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Introducción
Los recursos forestales a nivel mundial representan una fuente de materias primas muy importante para la humanidad. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020), en el planeta existen alrededor de 4,060 millones de hectáreas (ha) forestales, de las cuales 2,050 millones de ha se encuentran bajo manejo, obteniéndose importantes recursos tanto maderables como no maderables de dichas áreas.
Si bien la gestión de los ecosistemas forestales es un tema de importancia global, su manejo depende de las políticas públicas que cada país diseña e implementa para administrar sus propias zonas forestales. En este sentido, la adaptación y efectividad de dichas políticas públicas depende de las características particulares de cada nación, tales como: tipos de ecosistemas, superficie forestal, recursos disponibles, tipo y severidad de la degradación forestal, derechos de propiedad de las zonas forestales, prioridades del sector forestal y compromisos internacionales adquiridos por cada nación a través de las distintas leyes y tratados internacionales (Wuepper et al., 2024) . Así también, para su aplicación, es necesario realizar cambios importantes para adecuarlas al contexto actual de cada país (Nebasifu et al., 2024) .
Comparar las políticas públicas de diversos países permite analizar diferentes experiencias con el fin de hallar las mejores y peores prácticas, promoviendo el intercambio de conocimiento, así como la innovación y la reformulación de las políticas públicas (Guzmán, 2016) . El contraste entre políticas públicas con un enfoque geográfico ayuda también a comprender los elementos y las cosmovisiones que cada país tuvo en cuenta para su diseño (Bautista, 2014) .
En este sentido, México y Colombia tienen contextos ambientales, sociales y económicos similares, pues comparten una conexión histórica común, ya que ambas naciones fueron colonizadas por España.
En el caso de México, las políticas públicas forestales han atravesado por diversos enfoques a lo largo de la historia del país. En un principio se basaban en el establecimiento de concesiones de grandes superficies forestales cedidas a empresas privadas; sin embargo, en la actualidad se ha transitado hacia una gestión colectiva de los bosques, selvas y zonas áridas a cargo de los mismos propietarios, implementando así un modelo de manejo forestal comunitario (Heredia et al., 2022) . Colombia, al igual que México, ha replicado el modelo de manejo forestal comunitario, dejando el papel principal de la administración de los recursos forestales en manos de los actores locales, partiendo de tres ejes: el desarrollo de actividades productivas sostenibles, la reconstrucción del tejido social y la conservación de los recursos naturales (Amaya, 2020) .
El objetivo de esta investigación es analizar similitudes y diferencias en la implementación de políticas públicas forestales entre México y Colombia, que permitan determinar factores de éxito o fracaso en el manejo de los recursos forestales.
Metodología
Relación entre México y Colombia
Tanto México como Colombia fueron seleccionados para efectuar el análisis comparativo debido a que ambos comparten características similares, como la posesión de grandes superficies forestales y un tipo de tenencia de la tierra predominantemente social, lo cual ha dado como resultado que en la actualidad ambos países, a pesar de ser considerados megadiversos, enfrenten el reto de articular la conservación de sus zonas forestales con el desarrollo de las comunidades originarias que habitan estas zonas.
Dicho vínculo hace posible identificar diferencias y similitudes que son susceptibles de comparación en cuanto a las políticas públicas forestales. Este contexto es producto en gran medida de su origen común, siendo colonias españolas que lograron posteriormente su independencia, pero sin lograr el reconocimiento pleno de los pueblos originarios. Sin embargo, a pesar de estas semejanzas, ambos países han seleccionado e implementado estrategias de gestión forestal distintas para garantizar la conservación de sus ecosistemas, por lo cual una comparación de las mismas ayudará a comprender mejor el desarrollo de las políticas públicas forestales.
Para el desarrollo de la investigación se utilizó como base la metodología de perspectiva comparada de políticas públicas, a través de la cual se analizaron las similitudes y diferencias entre instituciones, procesos, actores, resultados y efectos en la producción forestal generados por las políticas públicas forestales en cada uno de los países (Cardozo, 2023). La política pública comparada se refiere al análisis de las diferencias entre las políticas públicas de los países; por la naturaleza del tema se combinó con un enfoque territorial, el cual permite analizar las diferencias partiendo de un espacio geográfico donde cada país desarrolla sus políticas públicas a partir de la vinculación que tienen con sus recursos forestales y en función de sus necesidades particulares (Giraudy et al., 2021; Calvo et al., 2019) .
Rubros de la política pública forestal
Para efectuar el análisis comparativo de los dos países, se requirió previamente establecer criterios de homogeneidad, para poder comparar aquellos rubros que pertenecieran al mismo género (Tonon, 2011) ; por lo cual, las políticas públicas forestales se agruparon en seis grandes rubros:
Conservación: son aquellas que buscan mantener las condiciones naturales de los ecosistemas forestales, influyendo en el uso que las personas hacen de los recursos existentes; siendo uno de los programas más utilizados el de pago por servicios ambientales (Börner et al., 2020) .
Restauración: las políticas públicas de restauración forestal tienen como fin recuperar la integridad ecológica en aquellos ecosistemas forestales degradados, al mismo tiempo que buscan incrementar el bienestar social de la población que habita estos lugares (Wild y Walters, 2022) .
Aprovechamiento: se consideran todas aquellas acciones del gobierno encaminadas a promover la extracción de los recursos forestales maderables y no maderables de un ecosistema forestal, siempre y cuando se garantice su preservación (Nugroho et al., 2024) .
Protección: son aquellas que buscan evitar el daño que los agentes perturbadores pudieran generar en los ecosistemas forestales, tales como: incendios, plagas, enfermedades, tala ilegal y cambio de uso de suelo (Rohmy et al., 2024) .
Cultivo y sistemas agroforestales: buscan promover el establecimiento de especies forestales con fines económicos en terrenos de uso agropecuario. En el caso de cultivo forestal, el fin es sustituir las actividades agropecuarias por la forestería, mientras que en el caso de los sistemas agroforestales se busca articular la forestería con las actividades agropecuarias (García et al., 2022) .
Investigación: son aquellas acciones realizadas por el gobierno para impulsar la generación de conocimiento y promover la transferencia y aplicación de tecnología del sector forestal a los usuarios finales (Bechini et al., 2017) .
Variables analizadas
Las variables que se eligieron para efectuar la comparación son: presupuesto destinado al sector forestal, presupuesto asociado a rubros de gestión forestal, programas implementados, estadísticas de superficie forestal, tipo de vegetación, tipo de propiedad, deforestación, producción forestal, aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, así como importación y exportación de productos forestales.
El análisis comparativo se realizó tomando como base las estadísticas de las diferentes instituciones forestales de cada país. En el caso de México, se utilizaron las bases de datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor, 2025a, 2024a, 2024b, 2023a, 2023b, 2022, 2021 y 2020). En el caso de Colombia, se utilizó información del Ministerio de Ambiente (Minambiente, 2025, 2024a, 2024b, 2023a, 2023b, 2022, 2021 y 2020), del Ministerio de Agricultura (Minagricultura, 2023 y 2019) y de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas, 2023).
El periodo seleccionado para el desarrollo del análisis comprende de 2020 a 2024. Asimismo, en algunos casos se tomó como referencia el último año 2024 como dato de comparación para contrastar aspectos como superficie forestal, tipo de propiedad, tipo de vegetación e importaciones y exportaciones. En el caso de la deforestación, se obtuvieron los datos de pérdida de cobertura forestal anual de cada país durante el periodo 2020-2024; dicha información se recabó de las bases de datos de Conafor (2024a) Minambiente (2023a), Presidencia de Colombia (2025) y WRI (2025). Posteriormente, se realizó un análisis de tendencias lineales de la deforestación y se obtuvieron los porcentajes promedios de pérdida de cobertura forestal anual.
Se seleccionó este periodo de cinco años debido a que presenta los datos oficiales más actualizados con los que cuentan ambas naciones. Si bien es cierto que existen algunos datos más recientes, estos no se encuentran disponibles de manera oficial, o en su defecto sólo uno de los países cuenta con ellos.
Finalmente, a manera de resumen, se llevó a cabo un análisis comparativo de las etapas del ciclo de las políticas públicas aludidas en el trabajo de Arias (2019) , considerando en específico el sector forestal de México y Colombia.
Resultados
Contexto
El sistema político de México y Colombia es similar al estar conformado por una república democrática representativa dividida en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, donde el poder político proviene de la población y se ejerce a través de representantes elegidos mediante voto popular (CNE, 2025; INE, 2024). En la Figura 1 1 se observa que México es el país que cuenta con mayor superficie forestal, constituida principalmente por matorral xerófilo y, en segundo lugar, por bosques templados y selvas. En el caso de Colombia, la superficie forestal es menor y se encuentra constituida sobre todo por selvas, bosques de niebla y páramos (Conafor, 2024a; IDEAM, 2024; Minambiente, 2023a).
Instituciones
En el Cuadro 1 se puede observar que en México el sector forestal está dirigido por la Conafor, que es un organismo público descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, 2001). En Colombia, la administración del sector forestal está a cargo de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que pertenece directamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente, 2011).
Procesos
Aunque los dos países cuentan con programas forestales, la manera en que distribuyen su presupuesto es diferente. Como se puede observar en la Figura 2, en México se ha implementado el Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, en el cual los dos rubros que cuentan con mayor presupuesto son restauración forestal a través del Programa Restauración Forestal de Microcuencas-Regiones Estratégicas y el Programa de Compensación Ambiental, y en segundo lugar conservación forestal con el Programa de Pago por Servicios Ambientales (Conafor, 2025a).
Por su parte, Colombia cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, el cual —como se muestra en la Figura 3— destina la mayor parte de su presupuesto a actividades de conservación a través del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales; en segundo lugar destacan las actividades de restauración forestal vinculadas al Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas y a la Estrategia Nacional de Compensaciones Ambientales. Es importante mencionar que Colombia es el país con mayor inversión de su presupuesto en actividades de investigación con un promedio de 9% (Minambiente, 2024a).
Actores
Los actores que intervienen en el manejo y administración de los recursos forestales son muy importantes para la implementación de las políticas públicas forestales, de forma general podemos identificar tres principales tipos: el Estado, grupos colectivos y particulares. En la Figura 4 se puede observar que en el caso de México la mayor parte de la superficie forestal es propiedad colectiva y se encuentra en manos de ejidos y comunidades (Conafor, 2024a y 2023b). De igual manera, en Colombia la mayor parte de los terrenos forestales son de propiedad colectiva bajo la figura de resguardos indígenas y comunidades negras (IDEAM, 2024; Minagricultura, 2019).
Resultados de la comparación de políticas públicas forestales entre México y Colombia
El principal objetivo de las políticas públicas forestales en los dos países es la preservación de los ecosistemas forestales, por lo cual el principal indicador para medir sus resultados es la deforestación. En la Figura 5 se puede observar que ambos países han presentado pérdida de cobertura forestal durante el periodo 2020-2024; sin embargo, al analizar las tendencias lineales de la deforestación, se observa que en el caso de México la tendencia es al alza, mientras que en el caso de Colombia la tendencia es a la baja. Si se considera la tasa de deforestación respecto a la superficie forestal de cada país, se obtiene que México presentó una pérdida anual promedio de 0.46% de su superficie forestal y Colombia mostró una pérdida anual promedio de 0.31% (Conafor, 2024a; Minambiente, 2023a; Presidencia de Colombia, 2025; WRI, 2025).
Ambos países presentaron una reducción histórica importante de la deforestación en 2022 y 2023. En México, esta reducción fue producto del fortalecimiento de los programas de manejo forestal comunitario y restauración; mientras que en Colombia la reducción estuvo vinculada al establecimiento de acuerdos de paz del Plan de Contención de la Deforestación que promovió el programa de pago por servicios ambientales y la participación de las comunidades locales bajo el esquema de guardianes del bosque. Sin embargo, en 2024 la deforestación volvió a tener un repunte en ambos países.
Tanto en México como en Colombia, las principales causas de deforestación son las actividades agropecuarias y especialmente la ganadería extensiva, siendo los ecosistemas más afectados las selvas tropicales del sur de México y la Amazonía colombiana (Conafor, 2024a; Minambiente, 2023a).
Como resultado de la influencia que ejerce el ser humano en los ecosistemas, se tiene el indicador de tipo de vegetación, en el cual, como se puede observar en la Figura 6, Colombia es la nación que posee mayor vegetación primaria con respecto a su superficie forestal (vegetación sin alteraciones significativas causadas por el ser humano o perturbaciones naturales) con 95.25% de su superficie, seguido por México con 67.99% de vegetación primaria. El porcentaje restante corresponde a vegetación secundaria (vegetación que crece después de una perturbación natural o humana una vez que se eliminó la cubierta vegetal original) (Conafor, 2025b y 2023a; FAO, 2010; IDEAM, 2024) .
Los ecosistemas forestales de los dos países se han visto afectados por diversos fenómenos perturbadores; sin embargo, uno en el cual coinciden las dos naciones son los incendios forestales. Al analizar el número de incendios promedio de 2020 a 2024, encontramos que Colombia tiene una ocurrencia promedio de 992 incendios anuales con una afectación de 32.50 ha/evento y en segundo lugar México con 6,998 incendios al año con una afectación de 98.77 ha/evento (Minambiente, 2025; Conafor, 2024a).
Efectos en la producción forestal
En cuanto al aprovechamiento forestal, el país que mayor productividad maderable tuvo fue México con un promedio anual de 7,900,000 m3, mientras que Colombia ocupó el segundo lugar con 1,870,614.50 m3. Si se considera la tasa de productividad por superficie, el mayor rendimiento lo tiene Colombia con 2.64 m3/ha y en segundo lugar México con 2.50 m3/ha (Conafor, 2024a; Minagricultura, 2023). En la Figura 7 se muestra que el género Pinus es el más utilizado en los dos países para la producción de madera (Conafor, 2026; Minagricultura, 2024).
En lo referente a la producción no maderable, en la Figura 8 se muestra que México es el principal productor con 189,138.40 ton promedio anuales, con productos como resinas, tierra de monte, ceras y fibras; en segundo lugar está Colombia con 100,690.40 ton, siendo el principal producto la guadua (Guadua angustifolia) que es un bambú nativo de Colombia, el cual se comercializa a través de subproductos como la sobrebasa, basa, esterilla y puntal (Conafor, 2026 y 2024a; Minagricultura, 2024 y 2023).
En lo concerniente al Producto Interno Bruto generado durante el periodo de 2020 a 2024, el país que mayores ingresos generó dentro del sector forestal fue México con $4,020,000,000 USD, con un promedio de $804,000,000 USD anuales; en segundo sitio está Colombia con $2,100,000,000 USD, con un promedio de $420,000,000 USD anuales (Conafor, 2026 y 2024a; Fedemaderas, 2023; Minagricultura, 2024).
En la Figura 9, se observa que las exportaciones e importaciones es un rubro donde ambos países coincidieron al mostrar un déficit comercial durante el periodo 2020-2024, importando más productos forestales que los que se exportan. Sin embargo, al analizar el déficit de exportaciones e importaciones, se encuentra que México tiene un déficit promedio anual de -$1,506,000,000 USD y Colombia de -$274,000,000 USD, lo cual significa que México es el país con mayor dependencia de productos forestales extranjeros (Conafor, 2024a; Fedemaderas, 2023; Minagricultura, 2024).
Ciclo de políticas públicas
Se efectuó un análisis comparativo partiendo del ciclo de las políticas públicas (Cuadro 2) , en el cual se puede observar que una de las principales debilidades en el caso de México y Colombia es que la alternativa de solución adoptada no está atendiendo de manera efectiva el problema identificado.
Esta diferencia entre la identificación del problema y la elección de la alternativa de solución en el caso de México y Colombia repercute enormemente en sus resultados, donde se puede constatar que las políticas públicas de conservación no son suficientes para detener el problema de la deforestación. En este sentido, resulta necesario llevar a cabo una reformulación de las políticas públicas forestales de México y Colombia, en donde se dé mayor importancia a las alternativas de cultivo y sistemas agroforestales, toda vez que la principal amenaza está relacionada con la expansión de las actividades agropecuarias.
Discusión
México es el país que destina más recursos económicos al sector forestal y en segundo lugar se encuentra Colombia; si bien México es el país que tiene mayor inversión, se considera que las políticas públicas forestales tienen áreas de oportunidad toda vez que al comparar los datos con Colombia se observa que este último, con un menor presupuesto, está logrando una tendencia de la deforestación a la baja. En el caso de México, Caballero (2022) señala que una de las principales fallas de las políticas públicas forestales es su duración, ya que éstas se han diseñado e implementado siguiendo únicamente un horizonte de corto y mediano plazo, siendo reencauzadas periódicamente durante cada cambio de administración, limitando su retroalimentación y consolidación. Por su parte, Moreno (2002) menciona que en el caso de Colombia ocurre una situación similar a la de México, donde la mayor parte de las políticas públicas forestales es de corto plazo y sus tiempos obedecen a periodos administrativos, lo que genera una baja integración normativa-jurídica en materia forestal y una escasa planeación estratégica del sector.
Cada país ha seleccionado una estrategia institucional distinta para atender al sector forestal; por un lado, México ha optado por generar un organismo público descentralizado para atender el sector forestal, mientras que Colombia ha preferido administrar de manera central todos los temas relacionados a sus zonas forestales.
Kairu et al. (2024) señalan que uno de los principales obstáculos de manejar una gestión forestal descentralizada radica en que dicha institución debe mediar entre discursos opuestos, ya que por un lado debe afianzar el papel del Estado y por el otro, promover la participación de los actores locales. En este sentido, Guevara y Lara (2012) indican que algunos de los retos que tiene la descentralización forestal en México son la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas, así como la consolidación de los mercados ambientales y mecanismos financieros que permitan al país hacer autosostenibles sus programas.
Para que la descentralización sea exitosa, según Tebkew y Atinkut (2022) , se debe contar con marcos institucionales eficientes en los niveles inferiores de gobierno; de lo contrario, se corre el riesgo de que la delegación de recursos, derechos y obligaciones sea insuficiente para atender el sector forestal. Así, México cuenta con delegaciones de la Conafor a lo largo del país, lo que le permite tener una atención más local; sin embargo, es necesario garantizar el fortalecimiento de dichas instituciones en cada entidad federativa, de lo contrario su debilitamiento puede generar rezagos en el sector forestal.
La mayor parte del presupuesto de las políticas públicas forestales en México se destina a rubros de restauración y conservación; mientras que Colombia invierte más en su mayoría en el rubro de conservación y en segundo lugar, en restauración. Zambrano y Behagel (2023) señalan que esto se debe a que tanto México como Colombia tienen una fuerte influencia del mecanismo internacional de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), implementado por las Naciones Unidas, el cual ha impulsado los programas de pago por servicios ambientales en ambos países.
Sin embargo, Moros et al. (2023) y Segura y Pérez (2023) mencionan que dichos programas generan una fuerte dependencia de los países hacia los incentivos económicos internacionales y no muestran una influencia significativa en la recuperación de las zonas forestales. Una situación similar pasa con los programas de restauración, donde Aguilar et al. (2025) señalan que en el caso de Colombia pocos programas de restauración forestal han tenido éxito debido a la falta de seguimiento y a la insuficiente coordinación institucional. Mientras tanto, en México (González et al., 2024; Serrano et al., 2024) , las principales limitantes de los programas de restauración forestal se encuentran en la falta de incorporación del conocimiento local en la toma de decisiones para el proceso de restauración y en la reducida diversidad de especies clave utilizadas en los programas de reforestación.
En México y Colombia, la mayor parte de su presupuesto no está dirigido a resolver la principal causa de deforestación en sus territorios, que es el cambio de uso de suelo de forestal a agropecuario. Por lo tanto, es necesario fortalecer las políticas públicas de cultivo forestal y sistemas agroforestales en ambos países, ya que actualmente el presupuesto asignado a este rubro es menor en comparación con otro tipo de políticas públicas forestales.
Zabala et al. (2022) señalan que la agroforestería puede proteger los ecosistemas que se encuentran en riesgo, principalmente en las zonas tropicales; sin embargo, su adopción en Latinoamérica ha sido lenta y confusa, lo cual ha provocado que la población que participa en programas de agroforestería no adopte dichas prácticas al finalizar los programas. En el caso del cultivo forestal, Ching et al. (2018) mencionan que las plantaciones forestales pueden ayudar a disminuir la presión sobre los ecosistemas naturales; no obstante, los programas de plantaciones forestales actuales están muy orientados hacia el monocultivo y se requiere un cambio de modelo hacia un tipo de plantaciones de especies mixtas que pueda ser más productivo y generar mejores resultados en cuanto a la conservación de la biodiversidad.
Al analizar la distribución del presupuesto de las políticas públicas forestales de ambos países, se observan dos cuestiones importantes. La primera es que en el caso de México se está manteniendo un enfoque correctivo al destinar una parte importante de su presupuesto a actividades de restauración; en contraste con Colombia, donde han optado por un enfoque más preventivo al invertir más en programas de conservación y protección, respectivamente.
Este cambio de enfoque es muy importante, ya que autores como Bartek et al. (2025) señalan que en materia ambiental las acciones preventivas siempre tendrán mejores resultados y requerirán una inversión económica menor en contraste con un enfoque correctivo que necesitará una inversión económica mayor y los resultados serán más limitados. Esto se puede corroborar con los datos de deforestación, en donde México está mostrando una tendencia a la alza en contraste con Colombia, que presenta una tendencia a la baja; además, coincide con la información de combate de incendios donde Colombia ha tenido mejores resultados que México.
Un aspecto por destacar es que la investigación forestal es un rubro que si bien es considerado por los dos países, es Colombia el que le asigna un mayor presupuesto en comparación con México. Esto resulta trascendente al contemplar que la base para un mejor futuro del sector forestal se encuentra en la investigación. Sin embargo, a pesar de que Colombia es el país que más recursos destina a la investigación, Garibello et al. (2021) señalan que la mayor parte de este presupuesto se dirige a temas de planificación y muy pocos abordan temas de implementación; además, la mayor parte de las investigaciones pertenecen a las regiones andinas y del Caribe, lo que corresponde a menos de la mitad del territorio forestal del país. Por otra parte, la inversión en investigación forestal en México se ha dirigido hacia dos temas principales: el manejo forestal y los servicios ambientales, siendo este último el más estudiado en los años recientes (Guerra et al., 2021) .
En México y Colombia se ha dado gran importancia a la participación colectiva a través de programas de pago por servicios ambientales y de restauración-compensación, donde los grupos colectivos adquieren un papel protagónico y el Estado adquiere un rol de promotor. En ambos países, la mayor parte de los terrenos forestales son de propiedad colectiva, por lo que las políticas públicas forestales están más orientadas a los actores sociales.
Los resultados muestran que México es el que tiene mayor tasa de deforestación en los últimos años del periodo analizado. En ambos casos, la principal causa de pérdida de cobertura forestal fue la expansión de las actividades agropecuarias en selvas tropicales, lo cual coincide con el estudio de Clerici et al. (2024) , quienes encontraron que existe una relación estrecha entre la deforestación y los delitos ambientales vinculados a la actividad agrícola en las zonas tropicales de Latinoamérica, presentando un aumento significativo en los últimos años.
Estos resultados coinciden con Cantillo y Garza (2022) , quienes evaluaron los procesos de deforestación en Colombia durante el periodo 2000-2018, encontrando que la política de titulación de tierras nacionales baldías bajo la prueba de explotación propició dos efectos negativos: el primero fue el avance de la frontera agrícola por parte de la población que buscaba incrementar los terrenos bajo su posesión y el segundo fue la apropiación de grandes extensiones de tierra en unos pocos terratenientes que, a través del cultivo de pastizales, promovieron la ganadería extensiva.
En el caso de México, Rosete et al. (2014) señalan que continúa la pérdida de cobertura forestal, debido principalmente al establecimiento de parcelas agrícolas de temporal. Por lo tanto, si México y Colombia desean recuperar zonas forestales, es necesario brindar mayor importancia a las políticas públicas de cultivo y sistemas agroforestales dentro de su presupuesto, así como vincular dichos programas a la política agropecuaria de sus respectivas naciones.
México es el país con mayor aprovechamiento maderable; sin embargo, según Caballero (2017) , los factores que han generado una disminución en su producción son: bosques mermados por la sobreexplotación, aumento de tala ilegal, falta de planeación forestal a largo plazo y una gestión forestal fragmentada. Por su parte, el aprovechamiento forestal maderable en Colombia es un rubro que debe fortalecerse, ya que si bien el país tiene la mayor productividad por hectárea, los resultados indican que es el país con menor producción de madera.
En este sentido, Agudelo et al. (2022) explican que las principales limitantes son la tala ilegal, la falta de estabilidad económica de los núcleos forestales, la poca incorporación de un mayor número de especies al manejo forestal y la baja participación de actores locales. Un punto que es importante considerar, es que los dos países coinciden en que el género Pinus es el más utilizado para la producción maderable, por lo cual podría establecerse un programa conjunto entre ambas naciones sobre investigación de este género, con el fin de incrementar su productividad y generar los menores impactos ambientales posibles en cada nación, sobre todo en el caso de Colombia donde es considerada una especie exótica.
En cuanto al aprovechamiento de los recursos forestales no maderables, si bien cada país gestiona diversos tipos de productos forestales, ambos coinciden en que el manejo de este tipo de recursos aún es incipiente y requiere una mayor promoción para su desarrollo, ya que estos productos pueden llegar a convertirse en una fuente de ingresos complementaria muy importante para las dos naciones.
Rosenfeld et al. (2024) coinciden en que el uso de recursos forestales no maderables contribuye a la conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo que favorece el desarrollo de la bioeconomía en los ámbitos locales; sin embargo, señalan que existen dos factores que dificultan su gestión: el primero es la carencia de conocimiento científico sobre su manejo y el segundo, la falta de marcos legales y normativos que regulen su aprovechamiento, con el fin de evitar su degradación. Por lo tanto, existe un área de oportunidad muy grande en la gestión de recursos forestales no maderables para los dos países.
Al analizar el tipo de vegetación, se observa que Colombia presenta los ecosistemas forestales menos perturbados, seguido por México, lo cual implica que la biodiversidad que albergan estos ecosistemas es alta y por lo tanto deben tenerse consideraciones especiales para su preservación.
El PIB forestal más alto es de México y en segundo lugar el de Colombia, lo cual indica la importancia que tiene el sector forestal en cada país. Sadanandan (2021) menciona que si bien el sector forestal puede ser una vía para mejorar la calidad de vida de la población y al mismo tiempo incrementar los ingresos nacionales, las condiciones para que los propietarios de terrenos forestales de bajos recursos puedan participar en los mercados internacionales aún deben mejorar. Un ejemplo es el sistema de certificación forestal, el cual continúa siendo muy complejo e inaccesible para la población de escasos recursos, por lo cual no ha logrado consolidarse como una forma de garantizar el aprovechamiento sustentable de las zonas forestales en los países en vías de desarrollo. Por tanto, es necesario incrementar las coinversiones en el sector, promover la transferencia tecnológica, generar evaluaciones de impacto ambiental e incrementar las asociaciones público-privadas.
En la cuestión de las importaciones y exportaciones, ambos países coinciden con un déficit encabezado principalmente por México. Álvarez et al. (2018) consideran que algunos de los factores que intervienen para que el mercado forestal en países en desarrollo no sea competitivo en el ámbito internacional son los altos costos de producción, el manejo ineficiente de los bosques y la falta de infraestructura.
Conclusiones
Cada país cuenta con sus propios retos y particularidades dentro del sector forestal; sin embargo, el análisis comparativo entre sus políticas públicas permite vislumbrar algunas estrategias para alcanzar una gestión forestal más sostenible. Uno de los aspectos más relevantes es que México y Colombia tienen que incrementar su presupuesto en políticas públicas de cultivo y sistemas agroforestales, toda vez que estas políticas públicas consideran las acciones que atacan de manera directa la principal causa de pérdida de cobertura forestal que en ambos países son los procesos de cambio de uso de suelo de forestal a uso agropecuario. Asimismo, es necesario que las políticas públicas forestales se vinculen con el sector agrario para trabajar de manera conjunta en la prevención y combate de la deforestación.
Es necesario que tanto México como Colombia desarrollen políticas públicas forestales de largo plazo que no se limiten a los periodos que duran sus administraciones gubernamentales y permitan dar continuidad a las acciones realizadas.
En el caso de ambos países, existen dos aspectos que presentan áreas de oportunidad. El primero es que resulta necesario promover el aprovechamiento de recursos forestales no maderables, toda vez que su manejo favorece un aprovechamiento más integral de los ecosistemas, evitando la centralización de la extracción en la madera; sin embargo, para ello se requiere ampliar la investigación existente sobre este tipo de recursos. En segundo lugar, es necesario generar e impulsar estrategias que permitan a los propietarios de terrenos forestales acceder de una manera más asequible a los mercados internacionales, ya que actualmente las dos naciones comparten un déficit de productos forestales, lo que denota que sus sistemas de mercado forestal nacional aún no cuentan con la madurez para competir con el mercado internacional.
