Introducción
La migración venezolana en Chile ha pasado por tres etapas distintas: la primera con profesionales y empresarios (2001-2017), la segunda procedente de una clase media con muchos profesionales y técnicos (2018-2019) y finalmente, cuando el expresidente Sebastián Piñera puso un límite al ingreso de venezolanos por medio del visado de turista en 2019, incrementándose los ingresos irregulares de población heterogénea, pero mayoritariamente vulnerable desde su lugar de origen (2020-2023). El promedio de edad de la población venezolana que obtuvo un visado entre 2000 y 2021 fue de 30 años (Yajure, 2022), mientras que datos de 2022 muestran una baja de edad, entre 18 y 29 años (Sermig, 2023). Al respecto, diversas instituciones que asisten a los migrantes indican una disminución en la edad de los venezolanos que ingresan por pasos irregulares, durante los últimos dos años, entre 16 y 25 años, con cada vez más mujeres viajando solas, con pareja o con hijos, y disminuyendo gradualmente la cantidad de hombres solos. Otros cambios entre los primeros migrantes venezolanos y los avecindados desde 2020, son: baja escolaridad, más familias, mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), algunos no acompañados, y alta natalidad, entre dos y cinco hijos.
Los migrantes venezolanos que llegaron a Chile entre 2013 y 2018 fueron bien recibidos, pues su escolaridad estaba por encima del promedio chileno, con mayor capital cultural y económico, una edad por arriba de los 25 años y hasta dos hijos, lo cual se acercaba mucho más al estándar de clase media chilena. Asimismo, se les veía como víctimas de un régimen político autoritario de izquierda radical y el sistema político chileno neoliberal se percibía como opuesto al chavismo. En Chile los migrantes se han encontrado con un “Estado competitivo”, que, sumado a las demandas por mayor seguridad, genera presiones por reducir los derechos y “privilegios” de los migrantes, debilitando su necesaria relación con el Estado. Con la instalación en la narrativa de los medios y los actores políticos (2019-2023) del migrante como una amenaza a la sociedad chilena, en los últimos años, de manera particular venezolanos, a la par de colombianos y haitianos, han pasado a ser vistos como enemigos internos.
Un giro en las tendencias históricas implica que hoy de los cuatro colectivos extranjeros más grandes en Chile, tres son de países no fronterizos. La población más importante es la venezolana, con 532,715 mil personas, seguida de la peruana, luego la colombiana, y, en cuarto lugar, la haitiana. Esta “nueva migración”, de un total de 1,625,074 personas (Sermig, 2024), ha ido aparejada de un creciente panorama xenofóbico en la sociedad chilena, por lo que el objetivo de este artículo es analizar las percepciones y acciones de diversas iglesias y organizaciones basadas en la fe que han actuado como instancias mediadoras y de soporte entre migrantes y locales, disponiendo una serie de recursos sociales, económicos y espirituales al servicio de los venezolanos. A su vez, examinaremos algunos significados de la participación religiosa de migrantes venezolanos en iglesias evangélicas, en condiciones de vulnerabilidad agudizadas por el viaje y la carencia de documentos, redes de apoyo más frágiles (que migraciones previas), feminizada y en irregularidad migratoria. Finalmente haremos una reflexión sobre la fe cristiana y la relación con los migrantes venezolanos vulnerables.
En el contexto de Latinoamérica y el Caribe, Domenech (2007) Domenech y Boito (2019) y Acosta (2016), plantean que al menos hasta 2013 existió una mirada dicotómica entre las políticas migratorias del Norte, como Estados Unidos y Francia, y las de América del Sur, especialmente las de Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, en el marco de procesos de integración subregionales. Las primeras serían securitistas, de control y vigilancia, y las segundas se basarían, al menos desde 2003, en un enfoque de derechos humanos. Cierre de fronteras nacionales versus apertura de fronteras. Esta tesis, que reconoce un espíritu de solidaridad internacional de larga historia en la región (ACNUR, 2018 y 2019), ha ido perdiendo fuerza durante el siglo XXI, en un contexto de restricción de normas y prácticas propias de una globalización neoliberal y de un presente neocolonial -y muchas veces autoritario-, en que lo que se decide en el Norte Global incide en el Sur Global, con nuestras particulares historias nacionales, imaginarios hegemónicos sobre nacionalidad y ciudadanía, frágiles acuerdos de integración regional y altos índices de burocracia estatal.
En esta transformación desde lo receptivo a lo restrictivo, ha sido relevante también la ideología política de los gobiernos, como en el caso del giro a la derecha de Macri (2015-2019) en Argentina y de Piñera en Chile, en sus dos periodos. En el nuevo contexto de la gran diáspora venezolana, producto de prolongadas crisis político-económicas e inseguridad (Acosta, Blouin y Freier, 2019), el subcontinente ha ido adoptando un enfoque de gobernanza o gestión de las migraciones restrictivo, de seguridad, disciplina y control, con medidas tales como la imposición de visa de ingreso, la militarización de fronteras y las expulsiones de quienes están irregulares. Al respecto, durante los últimos cinco años se ha generado cierto consenso en la bibliografía especializada en que la gobernanza regional migratoria (GRM) se ha debilitado, así como el enfoque de los derechos humanos, aumentando las medidas restrictivas (Ordóñez y Ramírez, 2019; Ramírez, Linares y Useche, 2019; Sacristán y Llanez, 2022; Gissi y Aguilar, 2023). Estas condiciones neoliberales del Estado chileno ante la crisis migratoria venezolana han generado respuestas de las iglesias cristianas en Santiago, que aquí analizamos.
Marco de referencia: grupos religiosos y migración transnacional en América Latina y el Caribe
La experiencia de la migración y sus vínculos con la religión ha sido estudiada hace tiempo, especialmente los efectos de las prácticas y creencias de los migrantes en los lugares de origen, tránsito y destino (Gamio, 1969; Warner y Wittner, 1998; Castro y Dawson, 2017). Sin embargo, en los últimos años algunos grupos religiosos han tomado un papel más preponderante en torno a la iniciativa y capacidad de ayuda, acogida o recepción, las redes implicadas en ello (Koser, 2007; Platas y Rodríguez, 2013; Coutinho, 2022), así como la respuesta práctica ante el recrudecimiento de la xenofobia y discriminación en muy distintos países (Hernández y Porraz, 2021; Morales, 2022; Francisco, 2023). El fenómeno tiene más tiempo siendo estudiado en Europa y Estados Unidos por razones históricas, sin embargo, ahora que la migración Sur-Sur latinoamericana y caribeña se torna el principal destino de los flujos migratorios, se debe distinguir de las ansiedades religiosas de Estados Unidos y Europa, cuya molestia se expresa contra no anglosajones y musulmanes, respectivamente (Bramadat, 2009).
El tema religioso en Latinoamérica no es un obstáculo per se.1 En este sentido, se abre un campo de estudios en el que la religión puede ser central en estos flujos intra-continentales, como han sostenido De Souza y Guerriero: “En definitiva, el reconocimiento no viene de las políticas públicas, sino de la acción de la comunidad de los miembros de la iglesia” (2017: 97). Los migrantes como agentes ejercen resistencias al rechazo jurídico-social por medio de organizaciones civiles (Gissi y Andrade, 2022), pero muchos otros lo hacen desde su fe: “las interacciones religiosas, espirituales y las experiencias festivas, que reconocemos como fundamentales en el proceso de resistencia ante las consecuencias de la irregularización” (Liberona, Romero, Salinas y Veloso, 2022: 31).
La molestia con la inmigración latinoamericana en Chile proviene del desplazamiento de la discriminación y el racismo hacia la población de orígenes indígenas (andinos y mapuches, así como peruanos y bolivianos), afrodescendientes (mulatos y haitianos), la influencia cultural del Caribe que aparece como “salvaje” (colombianos y venezolanos), y el poder corruptor de lo tercermundista en que Chile sería una isla europea en proceso de “latinoamericanización” (Trujillo y Tijoux, 2016; Stefoni, 2016; Bonhomme, 2022), de acuerdo al imaginario dominante en Chile. Al respecto, la población venezolana generó dos reacciones opuestas, una positiva previa y una negativa posterior a 2019. Hasta 2018 los venezolanos tenían mayormente una alta escolaridad y residencia en comunas de altos ingresos (Stefoni y Brito, 2019), a la par de utilizar la estancia para adquirir la nacionalidad e ir a Estados Unidos como plan A o B (Rodríguez y Gissi, 2023). Las cosas cambiaron desde 2019, aumentando la xenofobia y aporofobia hacia migrantes de estrato socioeconómico bajo (Cortina, 2017) o que al entrar irregularmente se les consideró “pobres”.
La implementación de la visa de responsabilidad democrática hace cinco años, cuyos requisitos estaban ligados a la residencia, conocimiento y funcionalidad institucional en Venezuela -dirigido a aquellos con ciertas características deseables- propiciaron la irregularidad, junto con el estallido social de 2019 y la pandemia, deteriorando las condiciones migratorias, y revelaron la fragilidad socioeconómica del “sueño chileno” (Gissi y Greene, 2022; Rodríguez y Gissi, 2023). Por un lado, hay una sensación de estancamiento económico en algunos migrantes, mientras se les utilizó política y mediáticamente para:
Criticar al gobierno de Bachelet como instigador de un desorden migratorio (Stefoni y Brito, 2019).
Señalar -infundadamente desde el Ejército- la participación de venezolanos en el origen del estallido social, “enviados de Maduro” (Sepúlveda y Miranda, 2022).
Estigmatizar la llegada masiva de migrantes irregulares de origen más pobre que derivó en la crisis migratoria en el norte de Chile (2021-22).
Re-victimizar a las víctimas de tráfico y trata de personas.
Criminalizar debido a actos delictivos de alto impacto por parte de algunas personas de nacionalidad venezolana.
El aumento vertiginoso de migrantes venezolanos conllevo un uso político estatal de los migrantes, con énfasis en los venezolanos, en cuatro etapas: i) ambigüedad en el gobierno inicial de Piñera (2018-2019) con respecto a un discurso de bienvenida y frenar la entrada de venezolanos no privilegiados con la visa de responsabilidad democrática (Doña y Gouveia, 2019); ii) la difusión de una hipótesis de “guerra” tocante a la intromisión de venezolanos en la generación de condiciones del estallido social (2019); iii) el cierre de fronteras por la pandemia, la irregularidad y la crisis migratoria en el Norte Grande de Chile con quema de carpas, violencia xenofóbica y descontento local por la ocupación del espacio público (Tapia y Quinteros, 2023); iv) la entrada de la nueva ley 21.325 que prácticamente impide la regularización, excepto en casos de reunificación familiar, junto a la criminalización de venezolanos y colombianos, que ha conducido a la salida de muchos en situación irregular y cuya expresión culminante fue el varamiento de cientos de venezolanos y haitianos, generando tensiones diplomáticas entre Perú y Chile en mayo de 2023.
Estos hechos han añadido un peso estigmatizador a los venezolanos como “irresponsables” (por traer y llevar niñas y niños), “exigentes” con Chile, pero no con la Venezuela de Maduro, bulleros (bulliciosos) en la vida cotidiana, sumado a una serie de discriminaciones previas. Por ejemplo, se ha detectado que las mujeres son más discriminadas que los hombres, en función de su género, ya que a las adolescentes se les sexualiza y a muchas se les trata de prostitutas, especialmente las de características afrodescendientes (Liberona y López, 2018; Pavez, Ortiz y Domaica, 2019 2), a su vez se sienten obligados a tomar trabajos para los que están sobre-calificados y soportar maltratos por su nacionalidad (Berríos, 2021; Gissi y Andrade, 2022), se les vincula con la irregularidad y por tanto con crimen (Berríos, Galdames, Dufraix, Bolívar, 2023). Esto es un indicador de la sociedad chilena: “quien lleva incorporada una fobia siempre la justifica culpando al colectivo al que desprecia, lo cual no deja de ser una coartada” (Cortina, 2017, p. 18).
Si bien hubo una salida masiva de población venezolana regular, reflejando un saldo negativo entre entradas y salidas de más de 53 mil personas entre 2020 y 2022 (SJM, 2023), en 2019 inició la llegada de población con cada vez menos recursos socioeconómicos, cuyas diferencias culturales de origen popular acentúan los conflictos de convivencia con la población chilena. Simultáneamente, el cierre de fronteras (2020-2022) y las limitaciones legales impuestas a los venezolanos detonaron un aumento de redes delincuenciales, utilizando los pasos irregulares para traficar con los migrantes y asignándoles el papel de víctimas cuyo único soporte es el humanitarismo (Stefoni, Jaramillo, Bravo y Macaya-Aguirre, 2023).
La xenofobia es utilizada especialmente, pero no exclusivamente, por las derechas nacionalistas y religiosas del tipo del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (Ramos y Bezerra, 2019), o J. A. Kast (excandidato presidencial en Chile) que rechazan la migración latinoamericana. No obstante, también en discursos y prácticas religiosas se da una contra-respuesta a la xenofobia con un Cristo (con rostro) migrante. Álvaro Bellolio, ex director de Migraciones de Piñera, ha acusado en diversas ocasiones al Servicio Jesuita Migrante de buenismo, es decir, promotores irresponsables de la migración irregular y además de ser los teólogos detrás del gobierno de Gabriel Boric, que asegura él, dará un perdonazo. En diversos grupos religiosos se presenta una tensión entre los más cercanos a una posición política de derecha y el mandato bíblico de apoyar al extranjero como si fuera uno de ellos, lo que en algunos puntos los acerca a los defensores de derechos humanos más ubicados en la izquierda política.
Así, la presión mediática, política y social sobre el gobierno de Boric modificó su propuesta de campaña que era “mejorar los sistemas de regularización migratoria”; terminó cediendo y agudizando la irregularización y criminalización migratoria (Canal, 2024). Entre las propuestas de J. A. Kast (Arellano, 2021), el contendiente de Boric, implementadas o propuestas por el gobierno actual, están la militarización de la frontera, la ampliación de las zanjas fronterizas y agilizar las medidas administrativas que permiten la expulsión de irregulares. Incluso ha surgido competencia entre políticos de derecha e izquierda, disputándose la criminalización. J. Kaiser, diputado de derecha, reconocido por sus propuestas anti migratorias indica: “nos trataron de nazis, de xenófobos… la expulsión de cualquier persona que cometa un delito en Chile, no estoy hablando de pasarse la luz roja” (El Conquistador FM, 2024). D. Manouchehri del Partido Socialista solicitó: “cerrar el ingreso regular e irregular de cualquier ciudadano venezolano por lo menos 24 meses… restringir los envíos de dinero desde Chile hacia Venezuela” (Solís, 2024). Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones envió al Congreso una propuesta para “fortalecer” la normativa migratoria actual, ampliar las causales de expulsión; rechazar y revocar permisos migratorios por faltas e incivilidades; otorgar al subsecretario/a de Interior la facultad de expulsar a personas procesadas por la justicia por atentar contra la seguridad del país; incrementar sanciones a medios de transporte que faciliten el ingreso irregular al país y el traslado desde la frontera; aumentar penas por tráfico ilícito de migrantes; fortalecer garantías de NNA y proteger a víctimas de violencia intrafamiliar (Migracionescl, 2024). Esta propuesta solicita que una incivilidad sea motivo de rechazo o revocación de permisos migratorios. De ser aprobada, puede dar lugar a criterios subjetivos como la política del estado de ánimo de cada funcionario (Thayer, Stang y Dilla, 2020) para considerar como falta o incivilidad que justifica la medida.
Como vemos, hay una disputa por los símbolos como emblemas de ciertos grupos sociales (Vancsó, 2021), que en la política de partidos ha quedado desdibujada. En términos político-religiosos, buscan definir las fronteras del cuidado y el prójimo: a) la derecha asumiendo la protección del territorio y cuidando a los suyos, la familia, englobando a los migrantes como enemigos; b) los creyentes cristianos más indefinidos políticamente, viendo el rostro del prójimo-migrante como imagen de Dios, al cual asisten por caridad o deber, pero que lo encuentran cara a cara; c) los defensores de Derechos Humanos disponiendo recursos alrededor de los más vulnerables como humanos más allá de su nacionalidad, en tanto hijos de Dios y sujetos de derecho que requieren condiciones estructurales para una recepción apropiada.
A estas posturas desde los actores chilenos, sumamos al Dios que acompaña, legitima y protege al migrante de ser violentado, deportado, verse involucrado en actos delincuenciales y puede habitar en cualquier país. Desde una pluralidad religiosa de trasfondo cristiano, que puede o no incluir creencias reconocidas por las instituciones religiosas como la santería, vudú, costumbre indígena y otras, la identidad religiosa está vinculada a la experiencia migrante (Odgers, 2009; Pereira, 2019; Coutinho, 2022). En 2022, la participación religiosa era la forma más común de participar en asociaciones (12 por ciento), seguido de lejos por clubes deportivos (cuatro por ciento) y juntas de vecinos (cuatro por ciento) (Sermig, 2022), lo que implicaría una asociatividad creyente. No es extraña esta participación, si consideramos que en muchos casos hay un relato religioso que antecede, acompaña y ayuda a comprender la migración, así como constituye una fuente de potenciales recursos sociales, culturales y económicos (Pereira, 2024).
Si la recepción de los inmigrantes más vulnerables se da principalmente por instituciones religiosas, comprendemos la experiencia religiosa como fuertemente enraizada desde la precariedad hasta afirmar su presencialidad: “La fe del inmigrante afecta su interacción cotidiana con el no migrante, forma el futuro del inmigrante en el contexto social de destino e influencia a la sociedad más allá de su propia presencia…” (Coutinho y Marcelino, 2016: 231). Aún más, como lo ha destacado Guzmán (2018), el involucramiento con grupos religiosos puede implicar menor posibilidad de deportabilidad para los migrantes irregulares en Estados Unidos, pues además implica honestidad y laboriosidad, elementos que un régimen neoliberal puede considerar cuando se realizan regularizaciones. Para Vasconcelos (2022) la recepción y acogida de migrantes por parte de las iglesias en el norte de Brasil, terciarizó las funciones gubernamentales, dan una condición de igualdad frente a los rechazos de otros, generan espacios de convivencia con los nacionales y actúan en las brechas dejadas por el Estado. En su vinculación con el Estado, buscan incidir en políticas migratorias favorables a las personas en movilidad, a la vez que al acatar las políticas funcionan como formas de control migratorio (Vasconcelos, 2022). De este modo, las iglesias juegan un papel fundamental en la (no) respuesta del Estado, esto es, el rechazo del migrante vulnerable.
Metodología
Los resultados que presentamos son producto de un estudio cualitativo y etnográfico realizado en distintos espacios de la ciudad de Santiago de Chile, sobre los conocimientos/saberes y actividades de la vida cotidiana de individuos, iglesias y agrupaciones en sus interacciones sociales y en su relación con el Estado chileno. A través de etnografías, entrevistas en profundidad (con consentimiento informado, indicando sexo y edad en los testimonios) y registros, indagamos los razonamientos puestos en juego durante las situaciones diarias de intercambio de los migrantes y actores religiosos pro-migrantes, sustentándose en la capacidad de interpretación de los sujetos, que supone la tensión entre sus competencias y su desempeño real en ciertos contextos. Hemos realizado etnografía particularmente en las comunas de Santiago, Estación Central y Quilicura, debido a la concentración poblacional venezolana en éstas.
Nos interesan los decires y haceres sobre la migración y convivencia chileno-venezolana, actos y discursos de recepción y acogida desde organizaciones cristianas, nacionales y migrantes. Sus intenciones, intereses, expectativas y metas, las justificaciones y las circunstancias de esta obra socio-religiosa. Nos centramos en actividades regulares, a pesar de la diferencia entre los individuos, en las tipificaciones/clasificaciones de sentido común, “normales”, desde el relacionalismo metodológico (Bourdieu y Wacquant, 2012), enfoque que sostiene la primacía de las relaciones y procesos por sobre la mirada respecto a los sistemas o agentes, buscando comprender el entretejido social y las narrativas, triangulando a partir de la relación estructura-subjetividad-acción. De este modo, se constata que los sujetos-actores producen y reproducen estructuras sociales y configuraciones identitarias, inscritas en los circuitos locales, nacionales y transnacionales (Basch, Glick y Szanton, 1994), aunque ajustando sus estrategias y tácticas a las condiciones y contingencias del territorio de recepción.
Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 se realizaron visitas etnográficas en Santiago a la Iglesia de Dios (barrio Santa Isabel), AR Ministries, Las Buenas Nuevas Church, Iglesia Bíblica Recoleta, Parroquia Latinoamericana, Parroquia de Sacramentinos, Iglesia Luterana de San Bernardo; así como organizaciones basadas en la fe que trabajan con migrantes: Fundación María Ward (FMW), Fundación Madre Josefa (FMJ), Vicaría de Pastoral Social (VPS), Pastoral Migrante de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile (IELCH), Pastoral Migrante de la Iglesia Metodista de Chile (IMCH), Fundación EPES y World Vision (WV). Se hicieron 18 entrevistas a funcionarios de las fundaciones católicas y evangélicas mencionadas y ocho entrevistas a migrantes venezolanos (seis que entraron por pasos no habilitados y dos que entraron con Visa de Responsabilidad Democrática en 2022), hombres y mujeres de iglesias evangélicas, que ya tenían redes de apoyo funcionales. Se conversó con funcionarios públicos de la ONAR (Oficina Nacional de Asuntos Religiosos), asuntos religiosos y oficinas de migración de Lo Prado, Quilicura, La Cisterna, y se asistió a actividades organizadas por el Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), la Coordinadora Nacional de Migrantes, Ashoka y la Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados (Fenamir). El análisis se hace desde la perspectiva de la gestión migrante en voz de los funcionarios de las organizaciones religiosas que establecen contacto continuo con los venezolanos, entre 2018 y 2023, y en el (des)encuentro en la cotidianidad con los chilenos en los espacios de las iglesias evangélicas.
Respuesta de grupos religiosos a la crisis migratoria venezolana en Santiago
Organizaciones y crisis migratoria: “las iglesias llegan donde el Estado no llega”
Diversos grupos religiosos de origen cristiano han organizado la recepción, acogida, apoyo y asistencia de los migrantes, y de los venezolanos en particular, en diversas ocasiones y magnitudes: católicos, evangélicos, adventistas y mormones. No son los únicos,3 pero éstos han sido elementos de contención extendidos en los territorios, especialmente durante la crisis migratoria en la frontera norte y en su paso hasta Santiago de Chile, destino principal de la mayoría. Algunos tienen una larga trayectoria de trabajo con migrantes como el Instituto Católico Chileno de Migración (Incami) y el Servicio Jesuita Migrante (SJM), otros iniciaron con la explosión migratoria a lo largo de la segunda década del siglo XXI, como Fundación Frè o el Servicio Evangélico Migrante, y algunos expandieron sus esfuerzos de atención a migrantes como la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y Educación Popular en Salud (EPES), pero muchas más al ver el gran incremento de inmigrantes de origen venezolano, atendiendo la emergencia en la pandemia y post-pandemia 2020-2023 (CWS, 2020; Tapia y Quinteros, 2023).
Aquí distinguimos tres tipos de agrupaciones: (1) organizaciones consolidadas, basadas en la fe, motivadas por las creencias religiosas de los fundadores, que incorporan a personal profesional, no necesariamente creyente pero sí en consonancia con una visión de derechos para los migrantes, multipropósito -suelen tener otras áreas de atención como justicia de género, desastres, etc.-, y han adaptado una parte o toda su labor a la atención migrante; (2) grupos formales conformados en instancias eclesiásticas con la finalidad de atender la coyuntura con enseres, comida y albergue en algunos casos; (3) organización eclesiástica espontánea para atender casos específicos como puede ser acoger una familia o persona, donar alimentos un día particular, pero su trabajo con migrantes no tiene sistematicidad. En los casos 1 y 2 son profesionales con formación universitaria, la mayoría trabajadoras sociales, psicólogas, sociólogos y teólogos, y en el caso 3, corresponden a feligreses evangélicos y católicos. El financiamiento del primer tipo se suele dar con apoyo internacional, incluido ACNUR, Cáritas Internacional, USAID y otros donantes de países del Norte global; el 2 principalmente por medio de sostenimiento nacional e internacional a través de sus redes eclesiásticas. En el 3, todos los recursos son locales, de una familia o una iglesia. ACNUR juega un papel relevante en su vinculación con las organizaciones basadas en la fe, pues busca:
(…) fortalecer los esfuerzos colectivos de los líderes religiosos de todas las regiones y creencias para abordar las causas fundamentales del desplazamiento forzado, mediante el apoyo a iniciativas mundiales de incidencia, prevención de conflictos, reconciliación, construcción de la paz y cohesión social (ACNUR, 2023).
Nos enfocaremos en los casos 1 y 2 por tener una actividad profesional continua y un enfoque de derechos, aunque varía la magnitud y estabilidad económica entre unos y otros, mientras que dejamos el 3 para otro momento.
Al tratarse de Santiago, la población venezolana ya ha pasado un primer momento climático en la frontera norte, y no se ve la aglutinación presente en ciudades como Iquique, Arica y Antofagasta, sin embargo, muchos llegan sin redes de apoyo, endebles o las que tenían han desaparecido, también pueden volverse redes abusivas con altos costos sociales y económicos. En algunos momentos se ha percibido el aumento de población en situación de calle que previamente no estaba: “Nosotros trabajamos con gente en situación de calle y eran adultos; ahora vemos familias con niños, recién nacidos, embarazadas o con discapacidades en las calles, mujeres muy jóvenes, cosa que ya había desaparecido en Chile” (FMW, mujer, 57).
En diversas conversaciones, algunos funcionarios esperan idealmente dejar esta asistencia en el futuro más inmediato posible: “ojalá ya no fuera necesaria nuestra presencia como organización” (VPS, hombre, 36), “lo ideal es que organizaciones como la nuestra dejaran de existir porque ya no sean necesarias” (WV, mujer, 39), “si nosotros estamos aquí es porque hay un problema humanitario que el Estado no atiende” (PL, hombre, 47). Al sopesar la continua llegada de migrantes venezolanos en condiciones de irregularidad y vulnerabilidad, hasta mediados de 2023, no consideran que en el futuro inmediato vaya a prescindirse de sus servicios. Una funcionaria (FMJ, 52) señala que según cifras propias de registro, solamente en Colchane, indican un promedio de 200 ingresos por día en 20234, sin considerar otros cruces fronterizos, lo que implica que no parece haber en el futuro inmediato una suspensión de ingresos irregulares, que vulnerabilizan aún más a estos migrantes.
Cada organización genera su propia publicidad impresa para informar de sus servicios, aunque son conocidas mayormente de voz en voz y en menor medida por sus redes sociales. Algunas trabajan con una o varias municipalidades: “como la municipalidad no puede entregar apoyo a personas sin rol único tributario, saben que nosotros podemos hacerlo y nos los envían” (PL, mujer, 48). Algunas iglesias que cuentan con colegios como las luterana y metodista, hacen promoción de sus servicios y atienden directamente a población que no sabía de diversos apoyos a migrantes irregulares de parte de estos organismos: “utilizamos la estructura de los colegios de las iglesias para detectar casos de abuso con las madres” (EPES, mujer, 49).
Los grupos ofrecen variadas atenciones, como son: información sobre acceso al derecho a la salud y la educación básica, la auto-denuncia como vía larga para una posible regularización, “bajar la información oficial” que no es fácilmente accesible ni comprensible, atención a infantes, denuncias sobre abuso laboral y trata de personas, talleres de oficios para labores que pueden realizar sin documentos, dotación de canastas con víveres, pago de habitaciones en hotel para evitar que pernocten en la calle, subsidios para arriendo y compra de víveres, y atención psicológica. Muchas tienen un enfoque de género (FMW, FMJ, EPES, WV), privilegiando el trabajo con mujeres embarazadas, madres de familia, responsables de cuidados de otras personas, puesto que su situación de vulnerabilidad es mayor por ser potenciales víctimas de trata, abusos laborales, violencia intrafamiliar, desgaste psicológico, enfermedades crónicas y de origen psicosocial. En diversas ocasiones han detectado una serie de violencias asociadas a su condición de mujeres migrantes sin documentos, clase social, escolaridad baja, sexualizadas y acosadas por connacionales y chilenos, algunas muy jóvenes, de menos de 20 años y con uno o más hijos.
Esta serie de elementos también las predisponen a una menor capacidad de adaptación, pues a la par de crear redes endógenas de apoyo, el rechazo pasivo o activo de los chilenos a los venezolanos -“a mí no me gusta que me atiendan los venezolanos” (notas de campo, 23-10-22)-, éstos se relacionan en mayor medida con otros venezolanos, luego con otros extranjeros y muy poco con chilenos, cerrando la disposición a hacer adaptaciones culturales para una convivencia sana. Cuando las mujeres son acompañadas a solicitar apoyo con sus parejas varones, algunos se ponen violentos porque hay ciertas condicionantes para distribuirlos entre quienes más los necesitan y no siempre pueden acceder a ello: “tuvimos que decirle que se tenía que ir o llamábamos a carabineros, le gritaba a [nombre] que ‘se está robando el dinero que le dan para nosotros’; no ha sido una, sino varias veces” (FMJ, mujer, 25).
Han ocurrido incidentes con criminales y hombres violentos. En albergues hay varones que buscan vender droga en el lugar y se negocia si pudiera haber un riesgo para los funcionarios, después de escuchar un “yo hago lo que quiero y si no te amago” (VPS, hombre, 36) o se les ha denunciado directamente con las autoridades deteniendo a algunos. También ha habido desencuentros en convenios con autoridades como cuando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormona) financió autobuses por solicitud de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá en febrero de 2022, pues se montó un espectáculo mediático con el alcalde de Estación Central, acusando a la iglesia de irresponsable. Sin embargo, el acuerdo entre la iglesia y el gobierno era que ellos sólo financiarían los buses, pero la entidad gubernamental debía aplicar los filtros de llevar sólo mujeres y niños que contaran con una dirección en Santiago o más al sur, tener auto-denuncia y restringir el acceso a posibles criminales, no obstante, se encontró droga, hombres solos, algunos drogados, sin dirección de llegada (notas de campo, 01-08-23). Si hay hombres que requieran albergue, hay sitios que acogen sólo varones con reglas muy estrictas de convivencia, mientras que quienes son “LGBT están invisibilizados” (VPS, hombre, 36).
En algunas ocasiones acompañan a la población para que los atiendan en los CESFAM (Centros de Salud Familiar), pues es común que se rechace a quien no tenga la cédula de identidad y se le niegue el derecho al acceso a atención médica:
(…) la echaron sin ninguna razón, que ‘vienen sin pasaporte, creen que todo es gratis’… tuvimos una persona que perdió a su guagüita, se le murió adentro, la llevamos al hospital, la atendieron, se murió, no le querían entregar el feto, tuvo que esperar hasta que encontráramos un lugar en el cementerio para que la enterraran, buscamos al Padre de la parroquia para que pudiera hacerle una ceremonia; había situaciones de muy poca humanidad (VPS, hombre, 36).
Durante la pandemia el gobierno de Piñera había dicho inicialmente que las vacunas contra el Covid-19 no eran para los extranjeros: “mucha gente empezó a reclamar y sacamos un informativo que sí tenían derecho, era una estrategia de salud pública y toda la gente que está en el país tiene derecho a la vacuna; los servicios de salud del país no fueron capaces de sacar nada… los tenían en sus murales” (EPES, mujer, 52). Esta visión desde funcionarios gubernamentales es frecuente: los migrantes irregulares como sujetos sin acceso a derechos. Allí inciden estas organizaciones.
Encuentro con el “otro” venezolano irregularizado
Las instituciones que constantemente aparecen auxiliando, acogiendo, brindando apoyo, registrando a las personas antes que los Estados se presenten, en coordinación con ACNUR, son World Vision, Fasic, de la Iglesia Católica, agrupadas en la Red CLAMOR (Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas), quienes gracias a su coordinación pueden actuar tras fronteras, en Perú y Bolivia (Liberona, Romero, Salinas y Veloso, 2022). En dichos cruces transfronterizos, donde la altura y el frío son insoportables para la mayoría que jamás había estado en un hábitat así, hay miedo constante, utilizan coyotes que conocen la zona, algunos de los cuales abusan de las mujeres, trafican con personas para comercio sexual y explotación laboral. Los afrodescendientes afrontan mayores problemas de alojamiento al ser estigmatizados como delincuentes (Liberona, Romero, Salinas y Veloso, 2022), aunque suelen identificarse como “morenos” y atribuyen la discriminación más a su nacionalidad que a su origen étnico (OIM, 2022).
El traslado a las ciudades cercanas de Arica, Iquique y Antofagasta, se considera tráfico de personas por lo que transportistas y vehículos particulares que antes decidían llevarlas del desierto a una de estas poblaciones, han dejado de hacerlo para evitar dichos cargos. La gran afluencia de migrantes conllevó a varias protestas en poblados y ciudades nortinas -2021 y 2022- contra los venezolanos en Iquique, Huara y Colchane, debido al uso de espacios públicos para pernoctar y la toma de casas aparentemente abandonadas5 para resguardarse del frío. En Arica, por ejemplo: “no es que el pastor dijera de repente ‘voy a salir a ayudar’, ¡no! Le llegó a la puerta, se vio confrontado y además la gente empezó a ir al culto… la ayuda se dio en las pequeñas iglesias arraigadas al territorio” (investigador, hombre, 36). En la frontera tenían que esperar días o meses para cruzar hacia Santiago. La ONAR y algunas iglesias evangélicas se organizaron para recibir una familia en distintos hogares durante al menos un mes, pero no fue fácil porque no siempre hubo disposición a dicho encuentro (notas de campo, 02-10-22).
Por su parte, funcionarias y voluntarias buscan trascender el primer impacto que les causa que haya NNA viajando solos o sin familiares, así como se dificulta el apoyo cuando no se tiene claro si son sus hijos o no, pues no siempre cuentan con la documentación que acredite los lazos de consanguinidad: “al inicio yo también las juzgaba porque son más jóvenes que yo y ya tienen dos o tres niños, ¿por qué los traen así o se los dejan a gente que ni familiares son?” (WV, mujer, 24). Ello se ha prestado incluso para que presuntos parientes pretendan casarse con menores de edad “para darles los papeles” por matrimonio con residentes legales:
La gente salió sin un plan… En Venezuela el acceso al método anticonceptivo es un privilegio allá, hablar de educación sexual no existe… nos hicimos cargo por medio de estos talleres de educación sexual y reproductiva, antes de juzgar hay que preguntarse qué hay detrás e irse al problema de fondo, no poniendo soluciones fachas de ‘opérese para no tener más guaguas’ (FMJ, mujer, 52).
La principal razón por la que los venezolanos buscan estas organizaciones es para regularizar su situación migratoria, pero el apoyo está limitado por las restricciones de la misma ley. Asimismo, por necesidades inmediatas de trabajo y auxilio humanitario. Finalmente manifiestan su deseo de acompañamiento emocional y espiritual: “la capacidad de resiliencia de las venezolanas es muy grande, muestran una tendencia menos acentuada a la depresión que la población chilena” (PM, mujer, 23). Esto se debe a que establecen redes de apoyo con otros venezolanos, lo cual es un alivio, pero también una desventaja porque hay poco contacto con chilenos, a diferencia de los primeros migrantes de esta nacionalidad que traían otros capitales sociales, culturales y económicos, quienes fueron aceptados más fácilmente a la vida de clase media santiaguina.
La entrega de canastas de alimentos ejemplifica dos perspectivas de la ayuda humanitaria, una en que se les dan alimentos típicos para la población chilena y otra ajustada a las necesidades culturales de los venezolanos: “con comida más atingente a ellos, cierto tipo de arroz, fríjoles, tipo de maíz distinto, harina para arepas… nosotros les preguntamos y ellos nos dijeron ‘esto sí, esto no’” (EPES, mujer, 49); “nosotros les entregamos una tarjeta de una cadena de supermercados para que ellos compren durante un mes lo que requieran porque pasa que, a veces, se entregan cosas que ellos no comen, ni saben qué hacer con ellas” (WV, mujer, 39); “al inicio les dábamos lo que creíamos, pero nos dimos cuenta que no consumen té negro, puré de tomate y hasta el arroz no es el mismo” (PL, mujer, 48).
Ahora bien, las organizaciones que no tienen un enfoque particular hacia las mujeres, también reciben más mujeres porque los hombres no suelen solicitar apoyo, evidenciándose machismo entre venezolanos. Las mujeres, por su parte, establecen relaciones desde su propia sexualización: cirugías, atención centrada en el hombre “para no perderlo”, tolerancia a la violencia y la misoginia, dificultad para distinguir entre amabilidad y acoso: “las chilenas estamos más empoderadas, no fácilmente dejamos que los hombres nos digan cómo vivir” (PM, mujer, 28). Por ello, las funcionarias procuran proveer información de derechos de la mujer. También, a lo largo del trayecto migratorio hay separaciones, uniones y casamientos que hacen las relaciones de pareja muy volátiles, “a veces tienen cada hijo de un padre distinto y de nacionalidad diferente lo que complica la documentación, además de que muchos niños en edad escolar jamás han ido a un colegio” (FMW, mujer, 57).
Las perspectivas de bienestar actuales del venezolano en condiciones de irregularidad son muy limitadas y los funcionarios eclesiales procuran la autonomía del migrante, pero saben que las condiciones estructurales obstaculizan la esperanza (Rodríguez y Gissi, 2023). A ello se suman expectativas irreales sobre Chile: salario mínimo equivalente a unos 400 USD considerando el costo de vida en Venezuela; acceso a bienes de consumo como televisores, lavadoras o servicio de entrega de comida de cadenas estadounidenses a domicilio; envío constante de remesas. La realidad es que un salario mínimo es insuficiente para una vida digna, al cual muchos ni siquiera pueden acceder por falta de regularización. Algunos vuelven a Perú o Colombia, países donde la economía informal está más consolidada, otros buscan regresar a Venezuela y unos más llegar a Estados Unidos.
Experiencias de venezolanos en espacios eclesiales
En este apartado señalamos los hallazgos iniciales de nuestro trabajo poniendo en perspectiva lo que representan los espacios eclesiales para los venezolanos. A la par de la búsqueda de estabilidad socioeconómica se encuentra la de espacios y prácticas religiosas que les ayuden a encontrar un punto de referencia social, espiritual y emocional, que no siempre tenían en su país de origen. Si bien no es fácil encontrar iglesias que se ajusten a su necesidad cultural de lo espiritual, pues en los barrios que habitan predominan iglesias pentecostales chilenas con población envejecida y una liturgia y comunidad “fría”, suelen terminar en tres tipos de iglesias: de mayoría venezolana, de mayoría migrante y de origen chileno con apertura migrante. Es poco frecuente la asistencia de venezolanos a iglesias de mayoría chilena sin perspectiva litúrgica y organizacional en torno a las diferencias culturales.
Condiciones de llegada
El rechazo a una solicitud de visa, la pandemia, el cierre de fronteras, la desesperación de tener a la familia lejos -que en varios casos no querían salir de Venezuela-, motivó el alto ingreso irregular a Chile, cuya entrada se experimenta dramáticamente. Alicia de Barquisimeto, profesional en ciencia política y concejal de izquierda opositora al Madurismo, cuyo hijo pagó el traslado, nos explica qué pasó con su nuera y su nieto de tres años por pasos no habilitados:
(…) pasamos por pantanos de Ecuador a Perú, horrible, nos caímos en el lodo, me robaron el bolso con los documentos y los dólares, el niño vomitó todo el camino porque no soportaba la altura, perdió peso. Lo más terrible fue llegar a Bolivia, Pisiga, sentíamos que no podíamos respirar allá arriba y nos dejaron en un sitio muy feo con personas que se aprovechaban, un hombre encargado de la pocilga donde nos tuvieron en paja de heno… las mujeres que le gustaban se las llevaba, mi nuera se quería ir a un hotel, pero teníamos miedo del Tren de Aragua, que nos fueran a secuestrar, nos metieron un psico-terror… al lado había una casa de citas, un burdel, allí se las llevaba… Nos fuimos con un par de muchachos de Lara que nos acompañábamos y nos salimos a un hotel… para cruzar la trocha veníamos como 100, muchos niños pequeños, los niños lloraban porque hacía mucho frío, el niño decía ‘se me están congelando los piecitos’. Nos decían que no hiciéramos bulla porque venían los carabineros y nos podían escuchar, pero los niños lloran, nos metimos a esa trocha, los niños lloraban porque tenían miedo y cuando llegó la policía lloraban. Cuando logramos pasar ese desierto que el viento soplaba de terror, eran las dos y media, tres de la mañana, las temperaturas demasiado bajas. En eso nos caen dos convoys, nos alumbran y nos preguntan ‘de dónde son’. Todos veníamos de Venezuela. Gracias a Dios tuvieron compasión, la mayoría eran mujeres y niños llorando, revisaron la ropa y vieron que eran muchos niños, nos dijeron ‘se van por ahí derecho’, estábamos perdidos (mujer, 61).
Los familiares o amigos que los reciben en Santiago presentan una incomodidad mutua, hacinamiento, problemas de convivencia y procuran independizarse lo antes posible, pero a veces pasa más de un año para conseguir un salario que les permita arrendar por sí mismos. En dichas condiciones, las iglesias devienen refugios: “Cuando se les habla del espacio de psico-espiritualidad y se les explica de qué trata, se emocionan porque es un espacio seguro, ‘algo que necesito’, es algo que les ayuda harto en sus condiciones” (FMJ, mujer, 25). No es cualquier iglesia, sino donde encuentran seguridad emocional, de relaciones y de identificación espiritual, que algunos encuentran rápido, pero a otros les toma mucho tiempo. Luisa vino con su esposo de Lima, donde vivió cuatro años, ha experimentado discriminación en su trabajo actual, comenta:
Nos recibió una “amiga” que no fue una buena experiencia porque nos dio una apertura de ‘los puedo ayudar el tiempo que sea necesario’, pero no fue así. No duramos ni un mes con ella, muy bipolar ella… de repente un día nos dijo ‘se tienen que ir’. Y nosotros ‘qué pasa’, era viernes y nos dio sólo al domingo… Llegaba a la Casa de Oración, era ‘hola’, ‘chao’, de repente son cohibidos, son chilenos… [en la bautista] hice amistad sólo con una peruana bien amable, pero a Pedro no le gustó… A la Iglesia Alianza y Misionera, entramos y salimos y nadie se dio cuenta, dijimos ‘hola’ y cada quien estaba en lo suyo, eso me ha pegado mucho, me he querido devolver para Perú, yo lloraba… No hemos encontrado una iglesia donde pudiéramos quedarnos, cualquier iglesia está bien, pero necesito amistades porque no conozco a nadie, sólo al conserje… Ahora que encontramos la Iglesia Bíblica, me he sentido como en mi casa en Barquisimeto, un lugar donde conozca personas y tener una fraternidad, estamos conociendo a los hermanos de la iglesia, pero la veo más abierto a recibirnos (mujer, 33).
En nuestras observaciones de campo entre iglesias evangélicas organizadas por chilenos,6 ninguna manifiesta un discurso xenófobo, no obstante, identificamos tres actitudes hacia los migrantes: i) cierre a conocerles porque son homogéneamente chilenas; ii) aceptación a su asistencia, pero no con ningún reconocimiento en sus diferencias culturales o de participación activa y toma de decisiones, “traen su programa bajo el brazo” (notas de campo, 07-05-23); iii) aceptación total, social, cultural y organizacionalmente, pasan a formar parte de la estructura de la iglesia. Por ello, en ocasiones son las iglesias de mayoría migrante, particularmente venezolana, las que acogen a sus compatriotas, lo que ocasiona un repliegue cultural.
Sentido de misión e incorporación eclesiástica: abriendo las puertas
Quien tiene una creencia religiosa manifiesta continuamente que hay al menos una razón para estar en Chile: un sentido de misión. La dispersión familiar implica, igualmente, que Dios asigna el destino de cada uno en cada nación: “Dios sabe por qué estamos aquí”, lo cual se asume como una responsabilidad que trasciende los motivos económicos y de reunificación familiar. La trayectoria migrante es un recorrido creyente para cada persona y para los demás, pues se asume como un episodio de transformación y renovación, así como de donación a la sociedad receptora.
Para algunos significa un viaje introspectivo, un reencuentro con Dios, como Lucía quien había participado en un culto neo-pentecostal de la prosperidad en Caracas y le resultó repulsivo que la comunidad religiosa se centrara en el éxito económico, por lo que se desmoralizó y volvió al “mundo”:
Yo era una persona, tomaba, salía de fiesta, lo que es el mundo… por eso el Señor me trajo a Chile para sacarme de eso; yo estaba muy metida en eso, muy deslizada… tengo que empezar una nueva vida, diferente a lo que fue en Venezuela, voy a buscar una iglesia cerca… cuando vengo a esta iglesia conseguí lo que estaba buscando… el propósito de venir a Chile era que realmente lo conociera a él (mujer, 49).
Otros se enfocan en sus vínculos con los nuevos conocidos. Luis, venezolano-colombiano, obtiene un placer particular al evangelizar con sus vecinos, clientes en su tapicería y los amigos de sus hijos:
‘¿Usted es cristiano?’, ‘sí’. El Señor da la orden y yo los traigo pa’cá y a su tiempo dará. A donde vaya ‘Cristo los ama’, ‘Cristo es la solución’. Mis hijos me dicen ‘¡papá!’ [en reclamo por su sentido evangelizador]. Les digo ‘ustedes tienen su mundo, Dios me tiene el mío para darle una palabra al mundo’. Me quedé en Chile, ahora tengo que pagar el impuesto para poder ponerme al día en los documentos… El Señor me pondrá a donde debo de ir (hombre, 54).
El creyente-migrante se encuentra inicialmente en un estadio de extravío o “desierto”, entendido como un peregrinaje para fortalecer el carácter y “llevar una palabra” a los otros desesperados, los vecinos chilenos que “viven aislados sin hablar con nadie” (mujer, 61). La iglesia-comunidad apropiada será aquella en que encuentren en los recursos simbólicos, un “factor potenciador de los símbolos y significaciones que vinculan al migrante con su lugar de origen y llegada” (Vélez y Mansilla, 2019, p. 36).
La primera forma de participación migrante es en las iglesias (Sermig, 2022): “Lo primero que preguntan después del tema de la regularización es: ¿dónde puedo encontrar una iglesia?” (PL, hombre, 47). La experiencia migrante de los venezolanos -como la de otros en situación de vulnerabilidad- en tanto personas que buscan una expresión plena de su personalidad jurídica, social y cultural, también incluye la espiritual y religiosa, lo que en este contexto apuntamos como ciudadanía creyente. Al respecto, Liberona, Romero, Salinas y Veloso (2022, p. 28) sostienen:
Además de las resistencias públicas relacionadas a la ausencia de ciudadanía y a la búsqueda de derechos sociales, identificamos un tipo de resistencia individual y colectiva que es fundamental en contexto de crisis: las interacciones religiosas, espirituales y las experiencias festivas. En esta línea, las subjetividades políticas de las personas migrantes comienzan a modificarse en relación a las luchas migrantes que ejercen.
Las iglesias evangélicas chilenas con mayor apertura a los migrantes, son aquellas cuyos dirigentes o feligreses han tenido un mayor contacto con extranjeros de distinto tipo, debido a sus redes eclesiásticas internacionales. Esto disminuye el sentido de “superioridad” del chileno frente a otros latinoamericanos y dispone al grupo a abrir sus puertas, más allá de su posición política respecto a las fronteras, no sin tensiones. Así lo señala un pastor pentecostal cuya iglesia en Santiago Centro pasó de una mayoría chilena envejecida a una mayoría migrante joven-adulta:
Lo que me ha ocurrido aquí dentro, llevo cuatro años, y 70 por ciento son migrantes, la mayoría venezolanos. Los chilenos a ratos tienen complejidad. Yo tenía un grupo de ancianas que se me sentaban ahí en esa fila: ‘ya no soporto esta iglesia de tanto extranjero que llega’. ¡Y ella es descendiente mapuche! Tuve que llevarla a mi oficina, conversar, dialogar y le dije ‘estos son los que el Señor nos ha mandado a que pastoreemos’. Ellos han tenido que entenderlo porque lograr entender a las culturas es difícil, no sabes cuándo están alegres. He tenido que contextualizar el sistema de adoración, las prédicas mías… la mayoría vienen de barrios periféricos en sus países… A veces los veo con signos de interrogación y me pregunto cómo bajar la información… En pandemia se fueron todos [los antiguos chilenos] y vinieron todos los venezolanos, que han sido una bendición. Si no estuvieran ellos, no habría gente en esta iglesia (hombre, 68).
La participación religiosa, además, es una forma de comunicarle a la sociedad que la irregularidad no los hace delincuentes; por el contrario, son personas de bien y su presencia en la iglesia expresa una cualidad moral de bondad. Ello no quita que haya un desencuentro entre venezolanos y chilenos creyentes: hay desconfianza y recelo por parte de los chilenos cuando los extranjeros comienzan a ser “muchos”, mientras que entre venezolanos, para algunos es muy difícil aceptar otras formas culturales de hacer iglesia: “Como somos una comunidad de mayormente venezolanos, nos hemos apoyado, yo tengo una hermana que hasta estuvo viviendo en el departamento también… hemos recibido apoyo y no nos hemos sentido menospreciados” (mujer, 49). Juan, quien vivió en Perú y tuvo una experiencia de acogida en Lima, “se sentía la calidez, el acercamiento, la cercanía entre todos, se hablaban, se comunicaban”, pero en Santiago ha sido complicado a más de un año de llegar: “a veces hay iglesias que llegas, te vas, te sientas y chao… buscamos una comunidad, una familia que se preocupen por ti y tú por ellos, no sólo que me den, también dar” (hombre, 35).
A diferencia del clero católico, que tiene una larga formación que en la actualidad suele incluir reflexiones sobre interculturalidad, entre las iglesias evangélicas son pocos los seminarios que ofrecen materias que aborden el tema y también hay muchos pastores sin una formación teológica. Ello conlleva a tratar con las diferencias culturales con una mayor o menor intuición, especialmente en una sociedad como la chilena que se percibe como “invadida”.
Reflexiones finales
La migración venezolana ha vivido desde 2019 una cierta marginalización en Chile, así como un aumento en la dispersión residencial y laboral en Santiago, provocando el desafío de la proximidad y de la ayuda mutua. Las organizaciones cristianas, consolidadas o no, han sido algunas de las principales instituciones que contienen y atienden a la población venezolana cada vez más vulnerabilizada, restringida por recursos insuficientes y una ley migratoria que les impide una mayor integración legal, política y social. Simultáneamente, la experiencia migratoria ha mostrado a los venezolanos que se requiere abrir las redes identitarias, pero sin perder la cohesión que los une desde Maracaibo o Caracas, principalmente, aumentando su capital social. Es la expectativa de avanzar en igualdad de oportunidades, de incorporarse en la sociedad de destino, sin perder el refugio que otorga la diferencia cultural y la conexión interna. La creciente xenofobia vivida en Chile, que ha incluido episodios trágicos, así como los riesgos del aislamiento, han encontrado en las instituciones religiosas, nacionales y propias (iglesias mayoritariamente de fieles venezolanos) con que se pueden enfrentar los pesares del desarraigo y empobrecimiento, así como evaluar una posible re-emigración o retorno, cada vez más real.
En esta búsqueda de seguridad, acogida y arraigo, y encontrándose con un Estado cuya ley y política migratoria resultan cada año más restrictivas, aparecen las iglesias cristianas como un eje clave de articulación de un colectivo diseminado por las Américas, así como entre las distintas comunas de Santiago, a nivel local, pese a una residencia más bien centralizada. Surgen también como espacios fundamentales respecto a la necesidad de inclusión social y mejora de sus condiciones. Por consiguiente, podemos constatar tres momentos de las organizaciones religiosas e iglesias en Santiago: uno de asistencia a necesidades inmediatas, luego las vías de regularización, ciudadanización e inserción laboral, y finalmente como proveedoras de espacios de encuentro, mucho o poco, lo que en su caso ha producido una serie de iglesias de corte panétnico migrante, segregadas y en el mejor de los casos de interacción más simétrica y complementaria. La iglesia católica cuenta con instituciones sólidas de atención al migrante, pero las iglesias evangélicas tienen una mayor adaptabilidad a las circunstancias cambiantes debido a que su estructura es mucho más pequeña y flexible, pero no se soslaya que “los modelos más sustentables corresponden a comunidades financiadas por organizaciones confesionales nacionales o internacionales” (CWS, 2020: 31).
Si la migración venezolana ha sido uno de los éxodos que menos ha recibido recursos en el mundo para coordinar los esfuerzos de ayuda, y los Estados latinoamericanos bajo la impronta común de moverse al son de políticas securitistas, explotando la xenofobia, las iglesias, en distintos grados, han resultado una fuente de recursos sociales, económicos, culturales y emocionales invaluables para millones de venezolanos que se encuentran en la diáspora transnacional, sea de manera temporal o permanente. Se puede observar que aquellos que asisten con regularidad a una iglesia forjan relaciones más sólidas que resultan útiles en diversos aspectos: desde el sostenimiento material de las condiciones físicas de vida, pasando por el referente espiritual-emocional de soporte psicosocial, la vinculación con chilenos y/u otros migrantes que les permiten tener una red de apoyo para encontrar trabajo y aprender los códigos de conducta local, así como recrear aspectos comunitarios de la Venezuela que quedó en la memoria.
A futuro, en nuevas investigaciones, habrá que explorar el nivel de cohesión interna o fragmentación entre iglesias venezolanas (en Chile y a escala transnacional), así como respecto a la generación de mayores nexos entre redes religiosas y la lucha por derechos civiles, políticos, sociales y culturales; un segundo punto a investigar, se cuestiona si el comportamiento disciplinado característico de los evangélicos y el logro de mayor reconocimiento individual y colectivo que se espera estar logrando, tiene efectos en sus trayectorias laborales y económicas (de calidad de vida, consumo y ahorro) en la sociedad chilena, y por ende, en sus aspiraciones. Finalmente, un tercer punto a indagar, será cómo responden las iglesias y grupos religiosos ante el aumento de la xenofobia y aporofobia en Chile, así como ante una ley y política migratorias cada año más lejanas a prácticas de acogida y hospitalidad.










nueva página del texto (beta)



