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Frontera norte

versión On-line ISSN 2594-0260versión impresa ISSN 0187-7372

Frontera norte vol.38  México ene./dic. 2026  Epub 07-Ago-2026

https://doi.org/10.33679/rfn.v.e2450 

Artículos

Efectos del TLCAN/T-MEC en la gobernanza regional de la migración calificada

Camelia Tigau 1   * 
http://orcid.org/0000-0003-4537-2855

Telésforo Ramírez García 2  
http://orcid.org/0000-0003-4450-8044

Traducción:

Erika Morales

1Centro de Investigaciones sobre América del Norte (https://ror.org/05n86fa68)

2Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (https://ror.org/05afdpg81)


Resumen

El objetivo de ese artículo es contribuir al estudio de la migración calificada en América del Norte desde la perspectiva de la gobernanza de las migraciones, analizando el papel de los acuerdos regionales en la movilidad del capital humano. Los resultados muestran que la gobernanza vigente reproduce las asimetrías económicas de la región, favoreciendo la salida de trabajadores calificados desde México sin consolidar un esquema efectivo de libre circulación de profesionistas. Como limitación, el análisis empírico se sustenta principalmente en la información disponible sobre visas estadounidenses, debido a la ausencia de estadísticas comparables para los tres países. Se concluye que el modelo actual requiere mecanismos regionales de gobernanza más equilibrados para promover una la movilidad de talento más equitativa y eficiente.

Palabras clave: migrante calificado; acuerdos comerciales; libre circulación; migración laboral; política migratoria

Abstract

The article contributes to the study of skilled migration in North America, from the perspective of migration governance, analyzing the role of regional agreements in human capital mobility. The findings indicate that the current governance regime reproduces existing regional economic asymmetries by encouraging the outflow of skilled workers from Mexico without establishing an effective framework for the free movement of professionals. A key limitation of the study is that the empirical analysis relies primarily on U.S. visa data due to the lack of comparable statistics across the three countries. The study concludes that a more balanced regional governance framework is needed to promote a more equitable and efficient circulation of talent.

Keywords: skilled migrant; trade agreements; free movement; labor migration; migration policy

INTRODUCCIÓN3

América del Norte es una región de destino de migrantes calificados de otras partes del mundo, así como el escenario de flujos migratorios y movilidades de trabajadores calificados que acontecen entre los países que la conforman: México, Estados Unidos y Canadá. Una de las explicaciones más tradicionales de la migración y la movilidad regional de capital humano calificado en Norteamérica es la desigualdad salarial entre países. Al respecto, en 2023, el sueldo promedio anual en México, calculado en función del poder de adquisitivo, era de 20 090 dólares estadounidenses (USD), casi tres veces más bajo que en Estados Unidos y dos veces más bajo que en Canadá (Datosmacro, s.f.).

Este diferencial también se presenta en los salarios de la mano de obra calificada de la región. En México, según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, el ingreso promedio mensual por trabajo de una persona con estudios de licenciatura terminada era de 16 588 pesos mensuales, y de 34 771 pesos entre quienes contaban con un posgrado (maestría, especialidad y doctorado) (Inegi, 2022). En Canadá, por su parte, de acuerdo con datos censales de ese país (Government of Canada, 2022), en 2021 el salario de estos profesionales era de 6 369 y 8 999 dólares canadienses (CAD) mensuales, respectivamente, mientras que en Estados Unidos sus homólogos ganaban 3 200 y 6 122 USD mensuales en promedio en 2021, según la información de la Encuesta sobre la Comunidad de Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) (Ruggles et al., 2021).

En este tenor, en 2023 México ocupó el lugar número 33 de la lista de salarios anuales entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, s.f.), según dicha organización. Estas desigualdades salariales colocan a los profesionistas mexicanos en una posición de desventaja frente a sus pares canadienses y estadounidenses, independientemente de su nivel educativo (licenciatura o posgrado) y de su campo de formación profesional. Según se ha evidenciado en otras investigaciones (Ramírez García y Lozano Ascencio, 2017), estas disparidades pueden traducirse en mayores probabilidades de que estos profesionistas decidan migrar a alguno de estos países. Lo mismo ocurre en el plano de las inversiones que se destinan a los sectores de educación, investigación y desarrollo, lo que refleja altos contrastes económicos en la región y evidencia por qué Estados Unidos actúa como imán de capital humano desde el sur (México) y el norte (Canadá), salvo excepciones.

Sobre este último punto, algunos investigadores (Aragonés Castañer y Salgado Nieto, 2015; Schmieg, 2019; Verea, 2014) argumentan que los acuerdos comerciales pueden contribuir a eliminar las desigualdades entre países y regiones, mejorando la gobernanza migratoria y creando oportunidades laborales que faciliten la migración segura, ordenada y regular, y reduzcan la migración irregular y sus efectos negativos (Resolución 73/195). En el caso de América del Norte, la evidencia con la que se cuenta muestra que la migración mexicana irregular hacia Estados Unidos adquirió mayor dinamismo a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (Decreto de 1993), pero ha disminuido significativamente en los últimos años, sobre todo con la renegociación de dicho acuerdo (Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá [T-MEC]) en 2018 (Protocolo de 2018; Verea, 2014). No obstante, a la fecha, existe poco conocimiento respecto al impacto de dichos acuerdos comerciales en la migración calificada mexicana a Estados Unidos y Canadá, mucho menos de la que acontece entre estos países o la que sale de ambos países a México.

Dicho de otro modo, es relevante indagar sobre la migración intrarregional de profesionistas, científicos, profesores e investigadores elegibles para obtener una visa TN de trabajador no inmigrante, contemplada en dicho acuerdo comercial, para emplearse de manera regular en Estados Unidos. Entre los profesionales que pueden acceder a este visado se incluye el personal de salud (médicos, enfermeras, dentistas, psicólogos, terapeutas, entre otros); científicos (astrónomos, químicos, físicos, biólogos, meteorólogos, farmacéuticos, etc.); profesores y maestros de facultades, seminarios y universidad, así como profesionistas de áreas administrativas y económicas, ingenieros, matemáticos, diseñadores gráficos, entre otros (Protocolo de 2018).

Sin rechazar la hipótesis del diferencial de pagos de la teoría neoclásica de las migraciones, donde se postula que la migración calificada y no calificada es una respuesta a las diferencias salariales nacionales y regionales (Gordon, 2019), el objetivo de este artículo es contribuir al estudio de la migración calificada en América del Norte desde la perspectiva de la gobernanza. Esta debe ser entendida como el conjunto de acuerdos regionales establecidos para facilitar el movimiento de profesionistas con estudios de licenciatura o posgrado, así como para explicar la movilidad de las personas con talento en la región que beneficiará principalmente a Estados Unidos y a Canadá.

Con ello se pretende explicar de qué manera puede un acuerdo como el TLCAN/T-MEC resolver los problemas de desigualdad en el mercado regional de capital humano. Para responder esta interrogante, la estrategia metodológica utilizada permitió analizar el marco jurídico doméstico de los tres países –establecido a partir de la Segunda Guerra Mundial y orientado a facilitar la entrada de trabajadores extranjeros con base en su nivel educativo y calificación– a fin de evidenciar y comparar sus cambios legislativos con miras a regular la migración calificada, antes y después de la firma del TLCAN.

Para ello, se utilizó información de la base de datos DEMIG Policy del International Migration Institute (IMI, 2015), la cual concentra las iniciativas legislativas en varios países de la OCDE desde el siglo XVIII. Cabe resaltar que, en un principio, se buscó compaginar dicho análisis legislativo con datos sobre las visas otorgadas a migrantes profesionistas en los tres países. Sin embargo, debido a que no se cuenta con dicha información estadística, el análisis se realizó únicamente con datos del registro de visas del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (USDHS, por sus siglas en inglés) para los años fiscales 1997-2023, lo que permitió poner a prueba la hipótesis de atracción de profesionistas mexicanos y canadienses a este mercado laboral.

El documento está estructurado en cuatro grandes apartados: 1) primero se presenta una breve introducción sobre la teoría de la gobernanza internacional y regional de la migración; 2) luego, se esbozan los elementos históricos de la regulación para la migración calificada en América del Norte; 3) posteriormente, se indaga sobre los impactos del TLCAN/T-MEC en la movilidad de los trabajadores calificados; y, finalmente, 4) se presentan algunas reflexiones finales a modo de conclusiones.

GOBERNANZA INTERNACIONAL Y REGIONAL DE LA MIGRACIÓN

Los estudios que se centran en la historia de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ofrecen aportaciones importantes sobre los intentos de gobernar dicho fenómeno a través de mecanismos globales dentro y fuera del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Según el estudio de Andrijasevic y Walters (2010), las fronteras no son simples líneas contiguas en el mapa político, sino zonas blandas, intensidades de control y espacios de disputa. Si en una primera etapa la globalización era concebida como una tendencia que iba a debilitar e incluso desaparecer las fronteras, los estudios recientes plantean que la globalización significa una (re)fronterización, una nueva etapa que se ha definido como «globalismo cerrado» (Andrijasevic y Walters, 2010, pp. 977- 978). Bajo estas nuevas condiciones, organizaciones internacionales como la OIM juegan un papel central a través de la creación de normas para el control fronterizo, referidas también como la «gobernanza internacional de las fronteras» (Andrijasevic y Walters, 2010, p. 978).

La segunda etapa de la globalización consiste en el cierre de las fronteras, dominada por legislaciones domésticas restrictivas que intentan frenar los flujos crecientes y atípicos de la migración regional (Andrijasevic y Walters, 2010). Durante la etapa del globalismo cerrado prevalecen los estudios críticos sobre la frontera (Parker y Vaughn-Williams, 2009) y sobre las políticas de miedo, inquietud e inseguridad para los migrantes (Andreas y Biersteker, 2014; Coward, 2005). Esta tendencia de cierre de fronteras se incrementó todavía más durante la crisis de salud causada por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, debido a que la mayoría de los países cerraron sus fronteras y, cuando volvieron a abrirlas, impusieron requisitos adicionales de vacunación, además de que las visas resultaban difíciles de tramitar por la suspensión laboral en las secciones consulares. En el caso de la región de Norteamérica, solamente Estados Unidos y Canadá impusieron restricciones de viaje, reconociendo el uso de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cambio, México mantuvo las fronteras abiertas, aunque con mayores obstáculos de entrada para ciertos migrantes, como los centroamericanos, a quienes solo se les concedía el acceso para pedir asilo en Estados Unidos.

En este marco, desde la óptica de la gobernanza de las migraciones, es relevante analizar la unificación de prácticas y leyes que apoyan la gestión regional de las fronteras, en el marco de una región desigual en donde dos de los tres países que la integran –Estados Unidos y Canadá– son los principales receptores de migrantes calificados en el mundo. Incluso, según algunos estudios (Shachar, 2006), Canadá desarrolla regímenes más competitivos de atracción, retención y reclutamiento de mano de obra migrante, tratando de imitar y hasta rebasar a su vecino con políticas más eficientes de atracción de capital humano.

El estudio de la gobernanza de las migraciones a nivel regional ha sido tratado anteriormente por Lavenex et al. (2016), así como por los autores que integran la compilación realizada por Te Velde (2017). En particular, el TLCAN, por ser un tipo de acuerdo norte-sur, puede plantearse dentro del contexto más amplio del nuevo regionalismo que dominaría la escena política de cooperación de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, junto con experiencias modelo como la creación de la Unión Europea (UE) y otras más limitadas al ámbito económico, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Así mismo, la gobernanza regional de la migración calificada tiene como base las políticas nacionales de visas y permisos de trabajo existentes. En este sentido, quizás sean las Tarjetas Azules, introducidas en la UE en 2009 para promover la movilidad intrarregional de trabajadores calificados, el antecedente que mejor ejemplifica estas políticas. No obstante, en 2016 se eliminaron varias barreras administrativas que ponían a competir esta visa con otras, ocasionando que se abriera el acceso a trabajadores provenientes de países no pertenecientes a la UE (European Commission, 2021, 2025).

En 2021 esta región implementó la Directiva de la Tarjeta Azul (Blue Card Directive) para incentivar la atracción de trabajadores altamente calificados de origen externo a la UE. Esta ofrecía condiciones de admisión más flexibles, mayores beneficios y derechos, así como la posibilidad de moverse entre los distintos estados miembros. El propósito de esta iniciativa fue responder a la escasez de ciertas calificaciones, ayudar a la recuperación económica después de la pandemia y contrarrestar los efectos negativos del envejecimiento demográfico, con el fin de uniformar los criterios para otorgar la Tarjeta Azul en los estados miembros y agilizar los procedimientos de solicitud (European Commission, 2021, 2025).

Con base en lo anterior, la Tarjeta Azul permitiría a los trabajadores obtener el reconocimiento de sus credenciales y obtener beneficios como el derecho a la seguridad social, a la libre asociación y a la reunificación familiar. En la práctica, sin embargo, existen otras visas que ofrecen mejores alternativas al establecer límites salariales más bajos y procesamientos más rápidos (Antoons et al., 2024). Además, entre los retos implicados en esta iniciativa de la Unión Europea se encuentra la implementación diferenciada por país, ya que cada uno puede establecer requerimientos distintos en torno al sueldo, los diplomas o la experiencia laboral. En términos prácticos, esto significaría, por ejemplo, que el empleado de una compañía transnacional pueda ingresar a un país europeo, pero no a otro, o que la diferencia en las condiciones salariales entre los distintos miembros provoque que eventualmente entren en competencia por estos trabajadores. La cuestión central, según Antoons et al. (2024), es si la Unión Europea es capaz de atraer talento a través de un sistema centralizado de visas.

En este sentido, la Tarjeta Azul, que puede compararse en cierta medida con la visa TN estadounidense, permite la reunificación familiar, el cambio de empleador y la movilidad entre países para los trabajadores calificados, a diferencia de esta última. La posibilidad de una visa que ofreciera este beneficio ayudaría a una mejor circulación de talento entre los tres países de la región de Norteamérica, y fundamentaría condiciones equitativas de empleo para los trabajadores en esta o de los extranjeros que opten por ella. Una iniciativa de este tipo sería realmente revolucionaria para los mercados laborales, y tendría un impacto directo en la contratación de trabajadores extranjeros, pudiendo ser, eventualmente, una solución laboral al flujo creciente de migrantes hacia la región, de los cuales muchos cuentan con estudios universitarios y/o una alta especialización.

De manera paralela, en 2009 se implementó el Acuerdo de Residencia de Mercosur, que otorga a los ciudadanos de sus países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) el derecho de residir y trabajar por dos años en cualquiera de los estados participantes, incluyéndose posteriormente a nacionales de Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador (Envoy Global, 2023). El acuerdo fue orientado a incrementar las oportunidades para trabajadores calificados y fomentar el desarrollo sostenible en sectores como la tecnología, agricultura y protección ambiental, resultando, de acuerdo con algunas estimaciones, en que el bloque comercial del Mercosur se haya convertido en el sexto mercado laboral más grande del mundo, si bien todavía por debajo de ASEAN (ahora Asociación Económica Integral Regional o RCEP, por sus siglas en inglés), el de América del Norte y la Unión Europea (Broom, 2023).

Otros modelos de acción se pueden implementar a nivel subregional en cada país. Tal es el caso de los Acuerdos de Migración de Áreas Específicas (DAMA, por sus siglas en inglés), implementado en Australia y donde cada provincia puede atraer directamente talento (Australian Government, 2024). De igual forma, los acuerdos de cooperación regional y subregional, mencionados anteriormente, prevén la eventual liberalización parcial o total de la movilidad como medida para la construcción de un mercado común, y a través de procesos de consulta regional en la materia intentan controlar los flujos internos y externos (Lavenex et al., 2016; Lavenex, 2019), privilegiando el movimiento de personas calificadas sobre las de bajas calificaciones.

Según la conceptualización de Lavenex et al. (2016), la gobernanza regional de la migración en Norteamérica ha seguido un enfoque basado en la seguridad, que enfatiza los imperativos del control de la migración y la lucha contra los flujos irregulares. Aunque los autores del estudio no lo mencionan en estos términos, nuestro artículo demuestra que el control de la migración irregular y de bajas calificaciones se contrapone a una mayor libertad para los trabajadores calificados, así como a una gama de visas más amplias para los migrantes con educación universitaria, ya sea de la región o fuera de ella. Paradójicamente, los enfoques de seguridad no contribuyen a una reducción de los flujos irregulares, según han demostrado muchos estudios sobre la securitización de las fronteras (Durand, 2019). La reflexión de Lavenex et al. (2016) también confirma esta hipótesis de la ineficiencia de la securitización en los regímenes regionales de las fronteras.

En términos generales, y más allá del caso especial de la UE, las regiones con regímenes ambiciosos de libre circulación no han visto un aumento importante de los flujos migratorios, mientras que, irónicamente, son las regiones con normas más permisibles de movilidad interna las que han visto el mayor aumento de la migración intrarregional, aunque a menudo de forma irregular. Tal como sucedió con la puesta en marcha del TLCAN.

Al abrirse a categorías particulares de personas altamente calificadas, la integración económica de América del Norte ha sido acompañada por una disminución general de los flujos migratorios regulares de México a los Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, por un fuerte aumento de los flujos irregulares [traducción propia]. (Lavenex et al., 2016, p. 473)

Efectivamente, el número de migrantes indocumentados en Estados Unidos aumentó de 3.5 millones en 1990 a un pico histórico de 12.2 millones en 2007 (Gonzalez-Barrera y Krogstad, 2019), y bajo nuevamente a 10.2 millones en 2021. De este total, 46 por ciento eran mexicanos, los cuales, aunque siguen siendo la mayoría, disminuyeron en número con respecto a 2007, cuando representaban el 63 por ciento del total de inmigrantes indocumentados en ese país (Van et al., 2023).

Por el contrario, lo que demuestran las estadísticas que acompañan al TLCAN (Decreto de 1993) es que se ha seguido un modelo selectivo, que privilegia solamente la migración de mano de obra altamente calificada sin necesariamente mejorar los derechos laborales de los nuevos migrantes o de los indocumentados residentes. Según datos de la ACS (Ruggles et al., 2023), el volumen de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos con estudios de licenciatura y posgrado se incrementó de 351 000 en el año 2001 a poco más de un millón de personas en 2023, lo que en términos relativos representa un incremento del 194 por ciento. En cuanto a las áreas o campos de formación profesional, Cruz-Piñeiro y Ruiz-Ochoa (2010) mencionan que el perfil profesional o de especialización de los migrantes calificados beneficiados con las visas TN es muy similar al de los portadores de visas H1B, por lo que el marco normativo preferencial de las visas TN no difiera gran cosa.

De acuerdo con Cruz-Piñeiro y Ruiz-Ochoa (2010), las personas portadoras de estas visas que más emigran a Estados Unidos son las que estudiaron una carrera o posgrado en administración, ingeniería, informática, matemáticas, enfermería, física, biología y otras ciencias naturales, un perfil profesional muy similar al de la población mexicana calificada que vive en ese país, y que posiblemente responde a la demanda de cierto tipo de profesionistas y especialistas en el mercado laboral estadounidense.

Sobre este tema, los datos de la ACS de 2021 (Ruggles et al., 2021) parecen corroborar lo señalado por Cruz-Piñeiro y Ruiz-Ochoa (2010), en el sentido de que 24 por ciento de los mexicanos y 17 por ciento de los canadienses inmigrantes calificados en Estados Unidos estudiaron una carrera o posgrado en administración, negocio o finanzas; 17 por ciento y 13 por ciento, respectivamente, una ingeniería; 6 por ciento y 8 por ciento física, matemáticas y ciencias de la tierra; 4 por ciento y 9 por ciento biología y química; y 5 por ciento y 8 por ciento medicina y ciencias de la salud. Todos estos profesionistas, como se mencionó anteriormente, están considerados dentro de la lista de personas que pueden solicitar una visa TN como parte de los acuerdos del TLCAN/TMEC.

Elementos históricos de la regulación de la migración calificada en América del Norte

Un análisis exhaustivo de las leyes migratorias implementadas en Estados Unidos desde 1790 hasta la actualidad muestra una clara preferencia hacia la migración calificada, ya que de las 44 leyes que mencionan este tipo de migración, 31 son de carácter permisivo. El tratamiento preferencial para personas con habilidades específicas se introdujo en 1921, bajo la presidencia de Warren G. Harding (1921-1923), político republicano (Emergency Quota Act de 1921). A partir de esta ley, actores profesionales, cantantes, artistas, profesores, ministros de cualquier denominación religiosa, profesores de colegios o seminarios, extranjeros que pertenecían a una profesión reconocida a través de estudios, o empleados domésticos, tenían un tratamiento preferencial en las solicitudes de visas.

Si bien algunas de estas ocupaciones ya no son consideradas como calificadas hoy en día, en el tiempo en el que fueron privilegiadas contribuían a la economía de un país en proceso de industrialización. Un año después de Estados Unidos, Canadá también buscó promover la llegada de trabajadores extranjeros, puntualmente británicos, sobre todo en la agricultura y las labores domésticas (Bill 87 de 1922), al tiempo que México optó por una tendencia nacionalista de protección económica en los años que siguieron a la Revolución, restringiendo la entrada de extranjeros a través de la Ley de Migración de 1926, incluso con base en condiciones que regulan su conducta (Ley de Migración, 1926).

Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se pueden identificar ciertos patrones comunes en la legislación regional sobre la migración en América del Norte. Con base en lineamientos de la Convención Internacional de Refugiados, muchos países con necesidad de mano de obra calificada, entre ellos Estados Unidos y Canadá, favorecieron la atracción de migrantes calificados europeos y subvencionaron su transporte desde ciertos países con excedente de fuerza laboral, como Alemania, Austria, España, Italia y los Países Bajos (Holborn, 1961)

Estados Unidos fue uno de los primeros países en incluir una legislación que «seleccionaba» a los migrantes con base en sus calificaciones. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, más conocida como la Ley McCarran-Walter (Public Law 414 de 1952), estableció un sistema que daba prioridad a los migrantes calificados, sus parejas e hijos, incluso por encima de la reunificación familiar de personas que ya tenían parientes en Estados Unidos; así mismo, se creó la visa H1, para migrantes con cierto perfil educativo, que fue precursora de la actual H-1B. Al mismo tiempo, Canadá introdujo una prueba de alfabetismo para los migrantes y privilegió al igual que Estados Unidos las entradas por razones económicas en su propia Ley de Inmigración, también del mismo año (The Immigration Act de 1952).

De manera similar, ambos países abandonaron las pruebas de alfabetismo en la década de 1960, así como la discriminación con base en raza, color de piel o nacionalidad. En cambio, en 1967, Canadá instaura su sistema de puntos para aceptar migrantes calificados, vigente hasta hoy en día, donde el nivel educativo, la experiencia laboral y el conocimiento del idioma inglés y/o francés (sus lenguas oficiales) se utiliza para determinar la evaluación o puntaje de las personas que deseen migrar a dicho país (Immigration Act de 1967). De esta forma, Estados Unidos y Canadá desarrollaron un proceso paralelo donde la discriminación racial da paso a una distinción (si no es que discriminación también) con base en la educación de los solicitantes.

En 1964, Estados Unidos puso fin de manera formal al Programa Bracero, para introducir, a través de la Ley Hart-Celler (Public Law 89-236 de 1965), un sistema más estricto de selección de migrantes. Por unos años, ambos países siguieron una política de puertas abiertas a los migrantes calificados, siguiendo un discurso meritocrático de igualdad de oportunidades hacia los migrantes capaces y trabajadores, quienes podrían integrarse con relativa facilidad al mercado laboral de Norteamérica. Durante la década de 1970, se crearon visas especiales (L-1 en Estados Unidos) que permitía a las empresas estadounidenses dedicadas a negocios internacionales transferir empleados dentro de la misma empresa sin tener que esperar visas de empleo permanente. De manera similar, Canadá introdujo en 1971 su política multicultural, cuyo objetivo no era solo atraer migrantes, sino también facilitar la coexistencia entre los residentes y las minorías internas, como los quebequenses y los pueblos de las primeras naciones (House of Commons of Canada, 1971).

A diferencia de sus vecinos del norte, México no cuenta con una política de atracción de trabajadores calificados, sino más bien con programas de retorno para integrar a trabajadores que regresan de Estados Unidos. Los extranjeros en México son admitidos con base en su buen comportamiento, restringiéndoseles solamente la participación política y exigiéndoles una visa de salida, todavía válida hoy en día, que permite tener un registro confiable de la población no inmigrante que reside en el país.

A partir de 1991, bajo la presidencia del republicano H. W. Bush, en Estados Unidos se implementaron varias categorías de visas para ocupaciones especializadas, las cuales fueron definidas en la ley como aquellas que requieren,

primero, una aplicación teórica y práctica de un cuerpo de conocimiento altamente especializado y, segundo, el logro de una licenciatura o un título superior en la especialidad específica (o su equivalente) como mínimo para ingresar a la ocupación en Estados Unidos [traducción propia]. (IMI, 2015, celda C192)

El Congreso también estableció un límite de 65 000 visas H-1B al año, a diferencia de la precursora H-1, que no estaba sujeta a una cantidad definida. Bajo la misma legislación, se crearon otras visas, como las categorías O, P y R, también destinadas a migrantes calificados. En particular, la visa O es para extranjeros «con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes, o quien demuestre un historial de logros extraordinarios en la industria cinematográfica o en la televisión, y que haya sido reconocido internacionalmente por dichos logros» [traducción propia] (IMI, 2015, celda C194). La visa P, por su parte, se destina a deportistas, artistas y animadores, mientras que la R es para trabajadores religiosos. Así mismo, esta reforma facilitó la entrada de personas con visa de inversionista siempre que dispusieran de un capital superior a un millón de dólares para invertir en una empresa que creara empleos para ciudadanos estadounidenses (IMI, 2015, celda C197).

También se incrementó la cuota para inmigrantes calificados a 140 000, el triple de lo anteriormente establecido, y los trabajadores extranjeros con habilidades consideradas extraordinarias no requerían demostrar una certificación, sino solo una oferta de trabajo (IMI, 2015, celda C198). Durante este período, bajo la misma presidencia de H. W. Bush, se introdujo el programa de lotería de visas de diversidad (Diversity Visa Program) para trabajadores altamente calificados, con el fin de proporcionar residencia permanente a migrantes altamente calificados que contasen con un título universitario y al menos dos años de experiencia laboral, dando a los ganadores la posibilidad de ser admitidos con sus respectivas familias, incluyendo parejas e hijos (IMI, 2015, celda C199). Finalmente, siendo el período inmediatamente posterior a la caída del comunismo, una iniciativa de ley establecida en 1992 (Public Law 102-509 de 1992) permitió la entrada y residencia permanente de 750 científicos de la disuelta Unión Soviética, para que se empleasen en actividades vinculadas con la biología, química, ciencias nucleares, o trabajos técnicos relacionados con proyectos de seguridad nacional.

Más allá de la legislación nacional en Estados Unidos, el verdadero cambio hacia un régimen regional migratorio que privilegiase sobre todo a los trabajadores calificados se dio a partir de los acuerdos bilaterales y trilaterales. Sobre esta base, una primera etapa fue el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá (Public Law 100-449 de 1988), que introdujo el intercambio de mano de obra calificada y hombres de negocios en términos similares al posterior TLCAN. Más tarde, en 1993, México se suma a este tratado y se beneficia también con las disposiciones para facilitar la contratación temporal de migrantes calificados.

En este marco, la visa TN fue emblemática para la cooperación regional en materia de migración calificada, aun cuando parte de una disposición doméstica en Estados Unidos. La visa se otorgaba en función de una lista de ocupaciones prioritarias, establecidas desde la firma del TLCAN en 1993 (anexo 1603) y que no cambiaron en su versión renovada, el T-MEC, las cuales se dividen en tres categorías: profesionistas generales, médicos y profesionistas afines a la medicina, y científicos. Estos trabajadores se hallan exentos de los requisitos de autorización del mercado laboral, aunque los requerimientos de certificación varían según cada profesión y los limitantes intrínsecos al proceso de contratación.

Cada país, igualmente, mantiene sus derechos para proteger su fuerza laboral nacional, implementar sus propias políticas de inmigración y proteger la seguridad de sus fronteras. Por ejemplo, los empresarios estadounidenses y canadienses reciben el estado de visitantes temporales a México, con un permiso de residencia válido por hasta un año y sujeto a ciertas condiciones con respecto a los recursos financieros. La visa TN está ligada a la visa TD, diseñada para los dependientes directos de los titulares de una visa TN, facilitando así la migración en familia.

Por 10 años, las visas TN tuvieron un límite de 5 500 anuales para los mexicanos, que se eliminó a partir de 2014 (Tigau, 2017). Adicionalmente al TLCAN, los tres países firmantes celebraron también acuerdos de certificación para profesiones como contabilidad, arquitectura e ingeniería. El tratado estableció también un Grupo de Trabajo de Entrada Temporal, compuesto por representantes de cada país, incluidos los funcionarios de inmigración, que se reunían anualmente para monitorear la implementación y discutir posibles opciones para facilitar la entrada temporal de empresarios en forma recíproca (Malpert y Petersen, 2000).

Al igual que en el anterior TLCAN, el nuevo T-MEC busca facilitar la entrada de hombres de negocios para no perjudicar o retrasar el intercambio de bienes y servicios, o las actividades de inversión entre los países del Tratado (Protocolo de 2018, cap. 16). Las medidas no se refieren sólo a la agilización de los trámites, sino también a limitar los costos de las visas, cobrando solo lo equivalente al costo de los servicios prestados en el proceso y eliminando la exigencia de certificaciones laborales o pruebas similares para otorgar la entrada a un país.

Uno de los problemas de las visas TN durante el período de vigencia del TLCAN fue la explotación de los trabajadores mexicanos que estaban subcontratados, de forma que un veterinario podría terminar haciendo trabajos muy bajos en las granjas, por temor a ser despedido (Redacción, 2019). El capítulo 23 del nuevo T-MEC establece la posibilidad de que los trabajadores migrantes se organicen en sindicatos, y reconoce otros derechos laborales para los migrantes a fin de prevenir, entre otras cosas, la manipulación incorrecta de los sueldos y evitar la discriminación de género (Protocolo de 2018), si bien los efectos de dichas estipulaciones quedan por verificarse en el mediano plazo. A continuación, se analizan los detalles estadísticos y de funcionamiento de las visas TN.

Impactos del TLCAN/T-MEC en la movilidad de trabajadores calificados

Tanto el TLCAN como el T-MEC han tenido un impacto significativo en la movilidad de mano de obra calificada en la región de Norteamérica, sobre todo en aquella que tiene su origen en México y, en menor medida en Canadá, y que se dirige mayormente a Estados Unidos. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (U.S. Department of Homeland Security [USDHS], s.f.), las visas TN otorgadas para ciudadanos canadienses pasaron de 3 a 54, entre 1997 y 2023, mientras que entre los mexicanos ese tipo de visa se incrementó de 168 a 32 851 en el mismo período (gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del USDHS (s.f.).

Gráfica 1. Evolución de visas otorgadas a profesionistas mexicanos en Estados Unidos (años fiscales 1997-2023) 

Este crecimiento, en términos absolutos, reafirma la hipótesis señalada en otros estudios en los que se postula que el TLCAN aumentó la migración laboral de trabajadores en todos los niveles educativos y diferentes habilidades. Puntualmente, Verea (2014) lo explica a través del diferencial de pagos y el insuficiente crecimiento económico en México, que hizo que aumentara la migración irregular y de baja calificación. A decir de la autora, el TLCAN es «una expresión de los lazos económicos entre estos tres países, sin duda creó un espacio para una movilidad laboral formal e informal, documentada e indocumentada, mayor de lo esperado cuando fue concebido» [traducción propia] (Verea, 2014, p. 134)

Si bien cuando se publicó ese artículo la autora planteaba la importancia de revisar el tratado para favorecer más a los trabajadores mexicanos y estrechar vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá, a la fecha puede decirse que el tratado, que fue renegociado, no lo hizo en el sentido requerido para los trabajadores mexicanos y tuvo poco impacto en los acuerdos de movilidad, aunque las estadísticas sí muestran un aumento de la migración mexicana calificada a través del uso de visas TN y TD, sobre todo después de los dos años de la crisis económica y de salud que causó la pandemia del COVID-19 (gráfica 1). En el caso de la migración calificada de canadienses a Estados Unidos a través de las visas TN y TD, aunque también presenta una tendencia ascendente en los últimos tres años, tiene una magnitud mucho menor a la registrada por la mexicana.

Cabe subrayar que estas visas no son las únicas disponibles y empleadas por las personas profesionistas de ambos países para migrar a Estados Unidos. De hecho, como se puede apreciar en las gráficas 1 y 2, muchas de las personas migrantes calificadas han optado por otras categorías de visas, como la O-1, cuya cuantía se ha incrementado notablemente entre los mexicanos en los últimos años, así como las visas H-1B y J-1, que registran una tendencia constante en ambos grupos de profesionistas, posiblemente debido a que la visa TN se renueva anualmente, mientras que otras tienen una temporalidad de 3 años, con opción de prórroga hasta 6, como ocurre con la H-1B.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del USDHS (s.f.).

Gráfica 2. Evolución de visas otorgadas a profesionistas canadienses en Estados Unidos (años fiscales 1997-2023) 

Sin embargo, es innegable que la implementación de las visas TN y TD ha modificado el panorama de la migración calificada de México y, en menor medida, de Canadá, a Estados Unidos. De hecho, con base en datos estadísticos del DHS de Estados Unidos (USDHS, s.f.), se observa un incremento gradual de las visas TN para mexicanos desde 2010 hasta 2023, al pasar de 4 918 a 32 851, un incremento de 567 por ciento en dicho período, si bien hubo una ligera disminución en 2023. Las visas TN para ciudadanos canadienses calificados muestran un comportamiento similar, aunque la tendencia ascendente en ambas visas es menor que la observada entre los mexicanos.

De igual forma, el crecimiento de la visa asociada TD fue constante para ambos grupos de migrantes calificados en todo el período (cuadros 1 y 2). Desafortunadamente, la fuente de datos utilizada no contiene información del tipo de profesionistas que más solicitaron la visa TN, pero como destacan Cruz-Piñeiro y Ruiz-Ochoa (2010), junto con la información reportada por la ACS (Ruggles et al., 2021), se puede establecer que el perfil profesional es muy similar al ostentado por la población calificada mexicana y canadiense inmigrante en ese país.

Cuadro 1. Visas TN otorgadas a ciudadanos canadienses y mexicanos (años fiscales 1997-2023) 

Total Canadá México
Año fiscal Total
de visas TN
Crecimiento
anual (%)
Total Crecimiento
anual (%)
Total Crecimiento
anual (%)
1997 171 _ 3 _ 168 _
1998 295 72.5 8 166.7 287 70.8
1999 483 63.7 20 150 463 61.3
2000 906 87.6 28 40 878 89.6
2001 787 -13.1 18 -35.7 769 -12.4
2002 699 -11.2 13 -27.8 686 -10.8
2003 423 -39.5 8 -38.5 415 -39.5
2004 908 114.7 6 -25 902 117.3
2005 1 902 109.5 14 133.3 1 888 109.3
2006 2 972 56.3 23 64.3 2 949 56.2
2007 4 091 37.7 31 34.8 4 060 37.7
2008 4 761 16.4 20 -35.5 4 741 16.8
2009 4 124 -13.4 19 -5 4 105 -13.4
2010 3 392 -17.7 16 -15.8 3 376 -17.8
2011 4 971 46.6 53 231.3 4 918 45.7
2012 7 638 53.7 37 -30.2 7 601 54.6
2013 9 548 25 68 83.8 9 480 24.7
2014 11 207 17.4 67 -1.5 11 140 17.5
2015 13 093 16.8 97 44.8 12 996 16.7
2016 14 768 12.8 122 25.8 14 646 12.7
2017 16 119 9.1 126 3.3 15 993 9.2
2018 17 950 11.4 91 -27.8 17 859 11.7
2019 21 191 18.1 69 -24.2 21 122 18.3
2020 13 769 -35 34 -50.7 13 735 -35
2021 24 903 80.9 22 -35.3 24 881 81.2
2022 33 360 34 30 36.4 33 330 34
2023 32 905 -1.4 54 80 32 851 -1.4

Fuente: Elaboración propia con base en datos del USDHS (s.f.).

Cuadro 2. Visas TD otorgadas a ciudadanos canadienses y mexicanos (años fiscales 1997-2023) 

Total Canadá México
Año fiscal Total
de visas TD
Crecimiento
anual (%)
Total Crecimiento
anual (%)
Total Crecimiento
anual (%)
1997 106 _ 7 _ 99 _
1998 212 100 7 0 205 107.1
1999 297 40.1 23 228.6 274 33.7
2000 558 87.9 14 -39.1 544 98.5
2001 485 -13.1 14 0 471 -13.4
2002 421 -13.2 7 -50 414 -12.1
2003 285 -32.3 11 57.1 274 -33.8
2004 602 111.2 9 -18.2 593 116.4
2005 1 194 98.3 3 -66.7 1 191 100.8
2006 1 943 62.7 11 266.7 1 932 62.2
2007 2 483 27.8 13 18.2 2 470 27.8
2008 2 867 15.5 22 69.2 2 845 15.2
2009 2 526 -11.9 17 -22.7 2 509 -11.8
2010 2 098 -16.9 25 47.1 2 073 -17.4
2011 3 148 50 17 -32 3 131 51
2012 5 034 59.9 16 -5.9 5 018 60.3
2013 5 975 18.7 27 68.8 5 948 18.5
2014 6 714 12.4 20 -25.9 6 694 12.5
2015 7 743 15.3 26 30 7 717 15.3
2016 8 908 15 45 73.1 8 863 14.9
2017 8 847 -0.7 34 -24.4 8 813 -0.6
2018 9 543 7.9 28 -17.6 9 515 8
2019 10 346 8.4 29 3.6 10 317 8.4
2020 5 702 -44.9 12 -58.6 5 690 -44.8
2021 11 525 102.1 12 0 11 513 102.3
2022 15 796 37.1 35 191.7 15 761 36.9
2023 16 759 6.1 24 -31.4 16 735 6.2

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del USDHS (s.f.).

Por otra parte, la tendencia de las visas TN y TD, tanto entre mexicanos como canadienses, fue decreciente en cuatro períodos: 2001-2003, 2009-2010, 2017 y 2020 (USDHS, s.f.). Dichos decrementos pueden explicarse por cuatro tipos de crisis, políticas, económicas y/o sociales, acontecidas en esos años: entre 2001-2003 por el tema de seguridad nacional en Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001; entre 2008 y 2010 por las secuelas de la crisis económica e inmobiliaria de 2008, que tuvo su epicentro en Estados Unidos y que impactó severamente la economía y el mercado laboral de este país; en 2017 por las medidas y efectos del discurso populista antimigración de la primera administración de Donald Trump; y en 2020 por las crisis de salud y económica que ocasionó la pandemia del COVID-19. A continuación se presenta una breve discusión sobre los cuatro factores que determinaron un cambio en las tendencias del número de visas otorgadas TN y TD a profesionistas mexicanos y canadienses, tratando de resaltar, a la vez, su impacto en la región de América del Norte.

Primer momento: el impacto de la política de seguridad migratoria (2001-2003)

Los lineamientos de la política de admisión de migrantes calificados en Estados Unidos fueron definidos en el Acta de Competitividad Americana en el Siglo XXI (Senate Judiciary Committee, 2001), firmada en octubre del 2000, poco antes de finalizar la presidencia del demócrata Bill Clinton, pero que entró en vigor con el republicano G. W. Bush en 2001. El acta aumentó el tope de visas H- 1B a 115 000 en 2000 para poder ocupar los trabajos necesarios en la tecnología, llegando a un tope de 195 000 nuevas visas entre 2001 y 2003 para todas las nacionalidades. Sin embargo, el Acta Patriota (Public Law 107-56 de 2001), emitida después de los ataques del 11 de septiembre y que incrementó la seguridad en las fronteras para prevenir actos de terrorismo, endureció los procesos de registro de los estudiantes y trabajadores extranjeros, mediante el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés). Este sistema se creó para centralizar y recopilar información sobre las instituciones donde estudian estas personas, así como sobre sus entradas y salidas de Estados Unidos.

El año siguiente, el presidente Bush fundó el Departamento de Seguridad Nacional, unificando varios departamentos de seguridad estatal (USDHS, 2023). A partir de 2003, vuelve a darse una disminución en el tope de nuevas solicitudes para las visas H-1B hasta por 65 000 anuales para todos los países, y se implementan reglas estrictas para transferencia intracompañías, lo que explica también la baja temporal que se observa en las gráficas 1 y 2. En 2009 se aplicó una reforma a las visas L-1 y H-1B, a través de la llamada Ley Omnibus (Public Law 111-8 de 2009), requiriendo que los empleadores pagasen el primer sueldo por adelantado, introduciendo además multas por fraudes y solicitudes ilícitas de visas L-1. La Ley también favoreció la participación de extranjeros en la educación e investigación, ya que contempló un aumento de 20 000 visas H1-B para graduados de maestría y doctorado, por encima del tope de 65 000 para nuevas solicitudes fuera del país, incrementando además la duración de las estancias de investigadores que poseían visas J-1 de tres a cinco años.

Segundo momento: el efecto de la crisis de 2008 (2009-2010)

El segundo momento de descenso en las visas TN y TD no se explica a través de la legislación, sino con base en la situación económica mundial del momento. Efectivamente, en 2009 hubo un decrecimiento de las tres economías de la región, aunque más acentuado en el caso de México (-6.3 %), aproximadamente dos veces más que lo reportado en Estados Unidos (-2.6 %) y Canadá (-2.9 %), tal como se aprecia en la gráfica 3.

Fuente: Elaboración propia con datos del Grupo Banco Mundial (s.f.).

Gráfica 3. Crecimiento del PIB en América del Norte, 1997-2023 

Existe una abundante literatura que demuestra los efectos de la crisis y su relación con la contracción de los flujos migratorios, afectando primeramente a los trabajadores inmigrantes calificados en ese Estados Unidos. Sobre este punto, Tilly (2011) demuestra la manera en la que los flujos migratorios son reducidos durante los períodos de recesión, así como las implicaciones económicas y sociales en cuanto a la marginación de los migrantes.

Así mismo, Ayón y Becerra (2013) demuestran los desafíos en estos tiempos de crisis para las familias de origen latino en Estados Unidos, que experimentaron un descenso en su bienestar y calidad de vida. Su estudio, basado en grupos focales, arrojó que: «La crisis económica, combinada con nuevas las políticas contra la inmigración y estrategias de aplicación severas, pueden exacerbar el estrés y la ansiedad que las familias inmigrantes latinas ya sufren como resultado de la discriminación y las dificultades financieras» [traducción propia] (Ayón y Becerra, 2013, p. 206). Sobre todo, se vieron mayormente afectados los migrantes con más bajo dominio del inglés y un perfil racial distinto, exponiéndose a mayores situaciones de discriminación institucional y personal.

Tercer momento: el discurso anti-migrante de Donald Trump, 2017

El tercer período de baja en las visas TN y TD, aunque no negativo para el primer tipo, como se puede observar en el cuadro 1, coincide con la toma de posesión del presidente republicano Donald Trump en 2017. Desde su campaña, Trump había denunciado que los trabajadores calificados nativos se veían desfavorecidos por la contratación de extranjeros con sueldos más bajos, por lo que amenazó con cancelar las visas H-1B. Tras su llegada a la Casa Blanca, el procedimiento de solicitud para dichas visas fue suspendido varias veces en 2017 y 2018, así como en 2020 y 2021, con una consecuencia mayor en cuanto a transformar el procedimiento de aplicación, que se volvió un proceso exclusivamente electrónico.

Sin embargo, frente al cabildeo de las empresas de alta tecnología y las universidades, ambas visas recuperaron sus niveles de solicitantes en años posteriores, además de que no se canceló la visa TD, a pesar de que el presidente estadounidense acusaba su uso como un medio que promovía la migración familiar o «en cadena». Algunos estudios han demostrado que los efectos del discurso de Donald Trump llevarían en el largo plazo a un descenso de la competitividad estadounidense, por la disminución en la contratación de talento extranjero y la reubicación de ciudadanos de la India y canadienses en otros mercados laborales (Zwetsloot, 2019). Sin embargo, los efectos a largo plazo de esta política restrictiva están aún por verse.

Cuarto momento: la pandemia por COVID-19, 2020

Con respecto al último período, durante la pandemia Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas en varias ocasiones durante 2020 y 2021, así como aquellas actividades económicas no consideradas como esenciales, lo que impactó en el stock de profesionistas inmigrantes hacia aquel país. Gradualmente, se abrieron las fronteras para ciertas profesiones consideradas esenciales, como la medicina, e incluso el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, llamó a los trabajadores de salud a ayudar en su estado si no tenían una crisis de salud en sus países, dado el alto número de contagios y hospitalizaciones (Allyn, 2020). Sin embargo, cabe resaltar que las nuevas condiciones de virtualidad también privilegiaron a los trabajadores calificados, sobre todo en profesiones en donde se podría realizar trabajo a distancia. En lugar de depender exclusivamente de la migración física, lo que Aneesh (2008) llamaba el «body-shopping» de los migrantes, muchos de estos trabajadores pudieron regresar a sus países y continuar trabajando de forma remota para empresas norteamericanas.

Efectivamente, la pandemia abrió también más posibilidades de telemigración, estudiadas por Tsapenko y Grishin (2022) como la virtualización de la migración transfronteriza, que permite que las personas crucen solamente las fronteras virtuales de los Estados, sin dejar su país de residencia. Con la pandemia por COVID-19, la circulación de los trabajos intelectuales ha sido muy intensa, a diferencia de las relaciones laborales tradicionales. Contrario a la intuición de que la telemigración traería menos desigualdad, el estudio de Tsapenko y Grishin muestra que este tipo de migración también está conectada a desequilibrios crónicos y genera nuevas fuentes de tensión social, entre estas, asimetrías socioeconómicas globales, nuevas áreas de competencia y la insuficiente protección social de los trabajadores a distancia.

Después de la pandemia, la idea de gobernanza cobró nuevos sentidos para la migración calificada, dadas las posibilidades de migración virtual y trabajo remoto. Algunos de los trabajadores de América del Norte pudieron regresar a sus países de origen, e incluso, hubo más circularidad de talento en la región, con nómadas virtuales de Estados Unidos y Canadá que decidieron establecerse en México durante la pandemia, para trabajar de manera remota desde un clima más amigable, rentas más bajas y un ambiente más exótico. Dado que México no cerró las fronteras, las residencias cortas y la industria del turismo se beneficiaron a corto plazo con la población profesionista flotante del norte del continente.

Otros estudios sobre el impacto de la pandemia en la migración calificada han destacado cómo el trabajo intelectual remoto produce un deterioro de espacios (Rymaniak et al., 2021), generando problemas en términos de la seguridad de la información (Nikolaiets et al., 2023). Más relevante en términos de gobernanza, Nardon et al. (2022) estudian el impacto de la pandemia en la descalificación y movilidad laboral descendente, la carga doméstica desproporcionada, las carreras interrumpidas y la segmentación de ocupaciones y organizaciones, que impactan más a las mujeres. Todos estos temas podrían ser considerados en futuras renegociaciones de la migración calificada en la región, dado que las condiciones presenciales de esta han sido complementadas con la telemigración.

CONCLUSIONES

Los antecedentes teóricos, así como el análisis legislativo y estadístico realizado permiten enmarcar la actual gobernanza regional de las fronteras en América del Norte en un momento restrictivo, que parece impactar en la movilidad de capital humano calificado. Concretamente, los resultados obtenidos muestran un incremento de las visas TN y TD establecidas en los tratados comerciales TLCAN/T-MEC, así como de las visas H-1B, O-1 y J-1, lo que ayuda a explicar el crecimiento ascendente y sostenido que ha experimentado, particularmente, la migración calificada mexicana a Estados Unidos desde mediados de la década de los noventa, y también, aunque en mucha menor medida, la canadiense. Así mismo, los datos examinados permiten sustentar la hipótesis de que la desigualdad regional puede determinar una ganancia de talento, como sucede en el caso de Estados Unidos y Canadá, frente a una correspondiente pérdida de este en México, debido sin duda, a que los primeros dos países cuentan con políticas de atracción, en tanto que México tiene una política de retención de talento.

De hecho, se podría decir que las disparidades regionales, presentes a nivel económico y político, también se reflejaron en la forma de negociar los acuerdos del TLCAN y T-MEC, y que la aplicación de estos se asocia con un incremento de la emigración calificada desde México, sin propiciar una verdadera circulación de talento en la región. Sin embargo, cabe subrayar que los patrones y tendencias esbozados en este documento podrían cambiar a largo plazo, debido a la virtualización del teletrabajo que cobró auge tras la pandemia por COVID-19.

Tal situación provocó, incluso, que algunos profesionistas estadounidenses y canadienses trabajaran durante la pandemia y posteriormente se establecieran en México. Tocaría ahora a las instancias gubernamentales de los tres países replantear la gobernanza de capital humano calificado, que no necesita emigrar para ser contratado en cualquiera de los tres países. Este cambio podría beneficiar el mercado regional de talento con una mayor circulación y movilidad laboral de trabajo altamente calificado entre los tres países, a pesar de las restricciones de visado y entradas impuestas recientemente por el gobierno estadounidense.

En conjunto, la evidencia muestra que la gobernanza regional de la migración calificada en América del Norte ha contribuido más a reproducir las asimetrías entre México, Estados Unidos y Canadá que a consolidar un mercado regional de talento. La principal aportación de este estudio consiste en demostrar que estas desigualdades responden no solo a factores económicos, sino también al diseño institucional de la gobernanza migratoria derivada del TLCAN/T-MEC. Estos resultados evidencian la necesidad de avanzar hacia mecanismos de cooperación regional que promuevan una circulación más equitativa del talento y fortalezcan la formación, retención y movilidad del capital humano en el contexto de las nuevas dinámicas del mercado laboral norteamericano.

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3Este artículo es resultado del Proyecto PAPIIT IN302324 «Comunicación y diplomacia de las diásporas. Perspectivas desde los contextos de recepción en las Américas, Europa y Asia», coordinado por Camelia Tigau, el cual fue realizado durante el período 2025-2027 gracias al financiamiento de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Recibido: 09 de Diciembre de 2024; Aprobado: 09 de Abril de 2025

Centro de Investigaciones sobre América del Norte

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