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Introducción
Este artículo muestra la investigación realizada en los últimos años sobre el asesinato extrajudicial de ambientalistas en México. En la primera parte desarrollo cómo ha sido mi acercamiento al tema, así como algunos datos generales sobre los bienes naturales en México y la estrecha relación entre la diversidad cultural y la diversidad ambiental.
Posteriormente desarrollo cómo me aproximo a mi campo de estudio a partir de diversas notas periodísticas, que me permitieron hacer un mapeo de los casos de ambientalistas asesinados en el país, para esto se creó una base de datos con las fechas de sus asesinatos, los territorios que defendían, los actores involucrados, los hechos y la impartición de justicia.
Para avanzar en mi análisis retomo algunos estudios sobre la defensa del territorio, las prácticas de acoso y hostigamiento que enfrentan los ambientalistas, y problematizo cómo este ambientalismo está vinculado sobre todo con poblaciones con menores ingresos o en condiciones de pobreza.
Lo anterior también se vincula con algunos hallazgos sobre la racialización que enfrentan los ambientalistas en México, un aspecto que se puede observar en los casos mapeados en el país, donde se puede ver que los asesinatos se cometieron en lugares donde hay una mayor presencia de grupos indígenas, campesinos o pescadores.
Otro de los datos que resalto en esta investigación es la práctica de una pedagogía de la crueldad que busca desarticular la defensa del territorio y los movimientos sociales que surgen en México, pero que no es exclusiva de nuestro país.
Con este estudio busco mostrar la falta de impartición de justicia por la que han pasado las familias de las y los ambientalistas asesinados; si bien las prácticas sobre sus casos apuntan al olvido y la puesta en práctica de una pedagogía de la crueldad por parte del Estado, mi intención es poner los casos en la esfera pública para recuperar la memoria y la búsqueda de acceso a la justicia para la no repetición.
Justificación y antecedentes
Desde 2006 he trabajado en comunidades indígenas en el centro y sur del país. En mis primeros acercamientos observé su lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos originarios. Sin embargo, como pude observar en el tiempo que he colaborado en diferentes estados de México, los territorios presentan un incremento en las luchas por la defensa de los bienes naturales, muchas de éstas han iniciado porque han sufrido agravios.
Al respecto, Martínez Alier (2021), en su libro El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración, muestra que el ambientalismo en América Latina inicia con un agravio o amenaza. En Estados Unidos los movimientos por los derechos civiles también traían consigo los movimientos ambientalistas, que mostraban que las comunidades más pobres, las de los afrodescendientes, eran las que recibían los desechos tóxicos del país, una situación que se siguió replicando en otros países, como el nuestro.
En México existen casos1 donde se observa que los residuos tóxicos son vertidos en zonas donde el índice económico es menor y no existen regulaciones o sanciones para quienes vierten sus desechos. Éste es un tema que se necesita examinar con mayor detalle, lo cual abre un espacio para pensar que estos agravios han cohesionado a las poblaciones para defender sus territorios ante actores externos, no sólo de la contaminación, sino también del despojo y el saqueo.
Otro elemento a destacar es que, actualmente, México se considera un país inseguro, y es que, desde el gobierno de Felipe Calderón, con la guerra abierta que hizo contra el narcotráfico, la presencia de grupos delincuenciales (narco) y la militarización del país han producido un aumento de la inseguridad; a esto se suma que los distintos gobiernos han apostado a la “seguridad” incrementando el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En una nota publicada en el periódico SinEmbargo, se destaca que en el sexenio de Felipe Calderón el presupuesto a la Sedena aumentó 72.70 %, ya que el gobierno de Vicente Fox le había destinado 26,031,900,900 pesos en 2006, mientras que Calderón destinó 55,610,989,782 en 2012; durante el gobierno de Peña Nieto el incremento fue de 33.23 % y en la administración de Andrés Manuel López Obrador se registró un incremento de 11.14 % (Fuentes, 2021). Lo cual no se ha traducido en la reducción de homicidios, desapariciones de personas o mayor seguridad.
Lo anterior se ve reflejado en el fortalecimiento de los grupos castrenses en el país, primero con la creación de la Policía Federal Preventiva, después con un mayor presupuesto a los militares y en el actual gobierno con la creación de la Guardia Nacional, con ello muestran que el presupuesto para seguridad no ha hecho más que seguir fortaleciendo el poder de las Fuerzas Armadas, militarizando el país y dejando en manos de los militares una serie de proyectos económicos importantes, como el aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya, pero que han fracasado en su intento de generar un país más seguro.
Antes de dar paso al próximo apartado, me detendré a definir qué se entiende por territorio, en una primera acepción, éste haría referencia a un espacio geográfico delimitado, con componentes políticos y administrativos; sin embargo, recuperando lo postulado en los estudios de Toledo y Boege,2 ese espacio también estaría impregnado de una territorialidad que implica para las personas (sobre todo hablando de comunidades indígenas y campesinas, aunque no exclusivamente) un referente identitario, paisajístico, cultural, así como una historia social y natural. El territorio en su dimensión natural comprende recursos como agua, tierra y vegetación; asimismo, es una prolongación y expresión material de la red de relaciones que abarca un territorio simbólico y donde se ponen en práctica saberes y conocimientos, así como rituales y vínculos entre las personas y con el medio que los rodea.
México, país megadiverso
Continuando con el tema, uno de los primeros puntos a reflexionar es que nuestro país se encuentra entre los doce países más megadiversos del planeta; esto significa que
México ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de especies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios (295), el segundo lugar en mamíferos (500), el undécimo en aves (1,150) y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plantas con flores), ya que se calcula que tiene 25,000 especies. Además de ser una de las mayores del mundo, la biodiversidad de México cobra también importancia mundial, ya que muchas de las plantas cultivadas por el hombre son de origen mexicano (Luna et al., 2011:38).
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio, 2023), nuestro país cuenta con doce tipos de ecosistemas (incluidos humedales en algunas zonas urbanas y bosques de coníferas en las zonas montañosas del país, entre los 3,800 y 5,000 m. s. n. m.).
Dichos ecosistemas brindan servicios ambientales indispensables para la sobrevivencia de diversas especies y humanos, como agua dulce, suelos fértiles y un sinfín de productos que son utilizados en el mundo. Por ende, México forma un laboratorio vivo de especies invaluables para el estudio de la biodiversidad.
Al tiempo presente, menos de 5 % de los bosques están protegidos en parques y reservas, e incluso éstos son vulnerables a las presiones económicas y políticas. Debido a ello, resulta de gran importancia no sólo incrementar el número de áreas protegidas decretadas por los gobiernos, sino la apropiación y seguimiento a largo plazo de políticas prudentes de desarrollo y conservación de la biodiversidad (Luna et al., 2011:40).
Víctor Toledo, Narciso Barrera-Bassols y Eckart Boege han destacado la importancia del patrimonio biocultural en México y la vinculación que existe entre los diversos ecosistemas y los asentamientos humanos; sostienen que durante siglos se ha generado un conocimiento singular acerca del manejo del territorio, a esto lo llaman conservación in situ, a diferencia de otros científicos, ellos no hablan de una conservación aislada o sin humanos, sino de la capacidad de adaptación que ha existido entre los diversos grupos étnicos y su convivencia con los lugares que habitan. De acuerdo con estos autores, en los lugares donde existe mayor diversidad biológica también existe mayor diversidad cultural; afirman que gracias a la interrelación entre ecosistemas y humanos se han generado saberes y capacidades para el manejo de estos ecosistemas que permiten su conservación, y que éste es un conocimiento que se ha mantenido por siglos en la memoria de campesinos, pescadores y pueblos originarios.
Sin embargo, en las últimas décadas estos territorios han estado acechados por corporativos y megaproyectos de desarrollo que quieren despojar a la gente de sus hogares y quedarse con los bienes naturales que se encuentran en los lugares que habitan. Me parece pertinente destacar que Boege muestra en su libro que es justo en los territorios campesinos e indígenas donde se cosecha 30 % del agua de nuestro país. Asimismo, en estos espacios, donde habitan diferentes culturas, se conservan bosques, selvas y desiertos, lo que implicaría también la conservación de suelos (Boege, 2008). Aunque Boege no menciona el manejo del mar, también es en las costas donde se puede identificar mayor diversidad de especies y asentamientos de comunidades pesqueras, afromexicanas, indígenas y campesinas, las cuales también realizan un manejo de los territorios y sus ecosistemas.
Defensa del territorio y los bienes naturales
Aunque existe esta conservación in-situ y el valor de los servicios ambientales es invaluable, el modelo neoextractivista y económico actual ha puesto en peligro a quienes habitan y defienden estos territorios.
En 1990, Elinor Ostrom retomó lo planteado por Garrett Hardin y comenzó a hablar sobre las diversas construcciones y significaciones sociales de los bienes comunes, cuestionando la noción de recursos naturales y gobernanza; es decir, analizó la lógica mercantil con la que han sido pensados los bienes comunes, lo que pone en conflicto las lógicas de uso, manejo y pensamiento sobre la naturaleza, cuestionando “la tragedia de los comunes”. De acuerdo con Ostrom,
La cuestión de cómo administrar mejor los recursos naturales utilizados por muchos individuos no está más resuelta en la academia que en el mundo de la política. Algunos artículos eruditos sobre la “tragedia de los comunes” recomiendan que “el Estado” controle la mayoría de los recursos naturales para evitar su destrucción; otros sugieren que su privatización resolvería el problema. Sin embargo, lo que se observa en el mundo es que ni el Estado ni el mercado han logrado con éxito que los individuos mantengan un uso productivo, de largo plazo, de los sistemas de recursos naturales. Además, distintas comunidades de individuos han confiado en instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos sistemas de recursos con grados razonables de éxito durante largos periodos (2000:25-26).
Ante esta situación, Ostrom planteó la posibilidad de la acción colectiva, algo que también se señala en un libro que Martínez Alier publicó por primera vez en 2004,3 donde analiza a nivel mundial varias de las problemáticas que enfrentan quienes habitan los territorios con bienes naturales; en su libro, Martínez Alier estudia los conflictos ecológicos distributivos, las desigualdades ecológicas, la justicia ambiental, la deuda ecológica, el papel del Estado y otros actores en la gobernabilidad y la política ambiental.
Lo anterior devela un conflicto entre sistemas de valores, así como una serie de agravios en distintas regiones del mundo, ante los cuales surge lo que Martínez Alier denomina el “ecologismo popular” o “ecologismo de los pobres”, que cuestiona la ideología del progreso que ha olvidado a la naturaleza, y el trabajo doméstico, y que ha emprendido luchas anticapitalistas, que sin saberlo son luchas ecologistas. Martínez Alier muestra que esto lleva a diversas poblaciones a generar una conciencia ecológica, al estar en riesgo los territorios que habitan, de ahí que su planteamiento es que, frente al agravio, los más pobres se han convertido en ecologistas, no sólo por tener una visión conservacionista, sino también una postura política en torno a la defensa de los lugares que habitan.
En este mismo sentido, Vandana Shiva, en su libro Las guerras del agua (2003), cuestiona que no hay sustitutos de ésta en el mercado y nos aproxima a nuevos escenarios de crisis socioambiental. Shiva destaca los cambios en el uso del agua cuando llegan las corporaciones y la pérdida de prácticas de conservación que se tenían en la India, lo cual ha derivado en la escasez de agua, siendo que antes las prácticas comunitarias permitían garantizar el uso de ésta. Frente a las problemáticas locales, las personas comienzan a organizarse para frenar el saqueo y deterioro de los territorios. Al respecto, Shiva advierte que
Todos concuerdan en que el mundo enfrenta una severa crisis de agua. Las regiones con abundancia de agua ahora viven escasez, y las regiones donde el líquido escaseaba ahora se enfrentan a carestías. Sin embargo, la crisis del agua se explica mediante dos paradigmas contradictorios: el paradigma del mercado y el paradigma ecológico. El paradigma del mercado considera la escasez del agua como una crisis derivada de que no se comercia el agua. (El problema es que) La explotación excesiva y la interrupción del ciclo del agua causan una escasez absoluta que los mercados no pueden reemplazar con otras mercancías. (...) La crisis del agua es una crisis ecológica con causas comerciales pero sin soluciones de mercado. Las soluciones dictaminadas por el mercado destruyen la tierra y agravan la desigualdad. La solución a una crisis ecológica es de índole ecológica, y la solución a la injusticia es la democracia. Poner fin a la crisis del agua requiere rejuvenecer la democracia ecológica (2003:30-31).
En consonancia con lo planteado en los párrafos anteriores, mihipótesises entonces que los asesinatos de ambientalistas responden a una lógica de desarticulación donde han existido conflictos socioambientales para despojar a las comunidades de sus territorios y los bienes naturales que ahí se encuentran, implementando una lógica y aplicación de necropolíticas, donde la defensa del territorio (resistencia) y las consecuencias más desfavorables no sólo corresponden a los más pobres, sino a quienes han sido racializados. En los próximos apartados analizaré algunos elementos que sustentan este supuesto.
Implicaciones de la defensa del territorio
En 2015, Víctor Toledo registraba las siguientes categorías de conflictos socioambientales en el país: agrícolas, biotecnológicos, energéticos, hidráulicos, turísticos, urbanos, mineros, que son “ejemplo de la destrucción social y ambiental de los territorios provocada por la expansión del capital nacional y transnacional” (2015:85). Frente a ello, el autor señala que
En estas batallas socioambientales se defienden los recursos naturales, el territorio, la cultura, la memoria histórica, la vida colectiva y la autogestión comunitaria, es decir, el poder social. Las batallas socioambientales se manifiestan en dos frentes: 1) las resistencias pasivas que buscan evitar la implementación de proyectos destructivos, y 2) las resistencias activas que impulsan y realizan proyectos alternativos, como el control comunitario de bosques y selvas, el café orgánico, el turismo alternativo, la producción agroecológica, entre otros.(...) las batallas de resistencia se tornan en proyectos alternativos cuando la sociedad civil decide no solamente defenderse, sino pasar a la construcción de formas de vida distintas a la moderna (2015:89).
Como se puede observar, la defensa del territorio se ha convertido en un tema cada vez más constante; aunque diferentes grupos organizados, campesinos, pescadores y pueblos originarios, con el acompañamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, han encabezado la lucha por la conservación de los bienes naturales y el territorio de nuestro país, esto no evita que las consecuencias a las que se han enfrentado sean la constante violencia y el saqueo continuo de sus bienes naturales. Entre las prácticas que se ejercen contra los movimientos de defensa del territorio para desarticularlos se destacan cuatro formas: hostigamiento, desplazamiento, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
El hostigamiento se refiere a las amenazas a partir de carteles, llamadas telefónicas, levantamientos temporales, rumores, así como la presencia de la milicia y grupos delincuenciales en los territorios, practicando la violencia física que busca intimidar a quienes se organizan.
En algunos casos se puede observar el desplazamiento forzado de comunidades completas como en Guerrero, Chihuahua y Chiapas, donde les quemaron casas, perdieron cosechas y animales. Un ejemplo de esto se observa en el documental Cruz, que relata el desplazamiento de una familia y parte de la comunidad rarámuri en el estado de Chihuahua. Asimismo, en la sierra de Petatlán, en Guerrero, se han denunciado diversos actos de violencia que han provocado que las personas se desplacen de sus comunidades; la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han documentado y realizado informes al respecto.
Otra de las formas para romper con los esfuerzos organizativos por la defensa del territorio y los bienes naturales ha sido la desaparición forzada de las y los ambientalistas, en ocasiones ésta es llevada a cabo por grupos delincuenciales, dejando a los familiares, en su mayoría mujeres, en la búsqueda de los ambientalistas desaparecidos, contando con poco o nulo acompañamiento de las autoridades. También se ha registrado que desaparecen en los caminos después de reuniones para generar procesos de conciliación y en otros casos se reportan retenes de los elementos castrenses, como policías, militares o marinos, donde son desaparecidos. En el país suman cientos de personas desaparecidas que siguen sin que se investiguen sus casos, por lo que se desconoce su paradero; en pocos casos se han encontrado a las personas o sus restos en algunas de las fosas localizadas por las familias buscadoras en el país.
Si bien me parece importante nombrar las diversas formas de violencia a las que se enfrentan las y los ambientalistas, los casos de esta investigación están enfocados en las ejecuciones extrajudiciales de ambientalistas; algunos de estos asesinatos se han realizado en sus casas, en caminos cercanos a sus comunidades, en el territorio que defendían (por ejemplo, en el bosque), en plazas públicas, dentro de penales donde fueron detenidos, en otros casos fueron desaparecidos, torturados y días después sus cuerpos o restos de ellos fueron devueltos en lugares cercanos a sus casas o espacios públicos, con la intención de dejar un mensaje claro de odio y crueldad para que sus comunidades renuncien a su lucha por el territorio, una especie de castigo ejemplar.
Metodología de investigación. Creación de una base de datos y georreferenciación
Para realizar está investigación e identificar las ejecuciones extrajudiciales, se revisaron tres fuentes de información. La primera fueron los informes sobre defensores de derechos humanos desaparecidos y asesinados que presentaron el Comité Cerezo México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), Servicios para una Educación Alternativa, AC (Educa) y Global Witness, de estos informes se descartaron los casos de defensores de derechos humanos y sólo se seleccionaron los que eran específicamente de ambientalistas o defensores del territorio. La segunda fuente fue la base de datos del proyecto periodístico Tierra de Resistentes, emprendido por periodistas de México y América Latina, de dicha base se seleccionaron sólo los casos de asesinatos en México y se descartaron los que documentaban otro tipo de violencia. Con esta primera información se creó una base de datos con los nombres de las y los ambientalistas.4
Posteriormente se buscaron notas periodísticas que hablaban de cada una de ellas y ellos, en esa tercera fuente de información, el procesamiento que se le dio a ésta consistió en leer la nota completa, identificar el nombre completo del ambientalista, el lugar donde habían ocurrido los asesinatos, la edad (cuando aparecía esa información), el grupo étnico al que pertenecían, si formaban parte de algún colectivo local, los actores involucrados, el bien común que estaban defendiendo (agua, bosque, reserva natural, etcétera) y el estatus jurídico de su caso.
Para el análisis del discurso, se retomó la información que daba cuenta de algún hecho o práctica relevante en su asesinato, como el reporte de algún acto de tortura, alguna situación que identificara las condiciones en las que se cometió el crimen, el uso de armas de alto calibre y, por último, el estatus del proceso jurídico en el que se encuentra el homicidio o la falta de información acerca de éste, con lo cual se observó y se interpretó que algunas prácticas eran parecidas aunque las ejecuciones hubieran ocurrido en diferentes territorios. Toda la información recabada fue retroalimentando la base de datos que se generó a partir de las dos primeras fuentes de información; además, esto permitió revisar las coincidencias entre los diversos casos y analizar el discurso emitido en las notas, apuntando a la intención que tienen estos actos de generar dolor, deshumanizar y crear un ambiente de miedo y terror.
Se lograron registrar 259 casos de ambientalistas asesinados, que abarcan desde 1992 hasta 2022. Además, con sistemas de información geográfica, creamos5 mapas sobre los bienes naturales en el país, para analizar y contrastar la información obtenida de las notas periodísticas, ya que uno de mis supuestos es que en los territorios más megadiversos y donde se asientan algunos grupos indígenas es donde se encuentran los casos de las y los ambientalistas asesinados.
En el análisis y revisión de la información recopilada, he identificado que en varios territorios coinciden los actores involucrados, así como los discursos acerca de los asesinatos de ambientalistas, pues en algunos casos se intenta desvincularlos de las luchas encabezadas para defender el territorio.
Aproximaciones y hallazgos
Uno de los elementos a resaltar es el incremento de asesinatos por año y sexenio. Aunque se comenzaron a registrar asesinatos de ambientalistas en la década de 1990, falta analizar esto a detalle, ya que inicialmente eran clasificados como conflictos agrarios, por lo cual se pierden algunos registros de dichos asesinatos. En 2007 se incrementó aceleradamente el número de asesinatos en el país, como parte de la llamada guerra contra el narcotráfico que encabezó el expresidente Felipe Calderón, lo que también obligó a realizar una clasificación sobre el tipo de causa a la que corresponden estos asesinatos. Aunado a esto, desde la década de 1980 se impone un modelo económico neoliberal, que alcanzó su mayor auge y concreción en diversos acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio, ahora el T-MEC, y políticas públicas puestas en marcha desde la década de 1990, que han mantenido los distintos gobiernos del país para fomentar el desarrollo, la modernidad y acercar a México al primer mundo. Este modelo económico también trae consigo el deterioro ambiental, el aumento de movimientos sociales en defensa del territorio y la multiplicación de asesinatos de ambientalistas, dejando los siguientes datos: dos casos en el gobierno encabezado por Salinas; uno con Zedillo; dos con Fox; 92 con Calderón; 69 con Peña Nieto y 93 con López Obrador (hasta el año 2022).
Durante el gobierno de Calderón el número de asesinatos aumentó aceleradamente; sin embargo, en los siguientes sexenios estas cifras se mantuvieron similares. Un dato a destacar durante la revisión de los informes de organizaciones civiles, como los del Comité Cerezo, es que en el sexenio de Peña Nieto el número de ejecuciones extrajudiciales no había disminuido; sin embargo, para los fines de esta investigación, descarté los asesinatos a defensores de derechos humanos y docentes, por lo que al contar sólo ambientalistas pareciera que los homicidios disminuyeron, pero esto no es así; es decir, el número de homicidios en el país sigue en aumento, aunque la clasificación de éstos cambia en cada periodo sexenal.
Otro dato relevante en el análisis de la información son los estados donde se presentan los casos de ambientalistas asesinados, las entidades en las que esto ocurre durante los sexenios estudiados son Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Jalisco. Además, en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, los casos se han dispersado en el territorio. Como se puede observar en el Mapa 1, la dispersión en el territorio es mayor en el último gobierno.
En un comparativo de los casos de asesinatos, se observa que en cada gobierno hay una zona que es más afectada; por ejemplo, en el gobierno de Calderón los estados del Pacífico fueron los más afectados, siendo el más perjudicado el estado de Michoacán; en el gobierno de Peña el estado del norte con mayor afectación fue Chihuahua y, durante el actual gobierno, los estados del sureste mexicano con mayor afectación son Guerrero y Oaxaca, lo anterior se puede observar en los siguientes mapas de calor 2, 3 y 4, donde se intensifica el color en las zonas más afectadas en cada sexenio.
Al contrastar está información con los índices de desarrollo humano que consideran salud, educación e ingreso, se observa que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chihuahua son los estados donde se encuentran los municipios con el desarrollo humano más bajo y mayor desigualdad (PNUD, 2022:64). Situación que coincide con los estados con mayor número de asesinatos.
Aunado a lo anterior, son lugares donde están asentados algunos pueblos originarios. En el caso de Oaxaca se considera que existen 16 grupos étnicos; cuatro grupos en Guerrero; cuatro etnias en Chihuahua y cuatro grupos étnicos en Michoacán. Estos grupos se asientan en territorios donde se encuentran diversos bienes naturales, como agua, minerales, bosques, especies endémicas, territorios ricos en bienes naturales y diversidad cultural. A partir de las notas periodísticas analizadas, se puede observar que en 116 casos se desconoce la autoadscripción, lo que no quiere decir que no pertenezcan a algún grupo étnico. Sin embargo, en 143 de los registros de ambientalistas éstos se autoadscribían a alguna etnia, lo que representa que más de 50 % de los ambientalistas eran indígenas; quienes destacan en el número de asesinatos son los nahuas, seguidos por los p’urhépecha y rarámuris. Aunado a esto, y como se observa en las gráficas, la defensa del territorio está vinculada a los asentamientos de diversos grupos étnicos.
Falta de impartición de justicia
México es un país que se distingue por una ausencia de justicia. Al respecto, la organización Impunidad Cero, en su informe “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022”, señala que
De acuerdo con los datos del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en 2021 el país registró una tasa de 27 víctimas de homicidios intencionales por cada 100 mil (sic) habitantes, lo que equivale a 94 asesinatos diarios. Sin embargo, la distribución geográfica se ha modificado en los últimos años, dependiendo de las dinámicas del crimen organizado de cada estado, las políticas públicas de seguridad implementadas a nivel estatal y federal, así como las realidades económicas y sociales de cada región. Los estados con mayores cambios porcentuales de 2015 a 2021 fueron Zacatecas (445.3 %), Oaxaca (260.3 %), Guanajuato (242.4 %), Baja California (204.4 %) y Sonora (199.1 %). Estos estados, a excepción de Baja California, no figuraban como los más violentos del país hace seis años (López y Jáuregui, 2022:10).
Con excepción de Oaxaca, los estados donde más asesinatos de ambientalistas suceden no coinciden con aquellos donde existen más homicidios, lo cual quizás nos habla de que los asesinatos de ambientalistas responden a una problemática particular.
Impunidad Cero construyó dos indicadores para estimar la impunidad en homicidio doloso y feminicidio, uno es la impunidad directa y el otro es la impunidad acumulada.
La impunidad directa (...) se refiere a la proporción de víctimas de estos delitos que no obtuvieron una sentencia condenatoria en un año determinado. (...) Este indicador refleja la falta de esclarecimiento de los delitos (...) Para tener una mejor aproximación de la impunidad debemos tomar en cuenta que no todos los homicidios dolosos y feminicidios tienen una sentencia condenatoria el mismo año en que se cometió el delito. Por esa razón buscamos perfeccionar el indicador y desarrollamos una fórmula que toma en cuenta el rezago de seis años. En términos prácticos, calculamos el número de víctimas sin sentencia y lo dividimos entre el número total de víctimas, ambos en un periodo acumulado de seis años. A esto le llamamos Impunidad acumulada en homicidio doloso y feminicidio (López y Jáuregui, 2022:23).
En este sentido,
Al comparar con la medición anterior del Índice de impunidad directa realizada con información de 2019, observamos que la impunidad directa en homicidio doloso aumentó 1.8 puntos porcentuales, pasando de 89.6 % en 2019 a 91.4 % para 2021. (...) Sin embargo, cuando controlamos por la existencia de rezago en las sentencias y estimamos para el periodo que va de 2016 a 2021, la impunidad acumulada en homicidio doloso asciende a 92.8 %. Esto se traduce en que, desde la consolidación del sistema de justicia penal, sólo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos (López y Jáuregui, 2022:24).
Al contrastar esta información con los datos de ambientalistas, resulta impactante el nivel de impunidad. En primer lugar, porque el periodo examinado y consignado en la base de datos corresponde a 5.5 sexenios, y solamente hay dos sentencias, por lo que, aun considerando el índice de impunidad acumulada, el resultado está por arriba de 92.8 %; además, cabe destacar que no se sabe si el dictamen de esas sentencias fue condenatorio o absolutorio. Otros datos obtenidos fueron los siguientes: 40 investigaciones no han tenido avances; en 60 casos no se ha abierto una carpeta de investigación; hay tres casos donde el estatus no es claro, pero se identifica que intervino el Ministerio Público y la Procuraduría de Justicia, y 154 casos donde se desconoce lo que ha sucedido.
Retomando el informe de Impunidad Cero, en éste se advierte que
la justicia para las víctimas no se reduce a la emisión de una sentencia que condene los actos. La justicia es un fenómeno más amplio que incluye el resarcimiento del daño para las víctimas y la garantía de no repetición. El Índice de impunidad basado en sentencias es una medida de efectividad en la resolución de los delitos, y permite conocer las capacidades institucionales para resolver los casos con mayor impacto social, complejidad y de persecución prioritaria (López y Jáuregui, 2022:22).
En el caso de las y los ambientalistas, el hecho de que no se abra una carpeta de investigación, que no se dé seguimiento a las investigaciones y el poco o nulo trabajo de las instituciones conduce a la nula impartición de justicia, lo cual deja en una gran vulnerabilidad a quienes defienden el territorio.
Después de leer las notas periodísticas sobre los asesinatos, mi aproximación fue diferente, ya que en los discursos se observa que existen otras formas de violencia contra las mujeres que defienden sus territorios. En los casos donde habían sido desaparecidos sus familiares antes de asesinarlos, ellas comenzaron su búsqueda acudiendo a las instituciones que pudieran ayudarlas, lo que representa invertir tiempo y dinero. Cuando quien es asesinado es el jefe de familia, para ellas esto representa en ocasiones la pérdida de su patrimonio (tierras y sustento económico), desplazándolas de sus hogares o dejándolas en condiciones más precarias. Un caso emblemático de esta situación ocurrió en el estado de Guerrero, en el municipio de Coyuca de Catalán.
¿Defensa del territorio masculinizada?
Un dato relevante en el análisis de la información es que, al revisar los casos de asesinatos, se registran más hombres que mujeres ambientalistas. Mis primeras reflexiones apuntaban a que esto es el reflejo de que las mujeres tienen menos acceso a la tenencia de la tierra; en un informe del Cemda también se muestra que el costo político es mayor cuando son mujeres. Aunque en los últimos años se observa un aumento en los casos de las mujeres defensoras asesinadas, considero que esto no refleja lo que realmente está sucediendo.
(Juventina) Villa Mojica fue asesinada el 28 de noviembre de 2012 junto a su hijo Reynaldo de 12 años. Entonces dirigía a un grupo de desplazados por la violencia de la comunidad de La Laguna, asentada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán. Antes, entre febrero de 2011 y noviembre del 2012 el mismo grupo armado que la mató ejecutó a su esposo Rubén Santana Alonso y a sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa. La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente. Como consecuencia de esa persecución fueron asesinadas 27 personas, hombres, mujeres y menores de edad, mientras que tres más fueron desaparecidos y se desconoce su paradero (Cervantes, 2017).
Este caso, como el de otras mujeres, habla de un sistema de violencia más amplio, que no sólo tiene que ver con la muerte de algún familiar, sino con el hostigamiento, desplazamiento, precarización y mayor vulnerabilidad de las mujeres que defienden sus territorios. Cemda realizó un estudio acerca de las implicaciones que tiene la defensa de territorio entre las mujeres, entre éstas se puede señalar la violencia sexual o la creación de rumores que las dejan más vulnerables en sus territorios, buscando la atomización y el desgaste de quienes luchan por su territorio. La aplicación de la violencia sobre las mujeres es diferente, pero sigue en la línea de una pedagogía del terror para deshumanizar al otro.
Si bien se podría considerar que los ambientalistas asesinados principalmente son hombres, en el análisis de los datos se aprecia que cada vez hay más casos de mujeres ambientalistas asesinadas, siendo Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Chiapas donde se registran más casos. En total se registran 16 asesinatos de mujeres, mientras que son 243 de hombres.
Pedagogía de la crueldad y racialización
Cuando inicié este estudio, partí del supuesto de que quienes han sido asesinados eran los más pobres, y que hacia ellos se dirigía la aplicación de una pedagogía de la crueldad y terror. Al revisar las notas, me gustaría destacar algunos elementos que observé sobre cómo fueron sus asesinatos.
En las notas periodísticas revisadas se observan prácticas similares en diversos casos: han sido amenazados antes de sus asesinatos o han sufrido intentos de homicidio, sus comunidades fueron desplazadas de sus territorios, son ejecutados en sus casas al abrir la puerta y en algunos casos ultimados frente a su familia. En otras ocasiones se los han llevado de sus casas y después sus cuerpos aparecen en espacios públicos.
En otros casos hay muestras de tortura: atados de manos, con golpes en el cuerpo, mutilados, desfigurados, decapitados y en algunas ocasiones les dan un tiro de gracia. Se puede observar que algunos fueron parados en retenes o interceptados por grupos armados, otros regresaban de reuniones de conciliación y en el camino a sus casas fueron acribillados. Además, se puede ver en los relatos el uso de armas de fuego de alto calibre o de uso exclusivo de los grupos castrenses del Estado. En ocasiones sus homicidios ocurrieron durante operativos en los que participaban policías y el ejército. Asimismo, en Chihuahua y Guerrero hay casos donde más de un miembro de la familia ha sido asesinado.
En estos hechos se aplica una pedagogía de la crueldad; como afirma Segato,
La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcisístico y consumista, y al aislamiento de los ciudadanos mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. (...) La sujeción de las personas a la condición de mercancía impuesta a las mayorías por el carácter precario del empleo y del salario, así como el retorno y expansión del trabajo servil, semi-esclavo y esclavo, son parte de lo mismo. La predación de territorios que hasta hace poco permanecían como espacios de arraigo comunal, y de paisajes como inscripciones de la historia, es decir, como libros de historia, para su conversión en commodities por la explotación extractivista en las minas y el agro-negocio son facetas de esa cosificación de la vitalidad pachamámica (2018:11-12).
Las ejecuciones de los ambientalistas constituyen prácticas deshumanizadoras, lo cual se puede observar por la forma en la que fueron torturados o en la que los asesinaron, los lugares donde fueron ejecutados, incluso quiénes fueron testigos de esto. En estos actos se puede apreciar odio, deshumanización, son actos que buscan dejar un mensaje claro, a partir de la exhibición de un castigo ejemplar, para desarticular la organización comunitaria, creando un ambiente de miedo, donde las personas ya no quieran hablar ni seguir defendiendo el territorio.
Al respecto, Reygadas refiere en su texto “Genealogía del terror, el miedo y la resistencia ciudadana” que la pedagogía del miedo y del terror
busca meter miedo en la vida cotidiana de la gente común y corriente, romper vínculos y solidaridades, polarizar, desinformar, desmovilizar, sembrar temor para ejercer los derechos ciudadanos, asociar de manera indiscriminada los liderazgos de oposición a las dictaduras, condenar la solidaridad internacional, utilizar la fuerza pública contra la disidencia, repetir tantas veces, con tantas voces y en tantos medios de comunicación, imágenes que asocian la disidencia social y política a nefandos crímenes históricos (2008:20).
Asimismo, se puede observar que poco o nada se ha acompañado o trabajado con las familias que presenciaron estos hechos y la búsqueda de justicia pareciera estar muy lejos.
Como señala Rita Segato (2018:12), “La pedagogía de la crueldad es, entonces, la que nos habitúa a esa disecación de lo vivo y lo vital, y parece ser el camino inescapable de la modernidad, su último destino”. Por lo tanto, cuando me refiero a la aplicación de una pedagogía de la crueldad, hago alusión a la forma en que han sido asesinados los ambientalistas, los mensajes previos que recibieron antes de ser ultimados, la articulación de diversos actores que tienen la finalidad de sembrar la desesperanza para apaciguar sus luchas y/o anular la búsqueda de justicia.
Aunado a lo anterior, un dato que llamó mi atención es el de la intervención del Estado en las ejecuciones a partir de algún grupo castrense o funcionario público. Es importante señalar que los actores involucrados son diferentes en cada estado, así como las interrelaciones entre éstos. En un intento de aproximarme a entender estas dinámicas, los actores identificados en los asesinatos fueron clasificados de la siguiente manera: a) delincuencia organizada (narcotraficantes, traficantes de armas, traficantes de personas, sicarios); b) talamontes ilegales; c) caciques (familias que han tenido poder en la región, terratenientes, propietarios particulares de tierras); d) empresas (mineras, hidroeléctricas, cerveceras, purificadoras de agua, inmobiliarias); e) servidores públicos (gobernadores, presidentes municipales o miembros de los gobiernos locales); f) policías (policía municipal o estatal); g) militares (ejército, marina, guardia nacional).
En el Mapa 5 se puede observar la participación del Estado (mediante servidores públicos, policías y militares) en los asesinatos de ambientalistas; estos actores, además, se vinculan o tienen en ocasiones algún nexo con otros actores; aún queda pendiente un análisis más exhaustivo de las interrelaciones entre diversos actores.
Otro de los hallazgos obtenidos al realizar los mapas es que la interrelación de los diversos actores involucrados es diferente en cada estado; por ejemplo, en Chihuahua, Guerrero y Michoacán se identificaron grupos delincuenciales en combinación con talamontes, militares y paramilitares; para el caso de Oaxaca, se identificó que empresas y gobierno estuvieron involucrados en los asesinatos.
De lo analizado hasta el momento, destaca que las ejecuciones extrajudiciales de ambientalistas se registran en estados donde los índices de desarrollo humano son los más bajos y donde es amplia la presencia de grupos étnicos (varios de ellos morenos, indígenas), lo que habla de una racialización en la defensa del territorio. Al respecto, Mbembe afirma que “la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir” (2006:19). Mbembe enlaza la noción foucaultiana de biopoder con otros dos conceptos: el estado de excepción y el estado de sitio.
En la formulación de Foucault, el biopoder parece funcionar segregando a las personas que deben morir de aquellas que deben vivir. Dado que opera sobre la base de una división entre los vivos y los muertos, este poder se define en relación al campo biológico, del cual toma el control y en el cual se inscribe. Este control presupone la distribución de la especie humana en diferentes grupos, la subdivisión de la población en subgrupos, y el establecimiento de una ruptura biológica entre unos y otros. Es aquello a lo que Foucault se refiere con un término aparentemente familiar: el racismo (...) la raza ha constituido la sombra siempre presente sobre el pensamiento y la práctica de las políticas occidentales, sobre todo cuando se trata de imaginar la inhumanidad de los pueblos extranjeros y la dominación que debe ejercerse sobre ellos. (...) En la economía del biopoder, la función del racismo consiste en regular la distribución de la muerte y en hacer posibles las funciones mortíferas del Estado (Mbembe, 2006:22-23).
Si bien la noción de necropolítica que desarrolla Mbembe alude al contexto de Sudáfrica, para el caso mexicano, nos estaríamos refiriendo a los pobres, morenos, indígenas, campesinos, pescadores, en un contexto donde se sigue aplicando la lógica de racismo,6 que forma parte de los mecanismos del biopoder y la necropolítica para mantener el orden y esa vieja noción del derecho soberano de matar, mecanismos que deshumanizan y se aplican sobre quienes defienden los bienes naturales y sus territorios. Además, Mbembe señala que las innovaciones en tecnologías del asesinato conducen al surgimiento de “formas de crueldad más íntimas, horribles y lentas” (2006:27), como se observa en los asesinatos de las y los ambientalistas.
Por lo anterior, no es de extrañar que los discursos emitidos alrededor de los asesinatos hayan provocado que se reste importancia a la búsqueda de justicia, pues esta desvalorización de los sujetos a partir de la racialización funciona como un dispositivo para etiquetar a quienes tienen menos valor y quienes tienen más valor.
Me parece interesante destacar el papel del Estado y su participación en los asesinatos de ambientalistas. Al respecto, Mbembe afirma que la ocupación colonial contemporánea “no sólo es sinónimo de control, vigilancia y separación, sino que también es sinónimo de aislamiento. Es una ocupación fragmentaria que sigue las líneas del urbanismo característico del mundo contemporáneo” (2006:49).
De acuerdo con Mbembe,
Tal y como muestra el caso palestino, la ocupación colonial de la modernidad tardía es un encadenamiento de poderes múltiples: disciplinar, “biopolítico” y “necropolítico”. La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado. El estado de sitio es, en sí mismo, una institución militar. (...)El Estado puede, por sí mismo, transformarse en una máquina de guerra. Puede por otra parte, apropiarse para sí de una máquina de guerra ya existente, o ayudar a crear una. (...) Una máquina de guerra combina una pluralidad de funciones. Tiene los rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil. (...) Cada vez más a menudo, la guerra no tiene lugar entre los ejércitos de dos Estados soberanos, sino entre grupos armados que actúan bajo la máscara del Estado, contra grupos armados sin Estado pero que controlan territorios bien delimitados; ambos bandos tienen como principal objetivo la población civil, que no está armada ni organizada en milicias. En el caso en el que los disidentes armados no se hagan con el poder del Estado de forma completa, provocan particiones nacionales y consiguen controlar regiones enteras, administradas bajo el modelo del feudo, especialmente cerca de los yacimientos minerales. Las formas de matar varían poco. En el caso particular de las masacres, los cuerpos sin vida son rápidamente reducidos al estatus de simples esqueletos (...) su morfología se inscribe en el registro de una generalidad indiferenciada: simples reliquias de un duelo perpetuo, corporalidades vacías, desprovistas de sentido, formas extrañas sumergidas en el estupor (2006:52, 59 y 64).
Tal y como pasa con las y los ambientalistas, sus territorios se convierten en lugares donde las máquinas de guerra están operando, donde el Estado con sus fuerzas armadas y los grupos delincuenciales mantienen una lógica de terror, donde a veces operan de manera independiente o a veces pactan. Por medio de la interacción entre los diversos grupos en los territorios, estas máquinas de guerra someten a la población a la violencia cotidiana, a algunos les quitan la vida y los despojan de la posibilidad de ser nombrados, para dejarlos como corporalidades vacías, desprovistas de sentido, como indica Mbembe, “las formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte (política de la muerte) reconfiguran profundamente las relaciones entre resistencia, sacrificio y terror” (2006:74).
En este sentido, considero que las luchas de resistencia por el territorio implican volver a llenar de sentido, por medio de la búsqueda de justicia y de volver a nombrar a quienes han sido asesinados, implican una lucha contra las máquinas de guerra. Esto también da pie a repensar las lógicas del Estado, para no determinar quién puede o debe vivir, y con ello cuestionar cómo se aplica la soberanía, cómo romper las lógicas de racialización sobre los ambientalistas.
Conclusiones
Aún queda pendiente una investigación sobre el acompañamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, que han desempeñado un papel importante en la denuncia de dichos asesinatos. En los casos emblemáticos de Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, queda pendiente cómo, a pesar de que se busque el olvido de quienes han sido asesinados, queda la posibilidad de reconfigurar esas muertes, quizás para buscar justicia o quizás para rearticular la organización e idear nuevas formas de resistencia que se opongan a la necropolítica y la dominación ejercida sobre los ambientalistas.
Mostrar y poner en el espacio público los asesinatos quizás abra la posibilidad de generar nuevos sentidos, reapropiarse la muerte para volver a llenar de sentido la vida, buscar nuevas formas para contrarrestar la violencia o, como decía Enrique Guerra,7 “reconsiderar que la violencia es un fuego que podemos regular, administrar, domesticar y con ello apaciguarla”. Entender que está no va a desaparecer, pero que puede ser transformada en formas menos brutales, si bien la violencia se establece como algo cotidiano, quizás exista la posibilidad de encontrar alternativas.
También queda como veta de investigación, cómo se han reconfigurado los movimientos de la defensa del territorio ante la muerte de sus compañeros. ¿Qué alternativas se siguen construyendo?, ¿cuál es el papel del Estado?, ¿cómo reconfigurar el Estado y sus instituciones para generar una real impartición de justicia?, ¿cómo construir alternativas para la impartición de justicia ambiental?
Hasta el momento, considero que mi investigación deja muchas preguntas sin responder, quizás como reflejo de la utilización de una pedagogía del terror, sin embargo, considero que la posibilidad de evidenciar el fenómeno también abre la puerta para construir alternativas y cuestionar el racismo que se normaliza e instrumentaliza día a día.
