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INTRODUCCIÓN
El desplazamiento forzado interno por violencia es un fenómeno cada vez más presente en México. Si bien no existen cifras oficiales sobre su magnitud, cálculos independientes hablan de más de 400 000 personas que han tenido que dejar sus comunidades huyendo de la violencia (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [CMDPDH], 2022; Internal Displacement Monitoring Centre, 2024), mientras que indicadores de encuestas nacionales señalan que poco más de 900 000 personas han abandonado sus hogares por la inseguridad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021). Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas y Zacatecas son los estados donde se ha reconocido la mayor gravedad del fenómeno en los últimos cinco años (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2022; CMDPDH, 2022), al tiempo que las poblaciones rurales e indígenas, y las mujeres, niños y niñas sufren afectaciones diferenciadas tanto en los lugares de expulsión como en los de recepción.
Los organismos internacionales que establecen directrices para que los Estados atiendan el desplazamiento forzado como una grave violación de derechos humanos plantean que el retorno estable, seguro y duradero es una condición necesaria para garantizar procesos de reparación (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1998). En medio de un contexto de violencias constantes, generado por las políticas de «guerra contra las drogas», de fuertes disputas entre organizaciones delincuenciales y una creciente militarización de la seguridad pública, la pregunta por las posibilidades o imposibilidades del retorno se vuelve, entonces, fundamental.
En México, la literatura académica ha abordado las causas del desplazamiento forzado interno, destacando la relación entre la militarización y el aumento de su incidencia en todo el país (Durin, 2019; Pérez y Castillo, 2019; Rubio Díaz-Leal, 2014; Salazar y Álvarez Lobato, 2018), particularmente alta en regiones con desarrollo de megaproyectos mineros o agroindustriales estratégicos (Argüello Cabrera, 2022; Bastian Duarte y García Beltrán, 2024; Hernández Soc, 2019; Iglesias Nieto y Gaussens, 2022; Muñoz et al., 2022), el accionar de organizaciones delictivas, que afecta especialmente a poblaciones indígenas y a las mujeres (Argüello Cabrera, 2024; De Marinis, 2019; Giménez Delgado, 2021; Navarro-López, 2024; Vázquez García et al., 2023), así como su vinculación con otras violencias como los homicidios y las desapariciones (Argüello Cabrera, 2024; Durin, 2024; López y Linares Sánchez, 2024; Querales-Mendoza, 2020).
Igualmente, se han documentado las trayectorias de poblaciones desplazadas que se concentran en zonas de inmovilidad forzada en la amplia frontera norte con Estados Unidos (Borzacchiello et al., 2022; Silva Hernández y Alfaro Trujillo, 2021), las respuestas asistencialistas de las instituciones (Díaz Vanegas y Monsiváis Carrillo, 2022; López, 2023a), y se ha profundizado en el uso de datos estadísticos que permitan construir indicadores aproximados para medir la dimensión del fenómeno y los circuitos de movilidad (Muro Aréchiga y Rodríguez Chávez, 2022; Rodríguez, 2022).
Por otra parte, en la literatura de las migraciones internacionales el problema del retorno voluntario o forzado ha sido ampliamente tratado, problematizándolo desde dimensiones como la reinserción laboral, social y cultural, sus implicaciones en términos de desarrollo de las comunidades, así como parte de trayectorias de vidas migrantes (Rivera Sánchez, 2019). En Colombia, se ha avanzado en el estudio de los procesos de retorno, especialmente en momentos transicionales se ha preguntado por sus razones e impactos económicos, las maneras como reestructura la relación con el territorio, las políticas públicas, la narración y experiencia de quienes tratan de sobreponerse al desplazamiento, entre otros (Garzón-Martínez, 2011, 2014, 2021; Ibáñez Londoño, 2010).
Aunque la literatura sobre desplazamiento forzado interno (en adelante DFI) en México ha crecido de manera significativa, aún existe un vacío respecto al estudio de las posibilidades e imposibilidades del retorno. Si el DFI responde a un acumulado de violencias (Argüello Cabrera, 2024; Durin, 2024; López y Linares Sánchez, 2024), la movilidad forzada constituye solo un momento dentro proceso más amplio; desde esta perspectiva, las condiciones de retorno deben entenderse como parte integral del fenómeno y no como una etapa separada. En zonas rurales donde se presentan enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales, el DFI se manifiesta de diferentes formas y con diversas temporalidades de no retorno, retornos intermitentes, parciales o totales. Por ello, está abierta la pregunta sobre las implicaciones que tienen para las comunidades rurales, las vidas familiares e individuales, el haber experimentado violencias que derivaron en episodios de DFI y la forma como estas marcan los procesos de retorno.
En el presente artículo se analizan dos casos de comunidades rurales del suroccidente de Zacatecas que sufrieron episodios de DFI masivos entre 2020 y 2023, con procesos diferenciados de retorno: retorno estable y casi total (El Durazno, Jerez), y retorno intermitente y no retorno (Juanchorrey, Tepetongo). La metodología se desarrolla a partir de un diseño cualitativo de análisisde casos comparados, seleccionando dos comunidades en una zona geográfica con condiciones socioeconómicas similares. Los procesos de desplazamiento y retorno se reconstruyeron a partir de tres momentos: 1) violencia y episodios de DFI; 2) experiencias de la comunidad; 3) formas de retorno. Para analizar la relación del DFI por violencia y las (im)posibilidades del retorno, se plantea una vinculación teórica entre el DFI como violencia aleccionadora que hace parte de las disputas armadas por los territorios y sus efectos sobre las personas y las comunidades.
El argumento principal es que el DFI se configura a partir de acumulados de violencia que van más allá del episodio de movilidad, los cuales quedan marcados en las personas y comunidades como violencia aleccionadora, teniendo impactos en las decisiones y experiencias de retorno una vez que las condiciones de seguridad lo permiten. Se plantea que la experiencia del DFI persiste como una marca de miedo y terror en aquellos lugares donde se da el retorno, expresando su inestabilidad ante la amenaza latente de nuevas explosiones de violencia y ante la falta de atención integral por parte del Estado para reparar las afectaciones que caracterizan los episodios de DFI por violencia.
Desplazamiento forzado interno por violencia y retorno: coordenadas teóricas
El DFI por violencia en México aumentó bajo el marco de la política de «guerra contra las drogas» impulsada desde el año 2006, donde diferentes actores armados (organizaciones de delincuencia organizada, militares, grupos paramilitares) disputan la presencia y dominio sobre territorios estratégicos (Durin, 2019; Rubio Díaz-Leal, 2014; Salazar y Álvarez Lobato, 2018). En muchas zonas rurales la población se encuentra inscrita en circuitos violentos, que terminan configurando episodios de desplazamiento masivo o individuales-familiares, pues los territorios que habitan tienen rasgos valiosos para diferentes actores. En este sentido, se ha documentado que la militarización y los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales (denominados carteles) han detonado desplazamientos masivos en estados como Chiapas, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa o Michoacán (Argüello Cabrera, 2024; Giménez Delgado, 2021; Hernández Soc, 2024; López, 2023a; López López, 2020; Navarro-López, 2024).
Los desplazamientos pueden estar asociados al control de zonas donde la población es despojada y expulsada para el desarrollo de megaproyectos, pero también pueden estar vinculados a copamientos territoriales para la extracción de otras rentas, como son la producción y circulación de drogas, la trata de personas (mujeres para esclavitud sexual, tráfico de migrantes, reclutamiento forzado), el cobro de piso o el control de carreteras. También, se presentan escenificaciones de guerras, donde organizaciones armadas, con diferentes estructuras y mandos, hacen parte de redes de criminalidad político-económica mientras se mantiene la impunidad estatal.
La clasificación de los actores delictivos es compleja y está atravesada por discusiones conceptuales, cuya contrastación empírica es difícil dada la naturaleza del fenómeno. En consecuencia, se cuestiona tanto la noción homogeneizadora de los carteles como la explicación que reduce el accionar de los grupos criminales al narcotráfico como único motor de sus actividades. Diversas investigaciones han mostrado que las formas de actuación e interdependencia entre grupos delictivos y redes de criminalidad político-económica establecen gobernanzas violentas en los territorios, donde la economía política de los mercados legales e ilegales se sobrepone constantemente (Alvarado, 2019; Astorga Almanza, 2023; Correa-Cabrera, 2018; De Marinis y Fuentes Diaz, 2023; Duncan, 2014). Como plantea Cantor (2014), los grupos delictivos, como causantes del DFI, pueden serlo bien en su actuar cotidiano de imposición de reglas y normas, o en coyunturas de implosión de disputas y enfrentamientos, cuando emergen cambios en las formas de cooperación y competencia.
La población civil en zonas rurales debe adaptarse y convivir con la presencia de actores armados irregulares que cotidianamente imponen formas de control, lealtad y orden (De Marinis y Fuentes Diaz, 2023; Duncan, 2014; Hernández Soc, 2024),2 pero cuando se rompen las relaciones establecidas por parte de otras organizaciones delincuenciales o militares, las disputas armadas vienen de la mano con violencias directas sobre la población (Trejo y Ley, 2021). Como conceptualizó la socióloga María Teresa Uribe de Hincapié (2000) para el caso colombiano, dado que la población civil rural está inmersa en territorios que pueden ser estratégicos, se convierten «en enemigos potenciales de todos los actores armados –incluido el gobierno–, quienes reclamarán para sí obediencia y lealtad absolutas, sin que ello signifique, necesariamente, que tal lealtad entrañe protección frente a los demás» (p. 59). De manera consecuente,
los desplazados terminan por ser liminales, por estar situados en esa zona gris donde convergen y se complican diversos órdenes políticos en disputa, donde algún gesto hacia uno de los actores, hasta el más irrelevante, los puede convertir en objetivos a liquidar o a desplazar. (Uribe de Hincapié, 2000, p. 59)
Investigaciones en México plantean el concepto de acumulado de violencias para definir el DFI como parte de una concatenación de violencias estructurales (marginación, exclusión, de género), simbólicas (estigmatización, criminalización) y físicas (amenazas, extorsiones, asesinatos, masacres, tortura, desapariciones). En zonas rurales marcadas por la militarización y la presencia de organizaciones delictivas, estos acumulados de violencias están presentes e implican analizar el desplazamiento más allá del momento de la movilidad forzada (Argüello Cabrera, 2024; Durin, 2024; Querales-Mendoza, 2020, 2024).
El acumulado de violencias se refuerza con el carácter expresivo y aleccionador de la violencia física, ejercido sobre los cuerpos y los objetos (Blair, 2010; Reguillo, 2021; Uribe de Hincapié, 2000), el cual marca la experiencia en la vida de las personas (Blair, 2010). Cuando la violencia extrema se aplica de manera visible y cruel, tiene un sentido comunicativo en cuanto busca aleccionar sobre el ejercicio del poder (Segato, 2014, 2018). Las amenazas, extorsiones, asesinatos, masacres, violaciones, torturas, desapariciones, entre otro tipo de vejámenes que se ejecutan en zonas rurales y comunidades con pocos habitantes, se convierten en una experiencia individual y colectiva de violencia aleccionadora muy intensa (Reguillo, 2021; Segato, 2018). De allí que
los climas de miedo pueden llegar a convertirse en terror, un sentimiento colectivo suficientemente eficaz para que una orden de desalojo, una amenaza indiscriminada pintada sobre las paredes, un rumor difundido por los vecinos o un mensaje anónimo, produzcan éxodos aluviales y colectivos, así como para que induzcan en los desplazados estrategias de ocultamiento e invisibilización en los sitios de llegada. (Uribe de Hincapié, 2000, p. 67)
Estas múltiples violencias dan forma a geografías de terror (Oslender, 2007, 2018), pues la población vive en la contingencia de las disputas armadas, con impactos diferenciados en los niños, niñas y mujeres (De Marinis, 2019). Por eso en los procesos de retorno estas experiencias de violencia aleccionadora y paisajes de terror están siempre presentes:
aunque después de un tiempo de haber huido de sus tierras los habitantes frecuentemente regresan a sus casas, la experiencia del terror continúa en la gente, y el sentido de terror producido queda impreso en los nuevos paisajes de miedo. (Oslender, 2018, p. 80)
Aquí se plantea el vínculo entre el tipo de violencia que implica el desplazamiento forzado interno y las (im)posibilidades del retorno. Cuando el DFI se presenta en zonas donde están en disputa circuitos de producción y circulación de drogas, extorsión y trata de personas (migrantes y reclutamiento forzado), las poblaciones pueden encontrar condiciones de retorno cuando los picos de los enfrentamientos disminuyen, bien sea por la instauración de nuevos equilibrios entre actores armados o bien por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Por esa razón, este tipo de desplazamiento puede ser más corto o intermitente, si se compara con aquel donde el despojo de la propiedad de la tierra es el motor principal y lo que se busca es un «vaciamiento total» del territorio. Sin embargo, no todas las personas regresan tras estos episodios de desplazamiento, y quienes regresan lo hacen en condiciones donde puede haber represalias o dificultades para adaptarse nuevamente a la vida tras eventos altamente traumáticos.
El retorno implica movilidad individual, familiar o colectiva hacia los lugares y comunidades de donde tuvieron que huir, buscando restablecer la vida. Según la temporalidad, los retornos pueden ser intermitentes, temporales o duraderos, mientras que según la población pueden ser parciales o totales. En el retorno las personas se enfrentan a «las marcas de la guerra […] como marcas físicas (en los objetos) y mentales (en las sensaciones y recuerdos con miedo)» (Uribe de Hincapié, 2000, p. 67); por ello, las posibilidades de retorno siempre están atravesadas por el recuerdo (Garzón-Martínez, 2014) y el reto de «readaptar» la vida tras experiencias traumáticas individuales y colectivas (Bello, 2005; Oslender, 2007), siendo las violencias parte del proceso que va más allá del huir.
METODOLOGÍA
El acercamiento a la experiencia contextualizada de los sujetos permite reconstruir analíticamente los vínculos entre las violencias que configuran el desplazamiento forzado interno y las (im)posibilidades del retorno. La investigación aborda dos casos de comunidades del suroccidente de Zacatecas que sufrieron episodios de DFI entre 2020 y 2023 (ver cuadro 1), y que con diferentes temporalidades han tenido dinámicas de retorno estable-casi total (El Durazno, Jerez) y retorno intermitente-parcial (Juanchorrey, Tepetongo).
Cuadro 1. Características de los casos de estudio
| Localidad/municipio | Habitantes | Principal episodio de DFI masivo |
Temporalidades y formas de retorno |
|---|---|---|---|
| El Durazno, Jerez | Más de 500 | 2023 (abandono de toda la comunidad) |
Retorno estable y casi total |
| Juanchorrey, Tepetongo | Más de 250 | 2021 (abandono de toda la comunidad) |
Retorno intermitente y parcial |
Fuente: Elaboración propia con base en el diseño metodológico.
Se sigue una lógica de análisis de casos comparados (Della Porta, 2013; Ragin, 2007), que comparten como características comunes: a) ser comunidades rurales dedicadas a la agricultura y ganadería a pequeña escala; b) ser localidades de histórica expulsión migratoria con dinámicas de despoblamiento, y c) estar ubicadas en el inicio de la Sierra Madre Occidental, como un corredor estratégico para la economía de las drogas y la trata de personas. En los dos casos, el principal detonante del DFI fueron enfrentamientos entre el denominado cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Sinaloa, que junto a la respuesta estatal y militar selectiva escenificaron más de tres años de guerra indiscriminada. Las experiencias del DFI estuvieron marcadas por similitudes en el tipo de violencia experimentada en la población y las movilidades de huida, y diferencias en las formas y temporalidades de retorno. Como recuerda Della Porta,
la lógica basada en casos tiende a explorar la diversidad mediante sólidas descripciones de uno o de un pequeño número de casos, a menudo comparados en diversas dimensiones. Esto significa que unos pocos casos se analizan partiendo de un amplio número de características. (2013, p. 221)
Por ello, se reconstruyen narrativamente los procesos de desplazamiento basado a partir de tres momentos comunes: 1) violencia y episodios de DFI; 2) experiencias de la comunidad; 3) formas de retorno. Estos momentos son analizados a partir de las implicaciones y experiencias de las violencias en el territorio y los habitantes (ver figura 1).
Fuente: Elaboración propia con base en el diseño metodológico.
Figura 1. Momentos de análisis de cada caso
La metodología aplicada es de carácter cualitativo, basada en trabajo de campo en la región con diversas visitas entre 2021 y 2024, triangulando información recolectada a través de observación, recopilación de prensa, documentos oficiales y entrevistas a profundidad con diez personas que vivieron los episodios de desplazamiento forzado, más tres periodistas locales. Las entrevistas buscaron reconstruir las experiencias y vivencias a partir de las temporalidades delineadas, y en dos casos se pudieron realizar dobles entrevistas, como estrategia de seguimiento de la trayectoria (siendo la primera entrevista luego de los episodios de DFI y la segunda en medio de los retornos a las comunidades).
El trabajo de campo en contextos violentos presenta diversos retos que obligan a modificar las estrategias de investigación de acuerdo con las posibilidades de acceso y disposición de la población. Un desafío importante en este tipo de investigaciones es superar la desconfianza que suelen tener las personas desplazadas para compartir su experiencia, dada la situación vulnerable en la que se encuentran. Por ello se establecieron vínculos previos con periodistas expertos en el cubrimiento de la región, así como con maestras de las escuelas primarias de las comunidades, quienes tienen un conocimiento profundo de las situaciones, las familias y los lazos que las unen a los territorios. Su intermediación permitió estar en zonas que no se conocían previamente, pero especialmente dio una señal positiva de confianza a los habitantes, pues reconocían en ellos a personas sensibles con las experiencias que habían vivido. Una vez presente, luego de diversos diálogos informales con las personas de la zona, se establecieron relaciones de confianza.
La falta de atención pública del problema también es un factor de riesgo, dificultando aún más que las víctimas sientan seguridad para hablar de sus experiencias, pues no tener claridad sobre «¿por qué pasó lo que pasó?» genera muchas veces una sensación revictimizadora y de culpa por lo sucedido. Por ello, siguiendo un enfoque ético, se decidió no orientar el diálogo en las entrevistas, respetando la disposición de las personas a narrar las experiencias vividas desde su libre exposición. Por cuestiones de seguridad se mantiene el anonimato de las personas entrevistadas y los detalles de la observación, tratando de dar la menor información posible que pueda comprometer a los involucrados.
Zacatecas: territorio minero y de economías ilícitas
Zacatecas es un estado históricamente expulsor de población a manera de migración internacional. Con poco más de 1 600 000 habitantes, se calcula que la misma cantidad de personas de origen zacatecano residen en Estados Unidos. Esto responde a las condiciones socioeconómicas de alta marginalidad y pobreza, con un desarrollo regional orientado al megaextractivismo, baja tecnificación de la economía rural y limitadas condiciones de generación de empleo (Márquez et al., 2012). Dicha tendencia contrasta, paradójicamente, con los grandes negocios que realizan las mineras transnacionales, siendo la entidad el principal productor y exportador de oro, zinc, plata, y cobre, teniendo también la mina a cielo abierto más grande de América Latina y más del 30 por ciento de su territorio concesionado para la explotación en una zona de alto estrés hídrico. De la mano de estas condiciones estructurales, Zacatecas ha estado inmerso en los circuitos de las economías ilegales de las drogas por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX.
Desde mediados de la década de 1970 se tienen registros de grandes hectáreas de siembra de marihuana y amapola, que se hicieron públicas tras operaciones como la «operación comando» en 1963 (Astorga Almanza, 2016, p. 129), o la expansión de sembradíos tras la reestructuración del denominado cartel de Guadalajara de Jalisco en la década de 1980. En esta ampliación fueron claves los agentes de la entonces Dirección Federal de Seguridad para permitir la producción y transporte (Smith, 2022), incluso llegando a llamar comúnmente a las zonas de trabajo jornalero en los sembradíos como «el norte chiquito» (Smith, 2022, p. 356).
La expansión de estas actividades ilícitas se explica, en buena medida, por la ubicación estratégica del estado, que conecta a Jalisco con Durango, Sinaloa y Chihuahua, a través del inicio de la Sierra Madre Occidental, con amplias extensiones de tierras despobladas (octavo estado más despoblado del país y uno de los de mayor extensión territorial). Las poblaciones rurales en Zacatecas son pequeñas y dispersas, y en 2010 ocupó el sexto lugar nacional con mayor población que vive en localidades con menos de 2 500 habitantes (Padilla y Torres, 2014). Dentro de esta estructura, la población campesina es marginal, funge como mano de obra barata y generadora de bienes baratos.
A la par que la orientación económica del estado se enfocó en la megaminería, la economía ilegal de las drogas siguió extendiéndose y, con ello, las redes de interdependencia y regulación político-criminal en todo el territorio. En Zacatecas el punto de quiebre de los equilibrios logrados entre estructuras «criminales» y políticas se dio durante el gobierno de Amalia García del PRD (2004-2010); hacia el final de su mandato se presentaron diversos hechos de violencia muy visibles (como el atentado que sufrió la propia gobernadora o la fuga masiva de presos en Cienaguillas), y durante el período se habla de la consolidación en el territorio de brazos armados de los Zetas (Trejo y Ley, 2021; Valadez Rodríguez, 2021).
Zacatecas fue la décima entidad de México con más hectáreas sembradas destruidas entre los años 2007 y 2015, con un acumulado de 1 120 hectáreas (42 de adormidera y 77 de marihuana). Esta producción se concentra en la zona de límites con Jalisco y Durango: los cultivos de opiáceos en la «sierra húmeda» de Valparaíso, Jiménez del Teúl y Tlaltenango; mientras que los cultivos de marihuana se ubican en los municipios de Tlaltenango, García de la Cadena, Teúl de González Ortega, Tepechitlán, Florencia de Benito Juárez, Mezquital del Oro, Jiménez del Teúl, Valparaíso (Valadez Rodríguez, 2018). Justamente esta subregión es la zona donde se dieron los episodios más intensos de DFI entre 2020 y 2023.
El incremento de las disputas armadas no se dio solo por la producción, sino también por la ubicación estratégica de la entidad para el trasiego de drogas y el tráfico de personas (Valadez Rodríguez, 2021). El crecimiento constante de homicidios dolosos se intensificó desde el año 2015, siendo 2021 (1 134) y 2022 (978) los más violentos en este rubro; a nivel nacional pasó de estar por debajo de la media nacional de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, a tener una tasa de 67.58 en 2021, la segunda más alta de todo el país. Las dinámicas de violencia se agudizaron durante el gobierno de Alejandro Tello (2016-2021) y los primeros años de gobierno de David Monreal (2021-2026), y con relación a la desaparición de personas, el crecimiento ha sido igualmente claro, siendo 2021 y 2023 años con los mayores reportes de personas desaparecidas y no localizadas en la historia del estado (López, 2023b).
Las escenas de violencia expresivas aumentaron en todo el territorio, donde las masacres, desapariciones, restos de cuerpos abandonados y la toma de carreteras configuraron un escenario de terror sin precedentes (López, 2023b). Uno de los factores asociados con la radicalización de las disputas en este territorio está vinculado con las adecuaciones del mercado internacional de las drogas y el nuevo peso de la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas, de las cuales hay reportes de decomiso en el estado desde el año 2019.
Para Guerrero (2021), la intensificación de las violencias responde, entonces, a una creciente fragmentación de las organizaciones armadas, con presencia en el estado de los carteles del Golfo, Sinaloa, Noreste, CJNG y Los Talibanes, siendo especialmente cruenta la disputa entre el CJNG y el cartel de Sinaloa. Tan sólo el 25 de junio de 2021 se reportó un enfrentamiento entre grupos armados de estos carteles en el municipio de Valparaíso, en la comunidad de San Juan Capistrano, con un saldo de por lo menos 35 personas muertas y con presencia tardía de autoridades y militares. Esta comunidad de la zona sur, frontera con Jalisco, abre el camino hacia la Sierra Madre Occidental (Redacción Ríodoce, 2021), y como producto de esta masacre se dio el desplazamiento temporal de los habitantes de la comunidad.
El 24 de noviembre de 2022, cuando el gobierno estatal de David Monreal anunciaba el primer año del Plan Zacatecas II, con el que se duplicó la presencia de fuerzas militares en el estado, se dio el asesinato del primer general de la Guardia Nacional en medio de un operativo realizado en el municipio de Pinos (frontera sur con San Luis Potosí). El informe oficial señaló la presunta responsabilidad del CJNG. Este hecho se sumó a los más de 50 asesinatos de agentes de fuerzas de seguridad del estado durante 2022. La respuesta inmediata fue, nuevamente, el arribo de más de 430 militares, acompañando a los miles de agentes asentados en el estado, si bien para septiembre de 2023 ya habían sido asesinados 24 policías en lo transcurrido de dicho año. Según el último reporte del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, para 2023 Zacatecas es el cuarto estado con mayor presencia de militares en términos proporcionales a su población, superando la presencia de fuerzas policiales.
Dos casos de desplazamiento forzado por violencia y retorno
En este contexto de intensas disputas armadas, donde participan grupos delictivos y hubo una respuesta selectiva por parte del Estado, orientada a la militarización de los territorios, se presentaron los episodios masivos de desplazamiento forzado entre 2020 y 2023, concentrados en la zona sur de Zacatecas (López, 2023a; López y Linares Sánchez, 2024). Según las propias cifras oficiales, se estima que un aproximado de 10 000 personas fueron desplazadas forzadamente de comunidades rurales, y para finales de 2024 el gobierno estatal hablaba de un «exitoso retorno» de las comunidades. A continuación, se describe el proceso de desplazamiento forzado-retorno en las dos comunidades estudiadas.
El Durazno, Jerez: «no creímos que se fueran a atrever a tanto»
El Durazno es una pequeña comunidad rural ubicada 10 km al norte de la cabecera municipal de Jerez de García Salinas. Con una población estimada de aproximadamente 500 habitantes, tiene una orientación de agricultura familiar a pequeña escala, con cultivo de durazno,3 maíz y forrajes, junto con pequeña ganadería. Una de sus particularidades es un buen acceso a agua, con varios pozos de riego que permiten la agricultura, un recurso preciado en un estado que sufre altos niveles de estrés hídrico.
El principal episodio de desplazamiento forzado masivo de la comunidad de El Durazno ocurrió en noviembre de 2022, dos años después de que iniciaran los eventos de desplazamiento más impactantes en el estado, por lo cual en cierta medida la comunidad ya reconocía la «existencia» de dicho fenómeno. El DFI se detonó luego de un acumulado de violencias en la localidad y de estrategias de presencia y orden de grupos armados. Según los testimonios de los habitantes, desde el año 2021 había crecido la presencia de personas a quienes denominan «los muchachos», que empezaron a entrar a la comunidad, paulatinamente llegaban a las tiendas y hacían preguntas por habitantes o cuestiones de la localidad.
En sus narraciones los habitantes dicen que dudaron desde el inicio que pudiera pasar algo grave, como lo que ya había pasado en Palmas Altas o Sarabia, según la persona entrevistada «E1»: «estamos cerca de Jerez (cabecera municipal), no creíamos que se fueran a atrever a algo». Sin embargo, gradualmente «los muchachos» comenzaron a instalarse en tres casas desocupadas de la localidad en puntos clave de acceso, algo propio de las estrategias de intimidación en la vida cotidiana que caracteriza la presencia de grupos delictivos en las geografías de terror (Cantor, 2014).
Al crecer la incertidumbre por la presencia de las personas armadas y cada vez más inquisitivas en la localidad, se filtró la información de que algunos pobladores hicieron denuncias ante las autoridades municipales. En una poco habitual respuesta inmediata de las autoridades, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército intervinieron la localidad el 4 de noviembre de 2022, deteniendo a 16 personas y liberando a otras tantas que aparentemente estaban secuestradas (Covarrubias, 2022). A pesar de que el operativo se presentó como un éxito por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, las fuerzas de seguridad abandonaron por completo la comunidad al día siguiente, momento en que, según la persona entrevistada E1,
viene la represalia de los muchachos […] Ya luego fue el sábado, y el domingo pasan dos muchachos en moto y amenazando: «¡Esto no se va a quedar así! Vamos a investigar quién denunció, quién hizo la llamada telefónica y quién es. Vamos a venir y no se la van a acabar».
Poco más de 10 días después de los operativos se reinstalaron nuevamente los grupos armados en la localidad ejerciendo violencia generalizada sobre toda la población, desapareciendo a mujeres,4 asesinando a tres personas, y explotando granadas contra varias fachadas de las casas (García, 2022; Ortiz, 2022). En las entrevistas con los habitantes que experimentaron los episodios de violencia quedan claras las marcas dolorosas de los hechos, pues aparecen en todos los casos con un recuerdo con angustia, miedo y tristeza. La violencia fue aleccionadora, pues fue desmedida y ejercida con saña; incluso una de las víctimas recibió 18 disparos, e iniciaron una serie de enfrentamientos armados donde la población quedó a merced de los grupos delincuenciales, teniendo que restringir su movilidad y paralizando todas las actividades. En estos paisajes de terror también aparecían letreros amenazantes por parte de los grupos armados, y las amenazas e intimidaciones eran públicas (E1):
pasaban en una moto dando balazos: «¡Ahora sí se los cargó! ¡Van a ver! ¡Y no se la van a acabar! ¡Ahora sí abran todas las casas y mátenlos a todos!» Pasan hasta arriba del rancho y luego regresan y ya se meten en camionetas. Y empiezan a disparar a quien estaba en la calle, para suerte estaba ya medio oscureciendo y la gente como que teníamos ese presentimiento, pero nos confiamos demasiado.
Estas violencias expresivas y aleccionadoras contra las personas y los objetos detonaron el desplazamiento masivo, y todos los habitantes de la localidad decidieron abandonar El Durazno el mismo noviembre de 2022 rumbo al casco municipal de Jerez y posteriormente otras rutas. La falta de respuesta de las autoridades generó incertidumbre, a decir de la persona entrevistada «E2»: «Se queda uno como en la nube pensando bueno pues, ¿qué hicimos o qué? Y era increíble: la gente, mis tías, alguna tía, algunos vecinos, gente de 80 años diciendo ‘te encargamos el rancho’». Ante la situación, los habitantes huyeron de la localidad para resguardar sus vidas, y trataron de tranquilizarse colectivamente diciendo que las personas armadas no los querían a ellos, sino que querían a la comunidad, su agua y las carreteras, como lo refirió la persona entrevistada «E3»:
quieren el pedazo de tierra y ya la gente intuía por qué; salidas por todos lados, Santa Rita, el Durazno o Lozano cualquier calle que salgas, salidas para todos lados parece la rosa de los vientos, ¿no? Para la sierra, para el sur, terracerías hasta tres o cuatro brechas muy buenas entre los barbechos para todos lados. El río Santa Rita, San Nicolás y no se diga todo el norte. Lozano, Fresnillo, Palmas Altas, todo eso y aquí la parte ésta. Hay brechas que van del Durazno y llegan a Sierra de Cardos. Se conectan aquí con el Porvenir con el ranchito.
La huida ocurrió sin documentos ni pertenencias, y estuvo acompañada por escenas de angustia y «mucha gente llorando». En estas condiciones, el desplazamiento se convirtió en una estrategia de supervivencia en la que, como expresa los entrevistados, «te llevas nada más que la vida». Dado que el DFI se dio luego de varias semanas de violencia intensa en la localidad y sin respuestas del gobierno, «como si estuvieran dejando que pasara», la comunidad, a decir de la persona entrevistada E3, decidió ir a protestar en la Plaza de Armas de Zacatecas, capital del estado. Con pancartas que exigían «alto al terror» y «que regrese la paz», las personas desplazadas lograron ser atendidas por autoridades (Valadez Rodríguez, 2022).
En principio, el gobierno se negó a hablar de desplazamiento forzado (E1): «le dije, pues no sé cómo le quiera llamar usted. Éramos 400 y cacho y nada más hay tres, dije. Y balancearon la iglesia, balacearon las escuelas, algunas casas. Le dije pues ahí está. Le dejé el documento». Tras la protesta, las personas desplazadas fueron atendidas por los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la fiscalía general del Zacatecas, y a pesar de que se les quiso responsabilizar por haber hecho un «mal manejo de la situación» al volverla mediática, lograron acordar que la Guardia Nacional hiciera presencia en la comunidad con más de 20 elementos.
La intervención de las autoridades vino de la mano de una «estabilización paulatina» de la seguridad en El Durazno, razón por la cual sus habitantes empezaron a retornar (Martínez, 2022). Según las entrevistas, el retorno fue escalado y se logró estabilizar en 2023, aunque no fue total, pues varios de los habitantes que se desplazaron hacia Jerez, Fresnillo, Monte Escobedo, Jalisco, Baja California y Aguascalientes no regresaron, al igual que algunas personas que migraron hacia Estados Unidos, o aquellas que van intermitentemente. Sin embargo, la mayoría de la comunidad volvió, y en el último contacto con habitantes de El Durazno estos hablaban de más de 300 personas «ya de nuevo en sus casas».
En los testimonios, si bien se denota alegría por poder «estar de vuelta», aparece enojo y tristeza al recordar los episodios del desplazamiento, especialmente las violencias vividas antes de huir, como refiere la persona entrevistada «E4»:
la gente quedamos sin ganas de volver, la verdad. Es que estuvo horroroso todo lo que nos pasó. Las explosiones y a mí no me tocó la última me tocaron otras, la intermedia, unos balazones que nada más zumbaban por todos lados […] es increíble la impotencia de la gente, hombres así llorando de impotencia, de rabia, de coraje, de tristeza de que te corren de tu casa, de donde están tus raíces ¿sí?
En 2024, luego de poco más de un año de retorno, la población reconoce que fue el actuar colectivo el que permitió empezar a restablecer la vida a pesar del miedo. La comunidad sigue buscando que se mantenga la presencia militar en su territorio, por lo cual colaboran para darles alimentos y despensas. En este caso de retorno, la intervención del Estado no fue para reparar; al contrario, la intervención de las fuerzas de seguridad permitió que se garantizaran «nuevos equilibrios», y allí la población rural se adapta a «la nueva paz» (E1):
sí, la gente sale a laborar al barbecho, muy bien como si nada, no hay tanto lío y ahorita estamos se puede decir que, en paz, sí, y sabemos que los vecinos de las comunidades, pues están ahí los muchachos. Lo que hemos visto es que ya hay un grupo ya que dominan esta partecita, se hace lo que dicen, pero estamos en paz.
Las marcas de la violencia aleccionadora vinculan el desplazamiento forzado con el retorno, pues restablecerse en el territorio se hace a partir del recuerdo de lo vivido (E4):
no queremos que ni un cuate se acerque, nos da miedo. Ya se va dominando un poquito, estamos muy yo la veo muy susceptible con las emociones muy al límite […] ahora marzo que es nuestra fiesta patronal, el 19 no pretendemos hacer nada de que genere dinero ni rodeos, ni jaripeos ni nada, o sea, sí, siempre una charreada, pero ni bailes queremos hacer solamente lo religioso ahí que la gente la mayoría es católica.5
El retorno se da entonces en una forma de readaptación ante amenazas latentes, falta de reparación de las violencias experimentadas y conciencia de la presencia de organizaciones delincuenciales en el territorio.
Juanchorrey, Tepetongo: «Nos ha tocado habituarnos a la guerra»
Juanchorrey es una pequeña localidad del municipio de Tepetongo, a 44 km de distancia de la cabecera municipal de Jerez y colindante con Jalisco, con una población variante de poco más de 250 habitantes. Además de una constante dinámica migratoria, esta localidad es conocida a nivel nacional por ser el lugar de origen de familias dedicadas a la industria de la tortilla que mantienen fuertes vínculos con la comunidad. A mitad del siglo XX, habitantes de Juanchorrey migraron hacia Torreón, iniciando lo que sería un próspero negocio de producción de tortillas que se extendió a varios estados del país y Estados Unidos. En el año 2006, conformaron la Unidad Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, con presencia e incidencia en el ramo a nivel nacional, siendo importantes en la inversión para la construcción y cuidado de la comunidad (Ortiz Cadena, 2019).
Tepetongo había sido un municipio con un fuerte control de grupos delictivos, al punto que se decía que casi no contaba con fuerzas de seguridad estatal. Varios de los testimonios recolectados refieren a la zona como una de control armado; la persona entrevistada «E5» refirió: «Aquí en Tepetongo está el Jalisco, ellos cobran piso, secuestran, son muy violentos y tienen muchas formas de extraer lana»; mientras la persona entrevistada «E6» sentenció: «todos acá sabemos que no nos metemos con los señores, tiene horarios, lugares y ranchos que son de ellos, por eso desde siempre hemos tratado de cuidarnos, las carreteras siempre son de ellos». Durante los años de mayor incidencia de la violencia en Zacatecas, la carretera federal que conecta a Jerez con Tepetongo fue escenario constante de enfrentamientos y localizaciones de cuerpos con mensajes alusivos a grupos delictivos (Covarrubias, 2023).
Los episodios de desplazamiento forzado masivo en Juanchorrey se dieron entre 2020 y 2022, justo el tiempo más crítico de la pandemia por COVID-19, registrándose diversos enfrentamientos entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel Sinaloa, quienes se disputaban la comunidad y la zona circundante. Como parte de las violencias hubo secuestro de personas, asesinatos en puntos colindantes y reclutamiento forzado, mientras se sitiaban la entrada y la salida de la localidad. En palabras de periodistas locales entrevistadas, Juanchorrey se convirtió en «un verdadero fortín del crimen organizado», quedando durante mucho tiempo sin sus habitantes.
Las personas residentes de Juanchorrey narran los hechos a partir de la llegada paulatina de «personas de fuera». En este caso empezaron por ubicarse en casas que quedan en la parte alta de la localidad, donde tenían visión hacia la salida a la Sierra. En las narraciones dicen que «los señores» empezaron a «bajar al rancho» a pedir y comprar cosas, y fue en enero de 2021 que se dio el enfrentamiento que más recuerdan, justo en la puerta de la escuela primaria en la calle principal. Durante varias horas, un enfrentamiento con armas de grueso calibre generó una situación de mucho temor, pues los niños y las niñas, junto con un par de maestras, quedaron atrapadas en las instalaciones. Por el impacto y el temor generado, los habitantes de Juanchorrey decidieron huir, quedando la localidad con poco menos de cinco familias. Las personas se desplazaron hacia estados como Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, y otros tantos a la capital de Zacatecas.
A diferencia de otros casos de desplazamiento masivo en el estado, el de Juanchorrey recibió escasa cobertura mediática. Esto se explica, en parte, porque muchas familias contaban con recursos económicos y redes de apoyo que les permitieron trasladarse a destinos previamente definidos. Como refiere la persona entrevistada «E7»: «Es que ellos no dependen del rancho para sostenerse. Hay gente que no tiene opciones, que necesitan su siembra y animales. Ellos no, en Juanchorrey viven porque tienen apego a la comunidad, tienen dinero para vivir en otro lado».
Como parte de la violencia aleccionadora, las casas fueron saqueadas varias veces, como una práctica de imposición de control sobre las pertenencias y los objetos (Blair, 2010; Oslender, 2018), que refuerza la sensación de indefensión (E7):
yo tenía acá mi ropa, mis cosas, mis artículos personales, y todo se lo llevaron, esta es la tercera vez que arreglan […] y a ellos les gusta la casa, que les gusta y se meten, afuera no se ve, no te hacen nada, pero están adentro de las casas, está todo traqueteado y todo, se meten a vivir ahí el tiempo que ellos consideran hasta que ya se pasan a vivir a otra.
Las personas dicen que la comunidad decidió irse antes de adaptarse a trabajar para algún grupo en específico, y dadas las posibilidades económicas que tienen no han regresado totalmente. Como señala la persona entrevistada «E8»: «De esas familias y las otras dos que quedaron eran los que cuidaban los lugares de los que se fueron, ese modo de vida de los que ahí están todavía es cuidando lo de los que se fueron».
Las fiestas patronales de febrero en Juanchorrey han sido muy importantes históricamente, pues siempre fue un momento de reactivación de la identidad y los vínculos locales con las comunidades de migrantes y de empresarios de la tortilla, incluso impulsando ferias de capacitación en el ramo para los habitantes (Ortiz Cadena, 2019), pero luego de los episodios de desplazamiento forzado, las ferias fueron canceladas en 2021 y no han vuelto a realizarse (Mejía, 2023). Tras el desplazamiento forzado masivo entre 2021 y 2022 quedaron menos de diez personas en Juanchorrey, teniendo que adaptarse a las condiciones de inseguridad y a la tensión que se vivía. Una de las marcas de las violencias aleccionadoras en medio del DFI queda evidenciada en el testimonio de una maestra sobre los efectos en los niños y las niñas (E7):
esto cambió mucho después de todos los desplazamientos y las balaceras, y los niños empiezan a decirme: «yo voy a ser sicario, porque es que están las armas bien bonitas, maestra, mire: llegaron a la tienda y yo me escondí detrás de mi mamá porque sí me asusté, pero ya después ya no maestra, me dejaron tocarla, y me dieron un billete, maestra, pero ese billete se lo di a mi mamá para que me lo guardara porque dice ella que lo guardemos porque qué tal que regresan y vuelven y no[s] lo piden». Y no podías detener esa plática, no podías cambiarles las ideas, pero era importante que ellos lo hablaran y dijeran, porque no había con quién más hablar.
En la escuela decidieron que la mejor estrategia de seguridad era que una maestra atendiera a los tres niños que quedaban en la comunidad, pues percibían que corría menos peligro que un hombre de ser interceptada en la carretera y ser víctima de reclutamiento forzado. Durante un año no hubo atención gubernamental a la situación de Juanchorrey (E3), «nadie mencionaba nada de lo que pasó acá, si fue muy grave, ¿por qué no había movimiento?», repitiéndose un patrón de respuesta tardía por parte de las instituciones.
En abril de 2022 arribó la Guardia Nacional a instalarse en un campamento en el predio de la escuela primaria. A pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, el proceso de retorno a la comunidad ha sido muy lento e incompleto; se habla de aproximadamente 100 personas que empezaron un retorno intermitente, es decir, de ir a la localidad algunos días en horarios específicos, pero sin rehabitar el lugar (Hernández, 2023). En este caso, la comunidad desplazada respaldó la presencia de la Guardia Nacional, pero en los testimonios se evidencia que aquellos que han retornado parcial o intermitentemente han tenido que adaptarse a las formas de regulación violenta. De acuerdo con el testimonio de la persona entrevistada E7, cuando los militares abandonan por algunos días el campamento, los grupos delictivos vuelven a tomar posesión de las casas en la localidad, mientras que la presencia militar es la única garantía de poder estar en el territorio, que describen como un equilibrio inestable: «en la localidad está todo solo pero tranquilo porque están los soldados, pero unos pasos más allá en la Sierra siguen todo el desmadre, como si nada».
Las violencias aleccionadoras que configuraron el DFI en Juanchorrey están presentes en las estrategias de readaptación de aquellos que aún no han logrado retornar de manera duradera. Entre otras, se encontró que los pocos habitantes de la comunidad «aprendieron» a moverse junto con niños, pues aparentemente es un elemento que los protege de cualquier tipo de agresión de los grupos armados. Estas formas de re-habitar el territorio, así sea de manera temporal e inestable, son marcas no reparadas de la violencia del desplazamiento forzado (E8):
Nos ha tocado habituarnos a la guerra. Por ejemplo, cuando vamos a la comunidad no llevamos celulares, nos ponemos ropa vieja o no muy llamativa, siempre sacando la cabeza por las ventanas de los autos para que vean que somos, y es mejor no llevar hombres porque son presa de detenciones.
En el último contacto con personas de la comunidad, en noviembre de 2024, se constató que Juanchorrey se encontraba mayormente despoblado y sitiado por militares y grupos delictivos.
CONCLUSIONES
Los dos casos estudiados en esta investigación permiten extraer conclusiones analíticas sobre la relación del desplazamiento forzado interno por violencia y los procesos de retorno. La perspectiva que vincula el desplazamiento forzado como parte de un acumulado de violencias donde destacan las violencias expresivas y aleccionadoras, demuestra que estas persisten en los procesos de retorno casi total, parcial e intermitente, pues la experiencia de las personas y las comunidades está atravesada por marcas de dolor y temor que no se reparan con el establecimiento de equilibrios inestables de seguridad; en este sentido, el retorno hace parte del proceso de violencias que marca el desplazamiento forzado. El análisis comparado de los casos de El Durazno y Juanchorrey, al suroccidente de Zacatecas, permite descomponer, aunque con temporalidades diferentes, la relación entre los episodios de violencia, los efectos en las comunidades y sus marcas en los procesos de retorno (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Violencias y retornos en los casos de estudio
| El Durazno, Jerez | Juanchorrey, Tepetongo | |
|---|---|---|
| Violencia y episodios de DFI |
Asesinatos, desapariciones, extorsión, enfrentamientos. |
Extorsión y enfrentamientos armados |
| Experiencia de la comunidad |
Desplazamiento hacia otros municipios, estados y Estados Unidos |
Desplazamiento hacia otros municipios, estados y Estados Unidos |
| Formas de retorno | Tras la instalación de la Guardia Nacional retorno casi total con adaptación |
Tras la instalación de la Guardia Nacional retorno parcial e intermitente con adaptación |
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la investigación.
En ambos casos, las pequeñas poblaciones rurales se vieron inmersas en medio de disputas entre los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, en una zona geoestratégica para el desarrollo de la economía ilegalizada de las drogas, la trata de personas y la extorsión. Como respuesta a violencias aleccionadoras sobre las personas y los objetos, la población decidió huir para resguardar su vida, tomando rumbos de movilidad diferentes. El análisis en profundidad pone en evidencia una respuesta estatal tardía, selectiva y de carácter militar. En los dos contextos, la instalación de bases improvisadas permitió a la Guardia Nacional y el Ejército asumir control territorial y contención armada, sin otro tipo de acción orientada a la reparación, la investigación o acceso a la justicia. Como consecuencia, en ambos casos se configuraron equilibrios inestables. En El Durazno, la población refiere a un «nuevo control» ejercido por grupos delincuenciales con los cuales ha debido aprender a convivir, mientras que en Juanchorrey persiste una situación de tensión derivada de la presencia continua de grupos armados delincuenciales en los alrededores de la localidad.
La comparación entre ambos casos permite identificar dos factores decisivos para comprender las modalidades de retorno: la dependencia económica respecto del territorio y la disponibilidad de redes de solidaridad. La combinación de ambos elementos ayuda a explica por qué en El Durazno predominó un retorno estable, mientras en Juanchorrey prevalecieron formas parciales e intermitentes de retorno. En El Durazno, donde predominaba una fuerte dependencia de la economía agrícola local, la mayoría de las personas que retornaron de manera permanente no contaban con redes de solidaridad externas, y aquellas familias que pudieron entablar trayectorias migratorias internacionales decidieron, en su mayoría, no regresar. Esto ayuda a comprender que la elevada dependencia económica del territorio, junto con la falta de alternativas de subsistencia, generó un sentido de urgencia que llevó a la población a buscar estrategias de retorno permanente, a pesar de los costos asociados a reconstruir la vida cotidiana en un escenario de amenaza latente de repetición de las violencias.
De manera diferente, en Juanchorrey el retorno fue parcial o intermitente. La población no dependía totalmente de las dinámicas productivas desarrolladas en la comunidad, y las personas que no regresaron tenían fuertes redes de solidaridad fuera de la localidad, las cuales ayudaron en su inserción en circuitos laborales y de apoyo, particularmente vinculadas a la economía de la tortilla. Esta combinación de factores ayuda a comprender su menor sentido de urgencia para retornar, siendo factible la decisión de mantenerse fuera de la localidad, ya que, a pesar de la presencia militar, persisten los riesgos de repeticiones de las violencias.
Finalmente, los hallazgos de la investigación permiten ampliar la comprensión de las violencias asociadas al DFI, pues sus efectos no concluyen con la movilidad o huida forzada, sino que también se extienden a las experiencias y decisiones relacionadas con el retorno. Además del carácter aleccionador de las violencias, las poblaciones rurales entablan diferentes tipos de vínculos con los circuitos productivos o de protección, los cuales condicionan el sentido de urgencia y posibilidad de diferentes modalidades de retorno. De la misma manera, el retorno está atravesado por prácticas de adecuación y habituación de los pobladores rurales a los equilibrios violentos que se establecen en los territorios. Las condiciones que detonaron los desplazamientos forzados internos siguen en la impunidad, generando incertidumbre que condiciona la vida cotidiana de las comunidades rurales.
El trabajo es un aporte al campo de indagación sobre las formas de DFI y las condiciones, experiencias e (im)posibilidades del retorno en México. Ante una violencia que crece de manera alarmante, el Estado tiene la obligación de generar leyes y políticas públicas de atención que garanticen condiciones seguras, estables y duraderas para el retorno de las poblaciones que huyeron para resguardar sus vidas. Sin ello, los retornos corren el riesgo de convertirse en formas de adaptación a equilibrios violentos antes que en procesos efectivos de restitución de derechos. Las diversas afectaciones físicas, materiales y emocionales están interconectadas, y los procesos de reparación deben orientarse a atenderlas, de lo contrario, se corre el riesgo de repetir procesos de normalización de violencias aleccionadoras, donde los equilibrios inestables condenan a las comunidades a adaptarse a la guerra.
