Artículos

 

Percepciones sobre el crimen y aprobación presidencial en México antes y después de la transición de 2000

 

Perceptions of Crime and Presidential Approval Ratings in Mexico Before and After the Transition of 2000

 

Ricardo R. Gómez Vilchis*

 

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego. Actualmente se desempeña como profesor–investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Fecha de recepción: 09/06/2011.
Fecha de aceptación: 02/03/2012.

 

RESUMEN

¿Están los ciudadanos ansiosos por castigar al presidente con un bajo nivel de aprobación cuando él no trabaja para enfrentar el crimen? Este artículo usa a México como un estudio de caso para examinar la relación entre la percepción sobre el crimen y la aprobación presidencial. La investigación utiliza once encuestas nacionales de 1994 a 2006. Analiza los efectos de la percepción sobre el crimen en la aprobación presidencial antes y después de la transición democrática de 2000. La proposición principal es que después de la transición el tema del crimen se vuelve más relevante y sus efectos son más fuertes cuando la gente evalúa al presidente.

Palabras clave: México, crimen, aprobación presidencial, transición, democracia.

 

ABSTRACT

Are citizens anxious to punish the president with low approval levels when he does not work to fight crime? This article uses Mexico as a case study to examine the relationship between the public's perception of crime and presidential approval ratings. The research uses 11 national surveys ranging form 1994 to 2006 to analyze the effects of the perception of crime on presidential approval ratings before and after the democratic transition of 2000. The main proposition is that after the transition, the issue of crime became more important and its effects carry more weight when people evaluate the president.

Key words: Mexico, crime, presidential approval rating, transition, democracy.

 

INTRODUCCIÓN

Más que una excepción, los altos niveles de criminalidad han sido una constante en América Latina. El nivel de homicidios en El Salvador fue de 138 por cada cien mil habitantes en 1995 (Wood, 2005: 197). En Colombia, la situación no puede considerarse mejor: ochenta personas murieron por cada cien mil habitantes en 1991 (Hagopian, 2005: 349). En Guatemala el nivel de homicidios alcanzó casi los sesenta por cien mil habitantes en 1996 (Seligson, 2005: 226). Estas cifras incluso superan el clima de violencia de los países africanos involucrados en conflictos bélicos. Sudáfrica tuvo poco más de 55 homicidios por cada cien mil habitantes durante la etapa más conflictiva de su guerra civil en 1982 (Hagopian, 2005: 350). Más recientemente, en 2004, la región de América Latina registró uno de los más altos niveles de violencia en el mundo, según la Oficina sobre Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés, 2011). El clima de inseguridad ha provocado que la población civil sea altamente vulnerable a la violencia. En México, 60% de los ciudadanos declararon en 2003 que ellos o su familia habían sido víctimas de algún tipo de crimen en los últimos doce meses (Hagopian, 2005: 348).

Al igual que México, ante los ojos de las ciudadanías la mayoría de los países latinoamericanos han hecho un trabajo pobre para reducir el crimen. La evidencia muestra que estas naciones han fracasado en sus esfuerzos por erradicar este problema. Según la UNDOC(2011), Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia se encuentran entre los Estados con mayor número de homicidios en el mundo en los últimos años (UNDOC, 2011). Al mismo tiempo, el entusiasmo de la opinión pública por el arribo de la democracia ha disminuido porque varios de los "nuevos regímenes democráticos" no han tenido un buen desempeño. Se les acusa de ser ineficientes para combatir el crimen y de favorecer sólo a los ricos por medio de la imposición de reformas económicas impopulares, así como de ser incapaces de establecer el Estado de derecho, terminar con la desigualdad y gobernar con base en la voluntad de la ciudadanía (Mainwaring y Pérez–Liñán, 2005: 53).

El presente trabajo utiliza a México como un estudio de caso para entender el problema del crimen y sus efectos en la opinión pública cuando ésta evalúa a las instituciones políticas. El objetivo general es examinar de qué forma la visión del ciudadano sobre el estado del crimen en México modifica su manera de evaluar el desempeño del Ejecutivo. El análisis busca conocer si la ciudadanía percibe cambios en los niveles de criminalidad en el país, y si cuando el votante intuye que el crimen ha aumentado esto lo considera como responsabilidad directa del presidente. El propósito principal de la investigación se orienta a estudiar si la percepción del ciudadano sobre el crimen tiene un impacto distinto al momento de evaluar a las autoridades políticas, en este caso del Poder Ejecutivo, después de una transición.

Entre los objetivos específicos de este estudio sobresalen: 1) Ofrecer un breve y concreto panorama de la situación que guarda el crimen en las democracias emergentes de América Latina, poniendo especial énfasis en la forma en que los votantes latinoamericanos asocian el combate contra la inseguridad con las obligaciones que consideran tiene un gobierno democrático; 2) justificar teórica y metodológicamente las razones por las cuales se ha escogido a México como un estudio de caso en la región latinoamericana para examinar los efectos del crimen en la aprobación presidencial; 3) dar algunos pormenores del contexto mexicano que ayuden a revelar los diferentes marcos político institucionales que guían las relaciones entre la ciudadanía y el orden político en turno, es decir, el sistema semiautoritario priísta vs. el régimen prodemocrático que emerge después de la alternancia; y 4) desarrollar un análisis de tipo econométrico, con datos estadísticos, derivados de encuestas, que permita examinar de manera empírica los cambios que sufre la opinión pública en cuanto a su manera de evaluar a las instituciones políticas después de una transición democrática.

Hasta donde se conoce, no existen explicaciones consistentes sobre cómo la percepción del crimen afecta la aprobación presidencial después de una transición. Si el crimen se convierte en un tema relevante en el régimen naciente, ¿de qué forma el nuevo presidente, democráticamente electo, encara el problema?; ¿de qué manera la percepción sobre el crimen afecta el apoyo de los votantes en torno a la figura presidencial antes y después de la transición? Si la ciudadanía considera al crimen como un tema relevante en un contexto prodemocrático, ¿cuáles son las razones que explican este cambio en la percepción de la gente? Este estudio pretende contribuir al entendimiento de un problema común en América Latina, la visión del ciudadano sobre el crimen como una determinante clave que puede disminuir el apoyo de la opinión publica hacia las instituciones y los líderes políticos.

La investigación analiza los efectos que la percepción sobre el crimen tiene en la aprobación presidencial en México de 1994 a 2006, es decir, antes y después de la alternancia. La proposición principal es que después de las elecciones de 2000 el crimen se convierte en un tema más importante y comienza a tener mayores efectos cuando la gente evalúa al Ejecutivo. Una transición democrática puede aumentar las expectativas sobre la capacidad de respuesta y responsabilidad del gobierno en turno. Los votantes consideran que el nuevo presidente electo debe preocuparse por los principales problemas de la ciudadanía, ya que mantener a la gente satisfecha es la mejor forma de obtener apoyo político en un régimen prodemocrático, en contraste con un régimen autoritario, que utiliza la manipulación de las elecciones, el fraude y la compra del voto (Cornelius y Craig, 1991: 25).

El análisis se enmarca en el área de la sociología política, en específico del impacto que tienen en el votante los problemas de índole social de gran relevancia. Se busca examinar empíricamente de qué forma la percepción sobre el crimen afecta la evaluación que hacen los ciudadanos sobre las instituciones políticas, en este caso del Poder Ejecutivo. El votante evalúa las instancias de gobierno, las aprueba o las desaprueba, según la visión que tiene sobre sus entornos social y político. Después de un cambio de régimen, del paso de un sistema semiautoritario a uno prodemocrático, el ciudadano aprueba o no al presidente con base en la relevancia que alcanzan determinados temas sociales en la agenda política y en las preferencias que tiene como votante.

El presente estudio utiliza once encuestas nacionales de 1994 a 2006. En primer término, la revisión de la literatura examina la presencia del crimen como un problema en America Latina y las determinantes de la aprobación presidencial en México. La segunda sección analiza el contexto mexicano después de la alternancia. La metodología del trabajo describe cómo los datos fueron obtenidos para probar empíricamente los efectos que la percepción sobre el crimen tiene en la aprobación presidencial. Posteriormente se presenta un análisis econométrico y, finalmente, las conclusiones del trabajo.

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA: CORRUPCIÓN Y APROBACIÓN PRESIDENCIAL

La evidencia empírica indica que la mayoría de los gobiernos en America Latina han fracasado en reducir el crimen. En estas democracias emergentes, la tolerancia de la ciudadanía ante la falta de eficacia de los mandatarios por reducir el problema de la inseguridad es cada vez menor, lo cual ha afectado una eventual consolidación del sistema democrático. Los análisis muestran que la ciudadanía asocia fuertemente las demandas de tipo social, en particular el combate contra la inseguridad, con las obligaciones que tiene un régimen democrático (Moreno, 2001: 43). El 38% de los costarricenses percibe la lucha contra el crimen como la principal tarea que debe atender un gobierno democrático (Clark, 2001: 87); en Chile sólo un 26%, pero en México el 31°% lo piensa (Klesner, 2001: 125).

Un clima de inseguridad, caracterizado por altos niveles de criminalidad, puede ser un elemento clave que impida la consolidación democrática a través del fortalecimiento indirecto de los valores autoritarios y de las actitudes de desconfianza hacia la democracia. Bermeo (1999) argumenta que el desorden social derivado de la inseguridad y del crimen es un factor significativo que conduce a los votantes a apoyar a regímenes autoritarios y, por lo tanto, es la principal razón de la caída de los sistemas democráticos. La base de datos de Bermeo (1999) incluye a países que han sufrido algún retroceso democrático; muestra que aquellas naciones cuyo nivel de criminalidad promedió siete homicidios o más por cada cien mil habitantes experimentaron algún retorno hacia el autoritarismo. Si se toma este dato como referente, las probabilidades de la consolidación democrática en America Latina son escasas. Se ha estimado que el número de homicidios por cada cien mil habitantes en la región es de treinta (Seligson, 2005: 225). Sin embargo, esta cifra puede ser rebasada por varias naciones del área (El Salvador, Colombia y Guatemala, entre otras) como se mencionó al principio de este artículo.

Lo anterior ha favorecido el fortalecimiento de una cultura autoritaria entre los habitantes de la región. En Guatemala, el 60% de los ciudadanos prefirió en 1999 un gobierno de mano dura por encima de uno que motivara la participación ciudadana como principal opción para resolver los problemas del país (Seligson, 2005: 227). En ese mismo año, en El Salvador el 55% de la población manifestó que un golpe de Estado podía justificarse en un clima de desorden y crimen (Hagopian, 2005: 350). También en 1999, en México la mitad de la población apoyaba un gobierno de tipo autoritario. Además, sólo uno de cada tres mexicanos expresó sentirse satisfecho con la democracia (Camp, 1999: 232).

El presente estudio descansa en evidencia que proviene de encuestas nacionales realizadas en México. Se seleccionó a este país por múltiples razones. Primero, el caso permite examinar cómo la ciudadanía evalúa al presidente en un régimen semiautoritario. Debido a que los gobiernos autoritarios intentan controlar el flujo de la información política, estos gobiernos raramente permiten el libre acceso del público a los estudios de opinión realizados por medio de encuestas. Sin embargo, la disponibilidad de los datos con que se cuenta permite estudiar la aprobación presidencial durante algunos años del dominio priísta, en particular en 1994, 1995 y 2000. Desafortunadamente, no se tienen observaciones para cada uno de los años del presente estudio, es decir, de 1994 a 2006. Durante los regímenes de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo no se le preguntó regularmente a la gente su percepción sobre la economía, variable de control en esta investigación, cuando a la ciudadanía se le solicitó su opinión sobre el crimen. En el caso del periodo de Vicente Fox, en 2005 no se les hicieron preguntas a los votantes sobre su visión del crimen en México. La segunda razón para estudiar el caso mexicano consiste en que después de la alternancia el nuevo gobierno ha estado en el poder ya por más de diez años. Esta condición de estabilidad política ofrece la oportunidad de estudiar la percepción de la ciudadanía en un periodo más o menos largo de tiempo. Finalmente, la alternancia en sí misma y los datos obtenidos por el investigador durante los últimos cinco años permiten el uso de la elección de 2000 para examinar empíricamente los efectos de la percepción sobre el crimen en la aprobación presidencial antes y después de la transición democrática.

Aunque el crimen ha sido uno de los temas más trascendentes en la política mexicana, en general los especialistas e investigadores se han enfocado en la economía para estudiar la aprobación presidencial (Buendía, 1996: 567; Domínguez y McCann, 1995: 34; Magaloni, 2006: 82; y Villarreal, 1999: 132). Estos estudios han realizado contribuciones significativas al análisis de la aprobación presidencial, pero ignoran los efectos de las variables sociales y políticas cuando la ciudadanía evalúa al presidente.

Buendía (1996) y Magaloni (2006) argumentan que la variación de las condiciones económicas afecta el apoyo de los votantes hacia los líderes políticos. Domínguez y McCann (1995, 36) y Villarreal (1999, 134) afirman que las evaluaciones de la ciudadanía sobre la economía tienen fuertes efectos en las opiniones políticas de la gente. El presente análisis se enfoca en México, y prueba empíricamente los efectos que la percepción sobre el crimen, un tema relevante en América Latina, tiene en la aprobación presidencial.

En este artículo se entiende al crimen como un acto o como una omisión que la ley marca como punibles. Puede ser también alguna otra violación al marco legal, la cual sea considerada la causa de una acción criminal. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés, 2011) centra su análisis y definición en el número de homicidios que se cometen en un país por cada cien mil habitantes.

 

EL CONTEXTO MEXICANO

La alternancia de 2000 generó un contexto político diferente a aquel que le permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) estar en el poder durante mucho tiempo. El PRI estuvo por más de setenta años en el gobierno debido a estrategias como la compra de votos, el fraude electoral, las políticas clientelistas y la represión selectiva. Por otro lado, el nuevo régimen, nacido de la alternancia, consideró de cara a la opinión pública que mantener a los ciudadanos satisfechos era la mejor forma de obtener apoyo político y mantenerse en la Presidencia. Los votantes comenzaron a generar grandes expectativas respecto del nuevo Ejecutivo; consideraron que el presidente sería capaz de eliminar el problema del crimen.

En 1994, los partidos de oposición controlaban de manera conjunta el 11% de las 32 gubernaturas del país; el 40 % de los escaños de la Cámara de Diputados; y el 26% de las posiciones en el Senado. En el mes de junio de 2000, a unas cuantas semanas de la elección, los partidos de oposición controlaban el 34% de las gubernaturas; el 52% de los escaños en la Cámara Baja y el 41°% de los asientos en la Cámara Alta (Camp, 2004: 28; Domínguez, 2004: 336).

Una elección más competitiva y una eventual transición impulsaron a los ciudadanos para que asociaran a la democracia con la reducción del crimen. La Gráfica 1 muestra que antes de la elección de 2000, el 31%% de la gente consideró el combate contra el crimen como la principal tarea de la democracia (Klesner, 2001: 125). La elección de 2000 fue la expresión de un deseo por el cambio, el cual se basó principalmente en las expectativas de una mayor capacidad del nuevo presidente en el manejo de la economía y en el combate al crimen (Magaloni y Poiré, 2004: 315).

Esta asociación entre la democracia y la lucha contra el crimen en la mente de los ciudadanos se fortaleció después de la alternancia. Durante su gestión Vicente Fox hizo del combate contra el crimen, ante los ojos de la opinión pública, una prioridad de su administración. El nuevo presidente envió mensajes acerca de que los altos niveles de criminalidad en el país serían reducidos. Durante la administración foxista se creó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Federal Preventiva (PFP) fue adscrita a esa dependencia. Asimismo, la Policía Judicial Federal, dependiente de la Procuraduría General de la Republica (PGR), fue transformada en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en lo que se presentó como un modelo de policía investigadora basada en las experiencias de la estadounidense Agencia Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y de la británica Scotland Yard (Sánchez, 2011: 110).

Entre las atribuciones de la SSP se encontraban: 1) desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal para prevenir el delito; 2) fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas preventivos en materia de delitos; 3) organizar, administrar, dirigir y supervisar a la PFP; 4) establecer un sistema destinado a obtener, analizar y procesar información para la prevención de delitos; 5) otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas (Ramos, 2005: 21–22).

A través de la adscripción de la PFP a la SSP se buscaba que la primera fuera una policía más eficiente y ágil, cuyas tareas principales consistirían en: 1) coadyuvar en materia de seguridad pública con las autoridades competentes, para el cumplimiento y la observancia de las leyes; 2) garantizar y mantener el orden y la paz públicos, salvaguardando la integridad de las personas; 3) participar en el auxilio de las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten, en la investigación y persecución de delitos, y en la detención de personas o aseguramiento de bienes que sean producto de un delito (Ramos, 2005: 25).

Fox envió al Congreso una propuesta para cambiar el sistema de seguridad y justicia con la finalidad de mejorar el combate contra la delincuencia. Publicó un decreto mediante el cual se castigaba el secuestro express con una pena que iría de quince a cuarenta años de prisión. Se crearon iniciativas para aumentar las penas para el delito de narcomenudeo y a los policías que traicionaran a la sociedad (Sánchez, 2011: 112).

 

HIPÓTESIS

Según Moreno (2009, 42), la elección presidencial de 2000 funcionó como una elección crítica, definida como una "en la que la profundidad y la intensidad de la participación electoral son altas; en la cual existen reajustes más o menos profundos en la relación de poder entre la comunidad; y en la cual son formados nuevos y perdurables agrupamientos electorales" (Key, 1955: 4). Después de la elección, cuando el PRI perdió la Presidencia por primera vez, el clivaje PRI vs. anti– PRI comenzó a desvanecerse, permitiendo una redefinición de la izquierda y la derecha en torno a los temas económicos y de contexto social (Moreno, 1999: 126; 2006: 43). Este estudio extiende el argumento de Moreno. Si este autor está en lo correcto, y el proceso electoral de 2000 funcionó como una "elección crítica", es probable que la elección haya alterado la percepción de la gente sobre el presidente. De manera más precisa, la alternancia de 2000 es un "suceso político relevante" que modificó el cómo los ciudadanos veían al presidente. Los votantes empezaron a ver al Ejecutivo en una forma distinta, y generaron mayores expectativas sobre la habilidad del nuevo presidente para manejar la economía y los problemas de tipo político–social, como el crimen.

Se esperaba que el nuevo presidente resolviera los asuntos más urgentes y relevantes del país, como la lucha contra el crimen. De hecho, como lo muestra la Gráfica 2, los niveles de confianza de Fox durante su primer año de gobierno son notablemente más altos (63%) que los de Salinas (44%) y Zedillo (33%), respectivamente. De tal forma, es posible suponer que después de la elección de 2000 la relación entre la aprobación presidencial y la percepción de la ciudadanía sobre el crimen se hizo más fuerte debido a las altas expectativas por parte de los votantes sobre la determinación del presidente para encarar el problema. En este sentido, el análisis parte de la siguiente hipótesis:

• A partir de la alternancia el crimen, como tema de la agenda política, ha ganado relevancia. Los mexicanos consideran el combate contra el crimen como una de las principales tareas que debe resolver el nuevo régimen democrático, y a su vez el contexto político impulsa a los ciudadanos a ser más críticos con el presidente cuando ellos consideran que el crimen está aumentando en el país. Si se mantienen las otras variables constantes, los efectos de la percepción de los ciudadanos sobre el crimen en la aprobación presidencial deben ser más fuertes después de la alternancia que durante el dominio priísta. A partir de la transición de 2000, los votantes comenzaron a construir mayores expectativas en la capacidad del nuevo presidente para encarar y resolver el problema de los altos índices de criminalidad en México.

 

METODOLOGÍA

Las once encuestas nacionales en las que se basa este trabajo fueron realizadas por la empresa Parametría en conjunto con la Oficina de la Presidencia. Los estudios se financiaron con recursos del presupuesto federal; las encuestas eran confidenciales y exclusivamente para uso gubernamental. Sin embargo, la Asesoría Técnica de la Presidencia de la Republica las hizo públicas después de que Salinas (1988–1994) y Zedillo (1994–2000) terminaron sus administraciones. Hoy estas bases de datos están disponibles en el Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales, BIIACS (2011).

Cuando los cuestionarios fueron diseñados por la Oficina de la Presidencia, las encuestas fueron conducidas por Opinión Profesional, una agencia privada especializada en encuestas y grupos focales. Los trabajadores de campo no fueron informados de la identidad del cliente. Se identificaron ante los encuestados sólo como empleados de Opinión Profesional.

En total, las encuestas contienen casi 18 mil entrevistas efectuadas en viviendas y 600 vía telefónica, de noviembre de 1994 a noviembre de 2006. Este periodo cubre tres diferentes administraciones (las de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ambos priístas, y la del panista Vicente Fox). Tenemos una encuesta realizada durante el gobierno de Salinas (en 1994) y dos correspondientes a la administración de Zedillo (en 1995 y 2000), todas organizadas por la Asesoría Técnica de la Presidencia de la República. Las otras ocho encuestas cubren el gobierno de Fox; seis fueron conducidas por la Asesoría Técnica (en 2001, 2002, 2003 y 2004), y dos por Parametría, en 2006. Tres de las encuestas se levantaron en 2001.

En las encuestas dirigidas por la Oficina de la Presidencia las viviendas fueron seleccionadas a través de un proceso multietápico, estratificado y probabilístico. En cada hogar se llevó a cabo una entrevista de aproximadamente cuarenta minutos con un adulto, escogido al azar, con una proporción aproximadamente igual entre hombres y mujeres. Cuando Parametría organizó las encuestas, las viviendas fueron obtenidas a través de un proceso multietápico, no estratificado y probabilístico. En cada casa se realizó una entrevista de aproximadamente 25 minutos con un encuestado seleccionado al azar.

El presente trabajo parte de dos tipos de enfoques estadísticos: el primero se basa en el análisis MLC (Modelo Lineal Clásico), donde se calcula el efecto marginal de las variables independientes sobre la dependiente (qué tanto cambia y por el incremento de una unidad en x) (Wooldridge, 2001: 32); el segundo mide la probabilidad de que los votantes aprueben al presidente antes y después de la alternancia. La variable dependiente es la aprobación presidencial y puede tomar dos valores: (1) si los ciudadanos aprueban al presidente; (0) si éste no es el caso. El Cuadro 1 presenta la operacionalización y la codificación de las variables. La variable independiente clave es la percepción sobre el crimen. El análisis también incluye como controles una serie de variables que han sido utilizadas en investigaciones previas (Domínguez y McCann; 1995: 39; Magaloni, 2006: 165; Moreno, 2006: 35 y 2009: 279; y Villarreal, 1999: 136).

Se espera que cuando los ciudadanos piensan que el crimen aumenta, ellos desaprobarán la forma en que el presidente está conduciendo su trabajo; esta variable tendrá mayores efectos en la aprobación presidencial después de la alternancia. Las percepciones sobre el aumento del crimen están correlacionadas negativamente con la evaluación del presidente. Las expectativas sobre el desempleo y la inflación son similares a aquellas que los votantes tienen sobre el crimen. La gente castiga al presidente con un bajo nivel de aprobación cuando percibe que el desempleo y la inflación aumentan. El estudio predice que cuando los encuestados piensan que la economía marcha bien, el presidente es aprobado. El análisis anticipa que la identificación partidista tiene un efecto positivo sobre la aprobación presidencial. Asimismo, se incluyen indicadores sociodemográficos, como el ingreso, la edad, la educación y el género, como variables de control. El grupo referente para el ingreso es la clase baja; para la edad, los jóvenes de 18 a 25 años; para la educación, la población sin preparación escolarizada; para el género, las mujeres. Debido a la codificación original de algunas encuestas, que no daban muchas opciones de respuesta, se tuvo que organizar como una sola variable a la clase media y a la clase alta.

 

RESULTADOS

El Cuadro 2 muestra que hay diferencias significativas en cómo la ciudadanía evalúa a los presidentes priístas (Salinas y Zedillo) y a un Ejecutivo que proviene de la oposición, Fox. Durante la etapa predemocrática, el Modelo 1 indica que cuando la gente piensa que el crimen aumenta, la aprobación presidencial no sufre cambio alguno. Esta variable no es significativa en términos estadísticos. En contraste, después del dominio priísta, el Modelo 2 ilustra que la percepción sobre el crimen tiene fuertes y significativos efectos, con un 99% de nivel de confianza, cuando el votante evalúa al presidente. Si la percepción sobre el crimen aumenta una unidad, la aprobación presidencial se incrementa 0.09.

El Modelo 3 prueba empíricamente la diferencia hipotética entre estos dos periodos: la era del PRI y la etapa prodemocrática después de la alternancia de 2000, por medio de la creación de un conjunto de variables interactivas, producto de la variable PRI multiplicada, respectivamente, por cada una de la variables clave del modelo. Cada vez que una de estas variables interactivas es significativa en términos estadísticos se comprueba que una de estas variables clave tiene diferentes efectos después de la alternancia. Este es el caso de las que miden la percepción sobre el crimen, el desempleo, la inflación, la economía del país, la economía personal y la identificación partidista.

La variable interactiva PRI x percepciones sobre el crimen del Modelo 3 permite observar que la diferencia entre estos dos periodos (antes y después de la transición) es estadísticamente significativa, con un 99% de nivel de confianza. Este hallazgo muestra que el contexto político afecta la forma en que el ciudadano evalúa a las instituciones, en este caso al Ejecutivo. Como lo predijo la hipótesis de investigación, en un régimen semiautoritario la gente no considera que combatir el crimen sea una de las principales tareas del presidente. En cambio, en un sistema prodemocrático el ciudadano cree que atender el problema de la delincuencia y reducir los índices de criminalidad debe ser una tarea obligatoria del gobierno en turno. Debido a lo anterior, la percepción sobre el crimen tiene mayores efectos sobre la aprobación presidencial después de la alternancia de 2000.

Las variables interactivas del Modelo 3 muestran que los efectos de las percepciones del votante sobre el desempleo (la variable PRI x percepción sobre el desempleo) y la inflación (la variable PRI x percepción sobre la inflación) son estadísticamente diferentes en los dos periodos de análisis, es decir, antes y después de la alternancia, pero en direcciones distintas. Mientras que la visión de la gente sobre el desempleo tiene mayor efecto durante el periodo prodemocrático, la percepción sobre la inflación posee un impacto más fuerte sobre la aprobación presidencial antes de la caída del PRI. El primer caso es consistente con los estudios anteriores. Beatriz Magaloni y Alejandro Poiré (2004) encuentran que en la elección presidencial de 2000 el votante tuvo más expectativas sobre una mayor capacidad y determinación del nuevo presidente para manejar la economía y atender el problema del crimen. En el caso de la percepción sobre la inflación es posible que esta variable tenga mayores efectos en la aprobación presidencial antes de la alternancia debido a los altos niveles que se presentaron durante la crisis de 1994–1995.

El análisis evidencia que la perspectiva del votante sobre la economía tiene efectos diferentes después de la elección de 2000. Mientras que las percepciones sobre la situación económica personal tienen mayor impacto durante el dominio priísta, la opinión de la gente sobre la situación económica del país posee efectos más fuertes después de la alternancia. Este resultado sugiere que la transición democrática transforma al ciudadano en un individuo más sociotrópico que egocéntrico, es decir, más preocupado por la economía del país en su conjunto que de su situación económica personal o de su propio bolsillo. Las políticas clientelares le permitieron al PRI mantenerse en el poder por mucho tiempo, una estrategia que fortaleció la visión egocéntrica de los votantes. El ciudadano estaba más preocupado por su situación económica personal que por la del país como nación en conjunto. Con la transición, las estrategias clientelares han sido restringidas hasta cierto punto, y el votante ha comenzado a darle prioridad a la situación económica del país. La identificación partidista tiene influencia sobre la aprobación presidencial en ambos periodos, con un mayor impacto durante la época del PRI. Este hallazgo sugiere que en un contexto prodemocrático la identificación partidista cede un poco de terreno frente a la relevancia de los temas de interés de la agenda política nacional. Algunos de los indicadores sociodemográficos son significativos, sobre todo los de ingreso y edad. En general, la población de mayores ingresos y edad más avanzada tiende a apoyar más al presidente durante el domino del PRI. Antes y después de la transición, los hombres son más estrictos que las mujeres para evaluar al Ejecutivo; quizá los primeros tengan más información para juzgar el trabajo presidencial.

Los modelos presentados anteriormente son del tipo MLC; sin embargo, resulta más ilustrativo presentar dichos resultados en términos de probabilidades, utilizando el paquete estadístico del programa Clarify. El Cuadro 3 presenta las probabilidades de aprobar al presidente en dos periodos diferentes. El análisis incluye sólo los resultados de las variables más relevantes. Estos resultados sugieren que después de la transición democrática la percepción sobre el crimen llega a ser más determinante al momento de evaluar al Ejecutivo. Manteniéndose constantes el resto de las variables, cuando el ciudadano piensa que el crimen aumenta la probabilidad de aprobar al presidente disminuye 5% antes de la alternancia y 20% después de la misma. La historia de la percepción ciudadana sobre el desempleo es similar a la del crimen. Cuando el votante considera que el desempleo aumenta, la probabilidad de aprobar al presidente disminuye 12.5% antes de la transición, y 21°% después de la misma. Para el resto de las variables, los resultados del Cuadro 3 son consis–0 tentes con los hallazgos de los modelos 1 y 2 del Cuadro 2.

 

CONCLUSIONES

La principal contribución teórica de este trabajo ha sido tratar de explicar de qué forma la percepción sobre el crimen afecta la aprobación presidencial después de una transición democrática. La evidencia presentada sugiere que el comportamiento político del Ejecutivo está restringido por el régimen que lo sostiene; por otro lado, los ciudadanos tienen expectativas sobre el gobierno y las instituciones políticas en turno. Como este estudio señaló, un régimen autoritario utiliza la manipulación de los resultados electorales, la compra de votos, el fraude y el clientelismo para permanecer en el poder. En contraste, en un sistema democrático los líderes políticos intentan satisfacer a los votantes a través de la instrumentación de políticas públicas eficientes, ya que esta es la mejor forma para mantenerse en el gobierno. En México, desde la elección presidencial de 2000 el crimen ha ganado relevancia como tema de la agenda política nacional, y por ende se ha vuelto más importante la eficacia de las políticas públicas para detenerlo cuando el ciudadano evalúa al Ejecutivo. En un contexto prodemocrático el votante tiende a ser más crítico cuando juzga el trabajo del presidente, ya que supone que éste debe procurar el beneficio de la ciudadanía para poder gobernar.

Los ciudadanos consideran el combate al crimen como una de las tareas fundamentales a atenderse por un régimen democrático. En México, después de la elección presidencial de 2000, el punto de quiebre de la transición, los votantes comenzaron a evaluar al presidente en términos de sus políticas públicas enfocadas a la disminución del crimen en el país. Este estudio revela que la opinión del ciudadano sobre el crimen tiene mayores efectos en la aprobación presidencial después de la alternancia que durante la época del PRI. Sin embargo, resulta necesario validar estos hallazgos a partir de la obtención de datos que permitan analizar los cambios que ha experimentado la aprobación presidencial año por año. Sólo de esta forma será posible observar si este "salto" en cuanto a los efectos que la percepción sobre el crimen tiene en la aprobación presidencial ocurre justamente después de la elección de 2000.

Más allá del caso mexicano, este trabajo hace dos aportaciones principales al estudio de la aprobación presidencial en el área de la política comparada. Primero, el comportamiento político de los votantes no ocurre en el vacío. El contexto político afecta la manera en que la ciudadanía evalúa a las instituciones de gobierno, en este caso del Poder Ejecutivo. Segundo, este tipo de estudios indica que nuestro conocimiento sobre los regímenes democráticos emergentes debe ser reevaluado. Un presidente con altos niveles de aprobación puede ser capaz de instrumentar los cambios necesarios en materia de políticas públicas y, por ende, de fortalecer el cambio democrático, ya que se encuentra en una mejor posición para negociar con los diferentes actores políticos. La evidencia empírica respalda esta afirmación. Varios de los estudios recientes sobre el voto de los legisladores en las cámaras muestran que los presidentes con un alto nivel de popularidad tienen, por lo general, más éxito para negociar con el Congreso que aquellos Ejecutivos con baja aprobación (Canes–Wrone y De Marchi, 2002; Edwards, 1976, 1977 y 1989).

Desde la perspectiva de la política comparada, estudios recientes han sugerido que las variables político–institucionales pueden afectar una transición. Un sistema de partidos consolidado, reglas electorales equitativas para los actores políticos y un sano equilibrio de poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, pueden trabajar en beneficio de una transición democrática (Cox y McCubbins, 2001; Morgenstern y Nacif, 2002; Shugart y Haggard, 2001). Si bien es cierto que este tipo de estudios han ampliado y enriquecido nuestro conocimiento sobre las transiciones democráticas, a partir de la investigación que se presenta cabe preguntarse si las variables no institucionales, como el apoyo que los ciudadanos le brindan al presidente, es decir, la aprobación presidencial, tienen algún peso en el proceso de consolidación democrática. La evidencia empírica expuesta hace pensar que la popularidad del presidente puede ser una variable tan importante como las variables de tipo institucional para una eventual consolidación democrática.

En cuanto a las enseñanzas que se desprenden de la transición mexicana vale recordar que el presidente Vicente Fox intentó encarar el problema del crimen con un plan llamativo de cara a la opinión pública y sugerente en términos mediáticos, aunque no necesariamente eficiente. Las medidas instauradas a lo sumo resolvieron situaciones coyunturales, pero los resultados indican que las estructuras del crimen enraizadas en la vida social y política del país no fueron afectadas. Parece conveniente pensar que tras una transición un presidente democráticamente electo debe saber que establecer una nueva cultura en favor de la legalidad y una estructura policiaca capaz de acabar con el crimen de manera eficiente no puede gestarse de un día para otro, por muy espectaculares que sean las declaraciones de prensa del Ejecutivo.

 

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Nota

El autor agradece el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del University of California Institute for Mexico and the United States para la realización de este artículo.