Introducción

La visibilización del feminicidio como forma extrema de la violencia de género ha ampliado el debate sobre sus causas y soluciones (^{Hernández-Flórez et al., 2024}), destacando las condiciones laborales de las mujeres, ya que las desigualdades en el acceso y calidad del empleo pueden aumentar su vulnerabilidad (^{Pina Canseco et al., 2020}; ^{Kerr-Wilson et al., 2020}). Este análisis requiere un enfoque interdisciplinario que reconozca su dimensión estructural, siguiendo el modelo ecológico de ^{Heise (1998)}, que concibe la violencia como un fenómeno multicausal presente en diversos ámbitos sociales.

Las desigualdades laborales no solo limitan el acceso de las mujeres a recursos, sino que refuerzan su subordinación en contextos patriarcales, lo que debilitó su estatus social y amplía su vulnerabilidad ante relaciones de poder desiguales. Esta subordinación se sustenta, según ^{Pratto y Walker (2004)}, en cuatro pilares: fuerza, control de recursos, responsabilidades sociales e ideología de género, que explican la persistencia de las brechas laborales y evidencian las limitaciones de los marcos económicos tradicionales.

Entre los modelos económicos con enfoque de género que explican las desigualdades estructurales en el mercado laboral, se distinguen tres principales. El primero, la teoría neoclásica, atribuye las brechas salariales a diferencias en calificación y productividad asociadas al capital humano, y sugiere que el compromiso familiar limita la participación femenina (^{Becker, 1981}). No obstante, esta perspectiva omite las relaciones de poder y la discriminación estructural.

El segundo, el enfoque del mercado dual, cuestiona la visión neoclásica al señalar la segmentación del empleo en un sector primario, estable y mejor remunerado, y uno secundario, precario y mal pagado, donde se concentran mayoritariamente las mujeres (^{Klimczuk y Klimczuk-Kochańska, 2016}). El tercero, el enfoque de segregación de género, distingue entre la segregación horizontal -ocupaciones diferenciadas por género- y la vertical -subrepresentación femenina en puestos de liderazgo- (^{Anker, 1998}; ^{Barberá et al., 2011}; ^{Martínez León y Marengo, 2021}).

Sin embargo, el vínculo entre el empoderamiento económico y la violencia de género continúa siendo objeto de debate. Aunque una baja autonomía económica puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres frente a situaciones de violencia (^{Kerr-Wilson et al., 2020}; ^{Cools y Kotsadam, 2017}), el acceso a recursos materiales no implica necesariamente una reducción del riesgo (^{Bergvall, 2024}). Esta ambigüedad se explica por la persistencia de estructuras ideológicas que reproducen jerarquías de género (^{Pratto y Walker, 2004}), lo que limita el alcance del empoderamiento económico (^{Megías y Montañés, 2012}). En este sentido, se vuelve indispensable avanzar hacia transformaciones estructurales y culturales que cuestionen y desmantelen dichas desigualdades (^{Navarro Mantas, 2022}).

Este artículo examina la relación entre las condiciones laborales de las mujeres y la violencia de género en México, con particular atención en los feminicidios y el impacto de la pandemia de COVID-19. Se parte de la hipótesis de que la mejora en las condiciones laborales no conlleva necesariamente una reducción de la violencia, debido a la persistencia de factores estructurales, sociales e ideológicos que limitan el alcance del empoderamiento económico. Con este propósito, se propone una herramienta metodológica -el Estatus Social Relativo Laboral (ESRL)- que permite analizar esta relación a nivel estatal entre 2015 y 2023, contemplando tres posibles dinámicas: mejora, protección o reacción negativa. El análisis se realiza mediante una metodología de datos panel, a partir de información trimestral proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los resultados validan el ESRL para explorar la violencia feminicida. Tras la pandemia, entre 2021 y 2023, el aumento de ingresos femeninos se correlaciona positivamente con los feminicidios, en contraste con la tendencia negativa entre 2015 y 2019. Asimismo, la asociación entre feminicidios y el porcentaje de mujeres empleadas con altos niveles educativos sugiere una reacción adversa ante su creciente presencia en posiciones de influencia, impulsada por dinámicas patriarcales. También se ha revertido la relación entre el empleo en el sector secundario y los feminicidios, lo que indica un retroceso en la equidad de género y nuevas vulnerabilidades para las mujeres en el mercado laboral postpandemia. Estos hallazgos resaltan la urgente necesidad de implementar políticas integrales que se ocupen de las raíces socioeconómicas y estructurales de la violencia de género.

Este arículo se organiza en cinco secciones, además de la introducción. La primera delimita la tipificación del feminicidio en México; la segunda presenta el Estatus Social Relativo Laboral (ESRL) como herramienta de análisis; la tercera expone hechos estilizados sobre empleo femenino y feminicidios; la cuarta presenta el modelo de datos panel y los resultados; y la quinta ofrece las conclusiones del estudio.

El feminicidio en México

Las mujeres enfrentan diversas formas de violencia, impulsadas por actitudes misóginas profundamente arraigadas y legitimadas. La mayoría de las víctimas sufre agresiones reiteradas, que responden a dos patrones: uno severo y creciente, y otro moderado asociado a estallidos ocasionales de violencia (^{Heise y García-Moreno, 2002}). En este marco, el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia en relaciones íntimas y refleja también una violencia institucional amparada en la impunidad (^{Castellano Suárez et al., 2023}).

En México, el reconocimiento del feminicidio surgió a raíz de los asesinatos de mujeres en la maquila de Ciudad Juárez (^{Monárrez, 2002}). ^{Lagarde (2005}, ²⁰²⁴⁾ lo definió como una forma agravada de homicidio de mujeres que evidencia responsabilidad estatal por su omisión ante crímenes evitables. A diferencia del femicidio, que alude solo al asesinato por razones de género, el feminicidio expone la dimensión estructural de la violencia y la impunidad institucional (^{Pasinato y de Ávila, 2023}).

La ratificación de las convenciones CEDAW y Belém do Pará fortalecería las políticas contra la violencia de género en México. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el feminicidio como la forma más extrema de violencia, impulsada por la misoginia y la impunidad. Sin embargo, su inclusión en los códigos penales ha encontrado resistencia debido a conceptos misóginos como el crimen pasional, que perpetúan la supremacía masculina (^{Velasco Domínguez, 2023}). En 2012, el feminicidio fue integrado como delito grave en el Código Penal Federal, lo que implicó ajustes en su castigo y criterios de acreditación, reflejando violaciones previas a los derechos de las mujeres.

De acuerdo con la ^{Comisión Nacional de Derechos Humanos (2021)}, el feminicidio está tipificado en los códigos penales de las 32 entidades federativas de México, aunque en siete de ellas se clasifica como homicidio (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala). En Nayarit, el homicidio de mujeres por motivos de misoginia se define utilizando los mismos elementos del feminicidio. La principal diferencia entre las legislaciones radica en las penas, siendo la sanción máxima de 70 años de prisión en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Jalisco y Veracruz. Adicionalmente, los criterios para la acreditación y condena dificultan tanto el seguimiento de las cifras como el análisis de la magnitud del delito.

Este artículo sostiene que la discriminación laboral de género es una manifestación de la violencia contra las mujeres, vinculada al feminicidio. Al igual que su tipificación, que evidencia la violencia estructural impulsada por la misoginia y la impunidad, las condiciones laborales refuerzan este ciclo de violencia. Así, este estudio aporta al análisis de cómo la dimensión laboral incide en la violencia extrema de género.

Estatus Social Relativo Laboral (ESRL)

Una vía para articular las dimensiones sociales con la violencia de género es el Estatus Social Relativo (ESR), definido por ^{Liu y Fullerton (2015)}, mismo que integra factores educativos, económicos y políticos. Este estudio propone una ampliación del concepto mediante el Estatus Social Relativo Laboral (ESRL), (ver Figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Dimensiones del Estatus Social Relativo Laboral. 

En primer lugar, en la dimensión económica, se reconoce la relevancia del nivel de ingresos para la autonomía, sin embargo, por sí solo no garantiza la erradicación de la violencia. ^{Córdova López (2017)} advierte que el control económico puede persistir incluso con mayores ingresos, limitando la independencia femenina y, en algunos casos, reforzando el poder masculino sobre los recursos.

En segundo lugar, la inclusión de la dimensión educativa en el modelo busca cuestionar la perspectiva neoclásica que vincula la violencia de género únicamente con mujeres de baja escolaridad, sin considerar los factores estructurales ni la responsabilidad de los agresores. Aunque diversos estudios señalan que las mujeres con menor educación y recursos enfrentan mayores riesgos de violencia (^{Ahmadabadi et al., 2020}), también se ha documentado un aumento de la violencia entre mujeres con alto nivel educativo e ingresos (^{Garrido Lastra y Tapia Marchina, 2022}). Esto pone de manifiesto que la relación entre educación y violencia es más compleja de lo que tradicionalmente se ha asumido (^{Weissman, 2022}).

Finalmente, se incorpora la dimensión política del empleo para examinar el impacto de la participación femenina en cargos directivos sobre los niveles de violencia extrema de género. Diversas investigaciones sobre liderazgo y dinámicas organizacionales abordan esta relación (^{Moncayo Orjuela y Zuluaga, 2015}). En este contexto, destaca el concepto de “techo de cristal”, introducido por ^{Segerman-Peck (1991)}, que describe la barrera invisible que limita el acceso de mujeres altamente cualificadas a puestos jerárquicos. Este fenómeno, basado en estereotipos de género arraigados en las organizaciones, perpetúa la exclusión femenina de los espacios de poder y toma de decisiones (^{Camarena Adame y Saavedra García, 2018}).

En general, el enfoque multidimensional que aquí se propone busca mostrar que las desigualdades de género se arraigan en las estructuras sociales, según la perspectiva ecológica de ^{Heise (1998)}, que sostiene que la violencia de género debe abordarse no solo desde factores individuales, sino también desde las estructuras culturales que la perpetúan. Suponer que el acceso a mejores ingresos, educación o empleo erradicará la violencia de género es una visión reduccionista que revictimiza a las mujeres, al centrarse en su situación laboral en lugar de la responsabilidad de los agresores. Como señalan ^{Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez (2012)}, esta lógica reproduce los “mitos de la violencia de género”, como el de la marginalidad, que vincula la violencia solo con la pobreza, obviando su raíz estructural y cultural (^{Expósito, 2011}). Mejorar las condiciones laborales es fundamental, pero insuficiente mientras persistan las estructuras de desigualdad y no se enfrente la responsabilidad de los agresores.

Este planteamiento es clave al observar que, en economías desarrolladas, el empoderamiento económico y educativo de las mujeres se asocia con una disminución de la violencia de género (^{Htun y Jensenius, 2022}). En cambio, en economías en desarrollo se ha visto que la mejora de sus condiciones laborales en algunas ocasiones puede desafiar normas sociales y generar reacciones violentas de quienes buscan preservar su dominio (^{Mishra y Kray, 2022}).

Tomando en cuenta lo anterior, la Tabla 1 presenta las hipótesis relacionadas con las dimensiones del Estatus Social Relativo Laboral (ESRL), basadas en la literatura feminista y criminológica (^{Gu y Zhong, 2024}). La primera hipótesis, de mejora, sugiere que una mayor autonomía de las mujeres, impulsada por mejores ingresos y educación, puede reducir la violencia extrema de género.

En segundo lugar, la hipótesis de protección sugiere que, al alcanzar un mayor estatus social, las mujeres adquieren más capacidad para influir en el ámbito político y promover cambios que favorezcan su bienestar (^{Liu y Fullerton, 2015}). Desde la perspectiva del ESRL, una menor incidencia de violencia extrema podría asociarse con el empoderamiento profesional de las mujeres, al fortalecer su posición relativa. Sin embargo, si la relación es positiva, el empoderamiento laboral político, podría interpretarse como una respuesta reactiva machista ante la percepción de pérdida de control. Por último, la hipótesis de reacción negativa sostiene que el avance de las mujeres en los ámbitos económico y educativo puede desencadenar una respuesta violenta de los hombres, al percibir una amenaza a su dominio político y económico. En el siguiente apartado, se presentarán hechos estilizados relevantes para el contexto mexicano.

Feminicidios y condiciones laborales en México

La violencia extrema de género en México tiene su origen en los feminicidios de trabajadoras maquiladoras en Ciudad Juárez durante los años noventa, que atrajeron la atención internacional. Estos crímenes, aún impunes, reflejan la persistencia de la violencia (^{Tirado Villegas y Carreto Tirado, 2024}). La industrialización impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) atrajo mano de obra migrante de estados empobrecidos, pero también consolidó la violencia de género, empeorada por el deterioro urbano y los enfrentamientos entre cárteles (^{Cervera Gómez et al., 2010}). La industria maquiladora transformó los roles de género sin crear redes de protección adecuadas (^{Pineda Jaimes y Herrera Robles, 2007}; ^{Gutiérrez Amparán, 2022}). Las políticas ineficaces son evidentes en el aumento de casos de violencia entre 2015 y 2023 (ver Gráfica 1).

Fuente: ^{Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023)}.

Gráfica 1 Número de feminicidios en México entre 2015-2023 (trimestral). 

Los datos sobre feminicidios a nivel estatal revelan que entidades como Chihuahua y Nuevo León, que comparten frontera con Estados Unidos y albergan importantes centros industriales como Ciudad Juárez y Monterrey, experimentaron las mayores variaciones en la tasa de feminicidios entre 2015 y 2023. Esta tasa se calcula por cada 100,000 mujeres en edad laboral, como se observa en la Tabla 2.

Entre 2015 y 2023, la violencia extrema de género en México incrementó, afectando a todas las entidades federativas, siendo Nuevo León la más impactada. A pesar de este aumento, el Estado ha priorizado atraer inversión extranjera, flexibilizando las regulaciones laborales para captar empresas transnacionales que buscan menores exigencias, según ^{Olney (2013)}. Esta estrategia, vinculada históricamente a la violencia en la industria maquiladora, ha sido agravada por la globalización y la precarización laboral, especialmente entre trabajadoras, con efectos negativos tras la pandemia (^{Sotelo Valencia, 1998}).

Las Gráficas 2.1 y 2.2 muestran la distribución de la población ocupada por nivel de ingreso. Desde 2018, ha crecido el porcentaje de personas que ganan hasta un salario mínimo, alcanzando el 40% en mujeres y el 30% en hombres en 2023. A su vez, disminuyó el porcentaje de quienes ganan más de tres salarios mínimos, con un aumento en los que reciben hasta un salario mínimo en mujeres y entre uno y dos salarios en hombres.¹

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023)}.

Gráfica 2.1 Porcentaje de población ocupada de Mujeres según nivel de ingresos (2015-2023). 

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023)}.

Gráfica 2.2 Porcentaje de población ocupada de Hombres según nivel de ingresos (2015-2023). 

A nivel estatal, se destaca el aumento de mujeres que ganan hasta un salario mínimo en las regiones centro (Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala) y norte (Baja California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas), y la disminución de las que perciben más de cinco salarios mínimos (ver Tabla 3). Este fenómeno está relacionado con el crecimiento de la industria maquiladora, en otras regiones del país.

Por su parte, la variación en la distribución salarial refleja el impacto desproporcionado de la pandemia sobre las mujeres, agravado por desigualdades preexistentes (^{Ferreyra Beltrán, 2020}). Una expresión de esto, es que las mujeres con niveles educativos más altos enfrentan tasas de desempleo más elevadas que sus homólogos masculinos, superada por el choque de la Pandemia (ver Gráfica 3).

Fuente: Elaboración propia con datos del ^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023)}.

Gráfico 3 Tasa de desocupación: Nivel educativo Medio superior y superior (2015-2023). 

Teniendo este escenario en cuenta, el siguiente apartado presenta la evidencia a través de la modelación de las variables que componen el ESRL, considerando la compleja relación presentada en este apartado respecto a los fenómenos que acompañan a cada variable. El objetivo será probar la validez de una relación entre el los feminicidios en México y el ESRL.

Feminicidios y Estatus Social Relativo Laboral

Ahora, el objetivo es explorar la relación entre las condiciones laborales de las mujeres, a través del Estatus Social Relativo Laboral (ESRL), y el feminicidio en México, como se presenta en la Tabla 1, empleando datos trimestrales estatales entre 2015 y 2023. A continuación, se detalla la metodología con datos panel, seguida de las estimaciones y discusión de los resultados.

Conclusiones

Entre 2015 y 2023, los altos niveles de feminicidio en México reflejan el deterioro de las condiciones que enfrentan las mujeres. Comprender este fenómeno exige una visión integral que reconozca su carácter estructural. En este marco, las condiciones laborales adquieren especial relevancia, ya que las brechas persistentes en el acceso y la calidad del empleo configuran escenarios de vulnerabilidad que pueden amplificar los riesgos de violencia en otros ámbitos de la vida.

Desde la economía, crece el interés por explorar las raíces estructurales de la desigualdad de género. Este estudio aporta al debate al evidenciar la relación entre la dimensión laboral y la violencia feminicida, mediante un análisis econométrico con datos trimestrales estatales sobre empleo y feminicidios en México.

Los resultados confirman la relación y revelan su complejidad. Ingresos, posición laboral y nivel educativo son factores significativos, pero el análisis desde el ESRL muestra que el vínculo no es lineal: a nivel nacional, mayores ingresos femeninos se asocian negativamente con los feminicidios, reflejando la influencia de factores culturales e ideológicos.

El análisis por periodos muestra que, en los años recientes, la hipótesis de mejora se invierte: mayores ingresos femeninos se asocian con más feminicidios, lo que evidencia un retroceso en las condiciones para una vida libre de violencia. De 2015 a 2019, el empleo en el sector secundario -incluidas las maquilas- se relacionaba negativamente con los feminicidios, pero entre 2021 y 2023 esta relación se volvió positiva, indicando un resurgimiento de la vulnerabilidad tras la pandemia.

En resumen, las regresiones con datos panel revelan las complejas interacciones entre empleo, educación y violencia de género en México, subrayando la urgencia de políticas integrales que aborden tanto la violencia como sus raíces socioeconómicas y estructurales. Es crucial evitar revictimizar a las mujeres, reconociendo que los feminicidios son perpetrados por hombres en un contexto de misoginia arraigada.