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INTRODUCCIÓN
Como estado fronterizo, Sonora ha experimentado el auge industrial de las plantas maquiladoras, así como el crecimiento de zonas pobres y marginales en las áreas urbanas del estado. También se ha observado un aumento en la presencia y control del crimen organizado en las últimas décadas, lo que ha llevado a una crisis en materia de homicidios1 y desapariciones.2 Por su ubicación fronteriza con Estados Unidos, Sonora es una de las entidades federativas más relevantes para el tráfico de migrantes, drogas y otros negocios ilícitos que requieren cruzar la frontera.
El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia que ha documentado que, desde 2008, el estado ha sido escenario de un repunte de homicidios de mujeres (Reguera y Mora, 2015),3 fenómeno que también está presente en diversas entidades de la república (Rodríguez y Chávez, 2022), atribuido a la declaración de la Guerra contra el Narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. Esta guerra consolidó una nueva geografía de los feminicidios en México, ligada a ciudades medias con más de 1 500 000 habitantes en zonas metropolitanas (Inchaustegui, 2016, p. 390).
El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia sistemática contra mujeres, niñas y adolescentes, ya que constituye la negación del derecho a la vida e integridad. Reguera y Mora (2015), respaldados en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNPS), plantean que el abrupto incremento de homicidios femeninos a partir de 2007 en Sonora obedeció a la violencia ligada a la delincuencia organizada y a la política del gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico, dado que 7% (152) de las víctimas de los homicidios atribuidos al crimen organizado entre 2011 y 2013 fueron mujeres.
Este incremento de lo que entonces no se reconocía como feminicidios, coincide con las cifras del SESNSP, que muestra que entre 2008 y 2015, este delito creció de manera significativa y se mantuvo por encima de los 40 casos anuales. Precisamente en 2015, Sonora experimentó un repunte de homicidios de mujeres casi igual al de 2008,4 seguido de un descenso en los años posteriores, pero con un nuevo aumento en 2019. Desde entonces el fenómeno ha mantenido un ritmo ascendente, alcanzando un pico en 2021 (ocupando el segundo lugar a nivel nacional con 45 casos, de acuerdo con el SESNSP, 2021) y números máximos en 2023. Las cifras de este delito en Sonora han estado por encima de la media nacional desde 2018 (Comité Ciudadano de Seguridad Pública, 2023).
El estado enfrenta también una crisis de desapariciones. Como parte de la violencia feminicida, desde 2021 las desapariciones de mujeres han aumentado incluso a un ritmo mayor que las de los hombres en Sonora, de acuerdo con colectivos de personas buscadoras (Ballesteros, 2021; Camargo, 2023; Escobar, 2023). Según Zúñiga (2021, p. 134), los feminicidios de mujeres jóvenes y niñas en el estado tienen una clara asociación con la desaparición, tal como lo ha documentado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.5
Pese a estas cifras, aún no existen estudios especializados en Sonora que caractericen el fenómeno del feminicidio y analicen patrones, lugares y elementos específicos de ocurrencia, pese a que en 2021 se emitió una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para seis municipios: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, San Luis Río Colorado y Empalme.
Durante las últimas décadas, tanto a nivel nacional como en el estado de Sonora,6 el feminicidio ha adquirido relevancia tanto en la discusión académica como en el ámbito público, gracias a las demandas de justicia de los grupos feministas y organizaciones de la sociedad civil. Desde los años noventa, en Ciudad Juárez, académicas, familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales adoptaron el término “feminicidio” (popularizado en inglés por Diana Russell) para visibilizar los asesinatos violentos de mujeres y adolescentes por razones de género.
La documentación y análisis de estos crímenes ha revelado patrones comunes entre las víctimas y situaciones graves de violencia institucional, caracterizada, entre otras cosas, por impunidad y revictimización, corroborando que la falta de investigaciones adecuadas, la corrupción y la negligencia de las autoridades son factores recurrentes en este problema (Agnew, 2015; Lagarde, 2008; Monárrez, 2002, 2009, 2017; Segato, 1990, 2013; Wright, 2011, entre otros). De estos estudios han surgido propuestas para definir, esquematizar y generar políticas públicas para la atención del feminicidio.
El feminicidio no debe entenderse sólo como un acto de violencia letal, sino como el resultado de una cadena de violencias cotidianas y normalizadas, reproducidas por diversas estructuras sociales -además del Estado- como el sistema económico, la cultura, los medios y las relaciones comunitarias (Butler, 2009; Caputti, 1989). Se trata de una práctica social que organiza identidades y territorios (Segato, 2013) y de una forma de violencia estructural y simbólica que persiste a través de la revictimización, el silencio institucional y la indiferencia social (Monárrez, 2019), manteniendo su carácter sistémico incluso después de la muerte.
En este contexto, Monárrez construye el concepto de feminicidio sexual sistémico (FSS) para hacer referencia a los asesinatos de mujeres que siguen un patrón de violencia específica. Son asesinatos en los que los cuerpos de las mujeres son encontrados en “escenarios transgresores” (baldíos, predios, canales, basureros, etc.), con uno o varios signos de tortura, violencias deshumanizantes,7 y que pueden o no incluir violencia sexual. En la mayoría de los casos, implica la desaparición de la víctima.
Gracias a la descripción de los escenarios de violencia de pareja, violencia comunitaria y violencia criminal (Carcedo, 2010), se presenta aquí un diagnóstico sobre las condiciones que rodean a los FSS y las desapariciones de mujeres en Sonora. Se parte de la comprensión del feminicidio como resultado de un entramado de opresiones patriarcales, capitalistas y coloniales, dentro de un marco de necropolítica de género.
NECROPOLÍTICA DE GÉNERO
La necropolítica de género es un concepto que describe cómo el poder político y social puede decidir sobre la vida y la muerte de las personas, en particular de las mujeres y comunidades marginadas. También permite examinar cómo el Estado y otras estructuras de poder regulan, descuidan o permiten la violencia y la muerte en función del género (Sagot, 2013, p. 26).
El concepto refleja la forma en que ciertos cuerpos, como los de las mujeres, personas LGBTQ+, indígenas o migrantes, pueden ser considerados “prescindibles” y expuestos a la violencia extrema, la explotación y el abandono. El término se deriva de la teoría de necropolítica formulada por el filósofo camerunés Achille Mbembe (2006), quien la propuso en el contexto de las políticas coloniales y racistas que controlaban quién tenía derecho a vivir y quién no. A partir de esta base, el concepto fue ampliado para incluir el género, destacando cómo en muchas sociedades la violencia estructural, la exclusión social, la marginación y la negligencia del Estado en la prevención y atención de los feminicidios, constituye un contexto amplio para analizar las múltiples violencias a las que están expuestas las mujeres.
Díaz Bonilla (2021) expone cómo la sistematicidad de los feminicidios, el fenómeno de la desaparición y la trata de personas, entre otros múltiples hechos y complejas formas de violencia, afectan sobre todo a las mujeres más vulnerables en América Latina. Se trata de las desechables o prescindibles, aquellas que habitan en espacios donde se ha normalizado la violencia y en los que las políticas y prácticas de un Estado ausente -que no busca a las desaparecidas que habitan de las zonas de exclusión (a menos que sus familiares ejerzan presión social), que no busca a los responsables de los feminicidios ni procura justicia para sus familias, o que no investiga el delito ni registra o cruza la información entre desaparecidas y víctimas de feminicidio- delinean una necropolítica de género alimentada por una cultura de desvalorización de las mujeres, que produce un terreno fértil para las desapariciones y los feminicidios.
Se destaca que las mujeres experimentamos de manera diferenciada las presiones ejercidas por los sistemas patriarcal, colonial y capitalista; factores que pueden propiciar los feminicidios gracias también a la negligencia o tolerancia del Estado. La incorporación del concepto de necropolítica en el análisis del feminicidio pone en evidencia cómo la soberanía, en tanto elemento jurídico del Estado, le otorga el poder de determinar cuáles son las mujeres que poseen valor y cuáles no, especialmente en una sociedad y territorio específico, lo que afecta con mayor severidad a quienes se encuentran en situaciones de mayor marginación (Sagot, 2013).
El feminicidio se presenta como la manifestación más extrema de control patriarcal, en el que las mujeres, al transgredir las normas de género o encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, son consideradas “descartables” o “innecesarias”, y el sentido de pertenencia y el derecho de transgredir sus cuerpos y sus vidas se normalizan, ya sea por parte de sus parejas, familia, compañeros, personas desconocidas o agentes estatales.
Respecto al racismo y la colonialidad, destacamos cómo las mujeres racializadas (indígenas, afrodescendientes, migrantes) son las más vulnerables al feminicidio. La colonización impuso jerarquías raciales y patriarcales que justificaron la violencia sexual y de género, especialmente contra mujeres no blancas, tratadas como inferiores y deshumanizadas (Lugones, 2008, p. 94).
Butler (2009) plantea que los crímenes cometidos contra estas mujeres racializadas reciben menos atención y justicia, además de mostrar cómo ciertas poblaciones son conceptualizadas como “irrecuperables” o “prescindibles” dentro de las estructuras estatales y globales. Se dibujan así las zonas de exclusión, que son tanto físicas como discursivas, ya que niegan la posibilidad de que ciertas vidas sean lloradas o reconocidas como valiosas.
En esta misma línea, es importante destacar el papel que desempeña el capitalismo en su forma neoliberal, como un factor clave en la necropolítica de género, que afecta sobre todo a las mujeres pobres y trabajadoras, quienes son más vulnerables a la violencia y el feminicidio debido a la precarización de sus vidas y la explotación económica y sexual de sus cuerpos (Berlanga et al., 2009). Esta vulnerabilidad se superpone a las opresiones patriarcales y coloniales.
El neoliberalismo expone a estas mujeres a una “nuda vida” (Agamben, 2003), en la que pierden sus derechos básicos y son más vulnerables a dicha explotación y violencia, pues el ejercicio de poder del Estado en favor de las grandes corporaciones económicas (ya sean legales o ilegales) perpetúa estas condiciones de desprotección (Brown, 2021), especialmente entre mujeres que habitan en zonas de exclusión y enfrentan una combinación de racismo, sexismo y explotación por parte del capitalismo global. Esta lógica de mercado produce las señaladas zonas de exclusión, entendidas como áreas geográficas cuya población comparte condiciones sociales, políticas, económicas o ambientales de marginación y carencia de acceso a los derechos y servicios más básicos, entre ellos la seguridad (Mbembe, 2006). Se trata de espacios donde la presencia y protección del Estado son mínimas o inexistentes, lo que permite la proliferación de actividades ilícitas, la violencia de género y un fuerte control de grupos de poder informales o ilegales.
Si a estas zonas de exclusión sumamos el factor negligencia, combinado con el silencio y la omisión estatal, se crean las condiciones para la ocurrencia de feminicidios. La impunidad, pues, es un rasgo central de la necropolítica de género, ya que la falta de sanciones contra los responsables de este delito perpetúa la violencia contra las mujeres; así, la impunidad se convierte en un configurador de esta necropolítica de género (Sánchez, 2020).
Es importante subrayar que esta omisión, indiferencia u obstrucción de la justicia, no responde simplemente a un acto de torpeza burocrática, desconocimiento o malas prácticas de las autoridades para atender los casos de feminicidios y procurar e impartir dicha justicia, sino que podría verse, como señala Calveiro (2017, 2021), como políticas de gubernamentalidad neoliberal, en las que las violencias estatal y criminal, así como las públicas y privadas, se superponen y se comparten, y en la que las redes delictivas pueden expandirse por su articulación con el Estado. De este modo, tanto los grupos del crimen organizado como el Estado se sostienen mutuamente.
Se trata de un entramado estructural que resulta indispensable para asegurar la acumulación y concentración de capital, pues mientras las redes delictivas requieren de cierta protección o connivencia con el aparato gubernamental, este recibe recursos excedentes gracias a las prácticas de corrupción de sus instituciones que le permiten mantener sus propias ilegalidades. De este modo, las violencias supuestamente privadas, sólo pueden explicarse por la protección o asociación con fracciones del Estado, por lo que serían, en realidad, violencias público-privadas que responden a intereses económicos y políticos, sobre las que el Estado tiene una enorme responsabilidad (Calveiro, 2021).
EL FEMINICIDIO SEXUAL SISTÉMICO (FSS)
Monárrez define el feminicidio sexual sistémico como: El asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en escenarios transgresores, por hombres que hacen uso de la misoginia y el sexismo, para delinear cruelmente las fronteras de género por medio de un terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda, a través de un periodo continuo e ilimitado de impunidad y complicidades (Monárrez, 2009, p. 86).
Si bien se ha cuestionado la pertinencia del uso de la categoría feminicidio sexual sistémico, especialmente en cuanto a la centralidad de lo sexual, cuando no siempre hay evidencia de violencia sexual explícita en todos los casos, esta crítica podría perder de vista la dimensión estructural y simbólica de lo sexual en el marco del poder patriarcal. Tal como lo plantea Monárrez (2009), lo sexual no alude únicamente a la presencia de violación o actos sexuales en sentido estricto, sino a un eje simbólico, estructurante y relacional en la construcción del poder sobre los cuerpos feminizados. La categoría FSS permite observar y agrupar con base en ciertas características específicas, por ejemplo (en ocasiones semidesnudos) la mutilación y violencias deshumanizantes, la desaparición como antecedente del feminicidio, la elección de víctimas de acuerdo con códigos de vulnerabilidad sexual, de género, edad y clase.
Además, la categoría de FSS integra una dimensión interseccional que es indispensable para comprender por qué ciertas mujeres (pobres, jóvenes, racializadas) son las más expuestas a esta forma de violencia, y se vincula con la necropolítica de género, es decir, con la administración diferencial de la vida y la muerte de las mujeres por parte del Estado.
Los FSS se dividen en organizados y desorganizados, según el nivel de planeación y la presencia de patrones específicos en su ejecución. Los organizados suelen involucrar redes delictivas o grupos criminales que operan en un contexto de violencia sistemática y premeditada, donde las víctimas son secuestradas, abusadas y asesinadas con el propósito de ocultar el delito o enviar mensajes de poder. Este tipo de feminicidio suele ocurrir en zonas controladas por el crimen organizado, con formas similares de violencia y ocultamiento, como el uso de fosas clandestinas. Por otro lado, los feminicidios desorganizados son perpetrados de manera impulsiva, sin una planificación previa clara, y en contextos más individuales o de violencia intrafamiliar (Monárrez, 2009, p. 97).
METODOLOGÍA
Esta investigación parte de la metodología feminista, caracterizada por una perspectiva crítica de género que analiza los desequilibrios de poder. Este enfoque busca generar un conocimiento más inclusivo, transformando las bases del conocimiento científico tradicional, promoviendo la justicia social e incidiendo en la conciencia colectiva.
El estudio se realizó a partir de un análisis cualitativo, complementado con un análisis numérico de una base de datos propia. Se realizaron también cuatro entrevistas, dos a mujeres líderes de colectivos de búsqueda de personas en Sonora, un policía municipal de Hermosillo, Sonora, y una policía estatal de seguridad pública de la misma ciudad.
Los escenarios del feminicidio como herramienta de análisis
Para profundizar en los factores estructurales que permiten los feminicidios como violencia extrema, utilizaremos los “escenarios” del feminicidio de Carcedo (2010), como una herramienta metodológica de investigación. Se trata de “los contextos socioeconómicos, políticos y culturales en los que se producen o propician relaciones de poder entre hombres y mujeres particularmente desiguales y que generan dinámicas de control, violencia contra las mujeres y feminicidio, que adoptan o incluyen características propias” (Carcedo, 2010, p. 549).
Estos escenarios amplían las probabilidades de que la violencia escale al feminicidio, además de que los patrones de la misma suelen repetirse entre diferentes agresores y circunstancias. Se trata de un modus operandi propio no necesariamente del asesino, sino del escenario. Por eso se encuentran similitudes en algunas muertes de mujeres ocasionadas por distintos feminicidas (Carcedo, 2010, p. 550).
Carcedo identifica seis escenarios presentes en todas las sociedades modernas: el escenario de la violencia familiar, el de violencia en relaciones de pareja, el del ataque sexual, el del comercio sexual y la trata de mujeres, y el de la violencia criminal y/o redes delictivas. También menciona el escenario de la violencia cometida por agentes del Estado. En esta investigación analizamos el escenario de la violencia de pareja o expareja, el de la violencia criminal y redes delictivas y definimos un nuevo escenario: el de la violencia comunitaria. En el cuadro 1 se define cada uno.
Cuadro 1 Escenarios del feminicidio en Sonora
| Escenario de violencia en las relaciones de pareja o expareja | En este escenario ocurre un alto porcentaje de los feminicidios del mundo debido a la exacerbación del sentido de posesión sobre las mujeres que adquieren los hombres que mantienen o mantuvieron relaciones íntimas con ellas. La marca de la propiedad masculina permea casi todos los aspectos de las relaciones íntimas heterosexuales. Este escenario del feminicidio es producto de un continuum de largos periodos de violencia de pareja. A las mujeres se les ejerce violencia psicológica en una primera instancia, para seguir luego con la violencia física, pero también está presente la violencia económica y patrimonial, aún después de disolverse el vínculo de pareja. | |
| Escenario de la violencia criminal y redes delictivas | En este escenario se incluyen los asesinatos de mujeres como parte de las venganzas y ajustes de cuentas entre hombres que pertenecen a estas organizaciones delictivas o del narcotráfico. Estas organizaciones son estructuras fundamentalmente masculinas, en las que las mujeres que tienen relaciones con sus integrantes viven vidas altamente controladas y sometidas a graves riesgos. En este escenario las mujeres que son compañeras permanentes u ocasionales de quienes pertenecen al crimen organizado, no necesariamente participan directamente de la actividad delictiva, pero están expuestas a altísimos riesgos por vivir en un medio en que los conflictos se saldan con gran facilidad mediante las armas y los asesinatos. En ocasiones permanecen dentro de las redes delictivas porque se les obliga a pagar deudas de sus parejas, cuando estas son asesinadas. Este escenario es muy proclive a la desaparición de mujeres. | |
| Escenario de la violencia comunitaria | Son feminicidios perpetrados por miembros de la comunidad que tenían o no relación con la víctima. Pueden ser perpetrados por vecinos, amigos, conocidos o desconocidos miembros de su comunidad o alguna comunidad cercana a la víctima. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una relación íntima con este. Algunas de las acciones concretas de violencias que se presentan en este escenario pueden ser: acoso sexual, acoso callejero, tocamientos; “Piropos”, insinuaciones sexuales, frases sobre el cuerpo que te incomodan o humillan (acoso y hostigamiento sexual); burlas, imágenes o comportamientos agresivos, ofensivos o intimidatorios; negación de libre tránsito y acceso en bares, tiendas, deportivos, clubs y otros espacios públicos; restricción de la participación de las mujeres en toma de decisiones comunitarias. | |
| Escenario de violencia ejercida por agentes del Estado | Se refieren a feminicidios perpetrados por agentes que trabajan directamente para el Estado (fuerzas armadas policiales, militares) o dentro del ecosistema de seguridad pública. Por tratarse de cuerpos vinculados directamente a las estructuras del poder formal y a los poderes fácticos, son en general muy efectivos para ocultar sus acciones, y cuentan con grandes recursos para que sus actos queden en la impunidad en caso de ser conocidos. |
De acuerdo con Toledo (2009, p. 146), la existencia de tipos y contextos específicos ofrece la posibilidad de un registro mucho más minucioso y confiable de los casos de feminicidio. Esto se relaciona directamente con la eficiencia de la prevención, que puede realizarse a partir de la información confiable con que se cuente.
Base de datos del feminicidio en Sonora 2015-2024
Ante la insuficiencia de datos cualitativos oficiales, se decidió construir una base de datos propia donde se registraron casos identificados como feminicidios en el periodo 2015-2024, a la que llamaremos Base de Datos del Feminicidio en Sonora (BDFS), la cual constituye uno de los principales aportes de este trabajo. Los criterios que utilizamos para clasificar los casos como feminicidios fueron la observancia del cumplimiento de al menos una de las ocho causales establecidas en el Código Penal del Estado de Sonora para tipificar el delito del feminicidio.8
El diseño de la base está basado en la “Guía para protocolizar procesos de identificación de feminicidios”, elaborada por la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA, 2019). Está dividida en seis variables generales, y cada una contiene un grupo de ítems:
1. Datos generales del evento (año, fecha y municipio del feminicidio y/o la desaparición);
2. Información de la víctima (nombres, edad, origen étnico, ocupación, domicilio, número de hijos, denuncias por violencias interpuestas, etc.);
3. Información del hecho (relación con el victimario, descripción del hecho, modo de muerte, violencias extremas y degradantes, violencias sexuales, escenarios, tipologías, violencias anteriores al evento, narrativas institucionales, contexto y descripción de la desaparición, acciones de las familias, violencias institucionales, narrativas institucionales, etc.);
4. Información del lugar de encuentro del cuerpo (zona, tipo de lugar, domicilio, quién encuentra el cuerpo, localizado en fosa clandestina, etc.);
5. Perfil de los victimarios y proceso judicial (número de perpetradores, nombre(s), edad(es), ocupación(es), otras denuncias, estado de la investigación, etc.);
6. Causal del feminicidio con la que cumple y fuentes de información del caso.
Los registros deben tomarse como un mínimo, ya que no contamos con la certeza de haber asentado todos los casos sucedidos en el periodo. Las fuentes de información mediante las cuales se alimenta la base de datos son notas de medios de comunicación locales y nacionales, boletines de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el Mapa de Feminicidios de Sonora elaborado por María Salguero y actualizado a 2023, así como las fichas de alertas Alba y Amber en Sonora (consultadas en las cuentas de X, manejadas por la Fiscalía de Sonora), informes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, redes sociales de colectivos de búsqueda de personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
El uso de diversas fuentes permite realizar una triangulación de datos, comparando información proveniente de distintas bases de datos y sistemas. Este proceso tiene como objetivo incrementar la precisión, consistencia y confiabilidad de los resultados. En el registro de información, la triangulación se implementó mediante la inclusión de varias fuentes en cada caso registrado y la comparación sistemática de los “datos faltantes”9 en los registros oficiales.
Los criterios de integración de los registros en la base final fueron los siguientes: primero, que las notas describieran el asesinato de una mujer, niña o adolescente en su hogar o en vía pública, el encuentro de una fosa clandestina o un cuerpo enterrado, semienterrado o expuesto en vía pública en cualquier municipio de Sonora; segundo, cuando la nota no mencionaba el nombre de la mujer, niña o adolescente (M/N/A), se realizaba una segunda búsqueda con los datos de la fecha y el lugar de localización para ver si la M/N/A había sido posteriormente identificada. Por último, que el hallazgo correspondiera a los años de 2015 a 2024.
Hemos diseñado las siguientes categorías para sistematizar la caracterización de los escenarios del feminicidio sexual sistémico:
• Caracterización: continuums de violencias articuladas, lugares de desaparición, lugares de encuentro de los cuerpos, modo de asesinato, relación de las víctimas con los perpetradores, narrativas institucionales y mediáticas.
• Perfil de las mujeres víctimas de feminicidio sexual sistémico.
• Impunidad por escenario.
DISCUSIÓN
De acuerdo con los datos del SESNSP, entre 2015 y 2024 se cometieron 686 homicidios de mujeres en Sonora, de los cuales 321 fueron clasificados como feminicidios. En la BDFS 2015-2024, se registraron 667 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales 511 pueden catalogarse como feminicidios por cumplir con una o más de las causales establecidas en el Código Penal del Estado de Sonora. 334 de los casos catalogados como feminicidios presentan características de FSS, lo cual corresponde a 65.3%. Una de las ventajas de analizar casos bajo la categoría de FSS es que se pueden clasificar así, incluso cuando no se conoce la identidad de la víctima o del perpetrador, ya que estos son casos que las instituciones no clasifican como feminicidios.10 Los municipios con mayor incidencia de FSS, de acuerdo con el porcentaje de casos registrados, son Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado; todos ellos municipios alertados.
Los escenarios del feminicidio sexual sistémico en Sonora
Al analizar los escenarios de los casos de FSS (véase cuadro 1), observamos que en 155 casos no ha sido posible determinar el escenario (clasificados como indeterminados), debido a que no se cuenta con información suficiente sobre la víctima, el perpetrador o ambos. Esta falta de información puede deberse tanto a la ausencia de una investigación adecuada por parte de las autoridades, como a la escasa visibilización pública de estos casos. No obstante, esta limitación no impide el análisis de otras variables, como los datos generales del evento, las características del hecho, el perfil de las mujeres identificadas y la ubicación de los cuerpos.
En cuanto a los casos con escenario identificado, los más numerosos son aquellos cometidos en contextos de violencia criminal, seguidos por los ocurridos en contextos de violencia de pareja; posteriormente están los cometidos en escenarios de violencia comunitaria y, en menor medida, los relacionados con violencia familiar (excluyendo a la pareja como perpetrador), con solo dos casos. Asimismo, se encontraron dos casos que podemos clasificar en escenario de violencia ejercida por agentes del Estado. Dado el bajo número de casos de FSS registrados en estos dos últimos escenarios, fueron excluidos del análisis para este artículo. En el cuadro 2 se exponen los números absolutos por escenarios, el porcentaje que estos representan y cuántos de esos casos tienen características del tipo FSS.
Cuadro 2 Los escenarios del feminicidio sexual sistémico en Sonora 2015-2023
| Escenario | Feminicidios totales registrados por escenario | Feminicidios con características de FSS | Porcentaje con respecto al total de casos catalogados como feminicidios por escenario | |||
| Indeterminado | 165 | 155 | 93.9% | |||
| Escenario de violencia criminal | 125 | 108 | 86.4% | |||
| Escenario de violencia en relaciones de pareja/expareja | 121 | 32 | 26.4% | |||
| Escenario de violencia comunitaria | 67 | 38 | 56.7% | |||
| Escenario de violencia familiar | 31 | 2 | 6.4% | |||
| Escenario de violencia por agentes del estado | 2 | 0 | 0% |
Fuente: Base de Datos del Feminicidio en Sonora 2015-2023.
A continuación se presenta una caracterización detallada de los escenarios de violencia en relaciones de pareja/expareja, violencia comunitaria y violencia criminal. Los datos provienen del análisis de fuentes documentales y el cruce de variables contenidas en la BDFS.
ESCENARIO DE VIOLENCIA EN RELACIONES DE PAREJA
Entre 2015 y 2024 se documentaron en Sonora al menos 121 feminicidios cometidos por sus parejas o exparejas, lo que representa un promedio de aproximadamente doce casos por año en este escenario. 2024 ha sido el año con más casos (18) de este tipo de feminicidio, cifra más alta por lo menos desde 2002.
Asimismo, se identificó que en 17 % (21) de los casos las mujeres fueron reportadas como desaparecidas antes de ser localizadas sin vida. Las estrategias de ocultamiento del crimen fueron la desaparición del cuerpo, la simulación de suicidio o de un crimen vinculado al crimen organizado. Los cuerpos de las víctimas con antecedente de desaparición suelen ser localizados en condiciones degradantes: semienterrados, calcinados o envueltos en cobijas. En este escenario es donde más calcinamientos se registraron.
De los casos donde se pudo obtener la información, se ha podido establecer que en 37 (30.5% de los casos) la víctima ya se encontraba separada de su agresor, lo cual indica que la ruptura de la relación no representó una garantía de seguridad. Además, 43 feminicidios (31 %) ocurrieron en espacios públicos, como terrenos baldíos, caminos aislados o zonas urbanas periféricas.
Respecto a los métodos utilizados, el arma de fuego fue la principal causa de muerte, seguida por el estrangulamiento, los golpes y el uso de arma blanca, con proporciones similares entre estas últimas tres. El rango de edad de las víctimas osciló entre los quince y los 60 años, con una mayor concentración en el grupo de 21 a 39 años, etapa que coincide con el ciclo reproductivo de las mujeres. Finalmente, se documentaron 16 suicidios de los agresores tras cometer el feminicidio, lo cual muestra otra dimensión letal de la violencia patriarcal.
Pese a que algunos casos corresponden a mujeres con niveles educativos altos (licenciatura o posgrado) y residencias en colonias de clase media o media-alta (seis de los casos), la mayoría habitaba en zonas con altos niveles de marginación (se pudo obtener el dato del domicilio de 59 M/N/A). Los datos analizados revelan patrones estructurales que caracterizan la violencia de pareja como una forma sostenida y progresiva de control, que con frecuencia culmina en el feminicidio. La mayoría de los casos registran antecedentes de violencia física, emocional y económica, con dinámicas de aislamiento de las redes de apoyo, lo que limita las posibilidades de denuncia o salida de la relación.
Los discursos mediáticos e institucionales que narran estos feminicidios suelen atribuir los motivos a “celos”, “discusiones” o “negativa a continuar una relación”, reproduciendo visiones patriarcales que naturalizan la violencia como reacción a la pérdida del control masculino sobre la mujer. En algunos casos, el contexto del crimen organizado y el narcomenudeo sirvió como coartada institucional para desestimar la tipificación como feminicidio, o para justificar el delito (“estaba con las compañías equivocadas”), invisibilizando los antecedentes de violencia de pareja.
Finalmente, testimonios de personal policial evidencian barreras institucionales que enfrentan las mujeres que denuncian violencia en contextos de consumo de sustancias, ya que no se les permite acceder a refugios ni formalizar denuncias.11 También se señalan fallas en la respuesta a llamados de auxilio, particularmente cuando existen antecedentes de reincidencia del agresor o cuando la víctima “lo ha perdonado” previamente, como lo señala un oficial de la Policía Municipal de Hermosillo con más de diez años de servicio.12
ESCENARIO DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA
Estos feminicidios se caracterizan por ejecutarse en espacios públicos y estar perpetrados por individuos pertenecientes al entorno social inmediato de las víctimas, vecinos o conocidos, aunque también se incluyen agresores desconocidos pertenecientes a la comunidad. Durante el periodo de referencia se identificaron 67 casos de feminicidios cometidos en escenarios de violencia comunitaria. 47 % (32) fue precedido por la desaparición de la víctima, lo que indica una estrategia común de ocultamiento por parte de los agresores. Las mujeres desaparecidas y posteriormente asesinadas realizaban en el momento de los hechos actividades cotidianas como ir al parque, visitar a amistades, asistir a citas médicas o realizar mandados. Las principales causas de muerte fueron estrangulamiento y golpes, seguidas por lesiones con arma blanca. En todos los casos que involucraron violencia sexual, el método letal fue asfixia o golpiza.
Se documentó la participación de más de un perpetrador en nueve casos, con registros de hasta tres agresores ejerciendo violencia sexual y actos de degradación. La presencia de múltiples agresores refuerza la dimensión colectiva de la violencia y su carácter simbólicamente disciplinador sobre los cuerpos feminizados (Segato, 1990). Los feminicidios en este escenario se producen predominantemente en terrenos baldíos, casas abandonadas, brechas o zonas urbanas periféricas. En muchos casos, los cuerpos son encontrados visibles o semienterrados, lo que evidencia un patrón de violencia extrema y abandono. El uso de la fuerza letal se acompaña frecuentemente de tortura, agresiones físicas graves, ataduras en extremidades, lo cual refuerza su carácter sistemático y deshumanizante. Este es el escenario con mayor incidencia de violencia sexual.
Respecto a los perfiles de las víctimas, si bien la información es limitada, se ha podido identificar que algunas eran estudiantes o empleadas, y de las cuales se tiene el dato del domicilio, es decir que 41.7% (28) habitaba en colonias con altos niveles de marginación y violencia estructural. Esta localización territorial sugiere que las condiciones de exclusión socioeconómica incrementan el riesgo de exposición a violencias letales. El grupo etario con mayor prevalencia fue el de mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, aunque también se registraron casos en niñas y adolescentes.
Como en el escenario de la violencia de pareja, las narrativas mediáticas que dan cuenta de estos crímenes tienden también a culpabilizar a las víctimas, aludiendo a “relaciones con personas equivocadas”, sin problematizar las dimensiones estructurales de género ni el contexto de violencia. De forma similar, las autoridades suelen invisibilizar la dimensión sexual de la violencia al momento de reportar el hallazgo de los cuerpos, lo que apunta a un déficit en el registro institucional de la violencia sexual y limita las posibilidades de una tipificación adecuada. El análisis cualitativo de los casos registrados también permite identificar un continuum de violencias que inicia con acoso verbal, amenazas, hostigamiento en el espacio público, y que culmina en violencia física y feminicida.
Cabe destacar que sólo dos casos registrados ocurrieron de noche, lo que refuta el discurso institucional que responsabiliza a las víctimas por “salir en horarios indebidos” o por su vestimenta. Estos crímenes se inscriben en un contexto sociocultural que cosifica el cuerpo de las mujeres y normaliza su disponibilidad sexual, incluso sin mediar una relación previa con el agresor. El cuerpo femenino es visto como un territorio disponible para el uso y la violencia, legitimada por la impunidad y los prejuicios institucionales.
ESCENARIO DE LA VIOLENCIA CRIMINAL Y EL NARCOTRÁFICO
Casi la totalidad de los feminicidios en este escenario ocurrieron a partir del año 2019, coincidiendo con un contexto de reconfiguración de la violencia criminal en la entidad, derivada del reposicionamiento de cárteles y el auge del fentanilo (Sumano, 2022), 50.4 % de los casos estuvo directamente relacionado con actividades de narcotráfico o narcomenudeo, sin que necesariamente las víctimas tuvieran vínculos con estas organizaciones.
En 78.4 % (97) de los casos registrados en este escenario, las mujeres fueron reportadas como desaparecidas, ya sea mediante denuncias formales, publicaciones en redes de colectivos de búsqueda o con estatus de no identificadas al momento del hallazgo. Todos estos casos corresponden a FSS. Entre estas desapariciones: al menos 58 mujeres fueron “levantadas” (privadas de la libertad de forma violenta) y localizadas en fosas clandestinas (tres menores de edad). Muchas de las víctimas fueron “levantadas” de sus domicilios o mientras realizaban actividades cotidianas, como asistir a reuniones familiares, citas o encuentros con amistades.
Las mujeres desaparecieron en trayectos públicos o zonas marginales, y en algunos casos, fueron halladas junto a hombres, pero los cuerpos femeninos mostraban mayor saña, signos de tortura y violencia sexual. En cuanto a la causa de muerte, la principal fue el uso de arma de fuego, aunque un número significativo de mujeres fueron asesinadas por asfixia o golpes, incluso en contextos donde los perpetradores portaban armas de fuego. Aquí cabría reflexionar acerca de que si el objetivo fuera sólo matarlas, bastaría con dispararles, sin necesidad de infligir las violencias descritas. En este escenario, al igual que los otros dos descritos, se observan violencias deshumanizantes, como mujeres amarradas de manos y pies, con la cara cubierta con cintas o bolsas.
Con base en el dato del domicilio de 35 víctimas mujeres y adolescentes, sabemos que todas ellas habitaban en zonas de alta marginación, tanto urbanas como rurales, con altos índices de criminalidad. El perfil de las mujeres afectadas evidencia una diversidad de condiciones de vida: algunas trabajaban en maquiladoras, campos agrícolas, granjas camaroneras o empacadoras de pescado; otras eran empleadas, estudiantes o migrantes. Se incluyen también casos de activistas y madres buscadoras asesinadas, como una mujer que operaba un comedor infantil y otra que formaba parte de un colectivo de búsqueda mientras buscaba a su esposo. El grupo etario más afectado fue el de mujeres de entre 18 y 29 años, seguido por el grupo de 30 a 39 años, lo cual coincide con la etapa reproductiva y laboral activa (siete eran menores de edad).
Líderes de colectivos, como Cecilia Flores (Madres Buscadoras de Sonora), Cecilia Delgado (Madres Buscadoras por la Paz) y Nora Lira (Rastreadoras de Cajeme) han señalado que muchas mujeres desaparecen sin tener relación alguna con grupos delictivos. Son “levantadas” por su aspecto físico, como forma de castigo para sus parejas, o por encontrarse en el lugar equivocado. En palabras de Cecilia Flores: “las muchachas les gustaron, se las llevan y las botan después… otras son asesinadas por sus parejas, o levantadas junto con ellos, o bien, víctimas de trata. Son muchísimas las mujeres que han levantado hasta ahorita”.13
Por su parte, Nora Lira expresó: “de cerca de 70 desaparecidas en Cajeme en dos años, solo han encontrado el cuerpo de dos. Las víctimas tienen rasgos en común: entre 17 y 25 años, bonitas, guapas y atractivas, sin relación aparente con bandas criminales” (Romandía, 2020).
En el caso de la desaparición de mujeres, hasta la fecha no existe una narrativa institucional que la explique; es un problema invisible para las autoridades, por lo que en la práctica se permite, pues no existen diagnósticos ni programas de prevención.
Las narrativas institucionales sobre los feminicidios tienden a minimizar la dimensión de género en estos crímenes, atribuyéndolos a supuestos vínculos con el narcomenudeo o a relaciones con “malas personas”. Estas explicaciones oficiales refuerzan discursos revictimizantes y desresponsabilizan al Estado, lo que contribuye a la impunidad. Jiménez (2014) establece que en el entorno de violencia creciente a causa del ambiente criminal, y ante la ausencia de un Estado de derecho en Sonora, la vulnerabilidad de las mujeres aumenta, ya que han quedado atrapadas en este contexto. Así, disponer de la vida de las mujeres se ha vuelto una táctica más en la guerra entre cárteles (Jiménez, 2014, p. 120).
En este entorno, la violencia de pareja, familiar, comunitaria y criminal se entrelazan, generando un espacio donde las violencias se acumulan y escalan. Algunas investigaciones (Estévez, 2020; Valencia, 2010; Viramontes, 2021) abordan las dinámicas observadas en contextos de criminalidad organizada, violencia urbana y conflictos relacionados con el crimen, como el uso de la violencia general y especialmente violencia de género como herramienta de control para enviar mensajes de amenaza a terceros. Esto es especialmente común en áreas bajo control de grupos delictivos, donde se presentan casos de explotación sexual, trata de personas y violencia sexual como método de control territorial, reclutamiento forzado de mujeres en actividades criminales, instrumentalización de mujeres en conflictos entre grupos o la normalización de la violencia en el entorno familiar, entre otros.
El escenario de violencia criminal en Sonora representa uno de los contextos más graves y complejos del feminicidio contemporáneo. La interacción entre economías ilegales, impunidad institucional, violencia patriarcal y desigualdad estructural ha convertido el cuerpo de las mujeres y otros grupos sociales en territorio de guerra, castigo y mensaje.
Valencia (2010) argumenta que el narcotráfico y otras redes criminales, en colusión con el gobierno, no sólo emplean la violencia como medio para acumular poder y capital, sino que también generan una cultura de deshumanización y desechabilidad, especialmente hacia las mujeres. Para finalizar este apartado, en el cuadro 3 se resumen las principales características de los escenarios antes descritos.
Cuadro 3 Caracterización de los escenarios del feminicidio sexual sistémico en Sonora 2015-2024
| Elemento a describir | Escenario de violencia de pareja | Escenario de violencia comunitaria y sexual | Escenario de violencia criminal y redes delictivas | Indeterminado | ||||
| Edades de mayor prevalencia | 21 a 39 años | 18 a 29 años | 18 a 29 años | 18 a 29 años | ||||
| Porcentaje de casos con antecedente de desaparición | 17% | 47% | 78.4% (45 mujeres y adolescentes fueron levantadas) | 75% | ||||
| Tiempo estimado en localizar los cuerpos | Varios días y hasta seis semanas | Varios días y hasta una semana | Varios meses o años | Se observan los tres periodos antes descritos | ||||
| Continuums de violencia | Violencia psicológica, física, económica y patrimonial, acompañada de aislamiento de redes de apoyo, control sobre la apariencia y, en algunos casos, prohibición de trabajar | Acoso callejero, acoso sexual, violencia laboral, violencia comunitaria | Acoso callejero, acoso sexual, violencia familiar, violencia de pareja, violencia comunitaria | Violencia sexual, violencia criminal | ||||
| Modo predominante de asesinato (por orden ascendente) | 1. Arma de fuego 2. Estrangulamiento 3. Arma blanca | 1. Estrangulamiento y golpes 2. Arma blanca 3. Arma de fuego | Aunque el modo más común es por arma de fuego, se observa un alto número de mujeres estranguladas y asesinadas a golpes | 1. Estrangulamiento y golpes 2. Arma de fuego | ||||
| Principales lugares de asesinato y localización del cuerpo | 1. Domicilio 2. Vía pública (predios o baldíos, donde la mujer esta semienterrada o el cuerpo está a la vista) | Parque, calle, baldío, predio, domicilio, tramo carretero, el cuerpo permanece a la vista o semienterrado. | 1. Fosas clandestinas en predios despoblados, zonas rurales y colonias marginadas en zonas urbanas 2. Tramos carreteros, canales, drenes, vías de ferrocarril, casas abandonadas. | 1. Canales 2. Predios o baldíos en zonas rurales o en zonas agrícolas | ||||
| Violencias ejercidas | Violencias deshumanizantes y degradantes. Hay mayor número de mujeres calcinadas en este escenario | Violencias sexuales, violencias deshumanizantes y degradantes | Violencias deshumanizantes y degradantes | Violencias deshumanizantes y degradantes | ||||
| M/N/A sin identificar | 0 | 0 | 34 | 59 | ||||
| Perpetradores sin identificar | 0 | 26 | 100 | 155 |
Fuente: elaboración propia.
Impunidad y zonas de exclusión
Entre los casos de FSS se evidencia un alto índice de impunidad. De los 334 casos que catalogamos como feminicidios, sólo 20% (67) ha sido judicializado entre 2015 y 2024. Los casos con mayor avance judicial corresponden principalmente a violencia comunitaria o de pareja, con 20-25% de judicialización, gracias a la presión de las familias, el apoyo mediático y la posible identificación del perpetrador. Sin embargo, los relacionados con redes criminales muestran una impunidad casi total: sólo 12% de estos casos ha sido judicializado.
Los municipios de Cajeme y Guaymas registran los mayores niveles de impunidad. En Cajeme, de 88 casos de FSS, sólo 9% ha sido judicializado, mientras que en Guaymas es apenas 7% (equivalente a cuatro casos). Hermosillo y Nogales presentan tasas de judicialización ligeramente mejores, con 27 y 26%, respectivamente, aunque estos avances están principalmente vinculados a casos en los que la comunidad ha protestado activamente.
En San Luis Río Colorado, sólo 28% de los casos ha sido judicializado, y ninguno de ellos está relacionado con redes delictivas. Sin embargo, aunque existe una correlación entre los municipios más importantes para los cárteles y los de mayor incidencia de FSS, es importante destacar que también existen otros municipios con altos índices de homicidios y presencia de grupos del crimen organizado, pero con bajos índices de FSS, como Caborca, Altar, Álamos y Benjamín Hill, entre otros. La clave para entender por qué no todos los municipios con altos índices de criminalidad presentan elevados números de FSS está en las condiciones de marginación en las que viven hombres y mujeres en cada uno de estos lugares. Los feminicidios suelen ocurrir en ciudades en crecimiento que muestran profundas desigualdades, lo que favorece la creación de las mencionadas zonas de exclusión con altos niveles de violencia criminal. El análisis de las colonias donde sucedieron los casos de FSS, muestra patrones definidos que marcan estas zonas en los seis municipios alertados.
CONCLUSIONES
En Sonora, los feminicidios -especialmente los del tipo sexual sistémico (FSS)- configuran una necropolítica de género en la que los cuerpos de las mujeres son utilizados como instrumentos para enviar mensajes, castigar a terceros o marcar control territorial. Las formas de asesinato (asfixia, calcinamiento, tortura, violación, exposición pública) no sólo dan cuenta de la letalidad, sino también la intención de degradar, disciplinar y deshumanizar.
Las mujeres asesinadas pertenecen principalmente a los rangos de edad de entre los 18 y 39 años, coincidiendo con la etapa reproductiva y de mayor actividad económica y social. Esto revela una lógica necropolítica que selecciona cuerpos jóvenes y feminizados como blancos sistemáticos de violencia. Además, los feminicidios ocurren mientras las víctimas realizan actividades cotidianas como ir al trabajo, acudir a citas médicas o caminar por la calle, lo que normaliza la muerte y elimina la posibilidad de seguridad en lo cotidiano.
En todos los escenarios, de acuerdo con la información recabada para los distintos casos, se identifica un continuum de violencias estructurales que preceden al feminicidio: violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, comunitaria y criminal. Estas violencias sostienen un sistema que administra el sufrimiento femenino como parte del orden patriarcal y necropolítico. La desaparición forma parte de este continnum de violencias (Kelly, 1987), como una herramienta central en los FSS, usada para ocultar el crimen, borrar identidades y desactivar las respuestas institucionales. En escenarios como el crimen organizado, hasta 78.4% de las víctimas habían sido previamente desaparecidas. El desinterés estatal por este fenómeno niega no sólo la vida, sino el derecho a existir y ser buscada, profundizando el despojo de humanidad sobre los cuerpos feminizados.
Aunque el arma de fuego es común, los escenarios comunitario y criminal muestran métodos más crueles e íntimos, como estrangulamiento y golpes, lo que evidencia una violencia personalizada y simbólicamente disciplinadora. Las formas de muerte expresan odio y castigo, más allá de lo necesario para matar, confirmando su función aleccionadora en un régimen necropolítico. Las violencias deshumanizantes presentes en todos los escenarios y representadas de manera expresiva no sólo como crímenes de odio, sino como síntoma de un capitalismo que lucra con la violencia y la precarización de la vida, especialmente de las mujeres más vulnerables.
En los casos de violencia de pareja, las mujeres que consumen drogas o que han desistido de denunciar la violencia reiteradamente son tratadas como desechables por el Estado, especialmente cuando viven en contextos de marginación. Desde una lógica patriarcal, sus vidas son consideradas indignas de ser protegidas.
Los cuerpos son localizados en espacios degradados y en zonas rurales o colonias marginadas: baldíos, fosas, canales, casas abandonadas, tramos carreteros. Estas geografías, así como las colonias donde habitaban las mujeres asesinadas, de las cuales se pudo obtener el dato, y las cuales se repiten constantemente en los distintos municipios, configuran zonas de exclusión, donde el Estado ha renunciado a garantizar la vida. Allí opera una administración de la muerte que naturaliza la exposición del cuerpo femenino como desecho y mensaje. Especialmente en los escenarios de violencia comunitaria y criminal, las mujeres más vulnerables son las más afectadas. Las características de las que son asesinadas reflejan cómo la opresión racista y clasista define perfiles más proclives a los feminicidios y cómo la clase es un elemento clave para la sistematicidad de los mismos.
Las narrativas oficiales y mediáticas suelen culpar a las víctimas, desvincular los crímenes de su carácter de género y adjudicarlos a relaciones “equivocadas” o a actividades criminales. Este discurso revictimizante legitima el abandono estatal y forma parte de una tecnología necropolítica que justifica la deshumanización de ciertas mujeres.
El análisis de los escenarios muestra que la violencia criminal contra las mujeres se concentra particularmente en los municipios de Cajeme y Guaymas, donde los FSS pueden ser catalogados como organizados, ya que presentan la participación de redes delictivas que operan en un contexto de violencia sistemática y premeditada, con patrones claros de actuación en ciertas zonas de la ciudad. Los escenarios de violencia en relaciones de pareja, familiar y comunitaria pueden catalogarse como FSS desorganizados, ya que generalmente suceden de manera impulsiva, sin planificación previa clara, y en contextos más individuales o de violencia en el hogar o la comunidad, aunque también ocurren en entornos con altos niveles de marginación y violencia.
Los datos presentados en este artículo resaltan el descuido, indiferencia, negligencia e invisibilización en la forma en que se (des)atienden los casos de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio.
La impunidad no es una falla del sistema, sino un mecanismo activo de producción de olvido, tal como lo indican los datos, acentuadamente en los escenarios de violencia criminal. Esta omisión institucional convierte a las mujeres en “vidas no lloradas” (Butler, 2009) y prescindibles, perpetuando su exposición constante a la violencia. La impunidad que este descuido propicia, permite y naturaliza dicha violencia en zonas de exclusión social, afectando a toda la comunidad.
La falta de castigo para los responsables y de justicia para las víctimas envía un mensaje de permisividad hacia estos crímenes, dentro de un contexto de gubernamentalidad neoliberal, que perpetúa un círculo vicioso entre la impunidad y la violencia sistemática. Esto no sólo fomenta la repetición de los feminicidios, al no disuadir a los agresores que ven pocas probabilidades de enfrentar consecuencias legales, sino que también deja claro que la vida de las mujeres, especialmente de las que viven en condiciones de exclusión y marginalidad, no es motivo de preocupación para un Estado indiferente que, contradictoriamente, desarrolla prácticas necropolíticas de género en ciudades alertadas por violencia de género.
Los datos aquí presentados señalan que el feminicidio sexual sistémico en Sonora es expresión de una necropolítica de género en la que el Estado -por omisión o complicidad- colabora en la reproducción y administración de la muerte de las mujeres pobres, jóvenes y marginalizadas. No se trata de crímenes aislados, sino de una política de exterminio selectivo que legitima la desaparición, el asesinato y el despojo de humanidad. Vivir o morir depende de variables como el género, la clase, el territorio y la edad. En este contexto, el cuerpo femenino se convierte en territorio de castigo, de violencia física, simbólica y de control, en un régimen que decide qué vidas merecen ser vividas, y cuáles no.
