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Introducción
México posee una gran abundancia de ecosistemas forestales que son social, cultural, ecológica y económicamente muy importantes. Actualmente, la superficie forestal representa aproximadamente 40% de la total del país (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2024), y está ocupada por distintas comunidades vegetales, como bosques tropicales perennifolios y caducifolios, bosques mesófilos de montaña, bosques templados de coníferas y latifoliadas (Challenger y Soberón, 2008). En estos ecosistemas viven cerca de 11 millones de personas, de las cuales 3.42 millones son de pueblos originarios (Comisión Nacional Forestal [Conafor], 2020). En México, las regiones forestales están entre las de mayor marginalidad, más de 50% de la población vive en condiciones de extrema pobreza y el promedio de años de escolaridad es la mitad que el nacional (Merino-Pérez, 2004). Los bosques son fundamentales para las estrategias de reproducción social1 de las comunidades forestales, ya que proveen bienes como leña, alimentos, medicinas y materiales de construcción (Merino-Pérez, 2004). Otra característica de los bosques en México es la propiedad común de los terrenos forestales, ya que 45% de la superficie forestal está en manos de ejidos y comunidades (Conafor, 2020), donde se lleva a cabo el manejo forestal comunitario (MFC).
El MFC del país se destaca a escala global. Una de sus características particulares es la existencia de empresas forestales comunitarias que producen madera con fines comerciales y gestionan recursos de propiedad común (Bray, Merino-Pérez, et al., 2007). El MFC en México ha sido señalado como una alternativa para la conservación ambiental que, con menor inversión pública, genera mayores beneficios sociales y económicos para la población local que las áreas naturales protegidas (ANP) (Bray, Durán Medina, et al., 2007). Además, los beneficios locales recibidos y el poder de manejo sobre los bosques por las comunidades son de los más altos del mundo, y se ha señalado que las estructuras de gobernanza local son "razonablemente representativas, democráticas y mucho más autónomas de la norma" (Klooster y Ambinakudige, 2007, p. 403). Sin embargo, como señala Vázquez García (2015), al no incorporar un análisis de género, estas evaluaciones del MFC omiten desigualdades centrales. Por ejemplo, de acuerdo con cálculos propios basados en datos del Registro Agrario Nacional [RAN] (2023), en 2023 las mujeres representaban solo 27% de las personas ejidatarias y comuneras de los núcleos agrarios certificados. Esto no solo significa una desigualdad en los derechos de propiedad sobre la tierra, sino también un menor acceso de las mujeres a los órganos de representación y toma de decisión locales de núcleos agrarios sobre la distribución del trabajo y de los beneficios de los bosques.
Las desigualdades de género constituyen una barrera importante para lograr, diseñar e implementar acciones e iniciativas efectivas que logren reducir la deforestación y la degradación forestal (Mai et al., 2011). El género estructura la distribución de poder sobre los bienes naturales, las oportunidades para la generación de ingresos monetarios, los procesos de toma de decisión y el trabajo de cuidados no remunerados (Buckingham y Le Masson, 2017). Bajo la estructura patriarcal, los varones suelen ser los más privilegiados en estos procesos distributivos, por lo que, por ejemplo, tienen asegurados legalmente más derechos sobre los recursos y son la voz dominante en la toma de decisiones, lo que permite que ejerzan poder sobre las mujeres y sus decisiones (Agarwal, 2010b). Entonces, a menos que el género y las dinámicas de poder subyacentes sean reconocidas y abordadas de forma sustantiva e integral, favoreciendo la autonomía de las mujeres, las políticas forestales del país podrían reproducir o profundizar las desigualdades preexistentes.
En el campo de los estudios socioambientales en clave de género abundan los estudios de caso, pero son pocas las revisiones que los integren. Dada la creciente producción de estudios acerca de las dimensiones humanas de los bosques, sintetizar y analizar estos conocimientos es fundamental para abordar la complejidad de las problemáticas que buscan atender las políticas forestales. Desde finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando aparecieron las primeras investigaciones sobre aspectos de género en los bosques de México (Townsend y Decorcuera, 1993; Vázquez García, 2003; Velázquez Gutiérrez, 1997), han proliferado los estudios de caso en estos temas. El desarrollo de este campo de investigación es positivo, ya que la incorporación de la perspectiva de género debe desarrollarse y analizarse a partir de evidencia local, a fin de que sea acorde con cada contexto, necesidades y circunstancias específicas (Bee y Sijapati Basnett, 2016). México ha sido destacado como pionero en incorporar cuestiones de género en su política ambiental; por ejemplo, por el enfoque de igualdad de género de la primera Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional presentada en la COP 17 (Bee, 2016) y por establecer la inclusión y equidad de género como principio orientador en la Visión sobre REDD+ (Conafor, 2010). Sin embargo, falta una sistematización de los conocimientos disponibles sobre los vínculos entre género y bosques, que sirva como base para analizar los logros que ha tenido México para integrar adecuadamente la perspectiva de género en las políticas del país.
Objetivos
Examinar los estudios de caso sobre género y bosques en México publicados entre 2010 y 2020 para caracterizar la literatura existente, identificar los aportes, las principales problemáticas de género en contextos forestales y los vacíos de información.
Materiales y métodos
Con el fin de examinar los estudios sobre género y bosques en México, se realizó una revisión sistematizada de la literatura científica. Aunque se incorporaron algunos parámetros cuantitativos en la revisión de la literatura, la metodología fue sustancialmente cualitativa. Para que las fuentes de datos fueran lo más representativas posible, en septiembre del 2020, se realizó la búsqueda en dos bases de datos reconocidas a escala internacional, Scielo y Web of Science. Los términos de búsqueda que se utilizaron de forma combinada fueron “México” “género”, “mujer”, “bosque” y “forestal” (en español), y “gender”, “women”, “forest” y “Mexico” (en inglés). Además, se identificó y contactó a 12 autoras clave en el estudio de género y bosques en México entre agosto y septiembre del 2020 y se realizó un rastreo de citas (Pacheco-Vega, 2017) a partir de las publicaciones que facilitaron. Los resultados de la búsqueda incluyen publicaciones tanto en inglés como en español, así como literatura gris. Por último, los trabajos que se analizarían fueron seleccionados a partir de criterios claramente definidos, como se describe a continuación.
La inclusión o exclusión de la revisión de los 229 trabajos obtenidos inicialmente se determinó a partir de seis criterios. Con base en el título, las palabras clave y el resumen, se definió la inclusión de los trabajos que cumplían estos cinco criterios: 1) Aborda centralmente el vínculo entre el género, las mujeres y/o los feminismos y los ecosistemas forestales y sus recursos. 2) Es un estudio de caso empírico, ya sea simple, múltiple o comparativo. 3) El área de estudio está incluida en México. En el caso de los estudios múltiples o comparativos, al menos uno de los casos es de México. 4) El trabajo fue publicado entre el 2010 y el 2020 inclusive. 5) En caso de ser una tesis, se incluye solo si no se dispone de publicaciones de los resultados en revistas científicas. Posteriormente, los trabajos incluidos disponibles en línea fueron descargados y leídos en su totalidad. En este proceso se corroboró que se cumplieran los cinco criterios de inclusión ya mencionados y se agregó un nuevo criterio para los estudios de caso múltiples: 6) Los trabajos especifican el área de estudio y señalan resultados específicos para México. De esta forma, quedó acotada la muestra de trabajos por analizar.
Los 27 trabajos que quedaron incluidos fueron analizados a partir de preguntas específicas en torno a las características, los aportes y los vacíos de información de los estudios sobre género y bosques en México y sobre las principales problemáticas de género en contextos forestales. En la figura 1 se presenta un esquema del proceso de búsqueda y selección de publicaciones. Todos los trabajos fueron codificados utilizando el software Atlas.ti 8. Se realizaron dos ciclos de codificación utilizando una combinación de métodos de codificación compatibles (Onwuegbuzie et al., 2016). Posteriormente, se obtuvo una nube de palabras y un mapeo de códigos para organizar, ensamblar y refinar los conceptos emergentes (Saldaña, 2013).
Figura 1 Proceso de búsqueda y selección de trabajos para la revisión de literatura sobre género y bosques en México.
El concepto de género en la investigación socioambiental
Las investigaciones en las que se articula feminismo y ecología buscan comprender las formas en que el género moldea las interacciones entre las personas y el entorno natural y, a su vez, cómo el género es moldeado por las mismas (MacGregor, 2017). Estas han sido fundamentales para considerar y cuestionar la distribución de poder sobre los recursos naturales, las oportunidades para la generación de ingresos monetarios, los procesos de toma de decisión y la distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (Buckingham y Le Masson, 2017). Sin embargo, hay una gran variedad de corrientes que analizan los temas ambientales con diversos lentes feministas.
Para fines de la presente investigación, se definen tres categorías principales en el feminismo ecológico o ambientalista, retomando las propuestas realizadas por Puleo (2005), Velázquez Gutiérrez (2003) y Fosado Centeno (2024). En primer lugar, el enfoque esencialista, en el que prevalece una consideración aislada de la situación de las mujeres, y en el que las diferencias de género en las relaciones socioambientales son ubicadas en el plano biológico o ideológico. Bajo este enfoque, se suele generalizar y enaltecer la cercanía entre las mujeres y la naturaleza, apostando a invertir la jerarquización tradicional que pone a los hombres y la cultura por sobre las mujeres y la naturaleza. En segundo lugar, el enfoque constructivista, bajo el que prevalecen los análisis de género, y las diferencias en las relaciones socioambientales se consideran social e históricamente construidas; para fines de este análisis aquí es donde se ubica a la ecología política feminista (EPF). Este marco apunta a desentrañar las bases materiales, sociales, culturales y discursivas de estas diferencias de género, centrándose en la división sexual del trabajo, la distribución de los derechos y las prácticas de manejo ambiental. En tercer lugar, el enfoque constructivista-crítico, que comparte las características del segundo, pero trasciende el ámbito descriptivo de las diferencias de género y realiza una crítica al orden social, al modelo de desarrollo, al contexto macroeconómico y político y a las políticas públicas que perpetúan o profundizan las desigualdades. Esta tipificación tiene el objetivo de poder identificar los enfoques predominantes en los estudios empíricos de los vínculos entre género y bosques en México.
Resultados y discusión: panorama de los vínculos entre género y bosques en México
Características de las investigaciones
La revisión abarcó 27 publicaciones que cumplieron con los seis criterios de selección: 22 artículos científicos, 2 capítulos de libro, 2 tesis y 1 artículo de divulgación. Destaca una sólida base de estudios de género y bosques en México, que contrasta con lo señalado en otras revisiones globales de la literatura (Colfer et al., 2015; Mai et al., 2011), las cuales indican que hay pocos o nulos estudios de género y bosques en América Latina y México. Esto último podría deberse a que la mayor parte de los 27 trabajos incluidos en esta revisión están en español.
Los estudios se enfocan en comprender procesos complejos mediante metodologías cualitativas o mixtas. La ausencia de metodologías puramente cuantitativas obedece a que dicha estrategia metodológica suele ser insuficiente para analizar las dinámicas socioambientales configuradas por el género. Las técnicas más empleadas fueron entrevistas (22), observación participante (13), encuestas (9) y talleres participativos (7), en línea con la investigación feminista que suele promover los métodos participativos para el empoderamiento de mujeres y grupos marginados (Elmhirst, 2017), subrayando la preferencia por abordajes cualitativos.
La bibliografía revisada se orienta mayormente hacia enfoques constructivistas y críticos. De las tres categorías analizadas, predominan los enfoques constructivista-crítico (66,7%) y constructivista (22,2%) sobre el esencialista (11,1%). La predominancia de enfoques constructivistas concuerda con las investigaciones fundacionales sobre género y bosques en México, que se enmarcan en la EPF (Vázquez García, 2003; Velázquez Gutiérrez, 1996)2. La mayoría de los estudios sostiene que las diferencias de género en lo socioambiental son construidas social e históricamente, sin base biológica, enfocándose en la crítica hacia la exclusión y subordinación de las mujeres, así como en el análisis del modelo de desarrollo, el contexto políticoeconómico, el discurso neoliberal y las políticas públicas que perpetúan las desigualdades de género (Altamirano-Jiménez, 2017; Bee, 2016, 2019; Fosado Centeno, 2010; Gay-Antaki, 2016; Gómez Bonilla, 2017; Tobasura Morales et al., 2018; entre otros).
Los cuestionamientos, dentro de la academia, a otras investigaciones socioambientales del MFC se basan principalmente en la ausencia de análisis de género. Anteriormente, se han destacado positivamente experiencias de MFC en las que hasta la mitad de la población adulta es excluida de la toma de decisiones, bajo el supuesto de que los beneficios socioeconómicos del MFC se distribuyen de forma equitativa. Por consiguiente, algunos de los trabajos revisados hacen énfasis en que sin igualdad de género no es posible hablar de sostenibilidad o buena gobernanza (Rojas-Serrano y Martínez-Corona, 2017; Vázquez García, 2015; Vázquez-García y Ortega-Ortega, 2016; entre otros).
Por otro lado, es crucial ampliar las investigaciones sobre género y manejo forestal incorporando aspectos ecológicos de manera más robusta, que permitan una comprensión integral de las dinámicas socioambientales. Más de 30% de los estudios identificados en esta revisión no describen adecuadamente el contexto ecosistémico, como el tipo de vegetación, y solo Ortega-Ortega y Vázquez-García (2014) abordan cuestiones ecológicas. Asimismo, adoptar enfoques multi, inter y transdisciplinarios es clave para entender la interacción entre las características ecológicas y las dinámicas de género que afectan los procesos de cambio ambiental y el aprovechamiento de los sistemas y unidades de recursos forestales, determinado por las reglas de acción colectiva (Ostrom, 2009). En este sentido, el contexto ecosistémico es fundamental para entender las cuestiones ambientales en clave de género (Velázquez Gutiérrez, 2003).
Las cuestiones de género no han sido investigadas en igual medida en los distintos tipos de vegetación forestal de México. El tipo de vegetación más representado fue el bosque templado de coníferas y latifoliadas. Por su parte, el matorral xerófilo, que representa 40,8% de la superficie forestal (Conafor, 2020) y es el tipo de vegetación predominante en el centro-norte del país (Challenger y Soberón, 2008), no está comprendido en ninguno de los 18 trabajos que explicitan el contexto ecológico de la zona de estudio. Esto podría relacionarse con la ausencia de aprovechamiento maderable y empresas forestales en este tipo de vegetación; también puede deberse a que el aprovechamiento de recursos forestales y la recolección se dan a una escala menor, y a que desde los estudios de género no se ha cubierto la diversidad de ecosistemas.
La distribución de los estudios sobre género y bosques en las distintas entidades federativas es dispar. Las investigaciones están concentradas en la zona centro-sur de México, con particular foco en Oaxaca, siguiendo la misma distribución de las investigaciones sobre MFC. El interés puesto en Oaxaca podría explicarse por su gran extensión de bosques y selvas (Madrid et al., 2009), así como por su alta diversidad biológica y cultural y por la presencia y actividad de importantes organizaciones de la sociedad civil (OSC) (Bray et al., 2007). Por otro lado, llama la atención la falta de estudios de género en Coahuila, Baja California y Baja California Sur, siendo Coahuila un estado que tiene la mayor parte de su territorio ocupado por superficie forestal (Madrid et al., 2009), y en Chihuahua, Durango y Michoacán, que concentran gran parte del MFC en bosques de coníferas y latifoliadas y 63% de las instalaciones forestales industriales del país (Bray, Merino-Pérez, et al., 2007). Habiendo discutido las características generales de los estudios, a continuación, se desarrollan los temas que predominan en esta literatura.
Análisis de los temas predominantes en la literatura
Los hallazgos fueron agrupados en tres grandes temas. Primero, las diferencias de género en las prácticas socioambientales y estrategias de reproducción social; segundo, la participación y el poder en la gobernanza forestal; y tercero, los aspectos de género abordados en las políticas ambientales. Aunque se procuró que las categorías fueran excluyentes, es importante mencionar que las temáticas se relacionan entre sí y puede haber traslape.
Prácticas socioambientales y estrategias de reproducción social
El aprovechamiento del bosque va mucho más allá de la madera y varía según el género. Del bosque se utiliza la madera de árboles y arbustos, pero también recursos forestales no maderables (RFNM) como follaje, hierbas y hongos. En general, los hombres acceden a la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento, es decir a los recursos maderables (RM), mientras que las mujeres se enfocan en RFNM y leña. Los usos de los recursos están marcados por la división sexual del trabajo y de los espacios. Las mujeres suelen utilizar los recursos forestales en actividades de cuidado dentro y cerca del hogar (alimentación, limpieza y medicina), mientras que los hombres lo hacen en el ámbito público, para actividades productivas como la construcción. Pese a estos patrones generales, la influencia de distintos factores en el acceso a los recursos da lugar a diferencias de género en los usos que son contexto-específicas.
Estas diferencias de género en el uso de los recursos no son un problema en sí mismas, pero sí al traducirse en mayores beneficios para los hombres. El hecho de que los hombres comercialicen la madera, el recurso más valorado monetariamente, implica que son quienes reciben directamente los ingresos de esta actividad (Vázquez García, 2015). Las mujeres comercializan excedentes del autoconsumo de RFNM, pero la cuantía y seguridad de sus ingresos es menor que la de los hombres. Incluso tratándose de un mismo recurso, ellos aseguran las ventas a pedido y al por mayor, mientras que las mujeres se dedican al menudeo y trueque (Rodríguez-Muñoz, Zapata-Martelo, et al., 2012; Romo Evaristo, 2011; Vázquez-García y Ortega-Ortega, 2016).
El acceso y uso de recursos forestales también se relacionan con las estrategias de reproducción social de ejidos y comunidades, que son muy diversas, pero todas están marcadas por la división sexual del trabajo. Además del aprovechamiento y manejo forestal, las actividades productivas como la agricultura, la ganadería y la pesca son comunes tanto para autoconsumo como para comercialización. En cuanto a las actividades reproductivas, las mujeres son las encargadas de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas (Fosado Centeno, 2010; Gómez Bonilla, 2017; González Suárez et al., 2019; Ortega-Ortega y Vázquez-García, 2014; Rodríguez-Muñoz et al., 2012; Rojas-Serrano et al., 2014; Tobasura Morales et al., 2018). La migración es también parte de las estrategias de reproducción social y, en los contextos de los estudios revisados, ha sido predominantemente masculina. Esto tiene como consecuencia jefaturas femeninas de facto en las unidades domésticas, ligadas a una mayor carga de trabajo para las mujeres (Altamirano-Jiménez, 2017). Sin embargo, la migración también ha influenciado una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones en los grupos domésticos y comunales (Radel et al., 2010; Rojas-Serrano y Martínez-Corona, 2017; Vázquez García y Ortega-Ortega, 2015). Pese a que las actividades productivas cambian, influidas por condicionantes macrosociales, la subordinación de las mujeres sigue presente. Ellas continúan siendo responsables de las actividades reproductivas, mientras aumenta su participación en actividades productivas y de cuidado ambiental. Además, las tareas que realizan son invisibilizadas y poco valoradas social y económicamente, y suelen ser consideradas una mera extensión de las actividades del hogar.
Esto se ejemplifica en el ecoturismo, donde hay más participación femenina, pero la división sexual del trabajo y los estereotipos se mantienen. En líneas generales, en el turismo comunitario las mujeres realizan tareas de cocina, limpieza y venta de artesanías. La retribución económica de estas actividades suele ser poco significativa y sus derechos y control sobre los recursos forestales no siempre mejoran ( Fosado Centeno, 2010). En ocasiones, ellas cumplen funciones administrativas por ser consideradas ordenadas y eficientes (Suárez Gutiérrez et al., 2016). Este patrón se repite en Puebla (González Suárez et al., 2019), Oaxaca (Rojas-Serrano et al., 2014), Chiapas (Suárez Gutiérrez et al., 2016), Quintana Roo (Fosado Centeno, 2010) y el Estado de México (Rodríguez-Muñoz, et al., 2012). Los aspectos materiales hasta aquí mencionados dan forma a las diferencias de género en los conocimientos y el cuidado ambiental.
A diferencia de lo que sostienen los ecofeminismos esencialistas, las mujeres no siempre tienen más conocimientos ambientales que los hombres. Los artículos revisados señalan que las diferencias de género en los conocimientos están relacionadas con la división sexual del trabajo y las diferencias en el acceso y uso de los recursos, fuertemente marcados por los derechos de propiedad. Esto explica, por un lado, que ellas puedan reconocer mayores usos culinarios y medicinales de los RFNM (Ortega-Ortega y Vázquez-García, 2014; Rodríguez-Muñoz et al., 2012; Romo Evaristo, 2011). Pero también que, en casos en que las mujeres han sido excluidas del acceso y uso de los recursos forestales, sus conocimientos ambientales se hayan ido perdiendo, mientras que los hombres están más involucrados en la temática (Fosado Centeno, 2010; Gay-Antaki, 2016).
Los artículos revisados contrastan con el enfoque del ecofeminismo esencialista, ya que evidencian que no existe una inclinación esencial de las mujeres por la defensa y el cuidado del ambiente y que su interés está influenciado por distintos factores. En San Andrés Hueycatitla, Puebla, las mujeres efectivamente identifican más causas del deterioro de los bosques que los hombres (González Suárez et al., 2019). Sin embargo, este interés en el cuidado de los bosques puede estar fomentado por incentivos de política, como en San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, donde las prácticas de conservación que realizan las mujeres (reforestación, limpieza y construcción de bordos) son promovidas por instituciones gubernamentales y compañías madereras (Romo Evaristo, 2011). Mientras, en el caso de las Mujeres Ecologistas de la Sierra en Guerrero, ellas reemplazaron a sus maridos en la defensa del bosque cuando estos fueron encarcelados o asesinados (Vargas Vázquez, 2016). En cambio, hay casos en los que hombres están al frente del cuidado de los bosques. En el Área de Protección de Flora y Fauna Yum-Balam, Quintana Roo, ellos están más relacionados con los recursos naturales y más interesados por la conservación que las mujeres, cuyas actividades no implican manejo ambiental ( Fosado Centeno, 2010). De igual forma, en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca el trabajo de conservación del bosque es realizado por varones y esta responsabilidad está basada en derechos consuetudinarios (Rodríguez-Muñoz et al., 2012), y, en Lachatao, Oaxaca, el resguardo del bosque también es realizado por hombres, por la división genérica de los espacios y el trabajo (Rojas-Serrano et al., 2014).
Participación y poder en la gobernanza forestal
Las instituciones más analizadas en los trabajos dan cuenta de que la gobernanza forestal recae en mayor medida a escala local y nacional. Para estudiar los vínculos entre género y bosques, el entender las instituciones es central, pues a través de estas se ejercen los derechos de propiedad y se toman las decisiones que determinan cómo se reparten las responsabilidades (Velázquez Gutiérrez, 2003). En consonancia, los órganos de decisión comunitaria de ejidos y comunidades y los grupos domésticos son las instituciones más analizadas en los trabajos revisados. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conafor son los organismos federales más mencionados, a raíz de los análisis de género de las políticas forestales y de conservación de estas instituciones. Las dependencias gubernamentales estatales o municipales prácticamente no figuran en la revisión, lo cual puede vincularse a que la gestión forestal en México está concentrada a escalas nacional y comunitaria (Trench et al., 2018).
Los derechos de propiedad sobre la tierra, poseídos mayoritariamente por hombres, son clave en el control sobre los recursos y beneficios del bosque. De manera general, los derechos de propiedad de la tierra en ejidos y comunidades abren las puertas a la participación en los organismos de toma de decisión y, por lo tanto, al poder de decisión sobre los derechos de extracción, exclusión, monitoreo y sanción vinculados a los recursos forestales. Entonces, incluso cuando las actividades productivas están restringidas por motivos de conservación, la propiedad de la tierra da lugar a oportunidades de desarrollo, ya sea mediante el acceso a recursos para construcción, el acceso a programas que requieren certificado agrario o, en los ejidos, mediante la posibilidad de obtener ingresos directos por venta (Fosado Centeno, 2010). En línea con los feminismos socioambientales que resaltan la importancia de la tenencia de la tierra en la estructuración de las interacciones con el entorno natural (Agarwal, 2004; Rocheleau et al., 2004), muchos de los estudios sobre género y bosques en México señalan la exclusión total o parcial de las mujeres de los órganos de decisión comunitaria y las actividades de MFC. Así como a escala nacional, tanto en los ejidos como en las comunidades estudiadas son los hombres quienes poseen mayoritaria o exclusivamente el título de ejidatarios o comuneros y, por lo tanto, quienes participan en la toma de decisiones sobre los bosques (Delgado-Serrano y Escalante Semerena, 2018; Fosado Centeno, 2010; Gómez Bonilla, 2017; González Suárez et al., 2019; Ortega-Ortega y Vázquez-García, 2014; Palacios-Vázquez et al., 2017; Vázquez García y Ortega-Ortega, 2015).
Entonces, hay una clara distancia entre el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su ejercicio. Dado que en México legalmente las mujeres tienen el derecho a ser propietarias de la tierra, la desigualdad del sistema de derechos de propiedad se basa principalmente en las prácticas familiares patrilineales y patriarcales, que favorecen la herencia masculina de la tierra al considerar que los hombres son los proveedores de los grupos domésticos (Almeida, 2016; González Suárez et al., 2019). De hecho, las mujeres suelen adquirir la titularidad de la tierra por ausencia o muerte del varón titular (Palacios-Vázquez et al., 2017). En consecuencia, el promedio de edad de las mujeres ejidatarias es muy elevado, lo que también influye negativamente en el ejercicio de derechos y la participación en actividades forestales (González Suárez et al., 2019).
La tenencia de la tierra no asegura necesariamente el control sobre los bosques por parte de las mujeres, ya que las que tienen derecho a participar en la toma de decisiones no siempre pueden hacerlo de forma efectiva. En Cintalapa, Chiapas, se observa que las ejidatarias que no trabajan en el manejo forestal acaban siendo representadas por algún varón en la asamblea ejidal. Es decir, incluso las mujeres con derechos sobre la tierra terminan excluidas del espacio comunitario para canalizar intereses y necesidades (Palacios-Vázquez et al., 2017). En Lachatao, Oaxaca, pese a que por usos y costumbres todas las personas mayores de edad tienen voz y voto en la asamblea, no todas las mujeres están reconocidas, pocas asisten y las que lo hacen intervienen mínimamente; influyen en esto el que las asambleas se superponen con tareas de cuidados que ellas realizan y el poco interés en la política comunitaria (Rojas-Serrano y Martínez-Corona, 2017). De esta forma, la división sexual del trabajo y los estereotipos de género favorecen la exclusión fáctica de las mujeres y la dominación masculina de los espacios comunitarios de toma de decisión y del manejo forestal.
La nula o baja participación de las mujeres en la toma de decisiones no solo es injusta, sino que afecta la gobernanza comunitaria y forestal. Por un lado, dado que las mujeres son usuarias del bosque, una mayor participación en el MFC es necesaria en términos de igualdad y justicia. Por otro lado, la buena gobernanza y sostenibilidad de los bosques dependen de ello. Como las reglas están formuladas por hombres, sus derechos de extracción son más sólidos, mientras que las mujeres las conocen menos y corren más riesgos de infringirlas (Ortega-Ortega y Vázquez-García, 2014). La limitada participación de las mujeres en los espacios de gestión de los bosques también genera mayor inconformidad de su parte con las decisiones y, por lo tanto, menor confianza en las instituciones comunitarias, lo que afecta la acción colectiva (RojasSerrano y Martínez-Corona, 2017). Asimismo, la exclusión de las mujeres de la gobernanza forestal implica que sus conocimientos específicos no son tomados en cuenta. Para poder dar forma a trayectorias sostenibles en el MFC, es necesario que sean reconocidas la diversidad de percepciones, conocimientos y prácticas entre mujeres y hombres y entre las comunidades locales y las instituciones de gobierno de niveles superiores (Delgado-Serrano y Escalante Semerena, 2018). En este mismo sentido, estudios en India y Nepal han concluido que una mayor participación de las mujeres en el MFC influye positivamente en la formulación de reglas, en su implementación y en sus resultados ambientales y sociales, por lo que una mayor participación de las mujeres en la gobernanza forestal no solo plantearía un escenario más justo, sino también más sostenible (Agarwal, 2010a).
No obstante, únicamente apostar por una mayor participación de las mujeres no es suficiente para revertir la desigualdad de género. Por un lado, dan cuenta de la complejidad del asunto la ya mencionada desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y la dificultad de incidir en espacios masculinizados; por otro lado, las actividades realizadas por las mujeres continúan siendo desvalorizadas y consideradas una simple ayuda (Rojas-Serrano y Martínez-Corona, 2017; Vargas Vázquez, 2016). Entonces, pese a que el número de mujeres que ocupan cargos comunitarios aumenta, persisten fuertes resistencias a transformaciones reales (RojasSerrano y Martínez-Corona, 2017).
Además, el machismo también atraviesa a las propias mujeres y esto puede revertir procesos de cambio. En San Pedrito, Hidalgo, un grupo de mujeres solteras fueron empleadas para el MFC, pero otras mujeres desconfiaron de ellas y las agredieron, por lo que esa experiencia no volvió a repetirse (Vázquez García, 2015). En sintonía, a pesar de que la migración masculina ha favorecido mayores niveles de participación de las mujeres en la toma de decisiones y en actividades culturalmente masculinizadas (Radel et al., 2010; Rojas-Serrano y Martínez-Corona, 2017; Vázquez García, 2015; Vázquez García y Ortega-Ortega, 2015), estas modificaciones no necesariamente implican avances hacia la igualdad, ya que no aumentan ni sus derechos ni su control sobre los recursos. Sobre este panorama de género en las prácticas forestales y en la participación y poder sobre los bosques comunitarios se implementan las políticas ambientales.
Política ambiental y sus efectos en las relaciones de género
Otro tema recurrente en la literatura son los efectos de las políticas ambientales en las relaciones de género y en las relaciones de las personas con el bosque. Los instrumentos de política más analizados son las ANP y los proyectos de conservación, los planes de MFC, el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), todos vinculados a la Semarnat y la Conafor. Estas políticas orientan normas y prácticas en relación con los bosques y, dado que se sobreponen a las diferencias preexistentes en las relaciones socioambientales, tienen un efecto diferencial según el género.
Las ANP tienen efectos de género al restringir el uso de los recursos y promover determinadas actividades productivas. En Macheros, la creación de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca implicó una restricción en el uso de leña y tala de árboles. En consecuencia, las mujeres deben utilizar leña de especies que generan más humo y calientan menos. Además, la restricción de tala de árboles implicó un incremento en el costo de las viviendas por lo que las mujeres casadas tuvieron que pasar más tiempo bajo el control de la familia del esposo (Rodríguez-Muñoz et al., 2012). También hay ejemplos interesantes de actividades productivas compatibles con la conservación, como el del Comité de Mujeres Unidas para la Conservación de los Bosques de la Comunidad El Conejo, en el Parque Nacional Cofre de Perote. Las mujeres del comité realizan artesanías con restos de poda de la prevención de incendios, el cual es un trabajo forestal que antes estaba completamente masculinizado y por el que ahora ellas reciben una paga (Pineda-Lopez et al., 2015). Esto muestra la posibilidad de promover actividades productivas y de conservación que impliquen una transformación positiva de las relaciones de género al facilitar la autonomía de las mujeres, un aumento significativo de sus ingresos y la trasgresión de estereotipos de género en empleos forestales.
Los planes de MFC suelen excluir los intereses y necesidades específicas de las mujeres. Por ejemplo, en San Pedrito, Hidalgo, el plan no contempla los usos que las mujeres dan a los RFNM ni sus preferencias de leña. Esto derivó en la aparición de un mercado no regulado de leña, ya que la misma sigue siendo necesaria para la preparación de alimentos (Vázquez García, 2015). De igual forma, el plan de manejo de San Miguel Mixtepec no incluye RFNM clave para las mujeres y los derechos sobre el mismo se definen en instituciones comunitarias de las que participan exclusivamente hombres (Vázquez-García y Ortega-Ortega, 2016). En otras palabras, las regulaciones y los planes de MFC aprobados por la Conafor se enfocan en la producción y comercialización de madera, actividad dominada por los hombres.
En consecuencia, hay una discriminación de género en los beneficios que provienen de las empresas forestales comunitarias. Las mujeres están poco informadas sobre la producción de madera, casi no reciben ingresos de la misma, ni oportunidades de empleo directas (Palacios-Vázquez et al., 2017; Vázquez García, 2015). Además, en esta actividad prevalece una división sexual del trabajo, ya que las tareas pesadas que requieren equipo son exclusivas de hombres, mientras que chapeo, resiembra y poda tienen más participación femenina y, cuando se contratan peones, las mujeres están encargadas de su alimentación (Vázquez García, 2015).
Respecto al PSA, pese a que representa una alternativa económica, la distribución de sus beneficios no es equitativa y su implementación afecta particularmente a las mujeres. En Oaxaca, el PSA representa una oportunidad económica para la comunidad, y tanto mujeres como hombres participaron en el proyecto de reforestación Tlahuitoltepec. Sin embargo, Gay-Antaki (2016) señala que se refuerzan desigualdades de género porque no se visibiliza, se toma en cuenta ni se redistribuye el trabajo de las mujeres en la reproducción social de las comunidades. Entonces, su participación en los proyectos muchas veces no se paga e implica una carga extra de trabajo. Además, la propia desigualdad en los derechos de propiedad sobre la tierra afecta la distribución de beneficios, ya que estos terminan en manos de los hombres propietarios, profundizando la desigualdad en términos de ingresos y de información (Gay-Antaki, 2016). Otro aspecto criticado del PSA es que el límite a actividades productivas va en contra de la agricultura, estrategia de reproducción fundamental para muchas comunidades forestales. El impacto de esto es mayor en las mujeres, dado que son responsables de alimentar a sus familias y que no tienen injerencia en los debates ni suelen ser beneficiarias directas de los pagos del programa (Altamirano-Jiménez, 2017). Sin embargo, la participación de mujeres en el PSA representa una oportunidad de obtener ingresos por cuidar del bosque, aunque la retribución monetaria sea baja, no implique seguridad social y la comunidad no reconozca su liderazgo debido a las propias prácticas y normas que reproducen el orden de género (Gómez Bonilla, 2017; Saldaña Tejeda, 2015).
Los estudios sobre la implementación de REDD+ en clave de género señalan que, pese a algunos cambios positivos, es preocupante el refuerzo de desigualdades preexistentes. Según Bee (2016), en el programa Cuencas Costeras de Jalisco, el género se reduce a un aspecto técnico. La participación de las mujeres como representantes legales es concebida como un mero instrumento para acceder a financiamiento. Así, se reproducen y refuerzan las desigualdades entre las propias mujeres, dado que los liderazgos activos no son promovidos por los técnicos de Conafor ni por los ejidatarios. Entonces, se consolida el poder de las mujeres que ya tenían derechos de propiedad y liderazgos previos. El hecho de que haya mujeres como representantes legales es un desafío a las normas de género, pero no implica necesariamente una representación activa ni un mayor acceso a espacios comunitarios y forestales tradicionalmente masculinos. En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el proyecto piloto REDD+ implicó la promoción de prácticas de conservación por parte de ejidatarios. Estas prácticas afectan las estrategias de subsistencia de las unidades domésticas y limitan la participación y distribución de beneficios a quienes no tienen la titularidad de la tierra (Tobasura Morales et al., 2018), lo que ha fortalecido la división y exclusión comunitaria. Algo positivo es que la promoción de enfoques de género y participativos por parte de agentes extraterritoriales hacia las nuevas generaciones, han devenido en una mayor participación de mujeres y jóvenes en los proyectos, aunque esta se da recién en la fase de implementación (Tobasura Morales et al., 2018). Estos dos ejemplos resaltan la importancia de los actores locales intermediarios.
El papel de actores locales intermediarios es muy importante para la interpretación y traducción territorial de las políticas y, en particular, de su perspectiva de género. Bee (2016) señala la importancia de los técnicos de Conafor en promover o limitar la participación y los liderazgos de las mujeres como representantes legales. En un mismo sentido, Tobasura Morales et al. (2018) destacan que las OSC locales y los promotores ejidatarios son quienes interactúan con los agentes que promueven REDD+ desde niveles superiores y, a su vez, traducen las iniciativas a la asamblea ejidal y unidades domésticas avecindadas. Por lo tanto, en tanto las políticas no incorporen suficientes y adecuadas especificaciones en materia de género, la implementación de esta perspectiva quedará librada a la voluntad y capacidades de estos actores.
En resumen, las políticas analizadas excluyen a gran parte de las mujeres, así como sus intereses y necesidades (Moser, 1992). Es decir que, aun cuando apuntan a aumentar su participación, las políticas no contribuyen a transformar las estructuras que reproducen su subordinación o exclusión, y son pocas las mejoras significativas de sus condiciones prácticas. Por un lado, dada la distribución de los derechos sobre la tierra, las mujeres tienen acceso restringido a todos los apoyos que requieren de certificado agrario (Vázquez García, 2015) y las capacitaciones asociadas (Palacios-Vázquez et al., 2017; Rodríguez-Muñoz, Mendoza-Ontiveros, et al., 2012). Por otro lado, incluso cuando hay programas dirigidos específicamente a ellas, se reproducen los estereotipos de género y la división sexual del trabajo. Ejemplo de esto son los programas para mujeres como huertos familiares, cría de animales en traspatio y estufas ahorradoras de leña (Palacios-Vázquez et al., 2017). Además, cuando se justifica la necesidad de su participación esencializando su vocación por el cuidado ambiental, no se cuestionan las desigualdades de género en los derechos y el control sobre los recursos ni la división sexual del trabajo (Gay-Antaki, 2016). La participación en estos proyectos puede significar algunos beneficios para las mujeres, como empoderamiento por mayor incidencia en la gestión de recursos (Saldaña Tejeda, 2015), capacitarse y contar con espacios fuera del hogar ( Fosado Centeno, 2010). Sin embargo, para que la conservación empalme con una transformación positiva de las relaciones de género, deberían protegerse y aumentar los derechos y el control de las mujeres sobre los recursos. Además, no solo hay que atender a lo productivo o el cuidado ambiental, sino también al ámbito de los cuidados interpersonales y el trabajo doméstico, para que haya una justa redistribución de las responsabilidades que reduzca la carga total de trabajo de las mujeres.
Vacíos de información
A partir de la revisión de las investigaciones sobre género y bosques del país, se identificaron distintos vacíos de información. En primer lugar, al observar la distribución geográfica y ecológica de los estudios de caso, hay un clara falta de estudios en estados con una superficie forestal importante, como Coahuila, en estados cuya vegetación es predominantemente árida, como Baja California y Baja California Sur (Madrid et al., 2009), y en estados con gran parte del MFC de bosques de coníferas y latifoliadas, como Chihuahua, Durango y Michoacán (Bray et al., 2007). En segundo lugar, existe un vacío en el uso de enfoques participativos de largo plazo, como la investigación-acción participativa, los cuales son más propensos a generar transformaciones positivas duraderas, tanto para el bienestar de las personas como del ambiente (Colfer y Minarchek, 2012). En tercer lugar, sería importante contar con estudios de largo alcance, que den cuenta de cambios en el tiempo de las relaciones de género y el ambiente. Para esto, también son necesarios los abordajes multi, inter y transdisciplinarios, los que a su vez serían un aporte para los vacíos temáticos de información.
Del análisis de los temas predominantes en la literatura surgen otros vacíos en la investigación. Primero, casi la totalidad de estudios se abocan a bosques bajo formas de propiedad social de la tierra. Por lo tanto, dado que la importancia económica, social y ecológica de las pequeñas propiedades privadas forestales es en general poco reconocida (Bray et al., 2007), sería interesante abordar cuestiones de género en las mismas. Segundo, hasta el momento, el foco se ha puesto en las consecuencias negativas de la exclusión de las mujeres en la gobernanza forestal. Sin embargo, dado que a escacla internacional se ha señalado que los grupos con mayor representación femenina tienen mejores resultados en cuanto a la conservación de los bosques y el bienestar humano (Agarwal, 2010a; Mwangi et al., 2011), sería deseable explorar qué sucede en organismos de decisión comunitarios con mayor representación femenina con respecto a la formulación de reglas, su implementación y resultados.
Tercero, pese a que muchos de los trabajos abordan los efectos de las políticas ambientales en las relaciones de género, lo cual había sido señalado como un vacío de información a nivel internacional (Mai et al., 2011), ninguna investigación de las revisadas analiza los impactos diferenciados por género del cambio ambiental. Cuarto, faltan análisis sobre las instituciones gubernamentales responsables de la generación e implementación de políticas ambientales que examinen la participación femenina en todos los niveles, y las barreras institucionales para la implementación efectiva de la perspectiva de género en las iniciativas ambientales. Esto también vale para las OSC, ya que gestionan gran parte de los recursos para proyectos ambientales del país, pero ningún trabajo las estudia en profundidad. Quinto, las características específicas de la violencia contra las mujeres defensoras del territorio y los recursos forestales. Por último, son pocos los estudios que abordan las cuestiones forestales con perspectiva de género a través de distintos niveles de gobernanza, lo cual es clave en un contexto de gran interconexión de escalas desde lo global a lo local (Mai et al., 2011).
Conclusiones
El análisis de la literatura permitió examinar las investigaciones sobre los vínculos entre género y bosques en México. A partir de esto, se determinaron sus características, aportes y vacíos de información. Dado que el foco estuvo en los estudios de caso publicados entre 2010 y 2020, la revisión no es exhaustiva, pero sí representativa de las tendencias recientes.
Pese a los patrones comunes analizados, las diferencias de género en las relaciones socioambientales no son universales. Ejemplos de esto son las variaciones locales en torno a quiénes se encargan de recolectar leña o quiénes están al frente del cuidado y protección de los bosques. Esto da cuenta de que las distintas responsabilidades de género tienen que ser analizadas y comprendidas en su contexto social y cultural particular, y que las políticas y programas deberían poder adaptarse a las distintas realidades locales.
No obstante, se pueden señalar algunas premisas básicas en torno al género en las relaciones socioambientales en los bosques de México. La construcción social del género también se da a través de las relaciones sociedadnaturaleza. Es decir, que las diferencias de género en las prácticas socioambientales aportan a la construcción y el refuerzo de la desigualdad de género en contextos forestales. Algunas de las vías por las que esto sucede son las diferencias en los ingresos económicos asociadas al tipo de recurso al que se accede, la desigualdad en la titularidad de la tierra que deviene en un mayor control y poder masculino sobre los recursos forestales, y la invisibilización y desvalorización de las actividades que realizan las mujeres. Los aspectos del género que más resaltan transversalmente en el análisis son la división sexual del trabajo, las responsabilidades diferenciadas, la división sexual de los espacios, así como los estereotipos y las normas de género. Las políticas ambientales, al plantearse sobre las diferencias de género en las relaciones socioambientales, terminan reproduciendo o profundizando la desigualdad sin presentar un abordaje adecuado.
A pesar de que esta revisión se centra en el género, existen otros ejes de desigualdad al interior de las comunidades forestales. Por ejemplo, la edad, la titularidad de la tierra, la etnia y el estado civil implican diferencias entre las propias mujeres. Entonces, son necesarias miradas interseccionales (Crenshaw, 2016) que aborden la heterogeneidad de posiciones en el entramado social y que cuestionen la superposición de los distintos sistemas de opresión para generar transformaciones integrales.
Por otra parte, el panorama no es estático, las investigaciones dan cuenta de modificaciones en las relaciones de género y las relaciones entre las personas y su entorno natural, no obstante, estas no necesariamente son avances hacia la igualdad. En tanto no se protejan y aumenten los derechos y el control de las mujeres sobre los recursos, ni se transgredan las normas de género y se redistribuyan las tareas de cuidados no remuneradas, la posición subordinada frente a los hombres seguirá presente. Es en torno a esto que giran las principales críticas a las políticas analizadas.
Las ANP, el PSA y REDD+ se enfocan en la participación de las mujeres, pero esta aproximación refuerza o profundiza las desigualdades. Este foco casi exclusivo en aumentar la participación de las mujeres en iniciativas de conservación y producción sostenible parece estar fuertemente influenciado por aproximaciones esencialistas, ya que se destaca la importancia de las mujeres para el cuidado del ambiente, pero no contempla las distintas causas económicas, sociales y culturales de su subordinación en las comunidades forestales. Entonces, pese a que la participación en la gobernanza forestal puede significar algunos beneficios para las mujeres, es necesario ir más allá. La meta de una mayor participación femenina, en términos de justicia, no puede ir separada de un abordaje integral de los factores responsables de la exclusión de las mujeres.
La continuidad en la división sexual del trabajo refuerza jerarquías y profundiza el ejercicio del poder masculino. Desde una mirada crítica a los proyectos de conservación con lógicas neoliberales, se observa que la responsabilidad de cuidado ambiental termina cayendo sobre los grupos más vulnerados en lugar de sobre quienes son más responsables de la crisis ambiental. Las tareas de cuidados domésticos y ambientales que realizan las mujeres y que no son remuneradas, además de una carga extra de trabajo, funcionan como un subsidio para los mercados o el Estado. Esto se agrava al tener en cuenta que las decisiones sobre estos programas se dan en ámbitos donde las mujeres tienen poca o nula incidencia (Altamirano-Jiménez, 2017; Gay-Antaki, 2016).
Sin embargo, las políticas pueden influenciar transformaciones positivas en las relaciones de poder. En esta línea, llama la atención que la mayoría de los estudios revisados plantean sugerencias para incorporar la perspectiva de género en las políticas forestales, pese a que los artículos de investigación no siempre proponen traducciones políticas de los resultados obtenidos. Estas sugerencias de política podrían relacionarse con el enfoque feminista de los trabajos y la consecuente aceptación de tres principios: uno descriptivo, uno prescriptivo y uno práctico (Maffía, 2008). Es decir que, desde una mirada feminista, se busca evidenciar la condición de desigualdad de género, valorar lo injusto de esas opresiones y actuar frente a ese panorama. La gran cantidad de sugerencias para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas ambientales puede relacionarse con la voluntad de que las investigaciones se traduzcan en acciones concretas para revertir las desigualdades descritas.
En conclusión, la presente revisión de la literatura es un aporte a la reflexión académica y al análisis y formulación de políticas. Los vacíos de información detectados son áreas clave desde las cuales podrían surgir nuevas investigaciones y las problemáticas de género identificadas pueden orientar de mejor manera la integración de la perspectiva de género en las políticas forestales de México. Finalmente, dado que México es ejemplo a escala mundial por su MFC, esta síntesis puede servir para profundizar en los aspectos de género de la gobernanza forestal descentralizada en otros países.
