Introducción

Un creciente número de investigaciones ha posicionado la dimensión jurisdiccional como un elemento central en el debate historiográfico sobre el funcionamiento de los erarios regios indianos. Este enfoque ha permitido trascender la perspectiva meramente administrativa que tradicionalmente se empleaba para examinar las instituciones hacendísticas, dando paso al reconocimiento de un gobierno jurisdiccional en el funcionamiento de la hacienda de la monarquía hispánica. En este contexto, se ha destacado que los erarios regios indianos operaban como un conjunto de tribunales de hacienda (^{Pinto, 2019a}; ^2019b; ^{Sánchez, 2013}, ^2022a, ²⁰²³; ²⁰²¹) que coexistían y se relacionaban con los erarios eclesiástico y municipal (^{Celaya y Sánchez, 2019}). Estos tribunales de hacienda se encargaban de velar por el correcto funcionamiento de las actividades relacionadas con la gestión de rentas de la monarquía, lo que incluía la recaudación, administración y distribución de los caudales, llevar la contabilidad de dichos recursos, combatir el fraude y el contrabando, entre otras. Este enfoque ha impulsado una reevaluación de las tareas y obligaciones de diversos funcionarios en el erario regio, como los oficiales reales y los administradores y contadores de rentas. Se les reconoce ahora como jueces con competencias y jurisdicción especializada en materia de hacienda (^{Comicciolli, 2023}; ^{Gordoa, 2021}; ^{Torres, 2021}; ^{Vaccani, 2020}).

En el caso de la historiografía fiscal del Nuevo Reino de Granada, el enfoque que considera la dimensión jurisdiccional de la Real Hacienda ha proporcionado nuevas perspectivas de análisis. Se ha reconocido la existencia de una red de tribunales hacendatarios (^{Pinto, 2019a}), la naturaleza jurisdiccional de la contabilidad (^{Pinto, 2019b}; ^{Sánchez, 2022b}), la estructura de impartición de justicia en materia hacendataria (^{Becerril, 2021}), la instauración parcial del régimen de intendencias (^{Parada y Pinto, 2023; Pinto, 2021}), así como la supervisión, gestión y control del gasto bélico en el reino (^{Díaz, 2021}). Asimismo, se ha estudiado la actuación de los jueces subdelegados de rentas estancadas (^{Torres, 2019a}) y la de los administradores y contadores del estanco del tabaco (^{Torres, 2021}, ²⁰²⁴) . Estas investigaciones han permitido superar el análisis predominante en la historiografía fiscal, centrado en la visita general del regente Francisco Gutiérrez de Piñeres al Nuevo Reino de Granada (^{Pinto y Díaz, 2016}), ampliando así los marcos de análisis del reformismo neogranadino. Esto se debe a que, aunque la visita del regente fue fundamental, solo constituyó una parte del proceso de instauración y reforma del reino, el cual inició desde la misma formación del virreinato (^{Eissa-Barroso, 2017}) y se prolongó hasta las primeras guerras de independencia (^{Pinto, 2019a}) .

Por otra parte, encontramos que una de las principales preocupaciones de la historiografía para el Nuevo Reino de Granada ha sido analizar los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales vinculados a los ramos específicos de recaudo. Entre estos, las rentas estancadas del tabaco, el aguardiente, la pólvora y los naipes han sido objeto de minuciosos estudios, aunque cada una de las rentas analizadas por separado (^{Bonnett, 2017}; ^{González, 1975}; ^{Harrison, 1951}; ^{Mora de Tovar, 1988}; ^{Pita, 2014}; ^{Torres, 2024}; ^{Velásquez, 2015}). Estas investigaciones han abordado estos órganos del fisco real neogranadino como estructuras administrativas y fabriles de dichas rentas, los rendimientos asociados a su consumo, la dinámica de producción y circulación de los productos y los conflictos sociales surgidos a raíz de sus establecimientos. Sin embargo, un aspecto que a veces se pasa por alto es la interconexión de las rentas estancadas a partir de la década de 1780, cuando comenzaron a seguir caminos conjuntos bajo la supervisión de un mismo tribunal: la Dirección General de Rentas Estancadas (en adelante dgre). Un enfoque integral de las rentas estancadas permite identificar que, más allá de la gestión conjunta de las rentas del tabaco y naipes, y de las de aguardiente y pólvora en las mismas oficinas, la centralización de los asuntos de gobierno, administración, economía y contabilidad de los estancos bajo la autoridad del director y los contadores generales hizo que algunas disposiciones económico-gubernativas afectaran de manera uniforme a los cuatro estancos.¹

Considerando lo anterior, este artículo representa un acercamiento al estudio integral de las rentas estancadas del tabaco, aguardiente, naipes y pólvora en el Nuevo Reino de Granada desde una perspectiva centrada en las actividades de las instituciones hacendísticas en el gobierno jurisdiccional de los erarios regios. De esta manera, nuestro objetivo es analizar las funciones administrativas, contables y judiciales del tribunal de la dgre y su relación con el resto del ministerio de la hacienda neogranadina. En un primer apartado, se aborda la génesis y las funciones de la dgre, así como su evolución institucional a partir de la reforma de 1801, que implicó la supresión del cargo de director y la reorganización del tribunal bajo el mando de los dos contadores generales. En un segundo apartado, se analiza la función contable de la dgre, enfocándonos en su labor de examinar, glosar y fenecer las cuentas de las administraciones principales en segunda instancia, con el objetivo de formar los estados generales de los ramos estancados del Nuevo Reino de Granada, en cuyos instrumentos contables debía demostrarse lo producido, lo deducido y la utilidad líquida de las rentas estancadas durante cada año fiscal.

Un tercer apartado, reflexiona sobre la conveniencia de emplear estos estados generales como herramienta para calcular los ingresos, los gastos y las utilidades de las rentas estancadas. A partir del ejemplo del estanco del tabaco, se representan y explican los ingresos, gastos y utilidades de la renta señalando las diferencias cuantitativas que pueden surgir al utilizar únicamente los libros y sumarios de cargo y data de las cajas reales, como suele ser habitual en la historiografía fiscal neogranadina. Por último, el artículo cierra con unas conclusiones sobre lo abordado.

La Dirección General de Rentas Estancadas en el Nuevo Reino de Granada

Como parte del proceso de renovación administrativa y financiera de la monarquía hispánica durante la dinastía borbónica,² siendo ministro de Indias José de Gálvez (1776-1787), se designó el 18 de diciembre de 1776 a Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres como regente de la Audiencia de Santa Fe y visitador general de todos los tribunales de justicia y de Real Hacienda en el Nuevo Reino de Granada y provincias de Tierra Firme.³ En la instrucción que se le entregó el 17 de febrero de 1777, a Gutiérrez de Piñeres se le ordenó reconocer, examinar y arreglar los reglamentos establecidos para el manejo y gobierno de los ramos de la Real Hacienda. De manera particular, se le encargó establecer el estanco de naipes y reformar los reglamentos de los estancos existentes del aguardiente de caña (1736), tabaco (1764) y pólvora (1772) tomando en consideración los avances realizados en esta materia en Nueva España. También se le mandó establecer una Dirección General para el estanco del tabaco, como su homóloga novohispana, que sirviera como tribunal encargado de la dirección económico-gubernativa, supervisión y gestión de las oficinas y dependencias de la renta.⁴

En líneas generales, la reforma de Gutiérrez de Piñeres se dirigió a la centralización y control de la administración de las rentas reales en busca de un mayor recaudo, lo cual tuvo un impacto significativo en la estructura fiscal del Nuevo Reino de Granada. Parte de este proceso consistió en establecer órganos encargados de coordinar y fiscalizar los asuntos económico-gubernativos y contables de ciertas rentas, teniendo a la cabeza un director o administrador general responsable de dirigirlas y de vigilar a sus empleados,⁵ de manera similar a como funcionaba la Real Hacienda en la península y en otras partes de América para la segunda mitad del siglo xviii (^{Dubet y Solbes, 2019, pp. 247-330}; ^{Sánchez, 2023, pp. 168-297}).

Tal como se le había ordenado, en agosto de 1778 Gutiérrez de Piñeres estableció una Dirección General de tabacos con sede en Santa Fe con el objetivo de servir como tribunal y punto de encuentro de todos los asuntos concernientes al estanco (^{Gutiérrez de Piñeres, 1778}). Meses después, en mayo de 1779, con el objetivo de garantizar el "exacto cumplimiento a las nuevas instrucciones", el regente, por iniciativa propia, estableció otra Dirección General con sede en la capital, esta vez específicamente para los asuntos relacionados con el estanco del aguardiente.⁶ En la práctica, el mantenimiento de dos tribunales independientes resultó ser demasiado costoso e incluso redundante, lo que llevó al visitador a proponer la unificación de ambas direcciones en una sola.⁷ Por real orden de 14 de octubre de 1779, se accedió a añadir a la Dirección General de tabacos el manejo, administración, economía y gobierno de las reformadas rentas estancadas del aguardiente,⁸ los naipes⁹ y la pólvora, pasándose a denominar este tribunal la Dirección General de Rentas Estancadas (dgre) desde mayo de 1780 (^{Gutiérrez de Piñeres, 1780}).

La dgre operó a la cabeza de un director y dos contadurías generales, una concerniente a los ramos del tabaco y de los naipes, y otra para los ramos del aguardiente y la pólvora, con la prevención que cada contador debía cuidar de los asuntos pertenecientes a las rentas de su departamento llevando cuenta separada de todos los valores, consumos y gastos de cada ramo. Cada contaduría general fue dotada de un contador, un oficial mayor, un oficial segundo y un oficial tercero,¹⁰ cuyos gastos se libraban por mitad de los productos de las administraciones principales de tabacos y de aguardientes de Santa Fe (véase cuadro 1)¹¹

Las funciones de la dgre deben ser analizadas en términos administrativos, contables y contenciosos. Considerando que, con su establecimiento, todos los asuntos sobre el manejo de los ramos estancados quedaron centralizados, operativamente en el director general y documentalmente en las contadurías generales. Lo anterior, con el objetivo de tener un manejo sistemático, ordenado y prolijo de la información y de las providencias resueltas en cada una de sus esferas de actuación.

En el ámbito administrativo, la dgre se consolidó como el eje central de la estructura institucional de las rentas estancadas en el Nuevo Reino de Granada. Esta instancia fungió como "centro de reunión de las reglas y providencias" para estos ramos, supervisando y coordinando una amplia red de oficinas que se distribuyeron a lo largo y ancho del reino, con las cuales se pretendía garantizar el flujo de géneros y caudales necesarios para el funcionamiento de los estancos.¹² En este sentido, el director general fue la máxima autoridad sobre los empleados encargados de las oficinas y los resguardos de los estancos, con facultad privativa de dirimir todo lo relativo a la administración y manejo de las rentas estancadas (Gutiérrez de Piñeres, 1780). Esta facultad abarcaba la supervisión y el cumplimiento de todas las instrucciones y reglamentos establecidos. Por lo anterior, el director general se encargaba de resolver las dudas que surgieran en la práctica de los administradores, corregir cualquier desorden observado en el funcionamiento de los estancos, detener los abusos por parte de los empleados y dictar las medidas más convenientes para la administración y fomento de las rentas estancadas. Sin embargo, estas acciones estaban sujetas a la intervención de los contadores generales y la aprobación de la Superintendencia General de Real Hacienda del reino, que se mantuvo, aunque no fuese el deseo del visitador Gutiérrez de Piñeres y del secretario José de Gálvez, en el virrey.¹³

Por un lado, los contadores generales fueron investidos como interventores y fiscales de los ramos estancados a su cargo, con lo cual, debían cerciorarse de que las providencias del director se ajustaran a las instrucciones de las rentas estancadas y fuesen propicias para su fomento, teniendo la capacidad de oponerse a ellas elevando sus conceptos a la Superintendencia General del Reino.¹⁴ Se trazó una especie de binomio gubernativo, en el que toda decisión resuelta en la dgre debía contar con la aprobación del director y el contador general, según fuese la renta a tratar. Por otro lado, las acciones de la dgre estuvieron intervenidas y sujetas, en términos jerárquicos, a la aprobación del virrey como superintendente general quien, junto con el director y los dos contadores, conformaba la Junta de Rentas Estancadas (véase diagrama 1).

Fuente: elaboración propia con base en las instrucciones de gobierno para las rentas estancadas referenciadas.

Diagrama 1 Esquema de la organización de las rentas estancadas en el Nuevo Reino de Granada: jerarquías y flujos de géneros y caudales 

La Junta de Rentas Estacadas constituyó un espacio articulador entre la autoridad jurisdiccional (el superintendente) y la administrativa (el director y los contadores) para la toma de decisiones estratégicas en materia de las rentas estancadas. Se mandó que esta instancia se reuniera semanalmente para examinar y resolver los asuntos más relevantes relacionados con "la economía, administración, manejo y gobierno de los cuatro ramos unidos", contando con el voto decisivo de cada uno de sus miembros (^{Gutiérrez de Piñeres, 1780}). Además de que en ella se reconocieran los estados y las relaciones generales de consumos, valores y existencias que las administraciones principales remitían a la dgre, lo que permitía evaluar el rendimiento de las rentas estancadas en los territorios y tomar decisiones más acertadas para su aumento. En el pensar de Gutiérrez de Piñeres, esta Junta debía operar como una "sala de gobierno para examinar y deliberar lo más conveniente a promover los progresos de las cuatro rentas unidas",¹⁵ sin embargo, sus determinaciones eran de carácter consultivo y no decisorio, por lo que sus acuerdos, debían emitirse por el superintendente o el director general, dependiendo de la naturaleza de los empleados dependientes y de los asuntos tratados.¹⁶

Pese a lo anterior, el análisis de las providencias emitidas por la Superintendencia General en materia de rentas estancadas revela que esta conservó la autoridad final en asuntos relacionados con el gobierno económico de las rentas estancadas.¹⁷ Esta circunstancia confirma el fortalecimiento de la figura del virrey en el manejo de la Real Hacienda del Nuevo Reino de Granada desde la década de 1780 (Castejón, 2017, pp. 816-817).

En materia de nombramientos, el director general solo podía proponer candidatos para vacantes basándose en las recomendaciones de los administradores principales. Sin embargo, la decisión final sobre la asignación de estos cargos recaía de manera exclusiva en la Superintendencia General (^{Gutiérrez de Piñeres, 1778}). De igual manera, esta última tenía la facultad exclusiva de autorizar la creación de plazas en las oficinas, así como sobre el aumento o la disminución de salarios o gratificaciones,¹⁸ y la reunión de oficinas y resguardos. En cuanto a la formulación de nuevas directrices, el director general podía elaborarlas, pero no ejecutarlas hasta obtener la aprobación del superintendente. Lo mismo sucedía con las contratas para el transporte de géneros y caudales, el suministro de leña, anises y mieles para las fábricas de aguardientes, y el remate de los estancos de aguardiente en algunos partidos. Si bien el director general coordinaba la gestión en estos casos, la decisión final y la aprobación o modificación de las propuestas recaían en la Superintendencia General.

El panorama era similar en cuanto a la erogación de gastos. Si bien el director general tenía facultad para aprobar y ordenar gastos en cualquier dependencia, esto solo podía realizarse cuando los caudales estuvieran en las tesorerías de las administraciones. En caso de que los caudales se encontraran en las cajas reales del reino, cualquier movimiento requería la orden previa de la Superintendencia General, acompañada de una justificación detallada de su gasto (^{Gutiérrez de Piñeres, 1778, Art. 13}).¹⁹ Tras la creación de la Junta Superior de Real Hacienda en 1797 como tribunal para la toma de decisiones en materia hacendataria y el ejercicio de gastos extraordinarios,²⁰ la centralización del poder de la Superintendencia General se intensificó. Esta instancia, presidida por el virrey y sin la participación de los contadores generales de rentas estancadas, fue la encargada de resolver los asuntos elevados por estos en relación con las reparaciones de casas, fábricas y almacenes de los estancos, la adquisición de implementos, la creación de plazas, la aprobación de gastos, el remate de asientos, entre otros.²¹

Ahora bien, en el ámbito contable, la dgre ejerció un papel fundamental como tribunal de cuentas. Su creación implicó la inhibición de los oficiales reales y del Tribunal de Cuentas de Santa Fe en la revisión de las cuentas de las administraciones principales de las rentas estancadas, siendo estas examinadas, glosadas y fenecidas en sus propias contadurías generales (^{Gutiérrez de Piñeres, 1780}). Esta función se explicará con mayor detalle en la siguiente sección. Lo importante es que esta prerrogativa se mantuvo, ya que, a diferencia de otros reinos americanos, la fiscalización de las cuentas de los estancos neogranadinos permaneció separada de la jurisdicción del tribunal de cuentas hasta fines del periodo virreinal.²²

En el ámbito contencioso, es relevante destacar que Gutiérrez de Piñeres instituyó los jueces subdelegados de la Superintendencia General de Real Hacienda como jueces privativos para atender todos los asuntos judiciales y contenciosos relacionados con las rentas estancadas en cada administración principal. Estos jueces ejercían la primera instancia en causas de rentas estancadas, con apelación únicamente ante el superintendente general.²³ Esta reforma confería a los principales miembros de la dgre competencias jurisdiccionales en asuntos contenciosos relacionados con las rentas estancadas. En este esquema, el director general fue nombrado juez subdelegado de rentas estancadas para la ciudad de Santa Fe y su distrito, mientras que los contadores generales asumieron el papel de fiscales para cada uno de sus ramos en el Nuevo Reino de Granada.²⁴

En consecuencia, las justicias ordinarias quedaron relegadas a funciones de apoyo, al intervenir únicamente a solicitud de los dependientes de los estancos en la investigación y aprehensión de fraudes, así como en la detención y custodia de los reos.²⁵ Si bien los empleados de los estancos podían investigar y aprehender fraudes contra las rentas, solo estaban facultados para llevar la causa hasta la conclusión del sumario. En ese estado, debían remitir el expediente a los jueces subdelegados para que estos dictaran su sentencia.²⁶ Además, puesto que el tribunal de la Superintendencia General de Real Hacienda fungía como instancia de apelación para las sentencias emitidas por los jueces subdelegados, la Audiencia de Santa Fe quedó inhibida como segunda instancia en los casos relacionados con las rentas estancadas. Esta inhibición se extendió en 1806 a las causas generales de hacienda, tras la delimitación de las competencias contenciosas de la Junta Superior de Real Hacienda, que excluyó de su jurisdicción únicamente aquellas causas no vinculadas a las rentas estancadas, las cuales permanecieron bajo la jurisdicción de la Superintendencia (^{Pinto y Parada, 2022}).

Por tanto, la creación de la dgre no solo supuso una reestructuración en la gestión y control de las rentas estancadas, sino que también tuvo un impacto significativo en la estructura del fisco neogranadino. Esto se manifestó en dos aspectos principales. Por una parte, esta centralización permitió, en términos administrativos, una mayor coordinación y eficiencia en la gestión de las rentas estancadas, al concentrar todos los asuntos en una dirección que elevó, de manera filtrada, los asuntos más importantes a la Superintendencia General de Real Hacienda para su conocimiento y resolución. Por otra, la dgre se erigió como un tribunal similar, y con total independencia, al Tribunal Mayor de Cuentas y la Real Audiencia de Santa Fe, con lo cual, obtuvo facultades para atender asuntos económico gubernativos de los estancos y la fiscalización de sus cuentas, incluyendo la resolución de disputas y la aplicación de sanciones en caso de contravenciones por la calidad de juez subdelegado del director general.

La dgre experimentó pocos cambios durante las dos décadas posteriores a su creación. A pesar de las recomendaciones enviadas por la Corte al virrey Caballero y Góngora para adaptar la dirección al modelo de intendencias instaurado en el virreinato del Río de la Plata,²⁷ estas no se llevaron a cabo. La falta de nombramiento de intendentes y la delimitación por intendencias en el Nuevo Reino de Granada, junto con la oposición del propio virrey, impidieron su reorganización (^{Parada y Pinto, 2023, pp. 57-59}).

El mayor cambio institucional ocurrió a inicios del siglo xix cuando, en medio de las urgencias de la guerra anglo-española (1796-1802), la corona hispánica emprendió una reforma para economizar los dispendios de la recaudación de las rentas.²⁸ Por real orden del 1 de diciembre de 1800 se mandó suprimir el empleo de director general de rentas estancadas en las dos direcciones de Santa Fe y Quito por considerarlo un empleo redundante,²⁹ ordenándosele al virrey Pedro Mendinueta “tomar las providencias oportunas para el mejor fomento de dichas rentas sin nece sidad de jefes intermedios, y disminuyendo en lo posible el número de empleados por el método adoptado en España”.³⁰

Pese a las inquietudes expresadas por el virrey acerca de la ejecución de dicha orden,³¹ por decreto del 2 de octubre de 1801 Mendinueta procedió a suprimir el cargo de director general de rentas estancadas en el virreinato.³² A partir de entonces, se implementó una reorganización de las funciones del director general, las cuales se distribuyeron entre el virrey, como superintendente general, y los contadores generales de tabacos y aguardiente. Con esta modificación, el decreto estipuló que los administradores principales debían dirigir los asuntos que ocurrieran con sus ramos a la respectiva contaduría general, salvo en lo referente a la provisión de empleos y los asuntos extraordinarios y urgentes de las rentas estancadas, los cuales debían ser elevados directamente a la Superintendencia General. En aspectos contenciosos, por decreto del 12 de febrero de 1802, el virrey Mendinueta mandó que, en las administraciones principales de Santa Fe, ante la ausencia del director general, la subdelegación general de la capital recayera en el contador general de cada ramo.³³

En último término, la ausencia de un director para la dgre implicó la pérdida de su capacidad para establecer directrices y proponer candidatos para ocupar los cargos más relevantes en los territorios, siendo esta responsabilidad transferida al superintendente general, quien pasó a encargarse de formular y aprobar las directrices, así como de seleccionar y nombrar a los administradores y contadores principales. Como resultado, la función de la dirección se vio limitada a la supervisión de las contadurías generales, reduciendo sus atribuciones a las de un tribunal de cuentas para los administradores principales. Por consiguiente, resultó inapropiado seguir refiriéndose al tribunal como "dirección", y en su lugar, dentro del ministerio de Real Hacienda del reino, se comenzó a denominar las Contadurías Generales de Tabacos y Aguardientes (^{García de la Guardia, 1805, p. 186}). Estas contadurías continuaron en funcionamiento, al menos, hasta 1810, sin experimentar cambios en su planta de empleados (^{Martínez y Gutiérrez, 2010, pp. 275-276}).

Las contadurías de tabacos y aguardientes: lógica contable

La fiscalización de las cuentas de las rentas estancadas en el Nuevo Reino de Granada se llevó a cabo por dos tipos de contadurías: las principales y las generales, independientes a las de otros ramos de la Real Hacienda. Su objetivo era agilizar el proceso de revisión de sus cuentas, obtener información sobre el estado financiero de las rentas y el líquido disponible de cada una, con el propósito de establecer medidas correctivas para acrecentar sus productos y realizar seguimiento a los administradores contraventores.³⁴ Diferenciadas por grados, las contadurías principales fueron la primera instancia para el examen y fenecimiento de las cuentas de los estanquilleros, administradores particulares, factores y fieles de almacenes y fábricas dentro de cada una de las 17 administraciones principales (cinco de tabacos y naipes y doce de aguardientes y pólvora) en las que se dividió el Nuevo Reino de Granada.³⁵

Correspondía a los contadores principales y su oficialía llevar a cabo un primer examen de las cuentas de los administradores, fieles de reales fábricas, tercenistas y factores de los estancos. En caso de discrepancias entre las partidas declaradas en los libros y los comprobantes presentados por los empleados, los contadores principales formulaban pliegos de reparos exigiendo una explicación satisfactoria al responsable. Una vez recibida, el contador principal, junto al administrador principal, emitían una resolución en primera instancia que podía absolver, suspender temporalmente o hacer cargo fiscalmente al empleado de los alcances en sus cuentas.³⁶

Al concluir este proceso, cada contador principal elaboraba el libro mayor o matriz de cargo y data de géneros, caudales y pertrechos, donde registraba de forma separada por oficinas las partidas al por mayor de sus cuentas. Este libro mayor, junto con los libros manuales y los documentos presentados por los empleados (facturas, certificaciones, cartas de pago, etc.), debían ser entregados a la contaduría general correspondiente como comprobantes de las cantidades anotadas en los estados y relaciones generales de consumos, gastos, valores y existencias que, finalmente, cada administración principal debía formar y enviar a la dgre para su segunda revisión. Este proceso de integración documental de la contabilidad de las rentas estancadas se muestra con el ejemplo del índice de la cuenta de 1788 presentada por la administración principal de tabacos de Popayán a la contaduría general de tabacos en julio de 1789 (véase diagrama 2). Como se detalla, dicha cuenta está compuesta por un corpus documental que incluye los instrumentos anuales elaborados por la contaduría principal, tales como los libros mayores, la relación y el estado general de cargo y data de tabacos y caudales, junto con los comprobantes de las remisiones de utilidades a las cajas reales de Popayán. Asimismo, la cuenta integra todos los comprobantes, relaciones generales y diligencias de existencias de los almacenes principales, la factoría de Candelaria, la tercena y las trece administraciones particulares que operaban en el departamento, de las cuales, por razones de espacio, solo se presenta el ejemplo de la administración particular de Buga.

Fuente: elaboración propia con base en Inventario de las cuentas y documentos de la Administración Principal de Tabacos de Popayán que por la Dirección General se remite a la Contaduría general de rentas [estancadas] de Santa Fe, Archivo Anexo ii, Administración de Tabacos, Informes, caja 18, carpeta 2, agn-c.

Diagrama 2 Esquema del proceso de integración contable de la cuenta de 1788 de la administración principal de tabacos de Popayán 

En el segundo juicio de las cuentas, realizado en las contadurías generales, los contadores realizaban un nuevo examen, glosa y fenecimiento de las cuentas de cada administración principal. En este sentido, podían volver a formular pliegos de reparos si detectaban incongruencias o errores en las partidas. En estos casos, solicitaban las respuestas de los administradores y contadores principales para aclarar las discrepancias. Al concluir el examen de cada respuesta, las contadurías generales dictaminaban cuáles cargos se consideraban evacuados si la respuesta y los documentos justificaban el reparo formulado. Sin embargo, también podían declarar otros cargos como suspensos si la respuesta no era suficiente para el descargo, otorgando un plazo adicional para que el responsable (factor, fiel de almacén o de real fábrica, tesorero, administrador particular o principal) presentara una nueva explicación. Si esta nueva respuesta no era satisfactoria, se le causaba un alcance en su contra y a favor de la Real Hacienda, interponiéndose una demanda ante el juez subdelegado de rentas estancadas del departamento para proceder con las diligencias de cobro.³⁷ Finalmente, por consideración de los contadores generales, algunos cargos podían quedar a la resolución de la Superintendencia General. Esto ocurría cuando la contaduría general no encontraba razones suficientes para emitir sentencia, elevando la decisión al máximo tribunal de Hacienda en el reino.³⁸

Al final de este segundo juicio para las cuentas de cada una de las administraciones principales, el contador general formaba el estado general de cada renta estancada, en el cual se debía expresar en un formato lo producido por el ramo, los sueldos y gastos causados, y el líquido a beneficio del erario (véase cuadro 2) (^{Gutiérrez de Piñeres, 1778, Arts. 4-6, 14, 15}). En última instancia, los estados generales y demás instrumentos contables buscaban mostrar de manera resumida el progreso o decadencia de las rentas en el año inmediatamente anterior en cada administración principal, a fin de que la dgre tomara las decisiones más acertadas para su aumento, de ahí que fuese necesario tener información contable fiable y actualizada para la mejor gestión de las rentas estancadas.

Como se observa, la toma, glosa y finiquito de las cuentas fue un proceso autónomo y restringido a los contadores de las rentas estancadas, con lo cual, se buscó garantizar que la contabilidad y las ganancias de los estancos se gestionaran por separado respecto a los demás ramos y caudales del erario regio.³⁹ Sin embargo, diversas razones como las distancias entre las oficinas, la escasa preparación de algunos empleados en cuenta y razón de cargo y data, así como la complejidad en la integración documental que generaba un efecto acumulativo cuando surgía un fallo en algún eslabón, contribuyeron a los retrasos en las contadurías principales y generales.⁴⁰ Al final, estos contratiempos afectaron la elaboración y presentación de las cuentas, lo que resultó en demoras en el proceso de revisión de las contadurías, la elaboración de instrumentos contables y, en última instancia, el conocimiento cuantitativo inmediato de los rendimientos de las rentas.

El desempeño de las rentas estancadas en el Nuevo Reino de Granada: el caso del tabaco

Los estudios sobre la Real Hacienda en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo xviii han centrado su atención en la determinación de los niveles de recaudo y gasto del erario regio a partir de los sumarios generales de cargo y data, tanto a nivel del reino como entre regiones (^{Arévalo y Rodríguez, 2008}; ^{Jaramillo, Meisel, y Urrutia, 1997}; ^{Meisel-Roca, 2011}; ^{Muñoz, 2010}; ^{Pinto, 2016}; ^{Pinto, 2014}, ²⁰¹⁵, ²⁰¹⁸, ²⁰²⁰; ^{Rodríguez, 1987}) . Sin embargo, desde hace unos años, la historiografía ha resaltado la necesidad de deslindar los conceptos de ingresos y gastos con los que abarcaban los cargos y datas de la contabilidad empleada en las cajas y administraciones del erario regio (^{Pinto, 2019a}; ^{Sánchez, 2013}).

Esto se debe a que, en la lógica contable que regía la elaboración de los libros llevados por los oficiales y administradores, los libros de cargo y data, y por ende también sus sumarios generales, incluían partidas que no reflejaban necesariamente el movimiento efectivo de fondos, sino más bien el registro de montos que representaban las responsabilidades de los encargados del manejo de las tesorerías. Por lo tanto, un análisis que busque comprender el desempeño de las cajas reales o de una renta específica debe tener en cuenta esta lógica contable. En este sentido, últimamente se ha destacado que los estados generales de ingreso, gasto y utilidad son los instrumentos contables más apropiados para establecer el movimiento de las tesorerías, ya que proporcionan información más detallada y precisa que la registrada en los sumarios de cargo y data (^{Pinto, 2019a}).

Para ejemplificar lo dicho anteriormente, se compara las utilidades registradas en los estados generales de valores, gastos y utilidades disponibles con los registros de tabacos de los sumarios de cargo de las cajas reales (véase gráfica 1).⁴¹ En ella se observa notorias diferencias que existen en las cifras registradas por utilidades de la renta en los Estados elaborados por la Contaduría General y las que se extraen de los sumarios del cargo de las cajas reales del Nuevo Reino de Granada. Como hemos explicado, las discrepancias se deben a la naturaleza de cada instrumento contable. Si se comete el error de equiparar el concepto de cargo con el de ingreso, un análisis cuantitativo basado únicamente en los sumarios de cargo de las cajas reales podría llevar a la conclusión de que el rendimiento de la renta de tabaco experimentó cambios bruscos durante las tres décadas estudiadas. Este análisis sugeriría un crecimiento casi constante desde su reforma por parte del regente visitador, alcanzando un neto máximo de 849 774 pesos en 1800, seguido de una posterior crisis hacia el final del periodo virreinal. En cambio, al utilizar las cifras de los estados generales se nota que las utilidades de la renta del tabaco mostraron un aumento general en la tendencia, pero no tan acentuado como representa el cargo de las cajas reales ni susceptible a crisis hacia el final del periodo virreinal. Con ello, se observa que la renta logró utilidades promedio de poco más de 330 000 pesos anuales, alcanzando un ingreso neto máximo de 415 061 pesos en 1798, casi la mitad de la registrada por los cargos de las cajas reales.

Si analizamos en conjunto los ingresos, gastos y utilidades de la renta según los estados generales (véase gráfica 2), podemos observar que los ingresos del estanco, los cuales se reducen principalmente a la venta del tabaco en manojos, cigarros y polvo, experimentaron un descenso en 1781 y 1782 como resultado del ataque y cierre de algunas expendedurías durante la revuelta comunera (^{Torres, 2019b}). Sin embargo, los ingresos se recuperaron en 1783 y mantuvieron un crecimiento hasta finales de la década de 1780. En las dos décadas siguientes, se observa una estabilización de los ingresos, alcanzando en promedio 816 000 pesos anuales de ingreso bruto. Esta tendencia de estabilidad de ingresos durante las décadas de 1790 y 1800 puede ser explicada por la convergencia de dos factores: el primero, el alcance de punto máximo de ventas legales en los estancos después de una estrategia de apertura de nuevas expendedurías en la década de 1780 y segundo, la aplicación de una política de congelamiento de precios instituida después de la revuelta comunera, con el objetivo de mitigar el malestar social y desalentar la migración de consumidores hacia el mercado ilegal del tabaco (^{Torres, 2024, pp. 158-180, 212-222}).

En relación con los gastos, el estanco tenía tanto erogaciones fijas como variables,⁴² siendo estas últimas las que principalmente influían en la dinámica del gasto de la renta. Bajo el régimen del monopolio, un aumento en las ventas se debía, entre otros factores, a un incremento en la oferta de tabaco en las factorías, que el estanco estaba obligado a absorber. Se sabe que el precio de compra a los cosecheros aumentó gradualmente, al igual que la producción tabacalera, especialmente en la factoría de Ambalema.⁴³ Además, que el estanco comprara más tabaco se traducía en mayores gastos en cueros y fletes que transportaran este tabaco hasta los territorios y mayores premios porcentuales a los expendedores. Un incremento en las ventas también resultaba en un aumento de los gastos, que se mantuvieron en alza, en especial durante la década de 1800 (véase gráfica 1). En este periodo, se experimentó una escasez en la oferta de servicios de empaque y transporte, lo que llevó a un aumento en su valor y a un incremento en los costos de funcionamiento del estanco (^{Harrison, 1951, pp. 123-126}; ^{Torres, 2024, pp. 239-244}).

Al final, el estanco absorbió el costo adicional derivado del aumento en los precios a los cosecheros y el incremento en los precios de los fletes y las pieles durante la década de 1800, ya que estos no se reflejaron en un aumento de los precios de venta del tabaco para el consumidor. Esto podría explicar por qué, a pesar de que los ingresos de la renta en 1808 estuvieran dentro del promedio, las utilidades de ese año fueron inferiores a las de los años anteriores.

Conclusiones

La creación de la Dirección General de Rentas Estancadas en el Nuevo Reino de Granada durante la visita del regente Francisco Gutiérrez de Piñeres ejemplifica la centralización y control de las rentas reales que el reformismo borbón buscaba instituir en la administración del erario regio. Esta dirección, encabezada por un director y dos contadores generales, se convirtió en el eje de la gestión y control de las rentas estancadas del tabaco, aguardiente, naipes y pólvora, desempeñando un papel clave tanto administrativo como contable y contencioso de estos importantes ramos hacendísticos.

En términos administrativos, la dirección actuó como centro de coordinación de la red de oficinas distribuidas por el reino, garantizando el flujo de productos y caudales necesarios para el funcionamiento de los estancos. Dentro de este marco, el director general fue el jefe de los empleados encargados de las oficinas y los resguardos de los estancos, mientras que los contadores asumieron funciones de interventores, asegurándose de que las disposiciones del director se ajustaran a las instrucciones de las rentas estancadas y favorecieran su fomento. Sin embargo, el análisis de las providencias emitidas por la Superintendencia General de Real Hacienda del Reino en materia de rentas estancadas reveló que el superintendente conservó la autoridad suprema en asuntos relacionados con el gobierno económico de estas rentas. Esta estructura jerárquica, con la superintendencia en la cúspide y la dirección como un escalón intermedio, confirma el fortalecimiento de la figura del virrey en el manejo de la Real Hacienda del Nuevo Reino de Granada desde la década de 1780.

En términos contables, la dirección operó como tribunal de cuentas para los ramos estancados. Este establecimiento, junto con la dotación de contadurías regionales, inhibió a los oficiales de las cajas reales y al tribunal de cuentas de la capital de revisar las cuentas de las administraciones principales. Inicialmente, correspondía a las contadurías principales el juicio de las cuentas de las oficinas de cada distrito, que luego pasaban a una segunda revisión en las contadurías generales, donde se examinaban, glosaban y fenecían de manera independiente, llevando un registro separado de todos los valores y consumos de cada ramo.

Por lo tanto, los esquemas jerárquicos de las oficinas de las rentas también englobaban la articulación de diversos niveles en la generación de la contabilidad de los estancos. Este proceso, que progresaba de manera ascendente, implicaba la recopilación de documentos contables en los diferentes niveles administrativos, desde los estanquillos, pasando por las factorías, administraciones particulares, almacenes y fábricas, hasta llegar a las contadurías principales. En estas últimas era donde se consolidaban los datos recopilados en instrumentos sintéticos como los libros mayores, las cuentas ordenadas, los estados generales y las relaciones de valores, entre otros, que, junto con la masa documental reunida eran el insumo para el segundo juicio a las cuentas que ocurría en las contadurías generales.

Al finalizar este segundo juicio, las contadurías de la Dirección formaban el Estado general de cada renta estancada para cada año fiscal, en el que se sintetizaba de manera clara y concisa lo ingresado, lo gastado y la utilidad líquida a beneficio del erario. De esta forma, se podía mostrar resumidamente el progreso o la decadencia de las rentas en el año anterior en cada administración principal, permitiendo a la Dirección tomar decisiones informadas para su crecimiento. El ejercicio realizado para la renta de tabacos concluye que, para futuras investigaciones interesadas en reconstruir series sobre el desempeño de las rentas estancadas, se recomienda utilizar los Estados generales, ya que proporcionan una imagen más precisa de lo recaudado y lo gastado, además de los caudales disponibles que llegaba a las cajas reales. En tal sentido, se subraya la necesidad de evitar el uso de sumarios de cargo y data si se busca una aproximación más precisa de los ingresos y gastos en los ramos estancados.

En términos contenciosos, el director general actuaba como juez subdelegado de la Superintendencia en asuntos de rentas estancadas para la capital del reino, mientras que los contadores generales defendían los intereses del rey por sus roles de fiscales para cada uno de sus ramos. El establecimiento de una jurisdicción privativa para las rentas estancadas limitó la participación de las justicias ordinarias en estos asuntos, relegándolas a roles de apoyo. Además, al ser la instancia de apelación de las sentencias de los jueces subdelegados la Superintendencia, la Audiencia de Santa Fe quedó inhibida en causas de rentas estancadas y, desde 1806, en general en las causas de hacienda quedando como instancia de apelación la Junta Superior de Real Hacienda.

Archivos y siglas

agn-c Archivo General de la Nación, Bogotá, Colombia.

agi Archivo General de Indias, Sevilla, España.

bnc Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

dgre Dirección General de Rentas Estancadas, Santa Fe, Nuevo Reino de Granada.