Introducción

En el estado de Chiapas, además de los zapatistas, hay un mosaico de movimientos y organizaciones sociales indígenas que enarbolan diversas reivindicaciones. Dentro de éstos, destaca el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite) conformado por comunidades tseltales, tsotsiles, choles y mestizos de diez municipios, además de comunidades pertenecientes al municipio de Chicomuselo, en la frontera sur del estado.

Los miembros del Modevite se autoconciben como comunidades en movimiento, “comunidades en camino” por la defensa de la vida y del territorio. Lejos de su concepción está la noción académica de movimiento social que implica una aglomeración de individuos en torno a una demanda, una identidad y un objetivo común (^{Melucci 1999}; ^{Tarrow 2011}). Las comunidades en movimiento o “pueblos en movimiento” (^{Zibechi 2020, 2022}), se caracterizan por ser sujetos colectivos que se construyen desde la organización comunitaria y las luchas que enfrentan (^{Gutiérrez Aguilar 2021}).

El propósito del presente artículo es presentar la trayectoria de lucha del Modevite a través de sus acciones y argumentaciones relevantes para comprender el proceso de articulación entre la defensa del territorio y la exigencia de autonomía y autogobierno que, desde los pueblos indígenas, se manifiesta como condición de una estatalidad intercultural. Para este propósito, primero, analizaremos el contexto geopolítico en que interactúa el movimiento; después, describiremos de manera sucinta la trayectoria del Modevite y, por último, los esfuerzos político-jurídicos que han empren dido algunas comunidades en la construcción de autogobiernos.

Este artículo es fruto de mi acompañamiento al proceso político-organizativo del Modevite desde 2015; se trata de una investigación militante inspirada en la “sociología pragmática de la crítica” (^{Boltanski 2009}) que se da a la tarea de “seguir muy de cerca a los actores en su trabajo interpretativo” (^{Boltanski 2002, 55}) para comprender sus acciones, argumentos y el sentido que le dan a sus actos. Este estilo sociológico exige un trabajo de campo en constante interacción y colaboración con los actores, lo cual posibilita acceder a una gran cantidad de informes producido por los propios actores; en ese sentido, hemos tenido conversaciones cualitativas con miembros del Modevite y recuperado sus comunicados, actas de reuniones y notas periodísticas que nos han permitido reconstruir su trayectoria de lucha y comprender la orientación de sus acciones así como el énfasis de sus argumentaciones.¹

Chiapas, geopolítica del despojo

El estado de Chiapas, en el sureste de México, es una región de contrastes: zonas ricas por la biodiversidad de sus ecosistemas que son habitadas por comunidades indígenas caracterizadas por altos niveles de pobreza y marginación. Sus bienes naturales han atraído la atención de la industria extractiva y su posición geográfica de frontera lo ha puesto en el foco de los programas de infraestructura y desarrollo de los gobiernos neoliberales y neoextrativistas y, en los últimos años, de las redes de tráfico además del crimen organizado. Esta situación ha enfrentado dos lógicas y visiones del mundo, una que defiende y cuida el territorio para subsistir y otra que quiere explotarlo y mercantilizarlo con la promesa de desarrollo económico. En consecuencia, las luchas por el territorio son disputas de sentido, epistemológicas (^{Ceceña 2018b}), o más aún, luchas ontológicas (^{Escobar 2015}).

Las comunidades que conforman el Modevite son, principalmente, de municipios con alto porcentaje de personas quienes se reconocen como indígenas y son hablantes de una lengua indígena, tseltal, tsotsil, cho’ol. Son municipios que forman un corredor biocul tural entre el municipio de San Cristóbal de las Casas y el de Palenque: Tenejapa, Cancuc, Huixtán, Oxchuc, Altamirano, Ocosingo, Sitalá, Chilón, Yajalón, Tumbalá y Salto de Agua. Las comunidades indígenas de estos municipios enfrentan problemas significativos de pobreza, educación, vivienda y acceso a servicios de salud, y subsisten por sus actividades agrícolas, en especial de la producción de maíz, frijol, café, miel y, en menor medida, de la explotación de recursos forestales. Estos municipios se distinguen por su riqueza cultural y sus bienes naturales; algunos como: Ocosingo, Chilón, Salto de Agua y Palenque destacan por sus recursos hídricos, con cascadas y ríos; San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, Huixtán, Tenejapa, Cancuc cuentan con importantes recursos forestales que incluyen bosques de pino y encino. Ocosingo también destaca por sus selvas tropicales, sobre todo la Selva Lacandona, que alberga la reserva de la biosfera Montes Azules.

Este corredor de municipios se eligió por su riqueza tanto natural como cultural para promover proyectos de infraestructura turística y comercial, como la iniciativa de construir una autopista que comunicara San Cristóbal de las Casas con Palenque, previendo paradas turísticas en zonas intermedias. Esta autopista conectaría con el Tren Maya en Palenque, para acceder a las playas turísticas, así como a las zonas arqueológicas de la península de Yucatán. De esta manera se impulsarían el turismo y el desarrollo económico local. Sin embargo, estos proyectos no consideran el impacto cultural y ambiental que tendrán en las comunidades indígenas. En los municipios mencionados, más del 90 por ciento de la población entre tres años y más se autoadscribe como indígena, con excepción de San Cristóbal de las Casas, donde la población indígena por autoadscripción es del 48.1 por ciento.²

En definitiva, una autopista implicaría la destruc ción de bosques, cultivos y manantiales y una afectación al ecosistema local; al atravesar tierras de cultivo podría afectar la soberanía alimentaria de las comunidades, sus derechos territoriales e, incluso, sus lugares sagrados. En ese sentido, no sorprende que, ante tal amenaza a la vida y al despojo territorial, las comunidades indígenas de esos municipios se hayan indignado y movilizado para salvaguardar su territorio.

Por otra parte, el proyecto de autopista se enmarca en una estrategia económica de mayor envergadura como es el megaproyecto de un Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque, que conectaría la costa de Chiapas con el Tren Maya, por un lado y con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por el otro. El eje carretero estaría conformado por la autopista Pijijiapan-Tuxtla Gutiérrez, la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas y la llamada Carretera de las Culturas, San Cristóbal de las Casas Palenque. Dicho proyecto fue aprobado por el poder legislativo del estado desde el 13 de diciembre de 2019 (^{La Jornada 2019}) para ser concesionado en su totalidad a la iniciativa privada. Esta obra ha ocasionado el rechazo de pobladores y ambientalistas, ya que su trazo tendría un impacto ambiental al pasar entre el área protegida conocida como La Frailesca y la reserva de la biosfera El Triunfo (^{Mariscal 2019}).

La relevancia del megaproyecto carretero Pijijiapan Palenque trasciende el ámbito nacional, inscribiéndose en una estrategia geopolítica internacional antes conocida como Plan Puebla-Panamá cuyo objetivo es la construcción de rutas alternativas que unan las costas del océano Atlántico con las del Pacífico, y Centroamérica con Norteamérica para facilitar, principalmente, el comercio de Estados Unidos con el mercado mundial. El plan contempla la construcción de una red estratégica de infraestructura, que incluye: carre teras, puertos, aeropuertos y líneas ferroviarias. Asimismo, abarca megaproyectos de extracción minera, hidrocarburos, fuentes hídricas y forestales además de la explotación de mano de obra a bajo costo. Las poblaciones locales, en su mayoría comunidades indígenas, sufrirán no sólo las consecuencias sociales, culturales, sino también las ambientales de estos megaproyectos, que algunos analistas han llamado la geopolítica del despojo (^{Fazio Varela 2019}; ^{Martín Novoa y Vega Cantor 2016}).

La implementación de estos planes geopolíticos requiere un mayor control del territorio a través de estrategias militares de pacificación, contrainsurgencia y combate al crimen organizado. La militarización del territorio se justifica internamente con el argumento de combatir la inseguridad del crimen organizado, mientras que, en el ámbito internacional, la presencia militar estadounidense se sostiene bajo la premisa de políticas de seguridad, abarcando desde el Golfo de México hasta Panamá y Colombia (^{Ceceña 2018a}). En la “gubernamentalidad neoliberal”, estos argumentos permiten al Estado intensificar el uso de la violencia, justificando la ocupación de territorios por motivos político-económicos. Además, se limitan las garantías ciudadanas y se utiliza el miedo como dispositivo de control tanto político como social (^{Calveiro 2019, 9-63}).

En los últimos años, los municipios de la frontera sur de Chiapas se han visto violentados y acorralados por la disputa de plazas entre carteles mexicanos del narcotráfico y crimen organizado; lo que ha provocado el desplazamiento forzado de personas que huyen de la violencia, desactivando así la resistencia contra los proyectos mineros en esa región. En este sentido, la lucha del Modevite por la defensa del territorio y la construcción de gobiernos comunitarios cobra relevancia para hacer frente a los megaproyectos que ponen en peligro la supervivencia de sus comunidades.³

La defensa de la vida y del territorio

El Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio surgió en respuesta a los problemas percibidos como comunes en diversas comunidades: el alcoholismo, la violencia contra las mujeres y los niños y el proyecto de construcción de una autopista entre San Cristóbal de las Casas y Palenque. En 2013, las comunidades y agentes de pastoral -sacerdotes, religiosos, religiosas y catequistas- del movimiento socioeclesial Pueblo Creyente,⁴ de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, organizaron peregrinaciones para denunciar estos problemas. Las peregrinaciones se llevaron a cabo el 25 de noviembre en cada una de las parroquias,⁵ con la participación de más de 30 000 personas de comunidades indígenas tseltales, choles y tsotsiles. En cada concentración leyeron un comu nicado común, el cual sirvió como su carta de presentación pública.

El comunicado estaba dirigido a las autoridades municipales, estatales y federales para denunciar el aumento de la violencia familiar debido al consumo y venta de alcohol en sus comunidades y, sobre todo, a la manipulación de las autoridades municipales en la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. Declararon su oposición a la autopista por considerar que traería destrucción y muerte a sus pueblos y a la Madre Tierra. Por ello, exigieron la cancelación del proyecto. Además, rechazaron las reformas educativa, hacendaria y energética que eran el tema nacional del momento. El comunicado fue firmado como “Pueblos Mayas y Creyentes Unidos Por El Cuidado De La Vida Y Defensa De Nuestro Territorio”.⁶

Lo primero que destaca de ese comunicado es la autoconcepción de estos actores como representantes de la Madre Tierra y de sus ancestros, los pueblos mayas: “Nosotros y Nosotras, representantes de Nuestra Madre Tierra […] hijas e hijos de los Pueblos Mayas”. No hablan a título personal ni a título de una organización particular, sino que se reclaman desde otra relacionalidad con el mundo, desde una ontología relacional (^{Escobar 2014}, ²⁰¹⁵). Para estos pueblos mayenses, la Madre Tierra tiene su propio modo de comunicarse; ellos pueden escucharla e interpretarla y constituirse en portavoces, en mediadores y traductores (^{Latour 2007}) de la Madre Tierra y de sus ancestros. Se manifiestan en contra de la violencia intrafamiliar provocada por el alcoholismo inducido y de las amenazas a su vida comunitaria, a la destrucción de la vida (cuxlejal), la tierra (lum), del territorio (lumqui’nal) y de la Madre Tierra (Jnantik Lum qu’inal), por el proyecto de construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. En este sentido, no es sólo una lucha ecoterritorial, sino una lucha ontológica (^{Escobar 2015}), una lucha por defender una manera de sentipensar y estar en copertenencia con el mundo circundante, que incluye la diversidad de formas de vida que constituyen el territorio.

Lo segundo que enfatiza el comunicado es un posicionamiento político, de exigencia y denuncia frente a las autoridades municipales, estatales y federales por la amenaza de destrucción y muerte que significa el alcoholismo y la construcción de una autopista en su territorio; asimismo, denuncian los intereses nacionales, transnacionales y político-militares que están detrás del proyecto; exigen, en nombre de la Madre Tierra y de sus ancestros además de sus contemporáneos, la cancelación del proyecto.

En tercer lugar, se acentúa que se trata de pueblos mayas creyentes; declaran una confesión religiosa y su pertenencia a un movimiento socioeclesial más amplio que es Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Esta filiación explica que uno de sus principales repertorios de acción sea llamada “peregrinación”, en lugar de marchas o manifestaciones. Aquí, la peregrinación tiene un sentido político-religioso, se manifiestan como pueblo indígena creyente con demandas políticas. Desde entonces, hacen una o dos peregrinaciones cada año.

Ante la preocupación por algunos discursos intimidatorios, que registraron en las comunidades, decidieron hacer nuevamente una “Peregrinación por la paz, la defensa de la vida, de la Madre Tierra y de nuestros pueblos”, el 19 de julio de 2014. Cada parroquia realizó su peregrinación y leyó el mismo comunicado. De acuerdo con los reportes de los propios coordinadores, en el conjunto de las diez parroquias lograron movilizar alrededor de 14 000 personas. En primer lugar, exigieron el cierre de cantinas para detener la venta de alcohol y las drogas: “Somos testigos que el trago es causa de violencia familiar, de asesinatos, suicidios y hace que la gente esté cada vez más pobre”. En segundo lugar, denunciaron la amenaza de la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque: “Creemos que es un proyecto que va a destruir nuestras tierras, acabar con acahuales, manantiales, montañas, cafetales, lugares sagrados, milpas y partir comunidades y poblados”.⁷

En agosto de 2014, en una asamblea que reunió a 120 representantes de diversas comunidades, definieron el objetivo de la lucha: “Coordinarnos como Pueblo Creyente para la defensa de la vida y el territorio de las zonas tzeltal, Chab y Ch’ol” y, decidieron nombrarlo Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite). La asamblea tomó el acuerdo de hacer visible la demanda del movimiento en las comunidades de cada parroquia y municipio con el letrero: “No a la supercarretera Palenque-San Cristóbal”, y firmar con la frase de “Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio”.⁸ Desde el 16 de septiembre de 2014 los letreros fueron un indicador de la presencia del Modevite en la región de la selva y los altos de Chiapas.

Después de un periodo de acciones defensivas contra el riesgo inminente del proyecto de la autopista, se dieron a la tarea de entender por qué su territorio estaba siendo codiciado por intereses ajenos a sus comunidades. Para esto, los coordinadores invitaron a otras organizaciones de la sociedad civil de Chiapas para que les ayudaran a entender las implicaciones del proyecto de autopista San Cristóbal-Palenque. En estas sesiones de análisis de la realidad conocieron que los planes de la autopista habían sido anunciados desde 2007 y se había reactivado en 2012. Se discutió que la supercarretera era parte de un plan de explotación y despojo que viene desde el 2000 con el Plan Puebla Panamá, también denominado Plan Mesoamericano. Además, mencionaron que en Chiapas hay muchos proyectos de extracción minera, agricultura intensiva, hidroeléctrica, ecoturísticos que afectarán la vida de las comunidades indígenas y que las leyes, como la energética, se estaban modificando para saquear los territorios de los pueblos indígenas.⁹

Estas reflexiones proveían de argumentos a los coordinadores para informar y motivar a las comunidades para organizarse en la defensa de la vida y del territorio, pese a que personas de sus mismos municipios los acusaban de oponerse al desarrollo económico de la región. En octubre de 2014, los coordinadores del Modevite hicieron una reflexión sobre el camino recorrido; dentro de sus motivaciones destacaron que su fortaleza proviene de la oración, de la fe y la solidaridad entre las comunidades y de su sentido de pertenencia a la Madre Tierra.¹⁰

Ante las amenazas continuas de despojo de su territorio, la asamblea del Modevite decidió organizar una peregrinación para el 25 de noviembre de 2014, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; asimismo, determinaron consultar a sus comunidades y recoger firmas para respaldar su oposición al proyecto de la autopista. De acuerdo con los coordinadores, sumadas las personas que participaron en las peregrinaciones que se hicieron en cada parroquia y municipio se habrían reunido más de 33 000 personas.

Podemos resaltar tres aspectos del comunicado que emitieron en esa ocasión. Primero, la constatación de que no están solos, sino que hay otras luchas, por eso declaran que su peregrinación es solidaria con otras luchas, entre ellas las de los normalistas de Ayotzinapa y de las comunidades de Simojovel, en Chiapas; se gundo, la demanda contra la autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque adquiere mayor legitimidad porque anuncian que está respaldada por una con -sulta a las comunidades, donde advirtieron sus conse cuencias, “enriquecerá a los que más tienen, empobreciendo a los pueblos originarios”; tercero, asumen los postulados del Congreso Diocesano de Pastoral de la Madre Tierra de la diócesis de San Cristóbal: cuidar y defender a la Madre Tierra; denunciar las estructuras de injusticia y “construir modelos alternativos de economía y organización social que vayan conformando otro mundo posible y necesario”.¹¹ Este último punto fue decisivo en el movimiento, porque los llevó a plantearse la necesidad de no sólo quedarse en la denuncia, sino en hacer propuestas en la perspectiva de construir otro mundo posible.

Así, en la última reunión de 2014, en el contexto del proceso electoral 2014-2015, la asamblea de coordinadores y representantes del Modevite acordó hacer una consulta a las comunidades sobre qué postura tomar en las elecciones. Esta interacción constante del equipo coordinador con las comunidades para in -formar, consultar y tomar una postura o una decisión, no es sólo un mecanismo democrático de representa ción directa, sino que nos muestra un modo de actuar del Modevite que tiene que ver con su “acervo de experiencia” (^{Schutz 1974}), con la manera en que interpretan y actúan en el mundo que, en su caso, es un acervo de experiencia comunal. La komonaletik se construye a través de un conjunto de prácticas que recrean de manera continua la acción colectiva y el sentido de pertenencia (^{Zepeda Miramontes 2021}).

Rechazo a la política partidista

La consulta a las comunidades concluyó con el acuer-do de promover la anulación del voto en las elecciones, continuar la resistencia contra la carretera y el alcoholismo; también la consigna de “ejercer la autonomía” fue ganando consenso en las comunidades como una forma de defender el territorio (lum qui’nal), construyendo alternativas de autogobierno y autonomía. Esto no significa que no tengan conciencia del ejercicio de la autonomía y el autogobierno de facto en sus comunidades, sino que sus formas de gobierno comunitario no han sido plenamente reconocidas por las autoridades municipales, estatales y federales. Encontramos aquí dos acepciones de autonomía, una como práctica de su acervo de experiencia comunal y otra como derecho reconocido en la legislación nacional y en los convenios internacionales de derechos humanos (^{Burguete Cal y Mayor 2005}; ^{Gasparello 2018}).

En las elecciones federales del 7 de junio de 2015 se eligieron 500 diputados federales; los miembros del Modevite denunciaron compra de votos, amenazas y violencia.¹² En las elecciones locales del 19 de julio de 2015, el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) ganó en 56 de 122 municipios y obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso local (^{IEPC 2015}). Esas elecciones fueron calificadas como las más violentas en Chiapas desde 2006, con incidentes de detenciones, robo y quema de urnas, secuestro y asesinato de candidatos (^{Integralia 2024}).

Con esos resultados, los representantes del Modevite confirmaron que los partidos políticos tienen intereses ajenos a los problemas que afectan a las comunidades. Por eso, se pusieron como tarea explorar otras opciones de gobierno, sin partidos políticos.¹³

Para dar continuidad a esa tarea, los representantes del Modevite invitaron a tres personas que habían formado parte del primer Concejo del Gobierno Comunal de Cherán (Michoacán), quienes compartieron el proceso jurídico que respaldó su lucha por el reconocimiento del derecho a la libre determinación y su experiencia de gobierno comunal. Finalmente, los coordinadores concluyeron que es necesario tener gobiernos comunitarios para defender el territorio de los proyectos extractivistas del gobierno estatal y federal.

En noviembre de 2015, por tercera ocasión el Modevite salió en peregrinación en cada parroquia y municipio para expresar sus demandas; se movilizaron más de 27 000 personas en el conjunto de las diez parroquias. La consigna que encabezaba el comunicado fue: “¡Alto a los megaproyectos y a las distintas formas de violencia y corrupción que lastiman nuestros pueblos! ¡Queremos paz, justicia y libertad!”.¹⁴

En esta peregrinación, la principal demanda de Modevite fue “el cuidado de la Madre Tierra, que no es sólo un lugar para vivir, también es parte de nosotros, de ella venimos y a ella nos debemos”. En consecuencia, denunciaron su saqueo y devastación por megaproyectos económicos; hicieron una lista de 20 proyectos que ponen en riesgo la vida y el territorio en sus comunidades, además de la autopista: presas hidroeléctricas y represas, proyectos ecoturísticos y de extracción minera e hidrocarburos. Denunciaron que estos megaproyectos sólo enriquecen a los pode rosos y empobrecen a los pueblos originarios. “Es una burla decir que estas obras servirán para mejorar nuestra vida. ¿Qué vida vamos a mejorar si no tenemos tierra?”.¹⁵

La visibilización del Modevite y sus demandas

Durante los primeros meses de 2016, los coordinadores y representantes del Modevite se dedicaron a preparar lo que llamaron una megaperegrinación que, en noviembre, transitaría los once municipios que conforman su movimiento. La finalidad era animar el corazón de las comunidades, visibilizar al Modevite y consolidar su presencia en cada municipio; así como denunciar “la violencia estructural, los megaproyectos de despojo y las injusticias que estamos viviendo y peregrinamos para defender la Madre Tierra y la vida de nuestras comunidades”.¹⁶

Para preparar la megaperegrinación, organizaron varios talleres, con apoyo de actores externos solida -rios con la lucha del Modevite. El primer taller de cartografía social contribuyó a explicitar el conocimiento de su territorio: los bienes naturales, los conflictos existentes y los sueños comunes que tienen para su territorio. El segundo taller, sobre los derechos de los pueblos indígenas, ayudó a socializar el marco jurídico que garantiza el derecho a la libre determina ción, autonomía y autogobierno. El tercer taller, sobre megaproyectos y extractivismos, permitió ubicar las amenazas al territorio en el contexto estatal, nacional y mundial de una economía de despojo. Los talleres se replicaron en las comunidades y las reflexiones recuperadas fueron la base para elegir los temas de los foros y los comunicados del Modevite durante la megaperegrinación.¹⁷

Los talleres, en cuanto espacio de coproducción de conocimiento sobre el territorio, nutrieron la capacidad argumentativa de los miembros del Modevite para dar cuenta de los objetivos y el sentido de la megaperegri nación que llevarían a cabo. Así como organizan la vida y las fiestas en las comunidades, nombraron diversas comisiones de servicio para lograr los objetivos de la megaperegrinación: comisiones de seguridad, de redac ción de comunicados, de sonido, de prensa y comunicación, de enlace con otras organizaciones, de salud, de foros, de celebración y oración maya, etcétera.¹⁸

La megaperegrinación inició el 14 de noviembre en el municipio de Salto de Agua con más de 800 participantes. En cada lugar hubo una celebración tradicional con altar maya; la lectura de un comunicado para dar a conocer los objetivos y las demandas del Modevite; un foro con un tema específico para dialogar con la gente local, bases del Modevite y una convivencia. El 25 de noviembre, al entrar a San Cristóbal de las Casas, la peregrinación había reunido a más de 2 000 personas.

Los discursos o comunicados que se pronunciaron durante la peregrinación resumen los objetivos, las demandas, las preocupaciones y las propuestas del movimiento.

Nuestro objetivo es organizar y animar a los pueblos indígenas de la zona para construir nuestra autonomía como pueblos originarios y así defender a nuestra madre tierra; queremos un buen vivir desde nuestra cultura y por eso decimos NO a todo lo que dañe la vida de nuestros hijos y de nuestras comunidades, NO al mal gobierno y NO a los megaproyectos que buscan extraer nuestro territorio.¹⁹

En los trece comunicados de la peregrinación podemos apreciar demandas socioambientales, políticas y ontológicas. Dentro de las demandas socioambienta les, los comunicados enfatizaron el rechazo a la supercarretera San Cristóbal-Palenque, a la explotación minera, a los proyectos ecoturísticos y al saqueo de los recursos naturales; se exigió la detención de la tala ilegal, la venta de los recursos hídricos y mayor seguridad pública en la región; también se denunció la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, el impacto negativo del alcoholismo, la violencia intrafamiliar y la inseguridad y se pidió el cierre de centros nocturnos y cantinas; también denunciaron el asistencialismo de los programas de gobierno. Expresaron su preocupación por la migración de jóvenes, hombres y mujeres, debido a la falta de oportunidades para estudiar y trabajar en su tierra. Reclamaron el derecho de las mujeres indígenas a cuidar la Madre Tierra y la vida de sus comunidades y se pronunciaron en favor de una agricultura sustentable, sin el uso de sustancias químicas que dañen a la Madre Tierra.

Las demandas políticas se centraron en el rechazo a los partidos políticos porque dividen a las comunidades y en la denuncia del Estado y del gobierno por su alianza con empresas extranjeras para lograr las reformas estructurales y su falta de atención a las demandas sociales de los pueblos indígenas y mestizos. Denunciaron la corrupción de los gobiernos municipales, porque se han vuelto clanes familiares y porque los recursos municipales son desviados a los partidos políticos o a los intereses particulares de los funcionarios públicos. Exigieron el retiro de las fuerzas armadas, ya que su presencia amenaza la tranquilidad de las comunidades. Se pronunciaron en favor de la refundación de la constitución política para que responda a las aspiraciones de justicia social y buen convivir de los pueblos. Demandaron nuevas prácticas políticas con gobiernos comunitarios que respondan a las necesidades de las comunidades. Reivindicaron, como pueblos indígenas, su derecho a la autonomía y al autogobierno.

Las demandas, que podríamos llamar ontológicas (^{Escobar 2014}), se enfocaron en exigir respeto a sus tradiciones, formas de vida, de organización y autonomía; respeto a las expresiones de su relación espiritual con la Madre Tierra; respeto a la vida de las comunidades y a las formas de vida que habitan en el territorio. Asimismo, se pronunciaron en pro de cuidar a la Madre Tierra y el territorio que recibieron de sus antepasados y heredarán a sus descendientes.

Los comunicados fueron también un llamado a la solidaridad entre pueblos y comunidades, exhortando a la defensa de la Madre Tierra y la unión para construir alternativas de vida digna.

La megaperegrinación del Modevite en 2016 recorrió más de 200 kilómetros; pasó por once municipios de Chiapas, durante doce días, desde Salto de Agua hasta San Cristóbal de las Casas; representó un esfuerzo significativo para visibilizar y enfrentar los retos que amenazan la vida y el territorio de las comunidades indígenas. Este evento permite estimar la relevancia que las peregrinaciones tienen como prueba de fuerza y arraigo del Modevite en las comunidades. Al mismo tiempo, logró poner en el centro del discurso la reivindicación del reconocimiento del derecho a la autonomía y al autogobierno.

Apuesta por la construcción de gobiernos comunitarios

Durante 2017, comunidades pertenecientes a los municipios de Chilón y Sitalá nombraron Concejos de Gobierno Comunitario y el 17 de noviembre presentaron una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas para que se reconociera su derecho a elegir autoridades mediante sus usos y costumbres. Esta solicitud, respaldada por alrededor de 16 000 firmas, fue un paso significativo en la lucha del Modevite, como lo expresaron en su comunicado:

Nuestra reivindicación se suma a la lucha de otros pueblos y comunidades que buscan el reconocimiento al derecho de libre determinación y autonomía. Así nos solidarizamos con las comunidades de Michoacán: Cherán, Santa Fe de la Laguna, Pichátaro, San Felipe de los Herreros; de Guerrero: Ayutla de los libres, San Luis Acatlán y Tecoanapa; y en nuestro Estado: Oxchuc y Tila. […] ¡No más partidos políticos! ¡No más gobiernos corruptos! Queremos libre determinación y armonía comunitaria.²⁰

El 20 de noviembre de 2017, Modevite organizó una peregrinación en las once parroquias y en el ejido La Candelaria, expresando su decidido apoyo al gobierno comunitario de Chilón y Sitalá. En un comunicado, el movimiento reafirmó su compromiso con la construcción de gobiernos comunitarios que promuevan la armonía social y la defensa de la Madre Tierra.

Como 2018 era un año electoral, los coordinadores del Modevite acordaron: trabajar para mantener la unidad en las comunidades y municipios; denunciar los abusos en el periodo electoral y rechazar la ley de seguridad interior, aprobada en diciembre de 2017 durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y continuar impulsando el gobierno comunitario en los municipios.

Entre marzo y abril de 2018, en toda la región de los diez municipios, miembros de las comunidades del Modevite colocaron letreros contra la ley de seguridad interior. Además de las peregrinaciones y los comunicados, los letreros públicos forman parte del repertorio de acción del movimiento para hacer visible su presencia en el territorio y socializar sus demandas.

En los meses previos a las elecciones federales de julio de 2018, después de una consulta a las comunidades, Modevite acordó, nuevamente, no participar en las elecciones. La decisión se tomó en el contexto de la falta de respuesta del IEPC de Chiapas, a la solicitud de Chilón y Sitalá de ejercer su derecho a elegir a sus autoridades por su sistema normativo propio. Aunque pidieron que no se instalaran casillas en estos municipios mientras no se resolviera su solicitud, las autoridades electorales ignoraron su petición (Mendoza Zárate y Galván García 2022).

Las elecciones federales del 1º de julio de 2018, a nivel federal, le dieron el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. En Chiapas también hubo elecciones locales, donde la Coalición Juntos Haremos Historia ganó la mayoría en el Congreso y obtuvo 59 presidencias municipales. El Modevite consideró las elecciones una farsa, pues en cada municipio el poder está en una misma familia o grupo político, que cambia de partido según le convenga para mantenerse en el poder.

El 9 de agosto de 2018, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Modevite organizó el Foro por la Libre Determinación y la Defensa del Territorio en Bachajón. Además de las comunidades tseltales, tsotsiles, cho’oles y mestizos de la región, llegaron personas de otras luchas: los purépechas de Michoacán, de San Felipe de los Herreros, Cherán Keri y abogados del Colectivo Emancipaciones. También se presentaron los miembros del Concejo de Gobierno de Oxchuc.

De acuerdo con el comunicado, exigieron respeto al derecho de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; declararon que la Asamblea y los Bienes Naturales son parte de su derecho comunitario. Pidieron al IEPC de Chiapas que garantizara que Chilón, Sitalá y Oxchuc ejercieran su derecho a elegir autoridades municipales según sus sistemas normativos, consagrado en la Constitución. También exigie ron que el gobierno federal modificara el artículo 115 Constitucional para reconocer los municipios indígenas y su derecho al autogobierno.²¹

Reconocimiento al Modevite por la defensa ambiental

El 13 de abril de 2019 se llevó a cabo la elección de autoridades bajo usos y costumbres en el municipio de Oxchuc. Por primera vez, en la historia de Chiapas, se hicieron elecciones municipales sin partidos políticos. Por su parte, Chilón y Sitalá seguían en la espera del estudio cultural y la consulta para elegir a sus autoridades con base en usos y costumbres.

Las demandas y movilizaciones del Modevite provocaron la reacción de algunos grupos políticos ligados a los presidentes municipales de la región, de lo que resultaron intimidación y amenazas contra sus miembros. Ante estos hechos, las comunidades que conforman el Modevite decidieron hacer una peregrinación a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado; se movilizaron más de 1 000 personas para manifestar su inconformidad:

En su comunicado denunciaron actos de violencia contra representantes del gobierno comunitario en Chilón, perpetrados por servidores del ayuntamiento en alianza con partidos políticos, quienes intentaban bloquear el derecho de los pueblos a la libre determinación. También denunciaron a las empresas mineras en Chicomuselo por amedrentar a las comunidades y lucrar con la pobreza para extraer minerales de la Madre Tierra²².

Ese año, el Modevite no sólo recibió calumnias, sino también el primer “Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2019” (^{Mandujano 2019}). Ese reconocimiento, otorgado por más de 35 organizaciones nacionales e internacionales en el Foro Defensa Ambiental en Chiapas, significó un reconocimiento a su lucha por la defensa y cuidado de la vida y del territorio en un contexto de adversidad política.

En 2020, las restricciones por la pandemia de la Covid-19 llevaron a los coordinadores del Modevite a suspender algunas reuniones, pero sin descuidar el fortalecimiento de la organización comunitaria. Como ha notado Zibechi, la principal acción colectiva de los pueblos en movimiento es “la re-construcción de su propio mundo” (^{Zibechi 2020, 13}). Se acordó que cada comunidad tomaría medidas ante la Covid-19 y rescataría la medicina tradicional herbolaria debido a la insuficiencia de las clínicas y la falta de medicamentos.

El 28 de noviembre de 2021, el ejido La Candelaria inició el proceso para el reconocimiento de su forma de gobierno comunitario, que denominaron jLumaltik Candelaria, ante el ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de las Casas y ante el Congreso del Estado de Chiapas.

Durante el 2022, el Modevite inició un proceso de reflexión y recuperación de su experiencia de lucha que concluyó con la celebración de los diez años de Modevite, el 25 y 26 de noviembre de 2023 en Ocosingo. Cientos de personas de las comunidades de los once municipios se congregaron para conmemorar el camino recorrido bajo el lema “Diez años en un solo corazón por la vida y el territorio”.²³

Después de este seguimiento a las acciones y argumentaciones del Modevite podemos entender que la autonomía que reivindican es el derecho de las comunidades indígenas a elegir a sus autoridades conforme a sus sistemas normativos propios, a la capacidad de autogobernar su vida comunitaria y a vivir su relación espiritual con la Madre Tierra.

Para el Modevite, autonomía también significa tener la facultad de rechazar los proyectos extractivistas y las políticas que consideran dañinas para su territorio, su cultura y sus formas de vida. La autonomía se convierte, entonces, en un medio para preservar su identidad colectiva y proteger los bienes comunes de su territorio, como expresión de su derecho a la libre determinación y su compromiso con el cuidado de la Madre Tierra.

Las batallas jurídicas por la autonomía y el autogobierno

Hemos recorrido algunos momentos destacados de la trayectoria del Modevite para señalar, a través de sus acciones y argumentaciones, el desplazamiento de una postura defensiva de la vida y el territorio a una posición reivindicativa de su derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno. Este desplazamiento no significó superar la primera demanda, sino integrarla en una propuesta más determinante como es la construcción de gobiernos comunitarios.

En retrospectiva, podemos observar que esta innovación política en su trayectoria es fruto, por un lado, de su crítica y desencanto de las políticas de gobierno tanto federal como local, que no responden a las necesidades y demandas de sus comunidades. Espe cíficamente, los partidos políticos y los gobiernos municipales han sido blanco de su crítica al acusarlos de corrupción y de favorecer los intereses políticos facciosos que ponen en riesgo la vida comunitaria en el territorio. Por otro lado, la relevancia que tuvo la construcción del gobierno comunal en el municipio de Cherán K’eri, reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2011, y la reivindicación de autogobiernos comunitarios en Michoacán, que después de una lucha jurídica y social lograron el derecho a la administración directa del presupuesto que les corresponde (^{Aragón Andrade 2023}). Han preferido esta autonomía sin ruptura que caracteriza a los procesos de autogobierno en Michoacán a la autonomía radical que han consolidado sus vecinos zapatistas, en franca ruptura con el sistema político mexicano.

Esta autonomía sin ruptura les permite mantenerse dentro el sistema político, aceptar sus normas, proceso e instituciones y, al mismo tiempo, reivindicar el derecho a la libre determinación para ejercer un régimen de autogobierno comunal. Esta decisión está condicionada, principalmente, por las necesidades comunitarias de salud pública y educación, además de los beneficios que obtienen de los programas sociales de gobierno.

Sin embargo, los procesos de autogobierno en Chiapas han sido arduos y prolongados, enfrentando obstáculos burocráticos, hostigamientos y dilaciones por parte de las autoridades electorales como ha sido el caso de Chilón y Sitalá, y los de jLumaltik Candelaria, comunidad que pertenece al municipio de San Cristóbal de las Casas.

En noviembre de 2017, comisionados de diversas comunidades tseltales de los municipios de Chilón y Sitalá solicitaron al IEPC en Chiapas la transición del régimen de elecciones por partidos políticos a uno basado en sus propios sistemas normativos para formar gobiernos comunitarios. El IEPC impuso requisitos excesivos para obstaculizar el proceso. Esto llevó a las comunidades a interponer juicios ante los tribunales correspondientes para proteger sus derechos polí tico-electorales. El resultado fue una sentencia del Tribunal Electoral que ordenó al IEPC darle continuidad a los trámites de la solicitud de los representantes de los gobiernos comunitarios de Chilón y Sitalá (^{Mendo za Zárate 2021}).

Para cumplir la sentencia, el IEPC determinó la elaboración de un estudio antropológico para verificar la existencia de un sistema normativo propio en las comunidades como requisito para una consulta pública a la población de los municipios de Chilón y Sitalá sobre el cambio de régimen de elecciones.

Durante el proceso, las comunidades enfrentaron hostigamientos y amenazas por parte de militantes partidistas y funcionarios municipales. En Chilón, el estudio antropológico fue interrumpido debido al secuestro de un antropólogo del INAH y funcionarios del IEPC, por personas vinculadas al ayuntamiento; en Sitalá todo el proceso quedó pendiente. A pesar de la entrega del peritaje confirmando la existencia de un sistema normativo en Chilón, el IEPC pospuso la consulta a las comunidades, argumentando la pandemia de la Covid-19 como razón para detener el proceso hasta después de las elecciones de 2021. Pasó la pandemia y las autoridades electorales continuaron priorizando las elecciones municipales bajo el sistema de partidos políticos como fue el caso de los comicios locales y federales de 2024.

A pesar de haber obtenido un fallo favorable del Tribunal Electoral, las comunidades de Chilón y Sitalá siguen esperando la implementación efectiva de la sentencia. La persistente postergación de sus derechos, bajo diversos pretextos, refleja una resistencia institucional a reconocer plenamente la autonomía indígena, perpetuando así la exclusión y marginación de estas comunidades en el marco político-electoral del estado de Chiapas.

A su vez, la comunidad de jLumaltik Candelaria, parte activa también del Modevite, decidió en asam blea, en noviembre de 2021, emprender sus propias acciones legales, ensayando otras vías, para el reconocimiento de su gobierno comunitario.

La comunidad presentó solicitudes al gobierno municipal y al Congreso del Estado, demandando el reconocimiento de jLumaltik Candelaria y la transferencia de una parte proporcional del presupuesto municipal. Ante la falta de respuesta, se vieron obligados a interponer amparos con el acompañamiento de académicos del Colectivo Emancipaciones de Michoacán y de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Al final, tras una serie de diálogos, el cabildo municipal de San Cristóbal de las Casas reconoció el auto gobierno de la comunidad de jLumaltik Candelaria y acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas la transferencia de recursos económicos proporcionales del presupuesto municipal el 1º de abril de 2024. Hasta el momento de concluir este artículo, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se manifestó “imposibilitada jurídica y materialmente para dar cumplimiento a dicha petición”²⁴.

En Chiapas, el camino de la autonomía y el auto gobierno de los pueblos indígenas aún enfrenta numerosos obstáculos debido a la falta de leyes secundarias y procedimientos claros. Como desde hace dos décadas lo ha advertido Araceli Burguete: “mientras la construcción autonómica en Chiapas continúe realizándose por la vía de facto y no en el marco de un régimen autonómico de jure, ésta tendrá siempre los desafíos del desgaste y la confrontación interna, que han provocado que las regiones indígenas de Chiapas sean hoy día un mosaico de conflictos internos” (^{Burguete Cal y Mayor 2005, 241}).

En efecto, las comunidades indígenas, siguen ejerciendo una autonomía de facto a través de la organización comunitaria; del sistema de cargos civiles y religiosos además de las asambleas comunitarias. Esta autonomía, aunque sea relativa, sostiene la su pervivencia de las comunidades en situaciones de marginalidad a través de sus prácticas comunitarias de trabajo, alimentación y salud; de la transmisión de co nocimientos y habilidades para la vida y la resolución de conflictos. Se trata de un régimen de autogobierno comunal que ha aprendido a coexistir en resistencia con el régimen de gobierno republicano federal. Las prácticas autonómicas y de autogobierno que coexisten dentro del Estado nacional exigen una transformación del Estado nacional pluricultural, que ya reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a una estatalidad intercultural, que reco nozca con pleno derecho la existencia de sistemas constitucionales indígenas y de autogobierno comunal (^{Aragón Andrade 2021}). Esto implicaría responder a las demandas de políticas que tomen en cuenta de manera efectiva la participación de las comunidades en las decisiones que afectan su vida colectiva; un marco legal intercultural con leyes, normas y procedimientos, en el ámbito federal, estatal y local, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, autonomía y autogobierno; la implementación de una educación intercultural que promueva la recuperación de los saberes y prácticas culturales que han permitido sobrevivir a los pueblos indígenas. Desde esta perspectiva, para las comunidades en movimiento que integran el Modevite, una estatalidad intercultural que respete la libre determina ción, autonomía y autogobierno es una condición para garantizar la defensa y el cuidado de la tierra y el territorio.

Conclusión

A través de un seguimiento de las acciones y argumentaciones públicas del Modevite hemos trazado su trayectoria de lucha por la defensa del territorio a una reivindicación de la autonomía y el autogobierno. Esta pragmática de transformación se dio de manera procesual, en la medida en que las comunidades fueron reconociendo que los problemas de despojo y extractivismo no podían ser enfrentados sólo desde la resistencia a megaproyectos específicos, sino que requería una reflexión y acción más profunda sobre las causas estructurales de estos problemas.

Las comunidades se dieron cuenta de que el sistema de partidos políticos y las estructuras de poder del Estado no representaban sus intereses, pues estas instituciones promovían la implementación de los megaproyectos y desatendían las necesidades comunitarias. La influencia negativa del sistema partidista, que dividía a las comunidades y favorecía intereses externos, llevó al Modevite a enfocarse en la construcción de alternativas basadas en sus sistemas normativos propios.

El trabajo político del Modevite culminó en una demanda explícita de autonomía y autogobierno, como medio para ejercer su derecho a la libre determinación. La solicitud ante el IEPC de elección por el sistema normativo propio de las comunidades tseltales de Chilón y Sitalá; así como la demanda de la parte proporcional del presupuesto municipal para ejercer el autogobierno en la comunidad tsotsil de jLumaltik Candelaria siguen sin resolverse. Al reivindicar la autonomía, el Modevite busca recuperar el control sobre las decisiones que afectan directamente su vida y territorio, alejándose del sistema político partidista y promoviendo gobiernos comunitarios. Esta transición fue posible gracias al fortalecimiento de sus estructuras organizativas internas y a una visión más integral que conectaba la defensa territorial con la autodeterminación política y cultural. Como ha podido constatarse a través de su repertorio de acción y argumentación, la relación espiritual y ontológica con la Madre Tierra ha sido clave en esta transformación, ya que las comunidades no ven el territorio como un recurso a proteger, sino como la base de su existencia, identidad y autonomía.