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Introducción
Los/as trabajadores/as agrícolas declarados como trabajadores esenciales en el marco de la pandemia han sido abordados en diferentes estudios y países. En el conjunto de las investigaciones se han señalado diferentes problemáticas a las que se vieron expuestos estos sectores. El tratamiento de estos trabajadores ha sido mayormente general sin considerar las diferencias de un colectivo muy diverso y las especificidades de las situaciones en los contextos locales. En este artículo avanzamos en delinear la situación de los/as jornaleros/as declarados como trabajadores esenciales en el contexto de la pandemia en dos zonas vitivinícolas de relevancia en la inserción en el mundo global del vino: el Valle de Uco en Mendoza, Argentina, y el Valle de Guadalupe en Baja California, México. El abordaje de estas dos zonas está sustentado en los antecedentes de investigación de los autores en esos lugares y, principalmente, porque constituyen zonas destacadas de la vitivinicultura en dichos países. El análisis conjunto permite entender que, a pesar de las diferencias existentes en cada una de las zonas, las configuraciones de la ciudadanía de los jornaleros comparten rasgos centrales por lo que se plantea que viven una condición de ciudadanía “degradada”. La información de este artículo se basa en el seguimiento de noticias en los principales diarios de los dos países y otras fuentes documentales desde el inicio de la pandemia hasta el mes de abril de 2022,1 en la revisión de la literatura en el tema, en entrevistas con diferentes actores en cada una de las zonas2 y en el análisis preliminar de una encuesta en curso.3
El jornalerismo de la vitivinicultura global frente a la pandemia del Covid-19
El trabajo jornalero y temporario en la agricultura es caracterizado de manera histórica por la precariedad laboral y la vulnerabilidad social. La precariedad laboral es resultado de ciclos anuales de ocupación con momentos de desocupación, bajas remuneraciones, malas condiciones de trabajo, ausencia de registro en la seguridad social y límites a la afiliación sindical. Las condiciones de ocupación precarias están asociadas a elevados niveles de vulnerabilidad social. De esta manera, a las condiciones ocupacionales señaladas se suman problemas de dotación de viviendas dignas y de provisión de servicios como, por ejemplo, el agua, a la vez que dificultan el acceso a la salud y a la educación.
Desde los primeros estudios sobre este sector se resaltan distinciones que son importantes entre esa fuerza de trabajo que se caracteriza por la heterogeneidad de su composición social, precisamente la diferenciación de sujetos entre los/as jornaleros/as es un fenómeno que se acentúa con el correr del tiempo, así, entre éstos es posible encontrar campesinos semiproletarizados, familias rurales de diferentes grupos indígenas, habitantes de localidades urbanas e incluso individuos altamente móviles sin lugar de arraigo.
Los/as trabajadores/as jornaleros/as del campo, que padecieron históricamente las condiciones de trabajo y de vida previamente señaladas, evidencian altos niveles de desigualdad frente a otros sujetos sociales. Las desigualdades sociales y laborales que los afectan se acentúan en el caso de los/as jornaleros/as migrantes. Estas condiciones persistentes son reconocidas por la literatura internacional de forma amplia y se han intensificado como resultado del transcurso de la pandemia del Covid-19. En cuanto a la condición de ciudadanía de los/as asalariados/as del campo, enfrentan menores niveles de protección y derechos que otros sectores de la sociedad y la economía. Las políticas dirigidas para éstos presentan menores coberturas y se cumplen en escasa medida (Klein, 2012). A su vez, las desigualdades de derechos que enfrentan los/as jornaleros/as son agudizadas por las acciones de oposición de las organizaciones patronales frente a los avances de la legislación (Riella, 2006). Este segmento de trabajadores/as padece de manera consecuente un déficit de ciudadanía expresado en un menor acceso a derechos con respecto a otros/as trabajadores/as (Mascheroni, 2011).
Así, la condición social de los/las trabajadores/as asalariados/as agrícolas es estructuralmente definida por una inserción sociolaboral vulnerable. La situación migratoria y la segregación étnica que operan en el mercado de trabajo son elementos fundamentales para la configuración social de dicha vulnerabilidad. La población migrante conforma bolsones de ejércitos de reserva de mano de obra para tareas agrícolas temporales y ocasionales en situaciones de vida de alta precariedad y desafiliación del tejido social. Precisamente, la inserción de los/as asalariados/as agrícolas migrantes en la división social del trabajo está condicionada por dicho estado de desafiliación que restringe las posibilidades de integración al orden social. La pandemia del Covid-19 agudizó las condiciones de exclusión social y estigmatización de los asalariados agrícolas, a la vez que visualizó a estos trabajadores como “esenciales” y amplificó su voz en la discusión política del orden social (Pedreño, 2020).
Entonces, los efectos de la pandemia, como han sido abordados en la literatura, empeoraron las condiciones generales de vida y trabajo de los/as jornaleros/as (Sánchez y Saldaña, 2023; Calvario y Arellano, 2022; Nemecio, 2020; Alarcón y Ramírez García, 2022), sin embargo, es poco lo que se conoce sobre las personas que trabajan en los viñedos (Sánchez et al., 2021). Las repercusiones negativas que afectan a estos/as trabajadores/as presentan diferencias y profundizan las desigualdades según la condición migrante y las modalidades de movilidad. En qué medida las políticas públicas atendieron las necesidades de las/os jornaleras/os vitivinícolas, es una interrogante que tuvo menor atención de la literatura internacional especializada.
Por un lado, las intervenciones implementadas por los Estados como respuesta a las condiciones de la pandemia del Covid-19 pueden orientarse a la población en general y en el conjunto atender a los/as jornaleros/as y sus familias, o pueden estar destinadas específicamente a problemáticas que enfrentan los/as jornaleros/as. Por otro, la presencia o ausencia de las acciones de organizaciones sindicales, de otras organizaciones de trabajadores o agentes de la sociedad civil, son otro ángulo de las interrogantes que surgen ante a los desafíos planteados por el contexto de la pandemia del Covid-19. Tanto las intervenciones de las políticas públicas como las acciones de las organizaciones de representación de intereses de los trabajadores pueden incluir diferentes derechos, tales como los económicos, sociales y políticos. La condición de ciudadanía incluye, por un lado, los derechos y obligaciones que involucran a la población en el marco de los Estados-nación y, por otro, las acciones políticas de los ciudadanos orientadas tanto a la conquista o ampliación de derechos como a efectivizar derechos reglamentados. “But by so doing they shape both subjects of politics and political subjects” (Isin y Nyers, 2014: 3).4
Las acciones desplegadas por los Estados son expresadas en el resultado de una determinada configuración de ciudadanía que refleja una situación de derechos alcanzados por los/as jornaleros/as de la vitivinicultura global. Entendemos por configuraciones de ciudadanía el resultado de la conformación de situaciones específicas a partir de la combinación de las dos dimensiones claves del fenómeno: los ciudadanos como sujetos políticos y los ciudadanos como sujetos de políticas.
Los jornaleros de la vitivinicultura global enfrentan condiciones de ciudadanía degradadas y, por lo general, el acceso a los derechos laborales, sociales y políticos se encuentra en diferente medida limitado. Así, entendemos por condiciones de ciudadanía degradada aquellas situaciones en las que los ciudadanos gozan y ejercen derechos civiles, sociales, políticos y culturales de forma restringida en comparación con otros grupos sociales o en comparación con las circunstancias prevalecientes en una determinada sociedad. Esta mirada sobre las condiciones de ciudadanía es una manera de dar cuenta de las formas en que son configuradas y, al mismo tiempo, permite examinar las características que el acceso a los derechos ciudadanos presenta en grupos sociales desaventajados. Para abordar las condiciones de ciudadanías “degradadas” de los jornaleros se propone analizar el alcance y el acceso a derechos ciudadanos de este segmento del trabajo asalariado.
Enseguida se analiza la situación de los jornaleros de la vitivinicultura del Valle de Guadalupe en Baja California, México, y del Valle de Uco en Mendoza, Argentina, en el contexto del Covid-19.
Dos casos de vitiviniculturas globalizadas: el Valle de Guadalupe en Baja California, México, y el Valle de Uco en Mendoza, Argentina
Si bien la producción del vino en algunas zonas de México puede remontarse en el tiempo, la producción y el consumo del vino en este país tiene un crecimiento reciente y difiere de los países del viejo mundo del vino y de otros del llamado nuevo mundo del vino, como Argentina, en donde la producción y el consumo de esta bebida es de gran importancia. En México, para 2022 la producción total de vino es de 396 (1000 hl).5 El consumo de vino en 2021 es de un litro per cápita,6 y únicamente el 30% del consumo es de vino nacional.
La producción del vino en los dos países está fuertemente concentrada. En México, el estado de Baja California produce alrededor del 70 por ciento del vino nacional,7 y en Argentina, la provincia de Mendoza elabora el 75 por ciento del vino, 9.800 (1000 hl). Esos dos espacios detentan en la actualidad gran parte de los rasgos de las zonas vitivinícolas globalizadas como, por ejemplo, la reestructuración productiva centrada en el cambio de variedades por aquellas de alta calidad enológica, la incorporación de nuevas tecnologías y la orientación no sólo a la producción de vino sino también a ofrecer espacios enoturísticos competitivos a nivel mundial para vivir una experiencia singular. Las empresas hacen uso de sus recursos y entorno, con diversas estrategias para diferenciarse e insertarse en el consumo mundial de vinos de calidad y, para esto, recurren a un contingente muy diverso y estratificado de trabajadores.
Baja California, México
Baja California es la principal zona productora de vino en México y de desarrollo del enoturismo.8 La cosecha de la vid arrojó una derrama económica de setecientos veintisiete millones de pesos (2020), en el Distrito de Desarrollo Rural 001. Produce veinticuatro mil toneladas de uva, la mayoría para la elaboración de vinos, en una superficie de 4,352 hectáreas.9 Cuenta con alrededor de ciento cincuenta empresas vinícolas que producen nueve millones de litros de vino.
Esta zona ha vivido un proceso de reestructuración importante que se inicia en el año 2000 con el objetivo de posicionar los vinos en un segmento de calidad. Ese proceso ha sido exitoso desde la perspectiva de la producción, los vinos bajacalifornianos se han posicionado en el mercado nacional y trasnacional,10 esto último favorecido por la cercanía con Estados Unidos y por la visibilidad que ha ganado la zona por la oferta de diferentes bienes y servicios que se ofrecen para el turismo11 (Martínez, 2018: 405).
Las tres medidas emprendidas por el gobierno mexicano para mitigar la pandemia ante la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19 en marzo de 2020 fueron la sana distancia, medidas de higiene y la recomendación de “quedarse en casa”, las cuales se implementaron a nivel nacional, independientemente de los contextos locales. Los trabajadores agrícolas fueron declarados trabajadores esenciales y no se decretaron disposiciones de protección para ellos, cuya movilidad era necesaria. Por su parte, Estados Unidos limitó el cruce fronterizo no esencial por las garitas de toda la frontera de México hacia Estados Unidos, sin afectar los cruces comerciales.
En Baja California el efecto de la pandemia fue particularmente complejo, ya que tuvo una gran cantidad de contagios.12 Al ser una zona de intensa circulación en una de las fronteras más transitadas del mundo y de recepción de un número importante de migrantes que arriban de manera creciente y en formas diversas, planteó un reto significativo para los gobiernos de los dos países colindantes, y para los programas de gobierno y organizaciones civiles que atienden a los migrantes.
Desde 2019 las políticas establecidas en Estados Unidos ya habían generado una gran presión demográfica en la frontera. La estrategia de contención migratoria para los solicitantes de asilo nombrada como Migrant Protection Protocols13 (MPP), vigente desde enero de 2019, había incrementado las situaciones de vulnerabilidad de los migrantes. Las detenciones de centroamericanos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos ascendieron a seiscientos siete mil en 2019, y más de sesenta mil migrantes fueron devueltos a México desde el inicio del programa MPP (El Colegio de la Frontera Norte, 2020b). Esas políticas impactaron en el incremento de los tiempos de espera y en la cantidad de personas que “residen temporalmente en las ciudades fronterizas en condiciones de incertidumbre, inestabilidad y frecuentemente de precariedad” (El Colegio de la Frontera Norte, 2020b: 3). Los albergues se vieron rebasados en su capacidad de atención a los migrantes varados que buscaron alternativas diversas como campamentos en las calles, hoteles y cuarterías (El Colegio de la Frontera Norte, 2020b). En casos más extremos su vulnerabilidad se exacerbó al habitar en lugares residuales de la ciudad, transitando hacia la vida callejera, que implica “[…] gestionar la vulnerabilidad con el componente de clandestinidad […] una forma de vida que involucra una dimensión de informalidad y marginalidad cuando estas personas se ocultan de la participación de la vida pública” (Del Monte, 2019: 269).
La política de atención a los migrantes en la frontera tiene una larga historia, y con un enfoque asistencialista proporciona una serie de actividades de apoyo, asistencia general, asesoría y defensa de los migrantes, “la hospitalidad a los migrantes en tránsito en lugar de ser conceptualizado como un derecho humano y una ciudadanía cosmopolita, se le visualiza con ‘una visión filantrópica, basada en la compasión, domina el campo de las organizaciones religiosas y de la misma política de gobierno’” (Derrida, 2010, citado en Contreras, París y Velasco, 2021: 24).
Valle de Uco, Argentina
El desarrollo de la vitivinicultura moderna en la Argentina se remonta al último cuarto del siglo XIX. El país se transforma en el siglo XX en uno de los principales productores mundiales de vino a partir de una actividad orientada a abastecer el mercado interno. El inicio de la vitivinicultura mendocina está asociado a las corrientes migratorias de ultramar de la Europa mediterránea de fines del siglo XIX y principios del XX. La construcción del ferrocarril que facilita la articulación con el mercado de consumidores en expansión de las ciudades de las provincias de la región pampeana, la llegada de la tecnología y el equipamiento disponible en la época para la elaboración de vinos, las inversiones públicas en infraestructura como las obras de irrigación, los beneficios impositivos otorgados a los empresarios y el arribo de los mencionados inmigrantes con experiencia en la actividad vitivinícola, son los elementos claves en el momento de la conformación de la vitivinicultura moderna (Richard Jorba, Pérez y Sanjurjo, 2006).
El modelo productivo a lo largo del siglo XX se distingue por la alta productividad y la baja calidad enológica, a fines de la década de los setenta alcanza su máximo de producción con 253 mil hectáreas de vid implantadas y un consumo por habitante de noventa litros. Este modelo de vitivinicultura productivista experimenta una crisis terminal al momento de su máxima expansión, que se expresa en una reducción abrupta de la superficie de vid, del consumo y de la producción de vinos (Mateu, 2007).
La estructura agraria emergente que permanece a lo largo del siglo XX es distinguida por la presencia de una importante cantidad de pequeños productores que dinamizan un mercado de trabajo de jornaleros para la cosecha, que procedían de provincias del noroeste del país en una magnitud relevante.
A principios de los años noventa el país contaba con 146 mil hectáreas de vid, producía 14.036 (1000 hl) de vino al año y el consumo por habitante era de 54 litros. La actividad a partir de esos años atraviesa un proceso de reestructuración productiva que prioriza la producción de vinos varietales de alta calidad enológica, a la vez que acentúa la orientación exportadora de su producción (Neiman, 2003). En la actualidad, dos terceras partes de la superficie nacional cultivada de vid corresponden a variedades de alta calidad enológicas, y alrededor de una cuarta parte de la producción es exportada. El predominio de los vinos varietales y el peso de la exportación adquieren mayor incidencia cuando es analizado el valor generado por este tipo de producción y mercado de destino (Chazarreta, 2013).
El Valle de Uco, integrado por los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, es una de las principales zonas vitivinícolas de la provincia de Mendoza por la importancia de la producción de vinos de alta calidad enológica. Esta zona adquiere centralidad a partir de la reestructuración vitivinícola, expande la superficie de viñedos de forma continua, a la vez que se instalan ahí bodegas tanto de capital transnacional como las principales del país orientadas a la producción de vinos de alta calidad.
La superficie de vid del Valle de Uco pasa de menos de diez mil hectáreas a casi treinta mil en la actualidad (INV, 2021). La reestructuración vitivinícola orientada por la producción destinada a consumidores de vinos de calidad comprendió entre las principales innovaciones la expansión de varietales de alta calidad enológica, la incorporación de equipos de riego presurizado, la conducción de las vides en sistema de espaldera, la adopción de la práctica de raleo de hojas y frutos, la incorporación en las bodegas de tecnología como prensas neumáticas, tanques de acero inoxidable y equipos de frío automáticos. La superficie implantada con vid corresponde casi exclusivamente a variedades de alta calidad enológica y de forma predominante tintas, mayoritariamente malbec. Estos procesos son acompañados por el incremento de la escala de los viñedos que en el valle duplican su tamaño a lo largo del periodo y alcanzan una superficie media de veinticinco hectáreas por establecimiento.
Los jornaleros como sujetos políticos o como sujetos de políticas
Valle de Guadalupe, Baja California, México
El cultivo de la vid en México se remonta a la conquista y a la llegada de los misioneros en Baja California. Los primeros trabajadores en los viñedos fueron los indígenas kumiais, pobladores del Valle de Guadalupe14 que trabajaron en las misiones (Santiago, 1999; Ruiz, 2011). Con la entrada en vigor de las leyes de desamortización de 1859 numerosos extranjeros llegaron a la zona, entre ellos los rusos molokanes, que además de trigo y cebada para consumo familiar plantaron viñedos. En la década de los cuarenta la vid y el olivo requirieron mano de obra que se obtenía de la población asentada en el lugar; los empresarios de la colonia rusa se proveían de trabajadores de su propio grupo y con los habitantes de las comunidades indígenas de San José de la Zorra y San Antonio Necua. Para los olivos se recurrió también a la población de las comunidades indígenas y del ejido El Porvenir, que se estableció en 1938 a partir del reparto agrario. Dado que esas actividades necesitaban mano de obra temporal, los trabajadores, los ejidatarios y los rusos emigraban al sur de California en Estados Unidos como una alternativa de empleo (Santiago, 1999). En esa década se incrementó la plantación de vid que se inició por la demanda de bebidas alcohólicas debido a la ley seca vigente en Estados Unidos entre 1920 y 1933, y por la promoción, expansión y financiamiento para los viñedos por parte de la Bodega de Santo Tomás que requería abastecimiento local de uva. También hubo apoyos por parte del gobierno federal para incentivar la vitivinicultura y el cultivo olivarero. Se apoyó la tecnificación del campo a partir de los años cincuenta, se establecieron las primeras bodegas comerciales, se incrementó la superficie de cultivo y hubo un cambio en la estructura empresarial y en la mano de obra: de los rusos molokanes a los empresarios y trabajadores mexicanos. Se estableció el poblado de Francisco Zarco en 1958 (Ruiz, 2011). Se ampliaron los ciclos de empleo por el crecimiento de la agricultura en el Valle de Guadalupe y especialmente en la zona de San Quintín en el estado de Baja California, lo que llevó a la integración de esta zona a la ruta del noroeste que practicaban los jornaleros migrantes que iniciaban sus labores “en Sinaloa en la pizca del tomate, en Sonora, en la cosecha de la uva y el tomate; en Baja California Sur, en el algodón; y en Baja California, en el algodón, vid, olivo y hortalizas” (Santiago, 1999: 4), y algunos de ellos seguían la ruta a California en Estados Unidos para las cosechas de hortalizas y frutales (Santiago, 1999). El perfil de los jornaleros ha ido cambiando, de población mestiza, principalmente varones, de los estados de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y otros, a la migración indígena a partir de la década de los ochenta que incluyó a mujeres y familias completas, muchos de ellos de Oaxaca de diferentes grupos étnicos: mixtecos, triquis, y en menor medida zapotecos (Santiago, 1999). La población jornalera se empezó a asentar en la zona y surgieron poblados temporales o permanentes de jornaleros agrícolas, los más importantes en Maneadero y San Quintín (Velasco, Zlolniski y Coubés, 2021). Los jornaleros que laboraban en el Valle de Guadalupe provenían originalmente de Maneadero (Santiago, 1999) y progresivamente también de las comunidades de San José de la Zorra, San Antonio Necua, del ejido El Porvenir y del poblado de Francisco Zarco (Santiago, 1999). En su estudio, Santiago señaló las formas de acceso a los jornaleros que llegaban en la temporada: los que arribaban por su cuenta siguiendo el ciclo de cosechas del noroeste; los que eran enganchados en otras zonas agrícolas por los mayordomos; los que los propios empresarios trasladaban entre diferentes zonas de cultivo; y los que fueron deportados de Estados Unidos. Actualmente, el acceso a los trabajadores temporales, además de lo señalado anteriormente por Santiago, se realiza mediante las redes de los trabajadores permanentes, por el acuerdo con los trabajadores que llegan para esas labores año con año, con los desplazados internos que llegan a la zona, y como hipótesis se plantea que los migrantes de otros países que no han podido cruzar al otro lado posiblemente ingresan a esas labores, principalmente en las temporadas de cosecha.
En el contexto del Covid-19 se exacerbó la vulnerabilidad de la población jornalera, a sus condiciones habituales de precariedad se sumaron situaciones de desprotección asociadas a sus traslados y formas de vida en donde el hacinamiento y la falta de servicios, tales como el agua, es bastante común (Nemecio, 2020). Sánchez y Saldaña plantean que la población jornalera fue doblemente expuesta al coronavirus “por el hecho de pertenecer a sectores económicos considerados esenciales para la disponibilidad de alimentos en la pandemia, no sólo no podía confinarse, sino que fue insuficientemente atendida y no se garantizaron medidas de prevención o mitigación adecuadas a sus circunstancias específicas” (2023: 23). Esto se agudizó en el caso de los jornaleros migrantes que transitan entre varias zonas y actividades, expuestos a un mayor número de contactos. En México la población jornalera para 2019 asciende a 2,407,701; incluyendo a sus familias la cifra es de 8.5 millones de personas. El 93.4 por ciento no cuenta con contrato, el 90.9 por ciento no tiene acceso a servicios de salud, el 85.3 por ciento no tiene prestaciones laborales, el 33.3 por ciento gana hasta un salario mínimo y el 54.5 por ciento recibe de uno hasta dos salarios mínimos (Conasami, 2020, con datos del ENOE, Inegi, 2019). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 3,107,910 jornaleros/as trabajan directamente en los campos agrícolas. El Colef señala que el 24 por ciento son indígenas, y entre un tercio y un cuarto son migrantes (El Colef, 2020a). El gobierno atendía a este grupo de población mediante el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA),15 destinado a las familias jornaleras compuestas por campesinos o habitantes que provenían de las zonas más pobres y marginadas de México. Con la desaparición del programa no se tiene información confiable sobre este sector y se fomenta un modelo “[…] que perpetúa su precarización laboral por medio de condiciones como la exposición constante al contacto con plaguicidas o agroquímicos, que sean contratados/as bajo esquemas de intermediación […]” (Nemecio, 2020: 10). Esa situación permite a los empresarios evadir su responsabilidad laboral y que los trabajadores “estén sujetos y sujetas a acceder a condiciones que resquebrajan su dignidad, esclavizando su trabajo y condición humana” (Nemecio, 2020: 10). La precariedad y vulnerabilidad de este sector tiene efectos en la salud de varones, mujeres y niños, y conlleva a la transmisión intergeneracional de la pobreza; el 78 por ciento de la población jornalera y los integrantes de sus hogares se encontraban en pobreza multidimensional, y el 99 por ciento de ellos eran vulnerables por insuficiencia de ingresos o por carencias sociales16 (Sedesol, 2009). Dentro de la población jornalera, son los migrantes los que tienen las peores condiciones: 70.86 por ciento frente a 61.78 por ciento, debajo de la LBE (línea de bienestar económico) con tres o más carencias (Gobierno Federal, 2011: 13). En la región noroeste del país que incluye Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur “trabajan más de 200 mil jornaleros con condiciones laborales y sociales que los colocan en situaciones de vulnerabilidad en términos sociales y económicos y con grandes rezagos en el acceso al sistema de salud” (Velasco, Zlolniski y Coubés, 2021: 1).
Diferentes líderes de organizaciones sociales señalaron su preocupación por esta población en el contexto de la pandemia, ya que como lo mencionó el presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares “esta población no tiene un salario […] y tampoco forma parte de los esquemas de apoyo del gobierno federal” (Ramírez, 2020). El líder del Movimiento Social por la Tierra señaló que los trabajadores del campo, así como la mayor parte de la población rural, “se encuentran fuera de la cobertura de la seguridad social, pese a la reciente creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)” (Ramírez, 2020). Algunas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan solicitaron al gobierno el traslado de los jornaleros de forma segura y con las medidas de prevención ante la pandemia, y denunciaron la vulnerabilidad de estos trabajadores en los lugares de arribo por las condiciones de alojamiento, los exiguos salarios y la falta de un esquema de salud. Estos jornaleros se enfrentaron también a problemas cuando regresaron a sus comunidades: en algunos lugares no dejaron entrar a los migrantes a su regreso con el objetivo de evitar los contagios (La Jornada del Campo, 2021).
Actualmente existe el primer sindicato independiente que fue resultado del movimiento de los Jornaleros en San Quintín en 2015, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Una de las mejoras que logró en beneficio de los trabajadores estables fue la atención más rápida en las clínicas de salud públicas sin tener que solicitar la mediación de las empresas, aspecto que fue importante en el contexto del covid, no obstante, los jornaleros temporales no acceden a esa situación. También se han incrementado los salarios de los trabajadores, aunque todavía no son suficientes para cubrir las necesidades de una familia, pasaron de entre cien y ciento sesenta pesos diarios, a entre ciento cuarenta y doscientos veintiséis en agosto de 2017,17 dependiendo de la empresa. (Bensusán y Jaloma, 2019). Ese sindicato, todavía minoritario, está enfocado en conseguir la titularidad en varias empresas, así como en ampliar su presencia en diferentes regiones del país. La situación de los jornaleros temporales difiere mucho de lo anterior y en el caso del Valle de Guadalupe el sindicato no tiene presencia.
A través del Programa Producción para el Bienestar18 los apoyos gubernamentales se canalizaron para la población asentada en el campo y para los que tenían tierras, proporcionando dinero para iniciar el ciclo agrícola. A ello se sumaron los diferentes apoyos del Programa para el Bienestar dirigidos a sectores vulnerables. La focalización en la condición campesina dejó afuera a una gran cantidad de jornaleros que no tenían tierras ni habitaban en comunidades rurales, los que no eran mexicanos, así como tampoco se abordó la situación particular de las mujeres, los niños y los provenientes de comunidades hablantes de lenguas indígenas. Las mujeres jornaleras enfrentaron diversos problemas tales como el cuidado de los hijos, ya que las escuelas cerraron sus puertas como medida de contención de la pandemia, y encararon situaciones de cuidado de los suyos con escasos recursos para poder hacerlo. Además, diversos estudios ya habían señalado la violencia que padecen las mujeres en los campamentos y el acoso que reciben de parte de los mayordomos en el trabajo (Chávez, 2020; Aranda, 2014). Es un tema pendiente conocer cómo se vulneraron sus condiciones laborales y qué situaciones de violencias vivieron en el contexto del Covid-19.
Algunos analistas han señalado que en el marco de la pandemia habría un incremento de la pobreza extrema al 51 por ciento, ya que el gobierno mexicano no tuvo un plan de recuperación en el que transfiriese recursos suficientes a los pobres y a los trabajadores. Los programas sociales tuvieron una cobertura limitada, veintidós millones de personas, cuando se considera que había más de cincuenta y dos millones de pobres, y no se contó con ningún programa de ayuda para los desempleados por el coronavirus, lo único que se contempló fue la repartición de quinientas mil despensas de alimentos (Ríos, 2020).
Se realizaron acciones coyunturales por parte de los dueños de las bodegas vitivinícolas para hacer frente a la pandemia y proteger a sus trabajadores. La mayoría de los entrevistados señalaron entre esas acciones el proporcionar o solicitar a los trabajadores el uso de tapabocas, suministrar gel, desinfección en los lugares de trabajo, toma de temperatura, señalización de los espacios, permitir que se ausentasen en caso de sentirse enfermos o de tener a algún familiar enfermo. Los empleadores que facilitaron transporte indicaron que adoptaron medidas para reducir a la mitad la cantidad de personas trasladadas y en algunos casos aportaron apoyos de despensas para evitar las salidas y el contagio de los trabajadores en los lugares de compra de víveres. Esas medidas no representaron la generalidad de las situaciones, fueron tomadas principalmente en beneficio de los trabajadores permanentes, y tampoco solucionaron las condiciones de vulnerabilidad y precariedad de los jornaleros temporales y de los migrantes que llegaban en las épocas pico de empleo.
En el caso de los jornaleros migrantes, la vulnerabilidad se agudizó de manera acuciante en todos aquellos sujetos en condiciones de movilidad. Desde el estudio de Santiago (1999) se señaló la presencia en las actividades vitivinícolas en el Valle de Guadalupe de mexicanos retornados, dada la cercanía con la frontera y la ciudad de Tijuana,19 lugar en el que actualmente se encuentran varados numerosos migrantes de diferentes nacionalidades y con diversas situaciones: los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades que buscan pasar “al otro lado”; los desplazados internos que huyeron de sus lugares de vida debido a la violencia y buscan asilo en el vecino país del norte; los solicitantes de asilo y refugio de distintas nacionalidades que esperan una respuesta a su situación; y los retornados y deportados que deciden quedarse de manera temporal en esa zona hasta vislumbrar una posibilidad de regresar al norte. Las políticas de asilo más restrictivas de Estados Unidos y de refugio en México han llevado a procesos de inmovilidad temporal de los migrantes y solicitantes de asilo. En las entrevistas realizadas en el Valle de Guadalupe se encontraron desplazados internos. Está por estudiarse el fenómeno de los deportados, y de la inserción laboral y residencial de los estancados o inmovilizados, considerando que para muchos de ellos el trabajo agrícola ha sido una actividad habitual, como lo señala el estudio de Contreras, París y Velasco (2021).20
Diversas organizaciones solicitaron a las autoridades mexicanas el cese de las deportaciones y otras acciones para la protección de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la pandemia. Se denunciaron también las dificultades y obstáculos para los migrantes para poder acceder a las vacunas (véase Imumi; 2020, 2020a y 2021).
El aislamiento que se decretó como una de las medidas para enfrentar la pandemia desalentó temporalmente la llegada de nuevas caravanas de migrantes, que pasado el tiempo del aislamiento se han incrementado en este periodo de nueva normalidad. Estas caravanas, tal y como ha sido observado por diversos autores, son acciones colectivas de los migrantes para visibilizar su situación, protegerse en grupo ante una larga ruta, peligrosa e incierta, y una forma de lucha para mejorar sus condiciones de vida. Algunos autores que han estudiado el fenómeno de las caravanas de los migrantes las conceptualizan como “conducta colectiva organizada en antagonismos con las políticas de los Estados, y de alguna forma, luchando por el sentido histórico del control sobre la movilidad humana y de las propuestas deconstructivistas sobre la ilegalidad” (De Génova, 2013, citado en Contreras, París y Velasco, 2021: 15).
Valle de Uco, Mendoza, Argentina
La reestructuración de la vitivinicultura del Valle de Uco es acompañada por el predominio de los asalariados agrícolas que superan al setenta por ciento de los ocupados del agro, y por la generalización de la precariedad y flexibilidad de los mercados de trabajo. Las condiciones de ocupación de los trabajadores asalariados se distinguen por su inestabilidad, los bajos ingresos, las malas condiciones de trabajo, el acceso limitado a la protección social y la debilidad de las entidades sindicales. El ochenta por ciento de los trabajadores agrarios temporarios de la provincia están ocupados sin contar con los correspondientes aportes a la protección social y trabajan menos de seis meses al año (MTEySS, 2014).
De modo específico, los trabajadores que migran de forma temporaria desde las provincias del norte de país, principalmente Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, para ocuparse en la cosecha de los viñedos en el valle, son afectados de manera adicional por la precariedad y la vulnerabilidad sociolaboral. Existe una corriente migratoria temporaria de provincias del noroeste del país de larga data para ocuparse en esta tarea que involucraba una gran cantidad de jornaleros. En la década pasada, en el Valle la cosecha de vid ocupaba a cinco mil jornaleros migrantes que eran afectados por las clásicas injusticias referidas a condiciones de alojamiento, duración de la jornada de trabajo, pago a destajo, bajos salarios, ausencia de registro en la seguridad social, etcétera (Bardomás, 2009).
A su vez, en la provincia de Mendoza, de forma paralela a esta circulación laboral, aparece una migración procedente de Bolivia desde hace más de cincuenta años (Whiteford, 1981). Esta corriente migratoria formada en un principio por migrantes bolivianos establecidos en las provincias de Salta y Jujuy y orientados a la actividad hortícola, extendieron sus redes y en la actualidad constituyen una comunidad significativa en la provincia de Mendoza. La población de origen boliviano amplió sus ámbitos laborales y de socialización, aunque desde una posición subordinada, y en algunas zonas de la provincia avanzó hacia mercados de trabajo vitivinícolas; en el Valle de Uco continúa participando mayoritariamente en las producciones hortícolas.
En este contexto, la pandemia del Covid-19 y las medidas de aislamiento implementadas para evitar la propagación del virus acentúan la vulnerabilidad sociolaboral y las desigualdades que enfrentan de manera tradicional los jornaleros dedicados a la cosecha de vid tanto locales como migrantes. El Estado nacional en la Argentina estableció el aislamiento social y preventivo en marzo de 2020 al inicio de la pandemia. La definición de la cuarentena restringió la movilidad de la población y fijó controles interprovinciales a la circulación. La determinación de la producción de alimentos como actividades esenciales permitía a los trabajadores acceder a permisos de movilidad para continuar desarrollando sus labores. En el caso de los/as jornaleros/as de cosecha la movilidad es realizada de hecho debido a que son trabajadores contratados al margen de la seguridad social y por tal motivo no pueden solicitar los permisos oficiales de circulación.
La declaración de la pandemia y la definición de la cuarentena se llevaron a cabo durante la temporada de cosecha del año 2020 dado que la vendimia en la provincia abarca los meses de febrero, marzo y abril.
Tal situación afectó de manera particular a los migrantes que trabajaban en la cosecha de vid al momento de establecerse la cuarentana dado que la vendimia estaba en plena ejecución en esa fecha. Esta coincidencia provocó diferentes problemas y urgencias. La definición de un protocolo para la realización de las tareas de campo y cosecha es apurada en ese escenario por requerimiento de las organizaciones empresariales, y el gobierno de la provincia fija las condiciones generales para la ejecución de esas tareas. El protocolo precisa condiciones sanitarias que deben cumplirse en los establecimientos, modalidades de traslado de los trabajadores y estado de alojamiento para los jornaleros migrantes. Desde luego, la flexibilidad y la precariedad de contratación de mano de obra, la ausencia de infraestructura sanitaria y las malas condiciones de trabajo predominantes en las fincas hacen de los protocolos normativas que, en el mejor de los casos, son aplicadas de manera muy limitada (Sánchez et al., 2021).
El sindicato de los trabajadores vitivinícolas, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, despliega acciones de defensa y amenazas de huelga para mejorar el cumplimiento de los protocolos establecidos. Sin embargo, estas medidas son de impacto limitado dado que involucran de forma prioritaria a la escasa dotación de trabajadores permanentes, en mucho menor medida benefician a los trabajadores transitorios y de manera muy marginal incluyen a los jornaleros migrantes.
El retorno de los/as jornaleras migrantes a las provincias de origen se convierte en un problema acuciante una vez concluida la cosecha. La imposibilidad de los/as cosecheros/as migrantes de regresar a sus hogares provoca su permanencia en lugares de trabajo, plazas y terminales de buses de larga distancia esperando poder iniciar el viaje de regreso a las provincias de residencia. La magnitud del problema es reflejada en los medios escritos y audiovisuales de carácter masivo dada la notoriedad y la gravedad de la situación. En este caso, las acciones de protesta y defensa de estos/as trabajadores/as son desarrolladas por organizaciones sociales ligadas a partidos de izquierda, movimientos sociales, la iglesia católica, etcétera. El estado provincial, frente a la gravedad y visibilidad del problema, implementa medidas para facilitar el retorno de los/as cosecheras a sus provincias (Moreno y Salatino, 2021).
Este problema es más grave para los/as jornaleros/as que circulan laboralmente desde Bolivia. Aunque la población boliviana se encuentra establecida de forma mayoritaria en la provincia y el trabajo en la vitivinicultura del Valle de Uco es una inserción secundaria frente a la actividad hortícola, los/as trabajadores/as que se desplazan laboralmente entre la provincia y su país de origen enfrentan acuciantes problemas para retornar a sus casas debido a las restricciones tanto para movilizarse por Argentina como para ingresar a Bolivia (Veisaga, 2021).
La contratación de los/as jornaleros de modo irregular los excluye de muchos derechos asociados a la relación laboral. Por este motivo, estos/as trabajadores/as están cubiertos por la protección social destinada a las familias de los trabajadores/as informales. El Estado argentino, en décadas anteriores, en el marco de las políticas de pisos de protección social, estableció una transferencia monetaria para los hijos de trabajadores/as informales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) junto a otros ingresos de la protección social están presentes en más de la mitad de los hogares de asalariados agrícolas de la provincia. El Estado nacional reforzó estos ingresos monetarios durante la pandemia a partir de tres pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) destinados a trabajadores/as informales. De forma paralela, los montos dedicados a ayudas para la adquisición de alimentos a través de la Libreta Alimentaria fueron reforzados sucesivamente.
El Programa Intercosecha, orientado a complementar los ingresos de los trabajadores temporarios del agro durante los períodos de desempleo, está ampliamente difundido en las provincias del noroeste de la Argentina, región de donde procede la mayoría de los jornaleros migrantes que se ocupan en la cosecha de la vid en el Valle de Uco. Las trasferencias monetarias correspondientes a este programa se actualizaron durante la pandemia. Igualmente, los ingresos de estas familias, a pesar de las transferencias indicadas, son por lo general inferiores al salario mínimo vital y móvil fijado por el gobierno nacional, o se ubican por debajo de la línea de pobreza, condicionando a esta población a situaciones de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas.
Los reclamos empresariales para garantizar la oferta de trabajo necesaria para levantar la próxima cosecha se mantuvieron, concluida la vendimia del año 2020. Los empresarios demandaron durante ese año medidas que permitieran la llegada de los migrantes temporarios de las provincias del noroeste dedicados a las cosechas manuales. Así, por un lado, el gobierno de Mendoza, junto a autoridades de otras provincias, estableció medidas para la movilidad de trabajadores y, por otro, formuló el “Registro de información nominal para vendimia y tareas agrícolas” con el objetivo de “Elaborar alternativas de acción conjuntas que permitan acercar a los sectores demandantes y oferentes de mano de obra agrícola, de cara a la temporada de cosecha y acarreo 2020-2021, en el marco de la situación de pandemia por el Covid-19” (Ministerio de Economía y Energía, 2021).
El impacto de estas acciones en la vitivinicultura del Valle de Uco fue limitado y la principal respuesta de los empresarios fue acelerar la mecanización de la cosecha de vid, la cual avanza en la provincia a partir del segundo lustro de la década pasada. La adopción de esta tecnología por parte de los empresarios afecta de forma severa las oportunidades de empleo y los modos de vida de los jornaleros locales y de los trabajadores migrantes. Este proceso es acelerado por la respuesta de las empresas frente a las condiciones de restricción a la movilidad impuestas en el marco de la pandemia del Covid-19. La mecanización es más acentuada en los departamentos del Valle de Uco y en la actualidad aproximadamente la mitad de la producción se cosecha con esta modalidad. Esto implica el desplazamiento de la mitad de los cosecheros y amenaza las posibilidades de empleo tanto de los trabajadores migrantes temporarios como de aquellos que migraron y se establecieron en la zona por las oportunidades de trabajo disponibles. La adopción de esta tecnología implica en la zona el desplazamiento de alrededor de dos mil quinientos jornaleros.
La expulsión de cosecheros/as de la actividad implica para la población un nivel adicional de vulnerabilidad y desigualdad. Esta población depende para su reproducción social prioritariamente de las transferencias monetarias de la protección social ante la ausencia de alternativas laborales.
La acción colectiva de los sindicatos está centrada en los trabajadores permanentes y atiende a los temporarios y migrantes en mucho menor medida. Las dificultades de garantizar los derechos laborales de estos trabajadores en tales circunstancias son extremas. La posibilidad de estos trabajadores de ejercer efectivamente sus derechos laborales está limitada por la precariedad de la inserción laboral.
Por su parte, las acciones de las organizaciones sociales son una respuesta defensiva frente a la situación de vulnerabilidad que estos trabajadores enfrentan por la pandemia. Las condiciones de vulnerabilidad sociolaboral y desigualdades sociales que padecen estos trabajadores son acentuadas en los escenarios de pandemia al igual que para otras experiencias relatadas por la literatura internacional. Las acciones políticas desplegadas no logran activar los derechos laborales de estos trabajadores. En cambio, las medidas desarrolladas por el Estado a través de la protección para atender a la población comprendida por el trabajo informal son las de mayor alcance con respecto a la población jornalera local o migrante del Valle de Uco. Los derechos sociales, de mayor difusión entre los asalariados agrícolas, que los derechos laborales, configuran un acceso desigual de esta población a la condición ciudadana y la ubica en una situación de reproducción de la pobreza.
La condición migrante de los/as jornaleras profundiza la vulnerabilidad y la desigualdad en función de las necesidades de alojamiento, las problemáticas del viaje, y la ausencia o la debilidad de las redes de parentesco y amistad en el lugar de destino. La procedencia de Bolivia agrava esta situación, de manera más acentuada cuando los/as jornaleros/as no cuentan con la documentación de residencia en la Argentina.
Conclusiones
Los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la población jornalera de la vitivinicultura global acentuaron las desigualdades de larga duración que padecen estos sujetos. Sánchez y Saldaña (2023) señalan la necesidad de estudiar los impactos en la salud de los jornaleros desde un enfoque sindémico que “lleva a considerar cómo las estructuras políticas y económicas generan una distribución inequitativa de los riesgos y recursos que tienen que ver con la salud, la presencia de epidemias superpuestas no solamente ilustra la concentración de los primeros y ausencia de los segundos, sino que también explica los efectos sinérgicos que generan que individuos y grupos sean más vulnerables social y biológicamente” (Muguía, 2021: 13-14, citado en Sánchez y Saldaña, 2023: 312-313).
Los casos abordados en este artículo, el Valle de Guadalupe, Baja California, México, y el Valle de Uco, Mendoza, Argentina, evidencian de manera nítida este resultado. Ambos constituyen escenarios arquetípicos de los procesos de reestructuración de la vitivinicultura expresados en la emergencia de una producción de vinos de alta calidad que son destinados, en gran medida, a los mercados de exportación. La conjunción de una producción modernizada de vinos de calidad asociada a mercados de trabajo precarios y flexibles, y a trabajadores/as expuestos/as a configuraciones de ciudadanía “degradadas” y fuertes desigualdades sociales, es una condición generalizada de la vitivinicultura global.
Aquí, la interrogante es acerca de qué tipos de respuestas surgieron de los Estados, las organizaciones sociales y los sindicatos frente a la profundización de las desigualdades sociales provocadas por el contexto de pandemia.
La diversidad de condiciones sociales, étnicas, de género, de condición migrante, etc., que distinguen a los/as jornaleros/as también inciden en las acciones desarrolladas por el Estado, los sindicatos o las organizaciones sociales. Llama la atención, en general, que las intervenciones de los Estados están orientadas a reforzar derechos sociales de poblaciones vulnerables, en lugar de validar derechos laborales y políticos de asalariados de la agricultura. En el Valle de Uco, a pesar de que la legislación laboral referida a los asalariados temporarios es actualizada y ampliada a principios de la década pasada, estos sujetos son cubiertos en la pandemia mayormente por las acciones de la protección social para trabajadores informales, dado el escaso registro de éstos en la seguridad social. En Baja California, las acciones realizadas por el Estado mexicano para sujetos económicos priorizan la condición campesina de la población, ignorando la presencia e importancia del trabajo jornalero como fenómeno social en el país.
De forma paralela, a la escasa significación de los derechos políticos y laborales de los/as asalariados/as agrícolas, migrantes y no migrantes, en las acciones implementadas por los Estados, se suma la debilidad de las acciones de las organizaciones sindicales para defender los derechos de estos trabajadores/as. En la Argentina, la acción sindical apunta de forma prioritaria a los/as trabajadores/as permanentes, y contempla de manera muy limitada a los/as trabajadores/as temporarios/as, además de que no tiene en consideración a los/as jornaleros/as migrantes. En México existe actualmente el primer sindicato de jornaleros independiente, que no acaba de lograr la representación de los trabajadores en las empresas que siguen en manos de los sindicatos tradicionales que protegen al empleador.
En ambos casos, las organizaciones sociales llevaron a cabo la mayor cantidad de acciones para responder a los desafíos que la pandemia del Covid-19 generó entre los/as jornaleros/as migrantes. Diferentes organizaciones de la sociedad civil asociadas a migrantes, la Iglesia católica, grupos militantes de izquierda, etc., desarrollaron acciones para atender problemas de movilidad, alojamiento, alimentación, salud, entre otros, que como consecuencia de la pandemia enfrentaron dichos trabajadores.
El reconocimiento por parte de los Estados de los/as jornaleros como trabajadores sujetos de derechos políticos y sindicales continúa siendo débil, las acciones estatales están orientadas de manera prioritaria a cubrir derechos sociales de poblaciones vulnerables. A pesar de que las acciones desplegadas por los Estados pueden estar difundidas de manera amplia, sin embargo su magnitud no permite que estos trabajadores/as despeguen de las condiciones de pobreza que padecen históricamente. A la vez, las organizaciones sociales consideran una amplia franja de aspectos no atendidos por los Estados. Los/as jornaleros/as de la vitivinicultura global alcanzan configuraciones de ciudadanía desiguales con un acceso a derechos políticos y sindicales muy limitados que los ubican en una situación de ciudadanía “degradada”.
