Introducción

En el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Perú, se han publicado un conjunto de investigaciones históricas que nos han dado nuevas luces sobre los eventos que culminaron en la libertad de Hispanoamérica y el inicio de las repúblicas latinoamericanas (^{Anna, 2003}; ^{Chust y Frasquet, 2013}; ^{Hamnett, 2011}; ^{O’Phelan, 2014}; ^{Peralta, 2010}). Estas han ahondado en múltiples campos como la política, la sociedad, la economía, la salud, la mujer, la plebe, el papel de las regiones, etc. Pese a estos avances, existen ciertos temas que no han concitado mucho interés en la historiografía como la fiscalidad colonial tardía.

La fiscalidad fue un mecanismo utilizado por la Corona española para obtener recursos de sus dominios que normalmente consistía en el cobro de impuestos y tributos a sus vasallos americanos. Sin embargo, en tiempos de crisis política o dificultades del erario regio, la monarquía recurría a una fiscalidad extraordinaria, a través de la cual solicitaba recursos, los cuales podían ser donativos, préstamos y suplementos.

Sobre la fiscalidad en tiempos del virrey Abascal no se han desarrollado muchas investigaciones. La historiografía peruana ha preferido centrar sus esfuerzos en conocer su política contrarrevolucionaria y cómo combatió a las juntas de gobierno separatistas (^{Alvarado, 2020}; ^{O’Phelan y Lomné, 2013}; ^{Peralta, 2010}). ^{Cristina Mazzeo (2012)} y ^{Ramiro Flores (2001)} estudiaron al Consulado de Lima, señalando el activo papel que tuvo el gremio mercantil para financiar económicamente a la Corona en tiempos de crisis. ^{Alfonso Quiroz (1993)} detalló el papel del crédito en la economía colonial peruana, subrayando el papel financiero que tuvieron diversas corporaciones; ^{Timothy Anna (2003)} resaltó que los donativos peruanos eran de menor cuantía comparados con los del virreinato de Nueva España y, además, destacó el papel del gremio mercantil y el enorme déficit económico que tuvo la administración virreinal en sus postrimerías; ^{Paul Rizo-Patrón (2009)} analizó el papel de la nobleza "conspiradora" durante la administración de Abascal, enfatizando los fondos previstos por "la Real Hacienda y el Tribunal del Consulado" (p. 206). Por su parte, ^{Daniel Morán y Yarango (2022)} estudiaron los donativos registrados en la Minerva Peruana. ^{Jesús Yarango, Morán, y Carcelén (2021)} analizaron los gastos de guerra según la Caja Matriz de Lima, con la finalidad de entender en qué se utilizaron los recursos recaudados por medio de esta fiscalidad extraordinaria. ^{Jesús Yarango (2022a}, ^2022b) analizó la caja limeña y la Gaceta del Gobierno de Lima, profundizando en los donativos registrados para auxilio de la metrópoli y en las contraprestaciones entregadas para el socorro de la península. A partir de este recuento, observamos la ausencia de varios temas cruciales para conocer la economía en los albores de la independencia. Uno de estos es el proceso de negociación llevado a cabo para obtener recursos que serían remitidos a la metrópoli para la guerra de independencia española, pero que finalmente fueron usados para financiar la campaña contrarrevolucionaria, especialmente contra la Junta de Buenos Aires.

La política contrarrevolucionaria y represiva del virrey Abascal obligó a la elite limeña a tomar una activa posición en favor de la Corona, no sólo para preservar su seguridad personal y patrimonio, sino también debido a sus extendidos lazos de parentesco con la burocracia virreinal (^{Burkholder y Chandler, 1982}, ¹⁹⁸⁴; ^{Fisher, 2000}; ^{Flores, 1984}; ^{Hamnett, 2011}; ^{Lohmann, 1947}, ¹⁹⁷⁴, ¹⁹⁸³; ^{Marks, 2007}; ^{Ortemberg, 2014}).

Consolidar el apoyo de los sectores sociales menos favorecidos, es decir, los mestizos e indígenas, resultó mucho más difícil debido a los pocos vínculos entre el estado virreinal y los sectores subalternos, aunque un gran porcentaje fue leal a la Corona, evidenciado por su incorporación al ejército y las milicias (^{Hünefeldt, 2010}; ^{Ragas, 2004}; ^{Sánchez, 2007}).

Esta investigación se propone estudiar parte de la administración de José Fernando de Abascal, que abarcará desde 1806, cuando el virrey asumió el cargo, a 1814, año en que se constituyó la Junta de Arbitrios, institución en donde se reunían los más adinerados miembros del virreinato para decidir las políticas económicas a aplicarse, con el fin de obtener recursos necesarios en la guerra. Entonces, nuestro objetivo principal es analizar el proceso de negociación efectuado durante este marco temporal por el primer marqués de la Concordia con cierto sector de la elite limeña, cuya intención era conseguir apoyo económico, en forma de donativo, para el sostenimiento del poder español en América.

Antes de adentrarnos a examinar el referido proceso de negociación durante la administración de Abascal, consideramos necesario esbozar un contexto histórico para conocer la situación del virreinato peruano y de la monarquía española. Luego, analizaremos la negociación informal que efectuó el marqués durante los primeros años de su administración. Finalmente, examinaremos las contraprestaciones solicitadas por una parte de la elite limeña que entregó donativos en los procesos de negociación, y explicaremos algunos estudios de caso.

Crisis y revolución. El inicio del fin de la monarquía española en Hispanoamérica

Existe consenso en la historiografía contemporánea en señalar que el inicio del fin del Imperio español en Hispanoamérica fue la invasión napoleónica de 1808 (^{Anna, 2003}; ^{Bonilla, 2016}; ^{Chust y Frasquet, 2013}; ^{Chust, 2007}; ^{Hamnett, 2011}).

El Tratado de Fontainebleau, firmado a fines de 1807, estableció una alianza entre España y Francia para permitir el paso de las tropas galas rumbo a Portugal. Sin embargo, el pacto fue quebrantado por la Francia napoleónica por medio de la ocupación militar de los principales bastiones del ejército español.

Afianzada la ocupación francesa de la metrópoli, la población española reaccionó en contra de lo que percibían como una usurpación de la autoridad del monarca español debido a las políticas napoleónicas y procedió a organizar la resistencia armada. El inicio de la guerra de independencia española tuvo como objetivo restaurar como monarca a Fernando VII, el Deseado, a pesar de que este y su padre Carlos IV habían abdicado en Bayona. Esta abdicación produjo que el cargo de rey recayera en José Bonaparte, hermano de Napoleón; lo que originó la reacción popular frente a un monarca carente de legitimidad e impuesto por las armas. Una de las respuestas fue la constitución de una junta central, a fines de 1808, en Aranjuez y, en 1810 se constituyó el Consejo de Regencia, en reemplazo de la junta, que convocó a las Cortes en Cádiz, que determinarían el sistema de gobierno que estaría vigente debido a la ausencia del monarca, que se cristalizó en la Constitución de Cádiz de 1812.

Los cambios políticos operados en la metrópoli originaron diferentes respuestas en Hispanoamérica en función de las conductas de sus elites. Una primera respuesta fue rechazar al nuevo monarca –José Bonaparte– y, frente al vacío de poder y mientras durara la ausencia del monarca, se constituyeron juntas de gobierno, lo que no fue aceptado por las autoridades gubernamentales virreinales debido a que, no sin razón, consideraban que podían transformarse en juntas separatistas. A ello se añade que las juntas hispanoamericanas fueron reacias a reconocer la autoridad del Consejo de Regencia, al postular que la soberanía emanaba del pueblo y que en ausencia del rey debía restituirse a él por medio de ellas (^{Chust, 2007}). Así, en Hispanoamérica surgieron una serie de juntas, con mayor o menor éxito dependiendo de la acción y reacción tanto de las elites criollas, como de las autoridades virreinales.

En el virreinato peruano, José Fernando de Abascal fue contrario a cualquier formación de juntas, pues según su entender, el verdadero objetivo era obtener su independencia, por lo que emprendió una serie de campañas militares con el fin de eliminar estos "focos insurgentes", en otras palabras, inició una guerra de contrainsurgencia (^{Abascal, 1944}; ^{Alvarado, 2020}; ^{O’Phelan y Lomné, 2013}).

La derrota napoleónica en España en 1814 significó el fin del teatro de operaciones en Europa, por lo que la prioridad militar de la Corona fue combatir los movimientos insurgentes en sus reinos americanos. El retorno de Fernando VII significó la derogación de la Constitución de Cádiz y la contraofensiva militar liderada por Abascal (^{Chust, 2007}; ^{Hamnett, 2011}; ^{O’Phelan y Lomné, 2013}).

A pesar de las penurias fiscales y limitaciones de recursos humanos y materiales, el virrey Abascal pudo sortear exitosamente las crisis políticas e intentos separatistas liderados por algunas juntas sudamericanas; así como recuperar algunos territorios. Este proceso no estuvo exento de dificultades, especialmente para financiar la guerra de reconquista. Por ello, se tuvo que invocar a la población, especialmente a las elites y corporaciones, para que entregara sus recursos por medio de donativos, préstamos y suplementos. Como lo señala en sus memorias de gobierno el propio ^{Abascal (1944)}, este dinero recolectado voluntariamente era una fuente importante pero insuficiente, debido a la crisis fiscal virreinal, como para financiar todos los gastos de la guerra. Así, cobra relevancia la recaudación extraordinaria, ya que fue un mecanismo legal habitualmente utilizado por la Corona para obtener dinero de manera rápida en un contexto de crisis del erario.

Esta investigación se centra en uno de estos mecanismos financieros, los donativos, dando cuenta de las negociaciones del virrey Abascal para conseguir dinero de cierto sector de la elite limeña, y, por otra parte, cómo actuaron los grupos de poder económico y qué esperaban obtener a cambio. Así, con la correspondencia privada y los periódicos como punto de partida, buscamos entender cómo se desarrolló este proceso y qué concesiones tuvo que otorgar Abascal para conseguir que la elite entregara sus recursos en forma de donativo y no como préstamo o suplemento.

Negociación y fidelidad para obtener donativos de la elite limeña durante los primeros años del régimen de Abascal, 1806-1814

Desde la instalación del gobierno español en Hispanoamérica, la sociedad se vio en la obligación de pagar impuestos y tributos a favor del rey. En ese sentido, la fiscalidad estuvo basada en el amor de los vasallos por su monarca, en donde la Corona debía demostrar y convencerlos de que el incremento de ciertos impuestos era necesario, que la tasa era asumible por ellos y que se cobraría por un breve tiempo, sólo mientras durara la emergencia (^{Fortea, 2000}; ^{Sánchez, 2013}, ²⁰¹⁶). Sin embargo, no únicamente existieron estas rentas a favor de la monarquía española; también existió una fiscalidad extraordinaria que consistió en dar recursos a favor de la metrópoli en un contexto excepcional, como una guerra internacional o una crisis de la Real Hacienda (^{Valle, 2020}). Este tipo de fiscalidad se basó en los donativos, préstamos y suplementos, así como en el aumento de los porcentajes de los impuestos y tributos o la creación de algunos nuevos.

Toda la fiscalidad estuvo basada en un sistema de tributación premoderno; es decir, de Antiguo Régimen, que tenía como principal eje legitimador el amor al monarca y la fidelidad de los vasallos (^{Lempérière, 2013}). Además, se utilizaba el principio o regla del derecho común "quod omnes tangit debet ab ómnibus approbari" ("lo que a todos atañe, todos deben aprobarlo"), cuyo origen está en el Código de Justiniano, que en el siglo xiii se fijó y consagró como una regla universal y abstractamente concebida (^{Clavero, 1991}; ^{Maravall, 1973}; ^{Merello, 2005}), por lo que fue utilizada dentro del derecho hispano para obtener una fiscalidad excepcional.

Entonces, cualquier modificación que se quisiera hacer en la fiscalidad, que estaba asentada en la tradición, debía realizarse con la aceptación de todos los involucrados. Pese a ello, en el virreinato peruano, durante los siglos xvi y xviii, existieron resistencias para la introducción de las alcabalas y otros impuestos (^{Fajardo y Suárez, 2012}; ^{Lavallé, 2014}). Durante la dinastía de los Borbones, la Corona buscó cambiar algún aspecto de la fiscalidad en el siglo xviii, por lo que se originaron protestas, tumultos, motines e incluso rebeliones contra estas disposiciones (^{O’Phelan, 2012}). Así, el fidelismo y la negociación jugaron un papel importante en el sistema virreinal. A partir del primero, el monarca sabía que podía contar con los recursos de la sociedad virreinal americana en tiempos de crisis. Por ejemplo, esto se produjo en el contexto de las guerras atlánticas libradas en el siglo xviii contra Inglaterra y Francia, momentos en los cuales el rey solicitó recursos a sus colonias americanas para financiar los gastos bélicos (^{Valle, 2016}). No obstante, sólo con la fidelidad no obtendría los recursos necesarios, así que muchas veces se recurrió a un proceso de negociación, que en gran medida se desarrollaba exclusivamente con la elite (^{Marichal, 2015}). Sin embargo, se han encontrado evidencias de una negociación con ciertos sectores populares, como las comunidades indígenas, para tomar prestados recursos de la Caja de Censos de Indios (^{Escobedo-Mansilla, 1997}; ^{Guillén, 2019}, ²⁰¹⁸; ^{Lazo y Ortegal, 1997}; ^{Noejovich, 2000}; ^{Vásquez, 2014}). Entonces, tanto la fidelidad como la negociación fueron elementos cruciales para que el soberano pudiera solicitar y obtener recursos de forma excepcional.

Autores como ^{Armando Nieto (1958)}, ^{Scarlett O’Phelan (2014)} y ^{Patricio Alvarado (2020)} han señalado que el fidelismo era utilizado para referirse a la lealtad que profesaba el vasallo a favor del rey español, además de que esta postura era esgrimida por súbditos y corporaciones en tiempos de Abascal, resaltando el papel que cumplió el virrey para defender la política colonial y evitar que movimientos independentistas tuvieran éxito dentro del territorio de su jurisdicción. Una definición contemporánea sobre el fidelismo nos la brinda el Diccionario de autoridades: "lealtad, observancia de la fe que uno debe a otro por ser su superior: como el vassallo al Rey, el criado al Amo" (^{Real Academia Española, 1732}). Sin embargo, la lealtad no implica la inexistencia de intereses concretos. En otras palabras, los distintos personajes que fueron fieles a la monarquía lo hicieron para obtener beneficios, ya fueran económicos, políticos o sociales. Entonces, la lealtad estaba condicionada a la situación y fortaleza política del virreinato peruano, y, por eso, la lealtad al rey no era definitiva.

La negociación en el Antiguo Régimen fue, según el Diccionario de autoridades: "el manejo político de las dependencias o pretensiones, para que sucedan del modo que se desean" (^{Real Academia Española, 1734}). Según ^{José Canga (1833)} –personaje clave relacionado con el mundo de la Real Hacienda y la hacienda pública (^{Fonseca, 1995})–, la negociación en tiempos virreinales se realizaba: "en los apuros extremados de dinero en que se vio comprometido el ministerio de hacienda de España, entonces acudió alguna vez al recurso de negociar fondos por medio del gremio mercantil" (p. 463). La negociación fue un mecanismo aplicado por la monarquía para obtener recursos de sus colonias. Sin embargo, en medio de este proceso, los súbditos solicitaban algunos beneficios a su favor.

¿Qué era un donativo? Las siete partidas lo definen como los beneficios otorgados por la nobleza desde la bondad de su corazón, realizado sin la búsqueda de ningún premio (^{Alfonso X El Sabio, 1256-1265/2021}). Para el Diccionario de autoridades: "era una contribución otorgada al rey, para socorro frente a alguna urgencia, y que era ofrecido graciosamente, y que por lo general no era una cantidad determinada, sino variable" (^{Real Academia Española, 1732}). Con base en la Novísima Recopilación de Leyes de Indias, sabemos que los donativos fueron un auxilio de los vasallos al rey, y que se vinculaban con la entrega de privilegios y mercedes (^{Carlos IV, 1805}). Finalmente, Joaquín Maniau Torquemada, destacado miembro de la Real Hacienda –surgido en la renta de tabaco en los años 1780 y 1790 hasta la década de 1810, posteriormente fue diputado en las Cortes–, señaló a través de su Compendio, editado por Fabián Fonseca y Carlos de Urrutia, que: "eran una contribución que solo era exigida en tiempos de urgencia de la Corona, basado en la fidelidad de los vasallos del Monarca de España que en nada reservan para acreditar su amor y gratitud a tan generoso dueño" ^{Maniau (1794/1914, p. 14)}. A partir de estas acepciones, consideramos que los donativos fueron recursos otorgados a favor de la Corona en tiempos de crisis política o crisis de la Real Hacienda, legitimados por el amor al rey, pero que conllevaba un proceso de negociación para asegurar los beneficios de los aportantes.

Los recursos en forma de donativos normalmente eran recaudados por alguna corporación, la más importante era el Consulado de Lima (^{Mazzeo, 2012}; ^{Parrón, 1995}; ^{Turiso, 2002}). Esto no era impedimento para que otros cuerpos o vasallos pudieran entregar recursos de manera particular. Así, todos estos caudales ingresaban a la Real Hacienda por medio de sus diferentes cajas, la Caja de Lima la más importante y quien los remitía a España.¹ Con el depósito de las dádivas en cualquier caja, el donante, en algunos casos, obtenía un certificado que acreditaba su colaboración al rey,² con lo cual podía solicitar alguna contraprestación.

La entrega de los donativos se hacía en diferentes momentos y no necesariamente en tiempos de crisis. Uno de estos ejemplos es la dádiva de 50 pesos realizada por Francisco Claros, con el objetivo de obtener la gracia de la fábrica de un molino en el partido de Tarapacá.³ En este caso, junto con otros, observamos que la entrega de donaciones se realizaba con la finalidad de agilizar algún trámite u obtener alguna gracia o beneficio (^{Grieco, 2018}; ^{Quiroz, 2021}).

La recolección de donativos durante la administración de Abascal no se realizó según los usuales procesos de recaudación desarrollados a lo largo del gobierno virreinal, debido a que su administración tuvo que enfrentar una inédita ausencia del rey. Además, gran parte de los recursos fueron destinados, en un primer momento, a socorrer a la metrópoli en la lucha por conseguir su independencia, pero luego fueron destinados a las guerras contrarrevolucionarias sudamericanas, debido a la demanda del conflicto y la situación económica crítica de los virreinatos americanos (^{Marichal, 1999}).

La entrega de donativos normalmente era regulada por una real cédula, que establecía las formas y mecanismos a través de los cuales se entregarían estos recursos (^{Nieves, 2017}). Pese a ello, Abascal publicó bandos en los periódicos oficiales tratando de incentivar que la sociedad entregara sus recursos para el sostenimiento del gobierno peninsular (^{Morán y Yarango, 2022}; ^{Yarango, 2022b}). Adicionalmente, para motivar a la población, generar emulación y poner en evidencia a los omisos, la lista de donantes fue publicada en los periódicos fidelistas Minerva Peruana y Gaceta del Gobierno de Lima, lo que era una prueba fehaciente de la fidelidad de los vasallos al rey.

Al poco tiempo de que Abascal asumió el cargo de virrey de Perú, el virreinato del Río de la Plata sufrió una invasión por parte de los ingleses. Ante esta situación, el primer marqués de la Concordia actuó ante el apremio y la necesidad económica, publicando un bando en la Minerva Peruana, en el que solicitaba a la sociedad peruana que apoyara a sus hermanos porteños en este penoso contexto.⁴ Lo llamativo es que, antes de ser emitido el bando del virrey, algunos funcionarios gubernamentales y miembros del Consulado de Lima ya habían entregado recursos para socorrer al virreinato rioplatense.⁵ Este anticipado donativo nos hace suponer que, a diferencia de lo acontecido en el virreinato novohispano (^{Nieves, 2017}), en el peruano no era del todo necesaria la publicación de una cédula real, ya que el contexto presentó la oportunidad para algunos donantes de hacer méritos ante el virrey; aunque no debemos omitir que el papel de Abascal y su política de "concordia" también debieron influir en la rápida ayuda de muchos miembros de la elite limeña.

El Consulado de Lima tampoco fue ajeno a la desesperada situación de Buenos Aires, así, en 1807 el cuerpo mercantil recolectó 10 000 pesos para su socorro (^{Mazzeo, 2012}). Adicionalmente, a partir de las hojas de la Minerva, encontramos que varias regiones como Arequipa, Cuzco y Trujillo apoyaron con sus caudales para el auxilio del virreinato rioplatense.

Abascal se contactó por medio de correspondencia privada con varios miembros de las más importantes corporaciones virreinales con el fin de solicitar su ayuda. En este caso y ante la difícil coyuntura, mantuvo correspondencia con Vicente Oliver, contador del Tribunal de Cuentas, pidiendo su intermediación para que los funcionarios de la corporación aceptaran dar un donativo de sus sueldos.⁶ No sabemos la respuesta del funcionario, pero a partir de esta fuente observamos cómo el virrey, por medio de una comunicación más directa que formal, pedía ayuda a varios funcionarios, apelando a su fidelidad y a su amor al rey.

Con la derrota de los ingleses, se produjo un evento que estremeció las bases de la monarquía española, que fue la invasión napoleónica. Ante este suceso, el virrey solicitó el apoyo de toda la población, debido a la precaria situación política y económica en que se encontraba la Corona. Por medio de un bando publicado en la Minerva, instó a que entregaran donativos y dio el ejemplo donando 10 000 pesos.⁷ Estos recursos debieron ser destinados exclusivamente a la península, sin embargo, con el surgimiento de juntas de gobierno en América, ^{Abascal (1944)} empezó una guerra contrarrevolucionaria, pues consideró que estas juntas buscaban su independencia, aprovechándose de la crisis de la Corona.

Pese a los diversos montos, a excepción de 1814, en todos los años entre 1808 y 1814 las cifras superan el umbral de los 50 000 pesos, lo que es bastante significativo si comparamos esa cantidad con el costo de un fusil inglés, que para esa época era de 17 pesos (véase gráfica 1).⁸ Todavía es un trabajo pendiente el desagregar estas cifras, indicando qué porcentaje del dinero donado fue usado en tierras americanas y cuánto se remitió a la península. Asimismo, debemos aclarar que no siempre los montos registrados en los periódicos eran los mismos que encontramos en el cargo de la Caja de Lima, debido a que muchos donantes de las regiones depositaban sus recursos en otras cajas.

Fuente: elaboración propia con base en Minerva Peruana y Gaceta del Gobierno de Lima. Hemeroteca, periódicos, BNP. Una parte del gráfico se encuentra en ^{Morán, Yarango, y Carcelén (2023)}.

Gráfica 1 Donativos según la Minerva Peruana y la Gaceta del Gobierno de Lima, 1808-1814 

El virrey Abascal, ante la ausencia del rey y con la inestabilidad del gobierno representativo en España, debió tomar decisiones en concordancia con el bienestar de la Corona. Así, el primer marqués de la Concordia, por medio de su correspondencia privada negoció con varias corporaciones y funcionarios acaudalados del virreinato peruano, buscando su intermediación sin tener una negociación directa con los mismos cuerpos virreinales, que normalmente se desarrollaba por medio de las Juntas de Arbitrios.

Abascal, en su afán de conseguir la mayor cantidad de donaciones para el socorro de la península, mantuvo correspondencia con diferentes corporaciones. Una de estas fue el Tribunal de Minería, a quien le escribió el 30 de noviembre de 1808, solicitándole su apoyo al soberano. La respuesta de la corporación fue una dádiva de 500 pesos.⁹ Otra fue remitida a la Real Audiencia de Lima, solicitando su apoyo financiero. No hemos encontrado la respuesta a esta demanda.¹⁰ También cruzó correspondencia con la Real Casa de Moneda, para pedir apoyo económico. Esta solicitud fue respondida con un donativo de 1 000 pesos.¹¹ Estos casos demuestran que los pedidos del virrey tuvieron una respuesta positiva por parte de las distintas corporaciones. Sin embargo, más adelante detallaremos el beneficio que se negociaba por medio de esta correspondencia

En similar política, el virrey no sólo compartió correspondencia con otras corporaciones por medio de sus representantes, sino también con funcionarios públicos. Por ejemplo, escribió a los ministros de la Real Hacienda, con el afán de solicitarles que recortaran sus sueldos para suplir las urgencias del erario y que lo entregaran en donativo voluntario. Los funcionarios le solicitaron un tiempo para concertar el porcentaje a donar.¹² Otro ejemplo es la que tuvo con funcionarios del Tribunal de Temporalidades, a quienes les solicitó lo mismo, y, que rápidamente respondieron que por amor a su soberano iban a donar el 50% de su sueldo de noviembre.¹³ Abascal predicó con el ejemplo. El mismo se recortó el sueldo.¹⁴

La Iglesia no fue ajena a esta campaña de donaciones solicitada por el virrey. Encontramos una larga correspondencia entre Abascal y el arzobispo de Lima, Bartolomé de las Heras. Aparte de solicitarle que invocara a sus feligreses a ser fieles al rey, también encontramos pedidos de donativos, argumentando el mal estado del erario. El arzobispo, en representación de la Iglesia, entregó varios donativos en dinero, pero este no fue el único medio por el que donó, sino que en varias ocasiones entregó joyas.¹⁵

En los últimos años del mandato del virrey, los donativos descienden en cantidad (véase gráfica 1). Así, el virrey comparte correspondencia con Juan Napomuceno, regente de la Real Audiencia de Lima, en la que expresó su preocupación por la dificultad de recaudar dinero en forma de donaciones y le solicitó dádivas. El regente respondió que, por las penurias económicas de todos los funcionarios, era complicado seguir entregando donativos, por lo que debería empezar a solicitar préstamos, y le ofreció 3 000 pesos al 5% anual.¹⁶ La correspondencia no tiene respuesta, pero la documentación existente permitiría analizar los préstamos en tiempos de Abascal.

El Consulado de Lima, como uno de los principales financistas del virrey, mantuvo múltiples negociaciones para proveer de recursos. Así, entre 1809 y 1810 entregó bastantes caudales y se comprometió a recolectar un donativo de un millón de pesos, solicitado para las urgencias de la guerra.¹⁷ Asimismo, este tribunal se reunía constantemente por medio de las juntas de comercio, dando cuenta de las solicitudes para la entrega de donativos y préstamos del virrey Abascal, debatiéndolos y, en su gran mayoría, aprobando la entrega de recursos.¹⁸ Por esto, la correspondencia entre representantes del consulado y Abascal es abundante, en la que se conversó sobre los donativos y las urgencias del ejército, como el armar, con sus recursos, a las tropas del rey. Observamos esto cuando tuvo que pagar los salarios de las tropas del Desaguadero entre 1810 a 1814, con el fin de sostener su posición para evitar el avance de los insurgentes de Buenos Aires.¹⁹

En esta sección hemos dado varios casos que ejemplifican la forma en que se desarrolló la negociación durante los primeros años de la administración de Abascal hasta 1814. Con el regreso al poder de Fernando VII, este indica al virrey que se debe instituir la Junta de Arbitrios, por medio de este órgano los más poderosos vasallos del rey y los representantes de las más importantes corporaciones se reunirían y decidirían cuánto dar de donación, préstamo y en qué porcentaje incrementar los impuestos, en caso de ser necesario (^{Bonilla, 2022}; ^{Contreras, 2021}).

Contraprestaciones otorgadas por la Corona española por los servicios prestados

Los servicios en favor de la monarquía, más aún cuando esta se encontraba en una situación crítica financieramente, hecho que no era infrecuente, solían ser muy bien recompensados por el rey. Así, por medio de los virreyes, el monarca otorgaba retribuciones a quienes hubieran brindado algún servicio a la metrópoli por ayudar al sostenimiento del buen gobierno (^{Lempérière, 2013}). Estos beneficios eran otorgados en agradecimiento a la fidelidad y a la ayuda prestada; eran de dos tipos: privilegios o mercedes.

Distinguir ambos con claridad no ha sido tarea sencilla para la historiografía. ^{Rojas (2007)} le da un sentido amplio y se refiere a los privilegios como todas las mercedes y gracias concedidas por el soberano. El significado que le asigna, a nuestro parecer, es ambiguo, porque no diferencia un privilegio de una merced. No obstante, en la práctica, su definición encajaría con el concepto de contraprestación.

Si tomamos como referencia una fuente de la época, el Diccionario de autoridades, se define privilegio como: "gracia o prerrogativa que concede el superior, exceptuando o libertando a uno de alguna carga o gravamen, o concediéndole alguna exención de que no gozan otros" (^{Real Academia Española, 1737}). En cambio, una merced es una: "dádiva o gracia que los Reyes hacen a sus vasallos, de empleos, dignidades, rentas" (^{Real Academia Española, 1734}).

Se puede deducir que los privilegios, al exceptuar de una carga o gravamen, debían ser otorgados en su defecto a las corporaciones, quienes se beneficiaban con esta contraprestación. En contrapartida, las mercedes eran dádivas exclusivas para los vasallos, por medio de sus méritos y servicios. Pese a ello, debemos aclarar que el monarca podía otorgar privilegios personales que no recaían en una corporación, pero que en este periodo no se pudo efectuar debido a su ausencia en el poder.

Ya que nos hemos centrado en los tipos de contraprestaciones, consideramos pertinente analizar los casos explicados anteriormente, profundizando en las solicitudes realizadas por las corporaciones al virrey. Debemos aclarar que, al ser correspondencia privada, los representantes de los cuerpos virreinales son más directos al señalar cuál es el beneficio que ellos y su corporación desean recibir, aunque hay algunos pocos casos en los que no lo señalan.

La negociación con el Tribunal de Minería fue fructífera, debido a que entregaron 500 pesos en donativo, sin embargo, solicitaban al virrey su intercesión ante el monarca para que los apoyara con el problema del traslado del azogue, necesario para sus funciones.²⁰ Los funcionarios de la Real Casa de Moneda recolectaron 1 000 pesos en donación, pero su solicitud fue el conseguir, cuando pasara la situación de guerra en el continente, un ascenso y un aumento en sus salarios.²¹ Estos casos nos permiten darnos cuenta de que, pese al amor al rey profesado por la mayoría de las corporaciones y sus representantes, lo que primaba eran sus intereses, por lo que condicionan una dádiva a la obtención de un beneficio. En la primera solicitud, el virrey prometió apoyarlos con la remisión a menor costo del azogue; mientras que en la segunda no les dio respuesta, pero suponemos que se comprometió a hacer todo lo posible para conseguir su solicitud, con el fin de que siguieran entregando donaciones.

En la correspondencia con los funcionarios del Tribunal de Temporalidades, ellos solicitaron al virrey que intermediara para ayudarles a conseguir un ascenso en sus cargos, además, pidieron que sus nombres fueran publicados en la Minerva para servir como ejemplo para los demás súbditos.²² Este es un caso claro sobre el interés de los donantes porque aparezcan sus nombres en los periódicos, debido a que les generaría prestigio y beneficio político por su lealtad.

El Consulado de Lima fue uno de los mayores financistas del régimen virreinal, en ese sentido, obtuvo múltiples privilegios debido al enorme apoyo económico que prestó. Así, ^{Cristina Mazzeo (2012)} señala que varios gravámenes o impuestos que debía pagar fueron eliminados gracias a su aporte al sostenimiento del buen gobierno. Además, obtuvo libranzas referidas al derecho de subvención y patriótico, exigido como beneficio por haber otorgado una dádiva de 400 pesos.²³ Como estos casos, el gremio mercantil recibió muchos más privilegios, pero con estos dos casos nos queda claro que, al igual que fue el mayor financista, también fue el mejor posicionado por sus relaciones para obtener beneficios de índole comercial. Adicionalmente, la relación con el virrey Abascal era buena, ya que esto se observa en el apoyo que les brindó para evitar la libertad de comercio, por dar un ejemplo. Está situación cambió cuando Abascal culminó su gestión y asumió Joaquín de la Pezuela, que no llegó a tener una relación cordial con el consulado, por lo que el gremio no lo secundó como a su antecesor, lo que le dio muchos problemas económicos que no pudo resolver (^{Anna, 2003}; ^{Hamnett, 2011}).

Conclusiones

Los donativos fueron uno de los mecanismos utilizados por la Corona para agenciarse de recursos económicos en tiempos de crisis fiscal, déficit de la Hacienda Real, guerras internacionales o para sofocar insurrecciones; y su entrega era una muestra de amor al rey. Su importancia reside en que fueron una ayuda vital para sostener el esfuerzo bélico. Es así como, durante todo el dominio español en Hispanoamérica, fue frecuente su solicitud por parte de la monarquía a sus diversos territorios.

Durante el régimen de Abascal, él aplicó una política de negociación a partir de la correspondencia privada, en la que –a excepción de la Junta de Comercio del Consulado de Lima– los procedimientos eran sencillos y por medio de esta se comprometía el monto del donativo y los beneficios que requerían. Así, su administración omitió ciertos procedimientos, como la instalación de una Junta de Arbitrios, lo que agilizó la recolección de donativos debido al inesperado contexto que se vivió por la ausencia del rey.

Los principales financistas del virreinato peruano fueron ciertos personajes que contaban con un importante capital económico, además de algunas corporaciones como el Consulado de Lima. De este modo, cierto sector de la elite limeña supo observar la necesidad de dinero como una oportunidad para reforzar y ampliar su poder e influencia dentro de la administración de Abascal, buscando mantener sus intereses y conseguir mayores beneficios.

Es necesario aclarar que no siempre las contraprestaciones podían ser cumplidas por el virrey y en algunos casos consideremos que las promesas quedaron en el aire. Esto se relaciona con que la entrega de donativos no significó la devolución del dinero ni la obtención de algún interés, que sí conseguían por medio de préstamos. Pese a ello, el servicio otorgado a favor del rey debía ser recompensado, según las políticas del Antiguo Régimen, por lo que era común el obtener algún beneficio de diferente índole. A raíz de esto, nos queda la interrogante de si los grandes contribuyentes que no obtuvieron algún beneficio continuaron apoyando económicamente al virreinato peruano.

Nuestra investigación se concentró en analizar el proceso de negociación para obtener donativos de cierto sector de la elite limeña. Sin embargo, no debemos ignorar la existencia de la negociación en las regiones del virreinato, donde pudo haberse llevado a cabo otro procedimiento con diferentes características y particularidades, en el que también se consiguieron recursos. Este vacío en la historiografía fiscal de la independencia invita a profundizar en las relaciones particulares que tuvo el régimen con los diferentes territorios al interior del virreinato.

A su vez, la entrega de donativos demostró una postura política a favor de la monarquía; pese a ello, formulamos que, en su mayoría, fue un fidelismo por interés, es decir, buscaban sostener el virreinato para no perder sus riquezas y beneficios.

Por último, deseamos que esta investigación permita el desarrollo de nuevos trabajos desde el campo de la historia fiscal en tiempos de independencia en Perú y en América. Esta es una pequeña aproximación al proceso de negociación, sin embargo, aún queda pendiente analizar el papel de la Junta de Arbitrios y si de alguna manera los diferentes mecanismos de negociación que aplicó este órgano modificaron la relación del gobierno con la elite limeña. Por ende, esperamos que futuros historiadores se adentren a trabajar en estos temas, en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Perú.

Archivos

agn Archivo General de la Nación, Lima, Perú.

bnp Biblioteca Nacional del Perú, Lima, Perú. (Tribunal del Consulado - Gobierno, Real Hacienda - Cajas Reales).