Introducción

En el siglo XVII aparecieron las primeras revistas científicas en la forma más cercana a como las conocemos en la actualidad (Philosophical Transactions y Journal des Sçavans, ambas creadas en 1665). En esta etapa, el objetivo principal de las comunidades científicas era difundir los hallazgos de sus investigaciones, por lo que el conocimiento estaba bajo su control y el intercambio de revistas se realizaba sin fines de lucro. Con relativas adaptaciones, la publicación científica se mantuvo así hasta mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un giro conceptual con importantes efectos en la futura distorsión del sistema de comunicación de la ciencia: algunos grupos, principalmente en el Atlántico Norte, consideraron que la publicación científica podía ser un gran negocio y la reorientaron bajo una perspectiva comercial. Es decir, en este giro, el conocimiento fue convertido en una mercancía, privatización y apropiación de lo público. Los acuerdos “transformativos” pueden considerarse el último eslabón de dicho proceso, al momento, de ahí la relevancia de estudiarlos empíricamente.

Con la globalización llegaron nuevas formas de difusión del conocimiento, esta vez articuladas a un sistema de prestigio construido sobre categorías como “calidad” e “internacionalización” y sobre una lógica de mercado. Los pilares de este nuevo contexto se encuentran en Robert Maxwell cuando creó Pergamon Press en la década de 1950; para sostener a su editorial, hizo lobby entre las comunidades científicas para que crearan revistas especializadas y publicaran en éstas y, a cambio, recibir lo que a partir de entonces se consideró “prestigio académico”; después, Pergamon Press fue vendida a Elsevier. Posteriormente, Benjamín Lewin fundó la revista Cell y la editorial Cell Press, la cual aceptaba únicamente trabajos considerados excepcionales y, en contraparte, publicar en Cell atribuía “prestigio” a las personas investigadoras ^{(Guédon, 2008: 3 y 2014: 90}; ^{Resco, 2021)} .

Este caso ejemplifica el giro conceptual e instrumental mencionado: ya no bastaba con publicar, sino que a partir de entonces se consideró que había que hacerlo en una revista “de renombre”, el cual desde ese momento fue definido y determinado por la industria editorial comercial. Este es el comienzo de un proceso de “expropiación” de la legitimidad de las publicaciones sin fines de lucro y de las universidades por el conocimiento producido y su posterior “ajuste” o “sumisión” al prestigio otorgado por el sistema comercial de publicación en el siglo XXI.

En la década de 1960 Eugene Garfield creó el Journal Citation Index, el cual mide el promedio de citas que recibe un artículo con base en un conjunto específico (“el núcleo”) de revistas. Esto constituyó un aspecto importante para que la edición de revistas consolidara dicho cambio radical: su fin primordial dejó de ser la difusión del conocimiento y ahora busca insertarse en una industria del prestigio organizada mediante un sistema de citas instrumentado por la propia industria editorial, que a su vez se constituyó en “el núcleo”, el “mainstream” o la “corriente principal” de la ciencia ^{(Guédon, 2008: 6)} . Dicho de otra forma, la publicación dejó de ser un medio de comunicación y se convirtió en el insumo del sistema de evaluación que en ese momento se encontraba en construcción. Bajo este modelo, las revistas que ya habían dejado de ser un órgano de comunicación pasaron a convertirse en la fuente del nuevo sistema de evaluación y la propia calidad de la investigación realizada; la reconfiguración tuvo como principal efecto organizar un nuevo tipo de evaluación basada en citas, referencias a las revistas incluidas en “el núcleo” del conocimiento. Es el inicio de la “fetichización de la indización” ^{(Salatino y López-Ruiz, 2021)} , lo cual no corresponde con los intereses de la comunidad científica ni con las complejas problemáticas globales, nacionales o locales, sino con los intereses del mercado editorial.

Este escenario dio de forma paralela un fenómeno fundamental: la forma de acceder a las contribuciones científicas que se publicaban en tales revistas era mediante un pago por acceso (suscripción). Es decir, el modelo de publicación que se configuró, como mercancía, fue cerrado. Sin embargo, es importante señalar que aunque se trataba de un modelo comercial, se sustentaba en criterios de selección y en el “prestigio” que pasó a ser sinónimo de “calidad”. No obstante, de forma paralela existía un conjunto mayoritario de revistas que también ofrecían “alta calidad”, pero no prestigio y reconocimiento.

Para fines del siglo XX ya se consideraba una práctica frecuente que para acceder al conocimiento considerado de “calidad”, las universidades paguen suscripciones a las editoriales comerciales. Sin embargo, hacia fines del siglo pasado, se desató la “crisis de las revistas científicas”, caracterizada por el crecimiento exponencial de los precios de suscripción y la obligación a suscribirse bajo grandes acuerdos (Big deals), es decir, a un conjunto de revistas, donde se promocionaba e incluía a aquellas que no tenían reconocimiento, pero de control comercial ^{(Melero, 2005: 255)} , se imponía “el núcleo” mediante estrategias de marketing. Los precios comenzaron a ser insostenibles para distintas instituciones y gobiernos, tal es el caso de algunas universidades de Estados Unidos y de Europa occidental como la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Duke, la Universidad de Cornell, la Universidad de Connecticut, la Universidad de California y la Universidad Estatal de Carolina del Norte ^{(Dyer, 200: 543)4}. Las universidades con mayores recursos manifestaron que ya no tenían la capacidad de adquirir acceso a todas las revistas consideradas por ellas importantes y los espacios físicos empezaron a ser un problema para albergar las publicaciones. Esto representó un punto clave para que dieran comienzo las discusiones sobre la necesidad de replantearse el modelo comercial de comunicación del conocimiento y a principios del siglo XXI se empezó debatir la necesidad de implementar lo que se denominó “Acceso Abierto” (AA). El concepto se originó ante la necesidad de superar las barreras económicas y de suscripción que limitaban el acceso a publicaciones científicas ^{(Suber, 2012)} .

Pese a que regiones como Latinoamérica —no exclusivamente— ya comunicaban sus aportes al conocimiento mediante un esquema en AA, sin cobro por publicar o por acceder, la denominación oficial sobre AA se expresó en declaraciones que tuvieron lugar en Europa; en éstas se consideraron dos rutas para lograrlo, la dorada y la verde ^{(Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto, 2002}; ^{Max Planck Society, 2003)} . La primera ruta hace referencia a las revistas científicas revisadas por pares, lo que planteó transitar del pago por suscripción al pago por publicar (APC —article processing charges—); la segunda ruta hace referencia al depósito en repositorios de publicaciones y demás contribuciones no necesariamente revisadas por pares con la finalidad, entre otras, de recuperar la memoria de las instituciones y de ponerla a disposición de las comunidades que las financian y del mundo.

En la búsqueda de apertura, en el contexto europeo en específico, se han planteado estrategias como las Directrices para el AA establecidas por el ERC en 2007 ^{(European Research Council, 2007)}; los Principios de Science Europe sobre AA a las publicaciones de investigación de 2013, los cuales tuvieron una actualización en el 2015 ^{(Science Europe, 2015)}; la resolución de los Ministerios de ciencia e innovación europeos, reunidos en el Consejo de Competitividad (Competitiveness Council) en 2016 ^{(Schiltz, 2018)} , entre otros. Una de las últimas estrategias planteadas por cOAlition S para lograr la apertura de la literatura académica es el Plan S.

El Plan S es una política que tiene como objetivo dar apertura a las contribuciones científicas y que fue presentada en 2018 por cOAlition S, un grupo de 28 organizaciones financiadoras de Ciencia y Tecnologías que cuentan con el apoyo de la Comisión Europea y el Consejo Europeo de Investigación ^{(cOAlition S, 2018a y 2019)}. El Plan S surgió en un contexto en el que las agencias que financian investigaciones muestran su descontento con el hecho de que las investigaciones sean publicadas en revistas que impiden el acceso a la sociedad y dado que los repositorios institucionales no lograron conseguir que la comunidad científica deposite ahí sus publicaciones arbitradas ^{(Hernández-Pérez, 2019: 2)} . Para lograr su objetivo, el Plan S implementó diversas estrategias, entre las que destacan los “acuerdos transformativos”, los “acuerdos transformativos modelo” y las “revistas transformadoras”. El presente análisis se enfoca en los “acuerdos transformativos”.

Los denominados acuerdos “transformativos” son contratos entre grupos editoriales e instituciones, bibliotecas o consorcios que se realizan con el objetivo de establecer las condiciones en las que se accede a un conjunto de revistas (suscripción) y en las que se publica en éstas, bajo tarifas acordadas en acuerdos únicos y con cargos por publicación o procesamiento (APC). El punto definitorio de tales acuerdos es que transfieren el pago que se realiza a los grupos editoriales en concepto de suscripción hacia la publicación ^{(Bieg, 2022}; ^{Hinchliffe, 2019)} . Es el gran cambio en el sistema de publicación lo que permitió, bajo un discurso de apertura, refuncionalizar la apropiación del conocimiento como bien público. Pese a que no hay una tipología universal de acuerdos, se ha documentado que existen al menos dos tipos: Publish & Read, en los cuales se paga la publicación de artículos de autores de una institución y la lectura queda abierta a todas las revistas, y Read & Publish, donde el grupo editor recibe un pago por leer y un pago por publicar en el mismo contrato ^{(Marquez Rangel et al., 2023: 84)} .

ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges)⁷ presenta un registro de acuerdos y menciona cinco características principales que deben cumplir en el contexto de su articulación al Plan S: a) Deben ser temporales y transitorios, b) permitir a los autores conservar la propiedad intelectual de sus publicaciones, c) ser transparentes, y d) sus cláusulas deben estar abiertas al público; con ello, su objetivo es reducir los costos de las publicaciones académicas y promover una mayor equidad dentro de la comunidad académica ^{(ESAC, s/f)}, un propósito que, evidentemente, aún no se ha logrado.

Los acuerdos “transformativos” no iniciaron con el Plan S, dicho plan los institucionalizó y los globalizó. Entre los acuerdos anteriores al Plan S, destacan las editoriales Springer en 2015 con universidades de Reino Unido (representadas por Jics) y Elsevier en 2019 con universidades alemanas (representadas por la Max Planck Digital Library), las primeras que firmaron acuerdos de tipo “transformador” de envergadura.

Es en 2015 cuando la sociedad Max Planck crea el proyecto “OA2020”, con el objetivo de promover la transición de los contenidos científicos en AA a escala global, por lo que la influencia de este proyecto es central en el Plan S, pues se le reconoce el origen del término "acuerdos transformativos".

Los acuerdos han sido abordados desde distintas perspectivas. Por ejemplo, algunas han apuntado a que representan una ruta rápida para el AA, pero son también excluyentes dado que sólo están al alcance de países e instituciones que tienen los fondos suficientes para pagarlos ^{(Shearer, 2022)} . Otras perspectivas han señalado que la falta de transparencia en los costos en suscripciones y en APC dificulta evaluar el ahorro de los gastos en comunicación académica ^{(Anglada y Borrego, 2023: 1)} , en caso de que exista. Otros plantean que para ser considerados “transformativos” deben ser contratos que permitan la publicación ilimitada y sin listados cerrados de algunas revistas, a ello puede sumarse que su adopción deja de lado otras alternativas que permiten mejorar el ecosistema de publicación en AA ^{(Martínez Galindo et al., 2023: 97-98)} .

En cuanto al ecosistema de publicación científica latinoamericano, este tiene una tradición abierta y colaborativa; la región considera el conocimiento como un bien público y común, que se realiza mediante revistas sin cobro y son las universidades de las que depende la publicación en AA. La región tiene una tradición de más de tres décadas y desde siempre de AA no comercial, entre muchos otros, repositorios a través de los cuales se puede consultar y dar seguimiento de forma libre y gratuita a los trabajos de investigación que son publicados en revistas de la región.

Uno de los antecedentes fundamentales para abrir el conocimiento en Latinoamérica se dio del 27 al 30 de noviembre de 1994 en el taller “Publicaciones científicas en América Latina”, realizado en Guadalajara, México. “Uno de los resultados quizá más significativos fue la propuesta de crear una red regional permanente de editores científicos, una de cuyas primeras tareas sería (…) la creación de un banco de datos de revistas científicas de la región”, pero también el mensaje de Unesco, a través del profesor Adnan Badran, marca una tensión que permanece “...la falta de presencia en los principales índices internacionales” ^{(Cetto, 1993}; ^{Cetto y Hillerud, 1995)}. Ahí se configuró la apertura colaborativa y no comercial latinoamericana, de donde surgió la importante infraestructura de la información: bajo el antecedente de Biblat (1971), CLASE (1975), Periódica (1978) —proyectos impulsados por la UNAM— y Lilacs (1982) en Brasil, se consolidaron iniciativas clave como Latindex, SciELO Brasil e IRESIE en 1997, Clacso en 1998, Redalyc en 2003, REMERI en 2012, La Referencia en 2013 y AmeliCA en 2019. Además de los múltiples portales y repositorios nacionales e institucionales.

Aquí se plantea una tensión, hasta el momento insalvable que ha marcado la incertidumbre del sistema editorial del sur global. Por un lado, la necesidad de crear infraestructura regional y nacional que diera visibilidad a la producción global en revistas latinoamericanas; pero, en segundo lugar, el objetivo de insertarse en los índices internacionales, obviando que era bajo las reglas construidas: factores de impacto y citación. ¿Cuántas miles de páginas hemos llenado para hablar de la falta de representatividad en “el núcleo” o “mainstream"? Aquí construimos nuestra propia destrucción. Si bien la mayor parte de las infraestructuras han estado en contra de dicho modelo (Latindex, Clacso, Redalyc y AmeliCA) y lo han expuesto en miles de páginas también, el modelo internacional de “mainstream” bajo un “núcleo” donde la medida de éxito han sido los factores de impacto y las citas, bajo el impulso y legitimidad regional de Scielo, generó la contradicción que no podemos superar y hoy hacemos esta nota de advertencia ante los acuerdos transformativos. Los ONCyT’s y las instituciones “compraron” y ajustaron sus procesos internos al modelo del “mainstream” y de los “rankings”, tirando por la borda los esfuerzos realizados, sin reconocer sus infraestructuras no comerciales y bajo una devaluación constante de los sistemas editoriales institucionales, que se mantenían sin recursos, exceptuando a aquellas que estaban representadas en “el núcleo” o “mainstream”.

Dado este contexto específico de Latinoamérica, la estrategia promovida por cOAlition S ha sido motivo de discusiones y preocupaciones dentro de la comunidad académica latinoamericana. En general, se ha señalado que para que la región se integre al modelo propuesto por el Plan S, éste propone establecer políticas de exención y pagos de APC equitativos; sin embargo, este modelo resulta insostenible para la región, dado que se basa en un esquema de comunicación científica que, a diferencia de las estrategias “transformadoras”, opera mediante mecanismos no comerciales ^{(Becerril-García, 2019)} . Además la solución no es la exención o dádiva, ni el precio “justo” —si es que existe—. El problema es la apropiación de un bien público que en el caso latinoamericano, mayoritariamente es financiado con fondos públicos. Este es el punto. En consecuencia, para la región insertarse en la conversación global implica dejar de lado su modelo cooperativo y articulado a las necesidades de la sociedad, para adoptar un modelo comercial, que transforma el conocimiento en mercancía, modelo en el cual, de una u otra forma, amplios sectores académicos serán excluidos. No es la vía.

Las estrategias planteadas por el Plan S muestran una preocupación por la inequidad en el acceso al conocimiento, pero omiten la inequidad en la publicación y no cuestionan el problema del control por parte de un conjunto reducido de empresas editoriales. Comunidades científicas latinoamericanas han señalado que el Plan S pasa por alto que sus estrategias afectan a regiones que tienen estructuras de comunicación académica distintas como es el caso en Latinoamérica, que tiene una tradición de publicación no comercial, por lo que las políticas de exención y las cuotas por APC con descuento que propone el Plan S para regiones como la nuestra son mecanismos insuficientes para abrir la comunicación científica, aunado a que no modifican estructuralmente la exclusión en acceso y en publicación ^{(Debat y Babini, 2020: 282)} .

Otras comunidades de la región han manifestado que si bien el Plan S apunta a eliminar los muros de pago para lograr el AA, no busca reducir la concentración del poder y las ganancias sobre las publicaciones académicas que disfrutan unas cuantas editoriales comerciales ^{(Aguado-López y Becerril-García, 2020)} . En Latinoamérica es de especial preocupación la estrategia “transformadora” propuesta por la región europea, dado que se ha argumentado que dificulta la transición integral y sostenible de Ciencia Abierta, además de vulnerar a los modelos de AA que operan desde hace décadas en la región ^{(Becerril-García y Córdoba González, 2024: 257)}.

Observando lo anterior resalta la necesidad de analizar cómo está configurándose el modelo promovido por el Plan S en Latinoamérica, una región que tiene otro sistema de publicación científica, no comercial y que ha mostrado sostenibilidad por décadas. El modelo latinoamericano tiende a enfatizar la importancia de la comunicación científica como un proceso de democratización y de construcción de identidad regional. En específico, el objetivo del presente escrito es analizar las instituciones y los países latinoamericanos que han contraído “acuerdos transformativos”, mostrando los grupos editoriales con los cuales han establecido dichas negociaciones y las condiciones específicas de tales acuerdos: volumen de artículos que pueden publicar, los derechos de uso y lectura, y la presencia de las revistas en el considerado “núcleo”, “ciencia principal” o “mainstream”.

El estudio apunta a que la adopción de acuerdos en Latinoamérica representa un mecanismo para instrumentar un modelo basado en la comercialización del conocimiento, dado que la estrategia promovida por el Plan S: 1) perpetúa prácticas comerciales como el APC, 2) fortalece la presencia y el control de un conjunto reducido de empresas en la comunicación científica, 3) no garantiza que las contribuciones científicas publicadas en este contexto no serán comercializadas en el futuro y 4) no modifica estructuralmente la cultura evaluativa y de publicación en torno a “el núcleo”, “corriente principal”, “mainstream”, ya que está dirigiendo la publicación hacia las revistas mejor puntuadas según métricas de citación en este circuito.

Metodología

La investigación se llevó a cabo con el objetivo de analizar las características de los acuerdos que se están implementando, siguiendo la tónica del Plan S y con ello caracterizar el esquema de publicación que se está construyendo mediante estos en Latinoamérica. El universo de estudio lo constituye la información de 37 acuerdos negociados por seis instituciones de tres países latinoamericanos:

Un aspecto por puntualizar es que la PUJ es una de las instituciones que conforman al Consorcio Colombia, por lo que forma parte de los tres acuerdos establecidos por este. Con la finalidad de evitar duplicar información, en el análisis de dicho consorcio se consideraron sus tres acuerdos y en el análisis de la PUJ fueron considerados únicamente los dos acuerdos que estableció al margen de tal consorcio.

La información del universo de estudio fue recabada entre el 15 de noviembre de 2023 y el 31 de enero de 2024. Las fuentes de datos fueron las páginas oficiales de cada institución en las cuales ponen a disposición información sobre los respectivos acuerdos contraídos (véase listado 2).

El estudio analiza tres aspectos:

Resultados

La identificación de las comunidades que han formalizado acuerdos buscando orientarse a la política de publicación propuesta por el Plan S arroja que los países latinoamericanos que hasta enero de 2024 se han articulado a partir de acuerdos son Colombia, México y Chile: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Consorcio Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y la Universidad de Concepción (UdeC).

Recursividad: Legitimando “el núcleo”

En una tercera dimensión de análisis, asociada a los procesos de evaluación y legitimación de “el núcleo” o “mainstream”, nos preguntamos: ¿Son las revistas incluidas en los acuerdos parte del “mainstream”? ¿Acaso están en los mejores cuartiles? El estudio permitió identificar que una parte significativa de las revistas en las que cada institución podrá publicar tienen presencia en “el núcleo”, identificado a través del SJR: en total, las instituciones pueden publicar en 10.722 revistas y el 85,9% de éstas tiene presencia en este circuito. Aunado a ello, se identifica que tales revistas se ubican dentro de los primeros cuartiles: 43,4% se ubica en el cuartil 1, 18,2% en el cuartil 2, 12% en el cuartil 3, 2,8% en el cuartil 4, 0,1% no específica el cuartil y 14,1% no se encuentra dentro de SJR. En ello, además se observa que la mayoría de estas revistas pertenecen a las (CNyE) (67,8%) (véase Tabla 4) .

Lo anterior permite identificar que la cultura evaluativa orientada a la considerada “corriente principal” tiene una incidencia sensible en el esquema de publicación que se está configurando en el contexto del Plan S: la elección de los grupos editoriales y las revistas está definido por su inclusión en “el núcleo” con orientación comercial, en este caso, el que se realiza con base en Scopus, vía Scimago Journal Ranks. Es decir, los acuerdos refuerzan directamente la presencia de las revistas comerciales con mayor prestigio. Al hacerlo, paradójicamente se refuerza la influencia del modelo que se busca frenar. Sin embargo, se observa un panorama relativamente diferente para las CSyH, dado su bajo peso (1/3 parte); es decir, si se observan solamente las revistas de CSyH (las cuales representan 32,2%), se distingue que 88% tiene presencia en SJR y que la distribución por cuartiles se mantiene: 42,2% en cuartil 1, 28,8% en cuartil 2, 14,2% en cuartil 3, 2,6% en cuartil 4, 0,2% no específica el cuartil y 12% no tiene presencia en SJR (véase Tabla 4) .

La UNAM proporciona la información de todas las revistas donde puede publicar, excepto aquellas de la editorial The Royal Society. En ello se registra que son 7.177 revistas en las que puede publicar, de las cuales 73,2% pertenecen a las CNyE y 26,8% a las CSyH. En cuanto al cuartil en el que se ubican dentro de SJR, el cuartil 1 integra 45,5% del total de revistas, el cuartil 2, 26,4%, el cuartil 3, 9,9%, el cuartil 4, 2,2%, 0,2% no especifica cuartil dentro de SJR y 15,8% no se encuentra dentro de la base SJR. Es decir, casi tres cuartas partes (71,9%) de las revistas se encuentran dentro de los primeros cuartiles (C1 y C2) (véase Tabla 5) .

El Consorcio Colombia no documenta una tendencia distinta: puede publicar en un total de 6.001 revistas, de las cuales 41,6% pertenecen a las CNyE, 30,7% a las CSyH y 27,7% no especifica el área de conocimiento a las que pertenecen (es el caso del acuerdo con Elsevier). En cuanto al cuartil en el que se ubican se identifica que el cuartil 1 concentra 44,3% de revistas, el cuartil 2, 29,5%, el cuartil 3, 12,4%, el cuartil 4, 3,1%, 0,1% no específica el cuartil y 10,6% del total de revistas no está dentro de la base SJR.

La PUJ puede publicar en 1.972 revistas, de las cuales 70,8% pertenecen a CNyE, 25.3% a las CSyH y 3,9% no especifican el área de conocimiento (caso de las 76 revistas de IOP). En cuanto a los cuartiles en los que se ubican dentro de la base de SJR, pertenecen al cuartil 1: 42,7%, al cuartil 2: 27,2%, al cuartil 3: 11,1%, al cuartil 4: 1,8, no especifican cuartil 0,2% y 17% de revistas no se encuentran en la base de SJR. Al igual que los casos anteriores, más del cincuenta por ciento de revistas pertenecen a los primeros cuartiles.

La UAM puede publicar en 2.079 revistas, donde poco más de la mitad de ellas (57,8%) no especifican el área de conocimiento a la que pertenecen (caso de IOP y SAGE). Mientras que 31,1% pertenecen a las CNyE y 11,1% a las CSyH. A su vez, la distribución por cuartiles se distribuye de la siguiente forma: cuartil 1 al que pertenecen 56,2% de revistas, cuartil 2 con 21,8% de revistas, el cuartil 3 con 8,3%, el cuartil 4 con 1,7%, mientras que 0,1% no especifica cuartil y 11,9% de revistas no se encuentran en la base de SJR.

Finalmente, la UdeC puede publicar en 520 revistas, de las cuales 51,1% pertenece a las CNyE y 48,9% a las CSyH. En contraste con los casos anteriores, esta institución no presenta una diferencia significativa entre un área y otra. Sin embargo, es importante destacar que en tres de sus cuatro acuerdos no acordó publicar en ninguna revista de CSyH (acuerdo con IOP, EMS y Microbiology Society).

Estos datos muestran con claridad que si bien se busca alcanzar la apertura del conocimiento, lo que evidentemente es un gran avance, se mantiene el modelo actual dominante, “el núcleo” es el mismo, pero aún más restrictivo porque se concentran en el cuartil 1 y 2. No basta estar en “el núcleo”, ahora las revistas deben estar en los dos cuartiles superiores. Curiosamente, no sólo es el sesgo hacia las CNyE, el idioma inglés, que la publicación se dirija al norte, etc.; esta evidencia se confirma en estudios globales ^{(Godínez-Larios, 2024)} . Lo anterior permite afirmar que: 1. Se registran avances significativos en materia de apertura, lo cual representa un aspecto fundamental; 2. Se mantiene el modelo centrado en “el núcleo”, compuesto en su mayoría por actores comerciales; 3. No se transforman los procesos de evaluación, reconocimiento y valoración de las contribuciones a los distintos campos científicos, como se analizará más adelante.

Discusión

El modelo de comunicación de la ciencia, particularmente a partir de las revistas científicas revisadas por pares, se ha comercializado; se ha construido un “núcleo” que las ha sustituido como estructuras de comunicación y las ha posicionado como estructuras de evaluación mediante un impacto basado en la citación de las revistas del propio “núcleo” y por el indicador del Factor de impacto (FI) o Scimago Journal Rank (SJR). La visibilidad, calidad, equidad, etc. hará referencia —de forma circular— a lo contenido en “el núcleo”. Su articulación con los valores y estrategias estarán decididas por “el núcleo”, lo que lleva a preguntarse si este, por su forma constitutiva, puede articularse con valores y principios basados en la idea de que el conocimiento, la ciencia y las revistas son bienes públicos, y si las instituciones del sur global y de la región latinoamericana están incluidas en dicho modelo. De inicio, puede afirmarse que no, porque la gran mayoría son revistas propiedad de editoriales comerciales, con las implicaciones mencionadas. “El núcleo” —aunque esté abierto— está en contradicción con el AA no comercial, la ciencia y la revista como bienes públicos. He ahí la tensión permanente, que de entrada excluye el sistema editorial de la región y, cuando participa en la llamada “conversación global”, o sea en “el núcleo” debe pagar fuertes cantidades en APC.

Al imponerse dicho modelo con un sistema de evaluación, mediante indicadores como el FI-WoS-Clarivate y SJR-Scopus-Elsevier, y ante la digitalidad que permitía compartir y hacer del conocimiento un bien público (Budapest Open Access Initiative: Recomendaciones en su 20 ^o aniversario, 2022), se empezó a desarrollar la búsqueda de un modelo que permitiera el AA partiendo de que no puede haber conocimientos significativos sin poder acceder a los resultados que se están produciendo en el mundo. Sin embargo, y este es el eje de la discusión, quedaba pendiente un elemento central: ¿Es posible modificar el modelo de comunicación comercial y regresar el control a las universidades y centros de investigación, con el fin de poder arribar a los objetivos de AA —sin distorsión— discutidos en Budapest y en BOAI20?

Este tema ha sido objeto de discusiones y preocupaciones que se expresan en foros como la Declaración de San Francisco ^{(Declaration On Research Assessment-DORA, 2012)}, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica ^{(FOLEC, 2019)}, el Manifiesto de Leiden ^{(Hicks et al., 2015)} , la Iniciativa Helsinki sobre Multilingüismo en la comunicación científica ^{(Federation of Finnish Learned Societies et al., 2019)}, la Declaración de Barcelona sobre la Información Abierta de Investigación ^{(Kramer et al., 2024)} , entre muchas otras iniciativas, las cuales contribuyen al debate sobre cómo mejorar y desarrollar los sistemas de evaluación científica, para que estos sean más justos, transparentes y efectivos, aunque con escasos resultados.

En las últimas décadas se buscaría resolver el problema del cómo y la posibilidad de construir otro modelo, en ello se centraría la tensión y las estrategias. El norte buscó hacerlo sin modificar la articulación comercial: tenemos el conocimiento “el núcleo”, sólo debemos hacerlo global y abierto, luego ha añadido “en propiedad de académicos” y con cobros al autor (APC). El sur global, principalmente Latinoamérica, construyó un modelo a partir de la colaboración y bajo el financiamiento de las universidades, que luego se denominó diamante. ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué afecta o pueden afectar los acuerdos “transformativos”? Latinoamérica no sólo mantiene una tradición no comercial desde hace más de tres décadas con legislaciones específicas de AA, sino que dichas políticas se han ampliado a la Ciencia Abierta acorde con la Recomendación de la Unesco sobre la ciencia abierta ^{(Unesco, 2021)}.

cOAlition S plantea que en Latinoamérica el acceso a las publicaciones científicas siempre ha sido abierto y que mientras en esta región se estaba desarrollando el AA de manera correcta, el resto del mundo fue tomado por editoriales comerciales que extrajeron grandes ganancias de comunidades de investigación del norte y de occidente. Sin embargo, no se puede desear que los editores desaparezcan, es por eso que el Plan S se involucra con estos editores buscando acuerdos “transparentes” y “transformativos” ^{(Rooryck, 2019)} . Lo que limita son los propios objetivos del Plan S, según las palabras de su máximo representante.

El planteamiento de cOAlition S aclaró la diferencia entre el Plan S y otras iniciativas globales de AA. Desde la perspectiva latinoamericana, se trata de que los académicos tomen el control de su propio trabajo, no de retomar el sector con fines de lucro. Los intentos de “acuerdos transformativos” y “precios transparentes” que ofrece el Plan S indican que han sido moldeados por los intereses de editoriales comerciales y no por la comunidad académica, especialmente la comunidad académica fuera del norte global. Por lo que la principal crítica del Plan S resulta ser acertada: es una propuesta eurocéntrica que no busca reducir las ganancias y la concentración de poder sobre las publicaciones académicas que tiene un pequeño número de editoriales comerciales, dejando al mismo tiempo al sistema de comunicación actual prácticamente intacto ^{(Aguado-López y Becerril-García, 2019)} .

Las diferencias entre cOAlition S y la comunidad científica latinoamericana se mantienen a la fecha a pesar del permanente diálogo. Por ejemplo, en 2019 se hizo el evento “Open Talks”, que fue la primera actividad con el representante del Plan S en la región y en octubre de 2023, en la Cumbre Global sobre AA Diamante que se llevó a cabo en Toluca, Estado de México, surgió la misma tensión: por un lado, en el norte se adscriben a un AA diamante, sin exclusión de los editores comerciales y buscan que las revistas no realicen cobros por procesamiento y/o publicación, y sean propiedad de la academia. Mientras que el sur realizó el “Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: AA No Comercial” donde asume la ciencia como bien público, buscando la no exclusión y la no rivalidad, lo que exige una vía no comercial en todos los aspectos. Es decir, critica al modelo de AA comercial, el cual implica cuotas de procesamiento de artículos y acuerdos “transformativos” que han desviado el objetivo original de apertura de la ciencia, por lo que propone el AA Diamante como solución viable ^{(Manifiesto sobre la Ciencia como Bien Público Global: Acceso Abierto No Comercial, 2023)}. A septiembre de 2024, 13,902 instituciones y personas de 81 países lo habían firmado.

Hay una arista que quisiéramos destacar que está en el fondo de la discusión entre uno u otro modelo de comunicación de la ciencia y que descansa en la vía comercial o no comercial: la licencia, la cual define las condiciones de uso. Latindex, Redalyc, Clacso e IBICT lanzaron la Declaración México a favor del ecosistema latinoamericano de AA no comercial, en la cual se recomienda el uso de la licencia CC Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (CC BY-NC-SA) para garantizar la protección de la producción académica y científica regional en AA ^{(Latindex et al., 2020)}. Esto tiene implicaciones en el uso inmediato del artículo científico y en los derivados; es decir, en la posibilidad de apropiación de aquel conocimiento financiado con recursos públicos. La apertura propuesta por el Plan S y el norte global permite eso, que se libere el conocimiento, sin restricción de apropiación en el futuro. En consecuencia, en una visión de largo plazo y de sostenibilidad del modelo de publicación diamante no basta la apertura del conocimiento generado en la actualidad.

Lo que se debe garantizar es que la ciencia sea un bien público global y ello sólo puede garantizarse a través de la licencia CC propuesta por la Declaración México: CC-BY-NC-SA. Dicha licencia no permite la apropiación ni la comercialización y obliga a que el producto derivado sea también de AA, sin restricciones. Mejor dicho, sólo una restricción, la no apropiación privada, para que permanentemente sea un bien público. Es lo que Latinoamérica ha buscado desde hace más de tres décadas y ha mostrado que es posible y sustentable, aunque las tensiones derivadas de las propuestas europeas como el Plan S inciden en una tensión cada vez mayor y ponen en entredicho el modelo instrumentado en la región.

Este fue el sentido del texto: mostrar que aunque incipientes, los acuerdos “transformativos” están avanzando en la región y sus implicaciones pueden ser negativas, no sólo por las cantidades de dinero involucradas, sino por afianzar y legitimar un modelo que presenta vínculos directos con el sector comercial. Este es exactamente el problema que muestra el trabajo, que las revistas incluidas en los acuerdos: 1. Son mayoritariamente de las consideradas cinco grandes empresas editoriales, 2. Reúnen en su mayoría revistas en el cuartil 1 y 2 de “el núcleo”, 3. La adopción del modelo en Latinoamérica, si bien incipiente, pero liderado por universidades altamente reconocidas y de calidad, permite visualizar posibles efectos lentos, pero devastadores para la región, en tanto que ya se adoptó el modelo hegemónico de evaluación y los acuerdos terminan reforzando la direccionalidad de la publicación. Lo nuevo es que ahora el modelo comercial se busca legitimar mediante la apertura y la calidad de “el núcleo”.

El conocimiento como bien público y derecho humano, en caso de que quiera establecerse como hoja de ruta (tal como lo dicta el Artículo 3º constitucional fracción 5ª, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) del 2023 en México ^{(Diario Oficial de la Federación, 2023)}, la ^{Política Nacional De Ciencia Abierta 2022-2031 (2022)} de Colombia, las múltiples reglamentaciones de Argentina, Perú y la reciente Declaración del Consejo Superior Universitario Iberoamericano, CSUCA, entre otras) exige reconfigurar el ecosistema editorial de varias formas: 1. Modificar el continente reconocido de calidad, ya que las revistas diamante no comerciales no son reconocidas en dicho sistema; 2. Cambiar la evaluación al artículo, lo que se publica, el contenido, no por el lugar en que se publica; 3. Transformar los indicadores de impacto, pueden ser las citas, pero las citas al artículo, no a la revista, pero no puede ser el único indicador o métrica, debe haber diversos elementos que muestren si ese conocimiento financiado por fondos públicos está contribuyendo a las necesidades globales, regionales, nacionales o locales; 4. Asegurarse de que los medios —generación de artículos, libros, etc.— conllevan a los fines la construcción de una sociedad más inclusiva, democrática y justa.

Conclusiones

Si bien los acuerdos “transformativos” no se originaron con el Plan S, este los institucionalizó y promovió a escala global, convirtiéndose así en una política “adecuada” para su expansión internacional. Sin embargo, en 2023 cOAlition S anunció el fin de su apoyo financiero a los acuerdos “transformativos”, debido a que no se logró la transformación de modelos de publicación de pago a modelos de acceso abierto. Pero sí se lograría que estos acuerdos se vuelvan permanentes y perpetúen el acceso abierto híbrido, al que cOAlition S siempre se ha opuesto firmemente ^{(cOAlition S, 2023)}.

Los elementos o resultados aportados muestran que los acuerdos “transformativos” consolidan la vía comercial de publicación académica bajo una vía que coloca en AA el conocimiento, pero institucionalizando un mecanismo de pago por publicación o procesamiento. La manera en que se han dado los acuerdos en Latinoamérica, en la mayoría de los casos, ha sido a partir de impulsar la publicación en el “mainstream”, además de una tendencia hacia la comercialización a través de las licencias comprometidas en cada contrato. Observando la cantidad de documentos comprometidos con cada editorial, se muestra que con los acuerdos se fortalece la lógica comercial y conducen a la publicación científica hacia el APC y los esquemas oligopólicos.

La comercialización y la pérdida de control por el sector académico y científico en el ámbito de la comunicación científica se reconfigura cuando las revistas —órganos especializados de comunicación— pasan a ser estructuras de evaluación y dejan de ser estructuras de comunicación. La ciencia pierde su sentido original (ethos): compartir para mejorar y solucionar problemas. Las discusiones y estrategias que se plantean muestran que existe una preocupación por la inequidad y la desigualdad en el acceso al conocimiento, pero se olvida la participación y la evaluación de las contribuciones, sin cuestionar el problema del control. Aunque la ciencia se orienta cada vez más hacia el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta, subsisten dos cuestiones clave que siguen sin resolverse y que condicionan profundamente su rumbo: por un lado, si este modelo debe responder a lógicas comerciales o no comerciales; y por otro, quién tendrá el control sobre la producción, circulación y legitimación del conocimiento.