con poco y sólo hacía su trabajo. También ayudaba a su hermana, que estaba terminando la escuela secundaria: “no tengo tiempo libre, cuando tengo, hago adicionales”. Pablo se diferenciaba de sus otros compañeros y pensaba que ellos no cumplían con el régimen militar: “no tengo sanciones, siempre fui como corresponde. No soy de plantearle las cosas a los superiores. La mayoría son de plantearle la situación a los superiores delante de todos, pero el régimen militar dice que hay que planteárselo personalmente”. Pablo no quiere terminar su carrera en gendarmería, espera que en algún momento lo destinen a Santiago del Estero: “[ahí] quiero tener independencia de mi tiempo para hacer un profesorado en matemáticas” (entrevista con Pablo, Provincia de Buenos Aires, 25 de noviembre de 2017).
Ese día habían ingresado al móvil a las 7:00 de la mañana y se corría el rumor de que saldrían a las 12:00 a un operativo antidisturbios, no tenían claro dónde. Esta incertidumbre era común, pero Pablo no se quejaba, obedecía sin más e imaginaba que llegaría el momento en que dispondría de su tiempo, con eso le bastaba. Otros compañeros se quejaban de la incertidumbre, la imprevisibilidad, querían saber cuándo los convocarían, para qué y dónde. Así podrían anticiparse y llevar el alimento y la bebida adecuados para la jornada, “ponerse más en situación”, me decían. Pero esa información sólo circulaba entre los jefes, quienes creían que no había que anticipar, que el personal subalterno debía estar siempre listo y soportar la incertidumbre, desde su perspectiva, propia del carácter militar.
Del destierro y los problemas familiares
Las autoridades de la Dirección de Personal de la GNA, el comandante mayor jefe del Destacamento Móvil y la teniente primero Marcela, a cargo de los temas de género del móvil, consideraban que el destierro era uno de los problemas corrientes. Los gendarmes ya no soportaban la exigencia de cumplir con el servicio, como su preparación militar demandaba. La complejidad residía, decía la teniente primero, en la concepción tradicional de familia, según la cual la mujer acompaña al marido adonde la fuerza lo destine, porque el padre-marido debe estar presente. Las mujeres se resistían a ir con ellos a Buenos Aires. Cuando lo hacían, llovían las quejas porque los gendarmes no tenían tiempo para estar con su familia. Ellos indicaban que la sobrecarga de trabajo y la duración del viaje eran las causas principales de los conflictos familiares, debido al tiempo que les quitaba.
Sus mujeres les reclamaban presencia. Encabezaban las amenazas por las redes. Ya habían sido protagonistas del octubre negro, como muestra la situación que relato a continuación. La guardia del Destacamento Móvil ocupaba una construcción precaria, sin terminar, donde unos cinco gendarmes y dos cabos controlaban las entradas y salidas del personal, y avisaban por teléfono cuando llegaba un extraño. Todas las veces que ingresé, me preguntaron de dónde era, escribían mi nombre, apellido y número de documento de identidad, y a veces lo retenían. Ese día lo dejé temprano. A mi salida, el cabo Madero, quien sabía que estaba haciendo un estudio para la universidad, me dijo que tenía una pregunta para la que no encontraba respuesta, por eso me la hacía a mí. Se acercaron dos gendarmes, uno que estaba sentado en el banco exterior y miraba el frente, y otro que hacía guardia con un chaleco antibalas. Su pregunta era: ¿por qué, si cada vez había más policías de Buenos Aires, ellos tenían que seguir ahí? El de chaleco, molesto y mirando hacia abajo, puso énfasis en sus diferencias con la policía, entre ellas, estar dispuestos a trabajar en las peores condiciones, como una forma del sacrificio militar: “el gendarme es barato y dice que sí a todo […]. Si a un jefe de la policía lo hubieran mandado acá para poner un destacamento, les hubieran dicho que ahí ellos no mandaban a su gente. Pero al gendarme lo tiras en una carpa, como estamos nosotros en Lomas, y ahí se quedan” (entrevista, Provincia de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017).
“¿Ustedes son obedientes?”, pregunté. El cabo Madero, al contrario de mi comentario, señaló: “si no pasa nada a fin de año, se va a sentir la protesta, nuestras esposas están enojadas” (entrevista, Provincia de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017). La intervención de las esposas es un recurso de los gendarmes para evitar la sanción, pues ellos tienen prohibidas la manifestación pública y la agremiación, como ya mencionamos. Le pedí que me contactara con alguna de ellas y me respondió que me iban a pelear, que estaban muy enojadas. Sugirió que me uniera al grupo “Esposas de gendarmes y gendarmes” en Facebook. Le dije que hacerlo era difícil y se ofreció a agregarme. La conversación derivó en la protesta del octubre negro, en la que también participaron sus esposas. Para ellos, la protesta había sido fundamental en su relación con los superiores: “los oficiales sienten que eso es una mancha. Ellos son como los ministros, roban, están aparte”, señaló un cabo (entrevista, Provincia de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017). Otro motivo de molestia era que el personal civil del Ministerio de Seguridad había aplicado una encuesta sobre condiciones de trabajo y nada había cambiado. Les dije que era importante que tuvieran una lista de demandas. El cabo Madero se puso esquivo: “no, pero que nos digan si nos vamos a quedar en Buenos Aires, así traemos a nuestras familias. Si para diciembre no tenemos novedades, ellas van a salir a protestar”. Ante esas amenazas, les recordé que no era del Ministerio de Seguridad y que no podía hacer nada: “no importa, para nosotros es importante que nos escuches, porque nos descargamos, nos desahogamos”, remató Rodrigo (conversación informal).
Había consenso generalizado entre el personal de la fuerza acerca del sufrimiento por desarraigo y su recrudecimiento en Buenos Aires, una ciudad demasiado grande para la mayoría, proveniente de pequeños pueblos del país. La dificultad que enfrentaban los individuos para adaptarse a la ciudad se agudizaba en cualquier escenario: si la familia estaba en Buenos Aires, presionaba para retornar al interior; si la familia permanecía en las poblaciones de origen, reclamaba la presencia del esposo y padre de familia en casa. En estas circunstancias, la formación en el régimen militar en un escenario operacional despreciado, como dar seguridad en Buenos Aires, no alcanzaba para obedecer sin más.
El desarraigo, sumado a los problemas familiares, amenazaba el servicio. Si el jefe del destacamento sabía de alguna situación clasificada así, recurría a la teniente primero Marcela, pues ella era una figura designada por la institución y supervisada desde el Ministerio de Seguridad. Era odontóloga, asimilada al cuerpo de oficiales, y contaba con una auxiliar, la cabo María, que podía conversar con más intimidad con el personal subalterno. El comandante de móvil, preocupado por el elevado número de gendarmes que se habían ido durante el último año, se apoyaba con regularidad en ese equipo para hacer frente a los temas familiares. Marcela reconocía tener “buena llegada a los jefes”:
El jefe me manda gendarmes para que hablen con nosotros, cuando ve que no andan bien. Aunque tienen miedo al dentista, se quedan y nos cuentan de sus problemas matrimoniales [María asiente]. Ella me ayuda mucho, no la cambio por nadie [en referencia a María]. Sus esposas no entienden de la demanda de servicio que hay en este destacamento. Es una población con muchas carencias afectivas y nosotros tratamos de acompañarlos, contenerlos (entrevista, Provincia de Buenos Aires, 21 de noviembre de 2017).
Así, en lugar de aliviar la sobrecarga de servicio, los oficiales desplazaban el problema hacia el conflicto familiar y apelaban a variantes de la contención o acompañamiento de los camaradas para evitar el impacto en el gendarme y el servicio, que debía cumplirse como fuera. Se aprecian concepciones contrastantes acerca de las condiciones que los gendarmes obedecen. El tratamiento de los problemas familiares facilitaba la entrega a la fuerza. También se evitaban las “evacuaciones” del personal, decisión tomada en la Dirección Nacional de Gendarmería a petición del interesado, siempre que se justificara el traslado desde el destino asignado hacia la provincia de origen. Según datos recabados por la institución, en 2015 fueron trasladados 2 056 gendarmes, 998 en 2016 y 2 522 en 2017, en ningún caso desde Buenos Aires.
Cuando el cuerpo habla
Existe un lenguaje corporal mediante el cual se expresa la resistencia, la ambivalencia de aguantar y cumplir con el servicio al mismo tiempo. El cuerpo de los gendarmes -hombres y mujeres-, también da testimonio de lo que se impone, de la dificultad de adaptarse al régimen militar para el cumplimiento de tareas policiales. Ésta es la interpretación de gendarmes y cabos de la gran cantidad de accidentes registrados en el móvil antidisturbios, mientras los oficiales jefes dudan de los motivos que los provocan. Si bien comparten la preocupación, el estamento de los gendarmes y cabos, mayoritario en la fuerza, es el sector vulnerable. Los datos registrados por el móvil son contundentes. En 2015 hubo diez gendarmes heridos, 11 en 2016 y 50 heridos y tres muertos en 2017.
Mientras esperábamos que llegara el padre Gerardo -sacerdote de la GNA para el personal de la zona sureste de Buenos Aires, enviado allí luego de los decesos- a oficiar la misa semanal en la formación matinal, el oficial logístico comandante principal Hernán Oviedo, encargado de la infraestructura, las provisiones y el equipamiento, decía:
Con otro oficial, compañero, nos preocupa mucho la cantidad de accidentes en esta unidad. Pucha, ¿qué nos pasa? ¿Será por cansancio, será que falta de descanso, será que estaban separados [de sus esposas]? Pensamos en hacer un estudio con esto, relevar cuántas horas llevaba trabajadas el gendarme accidentado, cuántas horas de descanso, pero también, cómo estaba la motocicleta en la que viajaba, cuál fue el informe del seguro (entrevista, Provincia de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017).
Para los cabos, los accidentes se producían por la sobrecarga de trabajo, la falta de descanso y los problemas familiares. Los oficiales no terminaban de definir las causas y explicaban que el problema era que no había transporte público que conectara el cuartel con la ciudad, lo que empujaba a muchos a desplazarse en motoneta. Dos interpretaciones diferenciaban a suboficiales de oficiales, sin que las órdenes de éstos cambiaran.
A los accidentes se añadieron los suicidios. De acuerdo con los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Gendarmería es la fuerza federal con mayor tasa de suicidios, por encima de la población civil en esa franja etaria. Las autoridades no saben bien la razón, pero creen que se asocia a lo que denominan “desarraigo”, pues las otras tres fuerzas federales casi no desplazan a su personal. El hecho de cambiar con frecuencia de lugar de residencia y la dificultad creciente de estar lejos de la familia es la explicación que más los convence. La Dirección de Bienestar del comando central de la GNA desarrolló un protocolo para detectar suicidas potenciales. También reforzó la detección preventiva, por intermediación del sacerdote, entre aquellos que no daban señales registradas por el saber psicológico.
Los ojos de Rodrigo se enrojecieron aún más, hasta lagrimear, cuando habló de Damián, compañero de la Sección de Empleo Inmediato, quien se había suicidado hacía dos años. No entendía qué le había pasado, no había dado señales, creía que había sido un problema con su esposa, estaban a punto de ser padres. Lo encontraron a metros de la “covacha”, donde los miembros de la Sección se reunían y se adiestraban para mantener la disciplina militar. En la jerga castrense, “acovacharse” es esconderse, alejarse de la vista y el control de los superiores. Rodrigo contó sobre su compañero Damián: “nosotros, en la Sección, somos muy unidos; él tenía su cofre al lado del mío. Se lo veía entusiasmado, hacía chistes. Este año vinieron las psicólogas a dar una charla, para prevenir, pero nada de lo que ellas mencionaban pasó con él. No se aislaba ni estaba triste ni decaído”. Cuando pudo hablar sin llorar, relató cómo lo encontraron: “estaba sentado con las piernas abiertas y la alianza [anillo de casamiento] entre las piernas, yo creo que algo pasó con su mujer. Sigo viendo a la chica, nació su hijo, que es igual a él” (entrevista con Rodrigo Berna, Provincia de Buenos Aires, 22 de octubre de 2017).
Hicieron un pequeño altar en la covacha, con una foto de Damián a la que le prenden velas. El sacerdote Gerardo, que los visitaba con regularidad, dio una misa cuando se cumplieron dos años de su muerte. Rodrigo decía que el sacerdote les hacía muy bien, que le gustaba porque adaptaba la homilía al trabajo de los gendarmes, le mandaba mensajes de Whatsapp que él compartía con sus compañeros y familiares (entrevista con Rodrigo Berna, Provincia de Buenos Aires, 22 de octubre de 2017). Damián tenía 26 años de edad cuando murió. No fue el único en ese móvil, hubo otro cabo que se quitó la vida en uno de los espacios más frecuentados.
El padre Gerardo describía su tarea: “tengo muchísimas vivencias e historias. Por ejemplo, de una chica que había dispuesto todo, me dijo que tenía la soga para usarla a fin del día, que le faltaba ubicar a su hija y que la conversación [que tuvimos] le hizo cambiar de idea. Eso me llena de satisfacción” (entrevista, Provincia de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017). Él se sentía parte de la Sección de Empleo Inmediato, como uno más. Pasaba la mayor parte del día con los efectivos. Luego de recorrer todo el destacamento, saludar a sus integrantes, cebarles mate y conversar con ellos, se quedaba en la covacha. Explicaba su labor de rastreador e intérprete de sentimientos velados en hombres y mujeres adustos y retraídos:
Hay que saber mirar debajo de la boina, cuando un hombre está solo, aislado, hablarle: “¿cómo está, mi amigo?”. Tratar de que se abra, que abra su corazón. Por ahí está sentado solo. Entonces yo me acerco y por ahí veo en su mirada tristeza y le pregunto: “¿cómo estás, hijo?”. Busco cómo conseguir que se abran. “Padre -me responde-, me pasa esto…”. Yo le digo que haga deporte o que no tome tantos adicionales, o que consulte al psicólogo. Éste es el comedor [señala] y yo me meto y caliento agua y les cebo, ellos saben que el cura ceba mate (entrevista con el padre Gerardo, Provincia de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017).
El sacerdote era un recurso para hacer hablar a los gendarmes y evitar su daño físico. Ofrecía orientación y protección divina para el fortalecimiento espiritual y emocional. A la vez, su “saber mirar debajo de la boina” lo convertía en un soporte más del sacrificio exigido por el servicio, un modo de aguantar la exigencia de entregar el cuerpo, sin que éste se extinguiera. El punto es que los gendarmes no consideraban Buenos Aires un destino trascendental. Su sacrificio allí no los conectaba con la patria, como el puesto en la frontera, por lo tanto, no valía la pena su sufrimiento (Hubert y Mauss, 1997).
Resistencias de los “más policías”: patrullaje en la metrópoli
Al asumir tareas policiales, los integrantes de la GNA entraron en un debate interno sobre su identidad. Algunos decían que no era la primera vez que ocurría. Algo semejante había sucedido a mediados de 1980, cuando dejaron de depender del Ejército argentino y su carácter militar quedó en suspenso (Melotto, 2017). Sin embargo, durante la década posterior consolidaron su “naturaleza militar” al ocupar puestos de frontera y percibirse a sí mismos como “centinelas de la patria”. Su participación en Kosovo y Haití también contribuyó a apuntalar esta posición.
El despliegue, en 2011, de unos 9 000 gendarmes asignados a tareas policiales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),15 en reemplazo parcial o refuerzo de las policías de esa jurisdicción, provocó un malestar interno generalizado.16 Nos interesa explorar las posiciones y justificaciones con las que los uniformados explican su adaptación o su resistencia y rechazo abierto a desempeñar funciones policiales. Nos enfocaremos en el Operativo Cinturón Sur (OCS), ubicado en la zona más empobrecida de la ciudad de Buenos Aires, con mayor concentración de población que reside en villas.17 Fue creado en 2011 por orden de la presidenta Cristina Kirchner y fortalecido desde 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, de signo ideológico contrario. La Gendarmería desplazó en el patrullaje de la vía pública a la Policía Federal Argentina y luego a la nueva Policía de la Ciudad, que quedó a cargo de los trámites judiciales. El OCS agrupa dos comisarías o unidades de la GNA y un Destacamento de Prevención Barrial (Destapreba), creado por el Ministerio de Seguridad en 2014, del que dependen dos Unidades de Prevención Barrial (UPB).
Juan Carlos Cruz/Contraluz ( Operativos policiacos y militares de proximidad en Culiacán, Sinaloa, febrero de 2019.
Rodolfo Rincón, comandante principal jefe del Destapreba, nos decía, con sus superiores presentes: “yo me quiero ir, no me gusta, no entré a la Gendarmería para chalequear [en referencia al chaleco antibalas que se usa para patrullar]. No entré para ser policía” (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de diciembre de 2017). Rincón estaba a un mes de su relevo y expresaba un punto de vista que sabía que compartían algunos integrantes de la conducción nacional de la GNA. Por el contrario, los demás jefes del OCS lo tomaban como un desafío: “este trabajo no lo quiere nadie”, afirmaba el comandante mayor Ponce, que llevaba un año como jefe (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de diciembre de 2017). Su segundo jefe, el comandante principal Ricardo Bulnes, a quien habían tentado con un cambio de destino, también quería permanecer un tiempo más.
En un encuentro privado, el comandante Bulnes amplió su visión, según la cual no eran “ni militares ni policías”, se encontraban en la ambivalencia:
Acá hay un problema de identidad mal planteado. Vas a encontrar quien te diga que somos militares y no policías. Yo digo que tenemos carácter militar y hacemos tareas policiales, pero no somos ni militares ni policías. Nosotros no tenemos la picardía de la policía. Si le sumáramos al carácter militar la picardía policial, seríamos excelentes. También nos ayudaría a vincularnos con los referentes de los barrios (entrevista con Ricardo Bulnes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de diciembre de 2017).
La mayoría de los gendarmes concuerda con que el trabajo policial en el OCS es muy sacrificado y riesgoso. Suelen rechazarlo y se quejan de la infraestructura de las unidades: “nuestra gente está tirada. El trabajo administrativo nos mata”, decía el segundo jefe del Destapreba Daniel Roca (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de noviembre de 2017).
El rechazo al trabajo policial, según la explicación de los gendarmes, se expresa también por medio del cuerpo, que los deja inactivos o limitados. Por eso hace unos años se recomendó reducir el tiempo de permanencia en estas unidades. El cabo Ernesto Resta llevaba cinco años en el OCS, aceptaba el destino sin quejarse, cumplía con el servicio, pero decía que la tarea le producía: “mucha frustración, mucho desgaste mental, poner en riesgo tu vida, ver que los vecinos golpean y apedrean a un compañero cuando se llevan a un detenido y que después el delincuente no dure ni una hora preso” (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017). El comandante principal Bulnes señalaba:
Los destinados no deberían estar más de dos o tres años en el operativo; sin embargo, hay gendarmes que están hace mucho tiempo, cinco años. Hay muchos casos de burnout, de gente quemada, de personas con desbordes emocionales, que sufren gastritis, problemas en la piel, úlceras o caída de cabello (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de diciembre de 2017).
Existe abundante literatura sobre manifestaciones de estrés y estrés crónico o burnout en las fuerzas policiales, rastreada por João Pedro Oliveira y Cristina Queirós (2012). Los estudios ponen de manifiesto los efectos nocivos de la tarea policial sobre el cuerpo de los uniformados en varias policías del mundo. Todos coinciden en la alta incidencia de esta enfermedad y su manifestación somática -patologías cardiacas, perturbaciones gastrointestinales, dolencias dermatológicas, entre otras (Alkus y Padesky, 1983)- y psíquica, que lleva al abuso de sustancias tóxicas, altas tasas de divorcio, depresión y suicidio, superiores a las de otros grupos profesionales (Oliveira y Queirós, 2012).
La línea de argumentación que queremos destacar explica la incidencia del burnout cuando la autoestima se juega en el espacio laboral y genera insatisfacción y frustración (Blau, 1994). Entre la población policial se agudizan esos sentimientos porque hay mayor solapamiento entre identidad personal y profesional (Lhuiller, 2006).
Las UPB son los sitios más duros, decían los gendarmes, por el patrullaje constante, la conflictividad y los homicidios. Los veían como “barrios muy conflictivos, refugio de toda clase de actividades ilegales y comercio de drogas”, aunque distinguían entre las personas “buenas que trabajan” y los malandras o delincuentes (entrevista con Pedro Olazabal, cabo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017). Tenían muchos “requerimientos” y miedo de ser noticia en los diarios. Aun así, estaban satisfechos porque habían contribuido con el descenso de 36 homicidios en 2015, a 17 en 2016 y nueve en 2017. Para ello, incrementaron el número de personal y comenzaron a pagarle un suplemento que representaba un tercio del salario. La UPB Fátima, con casi 200 efectivos, y la 1-11-14, con 700, se patrullaban con personal organizado en tres turnos de 24 horas de servicio por 48 de descanso.
No obstante, hay superiores que no resisten la presión. El jefe de la Destapreba comandante mayor Ponce reemplazó a otro que no soportó, su cuerpo lo dejó inhabilitado: “llegué a reemplazar al jefe que pidió licencia por estrés. Tuvo primero una conjuntivitis, luego una alergia que le llegó al cuero cabelludo. El médico lo derivó a un psicólogo, le dijo que no era físico. El oficial pidió licencia, se fue de vacaciones y nunca volvió, pidió el retiro” (entrevista con comandante Ponce, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de diciembre de 2017).
No fue el único caso, aunque sí el más sonado por tratarse de un oficial jefe. El comandante Ramos, a cargo de la UPB de la villa 1-11-14, considerada la más peligrosa de la ciudad, ofrece una explicación compartida de los motivos de estrés: “tenemos varios efectivos con estrés. No se cumple esto de tenerlos sólo dos años. Hay gente con erupciones en la piel, con mechones salidos del cuero cabelludo. El estrés se produce porque estamos las 24 horas conectados. El teléfono no para de sonar, más las radios, porque hay muchos incidentes” (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de diciembre de 2017).
Frente a esta situación, en el operativo actúa un grupo de contención compuesto por profesionales de apoyo emocional: psicólogos, trabajadores sociales y un médico. El comandante Gustavo Fernández describe el escenario respecto a los gendarmes: “estamos sentados sobre un volcán a punto de explotar, la gente acá pasa de persona a animal” (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017). El comandante principal Bulnes enumera algunas de las dificultades que enfrentan, entre ellas la vida lejos de sus familias:
Alquilan juntos para reducir gastos, se agrupan en viviendas precarias donde conviven varones y mujeres, y ahí surgen problemas interpersonales, de familia y de violencia de género. Este tipo de problemas, los de violencia de género, nos demanda mucho trabajo administrativo, mucha energía. Aunque los protocolos de actuación suelen ser claros, tenemos que destinar tiempo y esfuerzo a ponerlos en funcionamiento. El ambiente de acá potencia los problemas que los gendarmes ya traen de sus destinos (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de diciembre de 2017).
Hay violencia de género en los barrios donde patrullan y también en la Gendarmería, entre sus integrantes. Es significativo que mencionaran el ambiente en el que operan como potenciador de los problemas de origen. Así explicaban los jefes los casos de un gendarme que se suicidó y de otro que fue encontrado robando con su arma en otro barrio de la ciudad.
¿A qué se referían con el ambiente de las tareas policiales? Las villas son espacios de gran hacinamiento y pobreza. La miseria es el rasgo principal del “ambiente” en el que trabajan, la precariedad de adultos, jóvenes y niños en particular. Las UPB estaban en el interior de las villas, las comisarías de la policía no. Convivir con la miseria era la gran diferencia con el tipo de patrullaje que antes hacía la policía, que no supervisaba a pie, sólo entraba a las villas a buscar a un supuesto delincuente y luego montaba su vehículo y regresaba a la comisaría. Los gendarmes, en cambio, compartían la cotidianidad y los conflictos interpersonales con la población, antes que poner la atención sólo en la persecución criminal.
Acovacharse para aguantar
Acovacharse era la categoría con la cual los gendarmes subalternos designaban un rango amplio de conductas referidas a ocultarse, evitar o esquivar el cumplimiento estricto de la tarea ordenada, sin que significara abandono del servicio. Los jefes debían controlar e identificar a quienes no cumplían con su responsabilidad. Participé en una reunión entre un nuevo jefe, el comandante principal Esteban Verdún y su comandante, Bulnes. Verdún, a cargo de la Destapreba, a una semana de recorrer su jurisdicción, le contaba a Bulnes los problemas que había detectado y su propuesta. Se concentró en mencionar la falta de patrullaje y relató con humor las picardías de los gendarmes: “creen que patrullar es recorrer el trayecto que hacen para el relevo [cambio de guardia, ríe]. Encontré entre todos los puestos de la villa a 16 descansando [imitaba su postura desparramada en el sillón]. No me mientan. Muchachos, así no. Hay que hacerlos laburar”.
Para solidarizarse con Verdún, el comandante Bulnes contó que se había paseado en uniforme por ahí y había visto a un gendarme de guardia mirando el celular: “lo cacé del cogote [toma a Verdún del cuello, como si fuera el gendarme], lo agarré y le dije: ‘está muerto’. Vos pensás que los cinco que estaban al lado se levantaron de su silla, no, siguieron como estaban”. Así, evitar el patrullaje en la villa, permanecer en los puestos, era una forma de resistencia a la tarea policial de vigilar. Acovacharse era una forma de la desobediencia que consistía en ocultarse de la mirada de los jefes para eludir o resistir las tareas más pesadas sin recibir sanciones (Scott, 1990).
La patrulla líbera o cómo resistir el militarismo inútil
En el ambiente operacional de las villas de Buenos Aires, los oficiales más modernos18 sentían una presión injustificada, entre cumplir y hacer cumplir tareas policiales percibidas como pesadas y ejecutarlas con un militarismo formal. Así, desde la perspectiva del primer alférez Pablo Bertukovick, oficial de servicio en un turno de 24 horas en la villa 1-11-14, había una suerte de “militarismo inútil”, un cuidado desmedido de las formas castrenses, alimentado por una carga burocrática excesiva:
Mucho control en cosas que no son importantes. Si la bota está limpia, si perdiste el radio. El gendarme no trabaja con libertad, suelto, está más preocupado por el radio que por otra cosa. Yo veo que la policía trabaja más suelta. Ahora están haciendo un allanamiento en la villa. Y nosotros estamos con los dos, tres cigarrillos de marihuana. Nosotros podríamos dar mucho más. Cada vez que usamos la escopeta tenemos que hacer informes. Dejame, si yo selecciono al personal que usa la escopeta, me fijo, busco a los más fríos. En cada patrulla de tres, yo evalúo a quien darle la escopeta. Son postas de goma, yo sé del uso racional de la fuerza. Pero no… Todos trabajan con miedo porque pasa un jefe y nos dice: “¿por qué tal cosa y la otra? Te voy a sancionar si no estás con el chaleco y el casco, porque te estoy cuidando”. Pero ¿por perder una radio? Eso se repone. La gente no trabaja tranquila, están muy perseguidos (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2017).
Por eso, con el oficial de turno y el aval del jefe resolvieron conformar una patrulla líbera, con autonomía, independiente de los patrullajes regulares que recorrían la villa desde los cinco sitios de guardia permanente. Bertukovick me la mostró un día en que no paraba de hacer y atender llamadas, mientras entraba y salía de su oficina, e intentaba escribir una notificación. Sus integrantes llegaron en una camioneta de la GNA cargada con una motocicleta BMW de alta cilindrada. La habían secuestrado en el interior de la villa. Muchos de los que estaban descansando en la UPB se acercaron a descargarla y luego a deslumbrarse con los detalles, pero él los distinguió: “tenemos un grupito de seis. Ésos no tienen horario, entran a la villa y salen cuando les parece. Se toman su tiempo para descansar y tomar mate. Yo sólo les pido que me avisen cuando salen y cuando regresan, nada más. Yo los elegí, son los que mejor hacen el trabajo con los fiscales y saben confeccionar las actas de procedimientos” (entrevista con Pablo Bertukovick, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2017).
Ésa era la manera de sortear la rigidez militar y el miedo que generaba la mirada de los jefes más antiguos entre los gendarmes que dependían de oficiales modernos: “esa forma de trabajar, tan controlada, de mucha presión hacia el personal. La gente trabaja con miedo y podría dar mucho más”. Con esta visión, Bertukovick se reconocía como una generación que pensaba distinto. Su explicación provenía de haber mirado el desempeño de la policía: “ellos trabajan juntos y no hay tanto miedo a que pase el jefe y los sancione. Pero nosotros no. Los jefes meten tanta presión al personal que la gente trabaja a desgano o se queda quieta. Cuando los suelto, trabajan mejor” (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2017).
En el mismo sentido, Roberto Lynch, comandante a cargo de la UPB del barrio Fátima, hijo de un policía retirado de una provincia norteña, señalaba la ambivalencia de asumir la función policial:
Queremos hacer el trabajo de policías, pero no somos policías. Nos atamos a lo militar, se ve en el papeleo, en los informes que tenemos que elevar. Los policías no son así. Nosotros tenemos que informar cada cosa a la cadena de comando. Como decía un profesor, comandante retirado: “lo sencillo promete éxito”. A mí esa frase se me grabó a fuego. Entonces queremos ser policías, pero nos aferramos a la cadena de mando. Yo no reniego de ser policía, pero el papeleo, los informes, me limitan. Se quejan porque el personal, en lugar de estar afuera del contenedor, está adentro, descansando, y bueno, entonces sácame el contenedor, pero no, cómo le vamos a sacar el contenedor, tienen que descansar. Pero la policía no tiene contenedor y vigila un agente solo; si no puede, pedirá apoyo (entrevista con Roberto Lynch, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de enero de 2018).
La atadura militar se veía también en el sentido del bienestar y el cuidado que procuraba la Gendarmería a su personal, que la policía no compartía. En la visión de los gendarmes, eso era liberador, condición del trabajo policial.
De manera paradójica, el papeleo, el exceso de informes administrativos atribuido al carácter militar, incluía las denuncias de los gendarmes a sus superiores -maltratos, recarga de servicio, diferencias salariales por cargo y función iguales, demora en el cambio de destino o desarraigo- con las que se buscaba flexibilizar o rectificar el mando militar vertical.
Cuando no se resiste: denuncias institucionalizadas
La disconformidad progresiva del personal de GNA por la asignación de tareas policiales en Buenos Aires y los traslados permanentes desde la frontera hacia este centro urbano desafiaba cierto sentido de lo militar, sobre todo por las condiciones bajo las cuales los gendarmes estaban dispuestos a obedecer. En ese sentido, el sistema de recepción de denuncias, incorporado en 2009 para los ciudadanos, se convirtió en una válvula de descompresión cuando los gendarmes empezaron a utilizarlo para denunciar a sus superiores. Con la creación del Ministerio de Seguridad, en 2010, el sistema se generalizó a las cuatro fuerzas federales y se centralizó en el número de teléfono gratuito 0800-888-8804, estampado en todos los vehículos. La GNA recibía denuncias las 24 horas del día en un cubículo pequeño del edificio central. Ocho gendarmes del área de Asuntos Internos se ocupaban de grabar, distribuir y transcribir la denuncia. Debían informar al Ministerio sus registros, las investigaciones en curso y las terminadas. Cuando la denuncia era anónima y reiterada, el comandante a cargo de Asuntos Internos se desplazaba hasta el escuadrón o destacamento para constatar los hechos denunciados, en cuyo caso podía removerse al jefe en cuestión.
Los motivos de las denuncias eran, según datos de la GNA, abuso de autoridad, maltrato a los subalternos, solicitud de cambio de destino, mal desempeño, recargo de servicios y discriminación (véase el cuadro 1). Las denuncias se incrementaron, alcanzaron su pico en 2011 y luego empezaron a descender. La mayor proporción fue hecha por personal del Operativo Centinela y del OCS en el AMBA.
Cuadro 1
| Motivos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Abuso de autoridad | 5 | 9 | 37 | 9 | 20 | 12 | 8 |
| Maltrato | 8 | 1 | 17 | 5 | |||
| Solicitud de cambio de destino | 1 | 1 | |||||
| Mal desempeño | 26 | 12 | 32 | 20 | 34 | 33 | 28 |
| Recargo de servicios | 1 | 4 | 4 | 6 | |||
| Discriminación | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Total | 33 | 30 | 72 | 51 | 60 | 52 | 46 |
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la GNA.
Las máximas autoridades de la GNA atribuían el incremento de 2011 a una resolución ministerial que prohibía a los comandantes sancionar al personal subalterno que hubiera hecho una denuncia.19 La norma convertía la denuncia en una obligación ante el conocimiento de hechos irregulares en el ejercicio de la función. Desde la perspectiva de las autoridades, este procedimiento atentaba contra la disciplina y la cadena de mando. Reconocían que había denuncias fundadas, como la que terminó con el pase a disponibilidad por dos años de un jefe de escuadrón denunciado por acoso sexual. Otras eran concebidas como venganza por cambios en las funciones del personal. Un jefe del OCS, Ricardo Bulnes, explicaba una denuncia en su contra: “fue porque no hacía bien su trabajo y la saqué del área administrativa y la mandé a patrullar” (entrevista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017).
En 2013, el Ministerio de Seguridad cambió de autoridades y orientación, y habilitó a la GNA para sancionar al denunciante si éste iba directo a la justicia sin agotar la vía administrativa y el recurso de la denuncia telefónica. Esta decisión mantuvo la válvula de escape dentro del control institucional para sostener la disciplina sin que la justicia intercediera. Además, después de la protesta de 2012, los aumentos salariales y los suplementos en dinero se utilizaron para gestionar el descontento.
En el contexto de desmilitarización por policiación percibido por los gendarmes hubo un movimiento de la denuncia como hecho individual a uno general en la protesta de 2012, y luego de nuevo a la singularización.20 La intervención de la justicia ocupó un lugar clave en ese proceso y afectó el modo de mandar y atender al personal. En varias oportunidades, un juez federal validó los reclamos de los que se rebelaron durante el octubre negro, hasta dictaminar que la Gendarmería debía reincorporar a 50 uniformados que participaron en la protesta mientras tomaban un curso anual de ascenso. Su dictamen se fundó en el derecho a la educación y la no finalización del sumario administrativo que debía determinar la falta disciplinaria y su sanción correspondiente. A mediados de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó a las autoridades de la GNA dejar sin efecto las sanciones de más de 1 000 gendarmes que protestaron en 2012. En suma, entre la intervención de la justicia, la permanencia del número de teléfono gratuito para denuncias y el mayor ingreso salarial, los gendarmes obtuvieron vías más institucionales para limitar la carga del servicio y los abusos de los jefes.
Conclusiones
El proceso que hemos analizado introduce una perspectiva alternativa y complementaria, tanto en Latinoamérica en general como en Argentina en particular, a las que tratan la intervención de las fuerzas militares en seguridad interior como militarización y se concentran en registrar el daño provocado sobre la ciudadanía. A partir del análisis etnográfico de las perspectivas de los gendarmes de todas las jerarquías, hemos subrayado la ocurrencia de un problema inverso: la policiación de una fuerza militar y los efectos que conlleva para el personal uniformado. Las decisiones gubernamentales que asignan tareas policiales a las fuerzas militares, como patrullaje de barrios segregados o cuerpo antidisturbio en áreas urbanas hiperconcentradas, como Buenos Aires, no militarizan la seguridad, desmilitarizan al personal empeñado.
Nuestro argumento indica que ese proceso de militarización, como policiación, no puede entenderse en abstracto, sino por medio del análisis de situaciones concretas. Si bien la “naturaleza militar” de una fuerza se define por doctrinas, derechos y obligaciones, órdenes de operación y escenarios típicos de intervención que se repiten sin distinción de fronteras, también su personal ratifica o rectifica el ejercicio práctico cotidiano como militar. En este caso, los integrantes de la GNA -hombres y mujeres- pusieron en cuestión las tareas policiales, a las que consideran ajenas a su naturaleza militar, en comparación con las que desempeñaban en la frontera. A la vez, esas tareas policiales, concebidas como propias del ambiente operacional urbano, detonaron la reflexión acerca de qué sostener de lo militar y qué no.
Por este motivo, consideramos pertinente estudiar el proceso por medio del análisis de las formas de la resistencia que no implican sólo rechazo abierto y público, como argumenta James Scott (1990), sino que se manifiestan en la ambivalencia entre aceptar y ocultar la negación. En un extremo de esa ambivalencia, las nociones del sacrificio, introducidas por la naturaleza militar e interiorizadas por el personal que debe aguantar para pertenecer, sumadas al control permanente de los superiores, hacían que el sufrimiento por desarraigo y extenuación física y mental derivara en variantes de la autodestrucción, como el síndrome de burnout, los suicidios y los accidentes viales. En el otro extremo, se aceptaban las tareas policiales y se rechazaba una manera rígida de entender lo militar, sin que esto significara rehusar de lleno esta condición. La patrulla líbera es un ejemplo de recurso que crece en el intersticio de esa ambivalencia, que se sale del dogmatismo militar inútil e imita la flexibilidad policial.
Esos extremos, sin embargo, sólo pueden comprenderse en un proceso que, si bien se intensifica en 2011, comienza en 2003 y atraviesa 12 años de un gobierno progresista (2003-2015) y dos años de uno de centro-derecha neoliberal (2015-2017). En el camino, la resistencia de los gendarmes a lo que entendieron como desmilitarización tomó formas colectivas y devino en protesta pública y abierta en 2012. Esto resultó en el aumento salarial como paliativo para el descontento -pero sin atender de manera cabal el bienestar cotidiano del personal- y en vías de singularización de las demandas y denuncias administrativas, mientras se ampliaba de modo inédito la intervención judicial en la cadena de mando.
En ese proceso, y en la visión de los uniformados, se impugnó cuál era el sufrimiento soportable, mientras el intolerable se expresaba de manera verbal o corporal. La tendencia a la policiación desafió el sentido militar del sacrificio y la obediencia, pues para muchos gendarmes las tareas policiales no los colocaban en una relación trascendental con la nación, de ahí la frustración, el desarraigo, el éxodo hacia otras fuerzas policiales que pagaban mejor, o bien, la esperanza de un destino que los retornara a la frontera.
Las políticas de seguridad que asignaron a fuerzas militares la prevención y represión de delitos y el control del orden público, como la analizada, no sólo incrementaron la tasa de encarcelamiento por flagrancia, la criminalización de protestas, el hostigamiento de los segregados, la violencia y la erogación pública en funciones punitivas del Estado, sino que además, como hemos argumentado, han socavado la autopercepción del personal uniformado en tanto gendarmes, lo que ha elevado de manera notoria el costo humano, además del institucional. En qué medida esta situación, hasta entonces gestionada con más salarios y válvulas de escape, puede derivar en mayor resentimiento, corrupción, violencia y abuso de la fuerza hacia la población, es una cuestión que deberá explorarse
