1. Libertad de información

El derecho a la libertad de información ha sido reconocido en el artículo 2o., inciso 4, de la Constitución Política de 1993. Este indica:

Artículo 2.

Toda persona tiene derecho:

[...]

4.- A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley [...].

Del texto constitucional se desprende la estrecha unión entre las libertades de información, opinión, expresión y difusión; las cuales, a pesar de ser derechos con ámbitos de protección diferentes, mantienen el fundamento de consolidación de la democracia como hilo común. A pesar de esta distinción, la libertad de información se distingue de los demás esencialmente por la diferencia entre la noticia (como una afirmación de hecho) y la opinión (como un juicio de valor) (^{Diez-Picaso, 2013, p. 315}). La particularidad de la noticia es que esta debe ser tratada como un dato o una serie de datos con carácter objetivo que busca mostrar una realidad desde una perspectiva neutral. Ello la diferencia de la opinión en el sentido de que esta última busca expresar un mero punto de vista que no requiere demostrar nada, y que por el solo hecho de ser exteriorizada ya merece protección constitucional.²

Antes de entrar al fondo del asunto, cabe regresar unos pasos previos y entender qué es información. Para Giovanni Sartori, "la información debe informar sobre algo; debe tener un contenido, y este debe estar sujeto a un monitoreo, a un tamiz que se puede calificar en términos de su veracidad, falsedad, credibilidad, precisión, etcétera, pero debe evaluarse" (^{2003, p. 45}). No basta, entonces, proteger a cualquier dato a través de este derecho, sino que solo merece protección aquella información que cumpla, justamente, con informar sobre hechos y que siga los criterios de clasificación que Sartori resalta.

La titularidad del derecho a la libertad de información recae, principalmente, en los periodistas (en su rol de sujetos encargados de compartir la información o de recabarla) y en los medios de prensa (en su rol de personas naturales o jurídicas que brindan las plataformas escritas, audiovisuales, digitales y demás en muchos casos necesarias para la transmisión de la información). Asimismo, también la ciudadanía es titular del derecho a la libertad de información, en tanto tiene el derecho a recibir la información que tanto los periodistas como los medios de prensa comparten. De poco o nada serviría garantizar la labor de los periodistas y los medios de prensa si es que la finalidad de permitir la existencia de una genuina opinión pública se frustra (^{Diez-Picaso, 2013, p. 317}).

El único requisito para poder asegurar la protección de este derecho está en su veracidad. La veracidad garantiza que la información transmitida no sea juzgada a través de un estándar de verdad o falsedad, sino de buena fe y de diligencia en la recopilación de fuentes por parte del informador. Es decir, lo que se juzgará es si es que el encargado de brindar la noticia se guió por la verosimilitud de la información recopilada, se amparó en las fuentes pertinentes y la transmitió sin distorsión alguna a los posteriores receptores de la misma.

Asimismo, según ^{Eguiguren (2000, p. 52)}, el derecho a la libertad de información contiene como parte de su contenido protegido tres aspectos:

Los medios de comunicación también tienen diversos roles asignados constitucionalmente. El artículo 14 de la carta magna, por ejemplo, da a los medios de comunicación social el deber de colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. El rol asignado por el constituyente a los medios de comunicación viene a ser el de contribución; es decir, es un apoyo solidario del Estado en el proceso de formación moral, cívica y cultural de la nación. Si bien es cierto ello no significa que los medios únicamente se restrinjan a cumplir con este principio de contribución, sí significa que dentro de los principios que rijan su labor deberá encontrarse el de ser un apoyo en la labor cívica, cultural y moralizadora del Estado.

Cabe detenernos en los aspectos tanto de la recepción libre de información como de su difusión debido a su importancia dentro de nuestra investigación. Ambos se entrelazan en el principio constitucional de pluralismo informativo como un deber de garantía y de abstención por parte del Estado, según el cual el Estado deberá buscar -como parte de sus deberes constitucionales- "la apertura y la democratización de los medios de comunicación a través de límites razonables y proporcionales tendientes a una compensación y equilibrio de intereses" (^{León y Romero, 2022, p. 272}).⁵ Es así que el objetivo del Estado deberá ser el garantizar que los medios de comunicación representen la mayor cantidad de opiniones y posiciones posibles sin restricción o vulneración alguna, y que estos sean accesibles en la realidad al grueso de la población civil.

El principio de pluralismo informativo también contiene dentro de sí la prohibición de la concentración de medios de comunicación, la cual aplica tanto para la concentración por parte de los privados (mediante la compra de medios o la fusión de estos en torno a un mismo grupo empresarial) o por parte del Estado (mediante la censura indirecta o a través de otros métodos de coerción). El deber del Estado de garantizar la existencia de variados puntos de vista en torno a un mismo tema, y de garantizar un control estricto al poder a través de la fiscalización ciudadana ejercida mediante la prensa solo podrá darse si existe una labor positiva y activa del propio Estado en su promoción.

La concentración de medios lleva también a la -necesaria- discusión acerca de la relación entre los medios de comunicación y el modelo de economía social de mercado. Como resalta Haberle, el concepto de mercado compatible con el régimen constitucional de la economía social de mercado es aquel en el que el Estado mantiene el rol de garante que le permite proteger los derechos fundamentales y asegurar el bienestar común (^{León y Romero, 2022, p. 274}). Los medios de comunicación, más allá de ser actores que garantizan el ejercicio de un derecho fundamental, son parte del mercado debido a su carácter empresarial. Es de la pugna entre la libertad de información de los ciudadanos y de los derechos fundamentales económicos de los grupos empresariales de donde surge el concepto del "mercado de la comunicación".

Este mercado, como bien indican ^{León y Romero (2022)}, "tiene particularidades que lo distinguen de cualquier otro: primero, porque incide en derechos fundamentales esenciales para la democracia y, segundo, porque sus funciones constitucionales la distinguen de cualquier otra empresa" (p. 275). Así, el tratamiento que recibe cualquier grupo empresarial no puede ser el mismo que recibe un medio de comunicación debido al rol de este último como garante del sistema democrático constitucional. A su vez, las libertades empresariales tampoco pueden ir en detrimento del principio constitucional de pluralismo informativo, el cual debe primar por sobre todo intento de concentración empresarial que en la práctica atente contra las libertades informativas y contra la libre competencia.

A su vez, como todo derecho, la libertad de información tiene límites. Estos, más allá de los ya mencionados, están principalmente relacionados con la protección de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, como por ejemplo la intimidad personal y familiar, la moral, la salud y la seguridad pública. Dichas limitaciones son viables siempre y cuando cumplan con el principio de proporcionalidad (^{Landa, 2017, p. 63}).

Otro límite que es importante señalar es el mantenimiento del sistema democrático en tanto fundamento principal de este derecho y su razón de ser. En ese sentido, el ejercicio de la libertad de información no deberá tener como objetivo la vulneración de los pilares de la democracia ni tampoco su vulneración, sea esta directa o indirectamente. Como se desarrollará a continuación, existe una relación intrínseca entre democracia y libertad de información que es de tal magnitud que los medios, como garantes del sistema democrático, tienen un deber de diligencia importante en su actividad, el cual no debe ser lesivo a nuestro sistema político democrático.

2. Importancia de la libertad de información y de los medios de comunicación en el mantenimiento del sistema democrático

Como mencionamos previamente, el fundamento principal del nacimiento del derecho a la libertad de información se encuentra en el mantenimiento de la pluralidad dentro del sistema democrático. Si seguimos lo mencionado por Habermas, para quien la política deliberativa es la génesis y la pieza nuclear del sistema democrático, entonces es importante garantizar el debate y la deliberación para mantener la democracia en su plenitud (^{Miró, 2016, pp. 259-260}). Dicho mantenimiento requerirá entre sus actores formales de los medios de prensa. Así, toda esta preocupación parte por el reconocimiento histórico de una premisa básica en la legitimidad de los medios de prensa: ni siquiera el partidario más "absolutista" de la libertad de expresión puede negar la capacidad que tiene la palabra para hacer daño (^{Revenga, 2008, p. 164}). La palabra, innegablemente, influye en la gente. Cuando el poder de la palabra es utilizado adecuadamente es capaz de lograr cambios sociales y procurar controles democráticos adecuados. Sin embargo, cuando este es utilizado inadecuadamente, puede resultar una plaga bastante peligrosa para las bases del sistema democrático.

Los medios de comunicación, entonces, juegan un papel crucial como parte del proceso de "formación de la opinión de la gente, de los actores sociales y la opinión pública" (^{Sandler, 1999, p. 14}). El arma que tienen entre manos los actores que intervienen en torno de los medios de comunicación es un arma que requiere de un alto nivel de responsabilidad.

Sin embargo, a pesar de que esta es un arma que puede ser potencialmente peligrosa, también es un arma que sirve como garantía contra los autoritarismos o los totalitarismos. Los medios de prensa, desde la visión que buscan imprimir de su propio grupo o realidad social, procuran siempre reflejar los intereses e inquietudes de este, además de intervenir en el proceso de formación de la opinión pública de dicho grupo social y, con ello, en el contenido de nuevas opiniones (^{Badeni, 2002, p. 94}). Esta libertad de elegir a través de qué medio quiero informarme y de tener una amplia esfera de puntos de vista y opiniones acerca de una misma cuestión son consustanciales con el origen y significado del sistema democrático. Los medios de comunicación, entonces, buscan garantizar el pluralismo social en la información; es decir, "el reflejo informativo de las múltiples expresiones que la diversidad del pensamiento humano ofrece" (^{Rallo, 2000, p. 51}). Si no existe esta pluralidad de opiniones y de puntos de vista, y se genera una alineación total al poder de turno dentro de los medios de comunicación, entonces muy posiblemente nos encontremos dentro de -o en camino a estar dentro de- un régimen autoritario.

Otra de las labores que ejercen los medios de comunicación -y que hace que sean esenciales en un sistema democrático- es la de fiscalizar constantemente y con independencia a los actores que ejercen el poder. Una prensa con la libertad y capacidad de estar detrás de los actores políticos, de fiscalizar todas sus actuaciones y de darlas a conocer a la ciudadanía será capaz de formar un espíritu crítico entre la población y, con ello, garantizar que los procesos políticos de toma de decisiones sean transparentes y libres de actos de corrupción.

Esta última labor no resulta solo un deber tanto positivo como negativo por parte del Estado, sino también de los periodistas y de los propios medios de comunicación. Así, el periodista tiene el deber ético de: i) ser independiente en el cumplimiento de su labor, evitando totalmente injerencias gubernamentales; ii) de abstenerse de difundir ideas u opiniones propagandísticas; iii) de reflejar la pluralidad de puntos de vista de los grupos de opinión pública siempre y cuando se trate de materias opinables; entre otros deberes éticos más (^{Badeni, 2002, pp. 210-213}). A su vez, los medios de comunicación tienen, entre otros, el deber de evitar que su principal fuente de financiamiento sea la publicidad oficial del gobierno, ello con el objetivo de evitar injerencias externas o distorsiones en la información que será entregada a la ciudadanía (^{Badeni, 2002, p. 212}).

Por ello, para evitar la fiscalización ciudadana a través de los medios de comunicación, la tendencia de algunos gobiernos (especialmente, los autoritarios o los que se encuentran en camino de serlo) fue la de asumir medidas para ejercer control sobre los medios, ya sea directamente o a través de mecanismos invisibles o que rozan la legalidad. Para ^{Badeni (2002)}, usualmente se ha justificado dicho control con el concepto de seguridad estatal; en tanto, para ellos, los medios son "instrumentos vitales para la conformación cultural de la comunidad nacional, a través de la información que se suministra a los grupos de opinión" (p. 93).⁶

Según ^{Rospigliosi (2000)}, algunos de ellos son: i) la presión económica sobre las empresas periodísticas o sobre otras compañías de un mismo grupo económico; ii) la elección arbitraria en la distribución de la publicidad estatal; iii) la entrega arbitraria de información privilegiada a los medios de comunicación complacientes con el régimen; iv) el otorgamiento -muchas veces, arbitrario- de las licencias de uso del espectro radioeléctrico, y v) las amenazas directas a los periodistas y propietarios de medios de prensa (pp. 211-212).

En ese sentido, podemos aseverar que la libertad de información juega un papel esencial dentro del mantenimiento del sistema democrático, en tanto los medios de comunicación sirven tanto como herramientas de garantía del principio constitucional de la pluralidad informativa, como garantizadoras de la labor de fiscalización de los ciudadanos hacia sus gobernantes y como promotoras de la pluralidad de opiniones en la sociedad. Es por ello que los gobernantes, en especial dentro de gobiernos autoritarios o cuasi autoritarios, así como el fujimorista, tal como se desarrollará a continuación, han intentado constantemente limitarla y controlarla mediante diversas estrategias tanto directas como indirectas.

1. El fujimorato como autoritarismo competitivo

Incluso antes de que el gobierno termine, muchos politólogos entraron en la duda sobre cómo caracterizar al régimen de Alberto Fujimori dentro del espectro político. Si bien es cierto quedaba claro que no se trataba ni de una democracia ni de un autoritarismo absoluto, aún no existía consenso acerca de la definición exacta del régimen. Unos lo caracterizaban como una especie de democracia "parcial" o "en transición", mientras que otros lo colocaban como una vertiente del autoritarismo, aunque leve.⁸

Años después, los politólogos ^{Lewitsky y Way (2004)} plantearon una especie particular de régimen híbrido que reúne a aquellos casos en los que los criterios mínimos de la democracia moderna son incumplidos sistemática y seriamente para crear condiciones desiguales entre el gobierno y la oposición (pp. 161-162). A este tipo de regímenes los autores los bautizaron como autoritarismos competitivos.

El autoritarismo competitivo es, como se mencionó, un régimen híbrido que se encuentra en medio camino entre la democracia y el autoritarismo absoluto. Este régimen surgió después de la Guerra Fría, en un contexto en el que las elecciones democráticas se extendieron en países con condiciones domésticas poco aptas para mantener regímenes completamente democráticos (^{Lewitsky y Way, 2020, p. 52}). Es en ese contexto que surgen regímenes cuyo norte no era ni el democrático ni el autoritario, sino un Frankenstein entre las dos opciones.

Un régimen de autoritarismo competitivo no llega a ser considerado una democracia pues incumple con los criterios mínimos de una democracia moderna: 1) poderes Ejecutivo y Legislativo elegidos a través de elecciones abiertas y libres; 2) derecho a voto garantizado; 3) amplia protección de los derechos civiles, y 4) no sumisión a fuerzas como militares o médicas (^{Lewitsky y Way, 2004, p. 162}).⁹ El incumplimiento de estos criterios no es total, sino que resulta ser tan frecuente que se crea un campo de juego desigual entre gobierno y oposición. Asimismo, tampoco llega a ser un autoritarismo absoluto pues las instituciones democráticas no han podido ser eliminadas en su totalidad y aún existen opositores, aunque controlados y limitados. Es más, las instituciones suelen ser utilizadas como vías primarias para obtener poder (^{Lewitsky y Way, 2010, p. 5}).

La caracterización de un régimen como autoritarismo competitivo dependerá de la violación sistemática y continuada por parte del Estado de al menos uno de los tres primeros atributos de una democracia presentados en el párrafo anterior. En ese sentido, y con ello en mente, en adelante desarrollaremos la caracterización del régimen fujimorista como un autoritarismo competitivo utilizando la definición presentada.

Algunas de las condiciones que según Lewitsky y Way generan estas condiciones desiguales son: 1) el acceso a recursos; 2) el acceso a los medios de prensa, y 3) el acceso a la protección jurídica. Desarrollaremos la primera y la tercera condición durante el régimen fujimorista, en tanto reservaremos el análisis del acceso a los medios de prensa para desarrollarla a fondo más adelante.

En cuanto al acceso a recursos, como se mencionó previamente, el gobierno tuvo acceso a transferencias ilícitas vía el SIN para solventar los gastos de su campaña electoral, beneficio que ningún otro de los partidos políticos opositores tuvo. Estos fondos también servían para financiar campañas de publicidad en los medios de comunicación, los cuales fueron de tal magnitud y manipulados de tal manera que se empezó a ejercer un control indirecto sobre la prensa. Esta estrategia viene siendo utilizada incluso hoy en día por diversos regímenes a nivel mundial debido a su alta efectividad para estimular el apoyo al régimen o, caso contrario, castigar la crítica al mismo (^{Yanatma, 2021, p. 799}). Queda claro que esta situación genera una desigualdad en las posibilidades de gasto en campaña y en la publicidad en los medios masivos, y, con ello, de llegar a mayores sectores de la población. ¹¹

En cuanto al acceso a la protección jurídica, el gobierno fujimorista se aseguró la construcción de un sistema complejo de dependencia judicial al poder político. En ese sentido, el gobierno utilizó estrategias como la destitución por vía congresal de miembros del Tribunal Constitucional que no iban de la mano con su plan político, la captura de la Fiscalía de la Nación mediante la designación de Blanca Nélida Colán como Fiscal de la Nación, y la captura de juzgados específicos con el objetivo de influir en decisiones judiciales clave.¹² Con todo ello, el fujimorismo inclinó la cancha a su favor antes y durante el escenario electoral del 2000.

En ese sentido, podemos concluir de este apartado que el gobierno fujimorista efectivamente fue un autoritarismo competitivo entre el 5 de abril de 1992 y el año 2000, cuando Alberto Fujimori renunció a la Presidencia de la República y el Perú regresó a los causes democráticos principalmente gracias a un proceso doméstico de implosión del régimen causado por la revelación del primer "Vladivideo",¹³ entre otros factores.

2. Medios de comunicación, democracia y manipulación para la perpetuación en el poder: el caso Fujimori

Como se mencionó en el capítulo anterior, parte del ejercicio del poder político del régimen fujimorista en el marco de su caracterización como un autoritarismo competitivo residió en el control de los medios de comunicación. Así, como se desarrollará en el presente capítulo, el gobierno, consciente de la creciente importancia de los medios de comunicación como medio de conexión social, promovió su uso para reprimir las actividades de contestación social que podían resultar lesivas a su objetivo de perpetuarse en el poder.

Para demostrar nuestro argumento, es necesario situarnos en el espacio temporal del régimen fujimorista y en el contexto social que acompañó su crecimiento:

A. Antecedentes: dentro del cuerpo invertebrado

Para poder entender correctamente la importancia que tuvieron los medios de comunicación dentro del régimen fujimorista es necesario revisar su pasado inmediato. El Perú, desde el inicio de su vida republicana, ha sido un país con grandes fracturas sociales, las cuales se han demostrado de diversas maneras a lo largo de los años. Una de estas fracturas históricas ha sido la fractura entre las demandas sociales y el Estado; la cual, según ^{Lynch (2002)}, entró en crisis durante la década de los ochenta (p. 266).¹⁴ Dicha crisis trajo, a corto plazo, una serie de consecuencias. Según ^{Lynch (2002, pp. 266-267)} entre ellas se encuentran:

La suma de todos estos factores fue aprovechada desde un inicio por el gobierno fujimorista, el cual entendió que la mejor forma de usar a su favor los problemas que pasaba el Perú era a través de los medios de comunicación.

B. Sobre la manipulación de los medios como herramienta para perpetuarse en el poder

Después de ganar las elecciones en 1990, Alberto Fujimori se empeñó en construir su liderazgo político no con base en una ideología, a un partido político o, incluso, a su retórica, como sus antecesores habían intentado. Lo que quiso Fujimori, al contrario, fue desarrollar una especie de "liderazgo mediático" (^{Protzel, 1994, p. 216}) a través de actividades, gestos, rituales e incluso eventos que serían mostrados a través de la televisión, lo cual marcó una gran diferencia con los gestos emprendidos por la clase política hasta entonces. Según Degregori, esa diferencia está en que ese gesto, ese ritual o esa pequeña actividad será vista y reproducida ese mismo día -y, quizá, a esa misma hora- a lo largo y ancho del país a través de los noticieros de televisión (^{2001, p. 96}).

Fujimori descubrió que los medios de comunicación visual (en especial, la televisión) simbolizaban una ventaja sin precedentes en la historia de la política en el Perú. Ya no servía de mucho hacer un mitin multitudinario en el balcón de Palacio de Gobierno o ir caminando pueblo a pueblo montado encima de una yegua si querías ganarte a la población. Más efectivo resultaba convocar a los medios de prensa para mostrar en vivo y en directo la inauguración de un colegio con discurso del presidente en medio o grabar cómo el propio Fujimori se metía en el medio del lodo como un campesino más. Son estos gestos los que se quedan grabados en la retina del ciudadano, y los que tienen un alcance mucho más amplio considerando que para aquel entonces ya el 70% de peruanos tenía por lo menos un televisor en su hogar (^{Defensoría del Pueblo, 2000, p. 39}).

Ello llevó, a su vez, a que Fujimori se diera cuenta de que no era necesario formar un aparato político complejo que lo respaldara para legitimarse en el poder. Bastaba con tener un cuerpo invertebrado, pero que centrase todos sus esfuerzos en demostrar a la ciudadanía que era uno de ellos mediante lo que Adrianzén denominó una "representación espejo" (^{Degregori, 2001, p. 96}). En ese sentido, cuando el gobierno se dio cuenta del potencial de los medios de prensa para la legitimación de su poder buscó explotarlo, primero para legitimar sus acciones dentro del poder y, segundo, para intentar perpetuarse en él.

Esta explotación de los medios de prensa para la legitimación en el poder es definida por ^{Dammert (2001)} como la "imagocracia", que significa "[...] la dictadura que construye y domina las imágenes de la vida en sociedad, para perpetuar el poder oculto de una mafia corrupta que mantiene esterilizadas a las vaciadas instituciones de la democracia representativa" (pp. 15-16).¹⁶ Según el autor, el gobierno fiijimorista empezó a utilizar la imagen como un medio de dominación social a partir del 5 de abril de 1992 y hasta el final del régimen. En dicho periodo, se utilizó a los medios de comunicación tanto audiovisuales como impresos para crear una "personalidad social" como un universo simbólico orientado a controlar la televisión para la perpetuación en el poder (^{Dammert, 2001, p. 355}).

La construcción de esta "imagocracia" no supuso un control total y directo de los medios al estilo de las dictaduras, sino más bien una especie de "control difuso" cuyo principal objetivo era anular los mensajes de los opositores y resaltar los propios (^{Degregori, 2001, p. 98}). El gobierno era consciente de que ejercer un control directo sobre todos los medios de prensa iba a resultar imposible tanto por las presiones internacionales como por la necesidad de una segunda reelección que demandaba tener cuidado con cada acción que podría resultar "sospechosa" de un intento de perpetuación ilegítima en el poder. Por ello, se utilizó a los medios de prensa mediante un sistema de "garrote y zanahoria" que implicó estrategias como la colocación selectiva de publicidad estatal, el acceso preferente a las conferencias de prensa, la filtración de primicias a través del SIN e, incluso, viajes todo pagado en el avión o helicóptero presidencial para los periodistas afines (^{Degregori, 2001, p. 99}).

Asimismo, este control tuvo como objetivo específico controlar a la opinión pública de los sectores D y E, especialmente a través de tres frentes: 1) la inoculación del miedo al regreso al terrorismo o la pérdida de la asistencia social; 2) el control de los medios de comunicación (en especial, aquellos de alcance nacional y de usual consumo para dichos sectores sociales), y 3) la creación de un nacionalismo oportunista (^{Degregori, 2001, p. 87}). Como desarrollaremos en el siguiente capítulo, el régimen fujimorista no controló ni quiso controlar todos los medios, sino que lo hizo eligiendo a aquellos que sí resultaban útiles a sus fines.

Sin embargo, consideramos que las definiciones previamente indicadas no resaltan adecuadamente el punto de que, en la gran mayoría de casos, el control ejercido por el gobierno hacia los medios de comunicación no tuvo de por medio el elemento de la coacción o, incluso, de una amenaza real. En ese sentido, no resulta totalmente adecuado hablar de un "control" a secas por parte del gobierno, sino más bien de una especie de "control difuso consentido" a los medios de comunicación.

Nos explicamos. Un "control" a secas implicaría que los medios, a pesar de que desearon cumplir con su obligación ética de informar imparcialmente y sin injerencias externas acerca de la situación política, no pudieron hacerlo debido a que el gobierno ejerció contra ellos medidas de control o, incluso, de coerción y coacción. Sin embargo, ese no fue el caso peruano, al menos en la mayoría de los medios de comunicación. La gran parte de ellos (incluyendo, en muchos casos, a los propios periodistas) se vendió al poder de turno sin oponer resistencia alguna y dejó de lado su labor de fiscalización y de promoción de la opinión pública. Estos, finalmente, dieron su consentimiento para ser controlados, lo cual también los hace en muchos casos cómplices y hasta responsables en conjunto del daño al sistema democrático que ello generó.

1. Soborno, control consentido y una "isla" entre los principales medios de comunicación

Dentro de la estrategia de la segunda reelección presidencial de Fujimori, la cual incluía cooptar el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales -además de manipular los programas asistenciales como el Foncodes- también se dio una visible estrategia de control de la televisión abierta. Aparentemente, como bien dice ^{Degregori (2001)}, el gobierno se dio cuenta de que "un líder mediático y un régimen sin pulmones partidarios no podían sobrevivir sin ese balón de oxígeno [los medios de prensa]" (p. 100).

Durante los años noventa, la televisión llegó a ser el medio de prensa más importante del país, incluso más que la prensa escrita. Según ^{Bowen (2000)}, a mediados 1999 casi 1.45 millones de hogares en Lima tenían por lo menos un televisor en casa, lo que generaba un alcance total de más de 4.5 millones de personas. Asimismo, el 98% de peruanos tenían de alguna manera acceso a la televisión, ya sea directa o indirectamente (p. 350). El gobierno, ni tonto ni perezoso, entendió que la estrategia ya no pasaba por controlar los medios escritos, sino que estaba en formular vías por las cuales los medios televisivos reproduzcan su mensaje.

La principal acción del gobierno fue acercarse a los dueños de los principales medios de comunicación e intentar "comprar" su línea editorial. Esta fue una constante en casi todos los medios de prensa televisivos del país. Así, tenemos los siguientes casos:

Solo para aclarar al lector, no desarrollamos el caso de Frecuencia Latina (Canal 13) pues este será tratado a fondo en el siguiente acápite debido a sus particularidades.

Sin embargo, si bien se llevaron a cabo compras "directas" a los medios, según ^{Lynch (2002)} este no fue el factor decisivo para el ejercicio del control de los medios. Para este autor, el factor determinante en este control habría sido la publicidad estatal (p. 283). El Estado se convirtió en el principal anunciante de gran parte de los medios de comunicación, en quienes invirtió un aproximado de 52 millones de dólares durante 1999, más del 75% del presupuesto asignado para la publicidad estatal (^{Defensoría del Pueblo, 2000, p. 42}). Dicha inversión, a su vez, aumentó exponencialmente en los periodos en los que la reelección presidencial de Fujimori estaba en juego, periodos en los cuales la publicidad ascendió hasta más de 12 millones de dólares mensuales (^{Defensoría del Pueblo, 2000, p. 43}).

Como mencionamos previamente, la elección arbitraria y desmesurada de la publicidad estatal suele ser una estrategia para ejercer control sobre los medios de comunicación. La labor de los medios en estos casos es la de evitar que la mayor parte de sus ingresos provengan de la publicidad estatal y buscar diversificar en el más alto grado posible la diversificación de sus fuentes de ingreso económico. Depender de los ingresos de la publicidad estatal implicará dependencia en la discrecionalidad del gobierno, sea esta ejercida de manera directa o indirecta. Es parte de la labor constitucional de los medios de comunicación la de diversificar sus fuentes de ingreso evitando que estas provengan únicamente del Estado. A su vez, es parte de la labor constitucional del Estado el distribuir los ingresos por publicidad estatal adecuadamente y sin afanes de control directo o indirecto sobre los medios, además de establecer regulación adecuada para la distribución de la publicidad en medios de prensa, para lo que se deberá tomar en cuenta tanto su necesidad como las particularidades del medio en el cual la publicidad será colocada.

Otra de las estrategias que fue llevada adelante por el fujimorismo dentro de todo este esquema de control "difuso" fue el que llamó ^{Degregori (2001)} como el uso del "espectáculo como política" (p. 104). Cabe reconocer, como indica el mencionado autor, que con la desaparición de la división entre la cultura popular y la llamada "cultura de masas" los ídolos mediáticos ganaron un rol de formadores de opinión que terminó siendo lesiva por el desarrollo de las campañas y los procesos políticos como si fueran programas de entretenimiento (^{Degregori, 2001, p. 107}). Los roles, como indica Degregori, se terminan distorsionando hasta el punto en el que la población llega a confiar más sus opiniones políticas en el presentador del "talk-show"'' que en un analista político afín a su posición política personal. Esta cultura fue hábilmente aprovechada por el régimen. Como bien dice Vargas Llosa,

la prensa sensacionalista no corrompe a nadie; nace corrompida, vástago de una cultura que, en vez de rechazar las groseras intromisiones en la vida privada de la gente, las reclama; porque [...] hace más llevadera la jornada del puntual empleado, del aburrido profesional y la cansada ama de casa [...] [es] la frivolidad, reina y señora de la civilización posmoderna. (^{Degregori, 2001, p. 108}).

Hemos tenido en el pasado cercano un caso bastante similar con el uso político que se dio al programa "Un sábado con Andrés" del presentador Andrés Hurtado "Chibolín" como una especie de trampolín para ciertos políticos y, a su vez, como una forma de propaganda política para el propio Hurtado.

Si bien podríamos poner un inicio provisional del fenómeno en la elección de la vedette Susy Diaz como congresista de la República el año 1995, el caso más resonante es el de Laura Bozzo. Todo ello sucede a través de un show en el que todos los problemas de una persona (casi siempre, mujer) se resuelven como en una "inyección de heroína a la vena" al son de gritos tranquilizadores en los que sólo se esconden estrategias de perpetuación de un poder hegemónico ofrecido a los más desfavorecidos en forma de "catarsis" o de "ayuda psicológica" (^{Degregori, 2001, pp. 109-111}).

La única isla televisiva importante de la que el gobierno decidió no preocuparse fue de Canal N, canal parte del grupo El Comercio creado por iniciativa de Bernardo Roca Rey, aparecido el año 1999 en la frecuencia 8 de Cable Mágico.¹⁹ Aparentemente, el hecho de que no fuera un canal al que los sectores D y E normalmente no tuvieran acceso -pues se trataba de un medio de señal por cable- fue determinante en la decisión del gobierno de simplemente ignorarlo y dejarlo mantener su línea disidente. Sin embargo, en un año se convirtió en un espacio de crítica plural y objetiva en el cual se terminaría emitiendo el video que significó el inicio de la caída del régimen. Como bien indica ^{Reátegui (2012)}, Canal N "[apareció] en el momento preciso y con la gente lo suficientemente comprometida como para afianzarse en la oferta televisiva y legitimar su discurso en un momento en el que los medios estaban en una crisis de credibilidad" (p. 38).

La estrategia de Canal N para convertirse en un referente para el periodismo en un entorno autoritario estuvo, principalmente, en el cumplimiento estricto de los principios éticos tanto en sus periodistas, en sus opinólogos del propio medio de comunicación. Como bien indica ^{Reátegui (2012)}, el trabajo de la imagen del Canal tuvo éxito pues siguió al pie de la letra los estándares de búsqueda de la verdad, pluralidad, independencia, la democracia y el Estado de derecho (pp. 39-42). Así, entre sus editorialistas, Canal N tenía a figuras como Fernando Tuesta, Carlos Ferrero, Lourdes Flores Nano, Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi e inclusive Luz Salgado como representante fujimorista (^{Godoy, 2021, p. 339}). Como bien se mencionó previamente, el objetivo de un medio de comunicación para un verdadero compromiso con la libertad de información y, por ende, con la democracia, debe ser el abarcar la mayor cantidad de posiciones posibles, fomentando el debate en todo cuanto sea debatible y mostrando los hechos siempre que sea necesario.

Sin embargo, Canal N no sólo mostró meras opiniones, sino que también dio un peso bastante importante a las transmisiones en vivo como parte de su oferta televisiva. El objetivo era grande: llevar adelante un canal que funcione minuto a minuto las 24 horas del día con la información actualizada al instante (^{Reátegui, 2012, p. 46}). Esta búsqueda también resalta con otro de los objetivos planteados desde la libertad de información: el brindar los hechos noticiosos de manera imparcial, mostrando -de ser posible- las imágenes en crudo, tal cual suceden, evitando todo tipo de sesgos o suspicacias en el ciudadano a quien le llega la información.

2. Amenaza a periodistas y dueños de medios de prensa no afines al gobierno

La estrategia del gobierno con los medios de comunicación era clara: o te unes o te pierdes. Primero siempre existía la opción de unirte y de tomar los beneficios que el "plan premium" del fujimorismo tenía para ofrecer: acceso preferencial a la información proveniente del gobierno, la posibilidad de tener ingresos estatales camuflados como "publicidad estatal" y, el más importante, la garantía de "no molestar" asegurada por el jefe de facto del SIN. Sin embargo, aceptar este "plan premium" traía consigo un costo más allá de la mera adhesión o aceptación: la vulneración de deberes tanto éticos como constitucionales.

Quienes no aceptaron la amenaza fujimorista para cumplir con sus deberes éticos y constitucionales tuvieron que soportar una serie de peligros. Uno de los que sufrió más con esta situación fue el dueño de Frecuencia Latina (Canal 2), Baruch Ivcher.

El año 1996, en torno a razones aún poco claras hoy en día,²⁰ Ivcher empezó a hacer una revisión total a la línea editorial de su canal, hasta entonces uno de los más sintonizados de la televisión nacional; pero, a la vez, uno de los que menos lo criticaba. Dicha revisión trajo consigo un cambio casi total en la conducción periodística del canal y en el sentido de sus notas, el cual ahora tenía una tendencia independiente y crítica con el gobierno (^{Caretas 1468, 1997, pp. 18-19}).

El resultado inicial de esta apertura fue la emisión de una serie de informes periodísticos, entre ellos: 1) el descubrimiento de supuestos pagos del narcotraficante "Vaticano" a Vladimiro Montesinos para que se le deje operar con libertad; 2) la tortura de la exagente del SIN Leonor La Rosa y el descuartizamiento de la exagente Mariella Barreto perpetrados en el Cuartel General del Ejército; 3) el descubrimiento de los ingresos económicos de Vladimiro Montesinos como "asesor" del SIN, y 4) el desvelamiento de los planes "Bermuda", "Naval" y "El Pino" para perseguir, amedrentar e incluso asesinar periodistas (^{Lynch, 2002, p. 278}).

Todo esto fue posible hasta que Fujimori y Montesinos dijeron basta. Apenas el gobierno se hartó, inició una campaña total para expropiar a Ivcher del control del canal y que, posteriormente, este pase al control de quienes ellos podrían controlar: los hermanos Samuel y Mendel Winter, siguientes en la línea de control del canal. Así, se retiró el resguardo militar al canal después las primeras denuncias contra el Ejército,²¹ se realizaron visitas "inopinadas" de inspección por parte de la SUNAT y, como cereza del pastel, se retiró la nacionalidad peruana a Ivcher, el cual por Ley era un requisito indispensable para ser dueño de un canal de televisión dentro del territorio nacional. Entonces, mediante una jugada judicial de aumento de capital, se cedió el control total de Frecuencia Latina a los hermanos Winter, quienes deshicieron la línea editorial forjada por Ivcher.

Años después, y ya en democracia, la ^{Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001)} se pronunció acerca del caso de Baruch Ivcher. En su sentencia, se indica que el Estado peruano, mediante el retiro de la nacionalidad de Ivcher, restringió indirectamente su derecho a la libertad de expresión e información, así como la de los periodistas de Frecuencia Latina. La Corte considera ello en tanto esta supuso una estrategia de control cuyo objetivo era limitar la libertad de ejercer opciones políticas y de desarrollarse en una sociedad democrática (pp. 162-163).

Otro de los personajes que sufrió en carne propia los envistes del gobierno fue el periodista César Hildebrandt, quien se convirtió en una especie de "pulga en la oreja" del régimen (^{Degregori, 2001, p. 100}). Hildebrandt fue durante largo tiempo quien marcó la pauta política de la oposición y, en algún momento, llegó a ser el periodista más visto entre los sectores más acomodados del país (^{Godoy, 2021, p. 321}). Como era de esperarse, el Gobierno no vio con buenos ojos el hecho de que el periodista más visto del sector A y B fuese el acérrimo opositor del mismo. Así, los intentos de sacarlo del aire -incluso, de asesinarlo- no fueron pocos, aunque todos fueron infructuosos.²² El público opositor, cautivo y ávido de información imparcial, veía en Hildebrandt a un personaje de imparcialidad, de esperanza y, quizás, de luchador contra el régimen. En parte, quizás un sector del público estaba en busca de un periodista que les permita sentirse informados y no manipulados. Que están ejerciendo de verdad su libertad de información.

Incluso, en plena dictadura, Hildebrandt creó desde cero un periódico llamado Liberación, el cual tuvo una línea de pensamiento crítica del gobierno y afín a la oposición. Al inicio, el gobierno pareció no tomarle mucha importancia, pero a partir de la publicación de las cuentas bancarias de Vladimiro Montesinos fue que el periódico empezó a ser hostilizado mediante estrategias como el embargo de la maquinaria de la imprenta en la que Liberación era impresa, o la "compra fantasma" de todos los ejemplares disponibles del periódico (^{Godoy, 2021, pp. 346-347}). Nuevamente, esto demuestra las estrategias utilizadas por el gobierno con el objetivo de limitar a la prensa que estaba en su contra o que emitía mensajes potencialmente perjudiciales a sus fines. Esto, claramente, representa una vulneración a la libertad de información.

3. Diarios Chicha: la prensa a la medida de las grandes masas

Quizás una de las herramientas más claras y groseras dentro del intento de control social por parte del gobierno fujimorista fue la de los llamados "diarios Chicha". Según ^{Gargurevich (2000)}, se puede definir preliminarmente al periódico Chicha como "un diario tabloide, de precio considerablemente menor al de los diarios serios, informativamente sensacionalista, de primera página [usualmente] muy colorida" (p. 251). Estas características son las que hacen especiales a los diarios Chicha: usualmente no son leídos y ni siquiera comprados, sino que sólo sirven para ser expuestos en los stands de periódicos como una especie de posters en los cuales la primera página suele ser la que brinda el mensaje principal. Asimismo, su principal objetivo era acudir a los lectores de sectores socioeconómicos bajos (en especial, los sectores D y E) (^{Gargurevich, 2000, p. 257}).

El mensaje, usualmente, era acorde a los intereses del régimen. El principal objetivo era atacar a los personajes de la oposición y brindar información deportiva y de la farándula, todo a través de un lenguaje corto e imágenes grandes (^{Degregori, 2001, p. 116}). Así, si bien es cierto el diario chicha "informa", no lo hace desde una perspectiva seria e imparcial, sino que privilegia el sensacionalismo y el ataque a quienes no resultan de su agrado.

La aparición de los medios sensacionalistas fue aprovechada por el gobierno fujimorista, el cual vio en ellos una oportunidad para llegar y manipular con facilidad a los sectores socioeconómicos menos favorecidos, quienes eran usuales consumidores de esta clase de diarios. La estrategia de estos diarios es relatada por ^{Dammert (2001)}:

El esquema es simple. Un equipo del SIN, supervisado por Daniel Borobbio - publicista argentino- y articulado con el argentino Héctor Faisal [...] elaboraba las notas y, al tiempo que las difundía por internet, las enviaba a la prensa [chicha] [...] Los diarios de la prensa basura no tenían cálculos de costo. Cobraban por titular en primera plana. El resto del diario era basura pura. No importaba. Lo requerido era el titular. Y sobre él se cobraba, a precio del SIN. (p. 388).

Cabe aclarar, a su vez, que no todos los diarios que caben dentro de la definición de "Chicha" fueron controlados directamente por el gobierno; o, al menos, no existen pruebas de dicho control. Los diarios de menos de un sol controlados por el gobierno fueron El Mañanero, El Chino, La Chuchi, El Tío, Referéndum, El diario Más, El Men y La Yuca (^{Degregori, 2001, p. 116}). En estos, se seguía el esquema de control planteado por Dammert. El gobierno, a través de sus emisarios y de su equipo de publicidad, controlaba directamente las portadas de estos diarios, la cual era la parte más importante del mismo. Según ^{Grompone (1999)}, mediante estos se introduce una idea extendida de "violencia social" en el modo de entablar las relaciones interpersonales (p. 155). Esta idea de violencia es bastante dañina para el ideal democrático y de pluralismo que los medios están obligados constitucionalmente a garantizar.

Para ^{Degregori (2001)}, son dos principalmente los rasgos que dieron importancia a la prensa chicha: la mentira y la crueldad (p. 124). Los medios Chicha no sólo mienten y agrandan realidades inexplicables, sino que también son bastante crueles y crudos con sus descripciones, tanto físicas como psicológicas. Los principales atacados por estos diarios son los personajes de la oposición, quienes representan el pasado, la incapacidad, la corrupción, la pituquería e incluso la feminidad (^{Degregori, 2001, pp. 130-140}).²³

Todos estos ataques son claramente lesivos al ideal democrático de pluralidad no sólo informativa, sino también de opiniones y de posiciones políticas. El gobierno, al pagar directamente estos tabloides, buscaba manipular y ganar a un sector de la población a través de los propios medios de comunicación, principalmente a los sectores D y E. Esto supuso también un ataque a la libertad de información pues la información a la que accedían estos sectores estaba manipulada o no era imparcial, además de que no cumplía con los estándares constitucionales mínimamente requeridos para estos fines.

Valorar si esta estrategia funcionó o no es totalmente ajeno a esta investigación. Lo importante para nosotros es que el gobierno fujimorista, al utilizar los medios Chicha, intervino directamente en la libertad de información y en el principio constitucional del pluralismo informativo.