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Papeles de población

versión impresa ISSN 1405-7425

Pap. poblac vol.16 no.63 Toluca ene./mar. 2010

 

Ingresos y bienes en la vejez, un acercamiento a la configuración de la seguridad económica de los adultos mayores mexiquenses*

 

Income and assets in old age, an approach to the configuration of the economic security of the elderly in the State of Mexico

 

Mariana Madrigal–Martinez

 

Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: mariana_madrigal@yahoo.com

 

Resumen

El propósito del artículo es establecer la conformación de la seguridad económica de la población adulta mayor mexiquense con base en las fuentes de ingreso y bienes a las que tiene acceso. Los resultados de la encuesta ESEDEM 2008 comprueban la hipótesis de que la seguridad económica está fuertemente relacionada con el perfil sociodemográfico del adulto mayor y muestra serias desventajas para los grupos que presentan características asociadas con mayores niveles de exclusión.

Palabras clave: adulto mayor, pensiones, participación laboral, ingreso, bienes, seguridad económica, Estado de México.

 

Abstract

The intention of the article is to establish the shaping of the economic security of the elderly in the State of Mexico, based on the revenues and assets they possess. The results from 2008 ESEDEM survey verify the hypothesis that economic security is closely related to the socio–demographic profile of the elderly and shows serious disadvantages for the groups which present characteristics associated with higher exclusion levels.

Key words: elderly people, State of Mexico, retirement plan, labor participation, social supports, assets, economic security.

 

Introducción

La mayoría de las sociedades actuales ha venido experimentando tasas de natalidad y mortalidad cada vez más bajas, así como una paulatina pero constante prolongación de la esperanza de vida y, por tanto, un incremento de población en los grupos etários más avanzados. Este proceso social que conocemos como envejecimiento poblacional ha generado en muchas naciones la preocupación por conocer el grado de bienestar o calidad de vida al que tienen acceso las personas adultas mayores en distintos ámbitos, como los relacionados con la salud, los arreglos residenciales y los entornos favorables. Un área de especial importancia en la calidad de vida de los adultos mayores1 está vinculada con la satisfacción de ciertos requerimientos básicos relacionados con los ingresos que perciben y la cantidad, calidad y distribución de bienes que tienen a su disposición (Ramírez, 2006). En lo que respecta a los ingresos, se ha otorgado especial atención a los obtenidos mediante la seguridad social, así como a los generados por la permanencia en el mercado laboral o de otros mecanismos de ayuda que tienen que ver con las redes de apoyo que se generan alrededor de la población adulta mayor. Con relación a la distribución de bienes, poca información se ha generado al respecto.

El énfasis de este trabajo en el estudio de estas dimensiones se debe al hecho de que en la vejez se incrementan las probabilidades de experimentar un deterioro económico cuyo impacto puede poner en riesgo la supervivencia de las personas adultas mayores, además de que la oportunidad de obtener ingresos dignos —ya sea por su trabajo o por su pensión o jubilación— está estrechamente ligada con su inclusión social (OIT, 2002: 1), por lo que sin duda la atención de sus necesidades económicas es un área prioritaria que la sociedad, el gobierno y, sobre todo, los encargados de realizar políticas públicas deben tener muy en cuenta para poner en marcha acciones que garanticen un bienestar integral de este sector de la población.

La preocupación de trasfondo se ubica en dos contextos. Por una parte, en México existe una gran heterogeneidad de condiciones socioeconómicas, políticas y culturales que a lo largo de la historia han provocado situaciones de iniquidad, que sin duda se reflejan en el grado de satisfacción de las necesidades económicas a las que tienen acceso distintos grupos. Por otro lado, los países en desarrollo —entre ellos México—, al estar experimentando el proceso de envejecimiento demográfico con mucha mayor rapidez que las naciones desarrolladas, en general carecen de políticas sociales estables y consolidadas que les permitan afrontar en tan solo dos o tres décadas las demandas derivadas de la ganancia de población en los grupos de edades más avanzadas (Bravo, 2000; citado en OIT, 2006: 16).

Sin duda, los cambios demográficos y la desigualdad socioeconómica que se experimentan en nuestro país, así como la significación que tienen los ingresos en las edades avanzadas, justifican el estudio de lo que se denomina 'seguridad económica en la vejez', especialmente en aquellas entidades federativas de la república mexicana que actualmente concentran un número relevante de personas adultas mayores.

De manera específica, el propósito de este artículo es resumir el tipo de ingreso y bienes que posee la población adulta mayor mexiquense y, con base en las combinaciones encontradas, establecer la conformación de la seguridad económica en la entidad mediante la construcción de estratos que permitan dar cuenta de la heterogeneidad de dicha población.

El trabajo usa datos de la Encuesta sobre Envejecimiento Demográfico en el Estado de México (ESEDEM 2008) y se estructura de la siguiente manera: primero se establece el concepto de seguridad económica y se aborda la importancia del estudio de las personas de 60 años y más en el Estado de México, según su perfil sociodemográfico. Enseguida, se presenta la fuente de información y las características de la población en estudio. Se describe la tenencia de bienes, así como las fuentes de ingreso y su cobertura según edad, sexo, residencia, educación, etc. Por último se presenta la conformación de la seguridad económica en la entidad a través de un análisis de cluster, a partir de la determinación de grupos homogéneos en relación con las fuentes de ingreso y bienes de que disponen. Se termina haciendo algunas conclusiones a partir de los resultados obtenidos y una pequeña reflexión sobre el bienestar económico de las futuras generaciones que llegarán a esta etapa de la vida y su dependencia de las redes de apoyo.

 

Seguridad económica en la vejez

La seguridad económica de las personas adultas mayores se define como la capacidad de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida (Guzmán, 2003). Para las personas en edad avanzada, contar con seguridad económica es fundamental para disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad e independencia; además de satisfacer las necesidades de los adultos mayores, permite que tomen decisiones y continúen participando activa y significativamente en la vida cotidiana, cumpliendo roles importantes dentro de las familias (Celade, 2006; Huenchuan y Guzmán, 2006).

A pesar de la importancia del concepto, a primera vista podemos notar que tiene muchas implicaciones y encierra gran complejidad, pues no sólo denota que los adultos mayores tienen recursos, sino cuántos tienen (que además sean suficientes), la periodicidad con que los reciben (que deben llegarles regularmente) y, además, que los adultos mayores tengan plena disponibilidad de esos recursos. Para fines de este artículo, tratar de responder todas estas cuestiones sin duda sería ambicioso, pues primero se tendría que definir objetivamente a qué se considera suficiente, a qué regular, y bajo qué condiciones se puede afirmar que el adulto mayor es capaz de disponer de sus recursos. Por eso es necesario advertir que si bien nos remitimos a este concepto de seguridad económica por ser el que nos permite realizar un estudio conjunto de las distintas fuentes de ingreso, esta investigación buscará un acercamiento indirecto al mismo, limitándose a identificar si los adultos mayores cuentan con recursos, de qué tipo son —monetarios o no monetarios—, la fuente de donde los obtienen y, fundamentalmente, las características de la población que cuenta con ellos.

Tradicionalmente, en el estudio de la seguridad económica se han identificado tres pilares de protección: la familia, el mercado y el Estado (OIT, 2006: 12). De estas tres fuentes de ingresos, dos son consideradas como formales y una como informal. Las fuentes formales corresponden a la participación económica (salarios y remuneraciones al trabajo) y a la seguridad social (pensiones, seguros de salud, subsidios por discapacidad), mientras que los apoyos familiares (ayuda monetaria, regalos, etc.) son reconocidos como una fuente informal de ingreso para los adultos mayores, pero cuya importancia es extremadamente alta (Guzmán, 2002; Huenchuan y Guzmán, 2006).

Estas tres dimensiones tienen diferente peso en la vida de cada persona, pero se complementan con el fin de ofrecer un nivel de cobertura razonable. Cada una de ellas, sin duda, se va moldeando y desarrollando a lo largo de la vida del individuo, pero no en todos los casos se fortalecen, debido a que otros eventos vitales y generacionales tienen influencia sobre ellos y en muchos casos resultan determinantes. Según Huenchuan y Guzmán (2006), una persona adulta mayor experimentará cierta situación económica en función de su historia laboral, de la accesibilidad que haya tenido a los sistemas de protección social, de los ahorros y bienes acumulados a lo largo de su vida, de su historia familiar, del contexto económico, político y social en el que le toque desenvolverse y, evidentemente, de sus características sociodemográficas; por lo que las desventajas que se hayan experimentado en cualesquiera de estos ámbitos se reflejarán en el grado de seguridad económica que se posea. Con todo esto, es de esperarse que alcanzar un grado razonable de seguridad económica2 se torne complicado, pues la interacción de todos los factores antes mencionados resulta muy compleja. Además de la inminente pérdida de ingresos que se experimenta con eventos típicos de esta edad, como la jubilación o la viudez.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal (citado en Cuentas, 2002), en la región de Latinoamérica y el Caribe se evidencia que dos terceras partes de la población adulta mayor no tiene garantizados sus ingresos, por lo que se pueden presentar situaciones de pobreza con más facilidad que en otras etapas de la vida. Considerando esta circunstancia para el estudio de la seguridad económica, la posesión de otros activos —particularmente la posesión de una vivienda— es de suma importancia, pues además de brindar estabilidad a los adultos mayores, dichos activos pueden constituir un bien de intercambio en caso de necesidad (Celade, 2006: 47). A pesar de este reparo, los estudios que se han generado sobre seguridad económica —la mayoría de ellos agregados a nivel Latinoamérica— sólo abordan las fuentes de ingreso (principalmente trabajo y pensiones), siempre desde una visión de pobreza, o se centran en recomendaciones y acciones para la implementación de políticas que permitan mejorar la seguridad económica de los adultos mayores en los distintos países (Guzmán, 2002; Banco Interamericano de Desarrollo, 2002; Bertranou, 2003; Guzmán, 2003; Huenchuan y Guzmán, 2006). Esto evidencia la necesidad de contar con datos de carácter regional y estatal que determinen la pertinencia de las políticas existentes o, en su defecto, que construyan un panorama más completo para hacer recomendaciones acordes con la realidad de cada sociedad, en este caso, con la realidad de la sociedad mexiquense.

 

Estructura demográfica y envejecimiento en el Estado de México

El Estado de México, siguiendo la tendencia nacional, está inmerso en una dinámica de envejecimiento poblacional paulatino. Aunque para 2009 es una de las entidades con menor porcentaje de personas de 60 años y más en la República Mexicana (7.14 por ciento según proyecciones de Conapo, 2008), en las próximas décadas presentará un aumento sostenido de la proporción de adultos mayores en referencia con la población total de la entidad, por lo que al concentrar el volumen más grande de población de todo el país se reafirmará como el estado con mayor número absoluto de adultos mayores.

En nuestro país, típicamente se hace referencia al Distrito Federal, Zacatecas, Oaxaca y Michoacán, como ejemplos del proceso de envejecimiento demográfico en virtud de sus altas proporciones de personas adultas mayores y sus altas tasas de crecimiento; sin embargo, es importante observar también el envejecimiento demográfico en valores absolutos. Así, al considerar las cifras de población total (gráfica 1) y las de incremento anual de adultos mayores por entidad federativa, no hay ninguna que esté por encima del Estado de México, es decir, en números absolutos, desde comienzos del siglo XXI es esta entidad la que año con año gana más población en edades avanzadas, lo que ha hecho que albergue ya cerca de una octava parte de la población nacional perteneciente a los últimos grupos etarios.

En la actualidad, de los poco más de nueve millones de adultos mayores que viven en México, casi 12 por ciento de ellos residen en el Estado de México (Conapo, 2008), sin duda, esto expone desafíos, considerando que es un grupo de población cuyas necesidades tanto de salud, como de seguridad social, empleo, apoyos institucionales, etc., son muy diversas, pues responden a realidades heterogéneas y no son fáciles de atender, menos aun, bajo una creciente presión social.

Esta visión de un futuro con gran cantidad de personas en edades avanzadas plantea retos que deben entenderse como ineludibles, tanto para los gobiernos, como para las instituciones y la sociedad en general, pues si bien el aumento de este grupo etario de población ya ha comenzado y seguirá de manera sostenida, más de 70 por ciento del incremento total de población adulta mayor ocurrirá a partir del año 2020 (Zúñiga, 2004: 33), por lo que es el momento de identificar el escenario actual que los adultos mayores mexiquenses enfrentan en relación a su sostenimiento económico, enmarcándolo en el estudio tanto de las principales fuentes de ingreso como en la acumulación de bienes no financieros, y resaltando cómo las características individuales y del hogar fungen como condicionantes.

 

Descripción de la fuente de información

La Encuesta Sobre Envejecimiento Demográfico en el Estado de México (ESEDEM 2008), llevada a cabo entre los meses de junio y agosto de 2008 por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México, recabó datos de individuos con 60 años y más, así como de sus respectivos hogares. Tiene cobertura y representatividad estatal de los hogares con al menos un adulto mayor, al igual que a nivel localidad. Considera como localidades urbanas aquéllas que tienen 2 500 habitantes o más, y como localidades rurales las que tienen menos de 2 500 habitantes. El diseño de la muestra estatal tomó en cuenta los datos del Conteo de Población y Vivienda 2005 y se basó en un método estrictamente probabilístico y polietápico de 2 mil 304 viviendas particulares, distribuidas proporcionalmente en un total de 140 áreas geoestadísticas básicas (Ageb) urbanas y 60 localidades rurales. La encuesta consistió en la aplicación de un cuestionario de hogar (por hogar seleccionado) y un cuestionario individual por cada adulto mayor residente en dicho lugar. El tamaño final de la muestra fue de mil 998 entrevistas completas de hogar y 2 434 cuestionarios individuales completos.

 

Perfil de la población de estudio

El cuadro 1 presenta algunas estadísticas descriptivas de las principales variables que conforman el perfil individual y del hogar de la población adulta mayor en el Estado de México.3 Se observa que un poco más de la mitad de la población son mujeres y que éstas experimentan la viudez en mucha mayor proporción que los hombres, quienes en su mayoría se declaran como casados o unidos. En estas generaciones, poco más de la tercera parte de la población es analfabeta, situación que afecta en mayor medida a las mujeres. También sobresale el hecho de que son las mujeres quienes tienen menores niveles de estudio, ya que 44 por ciento de ellas carece de instrucción alguna, frente a 29 por ciento de los varones en la misma condición. De manera predominante, el nivel de escolaridad alcanzado en el grupo de edad de 60 años y más es el de primaria incompleta. Los datos correspondientes a la localidad de residencia nos muestran una mayor presencia de varones en el ámbito rural, mientras las mujeres residen mayoritariamente en el ámbito urbano, lo que coincide con el patrón nacional, donde hay una notoria ponderación femenina en las zonas plenamente urbanas, como consecuencia principalmente de la mayor migración femenina (con respecto a la migración de los hombres) del campo a la ciudad en edades adultas mayores (Ham–Chande, 2003: 180).

Con respecto al tipo de hogar donde reside la población adulta mayor mexiquense, se puede apreciar en el cuadro 1 que los hombres se encuentran en mayor medida viviendo en hogares nucleares. Las mujeres tienen mayor presencia en hogares unipersonales, ampliados y de corresidentes frente a los hombres, lo cual es una consecuencia de su estado civil más que una condición de sexo, toda vez que tanto los hogares unipersonales como los ampliados concentran en su mayoría mujeres viudas, mientras que en los hogares corresidentes se encuentran principalmente mujeres adultas mayores solteras.

Sólo 38 por ciento de las mujeres son reportadas como jefas de hogar, pero destaca que una altísima proporción de los hombres (91 por ciento) desempeñan ese papel. También se aprecia que los hogares con adultos mayores varones son en promedio más grandes que aquéllos donde residen mujeres adultas mayores.

 

Ingresos y bienes de la población adulta mayor mexiquense

Analizaremos en primera instancia el acceso a distintas fuentes de ingreso por parte de la población mexiquense de 60 años y más en función de ciertos atributos individuales y, dado el papel fundamental que los bienes tienen en la situación económica de los adultos mayores (Wong y Espinoza, 2003: 131), incluiremos en nuestro estudio algunos datos relacionados con la tenencia de la vivienda y la posesión de otros bienes dentro de la misma.

A este respecto es prudente señalar que la ESEDEM 2008, al igual que la mayoría de las encuestas en México, se llevó a cabo en hogares, por lo cual, los bienes que se posean no son una característica individual (exclusiva de algún miembro o en este caso del adulto mayor), sino de la vivienda.

Sin embargo, atendiendo a consideraciones como la de Vos y Holden (1988, citado en Guzmán 2002) que establecen que el hecho de compartir un espacio físico está muy relacionado con compartir recursos, el análisis de los bienes que posee el adulto mayor en esta investigación asumirá el supuesto de que la riqueza de los individuos es compartida por todos los habitantes de la vivienda, quienes obtienen un beneficio de la existencia de bienes materiales independientemente de quién sea el dueño.4

Pensiones y participación laboral

Desde 1943, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la seguridad social en México ha intentado fungir como uno de los pilares de la seguridad económica de la población adulta mayor a través del otorgamiento de las distintas modalidades de pensiones —principalmente de la pensión por jubilación—, buscando evitar situaciones de necesidad y pobreza mediante la redistribución de los ingresos de aquéllos que pueden generarlos hacia los que ya no pueden hacerlo. Desafortunadamente, tanto a nivel nacional como en el Estado de México, las crecientes presiones en los esquemas de pensiones, así como una planeación inadecuada de su funcionamiento y capitalización, han propiciado que sean pocos los avances que las distintas instituciones de seguridad social han logrado en cuanto a la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de los beneficios otorgado por las distintas pensiones.

En nuestro país, la cobertura de las pensiones varía por entidad federativa como respuesta a los diferentes niveles de desarrollo socioeconómico logrados con base en una mejor estructuración de los mercados laborales y un mayor grado de formalización de la fuerza de trabajo (Zúñiga, 2004: 37). En algunas entidades del país, principalmente aquéllas con mejores condiciones y aquéllas con mayores rezagos, se puede percibir una relación directa entre el índice de desarrollo social para el grupo de edad de 60 años y más5 (IDS 60+) y la cobertura de pensiones. Asimismo, se puede apreciar que dada la falta de acceso a los sistemas de pensiones, los adultos mayores buscan obtener ingresos a través del empleo, lo que genera tasas de participación del grupo de 60 años y más mucho más elevadas que en entidades con mayor cobertura previsional (gráfica 2). En el Estado de México, aunque parece haber una correspondencia entre el IDS 60+ y la cobertura de pensiones, se puede observar que el IDS 60+ se encuentra por arriba del porcentaje de cobertura, esto quizás tiene que ver con la consideración del índice de que las mujeres que están casadas con un pensionado también tienen derecho a pensión, o bien, puede ser reflejo de la marcada heterogeneidad de la entidad.

Para las personas en edad avanzada, la necesidad de contar con una pensión como beneficio de la seguridad social se incrementa conforme las oportunidades de emplearse disminuyen en función de su edad y de sus condiciones de salud, e incluso como resultado de su menor capacitación o menores niveles de estudio con respecto al resto de la población económicamente activa. La seguridad social está pensada para garantizar la protección y autonomía de los individuos, es por eso que se constituye bajo regímenes o programas establecidos por la ley, pero en los países en desarrollo sólo una parte muy pequeña de la mano de obra se incluye en los sistemas de seguridad social, por lo que la cobertura de las pensiones es baja; además, los beneficios resultan insuficientes para sufragar todos los gastos de una persona y de sus dependientes económicos, si es que los tuviera.

En el Estado de México, según datos de la ESEDEM 2008, poco menos de 16 por ciento de la población adulta mayor recibe dinero por pensión,6 siendo la pensión por jubilación la más importante para los varones y la de viudez para las mujeres, con 29 por ciento y 58 por ciento de las menciones, respectivamente. Esta bajísima cobertura en la entidad se agrava al diferenciar por sexo y localidad de residencia, toda vez que del porcentaje de adultos mayores que cuentan con el beneficio de una pensión, existe una cobertura 2.6 veces mayor para los varones que para las mujeres, y 5.5 veces mayor en el ámbito urbano que en el rural.

Además, mientras que el ingreso mediano por pensión en el caso de los hombres asciende a mil 800 pesos mensuales, el de las mujeres es de mil 500.7

Como es de esperarse, el acceso a esta prestación y, sin duda, la cuantía del beneficio, presenta distinciones también por cohorte como respuesta a los distintos patrones sociales, económicos y de escolaridad experimentados por cada una de ellas. Por ejemplo, el ingreso mediano por pensión disminuye conforme aumenta la edad, pasando de mil 800 pesos mensuales en el grupo de 60 a 69 años, a mil 700 en el de 70 a 79, y a mil 650 en el de 80 y más. En el cuadro 2 se muestra la cobertura de pensiones en la entidad en función de distintas características individuales.

Estos mismos patrones diferenciados han condicionado las oportunidades laborales que la población adulta mayor mexiquense ha tenido a lo largo de su vida, así como la actual condición de inserción al mercado de trabajo en la que se encuentra. A diferencia de los países desarrollados, México tiene una participación muchos más activa de los adultos mayores en el mercado de trabajo —cercana a 30 por ciento y que se incrementa en las zonas rurales— (Zúñiga, 2004: 38; Del Popolo, 2001: 44), pues contrario a lo que se pueda pensar, la vejez dista mucho de ser una etapa de reposo y tranquilidad en la que se cuenta con un ingreso asegurado, especialmente cuando se tienen bajos niveles de escolaridad. Sin embargo, aún estamos inmersos en la típica idea de que con la vejez llega el retiro y no nos damos cuenta de que la ganancia en la esperanza de vida está modificando los ciclos vitales, lo que genera historias laborales (permanencia, alejamientos temporales, retiro o exclusión) por demás diversas. Cabe señalar que aún hay quienes creen que se deja de trabajar dada la disminución en las obligaciones que el adulto mayor tiene en la reproducción social, o en función de la sustitución de rentas laborales que los sistemas de seguridad social les brindan (que, ya hemos visto, es mínima e insuficiente), más aun, se atribuye esta separación a cuestiones de salud o discapacidad. El escenario es que más allá de las cuestiones de salud que las personas enfrenten —que en muchos casos no son necesariamente malas o incapacitantes— o del papel que el adulto mayor desempeñe en el hogar, incluso más allá del gusto o disgusto que ellos mismos sientan por el trabajo, en su mayoría, los adultos mayores siguen trabajando como respuesta a una necesidad económica que los expone a situaciones laborales poco favorables. La permanencia en el mercado de trabajo no debería representar un problema en sí mismo, pues es un derecho que toda persona posee sin importar sus características individuales. El problema real es que la estructura económica y productiva de nuestro país tiene limitada capacidad para crear actividad laboral remunerada y socialmente útil, especialmente para el grupo de adultos mayores.

En la mayoría de los países latinoamericanos, el sector urbano no estructurado (entiéndase informal) ha constituido desde hace ya más de una década la principal fuente de creación de empleos (OIT, 2002: 7). En el año 2000, la economía informal en México acogía a 81 por ciento de la población adulta mayor económicamente activa en el país —78.1 por ciento en el Estado de México (Zúñiga, 2004: 38; Montoya–Arce y Montes–de–Oca–Vargas; 2006: 135), lo cual es preocupante, dada la incapacidad de este sector de brindar algún tipo de protección que equivalga a la seguridad social. Buena parte de los adultos mayores se inserta en tareas que requieren menos capacitación, pero que les exigen jornadas completas de trabajo y en las que, además, el ingreso es relativamente bajo y más bien fluctuante.

En el Estado de México, según datos de la ESEDEM 2008, cinco de cada 10 hombres adultos mayores aún laboran, mientras que dos de cada 10 mujeres también lo hacen. La entidad mantiene un porcentaje comparable con el nacional, dado que la participación laboral de este grupo etario es de tres de cada 10 personas. Siguiendo la tendencia general, dicha participación disminuye conforme aumenta la edad, pues mientras cuatro de cada 10 personas del grupo de 60 a 69 años permanecen trabajando, tres de cada 10 y una de cada 10 lo hace para los grupos de 70 a 79 años y de 80 y más años, respectivamente. La permanencia en la actividad laboral es una situación que puede observarse con más frecuencia en el ámbito rural, toda vez que 41 por ciento de esta población aún labora, mientras que entre la población urbana sólo 26 por ciento todavía se encuentra económicamente activa. Respecto a la ocupación principal, más de la mitad de los varones (59 por ciento) permanecen insertos en actividades agropecuarias, mientras que la actividad predominante de las mujeres es el comercio (47 por ciento). La ocupación en servicios resulta —para ambos sexos— la tercera mención. En el área rural, casi tres cuartas partes de la población en edad avanzada que trabaja se ocupa en actividades agropecuarias, mientras que el comercio y los servicios figuran como las ocupaciones más importantes en el área urbana.

La posición en el trabajo evidencia otra de las tendencias que más preocupan en el ámbito latinoamericano: la reducción del empleo asalariado, pues 56 por ciento de los ocupados se declararon como trabajadores por cuenta propia, entre los cuales la mayor proporción está representada por mujeres rurales (esta tendencia de mayor número de mujeres que trabajan por cuenta propia se verifica en otros estudios a nivel estatal, como Montoya–Arce y Montes–de–Oca–Vargas, 2006). Además, tanto hombres como mujeres tienen una gran presencia en el grupo de trabajadores sin pago en el predio o negocio familiar. Este último grupo sin pago es el que en su mayoría recibe ingresos para autoconsumo, tipo de ingreso que asciende a 28 por ciento, pero que diferenciado por localidad de residencia muestra una gran carga hacia el ámbito rural, donde el porcentaje es cercano a 42 por ciento. Cabe mencionar que mientras los ingresos monetarios por trabajo tienen menor incidencia conforme aumenta la edad, los ingresos por autoconsumo cobran mayor importancia.

Aunque un poco más de la mitad de la población que trabaja cuenta con ingresos monetarios, la cantidad mediana mensual no supera los mil 550 pesos para los hombres y 800 pesos para las mujeres. Diferenciando por localidad, en las áreas urbanas se observa que el ingreso mediano es superior al de las áreas rurales en 500 pesos. La situación es abrumadora si se considera que, en efecto, los adultos mayores trabajan jornadas de hasta siete horas diarias, que si bien disminuyen con la edad, siguen siendo jornadas largas para el grupo de 80 años y más, pues los individuos de éste trabajan en promedio cinco horas y media diarias. Si bien la jornada trabajada por las mujeres es en promedio una hora menor que la de los hombres, la media de días trabajados para ambos sexos es de cinco días a la semana, aun así, los ingresos son visiblemente desventajosos para ellas.

Apoyos sociales8

En una sociedad con marcada exclusión en sus sistemas de pensiones y que no cuenta con las condiciones óptimas para acceder al mercado laboral, el soporte económico que brindan la familia, algunas instituciones y, en menor medida, también algunas personas no familiares, gana importancia como mecanismo para evitar situaciones de pobreza en edades avanzadas. Los apoyos sociales constituyen, por tanto, y de manera creciente, uno de los medios que la población adulta mayor tiene para asegurar su supervivencia. A medida que avanza la edad y que los ingresos por remuneraciones al trabajo pierden relevancia, la ayuda familiar —ya sea monetaria, con alimentos o en forma de cuidados— gana importancia relativa, especialmente en los grupos con menor percepción de ingresos (Wong y Espinoza, 2003). Este tipo de ayuda es difícil de contabilizar y cuantificar, especialmente al interior del hogar, dado su carácter esporádico y variable, pero suele ser muy significativo, especialmente en economías en desarrollo y que presentan mercados financieros muy limitados —como es el caso de México—, pues sin duda representan una fuente positiva y necesaria de bienestar de la población (Wong, 1999: 150).

Para fines de este análisis se considerarán dentro de los apoyos sociales aquéllos brindados por personas familiares y no familiares, a los que llamaremos apoyos informales, y aquéllos recibidos como beneficio de algún programa de gobierno, a los cuales denominaremos institucionales. Ambos pueden ser monetarios o en especie. En el Estado de México, según datos de la ESEDEM 2008, 57 por ciento de la población con 60 años y más contaba con algún tipo de apoyo social; de manera general, las mujeres son las más beneficiadas con porcentajes mayores a 60 por ciento en la recepción de apoyos informales, tanto monetarios como en especie. Apesar de que los porcentajes de recepción son similares por tipo de apoyo, las mujeres reciben en mayor medida apoyo en forma de dinero (67 por ciento frente a 63 por ciento de apoyo en especie), mientras que los hombres reciben mayormente apoyo en especie (37 por ciento frente a 33 por ciento de apoyo monetario). El cuadro 3 ratifica que las principales beneficiarías de los apoyos son las mujeres, en virtud de que cuentan en promedio con menos recursos económicos por pensión y por trabajo, debido al menor contacto que a lo largo de su vida tienen con el sector formal de la economía. También se observa que la cobertura de los apoyos incrementa con la edad y como respuesta a la falta ingresos por pensión. De manera clara se aprecia que tanto la ayuda informal como la institucional cobran mayor importancia en las localidades rurales.

Bienes de consumo duradero

Tradicionalmente, cuando se estudia la posición económica tanto del hogar como de los individuos, se abordan por lo general datos sobre ingreso. Poca es la información y, por tanto, pocos los estudios sobre la composición y distribución de la riqueza que puedan complementar las evidencias arrojadas bajo esta perspectiva de ingresos monetarios más explotada y tradicionalista. Como ya se ha mencionado, la situación económica de los individuos dista mucho de ser una relación univariante, por lo que gran cantidad de elementos y sucesos pueden surgir como determinantes. La posesión de bienes es uno de dichos elementos. Para fines de este análisis y dada la evidencia de estudios realizados en México, que muestran que la riqueza de un hogar se concentra principalmente en forma de bienes no financieros (Noyola, 2001; Wong y Espinoza, 2003), se considera tan solo la tenencia de vivienda, de algún vehículo y de 'otros bienes'.9 Sin duda podría ser tema de estudios posteriores la valuación de dichos activos materiales y la incorporación de activos financieros, como los ahorros, inversiones o seguros.10

Para 2008, los datos de la ESEDEM revelan que en nueve de cada diez hogares con adultos mayores en el Estado de México alguna persona residente del mismo era propietaria de la vivienda, lo que denota la importancia de este bien. El porcentaje de posesión de la vivienda es ligeramente mayor en las localidades rurales y en aquellos hogares con adultos mayores varones. Sobre la distribución de los bienes, en el diagrama 1 se aprecia que es más significativa la proporción de población rural que no cuenta con ningún bien o que sólo es propietaria de su vivienda. En el ámbito urbano es donde se presenta la mayor acumulación de bienes materiales, toda vez que tanto la posesión de un vehículo como de otros bienes se presenta más elevada, razón por la cual se observan mayores porcentajes en las combinaciones que los incluyen, exceptuando la categoría de vivienda y vehículo.

Principales fuentes de ingreso

Si bien es cierto que las distintas fuentes de ingreso se complementan para lograr una cuantía 'aceptable', en general se sabe que la aparición de unas puede depender de la ausencia de otras —el trabajo y los apoyos por ejemplo, aparecen mayormente ante la falta de pensiones— o como respuesta a las desventajas individuales y del hogar. Para tener una primera visión de la importancia relativa que tiene cada una de las fuentes, se analizarán las combinaciones existentes entre ingresos por trabajo, por pensión y por apoyos en relación a cuatro de las principales variables diferenciadoras. Cuando observamos la distribución por sexo (gráfica 3) es claro que para los hombres todas las combinaciones que incluyen trabajo y pensiones son mucho más significativas que para las mujeres, las cuales dependen principalmente de las transferencias o apoyos. Una cuarta parte de las féminas carecen de todo ingreso, mientras que sólo nueve por ciento de los varones enfrenta este grado de desprotección económica.

En la gráfica 4 podemos observar que el grupo más joven (60 a 69 años) es el que en mayor proporción carece de todo tipo de ingreso, esto quizá se relaciona con su mayor dependencia de las fuentes formales de ingreso y con la poca oferta que estas mismas presentan como reflejo de la crisis económica por la que atraviesa México, o porque a la edad en la que pudieron haber ingresado al mercado laboral el sistema de pensiones tuvo menos capacidad de brindarles cobertura. Se confirma que el trabajo tiene una relación inversa con la edad, y los apoyos presentan una relación directa con la misma. Para el grupo de 70 a 79 años, el trabajo se complementa de manera muy importante con los apoyos. En general, la combinación de trabajo con pensiones es la fuente de ingreso de menor importancia.

Distinguiendo por localidad de residencia (gráfica 5), en el ámbito urbano hay casi tres veces más adultos mayores que carecen de ingresos. Tanto el trabajo como las pensiones (de manera individual y también de manera conjunta) tienen mayor aparición en las localidades urbanas, esto no quiere decir que el trabajo no sea tan importante en las zonas rurales como en las urbanas, al contrario, sólo que se combina de una manera muy importante con los apoyos, que son una fuente de ingreso predominantemente rural.

El nivel de escolaridad tiene gran impacto sobre las fuentes de ingreso a las que se puede acceder. Se observa que a mayor nivel de estudios los ingresos por trabajo y por pensión son más relevantes. Los apoyos cubren a los subgrupos con mayores desventajas educacionales, quizá porque son los más desprotegidos al tener una limitada capacidad de conseguir empleos mejor pagados o empleos formales en los cuales puedan tener acceso a una pensión (gráfica 6).

 

Conformación de la seguridad económica

En los apartados previos hemos podido observar que las fuentes de ingreso a la que tienen acceso los adultos mayores mexiquenses son distintas en función de su perfil sociodemográfico, cada fuente, o conjunto de ellas, tiene una presencia diferenciada como respuesta de la heterogeneidad de la población. A continuación y de acuerdo con el objetivo principal de este estudio, se pretende saber de qué manera se relacionan las características individuales y del hogar con los grupos que se conforman a partir de las fuentes de ingreso y la tenencia de bienes.

Técnica, variables y consideraciones metodológicas

Con la finalidad de formar grupos homogéneos de casos (personas adultas mayores) en términos de sus fuentes de seguridad económica, se ha optado por utilizar un análisis de cluster, cuya finalidad es agrupar casos similares que permitan tener mínimas diferencias al interior del grupo, haciendo los grupos lo más desiguales que se pueda entre ellos. Existen dos grandes tipos de análisis de cluster: aquéllos que llevan a cabo una única clasificación de los datos en un número determinado de conglomerados previamente configurados por el investigador, conocidos como 'no jerárquicos', y aquéllos que integran grupos con estructura en forma de árbol, de tal manera que niveles más bajos van siendo englobados en otros niveles superiores, denominados 'jerárquicos' (Levy y Varela, 2003; Pérez, 2001). Aquí se utilizará un análisis de cluster jerárquico, toda vez que, por un lado, no se conoce de antemano el número de agrupaciones que se formarán, y con esta técnica se generan múltiples soluciones a evaluar; por lo que la naturaleza de las variables se ajusta más a este tipo de procedimiento.

Dado que es de nuestro interés conocer las distintas conformaciones de seguridad económica en el Estado de México, las variables tomadas en cuenta para la formación de los grupos son precisamente las que por definición conforman el concepto de seguridad económica, y que se han venido manejando en las secciones previas de este artículo (pensiones, trabajo, apoyos sociales y bienes). Debe tenerse en mente que aunque el análisis previo de las variables mostró asociación entre algunas de ellas —lo cual resultaba completamente previsible—, ésta ha mostrado ser mínima en casi todas las combinaciones (cuadro 4).

Cuando se trabaja con análisis de cluster nos encontramos con una inmensa variedad de métodos y distancias que pueden ser aplicadas. Es difícil y hasta cierto punto arriesgado establecer cuál de todas estas combinaciones arroja mejores resultados y cuál es el criterio más adecuado para definir dicha combinación. Lo cierto es que estas decisiones mucho tienen que ver con los fines particulares de cada estudio, así como con la naturaleza de las variables e, incluso, con los fundamentos teóricos y conocimientos previos que el investigador posea del tema. En este estudio, siendo las variables de tipo categórico,11 la búsqueda del par más cercano se ha hecho bajo la distancia phi cuadrada, dicha medida de disimilaridad es una de las dos opciones con las que se cuenta en el programa SPSS —paquete estadístico utilizado en el análisis— en el trabajo con variables categóricas, y cuyo valor no depende del tamaño muestral. Acerca de la elección del método se ha optado por el intragrupos, método que considera la distancia promedio al interior de los grupos, mostrando la ventaja de examinar tanto los pares más lejanos como los más cercanos.

 

Resultados

La elección de la mejor solución se concreta al elegir el número de clusters que mejor representen tanto la diversidad como la similitud en la población de estudio. Para tomar dicha decisión se utilizó en primera instancia la regla de parada, basada en los cambios del coeficiente de conglomeración. Bajo este criterio se formaron cinco clusters que en análisis posteriores mostraron ser un resultado adecuado. Dicha comprobación de fiabilidad consistió en la aplicación de distintas combinaciones de medidas y métodos que confirmaron el número de grupos obtenidos, así como en un análisis de significación estadística por medio de la prueba F, la cual demostró que, bajo esta solución, todas las variables resultan realmente efectivas en la identificación de los clusters.12 Además, se pudo observar que la dispersión en los grupos sobre cada variable se mantuvo baja, aun en aquellos grupos con mayor número de casos.

Para determinar si, en efecto, nuestros grupos contaban con perfiles diferenciados, procedimos a examinar las medias de las variables de obtención de los conglomerados (gráfica 7). Dicho examen permitió etiquetar los grupos de la siguiente manera:

• Cluster 1: dependiente de los apoyos y con mala situación de bienes.

• Cluster 2: con apoyos moderados y buena situación de bienes.

• Cluster 3: con ingresos por trabajo, poca presencia de pensiones y con buena situación de bienes.

• Cluster 4: dependiente de las pensiones, con poca presencia de apoyos y muy buena situación de bienes.

• Cluster 5: dependiente del trabajo y apoyos con situación regular de bienes.

De manera más detallada podemos observar que los grupos uno y dos carecen prácticamente de ingresos por trabajo13 y por pensión, sin embargo mientras que el grupo uno presenta una gran dependencia de los apoyos sociales, en el dos, más de la mitad de los integrantes no reciben ayuda. Quizá esta diferencia se debe a su situación de tenencia de bienes, ya que el grupo uno presenta el peor panorama de los cinco grupos, en contraste con el grupo dos, donde 96 por ciento de los integrantes son dueños de sus viviendas. Cabe destacar que estos grupos son los más numerosos, por lo que resulta preocupante que gran parte de la población adulta mayor enfrente esta ausencia de fuentes de ingreso (cuadro 5).

En los grupos tres y cinco, 100 por ciento de los integrantes trabajan, pero hay una situación diferenciada en cuanto a las demás fuentes de ingreso. En el grupo tres hay una baja proporción de adultos mayores que reciben pensión (casi dos de cada 10) pero prácticamente no se cuenta con apoyo ni de familiares ni de programas de gobierno, mientras que en el grupo cinco no se cuenta con el beneficio de una pensión, pero todos los integrantes cuentan con apoyos. La tenencia de bienes es similar en ambos grupos, así como el número de miembros de cada grupo (cuadro 5).

Por último, el grupo cuatro quizá sea el que presenta la mejor situación de manera general y por ello resulta ser el menos numeroso, 100 por ciento de sus integrantes no trabajan pero todos reciben una pensión, hay una proporción importante que no recibe apoyos (casi ocho de cada 10) pero de los que lo hacen, éste es predominantemente familiar. Es el grupo que presenta la mayor acumulación de otros bienes además de contar con la vivienda.

Influencia del perfil socio demográfico en la conformación de la seguridad económica

De manera general podríamos decir que el grupo uno presenta una de las situaciones más desfavorables en cuanto a sus fuentes de seguridad económica. Al estudiar las características de las personas que conforman este cluster podemos comprobar que un cúmulo de desventajas se asocia con este peor posicionamiento. Concordantemente con lo que se ha presentando, este grupo que es dependiente de los apoyos y que tiene una mala situación de bienes se conforma principalmente por mujeres, tiene una alta presencia de personas en los grupos de 70 a 79 años y de 80 y más; asimismo, es el que mayor porcentaje concentra de personas viudas, que principalmente habitan en el ámbito rural. Dentro de las desventajas que experimenta se observa un alto grado de analfabetismo y el mayor porcentaje de personas sin instrucción; además, es el segundo grupo con mayor presencia de hablantes de lengua indígena. El perfil de las personas del grupo cinco es muy similar, salvo que por ser un grupo que también depende del trabajo, se conforma mayoritariamente por hombres y tiene una mayor presencia de personas de 60 a 69 años que el grupo uno, por esto el nivel de viudez en el grupo también es menor. Destaca el hecho de que estos dos grupos tienen más presencia de hogares unipersonales que los demás, y es en ellos donde los adultos mayores declaran haber tenido mayor número de hijos (cuadro 6).

Por su parte, el grupo dos, que también se centra en la recepción de apoyos, aunque presenta un poco más de mujeres que el grupo uno, tiene menos presencia de viudez y un poco más de personas solteras y divorciadas. Sigue concentrando un número importante de las personas en edades más avanzadas, por lo cual los niveles de escolaridad siguen siendo bajos y sus niveles de analfabetismo son los terceros más altos.

Los grupos tres y cuatro se pueden considerar como los más autosuficientes económicamente, ya que son los que menos dependen de los apoyos, y donde se concentran los adultos mayores que reciben pensión. Podemos observar que el trabajo y las pensiones sin duda tienen una conexión con el género, ya que son justo estos dos grupos los que tienen un perfil masculino principalmente. Respecto al grupo tres, destaca que tiene la mayor presencia de personas entre 60 y 69 años de entre todos los grupos, por lo que se puede considerar el cluster más joven. Su situación de escolaridad y analfabetismo comienza a verse menos severa, a pesar de que la población integrante es tanto rural como urbana.

Por último, el grupo cuatro está integrado casi en su totalidad por adultos mayores urbanos, alfabetos y no hablantes de lengua indígena. Más de 60 por ciento son hombres y en promedio es el segundo grupo más envejecido. También resulta ser el grupo más escolarizado y donde se tuvieron menos hijos. Destaca que en este grupo hay menos presencia de hogares nucleares y mayor aparición de hogares ampliados y compuestos con respecto a los demás clusters, pero los adultos mayores fungen como jefes de hogar en poco más de ocho de cada 10 casos (cuadro 6).

 

Conclusiones

De manera general, al estudiar las distintas fuentes de ingreso —por separado y en su conjunto mediante la construcción de los clusters— es posible comprobar que hay características, principalmente del perfil individual, que se asocian con una posición desventajosa en la configuración de la seguridad económica de los adultos mayores. Hay una clara relación entre el acceso a pensiones y la localidad de residencia, entre permanecer activo en el mercado laboral y la edad, entre acceder a apoyos y ser hombre o mujer.

El ingreso asalariado parece estar disminuyendo y los montos obtenidos por trabajo son aún menores que los derivados de las pensiones (especialmente en el ámbito rural), a pesar de que los adultos mayores trabajan jornadas completas. La cobertura de los sistemas de pensiones resulta poco menor a 16 por ciento y es notoriamente desigual, con ventajas para quienes residen en localidades urbanas y quienes son varones. Dado que tanto la cobertura como los beneficios del trabajo asalariado y las pensiones se perciben muy limitados, es comprensible que no haya ningún cluster que dependa exclusivamente de los ingresos por trabajo o por pensión, y más bien aparecen conjuntamente o se complementan con los apoyos.

Dichos apoyos demuestran su importancia en la conformación de la seguridad económica de los adultos mayores mexiquenses al figurar —en mayor o menor medida— en los cinco clusters establecidos. Los tres grupos dependientes de los apoyos (uno, dos y cinco) presentan una mayor proporción de mujeres y de población rural, así como los mayores grados de analfabetismo, los menores niveles de escolaridad y la mayor cantidad de hijos nacidos vivos. En estos resultados destacan dos situaciones: en primer lugar, los apoyos cubren justamente a los adultos mayores que presentan mayores rezagos educacionales, así como características que pueden percibirse como desventajosas o que se asocian con mayores niveles de exclusión (como ser indígena, ser mujer o habitar en el ámbito rural), y seguidamente, estas mismas desventajas se vinculan con la ausencia de ingresos por trabajo y especialmente por pensión. Dicho de otra manera, el acceso a pensiones y oportunidades para emplearse se relaciona con atributos más ventajosos.

Con respecto a la tenencia de la vivienda, no parece haber mayores contrastes cuando se diferencia por sexo, localidad, edad, estado civil, nivel de escolaridad o condición de habla de lengua indígena; sin embargo, con respecto al equipamiento de la vivienda, se da mayor acumulación de bienes entre los residentes del medio urbano, entre quienes tienen mayor nivel de escolaridad o cuando no se es hablante de lengua indígena. Es justamente el equipamiento de la vivienda lo que más varía en los clusters cuando se considera el aspecto de los bienes. Así, los grupos que mejor y peor situación de bienes presentan respectivamente son el cuatro y el uno.

En resumen, bajo la conformación de los conglomerados y el análisis del perfil de las personas que los integran, queda claro que no se puede hablar de una construcción general de seguridad económica, ya que ésta se estructura bajo distintas fuentes, dependiendo del perfil de la población. Además, se ha podido comprobar que las desventajas experimentadas a lo largo de la vida para acceder a distintas fuentes de ingreso son las mismas que condicionan la conformación de la seguridad económica en la etapa de la vejez.

Sin duda hay que reflexionar sobre la importancia de los apoyos sociales en la construcción de la seguridad económica de la población adulta mayor mexiquense, toda vez que gran parte de las personas con 60 años y más en la entidad carecen de otras fuentes de ingresos. En este sentido habrá que cuestionar si en un futuro los apoyos podrán seguir figurando como el pilar más importante de la seguridad económica, toda vez que la relación entre adultos mayores y potenciales ayudadores va en descenso, debido a la caída de la fecundidad que repercute en familias más pequeñas, y toda vez que las transformaciones macro impactan la composición de los hogares y las pautas generales de unión y reproducción. Tampoco debe perderse de vista que las capacidades de las familias y de las instituciones que otorgan las ayudas son limitadas, y que más allá de ser una real muestra de apoyo solidario, también es una situación preocupante, pues los apoyos están restringidos a la propia situación económica de la persona que los otorga (en el caso de ser apoyo informal) o de los recursos destinados por los gobiernos (en el caso de los apoyos institucionales), por lo cual se puede decir que no están garantizados.

Es necesario que se comiencen a generar estrategias que garanticen el acceso al trabajo digno y remunerado, y consecuentemente, a los sistemas de pensión de la población que en la actualidad aún no llega a la etapa de la vejez; toda vez que, si se sigue como hasta ahora, la dependencia económica en los apoyos sociales puede agravar los problemas de pobreza en esta etapa de la vida. Además, toda vez que se ha planteado el escenario de la seguridad económica actual de la población adulta mayor mexiquense, esto puede servir como una prospección del problema económico que enfrentan los adultos mayores. Un buen ejercicio posterior sería indagar cuál será el escenario futuro mediante el uso de proyecciones, tanto de población (diferenciando características sociodemográficas), como de propiedad de vivienda, tasas de participación y cobertura de pensiones, entre otras variables significativas.

 

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Notas

* La autora agradece el apoyo brindado por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México y, en especial, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Población. Este artículo se elaboró durante el desarrollo del proyecto de investigación "Diagnóstico Integral de la Situación Actual del Envejecimiento Demográfico en el Estado de México", bajo la dirección del Dr. Jaciel Montoya Arce.

1 En este trabajo se entenderá por 'adulto mayor' toda persona con 60 años o más, en función del criterio cronológico adoptado en las distintas legislaciones de los países latinoamericanos.

2 En términos operativos, no existe ningún índice que nos permita establecer rangos o categorías de seguridad económica.

3 Todos los datos que se presentan en este trabajo fueron obtenidos de la base pegada que concentra los datos tanto de la base de hogar como de la base individual de la ESEDEM 2008. Por dicha razón se presentan sin factor de expansión, por lo que debe tenerse en cuenta que la interpretación hace referencia sólo a los hogares con al menos un adulto mayor en muestra.

4 Dado que la vivienda estará entendida como el espacio físico de desarrollo del hogar, los bienes que pertenecen a este primer ámbito, también pertenecen al hogar y por tanto a sus integrantes.

5 Se ha utilizado el IDS de 60+ para medir el nivel de desarrollo, ya que dentro de sus componentes maneja datos sobre la proporción de personas de 60 años y más que tienen una jubilación o pensión, entre la población total menos la PEA con seguridad social, y además considera que una mujer que está casada con un pensionado también tiene derecho a pensión. El indicador varía de cero a uno. El valor de cero indica que ningún residente de la entidad federativa o municipio, del sexo y grupo de edad específico, ha alcanzado los logros en materia de salud, educación, trabajo, protección social, nivel de vida y calidad de la vivienda, considerados para la construcción del índice. Por el contrario, el valor unitario refleja que todos los residentes de la unidad territorial gozan cabalmente de esos logros (Conapo, 2003). Para fines de la presentación de los datos, el IDS de 60+ se ha convertido a una escala de –0.5 a 0.5 en la cual las categorías han sido delimitadas bajo los siguientes rangos: Muy alto (de 0.375 a 0.5) Alto (de 0.25 a 0.374) Medio (de 0.125 a 0.24) Bajo (de cero a 0.124) Muy bajo (menos de cero).

6 Se consideran las pensiones de retiro, vejez, cesantía, viudez, invalidez, accidente, ascendencia, jubilación y otras. El dato que presenta la ESEDEM 2008 es menor en cuatro puntos porcentuales respecto al presentado en la gráfica 2, para esto debe tomarse en cuenta que el dato de la gráfica corresponde al año 2000, por lo que la variación, sin duda, se debe a que son datos obtenidos en distintos puntos del tiempo.

7 Los ingresos promedio por pensión y por trabajo mencionados a lo largo de esta investigación corresponden a los obtenidos entre los meses de junio y agosto de 2008.

8 En conjunto, los apoyos institucionales y los apoyos familiares —corresidentes o no— forman lo que se denomina apoyos sociales. Suele usarse igualmente el término de apoyos informales para denominar a aquellos que brinda la familia, sólo que los apoyos informales también pueden ser otorgados por personas no familiares que tienen una estrecha relación con el adulto mayor (Montes de Oca, 1999: 293).

9 'Otros bienes' incluyen: radio o radiograbadora, televisión, videocasetera o DVD, licuadora refrigerador, lavadora, teléfono, calentador de agua y computadora. Tanto el vehículo como los otros bienes sólo son considerados si es que éstos funcionan.

10 Ahondar en la información sobre el tipo y el valor neto de los bienes da una idea mucho más completa de la posición económica de los adultos mayores, pero sin duda es difícil establecer el valor de intercambio (valor neto) de cada bien y, por consecuencia, la riqueza total del hogar.

11 Las variables sobre pensiones, apoyos sociales y bienes fueron construidas en una escala de medida ordinal donde las categorías se pueden comparar como 'mayor que', para denotar que una es preferible sobre la otra.

12 Dado que el análisis se aplicó sobre una muestra de 2 406 adultos mayores mexiquenses, basar —o al menos comprobar— la selección del número de clusters en el análisis del dendograma fue prácticamente imposible.

13 Durante la construcción del modelo se considera que todo aquél que trabaja recibe ingresos por esta actividad, ya que el análisis previo de los datos mostró que hasta aquellos que afirmaron no recibir pago por su trabajo, sí recibían una retribución en especie o para autoconsumo.

 

Información sobre el autor(a)

Mariana Madrigal–Martinez. Egresada de la licenciatura en Actuaría Financiera por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado como becaria en proyectos de investigación relacionados con la población adulta mayor en el Estado de México. Sus intereses de investigación giran en torno a los temas de envejecimiento, mercado de trabajo y género.