El 10 de enero de 2010, un sismo con magnitud de 7.0, con epicentro en Puerto Príncipe, afectó a la población de Haití, ocasionando la pérdida de más de 220 000 vidas y un estimado de 8 000 millones de dólares en daños. El devastador movimiento telúrico incrementó aún más los niveles de pobreza, convirtiendo a Haití en el país más pobre en el hemisferio occidental con 80 por ciento de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, 2017; Beekma, 2016). Con el paso de los años, esta tragedia ocasionó que millares de ciudadanos haitianos se desplazaran a lo largo de varios países de América y el Caribe para llegar a ciudades de la frontera norte de México, como Tijuana, con la intención de solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos. El objetivo central de este ensayo es analizar el papel que han jugado los gobiernos de Brasil, México y Estados Unidos en el desarrollo de este gran flujo migratorio.1
A pesar del contexto mundial actual en el que se restringen los derechos de los inmigrantes, Brasil se ha caracterizado por abrir sus puertas a los extranjeros. A lo largo de la historia reciente, los gobiernos brasileños han aprobado cuatro períodos de amnistía, en 1980, 1988, 1998 y 2009, durante los cuales se estima que se regularizó la estadía de aproximadamente 148 000 personas (Organización de los Estados Americanos, 2012). La población haitiana comenzó a llegar a Brasil en grandes números a consecuencia del terremoto de 2010. Una vez que arribaron al país, intentaron solicitar el estatus como refugiados, pero no calificaban para ello, debido a que este beneficio no es válido para personas desplazadas por desastres naturales. Fue por ello que en enero de 2012, el Consejo Nacional de Migración estableció el programa RN-97 para regularizar la estadía de los haitianos por razones humanitarias (Beekma, 2016).
En el mismo año, el gobierno de Brasil facilitó la inmigración legal desde su embajada en Haití, otorgando visas de trabajo con una vigencia de cinco años (Ponthieu y Derderian, 2013). Así mismo, se otorgaron aproximadamente 2 400 visas humanitarias, adicionales a las 1 600 que ya se habían entregado a consecuencia del terremoto de 2010 (The New York Times, 2012).
Según reportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, se estima que hasta enero de 2016, Brasil había concedido alrededor de 38 446 visas humanitarias a ciudadanos haitianos; muchos de los cuales obtuvieron empleo en la construcción de represas y caminos, así como en la edificación de estadios para la celebración del Mundial de Futbol 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 (El País, 2014). Se tiene registro de que la mayor cantidad de haitianos se concentró en las ciudades de Brasiléia, Tabatinga, Manaos, Curitiba, Sao Paulo y sus alrededores. Cuando el trabajo de construcción terminó, gran parte de los haitianos optó por emprender un nuevo viaje en dirección a la frontera norte de México, con la esperanza de obtener asilo en los Estados Unidos.
Este objetivo los llevó a recorrer Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Durante este trayecto fueron víctimas de abuso por parte de funcionarios gubernamentales, coyotes y ciudadanos comunes que les prometían agilizar trámites migratorios o ayudarlos a cruzar las fronteras; solamente el recorrido de Nicaragua a Honduras podía representar un costo de hasta 2 350 dólares (Miami Herald, 2016).
Una de las causas que explica el desplazamiento masivo de haitianos de Brasil a Tijuana, y otras ciudades fronterizas, tiene que ver con los programas humanitarios que el gobierno de Estados Unidos ofrece para la protección de extranjeros que necesitan refugio o ayuda debido a circunstancias como catástrofes, opresión, asuntos de emergencia médica u otros motivos de atención urgente. Como ejemplo de ello, un mes después del terremoto de 2010, Estados Unidos suspendió la deportación de haitianos y habilitó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití, el cual beneficia a ciudadanos que ya se encuentran residiendo en Estados Unidos y que no pueden regresar de forma segura a su país debido a condiciones temporales, ya sea por conflictos armados, desastres naturales o epidemias (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2016).
Sin embargo, la esperanza de obtener asilo fue la principal motivación para que la población haitiana llegara a Estados Unidos. No es fácil acceder a este beneficio, ya que únicamente puede otorgarse a personas que hayan sufrido persecución o un temor fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo particular o por opinión política. De acuerdo con la ley de inmigración de Estados Unidos, existen tres formas de acceder al asilo. La primera (correspondiente al arribo de haitianos) es a través del asilo afirmativo que puede solicitarse en un puerto de entrada como aeropuertos o garitas fronterizas o desde el interior de Estados Unidos en un período no mayor de un año, a partir de la fecha de llegada al país. La segunda opción es el asilo defensivo, el cual se solicita desde el interior de Estados Unidos para evitar la deportación formal y, finalmente, la tercera vía es el asilo derivativo que se concede a cónyuges e hijos menores de 21 años del solicitante principal. Cabe destacar que los datos de aprobación del asilo muestran las bajas probabilidades de éxito de los solicitantes provenientes de Haití ya que, de acuerdo con el Department of Homeland Security, Estados Unidos solamente aprobó 537 solicitudes de asilo afirmativo para Haití en 2014, es decir, sólo dos por ciento del total de solicitantes (Department of Homeland Security, 2016a).
No obstante, la comunidad haitiana decidió continuar su viaje hacia Estados Unidos. En enero de 2016, miles de haitianos comenzaron a llegar a Chiapas, México, donde el Instituto Nacional de Migración, ubicado en Tapachula, les entregaba un "oficio de salida por razones humanitarias" (migrante haitiano, comunicación personal, 4 de octubre de 2016). En entrevista con uno de los migrantes haitianos en Tijuana, se pudo comprobar que este oficio autoriza la permanencia en México por un máximo de 20 días. El documento del entrevistado expresa que "en virtud de que no fue obtenido reconocimiento de nacionalidad del Estado respecto del cual el extranjero manifestó ser nacional (...) se declaró la determinación de apátrida, con la cual podrá gestionar la condición de estancia de residente permanente" (migrante haitiano, comunicación personal, 4 de octubre de 2016). Curiosamente, el documento muestra que fue concedido a un ciudadano de El Congo, aunque el entrevistado era haitiano. Como luego fue ampliamente difundido en la prensa, los haitianos utilizan este recurso debido a que El Congo es un país en conflicto y consideran que de esta manera es más probable que obtengan el estatus como refugiados o asilados. Proceder de un país con estas características es un motivo clave ya que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) establece claramente que las dificultades económicas no se consideran una razón suficiente para que una persona solicite el estatus de refugiado o asilado.
El arribo de cientos de haitianos a Tijuana comenzó a registrarse en mayo de 2016, específicamente en el cruce peatonal de la garita de San Ysidro, en donde esperaban a que el gobierno estadounidense les otorgara una cita para solicitar asilo. La magnitud del arribo puede apreciarse en los datos del gobierno de Estados Unidos, que muestran que en el año fiscal 2016, más de 5 000 haitianos sin visa llegaron a esta garita, en comparación con solamente 339 que llegaron durante el año fiscal 2015 (The New York Times, 2016).
Entre los solicitantes de asilo que comenzaron a llegar a la frontera, no sólo se registró población haitiana, también se encontraban ciudadanos mexicanos que provenían principalmente de los estados de Guerrero y Michoacán y solicitantes provenientes de países como Etiopía, Kenia, Angola, Honduras, El Salvador y El Congo (Frontera, 2016a). Tal es el caso de Junior Matebula, quien expresó que en El Congo, la única oportunidad que tienen los jóvenes es unirse a la guerrilla (Frontera, 2016b).
Con el paso de los días, la presencia de migrantes haitianos en la frontera era mayor y, a medida que el número de solicitantes iba incrementando, el proceso para solicitar citas se hacía más lento, dejando a cientos de migrantes atrapados en la garita Tijuana-San Ysidro. Para tratar de solventar este problema, autoridades del gobierno federal de México, a través del Instituto Nacional de Migración y en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection), solicitaron la ayuda de los diferentes albergues para migrantes, con la intención de que dieran refugio a las personas que estaban esperando en la calle y para contar con su colaboración en la organización de citas con las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Desde entonces, y con mínima participación del gobierno mexicano, integrantes de la sociedad civil se dieron a la tarea de atender a la población migrante, situación por la cual los albergues de la ciudad vieron rebasada su capacidad en cuanto a espacio y recursos. Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos de México, expresó que en espacios con capacidad para 60 personas vivían hasta 500 haitianos y en muchos de estos lugares no se contaba con los recursos para solventar los gastos de agua y electricidad (Sin Embargo, 2016). Ante la necesidad apremiante de hospedaje y comida, comenzaron a surgir nuevos albergues, especialmente en iglesias que acondicionaban sus espacios como nuevos refugios. Cabe mencionar que ha sido la población tijuanense quien se ha encargado del abastecimiento de los albergues.
La Casa del Migrante de Tijuana reportó que tan sólo de mayo a agosto de 2016 recibió a más de 1 000 personas provenientes de 27 países: Armenia, Benin, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Cuba, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras, India, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Sudán, Togo y Ucrania.
De igual forma, el Desayunador Salesiano del Padre Chava informó que de marzo a octubre del mismo año atendieron a más de 3 600 haitianos (Grupo Fórmula, 2016), situación que también se registró en refugios como Casa Madre Assunta, Ejército de Salvación, entre otros. Adicionalmente, la mayor parte de estos albergues continuaron con la atención a migrantes recién deportados que ya residían en estos espacios.
Meses después del arribo de miles de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2016, el entonces Secretario del Department of Homeland Security, Jeh Johnson, dio a conocer un comunicado en el que informó que debido a que las condiciones en Haití habían mejorado significativamente, se normalizarían las deportaciones de acuerdo con lo establecido en un memorándum de 2014 (DHS, 2016b). En la declaratoria, el secretario Johnson expresó que los individuos que mostraran temor de regresar a Haití podrían iniciar una solicitud de asilo, siempre y cuando pudieran probar un miedo fundamentado de persecución o tortura. Por otro lado, aclaró que aquellos que se encontraran bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no serían deportados, especialmente quienes residían en el país desde enero de 2011.
Así mismo, el secretario del DHS declaró que se continuaría con el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Haitiano (The Haitian Family Reunification Parole Program) que permite a ciertos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, solicitar la inmigración de sus familiares provenientes de Haití, sin que ellos tengan que esperar por sus fechas de prioridad de visa de inmigrante.
A unos días de haber dado a conocer la declaratoria sobre la reanudación de las deportaciones, el 4 de octubre de 2016, un nuevo desastre natural azotó la República de Haití, esta vez el huracán Matthew impactó la zona con vientos que alcanzaron los 230 kilómetros por hora. A consecuencia de ello, el secretario Johnson emitió un nuevo comunicado donde informó que las deportaciones se suspenderían temporalmente debido al paso del huracán, pero que la política de deportación, publicada días antes, seguiría aplicándose, incluyendo a los ciudadanos haitianos que hayan sido aprehendidos recientemente en los puertos de entrada (DHS, 2016c).
A casi un año de su llegada a Tijuana, y ante la amenaza de ser deportados de Estados Unidos si su solicitud de asilo no es aceptada, cientos de haitianos han decidido quedarse en México. A partir de febrero del presente año, autoridades mexicanas comenzaron a entregar fichas para regularizar la estancia de los que quieran residir en el país. En conferencia de prensa, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodulfo Figueroa, expresó que se otorgarán dos tipos de regularización: como visitantes por razones humanitarias, con vigencia de un año y posibilidades de renovación y por razones humanitarias en condición de refugiados, con vigencia de cuatro años (La Jornada, 2017). Se estima que de febrero a marzo, 131 haitianos han regularizado su situación migratoria en México, 76 cuentan con tarjetas de visitantes por razones humanitarias y 55 con estatus de refugiados (Sin Embargo, 2017).
A unos metros del Templo Embajadores de Jesús, perteneciente a la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en México, y que ha fungido como albergue en los últimos meses, se ha iniciado la construcción de Little Haiti. El proyecto se encuentra ubicado en el Cañón del Alacrán y está a cargo de Gustavo Banda Aceves, quien es pastor del templo y propietario de los tres terrenos donde ha comenzado la construcción. En una entrevista, Banda Aceves explicó que se tiene prevista la edificación de 100 casas que darán alojamiento a los 225 haitianos que se encuentran viviendo en el templo. Sin embargo, el proyecto se encuentra clausurado por las autoridades municipales, quienes argumentan que la construcción se ubica en una zona de riesgo y que no cumple con las regularizaciones para un complejo habitacional (Gustavo Banda Aceves, comunicación personal, 23 de marzo de 2016).
El pastor Banda informó que la reanudación de las deportaciones de haitianos por parte de Estados Unidos, que ha incluido a personas que se hospedaron en el templo, ha atemorizado a nuevos solicitantes. Solamente mujeres embarazadas y parejas con niños siguen intentando conseguir una cita con autoridades migratorias de Estados Unidos. Esta situación ha incentivado a que los haitianos busquen la forma de establecerse en Tijuana, propiciando el posible surgimiento de más colonias como Little Haiti.
El arribo de miles de migrantes haitianos a Tijuana con la intención de solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos y que han sido acompañados por migrantes provenientes de otros países, incluyendo México, sugiere el movimiento desesperado de migrantes ante situaciones graves de violencia y pobreza, desafortunadamente, muchas de estas personas no cumplen con los requisitos que el gobierno de Estados Unidos exige para otorgar el asilo y se quedan varados en ciudades como Tijuana. En el caso particular de los haitianos, tanto la apertura del gobierno de Brasil al otorgarles visas humanitarias, como la disposición del gobierno de México para concederles el oficio de salida por razones humanitarias, facilitó su desplazamiento hacia la frontera norte de México.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, en reconocimiento a la situación económica y política de Haití, ha admitido a muchos haitianos, no por razones de asilo, sino bajo un parole humanitario que les permite permanecer en Estados Unidos durante tres años (The New York Times, 2016).
De igual forma, la participación activa de la sociedad civil ha sido fundamental en el arribo de los haitianos a Tijuana, ya que les han ayudado a cubrir sus necesidades básicas.