2.1. Estado actual de la enseñanza en Ciencias de la Tierra en México y presencia de la geoética en los programas de estudio

La enseñanza en Ciencias de la Tierra dentro de la educación superior de México se lleva a cabo en numerosos centros universitarios en forma de programas de licenciatura que son temáticamente muy diversos. Estos abarcan áreas de estudio de tipo general hasta campos de alta especificidad: Ingeniería Geológica (o en Geociencias), Ingeniería Geofísica, Ingeniería Petrolera (o del Petróleo), Geología (o Geociencias o Ciencias de la Tierra), Ingeniería Geológica Ambiental, Ingeniería de Minas (y Metalurgia), Ingeniería Ambiental, disciplinas dentro de la Hidrogeología o la Edafología, Ingeniería Topográfica, Geomática o Geodésica, etc. (Tabla A1). Asimismo, recientemente se anunció la impartición de la nueva carrera de Ingeniería en Mineralogía en el Tecnológico Nacional de México², aunque a la fecha no se conoce en cuántos institutos tecnológicos se impartirá la carrera ni cuándo se va a dar inicio a la misma. En este análisis se obvian las licenciaturas en Geografía, pues esta disciplina en México se cuenta dentro las Humanidades y sólo se incluyen las variantes más técnicas o ingenieriles asociadas a esta, con todo y la gradación existente en los contenidos temáticos de planes de estudios relativamente afines.

La enseñanza de las licenciaturas analizadas en este trabajo se imparte en 25 de las 32 entidades federativas de México (Figura 1), mayoritariamente en instituciones públicas (con las excepciones de la USL y la UVM). Las disciplinas consideradas como parte de las Ingenierías dominan el panorama educativo en Ciencias de la Tierra de México (83 de 96 planes de estudio de licenciatura, o un 86.5%). Esta es una característica compartida con el Perú, lo cual contrasta con otros países latinoamericanos, como Argentina o Chile, en que la enseñanza en Geología se imparte habitualmente como Ciencia y no como Ingeniería (^{Villacorta et al., 2024}).

Figura 1. Instituciones de educación superior en México con programas docentes oficiales de licenciatura o postgrado en Ciencias de la Tierra, y su distribución geográfica por estado (parcialmente reelaborado de ^{Villacorta et al., 2024}). 

Entre los que fueron analizados, sólo existe un plan de estudio o programa docente en licenciatura o postgrado en México, que incluye una asignatura bajo el epígrafe de geoética, en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Asimismo, existe una asignatura en un programa de licenciatura en la UABCS cuyo contenido es análogo a los principios de la geoética (sin mencionarla como tal), una en la UNAM relativa a bioética, ecoética y zooética, y otra de ética ambiental en la UAEM y la UMSNH. Sin embargo, más del 57% de los programas de licenciatura que fueron objeto de análisis incluyen asignaturas cuyas denominaciones denotan un contenido en ética deontológica. El gran total de asignaturas en programas de licenciatura en México relativos a la ética profesional es de 59%. Dichas características se reproducen a escala continental. Efectivamente, ^{Villacorta et al. (2024}) reportan la ausencia generalizada de la geoética en los programas docentes en licenciaturas en países representativos de América Latina, además de un desconocimiento general sobre cualquier tipo de investigación formal en el tema. En México, por ejemplo, se obtuvo el mayor porcentaje, entre los países analizados (^{Villacorta et al., 2024}), de encuestados que reconocen (1) la falta de entrenamiento adecuado en el área de la geoética de los docentes, y (2) que la falta de docencia en geoética es profesionalmente inconveniente (en ambos casos, con un 82%).

Todas las instituciones confederadas en el sistema del Tecnológico Nacional de México (TNM) incluyen la asignatura de ética en forma de taller dentro de las licenciaturas en Ciencias de la Tierra. Notablemente, el sistema del TNM abarca casi un tercio (32.2%) del total de la oferta nacional de enseñanza en Ciencias de la Tierra, a nivel de licenciatura. La distribución de las 28 instituciones en el sistema del TNM que imparten licenciaturas en Ciencias de la Tierra y afines denota su vocación profesionalizante, pues estas se ubican preferencialmente en estados de gran tradición petrolera (Tabasco, Tamaulipas, Veracruz) o minera (Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Zacatecas) y, por consiguiente, con una gran demanda laboral dentro de las licenciaturas de las ingenierías Geológica, Petrolera o de Minas. La marcada vocación hacia el sector productivo de estas instituciones queda patente por el hecho de que una sola dependencia del TNM imparte estudios de postgrado en Ciencias de la Tierra.

En contraste con los programas de licenciatura, los programas de postgrado en disciplinas dentro de las Ciencias de la Tierra existentes en México tienden hacia una formación con una orientación más de carácter científico que ingenieril, independientemente de su enfoque hacia Ciencias básicas o aplicadas. Ninguno de los 37 programas de postgrado que se pudieron analizar (mayormente, de maestría) incluye materias claramente etiquetadas como relativas a la ética, y sólo uno de ellos incluye en su programa docente una sección sobre ética de los documentos científicos. Como es obvio, ello también contrasta fuertemente con la composición de los programas de licenciatura analizados. Sin embargo, es preciso hacer notar que, a diferencia de los de licenciatura, muchos programas de postgrado no transparentan su plan docente, por lo que no se dispone de información suficiente para afirmar categóricamente la ausencia de asignaturas de carácter ético.

Por tanto, en conjunto, no se detectó ningún tipo de iniciativa en el campo de la Geoética en programas docentes oficiales de instituciones de educación superior mexicanas a ningún nivel, pero, además, este campo parece estar ausente también a nivel de la vida académica general. Tales carencias contrastan con el hecho que la ética deontológica y la integridad profesional son conceptos invocados de forma muy recurrente a nivel institucional, tanto en entidades públicas como privadas, y tanto dentro del campo de la educación y la investigación científica como por parte de agentes gubernamentales o corporativos. Sin embargo, la falta de acciones concretas relativas al avance de la ética, siquiera a nivel deontológico o inespecífico, denotan que el ámbito de los llamados a la ética o a la integridad profesional tienden más a lo retórico o políticamente correcto que a lo efectivo o resolutivo. Esta carencia se vuelve aún más crítica si se considera que la educación geoambiental constituye un vehículo clave para la transmisión de los principios geoéticos, tal como proponen autores como ^{Koupatsiaris y Drinia (2024}) o ^{Lacreu (2024}), quienes subrayan que la geoeducación debe vincularse a la sostenibilidad, la justicia ambiental y la alfabetización ética de los futuros profesionales

2.2. Acciones en México en consonancia con los principios geoéticos

Este estudio es ampliado a partir de ^{Villacorta et al. (2024}). Hasta el momento, no se han logrado identificar acciones específicas en México evidentes en el dominio público bajo la denominación de la geoética. Tampoco hemos podido encontrar evidencias sobre iniciativas fomentadas por los representantes nacionales para México de las principales asociaciones internacionales en esta área -International Association for Promoting Geoethics (IAPG) e International Association for Geoethics (IAGETH). Las excepciones a ello son algunas presentaciones en congresos científicos nacionales. Por otro lado, a la fecha, la Unión Geofísica Mexicana es la única organización o sociedad profesional o científica mexicana que ha suscrito la Declaración de Ciudad del Cabo sobre Geoética³.

Sin embargo, desde hace varias décadas ha habido instituciones que (1) han llevado a cabo el monitoreo de peligros geológicos o sísmicos e informan puntualmente de dichos eventos, (2) han llevado a cabo tareas de asistencia preventiva y paliativa directa a la población afectada por o potencialmente vulnerable a desastres naturales, (3) han logrado desarrollar vínculos sólidos con la sociedad civil mediante la socialización del conocimiento pertinente, y (4) han ostentado un papel decisivo en la toma de decisiones y políticas preventivas y paliativas. Tal es el caso del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED⁴), integrado hoy día en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y del Servicio Sismológico Nacional (SSN⁵), adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El SSN, además de llevar a cabo tareas permanentes de diseminación del conocimiento científico en su área, por diversos medios y métodos, tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de una red de estaciones sismológicas, y la publicación de información precisa y de forma continua de todos los eventos sísmicos registrados, así como de la interpretación de estos. Incluso el Ejército Mexicano y la Marina Nacional tienen la encomienda oficial de asistir a la población y a mantener las comunicaciones e infraestructura necesarias ante desastres naturales, a través del plan DN-III-E⁶ o el Plan Marina⁷. Por lo tanto, existen ya instancias del Gobierno Federal (CENAPRED, Ejército y Marina) o con fuertes nexos con este (SSN) con los que pueden establecerse nexos a partir de otros actores sociales o académicos bajo la guía de los principios geoéticos.

El Instituto de Geología de la UNAM creó el Servicio Geológico Metropolitano (SGM) en 1999, con los objetivos de categorizar los peligros geológicos en el área metropolitana de la Ciudad de México y crear conciencia de estos tanto a nivel social como gubernamental. El SGM fue una piedra angular en la reflexión sobre la geoética y sus implicaciones en el quehacer geocientífico, pero, desafortunadamente, fue cerrado en 2009 al cesar todo apoyo económico del gobierno local. Durante el periodo 2011-2018, el Instituto de Geología de la UNAM llevó a cabo numerosas iniciativas de carácter social y circunscritas a los principios de la geoética. Tales fueron los casos, por ejemplo, de diversos estudios geoforenses que contribuyeron a entender y paliar diversos eventos catastróficos (Tabla 1). Sin embargo, iniciativas de este tipo en la administración subsiguiente de la dependencia han sido muy escasas.

La UNAM también alberga los llamados “programas universitarios” especializados en agua, suelos, estudios urbanos, y cambio climático, entre otros. Estos programas tienen teóricamente como objetivo, entre otros, estimular la interacción entre la academia y la sociedad, así como una retroalimentación positiva entre estos agentes y los gubernamentales, aunque la incidencia visible de estos es muy desigual. Por ejemplo, el Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC⁸) presenta una actividad alta y bien documentada en promover la conciencia social y la formulación de políticas a escala federal y local. Además, el PINCC constituye la contraparte en México del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC⁹). Asimismo, la existencia del Programa Universitario de Bioética¹⁰ y el énfasis generalizado de la bioética, la ecoética y la zooética en la enseñanza universitaria, cuya necesidad ya nadie cuestiona, ponen de manifiesto que no hay razón para postergar la adopción de la geoética en la vida académica.

Otras instituciones han llevado a cabo iniciativas en su área de conocimiento específica, como las relativas a la gestión de bosques y agua o almacenamiento de carbono por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP; ^{Flores-Garnica, 2021}), pero se desconoce el impacto de dichas acciones. También existen nuevos modelos educativos en que se analizan a nivel de pregrado las causas, consecuencias y soluciones al cambio climático, que pueden circunscribirse a las perspectivas que aborda la geoética -caso del Instituto Tecnológico de Monterrey (^{Clarke-Crespo et al., 2021}). Además, aunque no explícitamente ligado a la sensibilización geoética, se estima que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goal, SDG) número 13 de las Naciones Unidas¹¹ ha ejercido un impacto social relevante en la educación superior de México (^{Munguía et al., 2023}). Ello, con respecto a la concienciación del hecho que el cambio climático es de origen antropogénico, y es esperable que dicha conciencia sea instrumental en la implementación de nuevas políticas tendientes a la sostenibilidad de las actividades humanas.

En resumen, los y las profesionales en Ciencias de la Tierra pueden ostentar un papel activo y positivo en la toma de decisiones y, en cuanto a su responsabilidad social bajo los principios de la geoética que, aun sin emplearse este término, ya se circunscriben al medio conceptual de esta. Sin embargo, las iniciativas que se han llevado a cabo hasta el momento han constituido en general esfuerzos aislados o fragmentarios, y con poco o nulo apoyo institucional (^{Villacorta et al., 2024}). Las acciones más notorias desde el medio académico han partido de la UNAM, lo cual es esperable por su implantación nacional y por ser una de las instituciones académicas y de enseñanza de mayor tamaño en México. A pesar de las numerosas dependencias que la integran y de su compleja organización, todavía no existe aún ningún organismo en la UNAM que atienda de forma directa e integral los peligros y riesgos geológicos, los asociados a la gestión y ordenamiento del territorio, y los asociados a sus recursos naturales. Las interrelaciones de los problemas y peligros relacionados con la configuración geológica y social de México hacen recomendable una mayor implicación institucional de la UNAM en la gestión de estos mediante un enfoque ético propio de las Ciencias de la Tierra, además de una formación profesional y técnica adecuada para abordar óptimamente tal complejidad.

Dicha gestión, en asociación con instituciones gubernamentales, debiera de abarcar las necesidades de asistencia y de acceso a la información adecuada, en favor de un desarrollo sustentable. Con todo, la responsabilidad no debe de recaer en una sola institución, sino ser compartida entre todas las instituciones mexicanas de educación superior. Ahora bien, las características especiales de la UNAM en el panorama universitario mexicano -en su calidad de mega-universidad, con una implantación nacional, y que a menudo se toma como modelo por otras instituciones mexicanas de educación superior en cuanto a tendencias educativas- la erigen como una de las candidatas ideales para iniciar una política institucional en el fomento de la geoética y sus principios. Aun con una implantación menor a nivel nacional, ese sería también el caso del IPN. Sin embargo, una institución que puede ejercer de forma muy rápida y efectiva ese papel pionero en el ámbito docente es el TNM, debido a que ya se imparte una asignatura de Ética en todas las carreras en Ciencias de la Tierra de los institutos tecnológicos confederados en este -31 carreras en 27 institutos, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas (Tabla A1). El cambio de la asignatura de ética a geoética sería relativamente simple por sólo requerir una mínima adaptación temática y estratégica, además de contar ya con profesorado experimentado en el área de conocimiento. En aras de no continuar la fragmentación de esfuerzos y la escasa inercia social que ello conlleva, lo ideal sería que TNM, UNAM e IPN colaboraran en la promoción y la implantación docente de la geoética a nivel nacional. Con todo, no basta con introducir una materia de geoética en los programas docentes universitarios, sino que las asignaturas correspondientes a cada campo de conocimiento susceptible de enfrentar dilemas geoéticos debieran de incluir en su programa consideraciones éticas y la implementación, a tal efecto, de herramientas de diálogo aplicables al desarrollo docente (^{Villacorta et al., 2023}).

También es preciso resaltar la labor llevada a cabo en los dos Geoparques Mundiales de la UNESCO (GMU) en México: el de la Comarca Minera en Hidalgo y el de la Mixteca Alta en Oaxaca¹², en cuya designación en 2017 intervinieron diversas dependencias de la UNAM, entre otras instituciones. Aun siendo su designación todavía relativamente reciente, se ha analizado la vertiente geoturística de estos geoparques, además de muy diversos aspectos de índole social y de la interacción humana sustentable con el patrimonio natural, histórico y artístico (e.g., ^{López, 2020}; ^{García-Sánchez et al., 2021}; ^{Mora Chaparro y Ruiz Pelcastre, 2021}; ^{Palacio-Prieto et al., 2021}). Sin embargo, también sería de alto interés evaluar el impacto que han tenido estos en los diversos niveles de la educación. Asimismo, atendiendo a la riqueza geológica y biológica de México, y a su igualmente vasto patrimonio histórico, cultural y artístico, cabría esperar que hubiera más iniciativas conducentes a la consecución de GMU, multiplicando así acciones educativas y de concienciación potencialmente dentro del terreno de la Geoética. También ha habido intentos no fructíferos, propuestas oficiales en curso a la UNESCO o aún en desarrollo sobre El Oro-Tlalpujahua entre Michoacán y el Estado de México, entre Cañones (incluyendo el Cañón del Sumidero) en Chiapas, el volcán Tacaná en Chiapas (conjunto con Guatemala), el volcán Chichonal en Chiapas, el Bosque de La Primavera y la Región de Los Valles en Jalisco, El Pinacate en Sonora, la Huasteca Potosina en San Luis Potosí¹³, el Triángulo Sagrado en Querétaro¹⁴, Rutas del Agua en Aguascalientes¹⁵, Frontera Tierra Adentro en Guanajuato¹⁶, el volcán Paricutín en Michoacán, San Juan Raya-Tehuacán en Puebla, Múzquiz en Coahuila, las Barrancas del Cobre en Chihuahua¹⁷, las Grutas de Cacahuamilpa en Morelos, o Loreto-Comondú-La Purísima en Baja California Sur (^{Espinosa-Rodríguez, 2017}; ^{Aguirre-Díaz et al., 2021}; ^{Palacio-Prieto et al., 2021}; ^{Suárez-Rodríguez et al., 2021}). Dichos proyectos están promovidos por numerosas instituciones, como la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, o el Servicio Geológico Mexicano, entre otras.

Aun cuando no se hayan puesto en práctica expresamente bajo el cobijo de la geoética, los antecedentes mencionados hasta ahora certifican que existe un grado de madurez suficiente en las instituciones mexicanas educativas y de investigación científica, así como por parte de agentes gubernamentales (al menos, a nivel federal), para llevar a cabo iniciativas de mayor envergadura dentro de esta disciplina. Estimamos que la implantación de la geoética dentro de la oferta educativa en México, tanto en estudios de grado como de postgrado, proveerá de una ruta coherente para el ejercicio profesional en las Ciencias de la Tierra, al grado de llevar a confluir esfuerzos fragmentarios en una auténtica política nacional.

2.3. Medios en México para la publicación de trabajos sobre geoética y temas relacionados

Todavía son escasas las publicaciones editadas en México que han incidido en la geoética y trabajos de investigación que se pueden circunscribir a esta. Es importante que se realicen publicaciones bajo este esquema conceptual a nivel nacional y en la lengua franca de este, a fin de garantizar la máxima difusión de sus contenidos. Sin embargo, no es menos importante la difusión de contenidos en las lenguas autóctonas del país (e.g., ^{Elbjorn-Flores y Núñez-López, 2022}), en apego a los principios de la geoética, que incluye el respeto y fomento de la diversidad en todos sus ámbitos, incluido el lingüístico y cultural. Los contenidos difundidos a nivel nacional o al nivel de las diversas comunidades lingüísticas no representan contribuciones de menor valor intrínseco que las publicaciones internacionales en inglés, sino que son complementarias a estas por dirigirse a públicos distintos. También, la existencia de publicaciones a nivel nacional contribuye a la soberanía editorial de cualquier país, es generalmente independiente de intereses corporativos, y extiende su rango de difusión potencial al total de América Latina. A falta de publicaciones sobre el tema en forma de libros, por ahora existen algunos ejemplos de publicaciones sobre este tema en revistas científicas.

Ese es el caso del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana¹⁸, donde ya se ha abordado específicamente el tema de la geoética (^{Villacorta et al., 2023}). Asimismo, en esta revista se han editado dos números especiales dedicados a Geología Urbana¹⁹, que estuvo promovido por miembros del extinto Servicio Geológico Metropolitano y que entraña el manejo directo de conceptos y principios de la geoética. Igualmente, la mayoría de artículos publicados en otros números temáticos especiales sobre pequeña minería, geología ambiental, o la geología del Valle de México²⁰ se circunscriben a los mismos principios. También es el caso de la revista Enseñanza y Comunicación de las Geociencias²¹, editada desde 2022 por la UNAM bajo el auspicio del Comité de Educación de la International Union of Geological Sciences (COGE/IUGS²²), donde se exploran diversas estrategias para la enseñanza en Ciencias de la Tierra, a niveles de aprendizaje distintos. Otras revistas, como Atmósfera²³ o la Revista Internacional de Contaminación Ambiental²⁴, por su especialidad temática, ya representan en sí mismas una contribución permanente a la consecución de conocimientos directamente utilizables mediante los principios geoéticos.

A partir de 2017, con la designación de la UNESCO de dos geoparques mundiales en Hidalgo y Oaxaca, iniciaron diversas publicaciones sobre aspectos diversos de los mismos, aunque pocas de las que abordan temas relativos a la geoética se encuentran en revistas mexicanas, como Investigaciones Geográficas, Empiria, o Perfiles Latinoamericanos (^{López, 2020}; ^{Orozco-Ramírez et al., 2022}; ^{López y Lorenzen, 2023}). Otras revistas mexicanas de carácter científico y con arbitraje estricto dentro del ámbito de las Ciencias de la Tierra (o ámbitos temáticos contiguos) que pueden ejercer un papel importante en el terreno de la geoética son la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, Geofísica Internacional, Ciencias Marinas, o Paleontología Mexicana. También existe una amplia variedad de revistas multidisciplinarias y en el ámbito de las Humanidades²⁵ en que también pudieran tener cabida temas geoéticos. Tal posibilidad también incluye a revistas de divulgación²⁶, que constituyen el medio en que mayor difusión ha habido hasta el momento en temas de geoética (sin nombrarla), mayormente en temas relativos al cambio climático o a la sostenibilidad²⁷. Sean de divulgación o científicas, el carácter abierto e inclusivo de las revistas mexicanas, que mayoritariamente publican sus contenidos bajo un esquema de acceso abierto completo (o Diamond Open Access) las identifica como medios ideales para la difusión de nuevos paradigmas en la Ciencia, al menos a nivel nacional o regional, incluidos temas relativos a la geoética.

3.1. Industrias extractivas

La minería constituye históricamente una de las principales actividades económicas del país desde la época colonial, mientras que la extracción de petróleo y gas lo es desde la década de 1950. Resulta innegablemente enorme, si bien es muy difícil de cuantificar, el masivo impacto ambiental que las industrias extractivas han ejercido, en grados diversos, a través de la historia, así como las actividades asociadas a estas, de tipo metalúrgico, refinado, transporte, etc. (e.g., ^{de la O-Villanueva et al., 2013}; ^{Hernández-Martínez et al., 2023}; ^{Ochoa-Contreras et al., 2023}). Ello, particularmente, por el hecho que la adopción de leyes y medidas paliativas y de restauración es relativamente reciente. Con todo, existen casos de contaminación natural que es necesario puntualizar, como la fluorosis endémica en México central, asociada a la voluminosa presencia de rocas volcánicas e hipabisales con topacio o fluorita (e.g., ^{González-Partida et al., 2019}; ^{Morales-Arredondo et al., 2023}).

Asimismo, el impacto social y sobre el medio de estas actividades es altamente complejo y de carácter multiescalar, en términos de, por ejemplo, (1) el desplazamiento de mano de obra, (2) los derechos laborales vs. intereses corporativos (e.g., caso de Cananea en Sonora), (3) el problema escurridizo de la pequeña minería (^{González-Sánchez y Camprubí, 2010}) o la minería clandestina (frecuentemente asociada al crimen organizado), (4) la pérdida de flora, fauna, suelo, agua y del paisaje, particularmente en regiones áridas o semiáridas, (5) los abundantes pasivos medioambientales en forma de presas de jales, contaminación del medio acuático o aéreo, tanto en la actividad minera en sí misma como en los procesos de fundición y extracción, (6) el impacto socioeconómico o en la salud humana y del medio en comunidades rurales o indígenas (e.g., ^{Rodríguez, 2013}; ^{Tetreault, 2019}), (7) la pérdida de arraigo o de referentes culturales en muchas de esas comunidades, con lo que ha sido tradicionalmente (8) el régimen de concesiones mineras más permisivo de América Latina (^{Azamar Alonso et al., 2021}). Todo ello es aún más grave bajo la perspectiva histórica y social de cinco siglos de minería. Las operaciones de las empresas mineras o de exploración, además, están en la raíz de numerosos conflictos con las comunidades que se resisten a las actividades extractivas a nivel industrial (e.g., Ixtacamaxtitlán en Puebla). Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), en la actualidad se registran 58 conflictos mineros activos en México²⁸, país líder en este rubro a nivel latinoamericano. Sin embargo, en un periodo de análisis más largo (2006-2019) se identificaron en México casi 900 eventos conflictivos de tipo social y ambiental relacionados con proyectos mineros, de explotación de hidrocarburos, y de recursos eólicos e hidroeléctricos²⁹. Por otro lado, no son pocos los casos en que áreas mineralizadas han constituido el centro de especulación bursátil de las empresas que ostentan las concesiones mineras, particularmente en las bolsas de Vancouver y Toronto (^{Sacher, 2010}; ^{Tetreault, 2013}), o de especulación de cariz político (e.g., El Barqueño en Jalisco; ^{Regalado Santillán, 1991}).

En cuanto las minas operativas cesan su actividad, se generan pueblos “fantasma” o severamente despoblados, y no hay prácticamente vuelta atrás a actividades económicas tradicionales que fueron abandonadas durante los periodos de bonanza minera. Efectivamente, la duración de estos suele abarcar de corto a medio término, pero la existencia de operaciones mineras suele ser altamente disruptiva en la transmisión del conocimiento relativo a actividades económicas tradicionales. A estas, además, suelen estar ligados los referentes culturales comunitarios, incluida la teogonía ancestral de comunidades indígenas. Algunas de las antiguas poblaciones o haciendas mineras constituyen, en la actualidad, atracciones turísticas para visitantes atraídos por la desolación y la decadencia. Tal es el caso de Real de Catorce, en San Luis Potosí, donde, paradójicamente, se hallaron nuevas actividades económicas asociadas a ese atractivo. El Geoparque Mundial de la UNESCO de la Comarca Minera en Hidalgo³⁰, que incluye lo que antaño fue el distrito minero con mayor producción de plata en el mundo (Pachuca-Real del Monte), constituye el esfuerzo más organizado para reconvertir un área minera decaída en una oportunidad para la diseminación de conocimiento geológico y la apreciación del patrimonio histórico y natural. Otros antiguos núcleos mineros, como Mineral de Pozos y Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, Aranzazú del Cobre en Zacatecas, u Ojuela en Durango (Patrimonio Mundial de la UNESCO), se encuentran abandonados o muy severamente despoblados.

Ello refleja que el principio de “pan para hoy, hambre para mañana” destruye comunidades más rápido que las construye. El coste social de la destrucción de comunidades rurales o ciudades pequeñas, o bien cambios drásticos en el paisaje (a menudo, con un importante valor cultural ancestral) no puede ser evaluado con facilidad. Los peligros ambientales asociados a una actividad minera durante más de cinco siglos son frecuentemente soslayados o minimizados. Por ejemplo, la misma ciudad de Pachuca en Hidalgo se asienta en parte sobre antiguos jales mineros muy extensos y constituidos por material de grano fino, que afectan gravemente la calidad del suelo, de los acuíferos y del aire (^{Jonathan et al., 2010}; ^{López-Ramírez y Cuevas-Cardona, 2022}), en una ciudad conocida por su clima ventoso. Desastres masivos asociados a actividades extractivas de minerales o hidrocarburos, como la explosión de gas grisú en la mina de carbón de Pasta de Conchos (Coahuila) del 19 de febrero de 2006, que le costó la vida a 65 trabajadores, el derrame de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre (Cananea) en los ríos Bacanuchi y Sonora del 6 de agosto de 2014 (e.g., ^{Gutiérrez-Ruiz et al., 2022}), o los accidentes en plataformas petroleras del Golfo de México (e.g., ^{Herguera et al., 2023}), han merecido una considerable atención mediática, pero no son más que casos paradigmáticos de un problema de mucha mayor gravedad, extensión espacial y alcance ecológico y social que los eventos catastróficos.

3.2. Peligros naturales y el factor antrópico

Los numerosos peligros y riesgos naturales, tales como los asociados a actividad volcánica, terremotos y tsunamis, fallas activas, monzones, huracanes y tormentas tropicales, deslaves y movimientos en masa, o subsidencia, se magnifican o devienen catastróficos debido a la (sobre)población humana y a una pobre gestión del territorio. Además, México ha sido tradicionalmente el país más contaminante de América Latina en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, mayormente como resultado de plantas productoras de electricidad a partir de la combustión de gas natural (^{Banacloche et al., 2022}). La mayor área metropolitana del país, alrededor de la Ciudad de México, abarca tres entidades federativas y una población total estimada en alrededor de 22 millones. Esto la convierte en la sexta mayor área metropolitana del mundo y la segunda en América Latina, sólo superada escasamente por São Paulo en Brasil. Su localización junto a un volcán activo (el Popocatépetl), en una región afectada por una elevada sismicidad, y asentada en buena parte sobre el sistema lacustre endorreico de Texcoco (e.g., ^{Arce et al., 2015}; ^{Ortega-Guerrero et al., 2015}; ^{Lozano-García et al. 2017}) le confiere una alta singularidad entre ciudades con población de similar magnitud. El cráter del Popocatépetl se encuentra más cerca todavía del área metropolitana de Puebla, con una población cercana a los 3 millones, y de numerosas comunidades entre ambas áreas metropolitanas, abarcando un área particularmente sensible a problemas asociados con la caída de cenizas o con lahares. En particular, la Ciudad de México presenta una alta recurrencia y severidad de muy diversos problemas (Tabla 2).

Muchas otras áreas urbanas en México están afectadas, si bien en diferentes grados, por una combinación de estos problemas, u otros relacionados con estos, pero existen algunos denominadores comunes en todas estas áreas urbanas. Efectivamente, el ordenamiento territorial y la gestión urbana han sido históricamente deficientes, lo cual incluye una gestión y preservación precaria de los recursos hídricos. De este modo, la población en aumento y la concentración creciente de ésta en áreas urbanas amplifican los efectos de eventos naturales hasta adquirir consecuencias potencialmente catastróficas (e.g., ^{Arrubarrena Moreno y Arango Galván, 2013}; ^{López Álvarez et al., 2013}; ^{Zúñiga de León et al., 2016}; ^{López et al., 2022}; ^{Rodríguez-Campero et al., 2023}).

Además del caso paradigmático que supone la megalópolis de la Ciudad de México, la población en otras grandes áreas metropolitanas en México como las de Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León, Ciudad Juárez, o Querétaro ha aumentado continuamente en las últimas décadas, y cada ciudad presenta sus propios problemas y retos. Cabe recordar que México es un país con un grado de concentración de su población en áreas urbanas que excede el 80%, y que sigue en aumento; es decir, que aproximadamente 105 millones de personas en México (de un total superior a 130 millones) habitan áreas urbanas. Por otro lado, en ciudades turísticas costeras como Acapulco, Mazatlán, Cancún o Los Cabos, la consiguiente extracción masiva de agua dulce (particularmente en temporadas de alta afluencia turística) suele dar como resultado intrusiones de agua marina y la salinización de acuíferos.

Por otro lado, además de los efectos más evidentes de la actividad volcánica, como los edificios volcánicos en sí mismos, las coladas de lava, la caída de cenizas o la generación de nubes piroclásticas (e.g., ^{Bonasia et al., 2014}), la formación de lahares y corrimientos de tierra tanto en volcanes activos como inactivos o durmientes, constituyen un peligro latente sobre áreas urbanas adyacentes. Estos eventos pueden ser inducidos por lluvias fuertes, deshielo o sismos (e.g., ^{Aceves Quesada et al., 2014}; ^{Andrés de Pablo et al., 2014}; ^{Legorreta Paulín et al., 2014}; ^{Ortíz-Rodríguez et al., 2020}; ^{Sieron et al., 2021}; ^{Martínez-Valdés et al., 2023}).

3.3. Agua y suelos

Además de las grandes zonas urbanas, la subsidencia y las restricciones de agua como consecuencia de una sobreexplotación de los acuíferos constituyen graves problemas en ciertas regiones dedicadas a la agricultura o a la ganadería, especialmente en aquellas en que estas actividades son de tipo extensivo o industrial (^{Deng et al., 2020}). Tal es el caso del área de Irapuato en Guanajuato, la llamada “capital mundial de la fresa”, y su extensiva agricultura de la fresa. Además, la ganadería porcina extensiva en la misma región conlleva la contaminación de suelos y acuíferos. A pesar de que dichos efectos son todos ellos graves, el problema se ha investigado muy escasamente (^{De Victoria-Almeida et al., 2008}; ^{Bautista-Zúñiga y Aguilar-Duarte, 2021}).

La deforestación y la pérdida de vida silvestre y biodiversidad -que inciden en el aumento de casos de deslaves y del volumen de estos- y la pérdida de suelo por erosión o su empobrecimiento, además de promover migraciones humanas, son efectos comunes a gran escala de la escasa regulación o descontrol de actividades agropecuarias y de una pobre gestión territorial (e.g., ^{Mendoza-Ponce et al., 2021}; ^{López-Castañeda et al., 2022}). Las sequías prolongadas o anómalamente acusadas tienden a agudizarse como efecto del cambio climático (^{Deng et al., 2020}; ^{Asif et al., 2023}) y se agregan al problema de la escasez de agua, pero, además, constituyen un factor detonante de incendios forestales o de la aparición de plagas (^{San Agustín-Canales et al., 2023}). Aunque se ha externado la preocupación desde medios académicos sobre la gestión geoética de los recursos hídricos por parte de las diversas administraciones, las acciones en ese terreno son aún dudosas (^{Carrillo-Rivera et al., 2021}; ^{Hatch-Kuri et al., 2021}).

Los incendios forestales son generalmente de origen antrópico, a modo de disponer de un área creciente para la agricultura a gran escala, como lo es el caso de la expansión del cultivo de aguacates, el llamado “oro verde” (^{Charre-Medellín et al., 2021}; ^{Denvir, 2023}). Al igual que con otras formas de deforestación deliberada, como los llamados talamontes, existe para ello una motivación económica subyacente, descontrolada, cuando no francamente ilegal. Las áreas forestales vulnerables a incendios están relacionadas sensiblemente a variaciones climáticas y se estima que los incendios forestales constituyen contribuciones de primer orden en las emisiones de carbono de México (^{Corona-Núñez et al., 2020}) y exacerban la disminución de los recursos hídricos (^{Charre-Medellín et al., 2021}). La pérdida de masa forestal y el cambio climático se retroalimentan, de modo que el aumento de los periodos de sequía y de su severidad, los incendios forestales, la intensidad de los huracanes y tormentas tropicales, y la pérdida de balance hidrológico se interrelacionan (^{Urquhart, 2020}; ^{Ruiz-García et al., 2023}).

Un efecto colateral de las sequías y de las deficiencias en la gestión territorial, combinadas con el endemismo de las desigualdades sociales y económicas, ha sido históricamente la migración interna desde áreas tradicionalmente agrícolas hasta áreas urbanas o turísticas (^{Wilson, 2020}; ^{Dobler-Morales and Bocco, 2021}; ^{Thalheimer et al., 2022}). Ello supone la agudización de los problemas en áreas urbanas, además de la destrucción sociocultural de comunidades rurales. En último término, la migración se extiende a los Estados Unidos o Canadá, lo cual constituye un fenómeno con su propio conjunto de repercusiones sociales.

La existencia de un turismo masivo sin límites, particularmente en zonas costeras, contribuye adicionalmente al rápido crecimiento de ciertas áreas urbanas y, por consiguiente, a un aumento de la vulnerabilidad de la población ante eventos catastróficos y a los efectos del cambio climático (^{Sandoval et al., 2023}). Con todo, a pesar de la complejidad asociada a las áreas urbanas, se estima que la vulnerabilidad de la población rural o indígena con bajos ingresos es mayor que la de la población urbana, especialmente ante eventos catastróficos asociados a huracanes, tormentas tropicales y sismos (^{Zúñiga et al., 2015}).

3.4. Energía

Las fuentes energéticas más notables en México, más allá de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) y de los problemas inherentes o asociados a su explotación, son la geotérmica y la hidroeléctrica, con una contribución en aumento de la fotovoltaica (solar) y la eólica, y un papel subordinado de la nuclear (^{SENER, 2008}, ²⁰²³). A la complejidad de la gestión de las diversas fuentes de energía, se unen los efectos de la legislación de 2013, que incentiva el papel de actores privados en el medio, de modo que la mayoría de desarrollos energéticos eólicos y fotovoltaicos en la última década han sido comisionados a corporaciones privadas (^{SENER, 2009}, ²⁰²³). La relevancia de esto último tiene que ver con una mayor probabilidad de desarrollo de conflictos laborales o con las comunidades locales cuando la contraparte es de tipo corporativo que cuando es una empresa paraestatal. Aún no se cuenta con estimaciones sobre los efectos en ello del cambio en la legislación reciente, que revierte en gran manera la de 2013.

Al margen de la vertiente política y de soberanía nacional en el tema energético, en lo que atañe al alcance geoético de la gestión de las fuentes de energía, cabe recordar que no hay aún una fuente energética que evite plenamente y por sí sola, consideraciones o limitantes de tipo ambiental (e.g., caso de la contaminación de aire, suelos y agua en las inmediaciones de plantas geotérmicas; ^{Ramos et al., 2021}). Asimismo, la expansión de plantas fotovoltaicas y eólicas presenta nuevos retos para la gestión del territorio, pues los cambios que su instalación y óptimo funcionamiento pueden inducir socialmente a nivel local no han sido todavía objeto de análisis. Con todo, energías renovables de alta resiliencia, como la geotérmica o la solar, aun cuando requieren de un mayor desarrollo, son de creciente importancia en el sistema energético mexicano (^{Prol-Ledesma y Morán-Zenteno, 2019}; ^{Zozmann et al., 2021}; de ^{Jesús Fernández y Watson, 2022}). Otras posibles fuentes renovables de energía, como las relacionadas con mareas o corrientes de marea en el “fondo de calceta” del Golfo de California, a gradientes salinos o a fuentes geotérmicas submarinas o costeras, han sido eventualmente sugeridas pero no desarrolladas (^{Hiriart Le Bert, 2009}).

Los retos de la transición energética hacia el uso de energías más limpias y del parque vehicular hacia la propulsión eléctrica presentan su propio conjunto de repercusiones. Ello nos lleva, de nueva cuenta, a la minería y a sus efectos, aunque para otro tipo de materias primas, como son el litio y otros metales especializados. En definitiva, no hay ninguna fuente de energía que no presente asociados retos importantes de carácter geoético, independientemente de sus ventajas.

3.5. Cambio climático

La intensificación y aumento en frecuencia de eventos climatológicos extremos en México, o asociados a estos, como olas de calor, huracanes y tormentas tropicales, granizadas, heladas o sequías, el desplazamiento de la temporada de monzones, temporadas de secas más secas y temporadas de lluvias más lluviosas, incendios forestales, y el aumento generalizado de temperaturas, han sido atribuidos directa o indirectamente al cambio climático, y se amplifican mediante otros tipos de impacto antrópico (e.g., ^{Ibarrarán et al., 2019}; ^{Andrade-Velázquez et al., 2021}; ^{Cortés-Ramos et al., 2021}; ^{Dobler-Morales y Bocco, 2021}; ^{Dykstra and Dzwonkowski, 2021}; ^{Lee et al., 2021}; ^{Montiel-González et al., 2021}; ^{Murray-Tortarolo, 2021}; ^{Zhao et al., 2021}; ^{Montero-Martínez y Andrade-Velázquez, 2022}; ^{Flores-Fernández et al. 2022}; ^{Muñoz-Pizza et al., 2023}).

Es razonablemente previsible que el aumento de las temperaturas, que ha sido determinado de forma consistente, y los cambios en los patrones de precipitación a nivel regional den como resultado un impacto catastrófico en cuanto a la conversión de ecosistemas húmedos en áridos, la expansión de la híper-aridez, la pérdida y fragmentación de ecosistemas, la intensificación de eventos hidrometeorológicos extremos, el aumento en la evapotranspiración, la salinización de suelos, la fusión de glaciares y permafrost, la drástica disminución de la disponibilidad de agua y tierra arable, brotes de plagas, la emergencia y reemergencia de enfermedades tropicales antes soslayadas, etc. (e.g., ^{Silva et al., 2020}; ^{Hassani et al., 2021}; ^{Soto, 2021}; ^{Tidman et al., 2021}; ^{Rangel-Parra et al., 2022}; ^{Correa-Islas et al., 2023}; ^{de Lima et al., 2023}; ^{Hernández-Rodríguez et al., 2023}; ^{Martínez-Sifuentes et al., 2023}).

En cuanto a ambientes marinos y costeros, el calentamiento global y el subsiguiente cambio climático pueden provocar olas de calor marinas, la acidificación del agua marina y el aumento en el nivel del mar. Ello supondrá grandes retos para la vastedad de las costas y aguas territoriales de México. Entre ellos, cabrá enfrentar la pérdida de biodiversidad marina, presiones extremas sobre ecosistemas marinos, la somerización y extensión de ambientes euxínicos, la invasión marina de tierras bajas cerca de la costa, la aceleración de la erosión y la pérdida de suelos en áreas emergidas, la salinización de acuíferos, la pérdida de bosques de algas, los brotes de especies parásitas o de algas dañinas, por nombrar algunos efectos (e.g., Ochoa et al., 2016; ^{Ramos Reyes et al., 2016}; ^{Arafeh-Dalmau et al., 2021}; ^{Jiménez-Hernández et al., 2021}; ^{Randazzo-Eisemann et al., 2021}; ^{Urdes y Alcivar-Warren, 2021}; ^{Sánchez-García et al., 2023}; ^{Lettrich et al., 2023}; ^{Wurl et al., 2023}; ^{Zambrano-Medina et al., 2023}). Además, la pérdida de manglares prevendrá el almacenamiento masivo de carbono ejercido por estos (^{Cinco-Castro et al., 2023}).

Es también previsible que la suma de consecuencias indeseables del cambio climático, debilite de forma adicional la consistencia de las diversas sociedades de México, lo cual pudiera resultar en una escalada en los conflictos sociales (^{Rodríguez-Robayo et al., 2022}). A pesar de la rápida y entusiasta adhesión de México a los acuerdos internacionales existentes sobre este problema global, se estima que las acciones gubernamentales sobre el cambio climático son aún endebles y fragmentarias (^{Solorio, 2021}), si bien la influencia global de este país en el cambio climático es relativamente pequeño en comparación con el de China, India, los EUA, o la Unión Europea. Sin embargo, los cambios en las políticas ambientales y en la rigurosa aplicación de la ley dentro de ese campo, combinados con soluciones creativas multiescalares y científicamente sólidas pueden mitigar los efectos perniciosos del cambio climático y la sobrepoblación (e.g., ^{Barradas y Esperón-Rodríguez, 2021}; ^{Cota Lucero y Herrera-Silveira, 2021}; ^{Gooden y Prizlaff, 2021}; ^{Jurado-Guerra et al., 2021}; ^{López-Pacheco et al., 2021}; ^{Mendoza-Ponce et al., 2021}; ^{Reyes, 2021}; ^{Rivera-Torres y Gerlak, 2021}). Por supuesto, la ausencia de cambios no es ninguna alternativa.

4.1. Educación y concientización en aspectos geocientificos y del geopatrimonio

La promoción de una educación geoambiental crítica y concienciación sobre los riesgos naturales y el impacto de las actividades humanas desde la enseñanza básica hasta la formación universitaria y profesional es fundamental para una alfabetización geocientífica que responda a los retos contemporáneos (^{Villacorta, 2022}; ^{Lacreu, 2024}). Esto incluye la formación en geoética para profesionales y la educación geocientífica pública para aumentar la resiliencia comunitaria, lo que permite conectar el conocimiento geológico con los derechos humanos y la sostenibilidad. Integrar principios de sostenibilidad en la legislación asegura que las actividades humanas no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para enfrentar riesgos naturales. Esto incluye la educación en torno al geopatrimonio, la conservación de la geodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales. Esto constituye una herramienta didáctica poderosa para fomentar el arraigo territorial, y la conciencia sobre los procesos terrestres (^{Nazaruddin y Ab Manaf, 2024}). Experiencias exitosas en Brasil, España y Sudáfrica muestran que el vínculo entre geociencia, identidad local y patrimonio geológico puede fortalecer la resiliencia social y la apropiación del conocimiento geológico (^{González, 2023}; ^{Dias et al., 2023}; ^{Grobbelaar et al., 2019}). Acciones necesarias en este eje incluyen: (1) el establecimiento de programas nacionales de educación geoambiental crítica, con enfoque intercultural y multilingüe, (2) la promoción del uso de geoparques y geositios como aulas vivas de enseñanza y divulgación, en colaboración con escuelas, universidades y comunidades locales (^{Greco et al., 2022}), y (3) articulación de la educación en geoética con el marco de la educación transformadora para el desarrollo sostenible (^{de Moura Fé et al., 2022}; ^{Bohle et al., 2019}).

Para consolidar el campo de la geoética en el ámbito científico y profesional mexicano, es clave fortalecer revistas nacionales (científicas y de divulgación) que aborden explícitamente temas de geoética, geodiversidad y conflictos territoriales. Asimismo, la incentivación de publicaciones en lenguas indígenas contribuye a reconocer la diversidad epistémica del país (^{Elbjorn-Flores y Núñez-López, 2022}). Para ello, es necesario reforzar la soberanía editorial mediante acceso abierto, criterios de revisión contextualizados y redes regionales de colaboración.

4.2. Creación de un Observatorio o Autoridad Nacional de Geoética

Para institucionalizar la vigilancia y promoción de prácticas geoéticas, y tomando como referencia experiencias europeas y latinoamericanas que han vinculado ética geocientífica y política pública (^{Bohle et al., 2019}; ^{Abrunhosa et al., 2024}; ^{Lacreu, 2024}), se propone la creación de un Observatorio de Geoética, con carácter autónomo, interinstitucional e interdisciplinario. Esta entidad tendría como funciones:

4.3. Elaboración participativa de un Manifiesto o Código Nacional de Geoética

Se propone convocar a todas las entidades geocientíficas mexicanas, académicas, gubernamentales, profesionales, educativas y comunitarias, para la elaboración participativa de un Manifiesto o Código Nacional de Geoética que exprese compromisos compartidos, principios fundamentales y desafíos prioritarios para el sector. Este documento deberá reflejar la pluralidad geográfica, social, cultural y epistémica de México, integrando la visión de actores históricamente excluidos del campo geocientífico, como los pueblos indígenas o afrodescendientes y las comunidades rurales. El documento servirá como guía para la formación académica, la evaluación profesional y la formulación de políticas públicas en el ámbito de las Geociencias. Además, funcionará como un referente de autorregulación colectiva, en consonancia con los enfoques contemporáneos de la ética situada, entendida no como una norma abstracta, sino como una práctica que fomenta la participación activa y reflexiva de diversos actores en la deliberación pública (^{Buxó i Rey, 2021}). Ello, con los marcos ampliados de responsabilidad anticipatoria, que proponen integrar la justicia social, epistémica y ambiental en la evaluación ética de riesgos y decisiones tecnocientíficas, abriendo espacios para un diálogo inclusivo entre expertos y comunidades (^{Umbrello et al., 2023}).

4.4. Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El ejercicio de las Geociencias en México debe integrarse de forma explícita y sistemática con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, con énfasis particular en los ODS 4 (educación de calidad), ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), ODS 13 (acción por el clima) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Esta articulación debe traducirse en el diseño e implementación de proyectos académicos, profesionales y de gestión del conocimiento geocientífico que incorporen indicadores verificables de sostenibilidad, equidad y justicia territorial (^{Bohle et al., 2019}). También, se propone fomentar un compromiso ético robusto entre geocientíficos, tomadores de decisiones y demás actores involucrados en la gestión del territorio, del agua, de los riesgos naturales y del patrimonio geológico, garantizando la protección del medio ambiente (^{Abrunhosa et al., 2024}) y la seguridad pública como valores fundamentales de la práctica profesional (^{García-Sánchez et al., 2021}; ^{Villacorta, 2022}; ^{Lacreu, 2024}). Esta visión implica también avanzar hacia una educación geocientífica crítica, inclusiva e interseccional (^{Villacorta et al., 2024}; ^{McKinley et al., 2023}), que prepare a las nuevas generaciones de profesionales para actuar con responsabilidad ética y sensibilidad social frente a los desafíos actuales.