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Introducción
El presente trabajo aborda el desempleo y cesión de subempleo en adultos mayores (AM) en Metepec, Estado de México, durante el periodo de pandemia SARS-CoV-2. Si bien, este periodo se caracterizó por un cese de actividades presenciales que afectó a todos los grupos de población, el de los adultos de sesenta años o más se definió como especialmente vulnerable al presentar un mayor riesgo de muerte frente al contagio del virus; debido a ello y como parte de las medidas preventivas establecidas por autoridades gubernamentales, se restringió el acceso de AM a lugares públicos, entre los que se incluía su lugar de trabajo.
Aun cuando esta etapa de vida se caracteriza por la inactividad laboral como resultado de la jubilación, muchos AM no tienen acceso a una pensión o ésta es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, lo que les impide retirarse del mercado laboral al depender de sus ingresos por trabajo para subsistir, ya que los recursos familiares e institucionales no están necesariamente garantizados.
En tal sentido, este estudio se desarrolla bajo el supuesto de que, frente al cese de actividades laborales por la restricción de aislamiento durante la pandemia, el grupo de población de AM fue uno de los más afectados, al ver comprometidos sus ingresos por trabajo y, por tanto, su solvencia económica para la satisfacción de necesidades básicas.
El objetivo general se centró en analizar las consecuencias que trajo consigo el cese de actividades económicas de AM durante el periodo de cuarentena, para conocer las distintas realidades que enfrentaron y las estrategias de subsistencia que desarrollaron, así como comprender su contexto actual. Para ello, se propuso una estrategia metodológica principalmente cualitativa, utilizando el método etnográfico a través del trabajo de campo, aplicando entrevistas semiestructuradas. Asimismo, se hizo uso del método cuantitativo para caracterizar la situación laboral de AM que forman parte de la Población Económicamente Activa en México.
La investigación se desarrolló en el municipio de Metepec ubicado en el Estado de México. En este sitio el crecimiento de la población de 60 años o más ha registrado en los últimos 30 años un incremento considerable, ya que, según datos del INEGI, en 1990 contaba con 5,313 habitantes de este grupo de edad y para 2020 incrementó a 34,401, es decir, se sextuplicó.
A fin de desarrollar esta investigación analíticamente se expone la metodología utilizada y el marco teórico que sustenta la interpretación de la información obtenida en el trabajo de campo; posteriormente se caracteriza la situación del trabajo en AM a partir del análisis cuantitativo; más adelante se presentan los resultados en los que se identifican tres categorías que clasifican la situación laboral de AM durante el periodo de pandemia, la primera incluye a trabajadores subordinados a un empleador, la segunda se refiere a pensionados que se autoemplean para completar gastos y, la tercera, se compone de personas que trabajan por cuenta propia y que dependen por completo de su ingreso; finalmente, se presentan las reflexiones finales.
Metodología
La estrategia metodológica que se desarrolló para este análisis fue de tipo cuantitativo y cualitativo. Por un lado, se buscó caracterizar las condiciones de trabajo que viven los AM consultando información estadística y, por el otro, se aplicaron entrevistas semiestructuradas con la intención de buscar un acercamiento a la realidad que vivieron los AM durante el contexto de pandemia y las dificultades que enfrentaron en relación con su trabajo.
Así, para el análisis estadístico, se recopiló información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) II Trimestre 2022, recuperando datos sobre la población del Estado de México. Además, se consultó la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2018 que proporcionó información sobre el empleo a nivel nacional. De este modo se recopilaron datos referentes a la situación del empleo de la población objetivo, como el tipo de trabajo que desarrollan, el acceso a la seguridad social, el sector de la actividad económica, el nivel salarial y la jornada laboral.
Por su parte, para el análisis cualitativo se diseñó un cuestionario guía a partir de la definición de dos variables principales y una variable dependiente externa: la primera se refiere a la ocupación de los informantes, cuya finalidad fue identificar su actividad laboral remunerada actual; la segunda fue ingresos del trabajador, desarrollada para conocer el grado de dependencia al trabajo; y la tercera se relaciona con el contexto de pandemia por Covid-19, cuyo objetivo fue identificar las condiciones laborales que vivieron durante la cuarentena y el retorno a sus actividades.
Se aplicaron diez entrevistas, de las cuales ocho fueron de manera individual y una se aplicó a dos AM al mismo tiempo. Cabe agregar que seis de los informantes corresponden a tres parejas de AM que se emplean en el mercado laboral informal. Este trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2023.
El perfil del informante se definió como adultos de 60 años o más que al momento de la pandemia se encontraban activos en el mercado laboral informal remunerado. Acerca de su perfil sociodemográfico, la muestra se conformó por informantes entre los 60 y 76 años, aunque solo uno de los informantes supera los 70 años, los demás se encuentran en sus sesentas. Se entrevistó a un número equitativo de hombres y mujeres.
Con referencia a su estado civil, siete de ellos viven en unión marital, dos son viudas y uno es divorciado. Aunque solo cuatro informantes declaran tener dependientes económicos, seis de ellos viven en un tipo de hogar familiar ampliado, es decir, comparten la vivienda con alguno de sus hijos y su propia familia; asimismo, encontramos que tres informantes viven en un hogar nuclear y solo una informante vive en hogar unipersonal. En cuanto a su nivel escolar encontramos que cuatro de ellos cuentan solo con primaria, dos llegaron a nivel medio superior, tres presentan nivel técnico secretarial y solo un informante cuenta con estudios profesionales.
Adultos mayores: una interpretación teórica
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores publicada en el Diario Oficial de la Federación de México el 25 de junio de 2002, así como la Ley del Adulto Mayor del Estado de México publicada seis años más tarde, se define a las personas como adultas mayores a aquellas que tienen 60 años o más, por lo que en adelante haré referencia a AM como personas de este grupo de edad conforme a la ley vigente en nuestro país.
Más allá de una definición basada en una referencia numérica etaria, el análisis de la tercera edad nos plantea una diversidad de escenarios que no pueden acotarse a una imagen generalizada de los AM, dada la heterogeneidad que presenta este grupo. Así, se halló que, en la comprensión de la vejez, la teoría social ha propuesto supuestos que han abordado su análisis para entender cómo problematizar e interpretar las críticas características de este grupo de población dentro de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales.
De este modo, se ubican dentro del paradigma funcionalista la Teoría de la desvinculación o del desenganche presentada por Cumming y Henry y la Teoría de la actividad siendo uno de sus principales exponentes Havighurst (Giró, 2004, p. 20-21; Fernández y Kehl, 2001, p. 145). La primera propone que el AM tiene que desengancharse del trabajo para dar paso a las generaciones que le suceden y así el sistema siga funcionando; la segunda, por el contrario, plantea que el AM debería continuar su actividad en el trabajo, de cierta forma hay una negación de la vejez (Giró, 2004, p. 20; Fernández y Kehl, 2001, p. 145).
En ambos casos se omite la diversidad de contextos socioeconómicos en que los adultos llegan a la tercera edad, por ejemplo, algunos AM deciden no desvincularse del trabajo, ya sea por desarrollo personal o necesidad económica; por otro lado, la decisión de continuar activos no siempre depende solo de ellos, sino de otras variables de su contexto, como enfermedad o falta de oportunidades laborales para este grupo de edad.
Otro enfoque ha sido la Teoría de la Economía Política que está basada en el marxismo. En esta teoría el análisis de la tercera edad se presenta como “una categoría socialmente construida, producto de las estructuras sociales del capitalismo avanzado, más que como una aclaración de las capacidades naturales relacionadas con la edad” (Fernández y Kehl, 2001, p. 148). Esto implica entonces que, más allá de una caracterización de este grupo de edad, su concepción se conforma a partir de las necesidades del sistema capitalista. En tal caso, se puede decir que existe una estrecha relación entre esta teoría y la de desvinculación, pues se constituye el rol del AM en función del sistema económico.
Por último, encontramos en el paradigma del interaccionismo simbólico la teoría del etiquetado y la de la subcultura de la vejez. La primera se relaciona con las “etiquetas” que se imponen socialmente; en este caso se etiqueta al AM en sentido negativo, como una persona dependiente debido a la pérdida de habilidades, consecuencia del proceso degenerativo físico y mental que supone el avance de edad y el fin del ciclo de vida. Así, la vejez aparece como una “desviación” de la norma en una sociedad que sobrevalora el inicio de la vida, la juventud y la productividad (Giró, 2004, p. 22). La segunda analiza la vejez desde la formación de una subcultura a partir de la identificación con el otro, al compartir afinidades y afrontar dificultades similares, lo que permite una interacción positiva en la que reafirman sus requerimientos sociovitales que les han negado críticamente (discriminación, segregación, omisión, etcétera) en otros grupos sociales (Fernández y Kehl, 2001). Así, estas perspectivas revisan el efecto sociocultural y hermenéutico de la significación de esta etapa de vida y proponen un análisis de gran impacto en la nueva caracterización de la vejez.
De algún modo, el sentido negativo que se le atribuye a la etiqueta se relaciona con la concepción de la tercera edad desde la perspectiva de desvinculación y la teoría económica política, al establecer el retiro de AM del mercado laboral, asimilando esta etapa como de descanso a causa de la pérdida de capacidades y habilidades físicas y mentales, aunque no necesariamente exista tal pérdida. Así, se desvaloriza o desconoce el rol que siguen jugando los AM dentro de las estructuras socioeconómicas de subsistencia en nuestro país, etiquetando a la tercera edad como una etapa de reposo y/o inactividad.
En tal sentido, la estructura laboral coloca al AM en función de un criterio de edad que no corresponde a las circunstancias actuales, pues siguen siendo personas con necesidades de ingreso, además de activas y con la vitalidad suficiente para continuar con las actividades productivas como se ilustra con los informantes entrevistados.
A pesar de que se ha ampliado la discusión sobre el análisis del envejecimiento desde diversas teorías, no hay un consenso que defina propiamente la vejez, ya que involucra una diversidad de factores sociales, culturales y económicos, por lo que hablamos de un grupo heterogéneo de personas con diferentes necesidades, pues hay que considerar que no todas las personas envejecen al mismo ritmo, ni en las mismas circunstancias, ya que esto depende de su historia de vida personal, es decir, del contexto que les tocó vivir desde sus primeros años de vida.
Trabajo en personas de la tercera edad
La ausencia de oportunidades laborales a la que se enfrentan las personas en su trayectoria laboral los condiciona a emplearse en trabajos precarios dentro del sector informal, lo que se traduce a largo plazo en ausencia de una pensión que garantice un ingreso llegada la vejez. Por otro lado, las personas que trabajan en el sector formal también afrontan situaciones precarias debido a una pensión insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, sobre todo aquellas personas que durante su vida productiva tuvieron bajos ingresos. Así, una trayectoria laboral precaria trae como resultado que muchos AM no puedan cesar su actividad económica y que aún dependan en gran medida de sus ingresos por trabajo.
De este modo, las razones por las que AM siguen activos en el mercado laboral pueden ser diversas, hay quienes por decisión propia mantienen sus trabajos por satisfacción personal, pero principalmente el grueso de población de AM que siguen laborando es a causa de la necesidad económica para sobrevivir, ya sea porque la pensión obtenida del trabajo formal es insuficiente o aún no cumplen las semanas cotizadas para obtener una, o bien, no tienen derecho a una porque toda su vida laboral se enmarco en la informalidad; asimismo, están los que lo hacen para apoyar a sus familias, ya sea económicamente o con tiempo de trabajo sin remuneración en negocios familiares o al cuidado de menores (Flores y Salas, 2018; Mendizábal y Tufiño, 2014; Terán y García, 2022; Madrigal, 2010).
Los ingresos que permiten a AM solventar sus necesidades pueden provenir de diversas fuentes: programas de gobierno, a través del pago de pensiones o apoyos asistenciales, apoyos familiares o privados, ya sea en dinero o en especie, el propio patrimonio e ingresos laborales (Terán y García, 2022). Los apoyos, tanto públicos como familiares, cobran relevación para la subsistencia de los grupos más longevos, a medida que pierden la capacidad para obtener recursos por su cuenta (Madrigal, 2010).
Sin embargo, estos recursos no están asegurados, puesto que muchas veces la pobreza de los familiares impide apoyar a los padres, ya que los hijos tienen que hacerse cargo de sus propios descendientes y no cuentan con recursos necesarios para proveer a sus progenitores (Soria y Montoya, 2017) pues los cuidados a largo plazo requieren un desembolso económico constante que impacta el ingreso familiar (CEPAL, 2018).
En este sentido, los AM se ven obligados a continuar activos en el mercado laboral para poder subsistir. No obstante, se enfrentan a una gran desigualdad en el mercado laboral por la falta de oportunidades y el edadismo, de esta manera terminan empleándose en trabajos que requieren poca capacitación, con salarios bajos, jornadas de tiempo completo y sin acceso a seguridad social, es decir, aceptan malas condiciones de trabajo para poder subsistir, lo cual incide en una profunda vulnerabilidad (Madrigal, 2010; Terán y García, 2022).
Precariedad laboral
En el contexto mexicano, de acuerdo con datos de la ENOE (II Trimestre 2022), hay 5.7 millones de adultos de 60 o más años activos en el mercado laboral, es decir, poco más de 30 por ciento de este grupo etario. Con base en ello, se puede inferir que este porcentaje evidencia la necesidad de AM de mantenerse activos económicamente para subsistir.
Así, saber cuándo jubilarse puede significar una decisión compleja pues con el aumento en la esperanza de vida se tiene la incertidumbre sobre la suficiencia de ahorros para esta etapa; además, se debe considerar la propia satisfacción del trabajo que incide en el bienestar de las personas al mantenerse activos y participativos en el contexto económico y social (Terán y García, 2022; Alonso, 2022).
Dadas las inequidades presentes a lo largo de su vida laboral, muchos AM no tienen acceso a una pensión contributiva debido a que no pudieron laborar dentro del sector formal, lo que impidió el goce de los beneficios de la seguridad social. En otros casos, hay quienes, a causa de la movilidad laboral con periodos marcados por el desempleo, llegan a la tercera edad sin completar el número de semanas cotizadas necesarias para alcanzar la pensión, que equivale a 24 años continuos de trabajo (1,250 semanas cotizadas) (Alonso, 2022, p. 129). Asimismo, se ha aumentado la edad de jubilación, pero no va acompañado de oportunidades de trabajo para este grupo de edad (Terán y García, 2022). Por otro lado, también están quienes tuvieron bajas remuneraciones en su trayectoria laboral, lo que se traduce en una baja pensión, principalmente las personas con menor instrucción (Terán y García, 2022; Alonso, 2022).
Cabe señalar que la seguridad social surgió con el objetivo de elevar la calidad de vida de trabajadores y sus familias a través de la atención médica y protección de los medios para subsistir, como “subsidios, apoyos económicos, indemnizaciones, pensiones, rentas, etcétera” (Mendizábal y Tufiño, 2014, p. 6). A pesar de que hay otras formas de acceder a servicios de salud universales, como el Seguro Popular (hoy INSABI), éste solo brinda atención médica, por lo que la población queda desprotegida frente a otras eventualidades, por ejemplo, la incapacidad médica o frente a accidentes de trabajo. Además, pese a que existe el régimen de incorporación voluntaria al IMSS, los afiliados bajo este régimen no gozan de las mismas ventajas que los que están en régimen obligatorio (Mendizábal y Tufiño, 2014).
La precaria situación laboral en México limita la posibilidad de muchos trabajadores a acceder a la seguridad social, lo que implica no tener acceso a pensiones, servicios de salud y otro tipo de prestaciones que incluye la afiliación a este derecho. De este modo, se favorece al trabajador asalariado, dejando fuera de la protección que ofrece la seguridad social a muchos trabajadores que se emplean en el sector informal o por cuenta propia, lo que profundiza la desigualdad entre trabajadores formales e informales, siendo la población más vulnerable la segunda y la que concentra el mayor número de AM trabajadores.
Resulta evidente que las condiciones que enfrentan las personas al llegar a la tercera edad es el resultado de las desventajas acumuladas a lo largo de su trayectoria de vida, producto de las desigualdades sociales y pobreza padecida desde sus primeros años, pues una persona que ha carecido de las oportunidades que le permitan alcanzar el bienestar llegará a esta etapa con múltiples carencias que se profundizarán conforme avanza la edad (González, 2024).
Aunado a ello, las posibilidades de acceder a un trabajo decente a esta edad son mínimas, lo que incide en que se empleen en trabajos con bajas remuneraciones y acepten malas condiciones de trabajo, como la ausencia de prestaciones de ley. Esto no solo afecta sus condiciones actuales, sino a futuro no se prevé una mejora, pues no hay paso para el ahorro que les permita afrontar gastos catastróficos como es la enfermedad, más aun considerando que en esta etapa las condiciones de salud pueden deteriorarse.
Trabajo atípico, desempleo e informalidad laboral
El trabajo se refiere a aquella actividad humana que transforma un objeto de trabajo, por medio del proceso de producción, en un producto con valor de uso y cambio; en este proceso interactúan diversos actores que al mismo tiempo que crean productos se transforman (De la Garza, 2013); en un sentido más amplio, el empleo
implica un objeto de trabajo que puede ser material o inmaterial, en particular a la revalorización de los objetos en su cara subjetiva; una actividad laboral que no sólo supone lo físico e intelectual, sino, más analíticamente, las caras objetiva y subjetiva de dicha actividad (De la Garza, 2013, p. 60).
Las interacciones sociales que se enmarcan en el proceso productivo están condicionadas por la subjetividad pues involucran emociones, valores, significados, etcétera; esta subjetividad no solo forma parte de los servicios en los que el cliente juega un papel en la producción, sino que también en los productos que denotan una emoción al ser del gusto del consumidor (De la Garza, 2013). Los límites entre lo que se considera trabajo y lo que no, dependerán de “concepciones sociales y de los poderes dominantes” por lo que no son universales (De la Garza, 2013, p. 61).
Anteriormente el trabajo se acotaba al tipo de producción fordista, caracterizado por la estabilidad laboral y en el que participaban actores como los sindicatos, dueños de los medios de producción y el Estado. Hoy en día, la heterogeneidad de los mercados de trabajo hace surgir otro tipo de concepciones como son los trabajos atípicos o “no clásicos”, como prefiere identificarlos Enrique de la Garza (2013), por ser trabajos que, en sentido contrario al trabajo clásico, se caracterizan por la desprotección del trabajador, sin acceso a prestaciones, a tiempos parciales, sin un contrato laboral que garantice la estabilidad laboral y que no se subordina a un solo patrón o empresa, asimismo, incluye aquellos trabajos en los que participa el cliente en el proceso de producción.
De este modo, se puede observar que el problema más grave en un país como el nuestro no es el desempleo en sí mismo, ya que éste mantiene un nivel bajo, sino la proliferación de trabajos precarios en detrimento del trabajador como el trabajo atípico que se enmarca en el sector informal (García, 2013), que se define de la siguiente forma
La Informalidad, entendida en su sentido más amplio, es el conjunto de actividades económicas realizadas por los individuos que, por el contexto en que lo hacen, no pueden invocar a su favor el marco legal o institucional que corresponda y será entonces ocupación informal todo el espectro de modalidades ocupacionales, ya sean dependientes o independientes, sobre las que gravita esta circunstancia (INEGI, 2013, p. 26).
Este concepto engloba dos dimensiones, la primera, que se refiere a tipo o naturaleza de la Unidad Económica, se caracteriza por la producción de bienes y servicios con recursos del hogar, sin apegarse a los requerimientos contables, por ejemplo, los pequeños negocios; la segunda, se refiere propiamente a la perspectiva laboral e incluye aquellos empleos que no cuentan con el amparo legal. Al concepto de informalidad también se integran aquellos trabajadores ocupados en la actividad agrícola de subsistencia, así como aquellos que no reciben una remuneración por su trabajo (INEGI, 2013, p. 6).
De acuerdo con Martha Alonso (2022), las reformas que se han hecho hasta ahora a la Ley Federal de Trabajo “disfrazan al empleo informal” ya que facilitan la precariedad laboral a favor del contratante. En otras palabras, la ley permite diversas condiciones de contratos dentro de las cuales el trabajador queda a merced del empleador, como la subcontratación, trabajos eventuales por horas o periodos de prueba y que facilitan despidos, así, “la desprotección del trabajador comienza a darse dentro de la formalidad” (Alonso, 2022, p. 131).
En este contexto, tener una pensión puede ser una meta difícil de alcanzar, más si se consideran los altos porcentajes de participación laboral en la informalidad, 55.7 por ciento de la PEA nacional (ENOE, 2022). Es decir, más de la mitad de la PEA se encuentra trabajando sin acceso a prestaciones de seguridad social, lo que implica que a largo plazo les será prácticamente imposible alcanzar una pensión contributiva.
Actualmente, el grueso de la población de AM que no cuenta con pensión contributiva tienen mayor incidencia de desempleo, lo que los limita a emplearse en el sector informal o en el trabajo por cuenta propia repercutiendo en su calidad de vida por ausencia de seguridad social y bajos salarios cercanos al mínimo, sobre todo aquellos con baja instrucción, ya que sus opciones laborales se restringen a puestos de menor calificación con malas condiciones de trabajo, por lo que no se prevé una mejora en sus condiciones a largo plazo (Flores y Salas, 2018). Pero aún las personas con estudios universitarios pueden participar en la informalidad con las mismas desventajas de no contar con seguridad social, ya que muchos profesionales trabajan por cuenta propia bajo contratos de servicios profesionales no regulados por la legislación laboral sino por la civil, facilitando así la subcontratación (Mendizábal y Tufiño, 2014).
Cabe agregar que son mujeres, en su mayoría, las que no tienen acceso a una pensión contributiva a causa del proceso natural de reproducción y el rol que se le atribuye del cuidado de los hijos y el hogar, características que limitan su participación en el mercado laboral formal de manera continua, por lo que principalmente se insertan en la informalidad (Mendizábal y Tufiño, 2014) aumentando su vulnerabilidad, ya que se enfrentan a un contexto caracterizado por la inseguridad del ingreso, no por no haber trabajado a lo largo de su vida productiva sino por haber participado en el sector informal y las actividades del hogar.
Los bajos salarios que caracterizan la informalidad son un rasgo de gran impacto en el bienestar de AM, ya que conducen a otras situaciones precarias que profundizan la vulnerabilidad de este sector; por ejemplo, limitan la capacidad de ahorro para sobrellevar gastos catastróficos, lo que impide que puedan retirarse del mercado laboral, generando “un círculo vicioso de marginación y pobreza” (Flores y Salas, 2018, p. 4).
Los salarios de AM son inferiores con respecto a los de otros grupos de edad, a pesar de cubrir jornadas de trabajo de tiempo completo que puede superar las 48 horas a la semana, lo que implica un desgaste físico y mental que aunado al proceso degenerativo propio de la edad puede afectar a su salud (Flores y Salas, 2018; Alonso, 2022).
Las jornadas irregulares son otra característica del trabajo informal, sobre todo el “trabajo a tiempo parcial involuntario” que limita la capacidad de las personas para procurarse un nivel mínimo de bienestar a causa de bajos ingresos, desprotección del empleado e inestabilidad laboral (García, 2013, p. 102).
El empleo informal, además, puede representar un riesgo para la salud física, debido a la ausencia de servicio médico preventivo y de cuidado frente al proceso degenerativo propio de la edad y, por otro lado, para la salud mental, a causa de la incertidumbre sobre los ingresos a falta de pensión o incluso para quienes cuentan con una, pero que no pueden hacer frente a la inflación (Terán y García, 2022).
Por otro lado, también es importante considerar a aquellos AM que siguen trabajando por la satisfacción profesional que el trabajo les proporciona y que a causa del edadismo no pueden acceder a un empleo decente que les garantice seguir desarrollando sus capacidades. Cabe agregar que, en el trabajo, aún en aquellos no clásicos, se construyen identidades colectivas que dan sentido entrelazado a la cultura de los sujetos, con respecto a valores, emociones, creencias, etcétera; no solo en la relación e identificación con el otro con quien interactúa en el proceso de producción, sino además con el ramo en el que se desenvuelve, hay un sentido de pertenencia hacia su área de desarrollo (De la Garza, 2013).
Se identifica entonces una diversidad de escenarios en los que AM pueden seguir activos en el mercado laboral, sin embargo, más allá de las razones por las que siguen laborando, es importante tener en cuenta que el acceso al trabajo es un derecho y se debe garantizar que las condiciones sean adecuadas para que los trabajadores desarrollen sus capacidades.
Las oportunidades de trabajo no deberían estar limitadas a determinados grupos de edad, ya que la discriminación por edad priva a muchos AM del acceso a un trabajo decente para alcanzar un mínimo de bienestar. Por otro lado, el acceso a seguridad social es un derecho, por lo que debería ser la regla general más que una excepción, pero en un país como México esa meta aún está lejos de alcanzarse, lo cual resulta preocupante a largo plazo, pues considerando el proceso de envejecimiento de la población, serán más los AM que necesiten mantenerse activos en el mercado laboral al no contar con una pensión contributiva como resultado de una vida enmarcada en el trabajo informal.
Contexto laboral de la Población Económicamente Activa de Adultos Mayores
En México, a nivel nacional, encontramos que para el grupo etario de 60 años o más se registran 5.7 millones de personas ocupadas, de los cuales 12 por ciento pertenecen al Estado de México, es decir, 700,525 AM mexiquenses están activos en el mercado laboral. Resulta relevante encontrar que aún hay una alta participación laboral de este grupo etario, ya que la PEA de adultos de 60 años o más representa 33 por ciento, quienes están ocupados en 96.3 por ciento (ENOE, II trimestre 2022) (Figura 1).
Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE del II trimestre 2022
Figura 1 Población Económicamente Activa y Población No Económicamente Activa de 60 años o más en el Estado de México, II Trimestre 2022
La participación de trabajadores del sexo masculino sobrepasa la mitad de PEA de AM con respecto a mujeres, como se observa en la Figura 2, pues tenemos una participación de 63 por ciento de ellos y 37 por ciento de ellas (ENOE, 2022), lo cual coincide con datos de otros grupos de edad, ya que históricamente la mujer ha tenido una menor participación laboral a causa de los roles asignados para cada sexo; como resultado, las mujeres tienen una mayor dependencia de los recursos del otro, lo cual refuerza su vulnerabilidad.
Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE del II trimestre 2022.
Figura 2 Población Económicamente Activa de 60 años o más en el Estado de México según sexo en el II Trimestre 2022
De acuerdo con datos de la ENASEM 2018, en el contexto nacional, la participación laboral de AM va disminuyendo conforme avanza la edad, ya que el número más alto corresponde a la población más joven, 3.4 millones de adultos de 60 a 69 años y alcanza su mínimo en el grupo de 80 o más años con 162,820. Los números más altos de participación en todos los grupos de edad pertenecen nuevamente a los hombres; sobresale el hecho de que aún 141,688 pobladores masculinos de más de 80 años siguen activos en el mercado laboral, lo cual puede significar que no se tiene ningún otro medio de subsistencia, por lo que se ven obligados a continuar trabajando.
La disminución de participación laboral conforme avanza la edad puede denotar que, a causa del deterioro físico y mental, las personas tienen que abandonar su trabajo, o bien que hay pocas oportunidades laborales para ellos o se han pensionado y, por consiguiente, ahora dependen de terceras personas, apoyos de gobierno o de sus propias pensiones, ingresos que pueden ser insuficientes para tener una buena calidad de vida. De este modo, los grupos más longevos son los que tienen un grado más alto de vulnerabilidad.
Asimismo, se observa que las actividades en el hogar también disminuyen conforme se avanza en edad, pasando de 2.5 millones en el grupo de 60 a 69 años a 366,667 en el grupo de los adultos más longevos (Figura 4). En un sentido inverso a la gráfica anterior, en esta variable resultan más altos los porcentajes de las mujeres, pues aun en el grupo más longevo de 80 o más años se registran 338,031 adultas que participan en labores del hogar.
Fuente: elaboración propia con datos de la ENASEM 2018.
Figura 3 Población de 60 o más años activa en el mercado laboral en México en 2018
Fuente: elaboración propia con datos de la ENASEM 2018.
Figura 4 Población de 60 años o más que hacen labores del hogar en México en 2018
Los datos de las Figuras 3 y 4 reflejan los roles asignados a cada sexo, el hombre como proveedor del hogar y la mujer a cargo de actividades domésticas, tareas asignadas aun en la vejez, lo que implica una vez más una desventaja para ellas, pues aún en edades avanzadas siguen atiendo las actividades que se requieren en el hogar.
Los altos porcentajes de informalidad que existen en el mercado laboral mexicano también son evidentes en la PEA de AM mexiquenses, ya que de acuerdo con su posición en la ocupación, solamente 44 por ciento de esta población son asalariados mientras que 56 por ciento son trabajadores independientes y por cuenta propia (Figura 5). Es decir, son más los trabajadores que presentan una mayor vulnerabilidad laboral ante la falta de un trabajo formal con acceso a la seguridad social que les garantice una pensión contributiva, por lo que tienen pocas posibilidades de mejorar su situación en una edad avanzada.
Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE del II trimestre 2022.
Figura 5 Población Económicamente Activa de 60 años o más según posición en la ocupación en el Estado de México, II Trimestre 2022
A pesar de que 44 por ciento de esta población es asalariada, resalta el hecho de que el porcentaje de las personas con acceso a la seguridad social es inferior, solo 19.9 por ciento de esta población (Figura 6), lo que permite inferir que más allá de que los trabajadores sean asalariados, esto no les garantiza el acceso a la seguridad social, por lo que siguen formando parte del sector informal, lo cual reafirma la precaria situación laboral de AM mexiquenses. Además, otra vez es el sexo femenino el que tiene mayor desventaja, pues de 263,385 mujeres solo 40,471 gozan del acceso a seguridad social.
Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE del II trimestre 2022.
Figura 6 Población Económicamente Activa de 60 años o más con acceso a instituciones de salud en el Estado de México, II Trimestre 2022
Con respecto al sector de la actividad económica en la que se insertan AM mexiquenses encontramos que en ambos sexos el porcentaje más alto de trabajadores se ubica en el sector terciario. La Figura 7 nos permite observar que la participación de las mujeres de este grupo de edad se emplea principalmente en actividades comerciales y de servicios, ya que 93.5 por ciento se ubica en este sector, por lo que hay una mínima participación de ellas en el sector primario y secundario, porcentaje que es más alto en el género masculino.
Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE del II trimestre 2022.
Figura 7 Población Económicamente Activa de 60 años o más según sector de actividad económica en el Estado de México, II Trimestre 2022
Con referencia a los grupos de ocupación, se observa de nuevo que el grupo que incluye el mayor porcentaje son AM que se dedican al comercio con 31 por ciento seguido de la actividad industrial con 24.2 por ciento (Figura 8). Asimismo, se muestra que los grupos de ocupación con los porcentajes más altos son los que requieren una menor calificación, mientras que los grupos con los porcentajes más bajos se refieren a aquellos que requieren más estudios como son los funcionarios y directivos, los trabajadores de la educación y los oficinistas.
Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE del II trimestre 2022.
Figura 8 Población Económicamente Activa de 60 años o más según grupos de ocupación y sexo en el Estado de México, II Trimestre 2022
En su mayoría, los AM se desarrollan en actividades de baja productividad que requieren poca calificación, a causa de la falta de oportunidades para este grupo de edad y su bajo nivel educativo. Así tenemos que 45.8 por ciento de la PEA de AM mexiquenses alcanzan apenas el salario mínimo; seguido por 24 por ciento que percibe de uno a dos salarios mínimos, los siguientes grupos con mayor salario tienen un porcentaje mucho menor, por ejemplo, solo 1.8 por ciento ganan más de cinco salarios (Figura 9).
De nuevo son las mujeres las que presentan mayor precariedad de salarios, pues es notable que este grupo tiene un porcentaje más alto que los hombres en las condiciones más bajas, apenas alcanzan un salario mínimo o no reciben remuneración; por el contrario, en los salarios más altos presentan porcentajes más bajos con respecto a los hombres, sobre todo resalta el hecho de que solo 0.28 por ciento de ellas percibe más de cinco salarios mínimos, en otras palabras solo 742 mujeres de las 263,385 trabajadoras gozan de un sueldo alto.
Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE del II trimestre 2022.
Figura 9 Nivel salarial de la Población Económicamente Activa de 60 años o más en el Estado de México, II Trimestre 2022
Percibir un bajo salario no significa necesariamente que se dedica menos tiempo a la actividad económica, aunque la vejez se percibe como una etapa de reposo, lo cierto es que AM que se encuentran activos en el mercado laboral aún dedican tiempo completo al trabajo, lo cual se muestra en la Figura 10, pues la jornada de trabajo con mayor incidencia es la que se refiere a una jornada de 35 a 48 horas con un porcentaje de 33.9, del cual 40 por ciento son hombres, lo que significa que son ellos los que dedican más tiempo al trabajo, mientras que las mujeres tienen el porcentaje más alto en la jornada de 15 a 34 horas, lo cual no se traduce en mejores condiciones para ellas, ya que esto puede deberse a la restricción de tiempo que tienen para dedicarle a una actividad económica dado que tienen que hacerse cargo de los deberes del hogar, lo que implica un trabajo extra sin remuneración.
Trabajo en el contexto de la pandemia por Covid-19
La pandemia por Covid-19 nos hizo enfrentarnos a una crisis sanitaria y económica que ha afectado a toda la población. No obstante, hay grupos específicos en los que tuvo un mayor impacto debido al padecimiento de vulnerabilidades precedentes. Por ejemplo, aquellos grupos de población en situación de pobreza o pobreza extrema, personas que viven al día y dependen por completo de su ingreso y para quienes el cese de actividades económicas implicó la pérdida de su seguridad alimentaria; así como personas que se encuentran en ciertos grupos de edad, como es el caso de AM y personas que presentaban comorbilidades, pues se identificaron como especialmente vulnerables al tener un alto riesgo de muerte al contraer el virus.
En tal sentido, la población objetivo de este estudio fue una de las más afectadas por la crisis, ya que, por un lado, la precariedad de su situación laboral los afectó económicamente y, por el otro, presentaban mayor riesgo de mortalidad.
A principios de la pandemia se dedujo que la mortalidad del virus estaba asociado a la edad, ya que en países como China, Italia, España, Estados Unidos y Alemania, se confirmaron altos porcentajes de defunciones en población mayor de 60 años, lo que difundió la noción de que la población AM tenía un mayor riesgo de fallecer por contagio del virus (Welti y Ramírez, 2021, p. 58).
El caso de México presentó un panorama diferente para abril de 2020, dado que el mayor porcentaje de defunciones por Covid-19 lo registraban los grupos etarios en edad productiva, el grupo de 40 a 54 años de edad representaba 29.7 por ciento, mientras que de 55 a 69 años tenía el porcentaje más alto con 38.4 por ciento, presentando un menor porcentaje las personas de 70 años o más, con 23.7 por ciento. No obstante, respecto a la tasa de letalidad se observa un crecimiento conforme avanza la edad, siendo el porcentaje más alto (43 por ciento) en el grupo de 80 años o más. Es probable que esta diferencia corresponda al hecho de que los países europeos tienen sociedades con un proceso de envejecimiento de la población más acelerado que en México (Welti y Ramírez, 2021, p. 60).
La mayor incidencia de mortalidad a causa del virus en los grupos de edad de 40 a 69 años se asocia a dos tipos de factores, por un lado, los biológicos, que corresponden a los padecimientos previos a la pandemia, ya que la aparición de comorbilidades como la obesidad, la diabetes, hipertensión, entre otras se registran desde etapas tempranas; por otro lado, los sociodemográficos, que se refieren al contexto que habitan los ciudadanos y las actividades que les permiten su subsistencia, es decir, las condiciones de vivienda y espacios que habitan y la necesidad de salir a buscar los recursos que les permitan solventar la economía del hogar, ya que en estos grupos de edad se incluyen personas que juegan el rol de jefes de familia, y el vivir al día les impide costear el quedarse en casa (Welti y Ramírez, 2021).
En este escenario, bajo la noción de que el virus resultaba más mortal en AM, se limitó su participación en cualquier actividad al ser considerada población con alto riesgo de mortalidad, los AM fueron retirados de sus actividades productivas y se les negó el acceso a supermercados. Así, esta población fue una de las más afectadas, si consideramos que muchos AM aun cumplen el rol de jefes de familia y los ingresos, producto de su trabajo, son su único medio de subsistencia. De este modo, su retiro del mercado laboral afectó principalmente a AM empleados en el sector informal, pues dependen de sus ingresos diarios por trabajo (Terán y García, 2022).
Resalta el hecho de que en México hay una gran cantidad de AM que viven solos y dependen de sus propios ingresos. De acuerdo con el estudio realizado por Welti y Ramírez (2021), con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, a nivel nacional hay más de 1.5 millones de viviendas en las que solo habitan adultos de 70 años o más, de las cuales 963,770 corresponden a hogares unipersonales, en el que destaca un mayor porcentaje de mujeres viudas 75 por ciento; aún más, de acuerdo con los autores una de cada tres mujeres que cumplen el rol de jefas de hogar se localiza en el grupo etario de 60 o más años (Welti y Ramírez, 2021, p. 78).
Aunado a ello, los autores retoman los niveles de discapacidad y limitación que presentan los AM que habitan este tipo de viviendas, donde solo hay adultos de más de 70 años, y se registra que uno de cada cuatro presenta alguna discapacidad y más de 50 por ciento presenta alguna limitación. Asimismo, casi un millón de AM que viven en este tipo de viviendas dependen de apoyos de gobierno y más de cien mil no cuentan con un ingreso seguro y dependen completamente de su actividad productiva (Welti y Ramírez, 2021, p. 80).
De este modo, los autores consideran que este grupo fue uno de los más afectados por las medidas de confinamiento, dadas las características sociodemográficas que vulneraban a esta población antes de la pandemia y para quienes las restricciones resultaron una lucha por la sobrevivencia.
Por su parte, Terán y García (2022) analizan la participación laboral de AM antes y después de la crisis sanitaria por Covid-19 utilizando datos del segundo trimestre de la ENOE 2019 y 2021, observan que la disminución en la participación laboral es evidente en todos los grupos de edad, sin embargo, fue más acentuada en la población de 60 años o más y su recuperación ha sido más lenta, lo cual puede ser resultado de las restricciones impuestas para la población de AM.
Por otro lado, se destaca un aumento en la tasa de acceso a seguridad social en 2021, lo cual, infieren Terán y García (2022, p. 13-14), puede ser consecuencia de la crisis sanitaria que vivimos, pues aunque la atención sanitaria no se limitó a las personas que gozan de seguridad social, fueron evidentes las desventajas de no contar con ella, ya que al enfermar un trabajador no tenía acceso a otros servicios que se prestan al estar asegurado, por ejemplo, el acceso a un seguro por desempleo o el pago por incapacidad. De este modo, tanto trabajadores como empleadores vieron las ventajas que ofrece la seguridad social, reconsiderando ingresar al mercado laboral formal aunque implique menores ingresos, pero mayor seguridad, por lo que se observó también una disminución de la informalidad en casi todos los grupos de edad siendo más notable en el grupo de 60 años o más (Terán y García, 2022, p. 14-15).
Asimismo, la tasa de desempleo creció en todos los grupos de edad siendo inferior la tasa del grupo de 65 años o más. De acuerdo con Terán y García (2022), esto se relaciona con la forma en la que se mide el empleo, pues tienen que ser buscadores activos en la semana anterior a la encuesta, por lo que es probable que algunas personas de este grupo de edad decidieran dejar de buscar empleo activamente debido al miedo a contagiarse. El descenso en la informalidad fue más pronunciado en las mujeres; por un lado, algunas salieron del mercado laboral, mientras que otras se insertaron al mercado formal (Terán y García, 2022).
Sin duda, la crisis sanitaria que atravesamos evidenció y profundizó muchos problemas sociales que antecedían a la llegada del virus. Para la sociedad mexicana que vive al día dependiendo directamente de sus ingresos y que se insertan en el mercado laboral, las medidas sanitarias impuestas como un medio de prevención de contagio como el “quédate en casa” implicó una pérdida total de sus ingresos para la subsistencia de su familia, por lo que tuvieron que buscar medios alternativos para solventar este periodo. Además, las condiciones de vivienda no siempre fueron las más adecuadas para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza.
A pesar de que los efectos de la pandemia fueron nocivos para la mayoría de los mexicanos, afectó principalmente a determinados grupos que se caracterizaban por una mayor vulnerabilidad antes de la pandemia, como es el caso de personas subempleadas sin acceso a seguridad social, mujeres al incrementar sus labores domésticas y de cuidado que tuvieron que abandonar sus empleos y AM, pues al ser considerados una población vulnerable frente al virus fueron retirados de sus actividades laborales, situación que se agudiza si consideramos que aún hay un gran número de AM que dependen de sus ingresos por no contar con apoyos familiares o institucionales y que además viven solos.
Cese de actividades laborales de adultos mayores en el contexto de pandemia
El periodo de pandemia se caracterizó por el cese de actividades como medida preventiva para evitar el contagio y número de muertes, cuyas consecuencias fueron más graves para aquellas personas que presentaban alguna vulnerabilidad antes de la crisis sanitaria, como es el caso de los AM que dependen de sus ingresos por trabajo para subsistir, ya que al considerarse como especialmente vulnerables ante el virus fueron retirados de sus puestos de trabajo. No obstante, para muchos AM que viven al día y trabajan por cuenta propia, el cese de actividades no fue una opción, pues tuvieron que continuar desarrollando su actividad económica para subsistir.
Así se observa en los casos presentados en esta investigación, ya que pese al riesgo que implicó continuar con su actividad económica, un cincuenta por ciento de los informantes continuó trabajando para poder solventar sus gastos, ya sea por decisión propia o no, pues la necesidad les orilló a tomar el riesgo del contagio. En cambio, el otro cincuenta por ciento de los informantes cesaron actividades por completo, lo cual afectó considerablemente su economía, pues en algunos casos recurrieron a préstamos o vieron comprometido su patrimonio para solventar sus necesidades básicas.
El trabajo que desarrollan los AM entrevistados se enmarca en la informalidad dado que ninguno de ellos goza del derecho a la seguridad social por su ocupación actual. Sin embargo, son diversos los contextos que se encontraron en el trabajo de campo, pues el hecho de que por ahora no tengan acceso a este derecho no significa necesariamente que toda su trayectoria laboral tuvieran esta carencia.
De este modo, son dos los informantes que ya cuentan con una pensión contributiva, aunque al ser la mínima tienen que seguir trabajando para cubrir sus necesidades básicas; asimismo, tres informantes refieren que aún no completan las semanas cotizadas requeridas para obtener su pensión, por lo que hacen aportaciones voluntarias al IMSS. Resalta el hecho de que únicamente son personas del género masculino las que tienen derecho a una pensión contributiva o pueden aspirar a ella, pues de las cinco mujeres entrevistadas, ninguna de ellas puede obtener una pensión por empleo, pues a pesar de que toda su vida han trabajado, su trabajo se caracterizó por la inestabilidad, debido a sus obligaciones como madres y esposas. Cabe agregar que una de ellas goza de la pensión contributiva que le dejó su esposo fallecido y tres más apoyan las aportaciones voluntarias al IMSS de sus esposos, por lo que acceder a una pensión contributiva se convierte en un proyecto familiar.
Como se analizó en la información estadística, los AM en su mayoría se emplean en el sector terciario, por lo que la actividad que desarrollan se refiere al comercio y a la prestación de servicios; así se observa también en la muestra de este estudio, ya que de los diez entrevistados, cinco personas se dedican a las ventas y cinco ofrecen algún servicio o trabajan en este sector. Además, principalmente son personas que se autoemplean, ya que solo tres informantes dependen de un empleador, quizá debido a las pocas oportunidades laborales para este grupo de edad, por lo que buscan otras formas de generar un ingreso.
Resalta el hecho de que la jornada laboral que desarrollan sigue siendo de tiempo completo, sobre todo en el caso de los hombres, ya que las mujeres le pueden dedicar menos tiempo a su actividad económica al tener que seguir realizando labores del hogar.
Por último, en relación con el trabajo, 60 por ciento de los informantes comentan que quieren trabajar hasta el último día de su vida; más allá de la necesidad económica y de su dependencia al ingreso, el desarrollo de su actividad les proporciona satisfacción personal al sentirse activos e independientes, lo cual no significa que no consideren necesario el derecho que como trabajador tienen a recibir una pensión.
Cese de actividades laborales como decisión del empleador
En una primera clasificación, podemos referirnos a los informantes que dependen de un empleador, razón por la cual la decisión de dejar de trabajar no dependió por completo de ellos. En este escenario se encuentra el informante 1, hombre de 63 años quien se desempeña en un restaurante como almacenista y mesero. Por el momento, él no tiene acceso a una pensión debido a que no ha completado el número de semanas requeridas y en su trabajo carece de seguridad social, por lo que planea hacer aportaciones voluntarias al IMSS para obtener una pensión.
En el contexto de pandemia, al emplearse en el sector servicios, su actividad cesó por completo, pues el restaurante tuvo un cierre total, lo que implicó para él, un descenso de 50 por ciento de su salario. Aunado a ello, fue un periodo en que toda su familia dependió de su ingreso, pues sus hijos quedaron desempleados durante un largo periodo; y su esposa, la informante 2, también frenó su actividad. De este modo, el AM se enfrentó a una situación inestable en la que, con solo 50 por ciento de su salario, tenía que mantener a una familia de seis miembros y solventar los demás gastos de la casa, ello implicó que recurriera a solicitar préstamos al banco, lo que le permitió sacar adelante la situación.
Era preocupante no recibir otra cantidad de dinero para solventar los gastos de mi casa... Pues ahora sí que pidiendo préstamos aquí, préstamos acá, en el banco, digo lo pagamos, sacamos un préstamo en el banco a dos años y entonces íbamos pagando lo que se había estipulado (Informante 1, entrevista realizada el 24 de marzo de 2023).
Una vez concluida la cuarentena, el informante regresó a sus actividades paulatinamente; primero solo iba a hacer labores de limpieza y mantenimiento, periodo en el que continuó con 50 por ciento de su salario, pues seguían sin atención al público; más adelante empezaron a recibir comensales en 40 por ciento, después 60 y 80 por ciento, hasta que lo abrieron a 100 por ciento, lo cual le dio la oportunidad de recuperar su salario prepandemia y, después de algunos meses de trabajo, liquidar sus deudas.
A diferencia del caso anterior, la informante 4, mujer de 63 años, quien trabaja limpiando casas, tuvo que frenar su actividad sin derecho a recibir sueldo, pues su trabajo es eventual, lo que implica que sólo se le paga los días que asiste a trabajar. Debido a que la mayor parte de su vida laboral se caracterizó por la inestabilidad e informalidad, esta informante carece del derecho a pensión. Así, todo el periodo de pandemia no obtuvo ningún ingreso, motivo por el cual quedó completamente bajo la dependencia de su esposo, quien fue el único de esta categoría que no cesó actividades en ningún momento, pues su empleadora requirió de sus servicios todo el periodo de pandemia.
En este caso, su esposo, el informante 5, es un hombre de 65 años que se emplea como chofer privado sin derecho a prestaciones de ley. Al igual que el informante 1, él aún no goza de pensión porque le faltan semanas cotizadas, y al no contar con seguridad social en el trabajo, hace aportaciones voluntarias para obtenerla a futuro. Sin embargo, por el momento depende por completo de sus ingresos por trabajo, lo que lo condicionó a mantenerse activo durante todo el periodo de pandemia desafiando el miedo a contagiarse, pues él y su esposa subsistieron gracias a su sueldo. La informante 4 comenta que vivió con temor varios meses, aunque ella no salía a trabajar temía que su esposo le trajera el virus.
Yo nomás le decía pues cuídate mucho viejito, porque tú me vas a venir a contagiar, la señora, su patrona, pues más le dieron ganas de estar en la calle, y yo le dije pues cuídate mucho viejito y procura estar lejos de la gente, porque si tú no te cuidas te vas a venir a contagiarme a mí y yo qué culpa tengo si yo estoy aquí encerrada (Informante 4, entrevista realizada el 25 de marzo de 2023).
De algún modo, más allá del temor al contagio, esta familia enfrentó una menor dificultad económica, puesto que el esposo no dejó de percibir su salario en ningún momento. Sin embargo, sí refiere que se enfermaron, y aunque no fue grave, tuvieron gastos médicos no previstos. En este marco, se podría decir que no se observan cambios en el contexto pre- y postpandemia, pues, si bien, la esposa perdió sus ingresos, el ingreso principal de la familia se mantuvo estable al no suspender su actividad.
Vivir de la pensión ante la crisis sanitaria
En una segunda clasificación, se encuentran los informantes que cuentan con una pensión contributiva resultado del trabajo formal, pero que al ser de baja remuneración se emplean en el mercado informal para completar gastos. En este caso tenemos dos subcategorías, la primera, quienes eligieron vivir solo de su pensión para no arriesgarse al contagio, aunque ello implicó un descenso en sus ingresos que afectó su economía, variable en la que se ubican dos informantes; y segundo, quien eligió no cesar su actividad económica.
En el primer caso, se trata de la informante 7, mujer viuda de 63 años que se dedica a la venta de jugos y quien quedo pensionada por su esposo fallecido años atrás. Ella eligió vivir durante este periodo solo con su pensión, al cesar su trabajo por completo; aunque la falta de ingresos impactó su economía, siempre contó con el apoyo de sus hijos por lo que no presentó mayores dificultades.
Y pues entonces en ese tiempo de pandemia dejé de trabajar y pues con lo de mi pensión y pues mi hija, como yo vivo con ella, como quiera que sea ya ella me echa la mano; sí, no me dejan (Informante 7, entrevista realizada el 5 de abril de 2023).
Una vez pasada la pandemia, la informante retomó su actividad económica. Más allá del descenso económico que presentó por detener sus labores, se podría decir que libró el periodo de pandemia con menores dificultades al contar con el apoyo de sus descendientes, reflejo de reciprocidad intergeneracional.
La segunda persona pensionada que cesó actividades se refiere al informante 6, hombre de 63 años quien atiende una papelería que cerró casi por un año; esta decisión impactó su economía significativamente pues su pensión fue insuficiente para cubrir sus gastos y los de su esposa, quien depende económicamente de él.
Pues me vi muy forzado con lo poco de la pensión aparte pues como que sí me endrogué un poco porque no me alcanzaba ese dinero para vivir con lo más necesario… en lo económico pues sí me atrasé bastante y en salud pues sí se desmejoró mi salud (Informante 6, entrevista realizada el 30 de marzo de 2023).
El frenar sus actividades no impidió que este AM y su esposa contrajeran el virus, pues cayeron enfermos trayendo consecuencias más graves para él, porque la pulmonía lo obligó a estar conectado al oxigeno por un periodo largo de tiempo, lo que consecuentemente impactó profundamente su economía, ya que los pocos ahorros que tenía se destinaron al tratamiento médico, además de que se endeudó para poder solventar sus necesidades de salud y gastos alimentarios. Su recuperación económica, una vez pasado el periodo de cuarentena, fue complicada, dado que sus ventas se reestablecieron lentamente, pues al no ser artículos de primera necesidad, y al estado de la economía en general de las personas, sus ventas eran mínimas.
Abrí poco a poco, nada más que pues por la misma falta de que hubo mucho desempleo y atrasó mucho la pandemia, pues mis ventas fueron muy pocas hasta que ya poco a poco se fue restableciendo (Informante 6, entrevista realizada el 30 de marzo de 2023).
Actualmente, comenta, ha recuperado su economía prepandemia y logró solventar sus deudas gracias a la recuperación de su trabajo, pues es claro que hubiera sido difícil salir adelante solo con su pensión.
Con referencia al AM que no interrumpió su actividad económica, se trata del informante 3, hombre de 76 años, quien tiene un negocio de peluquería. Sin importar que el ayuntamiento le cerrara el local, debido a que no era una actividad de primera necesidad, el informante comenta que colocó una cartulina afuera de su local con su número de teléfono en caso de que solicitaran su servicio; de este modo, si un cliente lo requería él le abría y lo atendía, por lo que refiere que no tuvo ninguna dificultad durante la pandemia.
No ninguna dificultad, es más yo nunca conocí a esa mujer la pandemia. Yo todo el tiempo he trabajado, de mis hijos nunca he pedido que me den dinero, yo me gano lo mío, yo nunca les he pedido nada. Yo todo el tiempo he estado trabajando (Informante 3, entrevista realizada el 25 de marzo de 2023).
Se podría decir que este informante es quien presenta las mejores condiciones, pues nunca dejó de percibir ingresos por su trabajo, aunque éstos disminuyeron durante la pandemia, goza de la seguridad de ingreso por medio de pensión y no tiene ningún dependiente económico, además de que no se vio afectado por la enfermedad.
Trabajo durante la pandemia: una lucha por la sobrevivencia
En esta categoría se ubican aquellos informantes que no contaron con seguridad del ingreso durante el periodo de pandemia pues son personas que trabajan por cuenta propia, no tienen derecho a pensión y los ingresos de los que dependen son variables pues se relacionan con las ventas. En este sentido, de los cuatro informantes de esta categoría, sólo una de ellas optó por cesar su actividad económica por completo, mientras que los otros tres continuaron e incluso comenzaron una nueva actividad para obtener ingresos durante este periodo.
De este modo, fue la informante 2, mujer de 60 años quien no tiene derecho a pensión debido a que se empleó en la formalidad por poco tiempo y sus trabajos consecuentes se enmarcaron en la informalidad al trabajar por cuenta propia, como es su actividad actual que es la venta de comida. Ella decidió frenar su actividad económica por miedo al contagio del virus. De cierta forma, ella pudo tomar esta decisión al depender principalmente de los ingresos de su esposo, el informante 1, que como ya se expuso, vivieron algunas dificultades que libraron por medio de préstamos bancarios, una vez pasada la pandemia ella continuó con su actividad para seguir aportando al hogar.
La segunda situación se refiere a los informantes 9 y 10, quienes son un matrimonio de AM de 60 años que presentaban dificultades económicas anteriores a la pandemia, debido a la enfermedad repentina del esposo. Anteriormente él se había empleado en el mercado formal por más de 20 años, sin embargo, a causa de un infarto cerebral y paraplejia del lado izquierdo se vio obligado a dejar su empleo; actualmente se autoemplea en las ventas y proyecta hacer aportaciones voluntarias para poder alcanzar una pensión contributiva. Por su parte, su esposa se dedica a la terapia alternativa energética, ella no tiene derecho a pensión debido a que toda su trayectoria laboral se insertó en la informalidad.
De esta forma, cuando llegó la pandemia él se encontraba en estado de recuperación por la enfermedad padecida meses atrás y su esposa también había cesado actividades para hacerse cargo de su cuidado. En este contexto, ellos llegaron a la pandemia con una situación económica precaria, en la que su seguridad de ingreso era incierta.
Ante este panorama, esta familia decidió emprender una nueva actividad económica para obtener algunos ingresos que impidieran que se viera comprometida su seguridad alimentaria, entonces comenzaron a vender desde su hogar todo tipo de artículos de protección contra el Covid-19, como son cubrebocas, gel antibacterial, desinfectantes, guantes, entre otros. No obstante, sus esfuerzos por sobrellevar las dificultades económicas se profundizaron al grado de ver comprometido su patrimonio, pues tuvieron que vender su casa y mudarse a una casa que les prestó un familiar.
Resulta evidente que la crisis que atravesó esta familia no fue el resultado de la pandemia, sin embargo, ese contexto profundizó sus problemas económicos, por ello se mantuvieron activos durante la pandemia con la venta de diversos productos. Actualmente el esposo continúa con la venta de esa y otra mercancía, mientras que ella retomó su actividad prepandemia como terapista. Aunque aún no hay una recuperación de su economía debido a su ingreso inestable, esta familia tiene la esperanza de obtener una pensión que les proporcione la seguridad de ingreso para vivir una vejez digna.
Por último, la informante 8, mujer viuda de 63 años que se dedica a la producción y venta de dulces artesanales, es la que presenta la situación precaria más aguda, ya que tanto ella como su esposo vieron comprometidos sus ingresos durante el contexto de pandemia, pues era su único medio de sustento, por lo que fue muy difícil para ellos tener el dinero suficiente para solventar sus necesidades alimentarias.
Me cerraron todas las puertas, no podía yo salir a vender los dulces porque además nadie te compraba… vendía yo con mis vecinos, les ofrecía y les hablaba yo por teléfono y si me compraban ellos porque pues sabían que estaba yo en la casa, pero con mis vecinos y pues ya iba yo a comprar algo de tortillitas, o comía frijolitos (Informante 8, entrevista realizada el 10 de abril de 2023).
La pandemia no sólo la afectó económicamente, sino que también emocionalmente porque perdió a su esposo a causa del virus.
Quedé sola, ya no tenía mi mano derecha que me ayudara que era mi esposo y pues me afectó mucho moral y económicamente, emocionalmente y todo (Informante 8, entrevista realizada el 10 de abril de 2023).
Asimismo, esta situación afectó su propia salud, lo que la hizo frenar sus actividades por completo ante la depresión provocada por la pérdida de su esposo.
Ahora que falleció mi esposo caí en una depresión muy fuerte, mucho muy fuerte, que duré como cinco meses sin levantarme y adelgacé bastante, bastante que adelgacé me dio hasta anemia (Informante 8, entrevista realizada el 10 de abril de 2023).
La informante manifiesta que vivía sola con su esposo, con quien estuvo casada por 47 años, con su muerte, ella no sólo quedó sola después de tantos años de matrimonio, sino que, además, quedó con muchas deudas debido a los gastos médicos que implicó la enfermedad y los gastos funerarios, por lo que levantarse de la depresión fue un proceso complejo.
Después de su pérdida y debido a sus problemas de salud, tardó en retomar su actividad económica, por lo que lleva poco tiempo activa nuevamente en la venta de dulces. En este caso, ella presentaba una situación económica precaria antes de la pandemia, como resultado de una vida enmarcada en el mercado laboral informal, pues nunca tuvo derecho a seguridad social, ni ahorros que le permitieran solventar gastos catastróficos como fue la enfermedad y fallecimiento de su esposo. Por tanto, se observa que la pandemia profundizó su precariedad económica a tal grado que a la fecha no ha podido alcanzar una estabilidad económica, ya que aún no termina de pagar los gastos funerarios de su esposo, por lo que refiere que actualmente tienen muchas dificultades económicas que ponen en juego su seguridad alimentaria.
En suma, fueron diversos los escenarios en los que AM enfrentaron las secuelas del contexto de pandemia, lo cual fue resultado de una situación precaria anterior a esta crisis, es decir, que ninguno de los entrevistados que dejaron de trabajar estaba preparado para afrontar una situación catastrófica, pues la mayoría de ellos viven al día, por lo que difícilmente tienen algún ahorro para hacer frente a este tipo de situaciones. Como consecuencia, algunos de ellos tuvieron que endeudarse o vieron comprometido su patrimonio y, por tanto, recuperar cierta estabilidad económica ha sido un esfuerzo constante de trabajo; por el momento no hay cabida para el cese de actividades para ninguno de ellos pues dependen de sus ingresos por trabajo.
Reflexiones finales
Llegar a la tercera edad representa para algunos una etapa de reposo en la que se disfruta de los beneficios de una vida de trabajo. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de gozar de esta tranquilidad a pesar de haber trabajado toda su vida, pues la necesidad los empuja a mantenerse activos en el mercado laboral. Así se observa en los casos presentados en este estudio, pues los informantes son AM que se mantienen empleados en trabajos informales para subsistir, pues existen pocas oportunidades de trabajo formal para este grupo etario.
Este trabajo muestra la diversidad de escenarios en que los adultos llegan a esta última etapa, de manera tal que encontramos tres situaciones que clasifican al grupo analizado: primero, AM que gozan de pensión contributiva, pero que esta es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas al ser la mínima; segundo, AM que aún no pueden pensionarse, porque no han completado el número de semanas cotizadas requeridas, por lo que hacen aportaciones voluntarias al IMSS y se emplean actualmente en el sector informal; y, tercero, AM que toda su vida han trabajado en el sector informal por lo que no tienen derecho a pensión contributiva. En los tres casos, son adultos que dependen por completo de sus ingresos por trabajo, lo que impide que haya esa “desvinculación” al trabajo como lo refiere la teoría funcionalista.
Asimismo, el grupo presenta en su mayoría buenas condiciones de salud físicas y mentales, lo que les permite mantenerse productivos y ser independientes por lo que se niega la “etiqueta” negativa que se les atribuye a AM como personas dependientes y debilitadas que ya no pueden funcionar en la actividad laboral. En este sentido, es importante considerar las diversas condiciones y revalorizar sus capacidades y trabajo para generar nuevas oportunidades de desarrollo para ellos.
Conviene subrayar que el trabajo no solo representa una fuente de ingresos a través de la cual satisfacen sus necesidades básicas, sino que, además, significa satisfacción personal, por el disfrute de la actividad en sí misma y la independencia económica que les provee. Sin embargo, la oferta laboral para este grupo de edad, a consecuencia del edadismo, es escasa y presenta condiciones precarias, por lo que muchos eligen autoemplearse en las ventas, pero para quienes no tienen la posibilidad de trabajar por cuenta propia, se ven limitados a lo que el mercado laboral ofrece.
Las desigualdades socioeconómicas que viven muchas personas no permiten mejorar sus condiciones de vida, pues sin importar que hayan trabajado toda su vida pueden llegar a esta etapa sin los recursos necesarios para subsistir, ya que viven al día y no hay paso para el ahorro, como resultado no pueden sobrellevar situaciones catastróficas como lo fue la pandemia por Covid-19.
Así, las carencias sufridas a lo largo de los primeros años se agudizan al llegar a la vejez, etapa en la que las oportunidades laborales disminuyen y los gastos pueden incrementarse debido al padecimiento de enfermedades crónicas que requieren atención constante, gastos que, sin seguridad social, difícilmente pueden costear, lo que incrementa su vulnerabilidad.
En tal sentido, los gobiernos de los tres niveles deberían asegurar un mínimo de bienestar para este sector de la población, si bien, la pensión para adultos mayores se ha decretado como ley, a ella solo pueden acceder hasta los 65 años, por lo que siguen quedando desprotegidos los adultos de 60 a 64 años, rango en el que se encuentran la mayoría de los informantes de este estudio. Por tanto, se deben crear oportunidades para este grupo de personas que aún pueden ser productivas y que tienen la necesidad de un ingreso para subsistir.
En este contexto, se puede decir que aún nos falta mucho para llegar al envejecimiento saludable que propone la OMS (2020) en el que establece que no se limite el acceso a este grupo de edad ni se despida a las personas por razón de la edad, lo cual implica fomentar el no etiquetar de forma negativa a AM. De esta manera, el AM puede seguir contribuyendo a la economía y a la sociedad. Lo anterior, no supone la negación del derecho a pensionarse, pues los AM deberían tener la oportunidad de decidir sobre su situación laboral y, más aún, tener el derecho a una pensión que realmente les permita tener una buena calidad de vida en esta última etapa.
El periodo de cuarentena profundizó las carencias económicas que ya presentaban los AM antes de llegada la crisis sanitaria. De este modo, ante la incapacidad para sostener sus gastos y los de su familia, algunos de los informantes tuvieron que solicitar préstamos o ver comprometido su patrimonio para conseguir los recursos que les permitieran sobrevivir durante este periodo. Esto evidenció su incapacidad para solventar gastos inesperados, como enfermedad o muerte, por lo que aun la categoría que presentaba una mayor estabilidad del ingreso vio afectada su economía, pues fue claro que su pensión no les permitió sobrellevar esta crisis.
Por último, puesto que el envejecimiento de la población está avanzando a un ritmo acelerado, se deben comenzar a tomar las medidas necesarias para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de construir un futuro que les permita llegar a la última etapa de su vida de manera saludable, para ello se deben generar políticas que atiendan la problemática del trabajo en un contexto temprano, pues las nuevas generaciones se enfrenta a trabajos precarios y desiguales a pesar de tener las capacidades necesarias para alcanzar un mayor bienestar.
