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Introducción1
La década de 1990 abrió en América Central una nueva era de reformas y promesas. Con la llegada de la paz, la mayoría de los países transitaron a la libre elección de presidentes y diputados y a reformas estructurales en las economías (Segovia, 2004: 5 ; Lehoucq, 2012: 80) . Recorridas cerca de tres décadas, 7 de cada 10 personas centroamericanas están insatisfechas con la democracia, 7 de cada 10 jóvenes consideran que la distribución de la riqueza es “muy injusta” o “injusta” y para el año 2017, 68% de las personas ocupadas laboraban en el sector informal (OIT, 2018; Sandoval-García, 2020: 36 ; Latinobarómetro, 2023). Además, la violencia y la migración han marcado el devenir de la región, sobre todo de las generaciones más jóvenes (Sandoval-García, 2020: 6). Una explicación común en la literatura a los problemas mencionados está relacionada con un sistema que concentra de manera desigual poder político y riqueza en un pequeño grupo de la sociedad: las élites económicas (Sanchez-Ancochea y Martí i Puig, 2014: 86).
Con la llegada de la paz, la región se sumó finalmente a la globalización (Robinson, 2003: 90). Esta inserción implicó cambios en el modelo económico de los países y de inserción laboral (Segovia, 2004: 9) . En particular, las economías de la región dieron paso a economías menos dependientes de las exportaciones tradicionales (café, banano, caña de azúcar) y a nuevas exportaciones de productos no tradicionales, nuevas industrias de maquila, los servicios y especialmente el turismo (Segovia, 2004: 14). Aunado a lo anterior, la privatización de empresas estatales y el especial énfasis en los acuerdos de libre comercio como estrategias de atracción de inversión y de inserción en los mercados internacionales han definido los horizontes de los mercados laborales en la región (Robinson, 2003: 98).
La inserción internacional sin embargo no ha mejorado las condiciones de empleo formal. De acuerdo con Pérez-Sainz (2003) , estos retrocesos en materia laboral a su vez son producto de dos condiciones: i) la desregulación laboral y ii) la pérdida de peso del empleo público en la estructura ocupacional (Pérez-Sáinz, 2003: 23). En el caso centroamericano, con excepción de Costa Rica, el empleo formal no ha tenido históricamente una centralidad clara. Además, al centrarse este modelo en los servicios y el comercio, los mercados laborales actuales son más intensivos en el uso de fuerza laboral femenina y en la fuerza laboral semicualificada (Segovia, 2021: 34) .
En este contexto, este artículo busca conocer la percepción entre las personas habitantes de la región de cuáles consideran una de las más preocupantes expresiones de la desigualdad y analizar los predictores psicosociales de dicha evaluación. La principal preocupación de la desigualdad es aquella que las personas consideran la peor expresión de inequidad entre todas las existentes en su país. Para ello se analizan datos extraídos del Latinobarómetro 2020 para Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá. En adelante, el artículo discute los contextos regionales y locales de desigualdad, los mercados laborales, la literatura sobre desigualdad subjetiva, el análisis de los datos y los aportes del artículo al conjunto de trabajos que podrían explicar la reproducción de la desigualdad en la región.
Contexto: desigualdades y mercados laborales en Centroamérica
La desigualdad en Centroamérica es una grieta que puede ser explicada por la persistencia de un sistema económico y político que concentra poder en unas élites fuertes y, en consecuencia, (re)produce instituciones débiles (Bull, 2014: 118). Es además una región caracterizada por regímenes de bienestar debilitados, mercados laborales altamente informales y poco gasto social2 (Martínez Franzoni, 2013: 95) . A lo anterior se ha de sumar una herencia violenta perpetuada por pandillas “maras” y crimen organizado que por un lado provocaron la muerte de 7,5903 personas en 2022 y por otro lado ha producido mayor estigmatización, sobre todo de las personas jóvenes (Mora y Pérez-Sáinz, 2019: 18 ; Infosegura, 2023).
En términos generales, la literatura ha señalado que en buena medida la desigualdad de ingreso en la región podría ser explicada por: i) brechas en educación, ii) brechas salariales entre industrias y iii) el tamaño de las empresas (Gindling y Trejos, 2013: 75) . Ante la carencia de información y los débiles controles sobre los mercados financieros, se ignora sin embargo los alcances de la desigualdad de riqueza.
En la última década, la literatura también da cuenta de una disminución de la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini (Gindling y Trejos, 2013) ; esta desigualdad sigue siendo mayor a los promedios de la región latinoamericana (véase Tabla 1) 4. Asimismo, datos de la participación del ingreso laboral en el PIB entre 2005 y 2017 sugieren una disminución de 39.6% a 36.2%, lo cual implica un aumento de la porción correspondiente a los ingresos del capital. Es decir, que la posible disminución de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini podría explicarse no por una mejora distributiva entre los ingresos más bajos y los más altos, sino más bien por una mejora distributiva entre los ingresos laborales (ICEFI, 2019).
Aunado a los problemas en torno a la desigualdad de ingresos, los procesos de ajuste estructural y de inserción a los mercados internacionales han provocado tres cambios en los mercados laborales: 1) declive del sector público; 2) precarización salarial; 3) desempleo de carácter estructural y migración laboral internacional (Pérez-Sáinz y Mora-Salas, 2004: 42) . Como se puede ver en la Tabla 2, todos los países de la región experimentaron una reducción importante de los empleos en el sector público, incluso en aquellos casos cuyo porcentaje era menor a 10% del empleo total. Este declive, producto de las políticas de ajuste estructural, implicó, como indican Pérez-Sáinz y Mora-Salas (2004: 45) una dimensión material, menores oportunidades de empleabilidad en el Estado, pero también, una mayor estigmatización del empleo público como improductivo y corrupto.
En términos de precariedad laboral, Sabillón-Casco et al. (2018) con datos de la Encuesta Centroamericana de Condiciones de Trabajo y Salud de 2011, muestran que existe en la región un gran nivel de precariedad laboral, mucho mayor entre las mujeres en edades de entre 31 a 50 años (67.1%) respecto a los hombres de la misma edad (61,8%); las mujeres con educación secundaria representan los porcentajes más altos de precariedad (79.1%), respecto a los hombres con el mismo nivel (75.2%), mientras que las mujeres que laboran en el sector primario mantienen los más altos porcentajes de precariedad (79.2%), en relación con los hombres (53.9%) (Sabillón-Casco et al., 2018: 117).
En términos de empleo/desempleo, la región ofrece características particulares y sobre todo condiciones estructurales deficientes. Por ejemplo, en Honduras del total de ocupados a nivel nacional, la mayoría se ubica en el sector terciario (52.2%), el primario (34.2%) y el secundario (13.6%.). Esta construcción del empleo en Honduras da cuenta de una estructura laboral con muy baja capacidad para derramar a otros sectores. Del total de personas asalariadas (1.9 millones), 81% está en el sector privado, 13% en el sector público y 6% son trabajadoras domésticas (Noé-Pino et al., 2020: 8) . En términos generales, además se estima que la mayoría de las personas tienen un empleo informal, mayormente en los servicios (28%), la agricultura (19%) y la industria (11%) (Llopis, 2023) . En 2019, 7 de cada 10 personas trabajadoras obtenían ingresos menores al salario mínimo, con 50% de la población trabajando de manera asalariada, 40% por cuenta propia y 10% como personas trabajadoras no remuneradas (Llopis, 2023). Asimismo, Honduras es el país de América Latina con la mayor cantidad de personas ocupadas en condición de pobreza. Es decir, no se cumple en el caso de Honduras la premisa de que tener un empleo facilita la movilidad social (Noé-Pino et al., 2020: 8).
En el caso de El Salvador, el mercado de trabajo se caracteriza por altos niveles de informalidad y subempleo (Weller, 2010: 12) . Datos del periodo 2014-2022 dan cuenta de que la ocupación informal en el país fue de 69% (OIT, 2023). Según datos del Banco Central de El Salvador, el empleo en el país se concentra sobre todo en el comercio, hoteles y restaurantes (31%), la industria (14.5%) y el agro (14.1%) (Banco Central de Reserva, 2023: 46). En Guatemala, el empleo suele concentrarse en sectores de baja productividad y en sectores informales de la economía. En particular, datos de 2021 dan cuenta de que 70% de la población económicamente activa son empleos informales (Cisneros, 2023: 30) , con un impacto mayor sobre las mujeres cuya tasa de informalidad es de 75.2%.
Esta precariedad es mayor en zonas rurales e indígenas con una informalidad que alcanza 80%, y es aún mayor para las mujeres con 84.3% (Donis, 2023: 2) . Dada la particular situación de represión política en Nicaragua, existe una carencia de información; sin embargo, la literatura ha logrado indagar que al menos 82% de la población ocupada lo hace de manera informal, principalmente en el agro, el comercio y la industria (Brenes-Narváez y Cruz-Rivera, 2016: 4) . Esta informalidad a su vez está relacionada con los niveles educativos y etarios de las personas; así las cosas, a menor educación mayor informalidad, a la vez que la informalidad aumenta en los primeros y últimos años de vida laboral de la persona ocupada (Brenes-Narváez y Cruz-Rivera, 2016: 4).
En Panamá, la población en los ámbitos informales representó 48.2% (Minzer y Orozco, 2017: 10) . Otra característica del mercado laboral panameño es su baja productividad y alta desigualdad (Baptista y Flores-Lima, 2014: 1) . Aunado a lo anterior, las tasas de participación femenina en Panamá están por debajo del promedio de la región latinoamericana (Baptista y Flores-Lima, 2014: 23). En el caso de Costa Rica, la tasa neta de participación laboral es de 56.6% y una tasa de desempleo que ronda 9.6%. La mayoría de las personas costarricenses trabajan en el sector de comercio y servicios (68.8%), en el sector secundario (21.1%) y en el sector primario (10.2%.) (INEC, 2023). Una particularidad de Costa Rica es la heterogeneidad de su mercado laboral marcado por su desarrollo. Por un lado, un mercado laboral dentro de las empresas extranjeras altamente productivas, mejores condiciones laborales y mejores salarios. La otra cara de la moneda son empresas dedicadas al mercado local, que tienden a ser menos productivas y con empleos de menor calidad, además representan la mayoría de los empleos (78.8%) (Solano-Chavarría y Cerdas-Sandí, 2023: 67) .
Desigualdad subjetiva
En la última década, el estudio de los efectos psicosociales de la desigualdad económica ha venido en aumento debido a los altos índices de inequidad a nivel mundial. La psicología social se ha preocupado por entender cuáles son las consecuencias comportamentales de la desigualdad económica objetiva y los mecanismos cognitivos y emocionales que reproducen su legitimación en la psique de las personas. Por ejemplo, conocemos hoy que los efectos de la percepción de desigualdad económica son más preponderantes que los efectos de la desigualdad objetiva, porque las personas se basan en lo que pueden percibir en su vida cotidiana para evaluar el mundo que los rodea y no en índices abstractos de determinantes económicos (Iturra et al., 2022: 313 ; Montoya-Lozano et al., 2025: 129 ; Sainz Martínez et al., 2022: 3) .
A pesar de la importancia de la psicología social de la desigualdad económica, existen escasos estudios sobre su estudio sistemático en Centroamérica. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, solamente un trabajo ha analizado la región en su conjunto. Con una muestra de jóvenes, se encontró que a pesar de que en toda la región la desigualdad económica se evalúa como injusta, donde menos injusta se evalúa es en Nicaragua, Costa Rica, luego Honduras y por último Guatemala y El Salvador, siendo los países donde más injusta se considera. Además, los predictores que incrementan la evaluación de injusticia son la falta de dinero para pagar la comida y la casa. Por el contrario, el predictor que disminuye la evaluación de injusticia es la confianza en las instituciones (García-Castro et al., 2023: 363) .
La percepción de desigualdad económica se conceptualiza como la representación subjetiva que hacen las personas sobre la distribución de recursos económicos en su sociedad (Goya-Tocchetto y Payne, 2022: 153) . La literatura ha mostrado con contundencia que esta percepción de la desigualdad tiene consecuencias psicosociales en las personas. Por ejemplo, promueve la abstención política (Cavazza et al., 2024: 9) , disminuye la confianza en las instituciones (Bobzien, 2023: 15) y actúa en detrimento del bienestar general (Willis et al., 2022: 6) , entre otras.
Hasta el momento, la mayoría de los estudios se ha concentrado en la percepción de desigualdad de recursos económicos como los ingresos, ignorando que la percepción de desigualdad conlleva visiones complejas ancladas en la vida cotidiana de las personas, acordes a sus repertorios biográficos, históricos y contextuales. Cognitivamente a los individuos les cuesta desarrollar concepciones sociales abstractas como puede ser la desigualdad económica, entonces hacen uso de puntos de referencia de su entorno inmediato (García-Sánchez et al., 2018: 2) .
Por ejemplo, en un estudio cualitativo en Colombia en el cual se preguntó cómo se experimenta la desigualdad económica en la vida cotidiana, se encontró que en vez de centrarse en diferencias de ingreso e inequitativa distribución de la riqueza, las personas participantes se centraron más en una variedad de ideas más centradas en dinámicas intergrupales, institucionales y espaciales. Por ejemplo, discursivamente hacían referencia a la comparación en el trato recibido de las élites en relación con las personas pobres, señalaron ejemplos de discriminación y exclusión social. Sobre el espacio público, mencionaron a las personas pidiendo en la calle y a la segregación, y sobre las condiciones económicas mencionaron la precariedad laboral (García-Sánchez et al., 2018: 1) .
Asimismo, las preocupaciones por la desigualdad son multidimensionales porque pueden variar los principios de justicia que se utilizan en el momento de evaluarlas. Es así como se puede justificar la desigualdad si se piensa que es fruto del trabajo duro. Aunque este principio puede ser menos relevante si las personas tienen acceso diferenciado a los servicios de salud considerándolos como un derecho humano. Por ejemplo, en un estudio cuantitativo con 18 países de América Latina se encontró que las personas se preocupan más por las desigualdades educativas y de salud que por la desigualdad de ingreso económico, y que estas preocupaciones además se asocian con actitudes positivas hacia la movilización social (Soler-Martínez et al., 2023: 104) .
Hasta el momento, la mayoría de la investigación sobre desigualdad subjetiva se ha centrado en las consecuencias de las actitudes hacia la desigualdad más que en sus antecedentes. Sin embargo, se ha encontrado que dentro de la formación de la percepción de desigualdad, un mayor nivel de desempleo y el porcentaje de pobreza hace que las personas perciban la sociedad como más desigual. Asimismo, las personas que se consideran de izquierda políticamente y quienes se encuentran en los escalafones más bajos de la jerarquía social son más críticos de la desigualdad y la evalúan de forma más severa (Bussolo et al., 2021: 35 ; Easterbrook, 2021: 12) .
El pensamiento motivado referido como la evaluación de la realidad a partir de motivaciones y sesgos cognitivos propios más allá de los hechos objetivos también es un antecedente de la percepción de desigualdad. Por ejemplo, aquellas personas que creen que la desigualdad es justa y legítima, perciben menor desigualdad (Goya-Tocchetto y Payne, 2022: 153). Además, se ha encontrado que la evaluación de justicia del ingreso propio en relación con el esfuerzo y el talento tiene un efecto directo y estable en la percepción de desigualdad (Hong et al., 2021: 624) . Por último, las personas que se consideran más autónomas y que tienen control sobre sus vidas también creen que la desigualdad económica es menor y que la desigualdad económica es más aceptable (Aldama et al., 2021: 13) .
La presente investigación
Este estudio busca conocer cuál es la evaluación de una de las más preocupantes expresiones de desigualdad en la población centroamericana y cuáles variables psicosociales se asocian con dicha valoración. Para ello, se hace uso de la base de datos del Latinobarómetro (2020). Al ser un estudio exploratorio y descriptivo no se cuenta con hipótesis. Es una contribución a la literatura que analiza las dimensiones subjetivas que ayudan a entender la legitimación y tolerancia hacia las desigualdades. Además, contribuye a la agenda de investigación latinoamericana de conocer las repercusiones de la inequidad en nuestras sociedades para generar conocimiento crítico que ayude a combatirlas.
Método
Participantes
Se utilizaron los datos del Latinobarómetro correspondientes a 2020.5 El Latinobarómetro es una encuesta de opinión pública en Iberoamérica que realiza entrevistas cara a cara en toda la región. Para este estudio, se seleccionaron los seis países centroamericanos incluidos en la encuesta: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El número de participantes por país luego de la eliminación de los datos perdidos fue el siguiente: 574 en Costa Rica, 580 en El Salvador, 280 en Guatemala, 378 en Honduras, 379 en Nicaragua y 490 en Panamá, un total de 2,681 participantes.
La edad promedio de la muestra total luego de la eliminación de los datos perdidos fue de 37.72 años (DE=15.46), y 49.04% de los participantes eran mujeres. Los niveles educativos de la muestra se distribuyeron de la siguiente manera: 8.31% sin estudios, 32.11% con primaria incompleta o completa, 40.54% con secundaria incompleta o completa, y 19.02% con educación superior incompleta o completa.
Mediciones
Variable dependiente
A partir de la siguiente pregunta: "En su opinión, ¿cuáles son las peores expresiones de la desigualdad en su país?", se exploraron las percepciones de las personas participantes, quienes tenían la opción de mencionar más de un aspecto, como las oportunidades de educación, el acceso a servicios de salud, las oportunidades de trabajo, entre otros. Se observó que la desigualdad en la oportunidad laboral fue identificada como una de las peores expresiones en la región centroamericana. Es decir, fue la opción que en su mayoría las personas expresaron como la peor expresión de desigualdad en su país. La variable es binaria, pues dicha pregunta era de respuesta múltiple y la persona podría mencionar la categoría o no.
En consecuencia, se analizó la distribución de respuestas en relación con la percepción sobre la desigualdad laboral en los seis países de Centroamérica. Los resultados revelaron que el mayor número de participantes que identificaron el trabajo como una de las más preocupantes expresiones de desigualdad se encontraba en Costa Rica, con un total de 310 menciones (11.56%). Le siguieron El Salvador con 210 menciones (7.83%), Honduras con 158 (5.89%), Panamá con 129 (4.81%), y tanto Guatemala como Nicaragua con 126 menciones cada uno (4.69%).
Variables predictoras
De la base de datos original, se seleccionaron 11 predictores claves por su relevancia para el estudio, incluyendo variables sociodemográficas, ideológicas y relacionadas con el empleo. Además, se construyeron dos variables de interés a partir de las respuestas a las preguntas sobre la percepción de la riqueza en cada país: la desigualdad percibida, basada en la pregunta sobre cómo se distribuye el dinero entre diferentes grupos socioeconómicos en el país y la desigualdad ideal, derivada de la pregunta sobre cómo le gustaría que se distribuyera el dinero en el país.
Variables de interés
Desigualdad percibida. Por un lado, esta pregunta indaga sobre las percepciones hacia la distribución de la riqueza en el país. Los encuestados asignan porcentajes imaginarios del total de dinero (100 unidades) a cada uno de los cinco grupos de la sociedad, que van desde el más pobre (Grupo 1) hasta el más rico (Grupo 5).
Por otro lado, basándonos en investigaciones previas (Browman et al., 2022: 38) , utilizamos un modelo de análisis para calcular un pseudo-índice de Gini de la desigualdad percibida a partir de las estimaciones de riqueza de los cinco grupos, empleando las herramientas estadísticas del paquete “ineq” en R (Zeileis, 2014) . Este índice oscila entre 0 y 1, donde 0 representa una distribución perfectamente igualitaria y 1 indica una desigualdad extrema. Según los datos, el índice de Gini promedio es .30 (DE=.21), lo cual indica que la percepción de las personas encuestadas tiende hacia una distribución más equitativa de la riqueza en el país.
Injusticia distributiva. La variable evalúa la percepción de la garantía de la justa distribución de la riqueza en una escala del 1 al 4, donde "1" indica una garantía completa y "4" indica que no está garantizada en absoluto. Los datos muestran un promedio de 3.07 (DE=0.88). Esto indica que las personas encuestadas consideran la justicia poco garantizada.
Ingresos. La pregunta busca ubicar el hogar dentro de diez tramos de ingresos mensuales, abarcando diversas fuentes de ingresos como sueldos, jubilaciones, arriendos, entre otros. El primer tramo representa el nivel más bajo de ingresos, mientras que el décimo tramo corresponde al nivel más alto. Los datos revelan un ingreso mensual promedio de aproximadamente 2.96 unidades (DE=2.37). Esto sugiere que la mayoría de las personas encuestadas tiene ingresos concentrados en los tramos más bajos.
Variables de control
Ideología. Esta pregunta se aborda por medio de una escala de 1 a 10, donde 1 representa una posición extrema de izquierda y 10 una posición extrema de derecha. Inicialmente, las respuestas incluían una opción adicional ("ninguno"), que indicaba que el encuestado no se identificaba con ninguna posición ideológica en particular. Sin embargo, para fines analíticos, se decidió asignar a estas respuestas un valor intermedio de 5, que corresponde a una posición neutral en el continuo ideológico. Esta reasignación se basa en la literatura que sugiere que las personas tienden a preferir mantener el status quo y evitar extremos ideológicos (Aybar et al., 2024; Krosnick, 1991: 215) .
Tolerancia hacia la desigualdad. La pregunta busca evaluar la percepción sobre la tolerancia hacia la desigualdad en el país en una escala del 1 al 10, donde 1 significa "completamente inaceptable" y 10 "completamente aceptable". Los datos muestran que el nivel de tolerancia promedio es de aproximadamente 4.86 (DE=2.86). Las personas encuestadas muestran una posición moderada baja hacia la aceptación de la desigualdad en el país.
Estatus socioeconómico subjetivo. La pregunta indaga sobre la percepción de la posición socioeconómica de la persona participante en una escala del 1 al 10, donde el "1" representa a las personas más pobres y el "10" a las más ricas. Los datos revelan que el promedio de la muestra es 4.35 (DE=2.08). Esto sugiere que la muestra se percibe más cerca de las personas más pobres que de las ricas.
Desigualdad ideal. Esta variable representa la medida de la desigualdad percibida, en un escenario ideal de distribución de la riqueza. Se asignan porcentajes imaginarios del total de dinero (100 unidades) a cada uno de los cinco grupos de la sociedad. Los resultados indican que el índice de Gini subjetivo promedio es de .22 (DE=.25), lo cual sugiere que hay un deseo hacia una distribución más equitativa de la riqueza en un escenario ideal. Esta variable se ha relacionado en la literatura con la percepción de desigualdad de oportunidades (Willis et al., 2015: 495) .
Preocupación por el empleo. La variable representa la preocupación por el empleo en una escala del 1 al 5, donde "1" indica una gran preocupación por quedarse sin trabajo y "5" indica que no tiene trabajo. Para el análisis, se recodificó esta variable en una forma binaria para distinguir entre aquellos que están empleados y aquellos que no. Se asumió, por un lado, que los que se ubicaron entre 1 y 4 en la escala original están empleados, ya que su preocupación por perder el empleo sugiere que tienen trabajo. Por otro lado, los que se ubicaron en el nivel 5 de la escala fueron considerados desempleados. Así, la recodificación quedó de la siguiente manera: "1" para aquellos considerados empleados (valores del 1 al 4 en la variable original) y "2" para aquellos desempleados (valor 5 en la variable original). Se tiene que 52.03% de los participantes de la muestra están empleados, mientras que 47.97% están desempleados. Esta distribución indica que aunque hay una ligera mayoría de participantes con empleo, la proporción de desempleados es considerablemente alta.
Análisis
Se utilizaron los datos (Rdata) del Latinobarómetro correspondientes a 2020, que contenían 408 variables y 20,204 observaciones (Latinobarómetro, 2020b). Tras seleccionar los seis países de interés, la base de datos se redujo a 6,000 observaciones, con 1,000 observaciones por país estudiado. Durante la exploración inicial, se identificó que las oportunidades de trabajo eran mayormente percibidas como una de las más preocupantes expresiones de desigualdad. Por lo tanto, el análisis se centró en esta categoría, utilizando una variable respuesta binaria (se mencionó la categoría o no se mencionó). Para efectos de análisis, las variables categóricas se transformaron a numéricas, exceptuando las variables de sexo, educación y el identificador de los países.
Para el predictor referente a la ideología, se observó que una proporción significativa de los encuestados (654 casos) marcaron la opción "ninguno", indicando que no se identificaban con ninguna posición ideológica específica. Dado que estos casos no se ubican claramente en el continuo izquierda-derecha de la escala (1-10), se decidió asignarles un valor intermedio de 5 en la escala.
Esta decisión se sustenta en la literatura. Aybar et al. (2024: 18-19) señalan que la estructura de la escala puede influir significativamente en cómo las personas encuestadas se auto-ubican políticamente. Específicamente, muestran que las respuestas "ninguno" o "sin opinión" a menudo reflejan una tendencia hacia posiciones centristas cuando se usan escalas de texto o número, lo que justifica la asignación de un valor intermedio en estos casos. Asignar un valor intermedio de 5 a estas personas encuestadas permite reflejar esta tendencia.
Krosnick (1991: 215) también apoya esta práctica, sugiriendo que las personas encuestadas utilizan estrategias cognitivas para manejar la demanda de responder a preguntas complejas. Una de estas estrategias incluye optar por una posición intermedia o neutral, especialmente cuando no tienen una posición clara o definida. Esto permite capturar mejor las actitudes políticas de las personas encuestadas que de otra manera quedarían excluidas del análisis. Al combinar los datos de la categoría "ninguno" con los valores intermedios de la escala (5), se buscó evitar la pérdida de información valiosa y representar de manera adecuada la posición de aquellas personas encuestadas que no se identificaban claramente con ninguna ideología.
Durante la exploración inicial de los datos del Latinobarómetro, se identificó 10% de valores faltantes, clasificados como “no respuestas” según el libro de códigos. Debido al volumen y patrón observado en la variable dependiente, se realizó una prueba MCAR, la cual arrojó un p-valor de 0, indicando que los datos no estaban completamente al azar. Esto sugirió que una imputación simple podría generar sesgos, por lo que se consideraron tres enfoques para tratar los valores faltantes: (1) eliminar los NA’s de la variable respuesta e imputar predictores con KNN y MICE, (2) combinar NA’s con la categoría “No mencionados”, y (3) eliminar completamente las filas con cualquier valor faltante.
Los métodos de imputación utilizados (KNN y MICE) fueron seleccionados por su capacidad para manejar datos que no siguen un patrón completamente aleatorio (Canchila Rodríguez, 2023: 1 ; Mandeville, 2010: 325) . Tras aplicar cada enfoque, se evaluaron los modelos con AIC y validación cruzada. Aunque el tercer enfoque redujo considerablemente el tamaño de la base (de 6,000 a 2,681 observaciones), obtuvo el AIC más bajo y un rendimiento aceptable, lo que indicaba un mejor ajuste general sin incrementar la complejidad del modelo. La precisión de este modelo fue de 60.69%, lo cual, aunque no fue la más alta, sí resultó ser suficientemente sólida dadas las ventajas en ajuste.
Finalmente, se decidió eliminar las observaciones con valores faltantes, respaldado por la evidencia de que los datos no estaban distribuidos completamente al azar y que la imputación no era adecuada para la variable dependiente. La base de datos final quedó compuesta por 2,681 observaciones distribuidas entre seis países centroamericanos. Aunque se detectaron algunos valores extremos en los predictores, estos fueron considerados válidos dada la naturaleza subjetiva de las preguntas del cuestionario.
Cabe resaltar que se volvió a evaluar la pregunta sobre la peor percepción de expresión de desigualdad, y las oportunidades de trabajo se mantuvieron como la peor expresión de desigualdad. Luego se llevó a cabo nuevamente el análisis de regresión logística binomial para examinar la relación entre los diversos predictores y la variable dependiente. Se realizaron tres pruebas de bondad de ajuste para evaluar la validez del modelo: la prueba de Hosmer-Lemeshow, que compara las tasas observadas y esperadas en subgrupos de la población, y los estadísticos de Cox-Snell y Nagelkerke R-Squared, que proporcionan estimaciones de cuánto mejor se ajusta el modelo en comparación con un modelo nulo.
Finalmente, como supuesto, se realizó una prueba para evaluar la multicolinealidad entre las variables independientes del modelo utilizando el factor de inflación de la varianza (VIF). El valor más alto de VIF ajustado fue de 1.2 para una de las variables, lo cual indica que se cumple el supuesto de ausencia de multicolinealidad significativa. Esto ayudó a identificar si existían problemas de multicolinealidad que pudieran afectar la interpretación de los coeficientes del modelo (Pennsylvania State University, 2018).
Además, se desarrolló un modelo jerárquico en cuatro etapas, partiendo de un modelo simplificado que incluía sólo predictores sociodemográficos en el primer paso. En el segundo paso se incorporó el predictor de preocupación por el empleo, seguido en el tercer paso por variables relacionadas con el estatus subjetiva e ideología. Finalmente, se completó el modelo agregando variables sobre la percepción de la desigualdad y la desigualdad ideal, así como la percepción de injusticia distributiva y la tolerancia hacia la desigualdad.
Para comparar estos cuatro modelos y evaluar su capacidad para explicar la variabilidad en la variable dependiente, se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA). Este análisis proporcionó información sobre la eficacia relativa de cada modelo en términos de ajuste y predicción. Basado en los resultados, se creó un modelo final que optimizó el ajuste y la predicción de la variable dependiente. El análisis se realizó con el software R versión (4.3.2) (R Core Team, 2023) y el programa RStudio (RStudio Team, 2023), utilizando varios paquetes de R para manipulación de datos y análisis estadístico.
Resultados
El análisis comienza con el modelo completo, que incluye todas las variables disponibles para predecir la variable respuesta. Los resultados indican que varias variables tienen un impacto significativo en la percepción de las peores desigualdades, incluyendo el sexo (mujer), el nivel educativo (superior incompleta/completa), el ingreso, la injusticia distributiva y la percepción de la desigualdad. Este modelo inicial mostró un buen ajuste, respaldado por un valor bajo de AIC (3523.8), lo cual sugiere que estas variables en conjunto tienen un poder predictivo considerable. La comparación del modelo ajustado con el modelo nulo arrojó una diferencia de devianza de 101.7, indicando que el modelo ajustado ofrece una mejora significativa sobre el modelo nulo. La evaluación de la bondad de ajuste mediante el estadístico Hosmer-Lemeshow resultó en un valor de .028, sugiriendo un buen ajuste del modelo. Los coeficientes de determinación ajustados de Cox-Snell y Nagelkerke fueron .037 y .050, respectivamente.
Asimismo, se realizó un análisis jerárquico (véase Tabla 3), comenzando con un modelo inicial simple que incluía únicamente variables sociodemográficas como edad, sexo, nivel educativo e ingreso, y se obtuvo un AIC de 3564.4. En el Modelo 2, al agregar la variable predictora preocupación por el empleo junto con las variables anteriores, se observó un ligero deterioro en el ajuste del modelo, reflejado en un AIC de 3565.9. Continuando con la expansión del modelo, en el Modelo 3 se incorporaron los predictores sobre la ideología y el estatus subjetivo, resultando en un AIC de 3568.3. Este aumento en el AIC sugiere que la adición de estas variables no contribuyó significativamente a mejorar la capacidad predictiva del modelo.
Finalmente, el Modelo 4, que incluyó todas las variables anteriores además de variables relacionadas con la percepción de desigualdad, desigualdad ideal, percepción de injusticia distributiva y la tolerancia hacia la desigualdad, mostró un AIC reducido a 3523.8. Esta disminución significativa en el AIC indica que la inclusión de estas variables adicionales mejoró notablemente el ajuste del modelo, fortaleciendo su capacidad para explicar la variable dependiente (véase Tabla 3).
Se realizó un análisis de devianza, el cual arrojó que el Modelo 1, que incluye variables sociodemográficas básicas como edad, sexo, nivel educativo y situación económica, muestra una devianza residual de 3550.4. Al añadir la variable preocupación por el empleo en el Modelo 2, la devianza residual apenas cambia ligeramente a 3549.9 (p=.4541), indicando que la preocupación por el empleo no mejora significativamente la capacidad del modelo para explicar la variable dependiente. En el Modelo 3, que incorpora además las variables ideología y estatus subjetivo, la devianza residual baja a 3548.3 (p=.4634), sugiriendo que estas adiciones tienen un efecto mínimo en comparación con el Modelo 2. Sin embargo, en el Modelo 4, que incluye variables como injusticia distributiva, tolerancia hacia la desigualdad, desigualdad ideal y desigualdad percibida, la devianza residual disminuye significativamente a 3495.8 (p<0.0001), indicando una mejora sustancial en la capacidad del modelo para explicar la variabilidad de la variable dependiente. Sin embargo, los predictores preocupación por el empleo, ideología y estatus subjetivo no aportan significativamente al modelo.
Es importante mencionar que en cada etapa del modelo jerárquico se calcularon los factores de inflación de la varianza, los cuales se mantuvieron constantemente por debajo de dos en todos los modelos, indicando ausencia de problemas de multicolinealidad. Finalmente, el análisis revela que varios predictores son significativos para predecir la percepción de trabajo como la peor forma de desigualdad económica. En particular, el sexo (B=.311, p<.001) muestra que las mujeres tienen una mayor probabilidad de considerar el trabajo como la peor forma de desigualdad en comparación con los hombres. Además, un mayor ingreso (B=.048, p<.05) se asocia con una mayor probabilidad de percibir el trabajo de esta manera, sugiriendo que las personas con ingresos más altos son más sensibles a las desigualdades laborales. La percepción de injusticia distributiva (B=.135, p<.01) también es un determinante significativo: aquellos que perciben mayor injusticia en la distribución de riquezas tienen más probabilidad de ver el trabajo como la peor expresión de desigualdad.
Otro factor crítico es la percepción de desigualdad medida por el índice de percepción subjetiva de Gini (B=1.096, p<.001), donde un aumento en este índice está asociado con una mayor probabilidad de considerar el trabajo como la peor expresión de desigualdad. Por último, la educación superior (completa o incompleta) (B=.485, p<.01) indica que las personas con niveles educativos más altos tienen una mayor probabilidad de percibir el trabajo como la peor forma de desigualdad en comparación con aquellas con educación básica. Este resultado sugiere que la educación puede aumentar la conciencia o la sensibilidad hacia las desigualdades laborales.
Discusión
A pesar de las continuas promesas de desarrollo, empleo y democracia, la región en su conjunto adolece de derechos laborales garantizados para la mayoría, alta informalidad, trabajos de baja productividad con pocas posibilidades de derrame económico e ingresos menores a los definidos en los salarios mínimos. Esta receta da cuenta de una región donde a veces se genera trabajo, pero no empleo (Pérez-Sáinz, 2019: 87) . En palabras de Pérez-Sáinz, la manifestación de lo anterior ha sido traducido: 1) en la precarización de las relaciones laborales al favorecer procesos de subcontratación y la sustitución del derecho laboral por el mercantil (relaciones entre empresas); 2) la desregulación laboral y el debilitamiento de la negociación colectiva (sindicatos); y 3) el desempleo caracterizado por la intermitencia/estacionalidad de empleos y la continua amenaza de perder el empleo. Lejos de suponer mejores condiciones de vida y empleabilidad para las personas centroamericanas, la precariedad e informalidad laboral alimenta en el día a día las desigualdades socioeconómicas.
Los resultados obtenidos sugieren que si bien las desigualdades extremas y la concentración de riqueza pueden resultar conceptos abstractos para la mayoría de la población debido a su magnitud, las diferencias en derechos laborales son mucho más tangibles y perceptibles (Dubet, 2020: 17) . Dado que en países como Honduras se registra la mayor tasa de pobreza laboral en América Latina, y en Costa Rica los beneficios laborales y salariales se concentran en el sector público, no sorprende que sus habitantes perciban el ámbito laboral como el principal foco de desigualdad.
La naturaleza propia del capitalismo rentista centroamericano caracterizado por una mayor influencia y asimetrías de poder en favor de empresas multinacionales y élites económicas locales da cuenta a su vez de una nivelación a la baja en las condiciones laborales como estrategia y herramienta de atracción de inversión frente a competidores emergentes (China, Vietnam) (Segovia, 2021: 89) . En este escenario, el tipo de trabajo ofrecido en el modelo de desarrollo regional no busca favorecer condiciones óptimas para la reproducción de una vida digna, sino por el contrario, mano de obra a bajo costo para la reproducción del capital local o regional. En el marco actual del desarrollo del capitalismo, en los mundos del trabajo se transitó de un imaginario de derechos propio de la formalidad de los empleos, y la movilidad social, con algún énfasis en el empleo en el sector público, a uno de deberes donde el individuo genera autónomamente sus condiciones de movilidad y empleabilidad-emprendedurismo (Pérez-Sáinz, 2019: 87) . Cabría preguntarse en futuras investigaciones sobre cómo y hasta qué punto el modelo económico centroamericano ha sido posible gracias a la precarización del trabajo.
Encontramos que la probabilidad de considerar la desigualdad en las oportunidades laborales como una de las formas más preocupantes de desigualdad aumenta en individuos que perciben una mayor desigualdad económica, que la consideran más injusta, en mujeres, y en personas con mayores ingresos y niveles educativos. En los últimos años, se han referenciado numerosos efectos de la percepción de desigualdad económica. Por ejemplo, en Colombia ya se había encontrado una relación entre la percepción de desigualdad en la vida cotidiana y la desigualdad de oportunidades y condiciones laborales (García-Sánchez et al., 2018: 9) .
Que quienes perciban mayor desigualdad económica tengan más probabilidades de señalar la desigualdad en las oportunidades laborales como la más preocupante expresión de la desigualdad es consistente con la evidencia psicosocial que señala que las personas construyen su percepción de la realidad a partir de sus experiencias en la vida diaria y en relación con las características de su entorno inmediato (Bussolo et al., 2021: 35 ; García-Sánchez et al., 2018: 2) . Los niveles alarmantes de desempleo y empleo informal en Centroamérica podrían ser la causa que explique la relación entre la percepción de desigualdad económica, la evaluación de injusticia del ingreso y considerar la desigualdad en las oportunidades laborales como la expresión más preocupante del tipo de desigualdad. Lo anterior suma al debate de qué más allá de consumir, las personas centroamericanas lo que buscan es trabajar.
La evaluación de injusticia es un proceso cognitivo en el cual se compara la percepción de la distribución de recursos con la que se considera justa. Para el caso guatemalteco, anteriormente ya se había encontrado una relación en personas jóvenes de que quienes más deseaban oportunidades laborales peor evaluaban la injusticia de la desigualdad económica. La privación absoluta y relativa como una combinación de oportunidades deseadas y restricciones condicionan esta evaluación. Para toda la región centroamericana, la falta de dinero para pagar la casa y la comida se han encontrado como predictores de la evaluación de injusticia (García-Castro et al., 2023: 34-35) . Que quienes más evalúen la distribución de los ingresos como injusta tengan más probabilidad de considerar la desigualdad de oportunidades de trabajo como el peor tipo de desigualdad se puede deber a la privación absoluta que brinda el contexto centroamericano de no brindar las posibilidades materiales básicas de sobrevivencia en relación con la expectativa relativa que una oportunidad laboral sí pudiera ofrecer.
Por otro lado, que sean las mujeres quienes con mayor probabilidad consideren la desigualdad de oportunidades de trabajo como el peor tipo de desigualdad es consistente con la discriminación que sufren en el contexto y con la literatura previa. En relación con los hombres, las mujeres son quienes más sufren precariedad laboral en Centroamérica (Sabillón-Casco et al., 2018: 117). En la literatura internacional se señala que las mujeres son quienes más injusta consideran la desigualdad, quienes menos la toleran y menos la justifican a partir de su propia experiencia de discriminación patriarcal (Mijs, 2018: 4) .
Paradójico puede parecer el resultado de que sean las personas con más ingresos y mayor nivel educativo quienes más probabilidad tienen de considerar la desigualdad en las oportunidades laborales como una de las más preocupantes expresiones de desigualdad. Contrariamente, la literatura señala con amplia evidencia que son las personas con menores ingresos quienes más perciben desigualdad económica (Bussolo et al., 2021: 3) . En esta línea, se ha encontrado que las personas de mayores ingresos en contextos de alta desigualdad apoyan las políticas redistributivas o tienen comportamientos prosociales cuando se identifican con grupos desaventajados y sienten responsabilidad de brindar a la sociedad parte de lo que disfrutan (Suss, 2023: 13) . El resultado encontrado en este estudio hay que tomarlo con cautela y revisar en futuras investigaciones su replicabilidad.
Como todas las investigaciones la presente no está exenta de limitaciones. Las principales son que el carácter secundario de los datos no nos permitió incluir todas las variables que podrían ser relevantes en este estudio, como por ejemplo la percepción de desigualdad económica en la vida cotidiana. Además, el tamaño del efecto encontrado en la explicación de por qué las personas consideran la desigualdad en las oportunidades laborales como el peor tipo de desigualdad es pequeño. A pesar de que los tamaños del efecto pequeños son la norma en ciencias sociales, profundizar en la inclusión de otras variables en la investigación futura podría ayudar a conocer mejor las actitudes hacia la desigualdad en la región.
En torno a lo anterior, este artículo busca aportar desde miradas interdisciplinarias a la comprensión de las desigualdades y su reproducción en una región con muchos espacios de posibilidad para políticas y acciones para la disminución de este lastre. Se trata, en este caso, de un estudio que busca aportar desde la economía política y la psicología social sobre los predictores de la desigualdad y su vínculo con el propio modelo capitalista regional, que como mencionamos ya, genera trabajo a bajo costo para el capital, pero no empleo y vida digna para las personas trabajadoras.
La evidencia acá presentada da cuenta de que, como ha señalado ya la literatura, en un contexto creciente de automatización de los empleos, la regulación de salarios y el aumento de los sindicatos no son ni serán suficientes sin la creación de buenos empleos. En esta amplia discusión, y lejos del dogma ultraliberal, los Estados centroamericanos podrían jugar un rol vital en la promoción y articulación de dos economías: una enfocada en industrias intensivas en capital, tecnología y productividad (industrias médicas o de chips electrónicos, por ejemplo) y otra economía orientada a actividades intensivas en mano de obra (agricultura por ejemplo) (Sánchez-Ancochea, 2020: 156).
Finalmente, el artículo deja abierta la discusión sobre el precario progreso de los derechos laborales de las mujeres y su vínculo con un modelo que las incluye parcialmente, limita sus aspiraciones de vida digna y condiciona el desarrollo de las personas cercanas. Lo anterior en un contexto de mayor autoritarismo que considera a las mujeres únicamente por su labor de “madres cuidadoras” (Duffy et al., 2023: 97) . Se puede concluir que más que vivir de ayudas sociales o transferencias condicionadas de dinero, la población centroamericana lo que busca es una oportunidad laboral para ganarse una vida digna.
