Nota crítica

 

Violencia extrema y existencia precaria en Ciudad Juárez*

 

Extreme violence and precarious existence in Ciudad Juárez

 

Julia E. MONÁRREZ FRAGOSO

 

Profesora–investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. Dirección electrónica: juliam@colef.mx

 

Sabemos que la lucha contra la delincuencia es una batalla dura y difícil, que ya le cuesta al Estado significativos recursos, que va a tomar tiempo y que, por desgracia, seguirá cobrando vidas humanas en la medida en que vamos avanzando y derrotando a la criminalidad.

Felipe Calderón, presidente de México, 7 de marzo de 2007

 

En los últimos años, en un período que comprende de 1993 hasta 2010, hablar de violencia extrema en el orden mundial remite invariablemente al espacio geográfico de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y evoca dos ejemplos de la misma: el feminicidio y los "asesinatos por ejecución" o "ajuste de cuentas" en un contexto de ausencia de Estado y contienda bélica. Y aunque la intensidad de la violencia ha estado presente en esta ciudad por más de dos décadas, la población de esta comunidad refiere el año 2008, con la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua, por parte del Estado, en contra del crimen organizado, como un desbordamiento que abrió las avenidas a las acciones de la delincuencia organizada y desorganizada para victimizar de una forma inédita a la ciudadanía fronteriza. Esta estrategia antidelictiva develó la precariedad de la existencia de las/os juarenses, que ha culminado con la muerte violenta de cerca de 6 500 personas¹ en dos años y seis meses y ha dado paso al establecimiento de una "institucionalización de la inseguridad" (Bauman, 2006:90) ante la desarticulación del Estado mexicano.

Desafortunadamente en esta ciudad la muerte no es el único hecho violento. La ciudadanía padece secuestros, extorsiones, pago por piso, derecho de "protección", autobuses "rafagueados", junto con los usuarios que hacen uso del transporte público, robo de autos con violencia, asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, desaparición de mujeres adolescentes y violencia sexual contra las niñas y mujeres. Ante toda esta gama de inseguridad humana, sólo refiero que no son objeto de análisis en este artículo, aunque algunas de ellas derivan en el asesinato de las víctimas. Esta pérdida de vidas humanas hace reflexionar acerca del papel que juega el Estado mexicano en esta contienda bélica y el significado y las implicaciones que tiene la muerte violenta para esta población.

En este tema que me ocupa es importante investigar la parte más visible y dramática de esta violencia: las muertes "artificiales" producto de la "voluntad de un grupo", como las llama Jean Baudrillard, en contraposición con las naturales producto del deterioro biológico. Al mismo tiempo, mostrar el poco valor de la vida humana o la sobrevaloración de la muerte artificial producto de las relaciones sociales (Baudrillard, 1993). Estas relaciones le dan forma al asesinato a través de las diferencias de poder entre hombres y mujeres (feminicidio) y de la victoria del crimen organizado (ejecuciones). Años atrás, el feminicidio convocó al análisis académico de las estructuras de la violencia en esta localidad. Rosalinda Fregoso (2006:109) habló de un orden "necropolítico" que impera en el estado de Chihuahua. En este orden había ya una concordancia y encuentro de "fuerzas y procesos plurales que incluían la militarización, la desnacionalización, el neoliberalismo y la ingobernabilidad".

Estos elementos están marcados por el proceso de la globalización, que repercuten, de acuerdo con Saskia Sassen (1998 y 2007), en el quiebre de dos elementos fundamentales del Estado nación: la territorialidad (la organización territorial de la actividad económica) y la soberanía (la organización del poder político). En relación con la primera, Ciudad Juárez fue reestructurada, hace casi 40 años, económicamente para convertirla en una zona de manufactura de exportación para un mundo globalizado. En este sentido el Estado poco o nada tiene que hacer o decir sobre estos proyectos desnacionalizados y desindustrializadores (Harvey, 2003:99) de nuestro país, su soberanía se supedita a la economía de las grandes transnacionales principalmente con una reserva de mano de obra barata. Esto también aplica, desde hace tres décadas, a las redes internacionales del crimen organizado. Ciudad Juárez quedó inmersa desde mediados de la década de 1980 en una guerra geográica y espacialmente determinada por la producción, venta y consumo de drogas. En ese período el gobierno estadounidense cerró la ruta de entrada del narcotráico que procedía de Colombia y de la región andina a las ciudades del estado de Florida, los traicantes colombianos hicieron alianzas con los traicantes mexicanos y utilizaron las rutas mexicanas para introducir la droga a Estados Unidos (WOLA, 2007). En este nuevo orden económico, tan sólo en el rubro de la cocaína, países como Estados Unidos, Canadá y otras naciones europeas se quedan con 70 por ciento de las ganancias (CNN México, 2010).

Sin embargo, la globalización también debe verse en términos de lo nacional. Para México uno de los grandes y más graves problemas es la incapacidad del Estado para proveer de seguridad humana a su ciudadanía; quienes viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, la han visto y padecido En 2008, la tasa nacional de victimización fue de 12 000 delitos por cada 100 000 habitantes (icesi, 2010), el Estado ya no es más un contenedor social y éste se desarticula con una intensidad y con "diferentes grados de desarticulación" (Sassen, 2007:12). Estas desintegraciones económicas y criminales y estas pérdidas de seguridad han creado ciudadanías que no gozan de los beneicios sociales, económicos y políticos que todo Estado nación debe y está obligado a garantizar. Este trastrocamiento de los elementos antes citados ha creado seres descartables, o lo que Hannah Arendt (1967:140) llama la matanza de gente "primitiva" y "culturizada".

Una vez expuesta la forma social de la violencia en la cual descansa el feminicidio y los homicidios por ejecución del crimen organizado, o los ajustes de cuenta, me enfoco entonces en analizar el estado de seguridad que se desprende de los discursos que se dieron en torno a la aplicación del Operativo Conjunto Chihuahua en esta ciudad por parte de los tres niveles de gobierno y las consecuencias para sus habitantes. La teoría de fondo de mi razonamiento representa una combinación de varios elementos epistemológicos que relexionan acerca de la violencia, la muerte inútil de la vida precaria y la institucionalización de la vida insegura. Mi objetivo es proporcionar elementos de análisis que ayuden a comprender esta clase de ultrajes a la dignidad humana por medio de la exploración de las muertes públicas (Baudrillard, 1993). Son los asesinatos que se han ejercido en un cuerpo biológico, en un cuerpo cultural, atravesado por las relaciones de género, la crisis de inseguridad que vive el país y el fracaso del Estado mexicano al hacer uso de la violencia legítima y poner en práctica el monopolio de la coerción (Bauman: 2006) contra la delincuencia organizada.

He organizado mi discusión alrededor de tres temas. El primero de ellos es el uso de la violencia legítima para recobrar la justicia y el sentido de seguridad en Ciudad Juárez. El segundo se centra en el análisis del consentimiento para la permanencia de la muerte artificial. Por último, el deterioro de la vida pública a través de una existencia precaria resultado de una institucionalización de la inseguridad.

El derecho a trazar el límite entre la coerción legítima (admisible) y la ilegítima (inadmisible) es el primer objetivo de toda lucha por el poder.

Zygmunt Bauman, Ya sociedad sitiada

El 28 de marzo de 2008, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pusieron en marcha en esta ciudad el Operativo Conjunto Chihuahua. Esta estrategia militar es una versión local de la declaración de guerra hecha por el presidente Felipe Calderón contra los carteles de la droga en los años 2006–2007. Prometieron a una comunidad agobiada por la violencia debilitar la infraestructura financiera de los traicantes de drogas, recobrar el espacio público para las/os habitantes de Juárez, apoyarse en operaciones de inteligencia y ofrecer seguridad para la población y sus familias; para tal efecto las fuerzas castrenses se hicieron cargo de la ciudad. No obstante, el Estado no tomó en cuenta la respuesta del crimen organizado, la paradójica situación que prevalece en el entorno exterior de nuestra nación y el consumo y prohibición de las drogas en Estados Unidos, el cual no lo ha podido resolver en más de 40 años y no está dispuesto a lanzarse a un ataque frontal contra la delincuencia organizada en su territorio. Sin embargo, sí pide, a través de Carlos Pascual, su exembajador en México, mayor militarización para Ciudad Juárez (Silva, 2010).

Ante el descontento nacional por el costo en vidas humanas que esta guerra ha cobrado, el 24 de marzo de 2010 el presidente Felipe Calderón declaró: "los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes, que son una ridícula minoría montada sobre el miedo". El presidente no percibe que esta "minoría" ha sido la responsable, con su violencia ilegítima e inadmisible, de crear una comunidad doliente que sufre desprotegida los costos humanos, sociales y económicos que genera. Vale decir, de acuerdo con Bauman (2006:12), que cuando el Estado decide y amenaza con utilizar la violencia no hay nada que permita distinguir la violencia ejercida del uno por el otro; no obstante, una vez que el Estado se ha vuelto el "arbitro" su "misión fundamental, así como la tarea más urgente de la coerción legítima, es precisamente extirpar toda posible violencia, prevenir que se produzca, y castigarla cuando ocurre".

la transformación psíquica que se produce en determinadas personas, cuando partiendo de una situación en la que matar a otros está prohibido con rigor y es castigado al máximo, pasa a otra en la que matar no sólo está socialmente permitido, sea por el Estado, por un partido o por un grupo, sino que es exigido de manera expresa.

Norbert Elias, Ya soledad de los moribundos

En Ciudad Juárez, hasta el 1 de septiembre de 2010 se tenía documentado 2 030 homicidios, de éstos sólo se ha podido encontrar sospechosos para 67 casos, esto quiere decir que en 97 por ciento de los expedientes no hay ni siquiera el señalamiento de un responsable (Rodríguez, 2010a). La muerte es ante todo un intercambio simbólico (Baudrillard, 1993), y estos homicidios representan una forma de dar y recibir entre diferentes actores y la colocación actual del Estado en la guerra contra el narcotráico. Estos cuerpos ejecutados, lacerados, mutilados, decapitados, violentados sexualmente y torturados han sido conformados a través de las violencias que se les ha inligido, pero al mismo tiempo han conformado la agenda internacional de la "victoria" contra el narcotráfico. Son muertes mediadas por un discurso inhumano por parte de quienes gobiernan el territorio nacional y su contraparte estadounidense.

En un encuentro con el sector turístico nacional e internacional, el presidente Felipe Calderón aseveró que dentro de los asesinatos registrados en la nación ha habido policías y militares caídos, pero éstos representan menos de cinco por ciento, y también gente inocente, menos de 10 por ciento (El Universal, 2010). Sin embargo: "él no parece haber dado alguna evidencia para estos números y no hay virtualmente procesos relacionados con esta ola de tres años de violencia" (Molloy, 2010). Luego hizo comparaciones estadísticas, situó a México con una tasa de homicidios de 11.6 y al punto lo comparó con las tasas de 60 de la República Dominicana, de 22 de Brasil, de 36 de Colombia y de 31 de Washington, la capital de Estados Unidos (El Universal, 2010); sólo le faltó la tasa de Ciudad Juárez, más de 200 personas por 100 000 habitantes.

Tampoco el expresidente municipal de esta ciudad, José Reyes Ferriz, asumió la responsabilidad de las muertes. El 12 de abril de 2010, en la Universidad de Texas en Austin, ante el cuestionamiento que se le ha hecho al ejército mexicano por múltiples violaciones a los derechos humanos de la población, el exalcalde manifestó: "quienes se quejan en su gran mayoría son los padres de criminales 'empedernidos' que se ganan la vida matando. A estos criminales duros no se les puede tratar con cortesía" (Norte, 2010). Así que en esta ciudad todos los asesinados son culpables y merecen morir ejecutados, sea por la violencia legítima o la ilegítima, sus familias no tienen derecho a reclamar porque no supieron educar ciudadanos ejemplares: merecen lo que les pasa. Este intenso exterminio ha degradado la vida comunitaria y ha establecido qué vidas vale la pena que se vivan y qué vidas deben morir y no ser lloradas (Butler, 2006). Estas clasificaciones de los seres humanos en diferentes categorías y sobre todo en la "aceptación de categorías privilegiadas" dan origen al colapso moral de cualquier sociedad (Arendt, 1967:191). Sobre todo de esta sociedad donde el Estado ha olvidado que la ley se aplica para todos, y por todos se entiende también aquellos que han delinquido. Poner en práctica el poder político es parte de las funciones del Estado para impedir que en su territorio el crimen organizado decida quién debe morir y quién debe vivir.

No se trata tan sólo de que la vida digna y el respeto debido a la humanidad de cada ser humano se combinan para constituir un valor supremo que no puede ser superado ni compensado por cualquier volumen ni cantidad de otros valores, sino que todos los otros valores solamente son valores en cuanto sirven a la dignidad humana y promueven su causa.

Zygmunt Bauman, Amor líquido

La ciudadanía de la frontera norte de México experimenta una carga de consternación por la pérdida de vidas humanas y un costo económico muy grave debido a los actos delictivos que suceden en la región convertida en un cementerio público y en un territorio sin ley. Los miles de cadáveres dejados "al descuido" simbolizan la ganancia o pérdida de territorios y la distinción entre las buenas y las malas zonas, cotos feudales o provincias diseñadas para vivir o morir. También simbolizan la dramática desarticulación entre los tres órdenes de gobierno; esta ausencia de una política de largo alcance y de respeto a la dignidad humana y a la vida queda ejemplificada en las declaraciones hechas por Sergio Granados, el entonces secretario general del gobierno estatal. él, ante el disimulo y la ausencia de acción ante la amenaza anunciada y cumplida en diciembre de 2009 por parte del crimen organizado de "rafaguear" los camiones con las/os usuarias de éstos, obligado por el escrutinio de la prensa contestó:

Los disparos que se hicieron contra el camión que transportaba a 15 pasajeros no representa un hecho circunstancial. Es un caso aislado muy concreto a un área [...] no es un ataque contra la población civil... el ataque se da para que se vea la seriedad de la amenaza, no es tanto contra los civiles (Chávez, 2009).

Esta irresponsable contradicción es compartida por el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, quien al inicio de 2010 se deslindó del operativo con estas palabras: "Nunca se dijo que con la Operación Conjunta habría de erradicarse el narcotráico y la violencia emanada del narcotráico". Ante la estupefacción de quienes estaban presentes y de quienes lo han leído, olvidó sus declaraciones anteriores en las que con beneplácito celebró la llegada "puntual y oportuna" de las fuerzas federales y avaló el objetivo y los compromisos del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño: "fracturar y desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales" para otorgar "tranquilidad y paz" a la ciudadanía (Rodríguez, 2010b). Mientras tanto, el ejecutivo federal manifestó en agosto de 2010 que la lucha continuaría a pesar, entre otras cosas, de los miles de muertos, ya que éstos, en su mayoría, son producto del enfrentamiento entre los diferentes carteles de las drogas. Como resultado de estas decisiones, un número significativo de colonias se han cerrado, Ciudad Juárez semeja una ciudad sitiada, una sociedad condenada al modelo "concentracionario" (Bauman, 2006:115), una ciudad donde la violencia extrema, que ha ocasionado el enfrentamiento entre la violencia legítima e ilegítima, ha precarizado la vida e institucionalizado la inseguridad humana.

 

CONCLUSIÓN

Definitivamente, en Ciudad Juárez, los dos elementos fundantes de un Estado nación se encuentran colapsados. El territorio es un campo de batalla controlado por el crimen organizado y la delincuencia común; el poder político se encuentra desarticulado y los discursos de la élite política nacional, estatal y municipal dejan en claro que la muerte continuará. Si bien esta anarquía va más allá de lo local, ya que tiene su contraparte en problemáticas que se originan en un mundo globalizado es vital, desde lo local, un pacto social moderno que garantice a toda la población el primero de todos los derechos y sin el cual los otros no tienen razón de ser: el derecho a la vida. Mis preguntas finales son: ¿podremos algún día movernos con seguridad, podremos algún día pedir a estos líderes encargados de nuestra seguridad pública una rendición de cuentas? Porque sólo a través de éstas se podrá reconstruir la vida de quienes ya no están, de quienes sufren su ausencia y de quienes han vivido esta experiencia de una guerra fallida en una sociedad abandonada ante su desintegración social y la ceguera de su clase política que no aplica la ley ni tiene el control de su territorio.

 

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NOTAS

* Este trabajo es producto del financiamiento otorgado por Fondo Mixto Conacyt–Chihuahua para el proyecto de investigación Estrategias para la prevención e intervención del feminicidio juarense, clave CHIH –2007 COl–79934.

¹ 500 de ellas son mujeres; son crímenes feminicidas. Ciudad Juárez se ha convertido en el epicentro de esta guerra y estas muertes representan 35 por ciento de las 28 000 que han acaecido en el país desde 2006.