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1. Introducción
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, logró transformar una incipiente democracia poscomunista en una autocracia, o en lo que él prefiere describir como una democracia antiliberal o cristiana. La forma en que lo hizo captó la atención de los populistas de derecha más allá de su pequeña nación centroeuropea, sobre todo entre los sectores de la derecha radical estadounidense. Su desproporcionada presencia en el discurso político nacional quedó de manifiesto en el debate presidencial del 10 de septiembre de 2024 entre Kamala Harris y Donald Trump. Tras afirmar Harris que los líderes mundiales “se estaban riendo” de Trump y que los mandos militares lo describían como una “vergüenza”, Trump replicó invocando a Orbán como testigo de carácter, asegurando que este lo había calificado como el líder “más temido” del mundo, lo cual pretendía ser un atributo positivo.
Basado explícita o implícitamente en la teoría de la esfera civil de Jeffrey C. Alexander (2006), el presente artículo tiene un doble propósito. En primer lugar, ofrece una descripción concisa de cómo Orbán socavó la democracia húngara. En segundo, examina las lecciones que los intelectuales y políticos de la derecha radical en Estados Unidos extrajeron de esta experiencia, y que están planificando aplicar activamente en un contexto nacional sustancialmente distinto. La primera sección, por tanto, analiza la construcción de una autocracia a posteriori, mientras que la segunda retoma los acontecimientos en el marco de una narrativa en desarrollo. Hace tres décadas, habría parecido absurdo plantear siquiera la posibilidad de la desaparición de la democracia en Estados Unidos, por lo que es necesario contextualizar la situación actual en ambas naciones para emprender su análisis.
En 1991, Samuel Huntington planteó la interrogante de cómo evaluar la tercera ola de democratización -término cuya difusión se debió en gran medida a su propio trabajo- dos décadas después de su irrupción. ¿Se trataba de una ola temprana o tardía? ¿Debía considerarse una ola larga, como la primera, que comenzó en la década de 1820 y persistió durante un siglo, o corta, como la segunda, que abarcó desde la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 1960 (Huntington, 1991, p. 12)?
Huntington sostenía que la tercera ola había crecido desde la década de 1970 hasta 1991, el año en que escribió el artículo, con el resultado de que treinta naciones antes autoritarias habían emprendido la transición democrática. Era un año propicio, entre otras razones, porque marcó el colapso de la Unión Soviética (y de Yugoslavia), y el avance de movimientos democratizadores en Europa Central y Oriental. También había transcurrido el tiempo suficiente desde la muerte de Mao como para comenzar a observar el impacto de las reformas económicas de Deng Xiaoping, que abrieron a China a la inversión extranjera. No estaba claro si ello conducía a transitar hacia una forma de socialismo de mercado y, de ser así, si podría vincularse a un proceso de democratización política. Aunque la pregunta sobre un nuevo modelo económico permanecería abierta durante algún tiempo, la posibilidad de una democratización quedó anulada con el brutal aplastamiento del incipiente movimiento democrático en la plaza de Tiananmén en 1989 (Calhoun, 1994). El optimismo prevaleció en algunos contextos, el pesimismo en otros, lo que dio lugar a la proverbial pregunta: ¿el vaso está medio lleno o medio vacío?
En El fin de la historia y el último hombre (1992), Fukuyama ofreció un relato triunfalista de amplia difusión, argumentando que con el fin del fascismo en la década de 1940 y el colapso del comunismo medio siglo después, habíamos ingresado a un mundo caracterizado por el fin de la ideología. La democracia liberal y el capitalismo, estrechamente entrelazados, se consolidaban como los modelos indiscutibles de organización política y económica en el mundo contemporáneo. El optimismo de Fukuyama fue recibido con escepticismo en algunos sectores. Diversas corrientes de pensamiento cuestionaron su visión acrítica de las democracias existentes como sistemas saludables y funcionales.
Por un lado, Huntington -figura representativa de la centro-izquierda- compartía la opinión de otros asociados a la Comisión Trilateral de que la autoridad del Estado central se había erosionado como consecuencia de lo que él denominó “el malestar democrático” (Huntington, 1976), que a su vez dio lugar a lo que él y sus coautores denominaron “exceso de democracia” (Crozier et al., 1975). Por otro lado, los socialdemócratas y comunitaristas expresaron la preocupación opuesta: lejos de ser excesiva, la democracia parecía anémica, y propusieron diversas variantes de una apuesta por construir que Benjamin Barber (1984) denominó “democracia fuerte”.
Fukuyama aprobaba la orientación del capitalismo promovido por Margaret Thatcher y Ronald Reagan: una adhesión incondicional al neoliberalismo. Este representaba un ataque frontal al Estado de bienestar socialdemócrata, ya que su objetivo era sustituir al Estado por el mercado como la principal fuerza reguladora de la sociedad. Pierre Bourdieu (2003, pp. 34-35) dejó en claro las implicaciones de ello al escribir: “El neoliberalismo pretende destruir el Estado social ... que ... salvaguarda los intereses de los dominados, los cultural y económicamente desposeídos, las mujeres, los grupos étnicos estigmatizados, etc.”.
En numerosos países que no contaban con una historia democrática larga y estable, las perspectivas democráticas parecían prometedoras. Esto incluía el fin de las dictaduras militares y el resurgimiento de la democracia en Argentina, Brasil y Chile, así como en los países bálticos y los miembros del Pacto de Varsovia. Allí donde existían indicios de sociedades civiles robustas y donde se produjeron inversiones de capital, surgieron democracias, de acuerdo con la predicción de Fukuyama. A finales del siglo XX, las reflexiones sobre las implicaciones más amplias del neoliberalismo para la democracia eran, en el mejor de los casos, nebulosas. La atención se centraba en la expansión global de la democracia, bajo la premisa de que Estados Unidos y sus aliados democráticos debían invertir capital político en su promoción. Con énfasis en los derechos, Freedom House concluyó que para el año 2000 el número de democracias se había cuadruplicado desde 1975, y que cerca del 40% de la población mundial vivía en países considerados libres (Dalpino, 2000).
No se contempló la posibilidad de que las democracias existentes -en especial aquellas de larga duración- pudieran enfrentar desafíos internos, tanto por parte de sectores de la opinión pública como de élites culturales, económicas y políticas descontentas. Sin embargo, en el transcurso de dos décadas, el optimismo dio paso a la preocupación, y posteriormente, en ciertos círculos, a la alarma. Entre politólogos y sociólogos existe actualmente un consenso general -aunque no exento de controversias-, en el sentido de que el siglo XXI ha estado marcado por un resurgimiento global del extremismo antidemocrático, principalmente en su variante populista de derecha radical, aunque también pueden identificarse algunos casos aislados de una contrapartida izquierdista, siendo el régimen de Chávez-Maduro en Venezuela el caso paradigmático.
Nos detenemos en el caso húngaro, pues ha demostrado ser un laboratorio de experimentación de la extrema derecha que, en el lapso de una década, logró reemplazar la democracia por una autocracia sin recurrir a un golpe violento. Lo consiguió, en cambio, aprovechando elementos de un código antidemocrático arraigado en la cultura nacional, así como tomando el control y remodelando instituciones clave de carácter comunicativo y regulador.
2. La democracia húngara truncada
La historia moderna de Hungría se forjó bajo el dominio sucesivo de tres imperios: el Habsburgo, el nazi y el soviético. La historia profunda de Hungría como nación independiente comenzó con la desaparición del primero de estos imperios, a raíz de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de los duros términos del Tratado de Trianon, Hungría perdió dos tercios de su territorio y un tercio de su población de habla húngara. Esto provocó un sentimiento generalizado de victimismo, que contribuyó al rápido fracaso del efímero gobierno democrático presidido por el conde Mihály Károlyi. La grave situación económica y la reacción a los términos del acuerdo de paz socavaron su gobierno, que no generó apoyo ni de las élites ni de las masas. Simultáneamente, la extensa clase media judía fue blanco fácil del antisemitismo como chivo expiatorio (Berman, 2019, p. 310).
En un clima turbulento y caótico, extremistas de izquierda y derecha lucharon por controlar el poder del Estado, y las fuerzas comunistas de Bela Kun asumieron el control del gobierno, convirtiéndose en el segundo régimen comunista del mundo. En poco tiempo, se propuso transformar en una sociedad industrial moderna lo que en muchos aspectos era una nación semifeudal, mediante la confiscación de tierras pertenecientes a los poderosos terratenientes y a la Iglesia católica, así como la nacionalización de las industrias. Para aplicar sus políticas, desató el “terror rojo” en algunas zonas del campo. Compartía con sus adversarios reaccionarios una visión irredentista, que le llevó a invadir militarmente a Eslovaquia y Rumania. La presión de los Aliados obligó a Kun a retirarse, lo que condujo inevitablemente al colapso del régimen soviético. Al perder el apoyo popular por no cumplir con la redistribución de tierras y no lograr capturar el territorio perdido, el gobierno se derrumbó.
Esto preparó el terreno para que la extrema derecha se hiciera con el poder, y los militares desempeñaron un papel fundamental, eligiendo a uno de los suyos como jefe de Estado, el almirante Miklós Horthy. Sheri Berman (2019, p. 310) resumió este desarrollo, y escribió que “Hungría ostentaba ahora la dudosa distinción de haber transitado de la primera dictadura comunista de Europa a su primer régimen conservador-autoritario del periodo de posguerra”. Horthy desató un «terror blanco» mucho más mortífero que su homólogo rojo, cuyos objetivos se basaban en un virulento antisemitismo que Horthy adoptó. Las milicias y los paramilitares que llevaron a cabo los pogromos entre 1919 y 1921 estuvieron bajo el mando de los aristócratas (Bodó, 2010), y la jerarquía católica apoyó la represión, pues ambos compartían una profunda hostilidad hacia los judíos, junto con los masones y los liberales (Bodó, 2007, p. 413). La extrema derecha incluía a fascistas y no fascistas, aunque la distinción era frecuentemente difícil de trazar (por ejemplo, continúa el debate sobre si Horthy era fascista). Dicho esto, según Béla Bodó (2007, p. 428), “En vísperas de la guerra, en 1939, había más partidos y grupos fascistas en Hungría que en ningún otro país europeo, y el apoyo público a estos grupos era al menos equivalente al que habían recibido los nazis a principios de la década de 1930. El fascismo húngaro no era una copia débil de los originales alemanes o italianos”. Así fue como el gobierno de Horthy unió sus fuerzas a las potencias del Eje y se convirtió en un participante activo en el Holocausto.
La derrota del fascismo allanó el camino para la incorporación del país al bloque soviético. Las políticas estalinistas del periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial garantizaron la supresión de toda oposición, incluidos los socialdemócratas. Sin embargo, el fracaso económico del comunismo creó tensiones en todo el Pacto de Varsovia, que se hicieron cada vez más evidentes tras la muerte de Stalin. El descontento se registró en revueltas periódicas en distintos países del bloque, incluido el dramático levantamiento de Hungría en 1956 y la subsiguiente lucha entre los reformistas dirigidos por Imre Nagy y los estalinistas de línea dura encabezados por Mátyás Rákosi. Al tomar el control del país, las fuerzas soviéticas aseguraron el triunfo de los estalinistas, quienes respondieron con una ola de represión y violencia que aplastó toda resistencia (Berman, 2019, p. 323). Nikita Jruschov ordenó la ejecución de Nagy, mientras que poco después Rákosi perdió el apoyo de Moscú debido a su gestión de la economía, lo que allanó el camino para que el Politburó eligiera a János Kádár como secretario general. Kádár ocupó el cargo hasta 1988, un año antes de la desaparición del comunismo húngaro y la aparición de una incipiente democracia.
Durante el mandato de Kádár, se instituyeron reformas en un intento de mejorar las condiciones económicas, cuyo resultado se conoció como “comunismo gulash”, centrado en crear una economía de mercado regulada y fomentar una sociedad orientada al consumo. El resultado fue un aumento en el nivel de vida, lo que llevó a la irónica descripción de Hungría como “el cuartel más feliz” del Pacto de Varsovia. También se produjo un deshielo de la represión política, lo que propició el desarrollo de la sociedad civil (Arato, 1990; Müller, 2011). Subyacente a la voluntad del régimen de instituir reformas para sobrevivir había un reconocimiento de que el comunismo estaba perdiendo su potencia como base de lo que Seymour Martin Lipset (1963, p. 77) llamó “legitimidad sistémica”, con lo que se refería a “la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad”. Sheri Berman (2019, p. 326) sostiene que “en los años setenta y ochenta quedaban pocos ‘verdaderos creyentes’ o comunistas ideológicamente comprometidos en Europa Centro-Oriental, incluso dentro de los partidos comunistas”. Por lo tanto, para que sobreviviera un régimen comunista en la era postestalinista, tenía que basar su legitimidad únicamente en el “rendimiento”, su capacidad para ofrecer resultados concretos.
2.1. El segundo experimento democrático de Hungría
La conquista de la soberanía nacional en 1989 mediante una transición pacífica sentó las bases para un nuevo periodo en la historia de Hungría. Liberada del control de tres imperios autoritarios consecutivos, la labor consistía en fomentar una cultura democrática al mismo tiempo que se creaba la estructura institucional necesaria para sostener a una sociedad comprometida con la democracia. Aquí es donde la teoría de la esfera civil ofrece un marco analítico, basado en un corpus sustancial de literatura científico-social, pero reuniéndolo de una forma distintiva que ha demostrado ser, al igual que los animales totémicos, “buena para pensar”. También ilustra la verdad de la máxima atribuida a Kurt Lewin según la cual “No hay nada más práctico que una buena teoría”. En The Civil Sphere (Alexander, 2006),1 la viabilidad de la democracia se basa en dos características esenciales de la esfera civil: (1) una cultura democrática encapsulada en un discurso estructurado por un código binario que opera a tres niveles: motivos, relaciones e instituciones, y (2) un complejo de instituciones sociales que pueden dividirse en comunicativas y reguladoras. La cultura democrática y las instituciones necesarias para sostenerla se desarrollan en el tiempo y en el espacio, y están conformadas por circunstancias históricas y geográficas particulares, lo que inevitablemente significa que existen como variaciones sobre un mismo tema.
En términos de la cultura y la estructura institucional, ¿qué aspecto tenía la perspectiva democrática en la Hungría recién independizada? Jan-Werner Müller (2011, p. 5) observó que en un principio había motivos para el optimismo y escribió: “Hubo un tiempo en que Hungría parecía la mejor esperanza [en Europa Centro-Oriental] para un poscomunismo liberal”. Señalaba el papel desempeñado por varios destacados intelectuales disidentes y la existencia de una sociedad civil cuya solidez podía compararse a la de Polonia. Además, en lugar de una ruptura brusca con el socialismo de Estado, el antiguo régimen había iniciado en realidad una transición gradual que, entre otras cosas, había elevado el nivel de vida y estimulado una sociedad orientada al consumo. Dadas estas condiciones previas aparentemente favorables para el surgimiento de la democracia, Müller señala lo difícil que era para muchos imaginar, dos décadas más tarde, que Hungría pudiera convertirse en “el primer país poscomunista al oeste de Minsk -y el primer Estado miembro de la Unión Europea- en caer de nuevo en el autoritarismo” (Müller, 2011, p. 5).
Ya en las primeras etapas del proceso democrático hubo informes cautelosos. Mary McIntosh y Martha MacIver señalaron el impacto de la opinión pública en un clima en el que la gente podía expresar libremente sus opiniones. Su evaluación se basaba en los datos recogidos de catorce encuestas representativas a escala nacional realizadas entre 1989 y 1992. Los resultados revelaron que, al poco tiempo de iniciarse este nuevo experimento democrático, la opinión pública había pasado del “júbilo a la desilusión”, como consecuencia de la inseguridad económica y los crecientes niveles de desigualdad derivados de la implementación de políticas neoliberales, así como de la inestabilidad y polarización políticas (McIntosh & MacIver, 1992, pp. 375-376). Aunque había pocos deseos de volver al antiguo sistema comunista, el país estaba dividido sobre si el sistema actual suponía una mejora (el 49% de los húngaros afirmaba que sí). En resumen, era una incógnita si se habían sentado las bases para construir una cultura democrática.
Los húngaros expresaron relativamente poco interés en el compromiso político, preocupándose más por los resultados del sistema político; la mitad de los ciudadanos deseaba un sistema político que ofreciera garantías. En otras palabras, la democracia se veía en gran medida en términos económicos, más que políticos. En términos comparativos, Hungría es una sociedad con un bajo nivel de confianza y, en las primeras elecciones, la participación fue relativamente baja. Aunque la mayoría consideraba que la igualdad de derechos era esencial para una democracia, menos de la mitad decía que la “libertad de criticar al gobierno” era esencial y, lo que es más significativo, solo el cuarenta por ciento “cree que es esencial para una democracia que haya al menos dos partidos políticos compitiendo en los procesos electorales” (McIntosh & MacIver, 1992, p. 381).
Dado este clima de opinión, no es de extrañar que hubiera espacio político para que operaran movimientos y partidos de extrema derecha, que se manifestaron desde el principio. Adoptaron diversas formas, incluidos partidos neofascistas con raíces en el legado fascista nacional y neonazis que imitaban movimientos de otros lugares de Europa. Todos compartían agendas dedicadas a promover la xenofobia, el racismo y el antisemitismo. Antes de que finalizara el siglo XX, László Szôcs (1998, p. 1112) vio indicios de que el apoyo electoral a la extrema derecha había crecido y era poco probable que desapareciera del panorama político. A mediados de la década de los ochenta, Elemér Hankiss (2005) hizo un balance de la democracia en Hungría y llegó a la conclusión de que era “deficiente”, pero que, no obstante, la democracia existía como una democracia imperfecta, según la clasificación del índice de democracia de The Economist, más que como una democracia plena.
2.2. La visión de Orbán: el modelo para una “autocracia perfecta”
La figura central en la caída de la democracia húngara es Viktor Orbán. Saltó a la fama a finales de la década de 1980 como disidente estudiantil que presionaba para poner fin a la ocupación soviética. Se afilió al Fidesz (Alianza Cívica Húngara), descrito inicialmente como un partido nacionalista liberal. Durante sus primeros años en el partido, también se licenció en Derecho en Budapest y escribió una tesis sobre el movimiento polaco Solidaridad, en la que valoraba positivamente el auge de la sociedad civil en Polonia y otros países de Europa Central y Oriental. En 1989, Orbán aceptó una beca de investigación en el Pembroke College de Oxford, financiada por la Fundación Soros. No completó sus estudios en el Reino Unido, optando por regresar a la política húngara. Trabajó una temporada como sociólogo en el Ministerio de Agricultura y Alimentación, al tiempo que se convertía en una estrella ascendente del Fidesz. Durante este periodo y en años posteriores, su pensamiento se vio influido por el sociólogo Gyula Tellér, uno de los primeros exponentes de la tesis del «fin del liberalismo», cuyo pensamiento viró con el tiempo hacia la derecha al adoptar teorías conspirativas acerca de una confabulación entre las élites liberales y agentes extranjeros.
Orbán resultó elegido diputado a la Asamblea Nacional y pronto encabezó el partido. En 1998, Fidesz logró la victoria electoral como parte de una coalición conservadora y Orbán se convirtió en primer ministro. Desde el principio dio muestras de su desprecio por el pluralismo democrático. Por ejemplo, redujo el tiempo asignado a los debates parlamentarios y durante largos periodos se negó a participar en las sesiones de preguntas al primer ministro, dejando claro que pretendía gobernar sin tener que dialogar y buscar el consenso o el compromiso con los oponentes. En resumen, a pesar de su hostilidad hacia el comunismo, quería consolidar el poder en un partido con un primer ministro poderoso, opinión que, como ya se ha señalado, era aceptada por buena parte de la población húngara.
Orbán inició el proceso de sustitución de figuras centrales del gobierno en instituciones financieras, judiciales y medios de comunicación públicos por leales al partido, lo que dio lugar a un clima político cada vez más hostil y polarizado. Al mismo tiempo, transformó al Fidesz en un partido comprometido con el nacionalismo conservador, con énfasis en la religión y el conservadurismo moral. No hay pruebas de que Orbán sea religioso, por lo que su redefinición de la identidad del partido puede considerarse un ejemplo de oportunismo (Kim Lane Scheppele, cit. en Chotiner, 2021). Más que perseguir una visión ideológica de un sistema social alternativo, parecía estar motivado por la búsqueda del poder por el poder en sí mismo.
Sin embargo, su modelo para el futuro se vería truncado por una serie de escándalos que minaron el apoyo al gobierno, allanando el camino para que en 2002 ganara las elecciones una coalición de centroizquierda encabezada por el Partido Socialista. Según Müller (2011, pp. 6-7), la derrota “supuso un shock para el líder del Fidesz”, que empezó a equiparar al Fidesz con la voluntad nacional. Movilizó de inmediato a sus partidarios en un intento de desestabilizar al nuevo gobierno. La lección que aprendió Orbán fue que, si recuperaba el poder, tendría que iniciar rápidamente cambios sistémicos diseñados para dificultar al máximo el desplazamiento del partido (Lengyel & Ilonszki, 2012, p. 114).
La coalición socialista se deshizo de forma espectacular, ya que “los socialistas no solo llevaron al país al borde del desastre financiero en 2009, sino que el partido quedó desacreditado de una forma que tenía pocos paralelos en Europa” (Müller, 2011, p. 5). Produjo una mezcla tóxica de corrupción, clientelismo y políticas económicas neoliberales en medio de una crisis económica que los ciudadanos experimentaron como “políticas de austeridad, aumento del desempleo y la pobreza, y endeudamiento histórico de los hogares” (Stubbs & Lendvai-Bainton, 2019, p. 547). Como era de esperar, esta grave situación provocó la implosión del gobierno, allanando así el camino para el regreso de Orbán al poder en 2010.
Esta victoria, modesta en cuanto al porcentaje de votos recibidos, se tradujo en una supermayoría parlamentaria, sentando las bases para una profunda reforma del sistema político que comenzó inmediatamente. György Lengyel & Gabriella Ilonszki (2012) describieron lo que estaban presenciando desde el principio como un esfuerzo por construir una “democracia simulada”, en la que la política debía ser experimentada por ciudadanos-consumidores pasivos y sin el conflicto agónico de intereses y visiones contrapuestos que define a una democracia (Alexander, 2006, p. 124). Müller (2011, p. 8) advirtió que no se debía calificar de fascismo lo que estaba ocurriendo (Orbán se mantuvo distanciado de Jobbik, que tiene el aura de un partido fascista). En lugar de eso, lo que veía era “la obra de un político inmensamente hábil y ávido de poder que no quiere volver a perder el poder y está construyendo de facto un Estado de partido único”. Péter Krekó & Zsolt Enyedi (2018) lo describen como “el laboratorio de iliberalismo de Orbán”. Su insistencia en que está comprometido con la democracia, pero no con el liberalismo, significa que, a diferencia de los líderes autoritarios fascistas y comunistas, necesita preservar la apariencia de una política competitiva, asegurándose de que no exista un terreno de juego equitativo. Las elecciones pueden ser libres, pero no se pretende ni se permite que sean justas.
Para lograr este objetivo, como bien sabía Orbán, el abogado, era necesario transformar el sistema jurídico, y eso significaba reformar la Constitución. Alexander (2006, p. 164) dijo lo siguiente sobre “la fuerza civil de la ley” en La esfera civil, al escribir que las constituciones democráticas
tal vez proporcionen el ejemplo más claro de cómo el derecho puede funcionar como una institución reguladora de la sociedad civil frente a actividades no civiles. Esto se debe a que las constituciones son documentos fabricados, diseñados de manera consciente para articular principios generales que establezcan marcos morales que guíen la vida individual e institucional de comunidades enteras ... En las sociedades democráticas, las constituciones tienen como objetivo regular el gobierno y la legislación de tal manera que contribuyan a una solidaridad de tipo civil.
Lo que Alexander no dice es que las constituciones autoritarias están diseñadas para hacer lo contrario.
2.3. El desmantelamiento de la democracia
En muchos comentarios se describe a Orbán como un populista de derechas. Con esto se entiende que exhibe malos modales transgresores, acompañados de un modelo dedicado al ideal de un líder fuerte que impone una estructura jerárquica a la sociedad (Kivisto & Sciortino, 2021, p. 294). Se presenta a sí mismo como un promotor de la “democracia iliberal”. El supuesto que subyace a esta afirmación es que el liberalismo y la democracia pueden distinguirse tanto analítica como empíricamente, una opinión que, de hecho, está muy extendida. Por el contrario, yo coincido con Nadia Urbaniti (2019, p. 10) cuando escribe que esto es un error y que, de hecho, decir “democracia liberal” es un pleonasmo, ya que en realidad no se tiene democracia si “se infringen los derechos políticos básicos -en especial los derechos cruciales para formar opiniones y juicios, expresar discrepancias y cambiar puntos de vista- y eso excluye de manera sistemática la posibilidad de la formación de nuevas mayorías”. En pocas palabras, prosigue, “la democracia liberal es en realidad solo democracia. Más allá de esto, tenemos fascismo” (Urbaniti, 2019, p. 12).
Reelegido en 2010, Orbán inició una reestructuración radical del sistema político, comenzando con el desmantelamiento de la constitución. Su capacidad para hacerlo, y hacerlo rápidamente, se debió a lo que se ha descrito como “un error de diseño constitucional” (Bánkuti et al., 2012, p. 138). En el rápido cambio del comunismo a la democracia, se desplegó y revisó la antigua constitución para preparar a la nación para lo que estaba por venir. A los redactores de la constitución modificada les preocupaban dos perspectivas potencialmente desestabilizadoras. En primer lugar, les preocupaba que, en un clima político fraccionado, los partidos pequeños pudieran impedir la formación de coaliciones estables. Esto condujo a una cláusula que concedía escaños parlamentarios adicionales a los partidos más grandes. La segunda preocupación era que la constitución existente era difícil de cambiar, lo que los redactores consideraron potencialmente problemático para una democracia incipiente. Para remediarlo, la constitución enmendada permitía modificar cualquier disposición constitucional con una mayoría de dos tercios del Parlamento.
Lo que ocurrió en las elecciones de 2010 fue una tormenta perfecta que Orbán aprovechó de inmediato. Aunque Fidesz obtuvo el 53% de los votos, esto se tradujo en que fuera premiado, como partido mayoritario, con el 68% de los escaños en el Parlamento, lo que le proporcionó la supermayoría necesaria para empezar a desmantelar la constitución únicamente con los votos de su partido. Durante su primer año en el poder, Fidesz enmendó la constitución doce veces, cambiando más de cincuenta de sus disposiciones, con el propósito de que muchos de estos cambios habilitaran a Fidesz para redactar por sí solo una nueva constitución. También socavó la autonomía y el poder del Tribunal Constitucional, que había sido un control crítico de las arbitrariedades del gobierno y las amenazas al Estado de derecho (Bánkuti et al., 2012, p. 139).
Asimismo se apoderó de organizaciones independientes como la Comisión Electoral y la Autoridad de Medios de Comunicación. El debilitamiento de la primera ha conducido a la manipulación electoral, mientras que los medios independientes han sido severamente restringidos, usurpados por florecientes monopolios mediáticos bajo el control del Estado. La centralización del poder en manos del ejecutivo y el debilitamiento de los frenos y contrapesos han permitido al régimen sustituir a funcionarios clave por leales al partido en todo el gobierno (Stubbe & Lendvai-Bainton, 2019, p. 548), incluidos funcionarios cuyos cargos hasta entonces se asignaban por mérito.
Orbán ha demostrado ser un maestro de lo que Kim Lane Scheppele (2018) ha descrito como “legalismo autocrático”, desmantelando de facto el sistema constitucional existente “con el fin de consolidar el poder y permanecer en el cargo indefinidamente, eliminando en última instancia la capacidad del público democrático para ejercer sus derechos democráticos básicos” (Lane Scheppele, 2018, p. 545). Ha llevado a cabo su “revolución autocrática con exquisita precisión” (Lane Scheppele, 2018, p. 546). Dada su capacidad para controlar el sistema electoral, es capaz de reaccionar con cambios legales ante cualquier desafío que pueda presentar la oposición (Lane Scheppele, 2022; Ágh, 2022).
Nada de esto ha sucedido en un vacío. El régimen húngaro es el beneficiario de los fondos de la Unión Europea y ha utilizado esos recursos tanto para aplicar políticas destinadas a domesticar a la ciudadanía como para llenar los bolsillos de los cleptócratas, tanto de la “familia” política de Orbán como de los oligarcas en los que se apoya. Orbán ha dirigido sus ataques contra los inmigrantes, así como contra las minorías nacionales marginadas (Fabry, 2020, p. 318). Ha socavado la ciudadanía social con una versión autocrática del neoliberalismo (Lendvai-Bainton & Szelewa, 2020). Los opositores de Orbán abandonaron el país en masa tras quedar arruinados profesional y económicamente. A diferencia de un Estado policial que acorrala a los opositores, en Hungría este régimen “incentiva” a los oponentes del régimen a que emigren. Según estimaciones fiables, entre 800,000 y un millón de húngaros han abandonado el país. Al mismo tiempo, el gobierno ha concedido el derecho de voto a personas de ascendencia húngara que residen en países vecinos, personas que nunca han vivido en Hungría. En un proceso opaco, todo indica que estos votantes solamente pueden elegir a Fidesz, sin que la oposición tenga voz ni conocimiento del proceso de recolección y recuento de votos ( Lane Scheppele, 2022, p. 52).
Todo esto es un ejemplo ideal-típico de la visión del populismo radical de derechas sobre “el pueblo” (Kivisto & Sciortino, 2021). Al definir quién constituye el pueblo, su visión restringida da un amplio margen a la alterización. El antisemitismo es rampante, y George Soros es a menudo descrito como el enemigo número uno del Estado (para Orbán esto equivale a morder la mano que lo alimentó). Al igual que en otros lugares, se considera que las élites progresistas actúan en confabulación con los inmigrantes, en particular los musulmanes, a los que se acusa de intentar socavar la cultura nacional cristiana. En el ámbito interno, las autoridades estigmatizan y relegan a grupos como la comunidad LGBTQ+ y los romaníes. En un sistema que carece de la ideología dominante que antaño perteneció al comunismo y al fascismo, el injerto del cristianismo en un nacionalismo excluyente está diseñado para atraer a un segmento de tradicionalistas religiosos, al tiempo que ofrece un barniz ideológico destinado a ocultar la lógica subyacente del régimen, que es el poder por el poder. Si la mente reaccionaria descrita por Mark Lilla (2016) era a la vez nostálgica e impulsada por altos ideales, estos últimos no son el caso aquí.
Orbán se ha asociado con otros autócratas, en particular con Putin en Rusia y Erdoğan en Turquía, y ha intentado vender sus ideas en distintos lugares, tratando de convertirse, en palabras de Müller (2024 p. 1), en “un líder de importancia pancontinental”. Ha invertido vastos recursos en crear un aparato cultural para promover sus ideas más allá de Hungría. Pese al rechazo que provoca en Europa, la extrema derecha de Estados Unidos lo acoge como modelo, al considerar que puede aportar claves para su propio proyecto autocrático.
3. La autocracia estadounidense: lecciones desde el Danubio
Inmediatamente después de la algo inverosímil victoria electoral de Donald Trump en 2016, los comentaristas comenzaron a tomarse en serio las implicaciones de este “hombre de poca seriedad” para la comunidad política. En un artículo de gran difusión, David Frum (2017), exredactor de discursos del Partido Republicano y editor de The Atlantic, intentó anticipar cómo sería el manual de gobierno de la administración Trump en la construcción de una autocracia. Frum pasó a formar parte de un coro cada vez más numeroso de analistas que señalaron las maneras en que se estaban erosionando los frenos y contrapesos de la democracia (Levitsky & Ziblatt, 2018), al advertir múltiples aperturas institucionales hacia un giro autoritario (Kivisto, 2017, pp. 73-106). La administración eliminó a funcionarios conservadores del establishment que aún mantenían un compromiso con el Estado de derecho, al tiempo que abrió de par en par las puertas a un conjunto de extremistas antidemocráticos y oportunistas (a menudo indistinguibles entre sí). Aunque se produjeron daños, el funcionamiento caótico del gobierno logró contenerse, en parte gracias al hecho de que Trump era codicioso, dependiente e impulsivo, más que reflexivo o estratégico. Sin embargo, los sucesos del 6 de enero disiparon cualquier ilusión de que Trump respetara la sacralidad de unas elecciones libres y justas, y por ende, del requisito más elemental de toda democracia. Los años posteriores a aquel día fatídico se han convertido en un periodo de planificación por parte de la extrema derecha antidemocrática, comparable, quizá, con los años que Orbán pasó en el desierto político tras perder el poder en 2002.
Si bien no agota la historia de la ecósfera de la extrema derecha estadounidense, las lecciones extraídas de la experiencia húngara han capturado la imaginación de un amplio conjunto de académicos, comentaristas y escritores. En los últimos años, se ha registrado un notable aumento en las referencias a Orbán y su programa en medios conservadores, la gran mayoría de carácter elogioso (Cabrera Cuadrado & Chrobak, 2023). En este contexto, una serie de académicos, polemistas y políticos han peregrinado a Budapest invitados por el Mathias Corvinus Collegium, el Danube Institute u otros centros de pensamiento creados y financiados por el gobierno (Müller, 2024, p. 5). Antes de ser despedido por la cadena, el presentador de Fox, Tucker Carlson, trasmitió su programa desde Budapest durante una semana en 2021, llegando a más de tres millones de espectadores estadounidenses (Zerofsky, 2021, p. 24).
Entre quienes han realizado estancias prolongadas se encuentra Rod Dreher, autor de The Benedict Option,2 un libro escrito tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, en el que sostenía que la guerra cultural estaba perdida. En él, instaba a los cristianos conservadores a replegarse en comunidades insulares de fieles. Poco después, sin embargo, cambió de postura y volvió al combate contra el liberalismo, descubriendo en Hungría cómo “la política puede ser un baluarte para oponerse a la desintegración cultural. Así actúa un gobierno verdaderamente pro familia y socialmente conservador” (citado en Zerofsky, 2021, p. 24). Una convicción similar -la de que la izquierda ha triunfado- lo llevó a él y a aliados como Chris Rufo a llamar a una estrategia más beligerante, con el objetivo de repeler a los “bárbaros que han derribado las puertas”. Como provocador, Rufo ha sido una voz clave en la movilización contra los rectores de las universidades de la Ivy League y ha desempeñado un papel decisivo en los esfuerzos del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por erradicar lo woke3 en la educación superior del Estado.
No constituye un fenómeno nuevo, sino más bien la última iteración de la prolongada contrarrevolución de la derecha radical (Kocki, 2023), profundamente arraigada en la historia estadounidense. Su formulación moderna puede entenderse como una reacción al New Deal,4 y la construcción del Estado de bienestar, a la que se sumó el impulso de movimientos posteriores como el de los derechos civiles, el feminismo y la afirmación de lo que llegaría a definirse como LGBTQ+. Al tachar a esta forma de pensamiento de antiliberal (más que autoritaria), Steven Hahn (2024, p. 8) sostiene que sus “orígenes intrincados” configuran “un conjunto coherente de ideas que, si bien están relacionadas, también cambian con el tiempo. [Este pensamiento] celebra jerarquías de género, raza y nacionalidad; la homogeneidad cultural; la fe religiosa cristiana; la identificación de enemigos tanto internos como externos; las familias patriarcales; la heterosexualidad; la voluntad de la comunidad por encima del imperio de la ley; y el uso de la violencia política para obtener o conservar el poder”.
3.1. Los vanguardistas intelectuales antidemocráticos
Un núcleo de académicos y periodistas con ideas afines se ha articulado en una red, y sus diferencias resultan menos relevantes que la visión apocalíptica que comparten: ya se ha hecho tarde y solo una acción decisiva y agresiva podrá salvar a la nación del azote del liberalismo. Mientras que algunos están instalados en pequeños colegios y universidades con afiliaciones religiosas, como el Hillsdale College, la Universidad de Dallas y el Grove City College, otros se encuentran en instituciones de élite. Entre estos últimos destacan dos figuras muy influyentes: Adrian Vermeule, de la Facultad de Derecho de Harvard, y el filósofo político Patrick Deneen, de Notre Dame. Como ocurre con muchos en esta órbita, su pensamiento se halla moldeado por compromisos religiosos particulares, que definen, a su vez, sus posiciones políticas. Deneen es católico de toda la vida, mientras que Vermeule es un converso (al igual que su socio, JD Vance).
Tanto a Vermeule como a Deneen les preocupa lo que, a su juicio, ha producido el liberalismo, que se centra en los derechos individuales y la autonomía personal. Vermeule (2022) propone una alternativa desde la teoría jurídica que denomina “constitucionalismo del bien común”. Está comprometido con la idea de un gobierno central fuerte que utilice de forma constructiva al Estado administrativo para promover el bienestar general, haciendo hincapié en la protección de los vulnerables. En su opinión, el bien común debe prevalecer sobre los derechos individuales; de ahí su oposición a la idea de que los individuos tuvieran derecho a negarse a la vacunación. Algunos de sus trabajos sobre el tema del Estado administrativo los ha publicado junto al liberal Cass Sunstein, de modo que, en este punto, podría considerarse que su pensamiento está alineado con la evolución del papel del gobierno federal desde el New Deal.
Con todo, la inspiración intelectual de su “constitucionalismo del bien común” no la busca en los estadounidenses que elaboraron la Constitución. De hecho, rechazando tanto el progresismo como el originalismo, recurre a pensadores como Tomás de Aquino, Joseph de Maistre y Carl Schmitt para fundamentar una interpretación constitucional. El objetivo del derecho -resume Mark Lilla (2024, p. 16) al exponer la posición de Vermeule- consiste en crear “un marco estable para la prosecución de los bienes comunes de paz, justicia, abundancia y solidaridad para la comunidad en su conjunto. Los derechos importan en ese sistema, pero solo de manera derivada como medios para alcanzar dichos fines”. Esto podría interpretarse como un argumento a favor del comunitarismo. Sin embargo, a diferencia de los comunitaristas laicos más conocidos (Benjamin Barber, Charles Taylor Amitai Etzioni, Michael Sandel, etc.), la meta de Vermeule exige instaurar una teocracia donde el pluralismo no tenga cabida. Y dado que el liberalismo es el progenitor del pluralismo, aquel debe ser erradicado. En la cosmovisión maniquea de Vermeule, el liberalismo es el mal: “La enemistad más profunda del liberalismo” -escribe- “parece reservarse en última instancia para la Santísima Virgen; por eso, Génesis 3:15 y Apocalipsis 12: 1-9, que describen al enemigo implacable de la Virgen, nos ofrecen la mejor pista sobre la verdadera identidad del liberalismo”. Como aclara Lilla (2024, p. 18), “se refiere a Satanás”.
Para Vermeule, la tarea exige la imposición vertical de una alternativa al desorden de la toma de decisiones democrática, que presupone visiones contrapuestas del bien común. Esto exige la captura del Estado, lo que implica
hallar una posición estratégica desde la cual cauterizar la fe liberal con hierros candentes, derrotar y ganar los corazones y las mentes de los agentes liberales, tomar el mando de las instituciones del viejo orden que el propio liberalismo ha preparado y orientarlas hacia la promoción de la dignidad humana y el bien común (Vermeule, 2018, p. 213).
A Deneen, por su parte, lo leen más quienes están fuera de este universo discursivo de la derecha que sus correligionarios ideológicos. Su libro de 2019, Why Liberalism Failed5 recibió elogios de Barack Obama y del columnista del New York Times David Brooks, reflejo de una estrategia retórica que consiste en presentarse como un observador que, con pesar, constata que el liberalismo se ha agotado como ideología. Debido a su exaltación de la autonomía individual, sostiene, la familia, la comunidad y la religión se han visto erosionadas, socavando así el bien común.
No se trata de un argumento especialmente original, ya que la preocupación por las formas disfuncionales de individualismo ha sido un tema recurrente en el comentario social estadounidense desde De Tocqueville. En tiempos recientes, liberales como Robert Bellah y Robert Putnam han ofrecido diagnósticos y prescripciones reformistas pragmáticas para equilibrar individualismo y comunidad. A primera vista, el trabajo de Deneen podría parecer una variación sobre este tema recurrente. Sin embargo, su populismo de derecha radical imprime un sello distintivo a su tesis, ya que sostiene conspirativamente que la autonomía forma parte de un proyecto impuesto a un público desprevenido por unas élites liberales, a las que describe, siguiendo el guion populista, como la nueva aristocracia.
En su libro más reciente, Regime Change6 (2023), Deneen adopta un tono muy distinto. Pasa del diagnóstico a la defensa de un sistema político radicalmente nuevo, sustentado en una cultura que instaure verdades eternas frente al supuesto relativismo moral del liberalismo. Desaparece la nostalgia por la desaparición del liberalismo. Ahora se le condena como una forma de tiranía, un proyecto totalitario. Ese temor se sustenta, en buena medida, en la percepción de que varones blancos viven en una sociedad pluralista donde las minorías raciales y las mujeres ya no están relegadas a una ciudadanía de segunda clase y donde, simultáneamente, la cultura se ha vuelto más secular.
Al dividir el mundo social entre los pocos (las élites) y los muchos (la gente común), Deneen ofrece un relato vertical de cómo se producirá el cambio de régimen. Sostiene que el pueblo es intrínsecamente conservador, pero no confía en él para ejecutar la transformación. Esta tarea le corresponde a una élite “ilustrada” capaz de efectuar el cambio de régimen una vez derrotadas las élites liberales. El objetivo final exige la creación de un Estado cristiano, compartiendo con Vermeule la visión de un futuro régimen teocrático (Blakely, 2023, p. 7). La idea de aprovechar el momento propicio impregna su pensamiento, como lo mostró en una conferencia en la Catholic University en la que dijo: “No quiero derrocar al gobierno con violencia. Quiero algo mucho más revolucionario que eso” (citado en Ward, 2023, p. 6).
Fuera de este entorno antidemocrático, el libro ha recibido reseñas demoledoras. Barton Swaim (2023, p. 2), el editor de reseñas de libros del Wall Street Journal y también conservador, acusa a Deneen de reduccionismo intelectual, al fusionar pensadores liberales en un único y siniestro “proyecto” en vez de reconocer al liberalismo como una idea amplia y a menudo ambigua, y añade a eso la acusación de deshonestidad intelectual. De acuerdo con Lilla (2024, p. 18), la obra “es tan mediocre que a veces parece una parodia de la literatura engagée, escrita en una especie de straussianismo demótico”.
Ello remite a otro fundamento intelectual de la antidemocracia que no aspira a la teocracia, sino a un argumento extraído de los clásicos del pensamiento político occidental, del que se deduce la conveniencia de un Estado fuerte dirigido por un caudillo al estilo del César. Esta corriente se puede ver en muchos círculos de la derecha radical, pero es particularmente evidente en la camarilla de figuras asociadas con el Instituto Claremont. Convencida de que las instituciones de educación superior están dirigidas por liberales abiertamente hostiles a su política, la derecha -con el generoso apoyo de magnates- ha creado multitud de think tanks7 (Meyer, 2017). En ese universo, según David Swartz (2025, p. 66-70), Claremont destaca por su apoyo específico a Donald Trump y al autoritarismo en general, a la vez que ha logrado conectar con un espectro amplio de individuos e instituciones de la derecha, desde los afines hasta conservadores no necesariamente reaccionarios; esta última alianza ilustra la tesis de Juan Linz (1978) de que los desleales necesitan la colaboración de los semileales para quebrar la democracia.
Katherine Stewart (2023, p. 3) describe a Claremont como la «encarnación de un anhelo nihilista de destruir la modernidad», dado que esta se apoya en el reconocimiento de la ambigüedad y en la aceptación de la parcialidad de las verdades, más que en la expectativa de hallar la verdad absoluta en los clásicos. Los afiliados a Claremont son “líderes con credenciales e influencia que desprecian abiertamente la democracia por razones que convergen con las de los teócratas”. Uno de ellos, John Eastman, se dirigió a la turba del 6 de enero desde la Explanada, instándola a anular las elecciones de 2020. En Claremont, el respaldo al golpe de Estado fue generalizado, y contó incluso con el apoyo de Charles Kesler, editor de la Claremont Review of Books.
3.3. De la teoría a la praxis
Desde la derrota electoral de Trump en 2020, lejos de presenciar el fin del carisma, el movimiento MAGA se reagrupó y planificó el camino a 2024. El supuesto tácito es que, de ser reelegido, Trump se dedicaría a arremeter contra los enemigos del Estado y participar en una política de venganza, mientras que un colectivo entrenado y experimentado de operadores de derecha culminaría lo que no se logró el 6 de enero. Con ese fin, otro prominente think tank, la Fundación Heritage, elaboró el “Project 2025” o “Proyecto 2025”, un manual estratégico que describe cómo una nueva administración Trump ejecutaría un asalto rápido y exhaustivo a la democracia, plasmado en un documento de más de 900 páginas que la organización (imprudentemente) hizo público. Heritage y entidades afines se han unido en torno a la red Conservative Partnership Institute (Blitzer, 2024). Su plan es de gran alcance: en términos de la teoría de la esfera civil, persigue hacerse con el control de instituciones comunicativas y reguladoras vitales, es decir, reproducir la estrategia de Orbán.
La cuestión pendiente es si los cimientos de la democracia estadounidense son más firmes que los de la húngara. Aun con cautela, a la hora de predecir lo que una segunda administración Trump podría significar para la democracia, hay ciertas características del panorama institucional que apuntan tanto a impedimentos como a aperturas a la autocracia. Empecemos por las instituciones comunicativas: en una democracia joven y frágil, Orbán logró prácticamente aniquilar a los medios independientes y opositores. En Estados Unidos, esto no es posible. El movimiento MAGA puede vilipendiar a los medios tradicionales como The New York Times y The Washington Post, junto con las cadenas de televisión, pero cerrarlos excede su capacidad. Sí puede, en cambio, nutrir y privilegiar medios alternativos de derecha como la radio, Fox News o canales más radicales como OAN y Newsmax. Lejos de competir con el periodismo profesional de los medios de comunicación de la “gran prensa lame-stream”,8 esos medios funcionan como brazos ideológicos que colaboran estrechamente con campañas y operadores políticos (por ejemplo, Sean Hannity, de Fox, aparecía con frecuencia en los mítines de Trump y hablaba con él por teléfono casi a diario mientras estaba en el cargo).
La operación política de Trump y sus simpatizantes se centra sobre todo en las redes sociales, pues incluso los estándares mínimos de la televisión derechista resultan demasiado restrictivos si el objetivo es agudizar la polarización y sembrar la confusión. En Elon Musk, propietario de X, han hallado un aliado poderoso. Steven Bannon, quien aspira a ser el principal arquitecto intelectual de una derecha autoritaria global, sostiene que la tarea es doble. Primero, movilizar a los fieles con mensajes deliberadamente polarizantes que encarnen la dicotomía schmittiana amigo-enemigo. La comunicación sin distorsiones de Habermas no es el objetivo, sino infundir miedo e ira en la base trumpista. Segundo, como los verdaderos creyentes apenas forman una minoría del electorado, es preciso dirigirse al amplio segmento ajeno a la política y mal informado. Para este público, los medios de comunicación de la derecha deben sembrar confusión y duda. En palabras de Bannon, esto requiere “inundar la zona de mierda” (Alexander, 2017). La ironía es oscura: el anhelo intelectual de centrar la política en verdades absolutas -religiosas o filosóficas- se impulsa mediante una política de la posverdad.
El mayor potencial de daño reside en las instituciones reguladoras -votación, partidos, cargos, justicia-, donde cabe prever nuevas iniciativas antidemocráticas que continúen las ya ensayadas. En este sentido, es necesario situar el trumpismo en perspectiva histórica. Como sostienen Levitsky y Ziblatt en su reciente libro The Tyranny of the Minority9 (2024), hay rasgos estructurales del sistema constitucional estadounidense que favorecen a quienes pretenden gobernar sin mayoría popular. Si bien identifican varios de estos rasgos, bastará con citar uno: el Colegio Electoral. En lo que va del siglo, dos presidentes republicanos han llegado al poder sin la mayoría del voto popular. Conscientes de que su programa es impopular, intensificarán los intentos de supresión del voto y el gerrymandering10 legislativo, avanzando hacia un país de facto unipartidista. Los planes contemplan sustituir a decenas de miles de funcionarios no partidistas por leales políticos y llenar la judicatura de ideólogos. Elie Mystal (2024, p. 46) señala que Project 2025 apenas menciona la Corte Suprema, porque -gracias a la Federalist Society- “la Corte ya está capturada”. Aun así, se barajan ideas sobre un nuevo orden constitucional.
Levitsky y Ziblatt no son los únicos en concluir que el GOP ha dejado de ser un partido comprometido con la democracia: ahora es el partido de Trump (su nuera dirige el RNC). El papel que desempeña el culto carismático de Trump en este viraje genera debate. Algunos creen que, una vez que él desaparezca, la fiebre va a desaparecer y el partido retornará a una posición convencional de centro-derecha; otros sostienen que el daño es irreversible y que los autoritarios instalados en cargos, think tanks, universidades y organizaciones afines están pensando a largo plazo. Así lo deja claro Project 2025:
La larga marcha del marxismo cultural por nuestras instituciones se ha consumado. El gobierno federal es un coloso convertido en arma contra los ciudadanos estadounidenses y los valores conservadores, con la libertad bajo asedio como nunca antes. Nuestro objetivo es reunir un ejército de conservadores afines, examinados, formados y listos para, desde el primer día, desmantelar el Estado administrativo.
Los autoritarios enfrentan obstáculos formidables para lograr sus objetivos. Entre ellos, la inercia de un sistema concebido para dificultar cambios drásticos (la Constitución únicamente se ha enmendado 17 veces en los 233 años transcurridos desde la promulgación de la Declaración de Derechos en 1791). La oposición democrática es amplia y mucho más potente que la oposición húngara. Por último, como repite Alexander en The Civil Sphere (2006, p. 75), “la opinión pública es el mar en el que nadamos, la estructura que nos hace sentir la vida democrática”. En este sentido, los demócratas pueden consolarse con que la opinión pública respalde los derechos, la autonomía y los fundamentos de lo que se considera un orden democrático pluralista y laico. Sin embargo, como ilustran estos dos casos, ese mar seguirá agitado siendo turbulento en el futuro previsible.
