1. Introducción

La Iniciativa Yasuní-ITT fue un innovador proyecto del gobierno de Rafael Correa, presidente de Ecuador, mediante el que se pretendía compatibilizar la sostenibilidad de la Amazonía con el desarrollo económico del país. Para ello, Ecuador renunciaba a la explotación de algunas grandes reservas de petróleo en el subsuelo de una zona especialmente protegida a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional. De esta manera, se beneficiaba a todo el planeta al evitar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sin que el coste de oportunidad recayera por completo en el país andino, y más bien dotando al Estado de recursos extra para impulsar otras actividades económicas respetuosas con el medio ambiente.

La Iniciativa estuvo en vigor entre 2007 y 2013, cuando finalmente fue retirada al no conseguir reunir la mayor parte de los fondos esperados. Sin embargo, como se desarrolla a lo largo del texto, abrió una serie de debates relacionados al valor de la naturaleza y la reproducción de estructuras neoimperialistas que resultan imprescindibles para pensar las posibilidades presentes y futuras de satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos del planeta de forma sostenible. En el caso del Yasuní confluyen los problemas del subdesarrollo y dos de las principales amenazas de la crisis climática: el agotamiento de los combustibles fósiles (las reservas más rentables) y la saturación de los sumideros de carbono, fundamentalmente en la atmósfera y los océanos. Se trata pues de una historia inacabada, que tuvo un nuevo giro en 2023 con la celebración de un referéndum nacional, por lo que bien merece ser recuperada una década después para aprender de su fracaso.

Con el objetivo de aportar algunas claves al respecto, el presente artículo realiza una relectura de la fallida Iniciativa Yasuní-ITT desde la perspectiva de la geopolítica crítica, analizándola como un desafío teórico y práctico a la economía-mundo capitalista. El proyecto del ITT ha sido estudiado por numerosos autores, aunque aquí se propone una interpretación crítica a través de la conexión de sus acontecimientos principales con determinadas ideas consideradas interesantes para este propósito, con especial atención a las relaciones centro-periferia. Las novedades del trabajo radican en la mirada alejada en el tiempo y en el mayor foco en la escala global.

En cuanto a su estructura, el texto se divide en tres partes: en primer lugar, se presenta la posición de Ecuador como una periferia del sistema, un contexto que resulta necesario para delimitar posibilidades y límites de su desarrollo. En seguida, se elabora una historia sintetizada sobre la Iniciativa y profundiza en sus oportunidades iniciales y debilidades, así como en problemas que llevaron a su retirada para ilustrar su dependencia de la estructura de poder global. Por último, se pretende extraer una serie de lecciones de cara a los dilemas y conflictos entre economía y medio ambiente que están llamados a marcar el siglo XXI. Se utilizaron referencias específicas sobre la Iniciativa como estudio de caso y generales para ofrecer conclusiones más globales.

2. Ecuador en la economía-mundo

Antes de entrar en materia, se presenta una breve explicación sobre los principales conceptos, así como de su aplicabilidad al problema estudiado. La terminología empleada, desde el propio título, pertenece a la teoría de los sistemas-mundo, paradigma principal de los estudios en geografía política crítica. Esta escuela analiza la historia moderna y contemporánea como una gran formación social de escala global bajo las leyes económicas capitalistas, por lo que la denomina “economía-mundo”, y considera que está dividida en tres tipos de espacios en función del papel que ejercen: centro, semiperiferia y periferia (^{Taylor y Flint, 2002}). El enfoque de los sistemas-mundo está influenciado por la teoría de la dependencia, de origen latinoamericano, por lo que la distinción centro-periferia es similar a las clásicas Norte-Sur o incluso Primer-Tercer Mundo y países desarrollados¹-subdesarrollados, aunque con una mayor profundidad teórica. Por otro lado, la relación intrínseca entre el sistema-mundo y la ecología ha sido desarrollada por el paradigma de la ecología-mundo (^{Moore, 2020}), que se trae a colación más adelante.

En este primer apartado, se rastrea el origen y la evolución de la dependencia ecuatoriana. El desarrollo económico en América Latina está inseparablemente ligado al concepto de extractivismo, el modelo que Gudynas define como la actividad de “explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities” (^{2012, p. 131}). El extractivismo puede comprender una gran variedad de sectores, aunque en la región destacan sobre todo la minería y el petróleo. Por su parte, el refinamiento de combustibles y minerales, y la elaboración de productos de consumo finales, que son las actividades que más valor agregado generan, suelen realizarse en países de destino. Por ello, la mayor parte de la riqueza derivada de las commodities no es apropiada en las periferias sino transferida a los centros de la economía-mundo a través de mecanismos como el intercambio desigual² y la deuda externa, bajo el control de las empresas transnacionales y los Estados centrales (^{Taylor y Flint, 2002}; ^{Acosta y Brand, 2017}).

La falta de desarrollo económico a partir del extractivismo ha sido un tema de gran preocupación en toda Latinoamérica, por lo que existe una vasta literatura académica, incluyendo estudios explícitos sobre Ecuador (^{Vega, 2014}; ^{Cori y Monni, 2015}; ^{Acosta y Brand, 2017}; ^{Alvarado Torres et al., 2019}). Este modelo provoca que el continente se incorpore al sistema-mundo como una periferia dependiente de los centros de Europa occidental y posteriormente también Estados Unidos, reproduciendo durante siglos su subalternidad (^{Taylor y Flint, 2002}). El extractivismo recibe un impulso especial con el Consenso de Washington, seguido desde la década de los ochenta por los gobiernos democráticos y dictatoriales en su mayoría conservadores. Sus impulsores confían en que genere crecimiento económico y se distribuya directamente a través del mercado (^{Gudynas, 2012}), aunque en la práctica produce fuertes impactos económicos, sociales, ambientales y culturales (^{Acosta y Brand, 2017}).

Esta descripción general para América Latina se cumple en el caso de Ecuador, un país pequeño, considerado habitualmente “en vías de desarrollo”, aunque con una de las mayores riquezas y diversidades naturales del mundo. Como sucede en la mayoría de los países periféricos o semiperiféricos, la economía ecuatoriana es dependiente de un recurso natural concreto, hasta tal punto que se puede hablar de casi monocultivo de hidrocarburos. El petróleo ya era usado en la era precolombina como fuente de iluminación, pero su extracción moderna comienza a finales del siglo XIX (^{Sovacool y Scarpaci, 2016}) y se extiende a la Amazonía desde la década de los cuarenta del XX (^{Finer et al., 2009}). Como un síntoma especialmente revelador, Ecuador se ve obligado a exportar el crudo como commodity e importarlo en forma de derivados como la gasolina para su consumo interno porque carece de las infraestructuras necesarias para la refinación (^{Gallardo Fierro, 2017}).

Además, Ecuador fue uno de los principales laboratorios de las políticas neoliberales con los diez gobiernos que se sucedieron entre 1982 y 2006 (^{Minteguiaga, 2012}). La pequeña fracción de valor del extractivismo que se queda en el país se divide entre las rentas de las élites nacionales que participan de la extracción y la escasa parte que llega a las poblaciones locales que son contratadas como mano de obra no cualificada o compensadas por el daño provocado en su territorio con infraestructuras de transporte, sanidad o educación, lo que permite a las empresas ganarse cierto apoyo de las comunidades indígenas y rurales (^{Le Quang, 2011}). En la economía-mundo capitalista, las fronteras de extracción son más extensas que las de la soberanía nacional efectiva, por lo que las inversiones y el poder de las multinacionales petroleras llegan antes a los últimos confines que los servicios públicos, provocando una sensación de abandono estatal.

Todo lo anterior comienza a modificarse en años previos al cambio de siglo, cuando los pueblos latinoamericanos se levantaron contra las políticas aplicadas y empezaron a llegar al poder líderes populistas de izquierda, a partir de la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1999. Esto supone un cambio en la manera de gestionar el extractivismo, por lo que se acuña el término “neoextractivismo”, la versión llevada a cabo por los gobiernos progresistas por la cual el Estado arrebata al sector privado el control de las actividades extractivas y capta mayores porciones del excedente para redistribuirlo entre la población (^{Gudynas, 2012}). El neoextractivismo produce buenos resultados socioeconómicos durante lo que ^{Svampa (2017)} denomina “Consenso de los Commodities”, periodo en el que los precios internacionales del petróleo y otras materias primas se mantienen excepcionalmente altos. De esta manera, afronta al menos uno de los principales problemas del extractivismo clásico: la concentración de la riqueza, a través de políticas sociales financiadas con la venta de los combustibles (^{Le Quang, 2011}).

Uno de los gobiernos que más apuesta por la estrategia descrita es el de la “Revolución Ciudadana”, nombre con el que se conoce popularmente al movimiento político por el que Rafael Correa y su partido Alianza País llega a la presidencia ecuatoriana en 2007. La población bajo la línea de la pobreza pasó del 43% en 2006 al 33.6% en 2013, en consonancia con los avances paralelos en otros países con gobiernos neoextractivistas como Argentina, Bolivia y Venezuela (^{Rico et al., 2014}). Asimismo, destaca la mejora notable de su sistema educativo, no sólo como una defensa de la justicia social sino también como una estrategia de desarrollo del capital humano con el objetivo de diversificar la economía y salir del círculo vicioso del extractivismo (^{Cori y Monni, 2015}).

Durante el gobierno de Correa, el petróleo suponía 50% de las exportaciones y cerca de un tercio de los ingresos del Estado (^{Finer et al., 2010}; ^{Larrea, 2010}). Pese a su importancia relativa, Ecuador no tiene peso en el mercado mundial, por lo que su economía se convierte en una de las más dependientes de los combustibles fósiles en toda la región. Por otro lado, las estimaciones sobre las reservas fechaban su agotamiento en tres décadas y el final de su exportación cinco años antes, al tiempo que se producía un crecimiento acelerado de su consumo nacional (^{Larrea, 2010}), por lo que resultaba fundamental tomar las decisiones políticas adecuadas para aprovechar la coyuntura internacional favorable y garantizar un futuro pospetrolero al país (^{Ramón Sánchez y García-Mayoral, 2024}).

El neoextractivismo sirvió para mejorar el nivel de vida de millones de personas, pero también ha mantenido muchas de las patologías del extractivismo neoliberal e incluso las ha acentuado, sobre todo en lo relativo al impacto medioambiental. Los movimientos indígenas e intelectuales críticos denuncian que sigue siendo un modelo de desarrollo insostenible porque no implica una modificación de la acumulación primario-exportadora (^{Gudynas, 2012}; ^{Howe, 2015}; ^{Pérez-Neira et al., 2015}; ^{Acosta y Brand, 2017}). No obstante, también cabe preguntarse con el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro ^{García Linera (2012)}, hasta qué punto los gobiernos latinoamericanos tienen la capacidad de revertir el papel que les ha sido asignado a sus países en la economía-mundo, al menos en el corto plazo. Más adelante se volverá sobre estos aspectos.

En 2008, Ecuador aprobó la Constitución en la que se conceden más derechos a la naturaleza y a los pueblos indígenas del mundo. Reconoce el sumak kawsay, la cosmovisión quechua traducida como “buen vivir”, que permite la articulación entre conservación del medio ambiente y estrategias de desarrollo que no pasen por el extractivismo (^{Gudynas, 2009}; ^{Vega, 2014}; ^{Gallardo Fierro, 2017}). También prohíbe con carácter general las explotaciones petroleras en zonas protegidas, pero deja abierta una posibilidad excepcional “de interés nacional” (^{Finer et al., 2009}) a la que se acogerá más adelante el gobierno para poner en práctica su plan. Paralelamente, Ecuador se opone, junto con Venezuela y Bolivia, a la imposición de un acuerdo negociado en secreto por los países centrales durante la XV Conferencia de las partes de Copenhague en 2009 (^{Watts y Depledge, 2018}). Se discute si la causa principal que motivaba el rechazo era la insuficiencia de la acción climática propuesta o el reparto de las cargas entre países, aunque como se verá en el último apartado se trata de dos realidades inseparables.

Los pueblos de la periferia tienen una larga, aunque desconocida historia de lucha en favor de la naturaleza, como una defensa de sus medios de subsistencia diferente al ambientalismo eurocéntrico, lo que ^{Martínez Alier denomina “ecologismo de los pobres” (2007, pp. 53-56)}. Puede que sus ciudadanos sean menos conscientes o estén menos preocupados por el calentamiento global, lo que no quiere decir que sean menos ecologistas, puesto que llevan por lo general modos de vida sostenibles y no son responsables de las emisiones de GEI del modelo capitalista industrial. Sin embargo, la crisis climática es global y sus efectos serán padecidos en mayor medida por quienes menos recursos tengan para adaptarse (^{Howe, 2015}; ^{Klein, 2015}).

Los problemas del desarrollo económico y la conservación del medio ambiente se pueden expresar, al menos en América Latina, como un dilema entre extractivismo y ecologismo. En resumen, la sostenibilidad del sistema Tierra no debe tratar de alcanzarse a expensas de las aspiraciones legítimas de la periferia al desarrollo, pero al mismo tiempo no todo vale porque el crecimiento viene de la mano del deterioro ambiental (^{López et al., 2018}). Sin embargo, la creciente responsabilización de la crisis climática a quienes están abandonando su posición periférica suele esconder formas de colonialismo ambiental. ^{García Linera (2012)}, por ejemplo, denuncia la hipócrita defensa de la Amazonía por parte de los países centrales, que sólo han tomado conciencia de la importancia de los bosques después de acabar con los suyos o peor aún, tratan de evitar su aprovechamiento económico por parte de sus Estados para perpetuar las formas de explotación.

El carácter periférico de América Latina, en general, y de Ecuador, en particular, se puede expresar también a través del lenguaje ecológico. Por ejemplo, en cifras absolutas, América Latina exporta seis veces más cantidad de naturaleza de la que importa, mientras que Europa importa cuatro veces más de la que exporta (^{Martínez Alier, 2007}), por lo que la relación de dependencia comercial es también un intercambio ecológico desigual (^{Hickel et al., 2022}). Las economías centrales ejercen presión sobre los recursos naturales y generan desechos a un ritmo inasumible para sus territorios, requiriendo la “importación de capacidad de carga” (^{Pérez-Neira et al., 2015, p. 97}); por ejemplo, a través de la exportación de residuos a países periféricos o de la emisión de GEI a la atmósfera, convertida en el vertedero global.

Desde el campo del desarrollo como desde la ecología se han tratado de elaborar indicadores y teorías que permitan superar el dilema, entre los que destacan los de desarrollo sostenible, justicia ambiental y deuda ecológica o climática (^{Bullard, 2010}; ^{López et al., 2018}), además de uno que será clave en la concepción de la Iniciativa Yasuní-ITT: el de corresponsabilidad diferenciada. La idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas, introducida por Naciones Unidas (Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992), se refiere al deber de todos los países -y de personas, cabría añadir- de afrontar la crisis climática, con obligaciones proporcionales al daño que han producido a lo largo de su historia (^{Naciones Unidas, 1992}).

3. Concepción y fracaso de la Iniciativa Yasuní-ITT

El Parque Nacional Yasuní se encuentra en la región ecuatoriana de la Amazonía, entre las provincias de Orellana y Pastaza, limítrofe con Perú (véase Figura 1). Fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1989 y recibe una protección especial del Estado ecuatoriano (^{Finer et al., 2009}; ^{Creamer, 2010}), ya que es considerada una de las zonas con mayor biodiversidad de todo el planeta.³ No obstante, la contradicción de este lugar reside en que, en su subsuelo -concretamente en los cuadrantes Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del extremo oriental del Parque-, las prospecciones de las compañías petroleras descubren la segunda mayor reserva de petróleo de Ecuador, estimada en unos 1 000 millones de barriles de crudo (^{Sovacool y Scarpaci, 2016}).

Fuente: ^{Finer et al., 2010, p. 64}.

Figura 1 Mapa del Parque Nacional Yasuní y el ITT en su interior 

Se trata de una gran cantidad de petróleo para una sola reserva convertida, desde su descubrimiento, en una de las más codiciadas entre las que quedaban sin explotar en todo el mundo. La expansión de las fronteras de apropiación de la naturaleza es fundamental para postergar o superar los devastadores efectos económicos de la sobreacumulación del capital, y en este punto de extensión de la economía-mundo, algunas partes de la Amazonía se encuentran entre los últimos espacios naturales inexplorados (^{Moore, 2020}). Por ello, el capital financiero global tiene un fuerte incentivo para la extracción de los recursos que por su desconocimiento o inaccesibilidad habían quedado intactos, en línea con los conceptos de acumulación por desposesión (^{Harvey, 2007}) y por contaminación (^{D’Alisa y Demaria, 2024}). La estrategia neoextractivista pretendía convertir al Yasuní en una “zona sacrificada” (^{Lerner, 2012}), pero se encontró con una fuerte resistencia popular.

La extracción intensiva del petróleo de la Amazonía provoca la oposición local e indígena, que demandan a la empresa responsable, Chevron-Texaco, dando lugar al conocido “juicio del siglo”; primera vez que se juzgaba la afectación directa de la contaminación del petróleo a la naturaleza y a la salud. Sus actividades estuvieron directamente relacionadas con la extinción de dos pueblos originarios,⁴ el aumento de la tasa de cáncer en la zona y numerosos delitos ecológicos, además de daños cuantificados por un perito del proceso en USD$27 000 millones (^{Martínez, 2009}; ^{Acosta, 2010}).

Tras este precedente, uno de los grupos ecologistas con presencia en la zona, Oilwatch, recoge los reclamos de moratoria petrolera y elabora, en 2005, una propuesta para no explotar el ITT con un triple objetivo: garantizar los derechos humanos de los habitantes; proteger la biodiversidad ante las infraestructuras y el más que probable vertido de petróleo; y contribuir a la lucha contra el calentamiento global impidiendo las emisiones de unos 400-420 millones de toneladas de CO₂ por la quema del combustible (^{Finer et al., 2009}; ^{Acosta, 2010}). En realidad, a esta cifra habría que sumar la de la construcción de las carreteras, plataformas, oleoductos, entre otras cosas, y la destrucción de una parte de la selva, que dejaría de absorber GEI, con lo que la cuenta ascendería a unos 1 000 millones de toneladas de CO₂. Cabe añadir que, aunque el ITT es una zona pequeña, al encontrarse en su subsuelo las mayores reservas, su protección suponía de facto la de todo el Parque (^{Finer et al., 2010}; ^{Larrea, 2010}; ^{Sovacool y Scarpaci, 2016}).

La extracción del petróleo de Yasuní implicaba tanto un daño medioambiental local como un impacto climático global, pero es también un movimiento desde abajo el que conecta sus reivindicaciones sobre biodiversidad con los objetivos mundiales de emisiones (^{Roca Jusmet, 2022}), poniendo de manifiesto la interdependencia de lo “glocal”⁵ en el ámbito ecológico. Una propuesta que surge en la propia selva -de los movimientos sociales indígenas y ecologistas- y que consiste en la exigencia de no explotar el principal recurso del país y recibe desde el primer momento una sorprendente buena acogida por parte de la sociedad civil ecuatoriana. En el contexto de ruptura populista de las elecciones presidenciales de 2006, Alianza País la incorpora a su programa de gobierno, que postulaba una “convivencia armoniosa con la Naturaleza” y rechazaba la “mercantilización depredadora” del medio ambiente (^{Gudynas, 2009, p. 40}).

De esta forma, Correa llega a la presidencia con la promesa de la protección del ITT, aunque en su adopción posterior la Iniciativa incorpora como objetivo el desarrollo económico incluyendo una condicionalidad: Ecuador renunciaría a la extracción del petróleo si la comunidad internacional le aporta la mitad de su valor (^{Larrea, 2010}). Con esta nueva formulación, el resto de los países del mundo se harían cargo de la otra mitad del enorme coste de oportunidad, alterando el discurso original para poner en práctica conceptos como los de deuda ecológica y corresponsabilidad diferenciada (^{Acosta, 2010}; ^{Le Quang, 2015}). Ecuador pretendía que la Iniciativa Yasuní-ITT fuera una especie de discriminación positiva hacia la periferia para compensar el pasado colonial ante una crisis climática con una marcada desigualdad y en la que la opción del crecimiento generalizado e indefinido desaparece.

La contraprestación estaba pensada para ayudar al país a afrontar una renuncia nacional con beneficios mundiales, por lo que la economía ortodoxa podría concebirla como el intento de revertir una externalidad, la de la emisión de GEI, no internalizada por la mano invisible del mercado. Desde el punto de vista de la racionalidad económica hegemónica, Ecuador era el principal perjudicado de la Iniciativa por el lucro cesante de la explotación de su petróleo. Sin embargo, el gobierno trataba de convencer a la comunidad internacional de que se trataba de un win-win, una situación en la que las dos partes salen beneficiadas, ya que el país obtenía fondos y el resto del mundo una atmósfera menos contaminada. Los win-win son raros en materia ambiental, resultando más habituales los escenarios con ganadores y perdedores (^{Hegwood et al., 2022}), pero en la tarea de enmarcar el Yasuní la Revolución Ciudadana contaba con un fuerte apoyo interno. La mayoría de los ecuatorianos estaba a favor de no explotar el ITT, incluso sin la ayuda financiera internacional (^{Acosta, 2010}), como ha puesto de manifiesto a posteriori el referéndum de 2023, en el que el 59% votó por esa opción (^{Alarcón, 2024}).

En la Iniciativa, el valor de las reservas se calcula a partir del precio del petróleo en el mercado internacional en mayo de 2009, que fue de USD$61.21 por barril (^{Creamer, 2010}), estimándose en unos USD$7 200 millones, por lo que Correa pide una “compensación justa” de USD$3 600 millones (^{Sovacool y Scarpaci, 2016, p. 158}). La cifra solicitada es ligeramente superior a la deuda nacional en ese momento, de USD$3 000 millones, de tal forma que se anularían la deuda financiera de Ecuador con el mundo y la deuda ecológica del mundo con éste. Sin embargo, algunos autores denuncian que la cuantía de las reservas no estaba clara y que la compensación exigida podría no ser la mitad de su valor sino más debido al interés de las partes involucradas por sobredimensionar las estimaciones (^{Finer et al., 2010}; ^{Rival, 2010}), mientras que otros defienden que Ecuador hizo un cálculo generoso al no incluir la contaminación indirecta que supondría la explotación del ITT (^{Sovacool y Scarpaci, 2016}). En cualquier caso, era necesario fijar un valor definitivo para no depender de las fluctuaciones del mercado, por lo que con los USD$3 600 millones Ecuador renunciaba a la posibilidad de que su petróleo pudiera valer más a cambio de la certidumbre de asegurarse una aportación.

El gobierno ecuatoriano presentó finalmente esta innovadora propuesta en septiembre de 2007 como su primera opción para la gestión del ITT, y se reservó un “plan b”: la posibilidad de explotar las reservas si la comunidad internacional no respondía a las expectativas (^{Martínez, 2009}). La Iniciativa recibe entonces el apoyo de importantes figuras internacionales, desde premios Nobel de la Paz a expresidentes de diferentes países, así como el interés de varios gobiernos y organizaciones internacionales, que aportan fondos o revelan su voluntad de colaborar en la protección del Parque Nacional. No obstante, la mayoría recelan de la conceptualización de la propuesta, concretamente de la idea de compensación internacional por la no explotación de recursos naturales, ligada a visiones demasiado novedosas y percibidas como revolucionarias (^{Finer et al., 2010}; ^{Gallardo Fierro, 2017}).

La primera propuesta solicitaba USD$350 millones durante diez años en forma de donaciones o condonaciones de deuda sin contraprestación, pero ante la escasa recepción internacional a finales de 2008 Ecuador cambia de estrategia e intenta ofrecer a los posibles donantes certificados con valor en el mercado europeo de carbono. La idea no sólo es criticada tanto desde la economía alternativa como desde el ecologismo sino que es rechazada (^{Finer et al., 2009}; ^{Rival, 2010}; ^{Le Quang, 2015}; ^{Gallardo Fierro, 2017}). Finalmente, en 2010, el gobierno acuerda con Naciones Unidas la creación de un fondo fiduciario al que los aportantes puedan destinar sus contribuciones con la seguridad jurídica de que si Ecuador incumplía su compromiso serían devueltas todas las donaciones (^{Finer et al., 2010}; ^{Larrea, 2010}). El acuerdo también incluye que los recursos del fondo se destinen a cinco fines: 1) prevención de la deforestación; 2) reforestación; 3) eficiencia energética; 4) energías renovables y 5) programas sociales (^{Sovacool y Scarpaci, 2016}). Además, no eran sólo países centrales los que aportarían los fondos al fideicomiso, sino que el propio Estado ecuatoriano se comprometía también a hacerlo, renunciando así a otra parte de los ingresos que le correspondían del resto del mundo.

Ecuador esperaba lograr una mayor publicidad de la Iniciativa con el paso del tiempo, por lo que establece un primer reto poco ambicioso de llegar a USD$100 millones al final de 2011, barrera que no obstante logra superar por poco, augurando que las previsiones podían haber pecado de optimistas. Al llegar al segundo plazo, tras cinco años, la recaudación de la Iniciativa es de tan sólo USD$336 millones, menos de un 10% del objetivo total fijado por el gobierno (^{Sovacool y Scarpaci, 2016}), lo que provoca que Correa la retire, el 15 de agosto de 2013, pronunciando la siguiente frase: “El mundo nos ha fallado” (^{Gallardo Fierro, 2017, p. 269}) y comiencen a ejecutarse los planes para la extracción del petróleo.

Numerosos analistas han tratado de hallar las causas del fracaso de la Iniciativa, entre las que destacan las siguientes: la defensa del extractivismo por parte de la mayoría de los miembros del gobierno, Correa incluido (^{Gudynas, 2009}; ^{Vega, 2014}); la coincidencia con la crisis financiera de 2008 (^{Le Quang, 2011}) y, con especial atención para el propósito de este artículo, el miedo de los países del centro a crear un precedente para otros Estados con grandes recursos energéticos y biodiversidad, y uno que les saldría muy caro (^{Finer et al., 2010}; ^{Gallardo Fierro, 2017}).

A continuación, se presentan y analizan estas tres causas por separado.

En clave nacional, como ya se ha señalado, el gobierno de Correa logra integrar en un primer momento a sectores extractivistas e indígenas/ecologistas, con posiciones confrontadas sobre el desarrollo. Existe una tensión entre el “giro biocéntrico” de la Constitución y la estrategia de desarrollo neoextractivista del gobierno (^{Gudynas, 2009, p. 44}), pero en un primer momento se contiene gracias al optimismo generalizado, ya que todos comparten públicamente la intención de darle una oportunidad a la Iniciativa Yasuní-ITT. Sin embargo, en 2013 se manifiesta en Ecuador en toda su crudeza el dilema entre extractivismo y ecologismo cuando el gobierno se ve en la tesitura de firmar una reestructuración urgente de la deuda externa a través de un crédito de Petrochina que debería devolver con petróleo (^{Cori y Monni, 2015}).

En este punto, varios autores comienzan a dudar del relato oficial y denuncian la postura de la mayor parte del gobierno ecuatoriano, que habría jugado desde el primer momento ambas bazas, la compensación internacional y la explotación del petróleo (^{Sovacool y Scarpaci, 2016}), como demostrarían la proyección de producción del Ministerio de Energía y Minas de 2007 y los planes de construcción de la refinería del Pacífico “Eloy Alfaro”, ya que ambos contaban con el petróleo del ITT (^{Creamer, 2010}). La retirada de la Iniciativa es la confirmación del abandono de las demandas ecologistas e indígenas y del divorcio definitivo entre estos sectores y el correísmo, con consecuencias sociopolíticas que se extienden hasta la actualidad. Esto la sitúa como uno de los ejemplos más claros y conocidos de los conflictos ecológicos distributivos de los que escribe ^{Martínez Alier (2007}).

En la escala internacional, es cierto que el lanzamiento de la Iniciativa coincide con el inicio de una gran crisis económica en los países centrales, pero eso no supone que el calentamiento global deje de ser un reto de primer orden ni que los Estados carezcan de recursos para hacerle frente. Tanto los gobiernos como las sociedades civiles priorizan la gestión de la crisis a corto plazo e ignoran el resto de problemas, por lo que la falta de fondos disponibles alegada sería más bien una excusa política (^{Le Quang, 2011}). Sin embargo, funcionó como justificación para que los actores internacionales interesados se replanteasen sus contribuciones y, en conjunción con el efecto del hundimiento posterior del precio del petróleo, para que los sectores neoextractivistas del gobierno ecuatoriano terminaran imponiendo sus intenciones sobre el ITT.

Por último, sobre la cuestión del precedente, Yasuní podía servir de inspiración para otros casos similares de conflicto entre extractivismo y conservación del medio ambiente, como reservas de hidrocarburos o minas por toda América Latina (^{Finer et al., 2010}; ^{Acosta y Brand, 2017}; ^{Svampa, 2017}) e incluso en otras regiones periféricas, como la propuesta para la no extracción de petróleo en el Delta del Níger, Nigeria (^{Martínez, 2009}). Independientemente de las condiciones socioambientales locales, del apoyo gubernamental y popular e incluso del contexto macroeconómico, un proyecto como la Iniciativa Yasuní-ITT nunca habría recibido como donaciones la mitad del valor de su petróleo con la única contrapartida de salvar un parque natural y evitar emisiones. Se trata de la misma razón por la que los gobiernos de Estados Unidos y Europa occidental, entre otros, se han opuesto históricamente en las cumbres del clima a un mecanismo de “pérdidas y daños” por el que debieran asumir su responsabilidad en la crisis climática y compensar al resto del mundo por ello y, cuando se ha aprobado, también han postpuesto indefinidamente su financiación (^{Tietjen y Gopalakrishnan, 2023}).

4. Lecciones de Yasuní para un ecologismo de la periferia

No se han elaborado en detalle todas las particularidades ni los episodios de la Iniciativa porque su historia completa es accesible a través de las referencias citadas y de publicaciones académicas y periodísticas. Lo relevante para este artículo son las consecuencias que se pueden derivar sobre la insostenibilidad de la economía-mundo capitalista y las posibilidades políticas ante ello, como se verá a continuación.

Respecto a lo primero, el estudio simultáneo de la desigualdad global y la crisis climática revela que el capitalismo es un sistema de acumulación por apropiación y contaminación (^{Harvey, 2007}; ^{D’Alisa y Demaria, 2024}). La explotación del trabajo humano y extrahumano de las periferias y el deterioro ecológico no son consecuencias circunstanciales, sino que forman parte de la misma naturaleza capitalista, y son inevitables e imprescindibles para la acumulación de valor (^{Moore, 2020}). Esto redunda en un modelo no sólo injusto sino también insostenible, cuya reproducción atenta directa e ineludiblemente contra los límites del planeta y el bienestar de la mayoría de su población con tal de mantener los privilegios de unas minorías y los beneficios indirectos de parte de sus sociedades.

La crisis climática es el resultado de la concatenación de extralimitaciones, pero la saturación de los sumideros de carbono es la más urgente por sus consecuencias globales que ya están desencadenándose. Los científicos expertos en calentamiento global acuñaron el concepto de “presupuesto de carbono” (^{McGlade y Ekins, 2015}), que alude a la capacidad de la atmósfera para almacenar GEI sin superar un objetivo de aumento de temperatura, normalmente de 2ºC.⁶ Hasta ahora, la humanidad habría “gastado” más de la mitad del presupuesto de carbono, aumentando la temperatura del planeta en proporción por encima de 1ºC de media.

Lo anterior, ya de por sí preocupante, es más en combinación con el del carbono contenido en las reservas mundiales conocidas de petróleo, gas natural y carbón, unos 2 800 millones de toneladas, cinco veces más que el presupuesto restante (^{Sovacool y Scarpaci, 2016}). El mantenimiento de una mínima estabilidad climática es incompatible con el consumo de todos los combustibles fósiles almacenados, por lo que se debe elegir dejar la mayoría sin explotar (^{McGlade y Ekins, 2015}), mantenidos indefinidamente en el subsuelo como “activos varados”, una necesidad que da más valor si cabe a la Iniciativa. Sin embargo, la lógica capitalista no entiende ni acepta que un recurso natural tan preciado no sea explotado por decisiones políticas, y menos contra los poderosísimos intereses del sector petrolero (^{Klein, 2015}).

En realidad, la cantidad de emisiones en juego en ese momento era mucho mayor que la del petróleo del ITT, puesto que la extensión de los principios de la Iniciativa, respaldados firmemente por otros Estados periféricos con grandes reservas, podría ser considerada un riesgo para los inversores (^{Roca Jusmet, 2022}), que trasladarían el capital a otros sectores como las energías renovables. No obstante, las transiciones energéticas no están suponiendo el abandono de los combustibles fósiles y, aunque pueden arrojar un balance ecológico positivo, profundizan la dependencia de las periferias, pues son sus recursos naturales y humanos los que sufren una mayor explotación (^{Santiago Muíño, 2020}). También existen ejemplos de zonas sacrificadas en países centrales (^{Lerner, 2012}), pero en estos casos los Estados deben renunciar a la extracción sin contraprestación internacional o, en todo caso, con una compensación entre ellos; por ejemplo en el seno de la Unión Europea.

En cuanto a las posibles estrategias del ecologismo y de los países periféricos, la Iniciativa Yasuní-ITT trató de conjugar las diferentes posturas e intereses desarrollistas y posdesarrollistas, lo que explica su relevancia y también en parte su fracaso. La Revolución Ciudadana había instaurado grandes expectativas populares en múltiples aspectos, y el plan para el Yasuní era una de sus principales apuestas políticas. Ecuador pretendía así convertirse en una economía de servicios que, además de modernizarse, recibiría un reconocimiento monetario por el aire “limpio” ofrecido al resto del mundo gracias a la gran selva virgen contenida en su territorio y a la contaminación evitada. Sin embargo, la calidad del medio ambiente tiene valor, pero no precio, en el sistema capitalista (^{Rival, 2010}), por lo que la retirada de la Iniciativa reveló la necesidad de otorgarle, en terminología marxista, un valor de cambio a su valor de uso.

Ecuador no logró que la Iniciativa fuera percibida como un win-win, sino como un win-win-lose en el que los países centrales, que tenían la sartén por el mango al poder elegir si realizar o no aportaciones, perdían para que Ecuador y el medio ambiente ganaran. A pesar de la decepción provocada, la Iniciativa tuvo una gran relevancia y se pueden extraer de ella lecciones muy valiosas. Fue el primer intento a escala global de articulación práctica entre justicia social y urgencia ecológica (^{Le Quang, 2011}), abriendo la discusión sobre el valor social de no usar algo (^{Gallardo Fierro, 2017}). También era una oportunidad para superar las patologías del extractivismo en clave nacional y uno de los proyectos más ambiciosos de desarrollo sostenible en la periferia del sistema.

Los gobiernos populistas latinoamericanos de izquierda, como el de Correa, logran en poco tiempo una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de su población, teniendo que lidiar con problemas económicos heredados, deficiencias democráticas, amenazas o intentos de golpes de Estado, así como divisiones internas debido al incumplimiento de las promesas. No obstante, su modelo de desarrollo siguió siendo dependiente de las dinámicas de la economía-mundo capitalista a través de las commodities. Es probable que Ecuador fuera el país que mejor aprovechara el consenso neoextractivista, pero también uno de los que más dificultades enfrentó cuando el panorama internacional cambió (^{Ramón Sánchez y García-Mayoral, 2024}).

En este sentido, el petróleo de Yasuní bien podría ser considerado el paradigma del neoextractivismo ecuatoriano y latinoamericano, y la Iniciativa el intento lleno de obstáculos de salir de su círculo vicioso. Por su parte, el referéndum de 2023 fue exitoso en tanto evita impactos locales muy dañinos y mantiene una gran importancia simbólica, pero su unilateralidad está muy alejada de las pretensiones iniciales de desafío a la estructura centro-periferia. Los espacios centrales, semiperiféricos y periféricos no son estáticos, pero tienden a reproducirse dificultando los cambios, frente a lo que un país como Ecuador tiene muy poco margen de acción, menos aún al considerar los límites planetarios.

Ante las urgencias de la pobreza, es lógico que los países periféricos sólo exploren estrategias alternativas y promuevan políticas medioambientales si pueden obtener un beneficio económico inmediato de ellas. Una década después del fracaso ecuatoriano, los gobiernos latinoamericanos progresistas actuales como los de México, Colombia o Chile enfrentaron el mismo dilema: profundizar el extractivismo para aumentar los ingresos del Estado y así extender las políticas sociales, o bien reducirlo para proteger la naturaleza y buscar un camino posdesarrollista arriesgado hacia el bienestar. La noticia esperanzadora para ellos, y la lección más importante de la Iniciativa Yasuní-ITT, es que en realidad es un falso dilema, o por lo menos una situación que se puede complejizar elevándola de escala.

Hace ya mucho tiempo que la economía ecológica demostró que la periferia no puede imitar el crecimiento industrial depredador de los países centrales, no sólo por las razones estructurales sino también porque no sería sostenible teniendo en cuenta los límites ecológicos. Entonces, para poder lograr otro tipo de desarrollo, necesita que estos le dejen un hueco, ya que por sí solos sus gobiernos tienen las manos atadas (^{Santiago Muíño, 2020}; ^{Tian et al., 2024}). De esta forma, a la imposible elección entre desarrollo económico para satisfacer las necesidades humanas de la población y contención para evitar la extralimitación se le deben sumar las relaciones centro-periferia. La única opción que pueden tener estos países de salir del dilema entre extractivismo y sostenibilidad es convertirlo en un trilema; pues, mientras que en un dilema se debe elegir entre dos opciones incompatibles, en un trilema se pueden lograr dos de tres posibilidades, pero al menos una debe ser siempre descartada porque no es posible un win-win-win. Esto requiere un salto, de la escala nacional a la economía-mundo capitalista global (véase Figura 2), aceptado por todas las partes.

Fuente: elaboración propia a partir de un diagrama de Euler.

Figura 2 Trilema del desarrollo periférico sostenible con el ejemplo de la Iniciativa Yasuní-IT 

La Iniciativa Yasuní-ITT indicaba el camino para la superación del dilema entre desarrollo económico y conservación del medio ambiente porque reveló implícitamente la necesidad de abordar los desafíos socioecológicos de la mano de la estructura de poder centro-periferia, pero no debió obviar las relaciones de clase social. Los ciudadanos de los países centrales son beneficiarios de la explotación laboral, de la apropiación del trabajo no remunerado -los cuidados, mayormente ejercidos por mujeres-, del agotamiento de la naturaleza y del saqueo de las colonias (^{Moore, 2020}), por lo que son estos países los que tienen una mayor responsabilidad del calentamiento global y a los que se les debe exigir una mayor aportación para su mitigación. No obstante, ese beneficio es proporcional a la posición social de cada individuo debido a la alta correlación existente entre ingreso e indicadores del impacto ambiental -como la huella ecológica-, no sólo en una comparación entre países (^{Pérez-Neira et al., 2015}) sino también entre clases (^{Otto et al., 2019}; ^{Tian et al., 2024}). Por lo tanto, dentro de los países centrales es a los ingresos más altos a los que se les debe exigir mayor esfuerzo medioambiental, al que también deberían contribuir las élites de países como Ecuador por su papel e intereses igualmente insostenibles.

Los países periféricos podrían desarrollarse sosteniblemente si los centrales soportaran la carga en forma de grandes aportaciones de fondos o condonaciones de deudas, la misma lógica que sigue la cooperación internacional y de agencias de Naciones Unidas, pero a cambio de no explotar la naturaleza. Además, para lograr una mayor eficiencia, y aceptación social y justicia en la lucha contra la crisis climática, proyectos como el de Yasuní deberían ser financiados por los ciudadanos con los ingresos más elevados, aquellos que tienden a llevar un modo de vida más contaminante. En cualquier caso, como no es previsible que los Estados, corporaciones y personas más poderosas del mundo acepten de buena gana una renuncia altruista a sus beneficios del neocolonialismo (^{Otto et al., 2019}), los ciudadanos deben exigirlo desde abajo, mientras los gobiernos de los países periféricos continúan presionando en ese sentido en todos los foros internacionales a los que tienen acceso (^{Tietjen y Gopalakrishnan, 2023}). Se trata de unas conclusiones muy similares a las alcanzadas en otros trabajos con una preocupación y una perspectiva similares como, por ejemplo, ^{Hickel et al. (2022}).

Un ejemplo de propuesta en este sentido sería un impuesto progresivo y finalista para el desarrollo sostenible de recaudación supranacional, o bien fondos canalizados a través de los Estados -como el mecanismo de “perdidas y daños”- si existiesen garantías reales de su cumplimiento y proporcionalidad. De esta forma, los países centrales asumirían su corresponsabilidad diferenciada y renunciarían a parte de su crecimiento económico para dejar así un espacio ambiental que permitiera el desarrollo de los periféricos, sin convertir esto en una carga inaceptable para las clases menos privilegiadas. El añadido de las dimensiones de clase y medioambiental es la única manera de que una mayoría social perciba que no resulta perjudicada de la ayuda sostenible a la periferia. Se trata de que el capital pague por sus beneficios económicos y ecológicos pasados, presentes y futuros para compensar al menos parcialmente sus impactos.

No se pretende en ningún caso sugerir aquí que el miedo a crear un precedente fuera la única causa del fracaso de la Iniciativa Yasuní-ITT, más bien se ha intentado transmitir cómo fue que operaron conjuntamente los factores locales, nacionales e internacionales y cuáles podrían haber sido los límites estructurales. Sin embargo, retrospectivamente, sí puede ser considerada un desafío a la economía-mundo capitalista porque cuestionar la subalternidad de la periferia y el crecimiento impulsado por combustibles fósiles baratos esquilmados por las grandes multinacionales equivale a imposibilitar la reproducción ampliada del capital, poniendo en serio peligro todo el sistema. Seguramente, este proyecto amazónico se quedó corto en su visión de la complejidad global de las relaciones de poder para afrontar la crisis climática, pero se deben relativizar mucho sus críticas porque, como pionero, se enfrentó a obstáculos que sus impulsores difícilmente podían haber imaginado.

En definitiva, las limitaciones técnicas, socioeconómicas y de la crisis climática dificultan enormemente la posibilidad de aumentar el tamaño del pastel a repartir entre clases sociales y las regiones. Por ello, la aplicación de los conceptos recogidos en este apartado permitiría afrontar el calentamiento global sin renunciar al desarrollo de la periferia, aunque hasta ahora los intentos en ese sentido no hayan sido posibles, como demuestra el ejemplo visionario de la Iniciativa Yasuní-ITT. Lo relevante es que su “optimismo de la voluntad” no caiga en el olvido y aprender de su experiencia para afrontar un futuro próximo previsiblemente marcado por la intensificación de las relaciones neocoloniales y el recrudecimiento de la crisis climática, en el que se den muchas más batallas de David contra Goliat.